Años de lucha y organización les dan fortaleza ante impunidad
Estela y Julio César, padres de “Yeye”, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC |
A cinco años de la tragedia de la Guardería ABC ocurrida el 5 de junio de 2009 en esta ciudad, la capacidad de organización de madres y padres ha dado mucho de qué hablar.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio se registró como asociación civil y emprendió una cruzada nacional, para obligar a todas las estancias infantiles públicas y privadas a ajustarse a una política nacional de cuidado infantil.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio se registró como asociación civil y emprendió una cruzada nacional, para obligar a todas las estancias infantiles públicas y privadas a ajustarse a una política nacional de cuidado infantil.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo.-
La experiencia vivida en carne propia les dio energía para trabajar por meses en una propuesta de iniciativa de ley general, sin precedentes en México, pues cada sistema de las llamadas guarderías se guiaba por su propio reglamento.
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, expedida el 24 de octubre de 2011, fue el resultado de un profundo compromiso con la niñez que en la forma más auténtica nació en estas madres y padres.
Por su parte, la organización Manos Unidas emprendió la tarea de exigir personalmente a Felipe Calderón, así como al entonces candidato, hoy presidente Enrique Peña Nieto, para que retomaran su responsabilidad en la impartición de justicia.
A través de la Procuraduría General de la República (PGR) han insistido para que se sepa qué fue lo que pasó exactamente para que se produjera un incendio de esas proporciones, destruyendo la Guardería ABC, junto con la vida de sus hijas e hijos.
La diferencia en las versiones ha sido pública. Mientras varios peritajes dicen que el siniestro se produjo por un sobrecalentamiento en un aparato de enfriamiento, otros dicen que fue provocado por una persona que habría sido contratada para ese fin, y cuyo objetivo no era la estancia infantil, sino la bodega de Hacienda contigua al local.
Sin embargo, no ha sido eso lo que ha retrasado la justicia, sino el litigio de cada uno de los acusados, quienes han contratado despachos de abogados de renombre nacional para salir absueltos del caso.
Por ahora son dos los dueños de la guardería que han sido exonerados: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, y Antonio Salido Suárez, por no tener la “obligación” del cuidado de las y los niños, pues “sólo eran socios capitalistas”.
Por su parte, tres supervisoras del IMSS fueron detenidas y estuvieron temporalmente en el Centro de Readaptación Social Número 1 de Hermosillo: Irma Crescencia Díaz, Delia Botello y Yadira Barreras, quienes ahora están libres.
Funcionarios mencionados en la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara; Juan Molinar Horcasitas –ex titular del IMSS–, y Carla Rochín Nieto –ex coordinadora nacional de Guarderías del IMSS–, entre otros, ni siquiera fueron llamados a declarar.
Peor aún, la Organización de las Naciones Unidas otorgó un premio por el programa de estancias infantiles a Felipe Calderón en julio de 2012, ante lo cual madres y padres protestaron enérgicamente afirmando que ese premio está “manchado con la sangre de nuestros hijos”.
PICAR PIEDRA
En los tres años recientes también se han diversificado las formas de difundir el caso. El documental “ABC nunca más”, de Pedro Ultreras, fue el primero en su género en internacionalizar la situación de las familias y las secuelas en sus vidas.
Se estrenó en Nueva York con la presencia de las y los protagonistas, y después continuó con otras proyecciones en la Cineteca Nacional para después ser incluido en la cartelera comercial de varias ciudades de México.
En tanto, los impulsores de la nueva ley de estancias infantiles, conocida como Ley 5 de Junio, continuaron la cruzada nacional impulsando el reglamento a la Ley General, detenido por Calderón, quien finalmente lo publicó el 24 de abril de 2012, aunque fuera del tiempo estipulado y presionado por la movilización del Movimiento 5 de Junio.
Pero no se quedaron ahí. De inmediato empezaron a impulsar las leyes estatales, siendo la de Sonora la primera. Aquí también se dio el cabildeo con la comisión encargada de dictaminar la ley, pues ante lo novedoso de la misma, el Congreso local discutía cuestiones intrascendentes para las madres y los padres, mientras que lo verdaderamente profundo no se plasmaba en el texto.
Al mismo tiempo iniciaron el acercamiento con las nuevas autoridades del IMSS para iniciar la implementación de la nueva norma en las estancias infantiles del instituto.
Se convirtieron en vigilantes a través del ejercicio ciudadano de contraloría social que empezó a ser parte de sus labores, para lo cual recibieron capacitación de académicas interesadas en el tema de la justicia social.
Campañas en redes sociales y entrega de folletos a usuarias de estancias infantiles formaron parte de la difusión.
Con las marchas de aniversario, la sociedad sonorense hizo suyo el caso ABC. La concurrencia de alrededor de 20 mil personas en cada una de ellas nos habla de lo insólito que pueden resultar los movimientos sociales ante una afrenta de este tamaño. La lección que nos deja es conocer lo que puede llegar a provocar una sola cosa: la indignación.
Las formas de manifestarse tanto de personas afectadas como de grupos solidarios también se hicieron presentes.
En el tercer aniversario la sorpresa mayúscula la dio una asociación de transporte que decidió destinar el área de publicidad de 50 camiones urbanos para honrar a cada una de las 49 niñas y niños fallecidos, y uno más al grupo completo.
Ver esos rostros amplificados por las calles de Hermosillo era el recordatorio puntual de la justicia denegada.
Los anuncios espectaculares fueron otra de las herramientas utilizadas por madres y padres para echar en cara a las autoridades que ellos no tendrían límite en su exigencia de justicia. Y aunque esa estrategia fue propia del primer aniversario, algunos padres continuaron con ella en los siguientes años.
En ese contexto de impunidad y lucha, más de 12 madres de niñas y niños fallecidos decidieron embarazarse de nuevo y hoy cuentan con un nuevo integrante de la familia, e incluso con dos. Pero su nueva organización familiar no ha disminuido su deseo de justicia.
Por el contrario, esto les ha dado más energía y sobre todo un poco de felicidad ante tanta tristeza y desencanto. Saben que la lucha será larga y que lo más probable es que se defina ante organismos internacionales.
Y es que madres y padres han llegado a la conclusión de que la justicia ha sido denegada en México. Cumplirán con el requisito de ir a todas las instancias necesarias para robustecer su expediente, pues la única sentencia para que haya justicia vendrá de fuera y eso será lo único que premiará su paciencia.
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, expedida el 24 de octubre de 2011, fue el resultado de un profundo compromiso con la niñez que en la forma más auténtica nació en estas madres y padres.
Por su parte, la organización Manos Unidas emprendió la tarea de exigir personalmente a Felipe Calderón, así como al entonces candidato, hoy presidente Enrique Peña Nieto, para que retomaran su responsabilidad en la impartición de justicia.
A través de la Procuraduría General de la República (PGR) han insistido para que se sepa qué fue lo que pasó exactamente para que se produjera un incendio de esas proporciones, destruyendo la Guardería ABC, junto con la vida de sus hijas e hijos.
La diferencia en las versiones ha sido pública. Mientras varios peritajes dicen que el siniestro se produjo por un sobrecalentamiento en un aparato de enfriamiento, otros dicen que fue provocado por una persona que habría sido contratada para ese fin, y cuyo objetivo no era la estancia infantil, sino la bodega de Hacienda contigua al local.
Sin embargo, no ha sido eso lo que ha retrasado la justicia, sino el litigio de cada uno de los acusados, quienes han contratado despachos de abogados de renombre nacional para salir absueltos del caso.
Por ahora son dos los dueños de la guardería que han sido exonerados: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, y Antonio Salido Suárez, por no tener la “obligación” del cuidado de las y los niños, pues “sólo eran socios capitalistas”.
Por su parte, tres supervisoras del IMSS fueron detenidas y estuvieron temporalmente en el Centro de Readaptación Social Número 1 de Hermosillo: Irma Crescencia Díaz, Delia Botello y Yadira Barreras, quienes ahora están libres.
Funcionarios mencionados en la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara; Juan Molinar Horcasitas –ex titular del IMSS–, y Carla Rochín Nieto –ex coordinadora nacional de Guarderías del IMSS–, entre otros, ni siquiera fueron llamados a declarar.
Peor aún, la Organización de las Naciones Unidas otorgó un premio por el programa de estancias infantiles a Felipe Calderón en julio de 2012, ante lo cual madres y padres protestaron enérgicamente afirmando que ese premio está “manchado con la sangre de nuestros hijos”.
PICAR PIEDRA
En los tres años recientes también se han diversificado las formas de difundir el caso. El documental “ABC nunca más”, de Pedro Ultreras, fue el primero en su género en internacionalizar la situación de las familias y las secuelas en sus vidas.
Se estrenó en Nueva York con la presencia de las y los protagonistas, y después continuó con otras proyecciones en la Cineteca Nacional para después ser incluido en la cartelera comercial de varias ciudades de México.
En tanto, los impulsores de la nueva ley de estancias infantiles, conocida como Ley 5 de Junio, continuaron la cruzada nacional impulsando el reglamento a la Ley General, detenido por Calderón, quien finalmente lo publicó el 24 de abril de 2012, aunque fuera del tiempo estipulado y presionado por la movilización del Movimiento 5 de Junio.
Pero no se quedaron ahí. De inmediato empezaron a impulsar las leyes estatales, siendo la de Sonora la primera. Aquí también se dio el cabildeo con la comisión encargada de dictaminar la ley, pues ante lo novedoso de la misma, el Congreso local discutía cuestiones intrascendentes para las madres y los padres, mientras que lo verdaderamente profundo no se plasmaba en el texto.
Al mismo tiempo iniciaron el acercamiento con las nuevas autoridades del IMSS para iniciar la implementación de la nueva norma en las estancias infantiles del instituto.
Se convirtieron en vigilantes a través del ejercicio ciudadano de contraloría social que empezó a ser parte de sus labores, para lo cual recibieron capacitación de académicas interesadas en el tema de la justicia social.
Campañas en redes sociales y entrega de folletos a usuarias de estancias infantiles formaron parte de la difusión.
Con las marchas de aniversario, la sociedad sonorense hizo suyo el caso ABC. La concurrencia de alrededor de 20 mil personas en cada una de ellas nos habla de lo insólito que pueden resultar los movimientos sociales ante una afrenta de este tamaño. La lección que nos deja es conocer lo que puede llegar a provocar una sola cosa: la indignación.
Las formas de manifestarse tanto de personas afectadas como de grupos solidarios también se hicieron presentes.
En el tercer aniversario la sorpresa mayúscula la dio una asociación de transporte que decidió destinar el área de publicidad de 50 camiones urbanos para honrar a cada una de las 49 niñas y niños fallecidos, y uno más al grupo completo.
Ver esos rostros amplificados por las calles de Hermosillo era el recordatorio puntual de la justicia denegada.
Los anuncios espectaculares fueron otra de las herramientas utilizadas por madres y padres para echar en cara a las autoridades que ellos no tendrían límite en su exigencia de justicia. Y aunque esa estrategia fue propia del primer aniversario, algunos padres continuaron con ella en los siguientes años.
En ese contexto de impunidad y lucha, más de 12 madres de niñas y niños fallecidos decidieron embarazarse de nuevo y hoy cuentan con un nuevo integrante de la familia, e incluso con dos. Pero su nueva organización familiar no ha disminuido su deseo de justicia.
Por el contrario, esto les ha dado más energía y sobre todo un poco de felicidad ante tanta tristeza y desencanto. Saben que la lucha será larga y que lo más probable es que se defina ante organismos internacionales.
Y es que madres y padres han llegado a la conclusión de que la justicia ha sido denegada en México. Cumplirán con el requisito de ir a todas las instancias necesarias para robustecer su expediente, pues la única sentencia para que haya justicia vendrá de fuera y eso será lo único que premiará su paciencia.
