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13 may 2015

"Alarman" al Pentágono los hallazgos de fosas en Guerrero


Preocupa al organismo militar de EU la posible 
‘‘complicidad del gobierno’’

‘‘Preguntas alarmantes’’ 
de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México

Menciona los casos Tlatlaya y Ayotzinapa;
 suspendida, la asistencia al Batallón 102 del Ejército

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El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive.
A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México.
Un ‘‘grupo de trabajo sobre derechos humanos’’ de Northcom circuló un informe entre altos oficiales el 15 de octubre de 2014, señalando que las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, ‘‘provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental’’. Agregó que ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.
El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El documento resume el curso de las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más.
El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.
Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había ‘‘mayor aceptación de que los militares’’ estaban involucrados. Más aún, expresó preocupación de que esto podría obstaculizar el otorgamiento de asistencia militar estadunidense en esa región. ‘‘Si (el comandante de la zona militar) es implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadunidense’’, advirtió.
Otro documento de Northcom sobre Tlatlaya, fechado el 14 de enero de 2015, indica que el Batallón 102 ‘‘ahora es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos’’.
El National Security Archive comenta que el nivel sin precedente de cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas en años recientes, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos.
‘‘No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México.
‘‘Lo que parece claro es que una estrategia estadunidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década… ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles’’, concluye el organismo.
Los documentos oficiales recién revelados, junto con muchos otros relacionados a estos casos pero anteriormente divulgados, se pueden consultar.


Imagen de la matanza en el municipio mexiquense de TlatlayaFoto Agencia MVT /Archivo
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 5
Nueva York.

5 abr 2015

La tortura sí es generalizada en México, ratifican especialistas


Validan informe de Juan Méndez, relator de Naciones Unidas contra este delito

No son los casos denunciados, sino el patrón de detenciones, violencia e impunidad, sostienen

El gobierno mexicano sólo responde con posturas autoritarias y de rechazo a la crítica: activistas

Fernando Camacho Servín 
Periódico La Jornada
Domingo 5 de abril de 2015, p. 5

La tortura en México es una práctica generalizada, como afirmó Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra ese delito, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.
Así lo indicaron activistas especializados en el tema, quienes lamentaron que ante el debate generado por el informe del relator, el gobierno mexicano sólo responda con posturas autoritarias de rechazo a la crítica, y pase por alto que la tortura no sólo se ejerce con golpes, sino con palabras, actitudes y amenazas que muchas veces no son identificadas como maltrato serio.
Raymundo Díaz, coordinador en el estado de Guerrero del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, manifestó su acuerdo con el informe de Juan Méndez, y señaló que el carácter generalizado de este crimen queda comprobado con el hecho de que todas las fuerzas de seguridad del Estado lo practican, incluidos el Ejército y la Marina.
De igual forma, en prácticamente todos los casos se registran pautas comunes de violencia desde los primeros momentos de la detención del acusado y hasta ponerlo a disposición de un juez, muchas veces con la finalidad de obtener declaraciones autoinculpatorias que son utilizadas para procesarlos judicialmente sin ninguna otra prueba.
Además de los golpes y las agresiones físicas directas, como electrocuciones y asfixia, hay toda una serie de acciones que pueden considerarse formas de tortura sicológica, pero no son reconocidas como tales por las autoridades ni por las propias víctimas, entre ellas los insultos, el apuntar con armas aun sin dispararlas, o la sola proximidad de helicópteros, camiones o tropas en actitud amenazante.
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Cuando se dice que la tortura es 'generalizada', quizá los diputados o el Presidente piensen que hay que ver a miles de personas sangrando, con el ojo reventado, con marcas de toletes o de cables eléctricos, pero la identificación de pautas repetitivas es suficiente para comprobar dicho carácter, insistió.
El relator de la ONU sobre tortura y tratos crueles, Juan Méndez, manifestó que en México recibió presiones para minimizar su informe sobre torturaFoto Notimex

Al ser puesto en evidencia, el gobierno mexicano ha preferido desacreditar al relator de Naciones Unidas y minimizar el problema, para seguir con su juego de imagen internacional, sin importar que casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa dejen clara la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, señaló.
Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que la tortura sí es de carácter generalizado en el país, ya que la ejecutan cuerpos policiacos y militares de todos los niveles, y casi siempre de la misma manera.
La información indica que aunque el relator hizo un muestreo de algunos casos, son señales de que es una práctica en todos los niveles. Además, es una realidad que conocen los defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ya saben la forma de tortura tanto física como sicológica de las policías y los militares, manifestó.
Un ejemplo de cómo se ejerce esta última forma de maltrato es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues la falta de acción de las autoridades los ha mantenido en un estado de angustia y terror que es ya una tortura sicológica, a veces más impactante que la física.
Ante los informes críticos de organizaciones internacionales, el gobierno mexicano ha reaccionado de manera lógica, porque no puede aceptar que así funciona el sistema de justicia en nuestro país, pero se me hace muy torpe ir contra el relator y minimizar hechos que son ampliamente conocidos. Están dando patadas de ahogado y no pueden esconder la realidad.
Lamentó que el Estado mexicano actúe con prepotencia y con la intención de enfrentar todo aquello que desnuda su actuación en cuanto a prácticas negativas contra los ciudadanos. Forma parte de la estrategia de mantener la impunidad y decir que el gobierno es la víctima de la delincuencia, agregó.

2 oct 2014

En Tlatlaya se cometieron por lo menos 10 homicidios dolosos: funcionarios de PGR


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Existen elementos para procesar a tres militares o más, afirma Murillo Karam

La procuraduría solicitará órdenes de cateo a viviendas de los efectivos castrenses detenidos

Aspecto de la bodega en Tlatlaya, estado de México, en la que fueron abatidos presuntos secuestradores.
 Imagen captada el 30 de junio, horas después de los hechosFoto Agencia MVT

Alfredo Méndez
 Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 7

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios suficientes de que el pasado 30 de junio, tras un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, estado de México, que duró unos ocho minutos, varios militares privaron de la vida a por lo menos una decena de presuntos secuestradores después de que éstos resultaron heridos y ya se habían rendido, informaron funcionarios federales.
Hay dictámenes en criminalística de campo y en medicina forense que hemos podido adminicular (agregar) debidamente a las declaraciones de los militares sujetos a proceso (en el fuero castrense). También encontramos contradicciones en los testimonios de los participantes (de ocho integrantes del Ejército), lo que nos arroja luces sobre la probable comisión de al menos 10 homicidios dolosos, entre otras conductas graves, afirmó un fiscal de la PGR que pidió el anonimato.
A decir de los funcionarios consultados, la procuraduría ejercitó acción penal contra los ocho militares, tres de ellos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, y los otros cinco por encubrimiento y falsedad en declaraciones.
Según las fuentes consultadas, los imputados modificaron la escena del delito y después de al menos dos horas dieron parte a las autoridades del estado de México con el fin de que acudieran a ese sitio para efectuar los primeros peritajes en criminalística forense.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acompañado del procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, anunció ayer que la dependencia a su cargo tenía elementos de prueba para imputar los delitos de homicidio calificado a por lo menos tres efectivos castrenses.
Según Murillo Karam, los militares que acudieron a la detención de los presuntos secuestradores fueron atacados al llegar al lugar de los hechos, en virtud de lo cual abrieron fuego.
De acuerdo con el reporte oficial, después de al menos ocho minutos de enfrentamiento, los ocho militares, encabezados por un teniente, repelieron la agresión, aunque después de contenerla ingresaron al inmueble y allí privaron de la vida a varios integrantes del grupo criminal pese a que se habían rendido.
El ejercicio de la acción penal implica que los militares detenidos deberán enfrentar proceso por delitos graves, por lo que no podrán obtener la libertad provisional bajo caución.
La PGR solicitará en las próximas horas diversas órdenes de cateo en domicilios de los ahora detenidos, con el fin de tratar de acreditar diversos medios de prueba por la probable responsabilidad de los imputados en los delitos mencionados.
En su edición del pasado viernes, La Jornada publicó que al menos 14 de las 22 personas ultimadas en Tlatlaya fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.
El diario recogió en su edición de ese día la opinión del criminólogo José Luis Mejía Contreras, quien aseveró que los disparos tuvieron que haber sido a mansalva, es decir, que se les ejecutó.

1 oct 2014

La masacre de 22 no es la única en Tlatlaya, otras ocurrieron allí y se han silenciado: ONU




 Las investigaciones a un grupo de militares mexicanos por una masacre de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya en junio deberían servir para destapar otros hechos violentos ocurridos en esta localidad en el pasado, afirmó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. 

“Hay varias cosas graves que han sucedido anteriormente, sobre las cuales no tenemos memoria, ni cómo se aclararon, si es que se aclararon”, afirmó el representante en una entrevista telefónica con la agencia dpa. 

El pasado fin de semana Hernández escribió un artículo de prensa en el que recoge una denuncia periodística que asegura que en la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fue silenciada una masacre de 23 civiles cometida por un comando armado en un mercado en 2008. “Yo hablaba de un caso de hace seis años, que es algo que llama mucho la atención porque es también en Tlatlaya. Hay que aprovechar esto de ahora, con lo grave que es, para dejar cosas establecidas y no sólo hacer cosas ad hoc. 

Empezar por el presente pero tomar nota y responsabilidad de que hay cosas del pasado” sin aclarar, indicó. “Nadie, por lo menos hasta que me permití sugerir que en Tlatlaya han pasado cosas muy graves antes también, nadie parecía haberlo puesto en el debate actual y creo que sería muy interesante saber si (…) es que se aclaró qué pasó antes”, indicó. 

Hernández añadió que su oficina “ha recibido graves testimonios de los hechos” ocurridos el 30 de junio, cuando 22 presuntos delincuentes murieron tras un enfrentamiento con militares también en San Pedro Limón. Pero afirmó que no dará detalles sobre estas declaraciones para proteger a las fuentes. 

“La información que tenemos a disposición nos obliga a proteger a la fuente”, afirmó. 

Este martes la Procuraduría General de México afirmó que por el caso Tlatlaya acusará del delito de homicidio a tres de ocho militares que fueron capturados la semana pasada.

 El Ministerio Público dijo que las pruebas que ha recopilado le permiten establecer que los tres militares acusados ingresaron en la bodega de San Pedro Limón en la que se encontraban presuntos delincuentes y empezaron a disparar después de un enfrentamiento. 

La versión oficial inicial sobre el incidente -que afirmaba que los 22 delincuentes habían sido abatidos en un intenso operativo en el que se habían rescatado tres secuestradas y un militar había resultado herido-, quedó en entredicho luego de que una testigo afirmó a la prensa local que los uniformados habían ejecutado a las personas luego de que estas se rindieron. 

Con “toda la atención y esfuerzos que se hacen en el incidente de Tlatlaya lo que tenemos que buscar es no sólo dar respuesta al incidente del 30 de junio, (sino que) tenemos que poder, ojalá, también producir los cambios institucionales, los enfoques de reacción inmediata, los cursos y protocolos que nos permitan reaccionar así ante nuevos hechos que puedan surgir o hechos que ya sucedieron y que se quedaron archivados”, indicó Hernández. 

La presunta masacre de Tlatlaya también generó esta semana una reacción del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien instó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rápida e independiente del caso. 

Heyns pidió asimismo que se garantice la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos del hecho.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/01-10-2014/1131441