Emir Olivares Alonso y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Trabajo de peritos en el tiradero de Cocula, Guerrero, en noviembre del año pasadoFoto Jesús Villaseca
Hace
10 meses un hecho cimbró la conciencia social en el país: el ataque
contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 no será una fecha más en el
memorial de las trágicas represiones nacionales. Lo sucedido en Iguala,
Guerrero, causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el
parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad.
Será imposible para el gobierno de Enrique Peña Nieto revertir
esa marca de sangre, ese crimen quedó grabado en la memoria colectiva
del país. A 10 meses, el caso de los 43 es ejemplo de impunidad,
infamia e injusticia; pero al mismo tiempo es un símbolo para alcanzar
un cambio en el país
, aseveró Abel Barrera, director del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones
que han acompañado a los familiares de las víctimas en un viacrucis que
busca verdad y justicia.
El 26 de septiembre, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa se
trasladaron desde su escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, hasta
Iguala para realizar una colecta de recursos con los que financiarían
su viaje a la ciudad de México para participar en la marcha
conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968. No imaginaron
sin embargo que correrían con una suerte similar a la de los ejecutados
en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Por la noche, fueron emboscados por un comando de la policía
municipal. Varios fueron subidos a vehículos oficiales y otros más
cayeron heridos o ejecutados. Se repitieron ataques similares a lo
largo de la madrugada de 27 de septiembre. Las agresiones alcanzaron
incluso al camión en el que viajaban los integrantes del equipo de
futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.
Seis personas asesinadas –tres de ellas normalistas, uno, Julio
César Mondragón, fue torturado y desollado–, varios heridos y 43
estudiantes de la normal desaparecidos fue el saldo de los ataques. Los
policías municipales habrían entregado a los alumnos a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los
principales responsables del crimen, se dio a la fuga al igual que
varios de sus colaboradores.
De inmediato hubo reclamos de justicia. El gobierno de Peña Nieto en
principio argumentó que se trataba de un caso local. Al paso de los
días los reclamos se transformaron en indignación social y el clamor
por la presentación con vida de los 43 normalistas se expresó desde las
calles, redes sociales, mantas, carteles, conciertos, estadios
deportivos, espacios públicos, universidades y algunos más.
Los 43 destaparon una verdad que el gobierno había negado: que en
México hay una crisis de derechos humanos. Las autoridades tenían una
estrategia para mostrar a México en el plano internacional como un país
de vanguardia en garantías fundamentales. El caso Iguala desplomó ese
falso escenario y apareció el México real, el de la violencia, la
represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas
, apuntó el director del Centro Tlachinollan.
Las multitudinarias movilizaciones sociales tuvieron algunos
impactos: la administración federal se vio orillada a dar atención al
caso y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pidió licencia
a finales de octubre y meses después no tuvo más que renunciar. La
ciudadanía resumió su rabia en una frase: Todos somos Ayotzinapa
.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El 29 de octubre de 2014, el mandatario federal recibió en Los Pinos
a los padres de los normalistas. Se firmaron 10 compromisos. No todos
cumplidos, en palabras de Barrera, particularmente el referente a
fortalecer esfuerzos para la localización de los 43 estudiantes
desaparecidos. Fueron los padres quienes tuvieron que buscar a sus hijos
, lamentó.
A principios de noviembre se logró la detención del alcalde de
Iguala y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya habían sido
aprehendidos algunos policías municipales y varios presuntos
integrantes del cártel Guerreros Unidos.
El
7 de ese mes el entonces procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, ofreció una conferencia para presentar los avances de
las indagatorias. Su principal hipótesis fue que los 43 normalistas
desaparecidos habrían sido ejecutados, calcinados en el basurero de
Cocula hasta convertir sus cuerpos en cenizas, las cuales se arrojaron
a un río.
Ante el cúmulo de preguntas de los reporteros, el procurador expresó: Ya me cansé
, frase que fue retomada por la ciudadanía y llegó a convertirse en trending topic en redes sociales para manifestar el hartazgo de la sociedad ante lo que sucede en el país.
La versión no fue aceptada por los deudos, sus abogados y las organizaciones que los han acompañado debido a que carece de elementos científicos
.
Demandaron que se ampliaran las líneas de investigación, pues
consideraban desde semanas atrás que elementos del Ejército pudieron
estar implicados en los hechos, también exigieron indagar al ex
gobernador Aguirre.
En las calles continuaba la exigencia de justicia y presentación con
vida de los desaparecidos y la imagen del Ejército fue severamente
cuestionada por la ciudadanía. A las miles de voces que se expresaban
en México y el mundo se sumó un nuevo clamor: la exigencia por renuncia
de Peña Nieto.
Frente a la presión social, el 27 de noviembre el mandatario federal trató de hacer suya la consigna Todos somos Ayotzinapa
. Esto sólo generó más indignación social y los familiares le respondieron: Peña, tú no eres Ayotzinapa
.
El 4 de diciembre, durante una gira por Coyuca de Benítez, Guerrero, el titular del Ejecutivo convocó a superar
el dolor causado por Ayotzinapa. Después de ello, el tema salió del discurso presidencial.
En una nueva conferencia, el 27 de enero de 2015, el procurador Murillo afirmó que ya se conocía la verdad histórica
del caso Iguala, el cual, dijo, debía cerrarse y ratificó que de
acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los
43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Casi un mes después fue removido como procurador y en su lugar fue
nombrada Arely Gómez, quien apenas se reunió por primera vez con los
padres de los normalistas hace un par de semanas.
“Hay un intento por cerrar el caso, por dejarlo en el olvido. Si
bien es cierto que han sido detenidas 110 personas, 10 meses después
del crimen no hay avances. No se ha logrado saber quiénes dispararon y
por qué, quién lo ordenó. La PGR pretende erigir una ‘verdad histórica’
que carece de elementos científicos, por eso es que se rechaza”,
aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
A más de 300 días de los hechos, el litigante sostuvo que sólo se cuenta con una investigación deficiente
que no ha aportado elementos para conocer la verdad y mucho menos para acceder a la justicia.
Sumado a ello, apenas el jueves pasado, al rendir un informe sobre
el caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la indagatoria
de la PGR está incompleta
y presenta fallas y omisiones. Enfatizó que no es momento de callar ni de olvidar
.
A la par, el equipo de forenses argentinos –reconocidos por realizar
análisis de restos óseos en varios casos de desaparición en el
continente– trabajan en un informe que presentarán en agosto.
Para cerrar, Abel Barrera reconoció que si bien las movilizaciones
sociales han decrecido en número, la exigencia de justicia sigue
vigente y tiene que ser respondida por las autoridades.
