Patricia Mayorga
Cihuahua, Chih., (apro).- El juez Guillermo Gómez Cortés denunció que en represalia “por no acatar órdenes” en distintas resoluciones judiciales “que han incomodado” al gobernador César Duarte Jáquez, las autoridades ordenaron su cambio a Ciudad Juárez, por lo que promovió un amparo para frenar la medida.
En entrevista, Gómez Cortés explica que en los siete años que lleva
como juez de Garantías en el Distrito Judicial Hidalgo, con sede en
Parral, no ha presentado rezagos y siempre se ha conducido en apego a
la objetividad. El motivo de su cambio, subraya, es sólo una represalia
más de las que el gobierno estatal ha emprendido en su contra desde
hace un año aproximadamente.
“El motivo (del cambio) es un profundo acto de injusticia porque he
tratado de conducirme con objetividad, honestidad y he sido imparcial”,
dice.
Según el juez, nunca se ha dejado coaccionar ni que quieran
imponerle órdenes para fallar con mayor o menor rigor en contra de
ciertos imputados.
Las órdenes que recibía, dice, eran siempre para beneficiar al
Ministerio Público, aunque éste no hiciera bien su trabajo o, bien,
favorecer a personas acusadas vinculadas a autoridades.
“Por ejemplo, en un fraude me decían que no se podía agravar porque
era conocido (el acusado), me pedían no dictar prisión preventiva o al
revés. En una ocasión, el abuelo de un político estaba acusado de
violar a cuatro menores y me pidieron no dictarle prisión preventiva, a
pesar de que el (artículo) 19 constitucional y el 173 dicen que esos
delitos se persiguen de oficio y es prisión preventiva. No podía
acceder”, apunta.
Este último año, añade, se han registrado más casos que cualquier
otro sobre solicitudes de aplicación del protocolo de Estambul en
Parral, precisamente cuando se incrementó la violencia en esa región, y
debido a que ante los medios de comunicación las autoridades han
presentado a detenidos sin haber demostrado antes que son culpables del
delito de secuestro.
“No puedo resolver con dolo, no puedo ser parcial, no puedo, el
problema de coacción se da principalmente en el tema de secuestro”,
insiste.
Y afirma que cuando Gabriel Sepúlveda Reyes asumió como secretario
general del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la presión para los
juzgadores se agudizó.
Meses después de la designación de Sepúlveda –originario de Parral y
cercano al gobernador César Duarte Jáquez–, el Ejecutivo impuso al
presidente actual del STJ, José Miguel Salcido Romero, pero la
situación no mejoró, dice Gómez Cortés.
“En enero de este año nombraron a Gerardo Acosta Barrera como
magistrado de la Sala Constitucional en Parral. Los dos, Acosta y yo,
hicimos examen para ocupar el cargo de magistrado, y ya cuando había
pasado el proceso salió una nota en un medio de comunicación donde
dieron a conocer que el magistrado le había regalado unos caballos a
César Duarte, y Acosta me culpó a mí de filtrarla, pero le recordé que
había muchos amigos suyos cuando el gobernador le llamó para
agradecerle el regalo. Y vinieron más represalias”.
Desde esa fecha, sostiene, lo amenazaban con cambiarlo a Guadalupe y
Calvo, Chínipas o Ciudad Juárez, si no acataba las órdenes. Finalmente
cumplieron sus amenazas el pasado miércoles 17, cuando ordenaron su
cambio a la ciudad fronteriza.
De enero a la fecha, apunta, Acosta Barrera dio empleo a su esposa
en la Escuela Judicial de Parral, que antes no existía. Al mes,
precisa, se gastaban 500 mil pesos en tres exsecretarios, escribiente y
la esposa de Acosta Barrera, aun cuando se anunció la época de
austeridad.
Además, “Acosta se dedicaba a hablar con jueces desde que era
secretario particular de la presidencia del Supremo, y también
intervenía Gabriel Sepúlveda. ¿Qué tienen que andar hablando con los
administradores de los distritos, si nosotros somos autónomos y
administramos justicia?”, acusa molesto.
Y asegura que cada vez le inventan más reportes y quejas
administrativas, pero “tengo la razón, no me voy a dejar, no me asusta
cualquier tipo de represalia”. Lo que buscan es que renuncie, pero no
lo lograrán porque, afirma, es inamovible.
Guillermo Gómez asegura que en las quejas 40 y 41 de este año,
presentadas ante el presidente del Poder Judicial, integraron una
grabación de audio como prueba para demostrar que Gabriel Sepúlveda
tiene contacto con los jueces, aun cuando no es superior jerárquico de
éstos ni tiene atribución para interferir en las decisiones de los
juzgadores.
Sepúlveda, añade, fue colocado en el cargo para operar políticamente
para Duarte desde el Poder Judicial, y ha sido cuestionado por
diferentes actores políticos y sociales en la actual administración.
El juez precisa que el pasado viernes 19 promovió la demanda de
amparo y ya fue aceptada por el juez décimo de Distrito. Ahora “sólo
queda esperar”, concluye.
