Reporte del Centro ProDH

Se incrementa la represión contra estudiantes en Ciudad Juárez

• Marchan estudiantes en Juárez, algo no visto desde los ochentas, para exigir salida de Policía Federal y castigo por agresión a universitario.

• La violencia no cesa.

Policías federales dispararon contra decenas de manifestantes e hirieron de un balazo por la espalda a un estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que participaba en la llamada Kaminata contra la muerte, organizada por el Frente Plural Ciudadano. Los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 19 horas.

Alberto Domínguez, uno de los organizadores, dijo que al terminar la marcha –iniciada dos horas antes–, los manifestantes se dirigieron al Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, el cual se realiza en esta ciudad. En el trayecto, sobre la avenida Plutarco Elías Calles, frente al campus universitario, fueron blanco del fuego disparado desde las patrullas 428, 1240 y 12403 de la Policía Federal. Existe confusión en torno a la forma en que ocurrió la agresión.

Ante el ataque, cientos de estudiantes se refugiaron en el Instituto de Ciencias Biológicas de la UACJ, desde el cual lanzaron consignas contra las fuerzas federales. Testigos indicaron que el estudiante herido, de nombre José Darío Álvarez Orranquía, quien estudia el cuarto semestre de sociología, fue llevado al Hospital General de la localidad fronteriza.

"Yo lo vi tirado a mis pies, con las vísceras expuestas; los policías trataron de llevárselo pero varios compañeros lo impedimos; después fue transportado por una ambulancia", contó un testigo.

La marcha formaba parte de los actos de apertura del Foro Internacional contra la Militarización, programado para realizarse de viernes a domingo por el Frente Plural Ciudadano, que reúne a varias agrupaciones.

Entre los ponentes que confirmaron su participación figuran Patrick Cuninghame, con la ponencia Bellum omnium: del capitalismo salvaje al Estado salvaje, y Carlos Fazio, con Militarismo, paramilitarismo y derechos humanos en México.

Marchan estudiantes en Juárez para exigir salida de PF y castigo por agresión a universitario

Unos mil estudiantes se manifestaron este martes en Juárez para exigir castigo contra dos policías acusados de disparar a un universitario, que está en terapia intensiva, durante una marcha contra la violencia.

Los policías, detenidos el viernes poco después del incidente, balearon por la espalda al estudiante de 19 años durante una manifestación de protesta por la violencia en Ciudad Juárez, según denunciaron medios mexicanos y la universidad donde estudia el joven.

"Estamos cansados y hartos de estar sufriendo lo mismo. Es tiempo de actuar y movernos y hacer algo ante esta situación", afirmó la estudiante de Medicina Daniela Flores durante la marcha de este martes.

En la protesta participaron miembros de varios centros educativos, cuya mayoría vistió ropa blanca.

La comunidad universitaria ha vivido el asesinato de al menos un catedrático y varios alumnos en el contexto de la espiral de violencia que vive Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Estados Unidos, desde hace más de dos años, atribuida a pugnas entre bandas del narcotráfico.

Los manifestantes volvieron a exigir la salida de alrededor de 5 mil policías federales que a principios de año asumieron la seguridad de Ciudad Juárez relevando al Ejército.

No obstante su presencia, los índices de homicidio no se han reducido y este año ya se elevan a más de 2 mil 700.

La Procuraduría General de la República acusó este martes ante un juez a los dos policías detenidos como probables responsables de "ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y lesiones", según informó en un comunicado.

Sin embargo, también señaló que los agentes fueron agredidos "verbal y físicamente" por los manifestantes, algunos de los cuales estaban encapuchados.

Y la violencia continúa

El día de ayer, cuatro personas que se encontraban en el exterior de un domicilio fueron atacados a balazos por un grupo armado; dos murieron en el lugar, entre ellos, un estudiante de Odontología de la UACJ y dos resultaron con lesiones.

Los hechos fueron reportados a las 20:30 horas en la avenida Hermanos Escobar cruce con Río Baldivia de la colonia Fovissste Chamizal. Información extraoficial indica que el estudiante de la Facultad de Odontología en ICB, de entre los 22 y 25 años, era apodado 'El Cananea". Vecinos dijeron que el presunto estudiante de la UACJ conducía un auto Toyota, Célica, color amarillo, con placas de Sonora.

Testigos refieren que varios hombres fuertemente armados arribaron al lugar a bordo de una camioneta desde la cual realizaron los disparos. Las personas heridas, de entre 18 y 20 años, fueron trasladadas al Hospital Guernika que se encuentra en la misma avenida donde sucedió el evento y se desconoce su estado de salud.

Extraoficialmente se dijo que uno de los fallecidos era estudiante de la carrera de odontología en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

En El Paso, durante la noche de ayer, otros dos jóvenes, estudiantes de UTEP fueron asesinados; este hecho se suma a la decena de paseños caídos en Ciudad Juárez en hechos violentos en lo que va del año.

Según documentos de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, Eder Díaz Sotero de 23 años, ciudadano estadounidense, y Manuel Acosta Villalobos, originario de Chihuahua, de 25 años, fueron atacados a balas mientras circulaban en un automóvil de su propiedad marca Sentra modelo 2005 frente al hogar del primero en la Colonia Rincones de Santa Rita.'

De acuerdo a versiones de compañeros, ambos asistían a clases a la Universidad de Texas en El Paso, inscritos en la carrera de Administración de Negocios desde el semestre pasado.

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Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/

Asesinados, 65 periodistas en una década: CNDH; en un lustro, 12 desapariciones

De 1999 a la fecha, 600 expedientes vinculados con agresiones a comunicadores, informa

La comisión y funcionarios federales firman convenio para mejorar la protección a informadores

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 4 de noviembre de 2010, p. 13

Funcionarios del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) firmaron ayer un convenio de colaboración que busca mejorar la protección a periodistas.

Derivado de ese convenio, se integrará en breve un comité de consulta y auxilio técnico de las autoridades responsables de aplicar medidas de prevención y protección para los trabajadores de los medios de comunicación. Sin embargo, los representantes de los periodistas en dicho comité no tendrán voto, sólo voz. De ahí que las estrategias serán definidas sólo por los representantes gubernamentales y de la CNDH.

En la ceremonia de firma del convenio, realizada en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, advirtió que los trabajadores de los medios de comunicación tienen una labor de alto riesgo, especialmente en las zonas afectadas por el narcotráfico y, en general, por todo el crimen organizado.

Agregó que de 2000 a octubre de 2010, la CNDH registró 65 homicidios de periodistas. De 2005 a octubre de este año (un lustro), 12 desapariciones y 17 atentados en contra de medios de comunicación ubicados en diversas regiones del país.

Además, de 1999 a la fecha se han abierto más de 600 expedientes vinculados a agresiones a periodistas y comunicadores.

No siempre hay denuncias

No obstante, advirtió el ombudsman nacional, es probable que esta cifra pudiera ser mucho mayor, si se toma en cuenta que muchos de los ataques no siempre son denunciados.

Señaló ante el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y representantes del resto de las dependencias firmantes –los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública y la cancillería no asistieron– que los profesionales de la comunicación integran uno de los grupos fundamentales para el desarrollo democrático.

Ellos, agregó, deben contar, como el resto de las personas, con las garantías para salvaguardar su integridad y para que se les haga efectivo el acceso a la procuración de justicia pronta, completa e imparcial.

Las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho; también es un ataque cuando se produce vejación de la autoridad que se traduce en impunidad, añadió Plascencia.

En la elaboración del convenio no participaron representantes de los trabajadores de los medios de comunicación.

Será hasta la segunda etapa, en la integración del comité, cuando tengan cabida –además de los emisarios de funcionarios federales, estatales y de la CNDH– tres representantes del gremio, quienes no necesariamente deben ser periodistas, sino enviados de ellos.

El convenio y el comité mencionados tendrán como fin coordinar acciones, pero no sustituyen la labor de investigación de agravios, a cargo de la PGR y la fiscalía especial para la atención de periodistas.

El comité será presidido por el representante de Gobernación y contará con un secretario técnico; a las sesiones se podrá invitar a un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de la Oficina Regional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El convenio establece que en las sesiones se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar el carácter de la información reservada. Habrá un subcomité de evaluación de los casos que podrá emitir recomendaciones.

Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, dijo que no se generarán nuevas estructuras burocráticas.

Blake sostuvo que el convenio es un compromiso firme, serio, ineludible y decidido con la libertad de expresión.

En 1910, los revolucionarios combatieron para encontrar la justicia, y, hoy, a nuestra generación le toca la tarea de defender y ampliar esas libertades, abundó.

La procuraduría de QR condiciona encausar a hijo del Jefe Diego

David Fernández, acusado de sustraer a sus hijos de forma violenta

Hugo Martoccia y Mariana Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 4 de noviembre de 2010, p. 14

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo condicionó hoy el inicio de la causa legal promovida por Ximena Marín-Foucher en contra de David Fernández de Cevallos por ataque armado, lesiones con violencia, allanamiento, agresión y plagio.

La quejosa, quien se encuentra en proceso de divorcio del hijo del Jefe Diego, interpuso la demanda (averiguación previa 1656/2010) el viernes, luego de que el acusado sustrajo del hogar materno, con lujo de violencia, a los hijos procreados por ambos: Diego Manuel, de cuatro años, y David, de uno y medio.

Este miércoles, la procuraduría solicitó a la demandante que presente la resolución judicial que le otorga la custodia de sus hijos, como requisito para comenzar la investigación.

El punto central para la procuraduría estatal es determinar quién tiene legalmente la custodia de los menores, para saber si la acusación de plagio contra David Fernández de Cevallos puede prosperar. En tanto, ella reiteró que es la poseedora legal de dicha custodia.

De acuerdo con Marín-Foucher, David Fernández se presentó en su casa de Cozumel la tarde del pasado viernes para llevarse a los niños, acompañado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y con apoyo del Ejército y la Armada. Afirmó que como opuso resistencia, ella y sus padres fueron golpeados por el hijo del ex candidato presidencial, quien se llevó a los niños.

El procurador Francisco Alor aseveró que la familia Marín-Foucher no tiene un plazo límite para presentar el documento, pero que es fundamental que lo haga para actuar en la demanda contra el hijo de Diego Fernández de Cevallos, quien se encuentra secuestrado desde el pasado 14 de mayo.

En Querétaro –donde radicaba el matrimonio Cevallos Marín–, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Jorge Herrera Solorio, aseguró hoy que existe un presunto exhorto emitido por el juez primero de lo familiar, José Manuel Herrera Altamirano, para que los nietos de Diego Fernández de Cevallos regresaran a su domicilio particular de Querétaro, y que estaba contemplado el uso de la fuerza pública en caso de que hubiera resistencia de la madre de los menores para acatar la diligencia jurídica. Sin embargo, el uso de la fuerza pública sólo era competencia de las corporaciones a escalas estatal o municipal, no federal.

Ximena Marín-Foucher señaló que nunca le mostraron dicho exhorto, además de que la violencia fue ejercida por el propio David Fernández, sin que las autoridades actuaran.

La afectada y su padre han mostrado en diversas entrevistas las lesiones infligidas por el hijo del llamado Jefe Diego. Asimismo, la agraviada ha denunciado que durante la vida en común recibía constantes maltratos físicos y verbales de parte de David Fernández.

En un video subido a la red social Youtube por el usuario Grillonautas, con una duración de casi dos minutos, se observa la presencia policiaca frente a la casa de Marín-Foucher y una camioneta blanca, en la cual los menores fueron trasladados, presuntamente, para sacarlos de la isla. Al comienzo del video se incrimina al Ejército y la Armada. Se observan en la penumbra dos vehículos que se retiran, al parecer de la policía y la Marina.

La única imagen clara es la de un hombre que grita: A ver, yo soy el padre de la señora. David Fernández de Cevallos y su hermano Rodrigo se están robando a los hijos de mi hija Ximena. Yo soy el abuelo. Este cabrón tiene todas las demandas.

El padre de la mujer dijo a los medios: No tuvo valor para venir solo. Lo hizo con escoltas armados y artimañas legales, en evidente abuso contra nosotros.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de esos hechos.

Acusan productores de frijol al titular de Sagarpa de beneficiar a comercializadoras

La secretaría fijó un precio bajo para agricultores y un elevado apoyo a empresas, señalan

Afirma la dependencia que redujo el costo por kilo porque hay remanente de la cosecha pasada

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Jueves 4 de noviembre de 2010, p. 18

La Central Campesina Cardenista (CCC) acusó a Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de proteger los intereses económicos de cuatro comercializadoras extranjeras de frijol en perjuicio de 250 mil productores de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, que reclaman un precio de 10 pesos por kilogramo y rechazan los nueve fijados por la institución.

Santiago Domínguez Luna, secretario de desarrollo rural de la CCC asentó que el titular de la Sagarpa sabe cómo actuar, ya que es comercializador y fue director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Al aprobar un precio de nueve pesos para los productores y un apoyo de 2 mil pesos para la comercialización que será aplicado sólo para la mitad de las 400 mil toneladas de producción del ciclo primavera-verano, deja a la deriva a cientos de campesinos.

La Sagarpa sostiene que debido a la sobreproducción internacional, la reducción del consumo nacional de 100 mil toneladas y la existencia de un remanente de 70 mil toneladas del ciclo agrícola anterior, fijó en nueve pesos por kilo al productor, un peso menos en comparación al del año pasado.

Esa política deja en desventaja a miles de campesinos, pues las comercializadoras y los acopiadores pagan entre 6.50 y siete pesos el kilo, al afirmar que nosotros los productores nos equilibraremos con los dos pesos que nos dará la Sagarpa, lo cual es falso, pues el rubro de comercialización es otorgado a las empresas y no a los productores.

Por ello, dijo Domínguez Luna, se pedirá a los diputados que en el reacomodo del Programa Especial Concurrente (PEC) se destinen 850 millones de pesos para respaldar a los productores de la leguminosa, segundo cultivo en importancia nacional.

En los nueve años anteriores la superficie sembrada de frijol de 1.6 millones de hectáreas ha mostrado una tendencia anual decreciente de 2.6 por ciento; del total de hectáreas, 16.5 por ciento corresponde al ciclo otoño invierno. En dicho periodo la producción registró un crecimiento de 2.5 por ciento y el año pasado se lograron casi 800 mil toneladas frente a un consumo nacional de 1.2 millones de toneladas, según datos de la Sagarpa.

Abraham Montes Alvarado, dirigente de la Unión de Productores de Frijol, explicó que los nueve pesos cubren los costos de producción y dejan una ganancia de 30 por ciento a los productores de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Guanajuato, pero hasta que la Sagarpa publique en el Diario Oficial de la Federación el nuevo esquema de comercialización –que implica el pago de los mil 500 pesos por tonelada– los comercializadores e intermediarios pagan a 6.50 pesos el kilo de la leguminosa a pie de parcela. Por ello se recomendó a los productores no vender su cosecha hasta la publicación del nuevo esquema.

Aseguró que el precio fijado “es razonable, porque cubre el costo de producción –de 6.80 pesos por kilo– y está en el mismo nivel que el de referencia de Estados Unidos”.

El acuerdo en la reunión del sistema producto fue respaldar la comercialización de 200 mil de las 400 mil toneladas del ciclo primavera-verano, porque el resto de la producción es de autoconsumo o bien se vende en los mercados locales, en tanto que en los estados donde hay exceso de producción se debe trasladar el alimento hacia otros sitios. Además, con ese esquema de comercialización quienes no obtuvieron el apoyo pueden negociar mejores precios.

Intensificará movimiento triqui sus protestas en Oaxaca y DF, desde hoy

Exigen se esclarezca el asesinato de su líder, Heriberto Pazos

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Jueves 4 de noviembre de 2010, p. 18

Para exigir el esclarecimiento del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz y denunciar la constante presencia del Ejército en algunas comunidades indígenas de la región triqui, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) anunció que intensificará a partir de hoy los bloqueos en las carreteras de Oaxaca y en la ciudad de México, asimismo, formará una cadena humana alrededor del Ángel de la Independencia.

En conferencia de prensa, integrantes de la comisión política de la organización aseguraron que “el Estado ha emprendido una guerra sucia en contra de las organizaciones sociales y del MULT; se busca desestabilizar la zona triqui para justificar la militarización de ésta”.

Comentaron que el sábado 30 de octubre, elementos del Ejército llegaron a las comunidades de San Miguel Copala y Llano Aguacate, lo que provocó inquietud entre los indígenas.

Esta es la tercera ocasión en que los uniformados se presentan en algunas de las 18 comunidades que simpatizan con el MULT y por eso las mujeres acordaron que en la próxima ocasión no permitirán su arribo, pase lo que pase.

Hay temor en la gente porque todavía no logran superar acontecimientos de hace 30 años, cuando el Ejército se llevó a varios indígenas, algunos desaparecieron y otros fueron asesinados”, señalaron.

En la conferencia también se dio a conocer una carta que el 28 de agosto envió Heriberto Pazos a la comandancia del EZLN.

En la misiva solicitaba una reunión con los zapatistas para intercambiar opiniones sobre el conflicto triqui, por la dimensión que ha tomado en los dos años anteriores. Nos interesa saber su opinión, pues se han orquestado campañas de desprestigio en contra del MULT y ha dicho que ustedes sólo tratarán con el pueblo triqui, cuando nosotros somos una parte de la expresión organizada de éste.

Asentó que a 30 años de existencia de la organización, sus integrantes siguen luchando por la dignidad del pueblo triqui, pese a las embestidas del Estado, paramilitares, guardias blancas, caciques, Ejército y policía.

PRI autoriza a Fidel Herrera regalar 325 hectáreas a particulares

Regina Martínez

JALAPA, Ver., 3 de noviembre (apro).- La mayoría priista cerró el periodo constitucional de la LXI Legislatura local con la autorización al gobernador Fidel Herrera Beltrán para regalar 325 hedtáreas de terrenos del estado a particulares, empresas de dudosa existencia y presuntas asociaciones civiles de reciente creación.

En la última sesión extraordinaria del Congreso del estado, que oficialmente concluye su gestión este 4 de noviembre, la donación de inmuebles propiedad del estado fue nuevamente tema de un intenso debate, donde la oposición reiteró su rechazo a este tipo de medidas del Ejecutivo estatal.

Así, “de manera tramposa”, como acusaron diputados del PAN, PRD, PT y Convergencia, la Comisión de Hacienda del estado que preside el priista Erick Lagos, incluyó por lo menos 15 dictámenes mediante los cuales se autorizó a Herrera Beltrán a “regalar” diversas superficies a empresas inmobiliarias para la presunta construcción de viviendas de interés social.

Al inicio de la discusión, el diputado independiente Sergio Vaca Betancourt calificó las donaciones de propiedades que forman parte del patrimonio estatal, de “abusivas, injustas y especialmente dañinas” para el estado de Veracruz.

Por principio, precisó, uno de los dictámenes se refiere a la donación de una superficie de más de una hectárea ubicada en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Jalapa, a favor de la asociación civil PRONATURA Veracruz, la cual se integró legalmente el 11 de diciembre de 2008.

“Estamos hablando de más de 15 mil metros cuadrados que serán regalados a una asociación de reciente creación; y lo que llama la atención es que entre sus asociados está el señor Mauricio Ruiz Galindo que, sí es de la familia Ruiz Galindo, muchos sabemos que si algo les sobra es dinero, son ultra ricos”, explicó.

En el documento aparece también el nombre de Emilio Gómez Vives como miembro de esa asociación civil, de quien también, apuntó, “muchos sabemos que fue funcionario estatal de primer nivel hace varios años”. Entonces, subrayó, “no creo que sean gente necesitada que requiere de esos terrenos”.

Otro punto que llama la atención, acotó, es que la comisión dictaminadora señala en uno de los párrafos que “no es necesario contar con un avalúo”, es decir, “¿cómo es posible aprobar en plena oscuridad una petición cuando se carece de información y, lo peor, que se regale lo que pertenece a los veracruzanos?”.

“No sabemos ni cuánto vale, pero como aquí se da vía libre a todo lo que manda Fidel Herrera, se le autoriza regalar el patrimonio estatal a una asociación que apenas se formó y que, a lo mejor, resulta un negocio enorme esa superficie”, criticó.

Por otro lado, en el mismo paquete, dijo, se pide autorización para donar una parcela de cuatro hectáreas a la Inmobiliaria DYB SA de CV., para la construcción de un campo deportivo en Poza Rica, “pero da la casualidad que esa superficie la adquirió el gobierno del estado apenas el 18 de julio de 2007”.

Según el dictamen, detalló, la Inmobiliaria DYB SA de CV, se constituyó el 18 de septiembre de 2007. “Es un poco rara la coincidencia, ya que se formó casi al mismo tiempo que se compró el terreno; pareciera que lo hubieran comprado para luego regalárselo”.

El otro caso, se refiere a Proyectos Inmobiliarios de Culiacán SA de CV, a la cual, apuntó, “le van a regalar más de 15 mil metros cuadrados” del exejido El Sumidero, en Jalapa. Esta empresa, se constituyó el 27 de febrero de 2008, “apenas hace dos años y meses, pero el gobierno de Fidel Herrera ya la va a beneficiar con bienes comprados con dinero de los veracruzanos”.

A esta empresa, subrayó, también le van a regalar otros 22 mil metros cuadrados en el mismo exejido El Sumidero, supuestamente, para destinarlos a la construcción de desarrollos habitaciones de interés social denominados Lomas de Santa Fe.

“Los socios, pobrecitos indigentes, requieren que les regalen los terrenos, cuando van a invertir 705 mil millones 622 mil pesos y se comprometen a construir casas. Claro, para construirlas, venderlas y hacer negocios con pingües ganancias. No nos engañemos, esta es la despedida de Fidel, regalar lo ajeno porque de lo suyo propio, ni un peso”, criticó.

En este paquete de dictámenes se plantea regalar diversas superficies en varios lugares de la entidad que, en números cerrados ascienden, a 325 hectáreas, algunas de ellas ubicadas en Papantla, “donde si algo sobra en esa zona, a diferencia de los Ruiz Galindo, es pobreza, y mejor hubieran dado esos terrenos a los campesinos que luego no tienen casa para vivir”, dijo.

A diferencia de la perredista Margarita Guillaumín, el panista Federico Salomón y el petista Julio Chávez que cuestionaron a Fidel Herrera por estar desmantelando el patrimonio estatal, en defensa salieron los priistas Elvia Ruiz y José Juárez Ambrosio, cuya bancada finalmente aplicó su mayoría y aprobó dichas donaciones.

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Reporte del Centro Pro DH

Centro Prodh expresa preocupación por intimidación oficial a opositores en Supervía

• El Gobierno de la Ciudad envía más granaderos a la zona del parque de la Loma.
• La fuerza pública es utilizada para apoyar las acciones de empresas privadas e intimidar a los opositores del proyecto de la Supervía.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expresa su preocupación por los hechos recientes en relación al proyecto de la Supervía Poniente, pues ha obtenido información confiable que deja ver la existencia de medidas de intimidación en contra de los opositores a este macroproyecto.

La madrugada de ayer, aproximadamente 80 integrantes del cuerpo de granaderos ingresaron en 5 camiones a la zona del parque de la Loma, área natural por la que se pretende realizar la Supervía que es colindante con la Colonia la Malinche donde se encuentra el plantón permanente.

Este contingente se une a un grupo de alrededor de 150 granaderos que se encuentran en esa zona desde el pasado 30 de octubre. En las primeras horas del día comenzaron a cercar la zona de la Loma con malla ciclónica y alambre de púas y a cerrar todos los accesos públicos a la misma resguardándolos con elementos del llamado Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), quienes han realizado actos de agresión contra vecinos y visitantes del Parque de la Loma.

Este contingente de granaderos se suma a la presencia de granaderos y vallas que además de la zona del Parque de la Loma se encuentran en la avenida San Jerónimo y Luis Cabrera que permanecen desde el 30 de octubre en este lugar donde han iniciado obras de la Supervía Poniente por parte de las empresas privadas concesionadas.

El pasado 29 de octubre el Frente Amplio contra la Supervía alertó sobre el posible desalojo del plantón permanecerte que llevan a cabo desde hace más de 100 días en la llamada "zona cero" de la Colonia la Malinche. Denunciaron el sobrevuelo de dos o tres helicópteros a muy baja altura en la "zona Cero " de desastre por la madrugada del miércoles, jueves y viernes, así como la presencia por la madrugada, de gente extraña a la colonia con corte tipo militar, con  aparatos especiales de video, posiblemente infrarojos y geolocalizadores o geoposicionadores, realizando medidas y toma de video y fotografía en la "Zona Cero".

Alrededor de las 23 horas de ese día se desplegó un gran operativo de fuerza pública en la zona integrado por alrededor de 30 camiones de granaderos, 25 panel, 30 pick ups, 25 patrullas de seguridad pública, y 20 patrullas de la Procuraduría capitalina que se concentraron en varios puntos estratégicos: la glorieta de San Jerónimo, la calle de Magnolia y Luis Cabrera, Avenida San Jerónimo y Luis Cabrera, la zona del Tanque. Otro convoy compuesto por aproximadamente 6 camiones 150  granaderos, 8 panels y dos tanquetas antimotines ingresaron por el Parque de la Loma.

El 30 de octubre el gobierno de la Ciudad expresó públicamente que el motivo del operativo fue la realización de "estudios de mecánica de suelos". Lo anterior resulta cuestionable considerando el despliegue desproporcionado de la fuerza pública y las versiones que circularon en medios de comunicación como Excelsior, Reforma y Milenio que difundieron el día siguiente información en términos similares donde se daba por hecho el desalojo con la fuerza pública de los integrantes del Frente Amplio concentrados en el campamento permanente de La Malinche, aspecto que jamás ocurrió, y no se mencionaba de los supuestos trabajos que iniciarían en el camellón de la Avenida Luis Cabrera y San Jerónimo, y menos aún, por qué en esas altas horas de la madrugada y apoyando el GDF a las concesionarias de las empresas particulares.

Aunque a lo largo del día 30 algunos elementos del cuerpo de granaderos fueron retirándose permanecieron en dos puntos: el cruce de la Avenida San Jerónimo y Luis Cabrera y en la zona del parque de la Loma.

La presencia de granaderos en zonas clave para el inicio de las obras se suma a los actos de hostigamiento que han denunciado los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía desde la emisión de los decretos expropiatorios que han sido realizados por personal de la empresas privadas OHL y COPRI y de representantes del Gobierno del Distrito Federal que han ido escalando y desencadenado situaciones de violencia.

Lo anterior se suma a las denuncias de intimidación y hostigamiento que han recibido los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía y a las agresiones por parte de personal de las empresas y de supuestos representantes del gobierno de la Ciudad como lo acontecido el pasado 20 de octubre donde una manifestación pacífica realizada por vecinos de La Malinche fue reprimida con violencia y con un uso desproporcionado de la fuerza lo que dejó un saldo de 15 personas lesionadas, en su mayoría mujeres. La manifestación se realizó por las agresiones realizas el día anterior en la misma zona por supuestos trabajadores de las empresas.

Resulta cuestionable que el gobierno de la Ciudad ponga a disposición de empresas privadas a la fuerza pública. La presencia de más granaderos acontecida el día de hoy en la zona de la Loma pone en evidencia que el Gobierno de la Ciudad no está dispuesto a dialogar y exponer públicamente sus argumentos y la pretensión de imponer a toda costa un proyecto a la ciudad. El hecho de poner a disposición de empresas privadas al cuerpo de granaderos es muestra de la ausencia de voluntad política para atender y resolver  por medio de cauces institucionales que privilegien el diálogo esta problemática y por otro que el Gobierno de la Ciudad está al servicio de intereses económicos particulares en detrimento de los habitantes de la Ciudad.

Cabe destacar que el proyecto ha sido cuestionado por especialistas, científicos y académicos de diversas instituciones públicas y privadas por carecer de argumentos técnicos, sociales y jurídicos que sustenten la realización de esta mega obra. Asimismo diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, de defensa de derechos humanos y del medio ambiente han cuestionado el proyecto señalado que éste sólo favorecerá a las empresas privadas concesionarias y coloca en grave riesgo la sustentabilidad ambiental de la Ciudad afectando gravemente un conjunto de derechos humanos.

También se resalta que existen procesos judiciales en curso en Tribunales locales y federales y medidas cautelares dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y procesos de denuncias ante la PAOT, razón por  la cual no es posible la realización de las obras.

El gobierno de la Ciudad se ha caracterizado por la opacidad en este proyecto y por la imposición antidemocrática del mismo. En diversas ocasiones ha acudido a la fuerza y se ha negado reiteradamente a las propuestas de diálogo y discusión informada que se han realizado diversos actores.

 

Se excluye a mujeres indígenas del derecho a la propiedad de la tierra, dicen defensoras

Acercar el concepto de equidad a comunidades rurales, prioridad

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 15

En las comunidades rurales no existe decreto ni consigna expresa que excluya a las mujeres de acceder a la propiedad de la tierra; sin embargo, en los hechos este derecho no es reconocido, advierten defensoras de los derechos de las mujeres en zonas indígenas de Oaxaca y Chiapas.

Ese derecho es, además, la puerta al ejercicio de facultades como participar en las asambleas comunales, tomar decisiones en la familia y tener un patrimonio que dé seguridad a una mujer y sus hijos, consideró Flor de Jesús Pérez Ramírez, responsable del programa Mujeres Organizadas en el Ejercicio de su Derecho a la Tierra, en Chiapas.

Aseveró que el trabajo en comunidades no es fácil pues las mujeres estamos inmersas en un tejido social de subordinación y discriminación. Destaca que el concepto derecho es occidental, que no existe en las lenguas de la región, por lo que es una labor ardua explicar a los comuneros y ejidatarios su significado.

Para lograr su objetivo, Flor de Jesús se acercó en primera instancia a las autoridades comunales para plantear la importancia de involucrarse en las actividades de discusión y análisis de los problemas relacionados con la propiedad de la tierra.

A los hombres también les interesa tener información sobre la realidad de las comunidades, la región, el estado y el país en cuanto a la privatización de la tierra, por ejemplo, mencionó.

Agregó que los talleres que imparte su organización son vistos como una oportunidad de tener herramientas que sirvan a la comunidad para tener claro qué es la privatización y por qué es importante defender la tierra.

Leticia Aquino, por su parte, desarrolla en la Sierra Norte Oaxaqueña el proyecto Ciudadanía comunal, acceso a la tierra de la mujer mixe y zapoteca con el objetivo de incidir en la reglamentación de los estatutos comunales en beneficio de los derechos de la mujer y el acceso a la tierra y la justicia.

Coincide con Flor de Jesús en que se debe acercar el concepto de equidad a las comunidades, pues no es algo que esté muy claro.

Según la asociación civil Semillas, de 12.3 millones de mujeres que residen en zonas rurales sólo 661 mil ejidatarias y comuneras (el 5 por ciento) tienen derechos reconocidos sobre sus parcelas, tierras de uso común y solares urbanos, a pesar de que un porcentaje mucho mayor está al frente de sus familias por la creciente migración de los varones, lo que ha feminizado la agricultura.

Exigen más atención en salud para mujeres

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 16

Con una ofrenda prehispánica en el Monumento a la Madre, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México recordaron a las mujeres que decidieron sobre su propio cuerpo y no encontraron un sistema de salud adecuado que les permitiera respetar su derecho a decidir, sostuvo Leticia Cuevas Rosette, vocera de la agrupación.

En el acto se instó a que los servicios de salud mejoren para que las mujeres no mueran a causa de la maternidad, toda vez que miles han muerto por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto o puerperio.

En su pronunciamiento, la Red refirió que, conforme a la Secretaría de Salud (Ssa), de 2002 a 2008 más de 8 mil mujeres han muerto por causas relacionadas con la maternidad, como hipertensión durante el embarazo, hemorragia obstétrica e infecciones puerperales, entre otras.

Exigen estudiantes juarenses la salida de la PF; "si le dan a un@ nos dan a tod@s"

Anuncia la PGR que ejercitó acción penal contra los dos policías que balearon a un joven

Los nombres de los agentes sujetos a proceso no coinciden con los dados a conocer el pasado lunes

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 8

Ciudad Juárez, Chih., 2 de noviembre. Para exigir la salida de la Policía Federal (PF) de esta localidad y demandar castigo para los agentes de esa corporación que el viernes lesionaron a un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hoy se efectuó una marcha por la paz, organizada con la consigna si le dan a un@ nos dan a tod@s.

La movilización fue convocada por la recién formada Asamblea Estudiantil Juarense e inició a las 18 horas desde la megabandera, cerca del Instituto de Ciencias Sociales de la UACJ.

La conformación de la asamblea y la protesta se hicieron en respuesta a la agresión que elementos de la PF perpetraron el viernes pasado contra estudiantes que realizaban una manifestación en el Instituto de Ciencias Biológicas de la universidad juarense, hechos por los cuales resultó herido José Darío Álvarez Orrantia, estudiante de sociología, a quien le dispararon por la espalda.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy en la ciudad de México que ejercitó acción penal en contra de los policías federales Roberto Gómez Cruz y José del Carmen May García, quienes presuntamente agredieron con arma de fuego al estudiante que se manifestaba contra la militarización en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, los nombres de los agentes no coinciden con los que el lunes pasado dio la delegación de la PGR, que los identificó como Félix Rodríguez Reyes y Juan Saucedo Meza.

En la manifestación de este Día de Muertos, muchos de los estudiantes llevaban ropa blanca y no realizaron pintas; fueron vigilados a distancia y seguidos por agentes policiacos. El recorrido llegó hasta el Instituto de Arquitectura, que estuvo cerrado desde temprano, por lo que no pudieron colocar el altar de difuntos que pretendían.

En mantas y consignas, los jóvenes universitarios repudiaron la violencia contra los universitarios en particular y la población de Ciudad Juárez en general. Exigieron justicia para el estudiante Álvarez Orrantia y pidieron que los dos agentes federales sean castigados.

Daniela Flores, alumna de medicina, explicó que algunos fueron con la cara tapada o pintada para demostrar que no se justifica disparar a nadie, aun cuando traiga el rostro cubierto. Estamos hartos de estar sufriendo lo mismo, es tiempo de actuar, movernos y hacer algo ante la actual situación, advirtió la joven.

La Asamblea Estudiantil Juarense emitió un comunicado en el que se declara apartidista y señala que sus demandas principales son la desmilitarización de Ciudad Juárez y la salida inmediata de la PF.

Javier Sánchez Carlos, rector de la UACJ, reiteró su exigencia de justicia expedita en el caso de lesiones al estudiante Álvarez Orrantia y para toda la comunidad juarense, que ha sufrido más de 2 mil 700 muertes en 2010.

En la ciudad de México, la PGR informó que al concluir la averiguación previa número PGR/CHIH/JUA/3170/2010-IV-A determinó solicitar una orden de aprehensión y ésta fue librada por el juzgado cuarto de distrito por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y lesiones, contra Roberto Gómez Cruz y José del Carmen May García, agentes de la PF, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.

“El pasado 29 de octubre, al circular en las unidades 12428 y 12401 sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez, los agentes se encontraron con un grupo de personas reunidas –entre éstas algunos sujetos encapuchados–, quienes bloquearon su paso agrediéndolos verbal y físicamente, y al bajar para investigar el hecho ocasionaron el descontento del contingente escuchándose posteriormente detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que los manifestantes se replegaran y los agentes se retiraran del lugar”, según la PGR.

De 62 recomendaciones que la CNDH envió a Sedena, nada más en ocho hubo castigo

De las agresiones a civiles, únicamente en el caso Castaños se demostró culpa de soldados

Según reportes de la dependencia, 227 militares se encuentran bajo proceso por diversos delitos

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 9

En lo que va de la actual administración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 62 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones a los derechos humanos. De éstas, 48 están relacionadas con operativos del Ejército en contra de la delincuencia organizada, y el resto por cuestiones administrativas. Sólo en ocho asuntos la justicia militar ha emitido sentencias condenatorias durante este lapso.

De acuerdo con el más reciente informe de la Sedena sobre el tema, a pesar de las recomendaciones que tienen que ver con hechos en que civiles fueron agredidos o murieron a manos de soldados, los jueces castrenses sólo han demostrado la culpabilidad de los militares en el caso Castaños, en Coahuila, en el que la acusación fue por violación de mujeres en la zona de tolerancia de esa comunidad.

Mientras tanto, 227 militares se encuentran bajo proceso por diversos delitos, de los cuales 21 son jefes, 37 oficiales y 169 elementos de tropa.

De acuerdo con el documento, actualizado al 28 de septiembre pasado, los militares han recibido 4 mil 266 quejas por violar los derechos humanos, y de éstas 62 se tradujeron en recomendaciones de la CNDH, lo que equivale a 1.45 por ciento del total de las querellas recibidas.

El estado de las investigaciones

La información añade que de las 62 recomendaciones referidas, en 39 casos la averiguación previa correspondiente se encuentra en etapa de integración, y únicamente en ocho el Ministerio Público militar determinó ejercer acción penal; cuatro se fueron al archivo por falta de elementos; cuatro fueron desestimadas y no se inició la averiguación previa correspondiente; en seis casos concluyó la averiguación sin que se acreditara delito alguno, y en una más no se inició la averiguación porque no se demostró que hubieran participado elementos del Ejército.

Entre los pocos casos en que los jueces militares han dictado sentencia están los de la muerte de un oficial al que al darle la bienvenida murió por ingerir en exceso bebidas embriagantes. Un jefe fue sentenciado a cuatro meses de prisión por abuso de autoridad.

Por el caso Castaños, en que soldados agredieron sexualmente a varias mujeres en la zona de tolerancia de esa población de Coahuila, un jefe y siete soldados fueron condenados a penas de entre 24 y 15 años de prisión. De los acusados, tres permanecen prófugos.

Nuevo delegado de la PGR en Coahuila, señalado en EU por nexos con el narco

Chávez Chávez lo designó tras consulta con autoridades estatales

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 10

La Procuraduría General de la República (PGR) designó como su delegado en Coahuila a José Rolando Gómez Llanos Aispuro, quien fue señalado como presunto operador financiero del cártel de Sinaloa por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre de 2007, habiendo sido exonerado en 2008 por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

La dependencia federal informó mediante un comunicado de prensa emitido el pasado primero de noviembre, que el procurador Arturo Chávez Chávez, luego de una serie de consultas con autoridades estatales, designó por consenso a José Rolando Gómez Llanos Aispuro como titular de la delegación estatal Coahuila.

En representación de Chávez Chávez, Rodrigo de la Riva Roble, director de área de la Coordinación General de Delegaciones de la PGR, dio posesión y tomó protesta a Gómez Llanos Aispuro.

En diciembre de 2007 las autoridades de Estados Unidos supuestamente identificaron a 19 personas y 23 empresas que servían al cártel de Sinaloa para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En aquella ocasión, Dana Perino, vocera estadunidense, señaló que en la lista de identificados se encontraban Blanca Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz (quien fue detenida en marzo de 2008 y acusada de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada), y José Rolando Gómez Llanos Aispuro, quien se separó de su cargo y presuntamente fue investigado por la PGR, resultando exonerado de los señalamientos del Departamento del Tesoro.

Gómez Llanos dijo durante su toma de protesta en Coahuila que esa delegación estatal continuará trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para brindar mayor seguridad a los ciudadanos de la entidad.

El currículum de Gómez Llanos Aispuro, difundido por la procuraduría general, señala que es maestro en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de las Naciones de Veracruz, y licenciado en derecho y ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El funcionario cuestionado por Estados Unidos se ha desempeñado, entre otros cargos, como agente del Ministerio Público de la Federación en la Dirección General de Investigaciones Especiales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud.

También fungió como delegado de la PGR en Chiapas, durante el periodo del primero de noviembre del 2007 al 21 de octubre del 2009, y como representante de la misma dependencia en Tamaulipas, del 11 de noviembre de 2009 al 28 de febrero de 2010.

Evidente partidización de miembros del IFE desde los comicios de 2006

En 1996, cuando se le dio autonomía, no se logró resolver el tema

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 14

Aunque formalmente es un organo ciudadanizado, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha convertido en una instancia que cada vez ha hecho más evidente las filias partidistas de sus miembros que han surgido de los procesos en que los institutos políticos han transformado la selección para dar más prioridad a las lealtades que a las cualidades.

Por lo anterior, la renovación de consejeros enfrenta la disyuntiva para el PRI de recuperar dos posiciones en el Consejo General en la selección de quienes participarán en dos comicios presidenciales.

De acuerdo con la correlación de fuerzas que tenía el IFE hasta octubre pasado, cuatro de los consejeros habían llegado al cargo con el respaldo de la dupla PRI-PVEM; tres con el aval de Accion Nacional y dos fueron propuestos por el PRD. Si bien el origen no siempre ha sido determinante en el sentido de las votaciones, sí ha pesado en los asuntos clave para los intereses partidistas de uno u otro signo, especialmente en los dos primeros casos.

La partidización en el proceso de renovación del Consejo General ha sido un tema irresuelto desde 1996, cuando se confirió al IFE su autonomía como órgano electoral. De aquella conformación de consejeros, hoy se tienen dos connotados panistas ubicados en puestos clave del gabinete del presidente Felipe Calderon: Alonso Lujambio y Juan Molinar, titulares de las secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.

Otros dos pasaron a integrar las filas de la izquierda: Jaime Cárdenas, actual diputado federal del PT, y Emilio Zebadúa, quien en primera instancia estuvo en el PRD y actualmente milita en Nueva Alianza.

Sin embargo, fue en el consejo encabezado por Luis Carlos Ugalde cuando la partidización comenzó a cobrar mayor incidencia en el rumbo de las decisiones adoptadas por el instituto, particularmente en la conducción de los comicios de 2006.

Entonces, con la exclusión del PRD, el Consejo General –cuyas funciones formalmente terminaron la semana pasada, con la salida de los tres últimos consejeros, aunque se haya anticipado su renovación parcial tras el polémico proceso de 2006– se dividió entre quienes fueron promovidos por el PAN y quienes llegaron con el respaldo de PRI-PVEM.

Inevitablemente, esto se tradujo en la conformación de dos bloques prácticamente inamovibles en el sentido de sus votos, independientemente de los temas a desahogar. Pieza clave para temas cruciales del panismo fue Arturo Sánchez –quien concluyó su gestión la semana pasada–, y aunque en menor medida, hicieron lo propio para el PRI Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade, quienes también salieron en días pasados.

Ferrocarrileros jubilados hace 10 años exigen que les dejen de descontar cuotas sindicales

La JFCA falló en su contra este año, afirman; demandan saber quién se beneficia con los cobros

E. Méndez y R. Garduño

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 15

A trabajadores de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) que recibieron sus liquidaciones hace más de una década hasta la fecha les siguen descontando cuotas sindicales, y aun cuando este gremio de jubilados emprendió una demanda común ante tribunales laborales para que cese dicha irregularidad que engrosa los bolsillos de líderes del sector, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCA) falló en su contra.

La Federación de Ferrocarrileros Jubilados comenzó un proceso legal en 2007 para demandar que finalicen los descuentos de cuotas sindicales; les devuelvan las que les quitaron en 1997 y 1998 –cuando se dieron por terminadas las relaciones colectivas de trabajo– y reclamó incluso el pago de los intereses generados por estos descuentos ilegales.

Sin embargo, la Junta Especial número 4 de la JFCA, emitió en este año un laudo en el que da la razón al Sindicato de Trabajadores de Ferrocarrileros de la República Mexicana –lidereado por Víctor Fuentes Morales– y la empresa Ferrocarriles Nacionales en Liquidación, para que sigan aplicando este cobro a las pensiones de los jubilados, pues según señala, ambos fundaron su derecho a descontar las cuotas.

La Federación interpondrá un recurso de inconformidad contra esta resolución de la junta, pues según informó, es ilegal que les quiten recursos, que se presupone van a parar a las manos de líderes como Flores Morales, quien se ha relecto desde 1993, consecutivamente, en procesos poco claros y tiene toma de nota hasta 2012, si no es que se vuelve a relegir de nuevo.

No obstante, han solicitado información oficial de a quiénes han sido entregados los recursos y la empresa en liquidación se las ha negado.

Según copia del expediente 75/07 de la JFCA, los jubilados argumentaron que el contrato colectivo de trabajo que se tenía con el sindicato ferrocarrilero dejó de tener vigencia cuando se dieron por terminadas las relaciones laborales; además, no existe sindicato para los jubilados y hay falta de transparencia de a quién se les están entregando las cuotas que hasta la fecha les han descontado.

Los jubilados incluso solicitaron a la Secretaría del Trabajo información de si son miembros del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, pues no están en el padrón de socios de esta organización, pues de ser así, tendrían la obligación de pagar cuotas, pero también podrían participar de las elecciones y de todo lo que tiene ver con la vida sindical, sin embargo, la dependencia señaló que esta representación nacional de jubilados no tenía facultades para hacer esta petición.

Los ferrocarrileros jubilados incluso pidieron a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación informar a quién o quiénes se les estaban entregando las cuotas que les descuentan, pero también se les negó esta información.

El laudo señala que el Sindicato Ferrocarrilero acreditó fehacientemente su existencia legal, mediante la toma de nota del 4 de febrero y tendrá duración de 99 años a partir de su fecha de constitución.

El personal jubilado de la empresa de acuerdo con el artículo 24 de sus estatutos cuenta con derechos y obligaciones y una de ellas es seguir pagando las referidas cuotas.

Adeudan 640 funcionarios y ex servidores públicos $43 mil millones por sanciones

Casi $22 mil millones no pueden cobrarse, pues la SFP integró mal los expedientes

Las multas, por corrupción; destacan casos en Pemex, CFE, ISSSTE, Bancomext e IPN

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 12

Seiscientos 40 funcionarios y ex servidores públicos adeudan al erario casi 43 mil millones de pesos, esto es, 90 por ciento del total de multas por cobrar correspondientes a casos de corrupción.

Sin embargo, la mitad de esa cifra (poco más de 22 mil millones de pesos) corresponde a créditos dados de baja –como los denomina el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia encargada de recuperar adeudos–, debido a que el cobro no se puede realizar porque los expedientes no fueron integrados correctamente por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Datos obtenidos mediante solicitudes de información señalan que en la lista de esos peces gordos se encuentran –con las cantidades más altas– ex funcionarios y servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabjadores del Estado (ISSSTE), Banco de Comercio Exterior (Bancomext) e Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros.

Por ejemplo, Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, fue sancionado, en total, con poco más de 4 mil millones de pesos, según tres expedientes (créditos 2062833, 126449 y 158005). Los casos fueron integrados en 2005, aunque hay fechados en 2002 y otro el 7 de enero de 2010.

También se encuentra en dicha lista otro ex titular de la paraestatal: Raúl Muñoz Leos, con créditos por pagar, en conjunto, por más de 5 mil millones de pesos, según expedientes integrados en diversos momentos.

Hasta el momento no se ha precisado el monto cobrado.

En el caso de la CFE –una de las paraestatales con más casos de corrupción, sin que la SFP haya interpuesto demandas penales para resarcir los daños–, ocurre una situación similar.

De una lista de más de 2 mil casos en el periodo 1988-2010, hay expedientes de cuentas por cobrar hasta por 300, 400 y 500 millones de pesos, producto de sanciones que ha impuesto la SFP, pero que siguen en suspenso, es decir, sin cobrar, y por supuesto sin que los responsables hayan sido encarcelados por cometer delitos graves contra el patrimonio de la CFE y, en consecuencia, del erario nacional.

Como ha difundido La Jornada, a nivel general, en los últimos 19 años el importe total de créditos (multas a funcionarios señalados por la SFP o la Auditoría Superior de la Federación como responsables de irregularidades graves) es por 48 mil 572.9 millones de pesos.

De esa cantidad sólo se reporta el cobro de 75.7 millones de pesos (menos de .25 por ciento, esto es, apenas arriba de cero), mientras 22 mil millones son créditos dados de baja o considerados incobrables por la Administración General de Recaudación del SAT, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0610100102610.

De la lista de funcionarios a los que se aplicaron sanciones, la mayoría fueron multados con elevadas cantidades (5 millones hacia delante), aunque varios, como los ex servidores públicos mencionados, aparecen varias veces. Un caso extremo es el de Eric Roberto Butcher Martínez, ex funcionarios de la CFE, quien aparece una decena de veces en el listado referido, producto de su inhabilitación y sanción –hace 10 años– por anomalías en la construcción de la termoeléctrica Petacalco.

En tanto, fuentes consultadas señalaron que se ha iniciado el despido de los contralores con mayor experiencia precisamente en las labores de detectar y documentar casos de corrupción.

Paradógicamente, están recortando a los funcionarios con más experiencia. Además, se está reduciendo 30 por ciento la plantilla de personal en los órganos internos de control (responsables de la vigilancia en cada dependencia), que fungen como enviados de la SFP.

No ha habido información oficial del estado que guarda la cobranza y tampoco del supuesto cese de contralores ni de las acciones de diputados que integran las comisiones de Presupuesto y de Vigilancia, instancias a las que la Secretaría de Hacienda tienen la obligación de informar acerca del cobro de multas.

"Simulada", la equidad de género en el empleo

Experto pide mejorar políticas en la materia

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Martes 2 de noviembre de 2010, p. 13

Las políticas laborales de equidad de género en el país son simuladas, ya que no garantizan a la mujer la capacidad de decidir e influir dentro de las empresas, señaló Gustavo Garabito Ballesteros, investigador del Seminario Permanente de Estudios de Trabajos Atípicos de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Indicó que las mujeres no alcanzan puestos estratégicos debido al llamado techo de cristal. Otro problema grave es que no se contrate a embarazadas, o que sean despedidas, y que las madres no cuenten con flexibilidad de horario para poder atender a sus hijos.

Una encuesta sobre la inclusión laboral del género femenino en México, realizada por la empresa de recursos humanos Manpower, indica que 70 por ciento de las empresas consultadas afirma que su productividad se ha incrementado desde que se incluyó a mujeres en la alta gerencia.

Sin embargo, menos de 20 por ciento de las posiciones gerenciales está en manos de una mujer. El estudio también determinó que en 57 por ciento de las empresas encuestadas las trabajadoras representan menos de 40 por ciento de la plantilla laboral.

El investigador afirmó que la equidad de género en materia de trabajo tiene que ver no sólo con la contratación de personal femenino, sino con la posibilidad de llegar a puestos realmente efectivos en función de su desarrollo profesional, además de un salario acorde a su profesión.

De acuerdo con la encuesta, menos de la mitad de las empresas cuenta con políticas de equidad de género.

Garabito Ballesteros apuntó que para revertir la situación se requiere de mayor vigilancia por las autoridades federales.

Las trasnacionales, a escala global, pueden hablar de gran equidad de género, pero porque incluyen a países como Alemania, Dinamarca y Japón, donde la participación de la mujer en mandos superiores es muy alta, apuntó el investigador.

David Fernández de Cevallos, acusado por su ex esposa de plagiar a los niños de ambos

Abre ombudsman de QR queja de oficio sobre demanda contra hijo del Jefe Diego

Se integró toda la información del asunto y se remitió a la CNDH, informa comisión estatal

Hugo Martoccia

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 2 de noviembre de 2010, p. 12

Cancún, QR, 1º de noviembre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio para que se investigue lo ocurrido el pasado 28 de octubre en Cozumel, cuando, de acuerdo con una denuncia, David Fernández de Cevallos –hijo del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos, secuestrado desde el 14 de mayo– se presentó a la casa de su ex esposa para llevarse a los hijos de ambos, en un episodio en el que habrían participado militares y marinos.

Derivado de ese hecho, David Fernández de Cevallos fue demandado por su ex exposa, Ximena Fouche-Marín, ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo por ataque armado, lesiones con violencia, allanamiento, agresión y plagio, según consta en la averiguación previa 1656/2010.

Este lunes, el ombudsman de Quintana Roo, Enrique Mora, informó que el organismo a su cargo integró toda la información del caso y la remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia adecuada, dijo, para encargarse del mismo.

Lo remitimos a la CNDH porque hay una concurrencia de autoridades, y ellos deberán encargarse de entrevistarse con las partes involucradas, explicó.

Sin embargo, reconoció que, por la característica del caso, podría pasar hasta un año antes de que la comisión nacional llegue al fondo del asunto.

Conforme pasan los días, la actuación de las autoridades en el caso se hace más confusa.

La familia de Ximena Fouche-Marín acusó a policías municipales de Cozumel de ser quienes golpearon a los padres de la ex esposa de David Fernández de Cevallos y a ella misma, y apoyaron al acusado para que se llevara a sus hijos.

Según familiares de Fouche-Marín, gracias a la intervención de los militares, los agentes municipales no se llevaron detenida a la mujer. Este lunes, en un acto boxístico que tuvo lugar en Cancún, el alcalde de Cozumel, Juan Carlos González, negó que sus policías hayan brindado apoyo a alguna de las partes.

Me hablaron desde el lugar para ir a domicilio (de la señora), porque aparentemente había personas armadas no identificadas, y le pedí al director de policía que fuera personalmente, explicó.

Llegamos casi todos al mismo tiempo, y pareciera que había un movimiento para apoyar a la familia de Fernández de Cevallos cuando nosotros fuimos en auxilio de los niños, agregó.

Una trampa, la iniciativa de Calderón sobre el mando único policial, dice senador priísta

Pretende darle todo el poder a García Luna y a muchos de los gobernadores, afirma

Como las envió, también son “intransitables las propuestas sobre fuero militar y lavado de dinero”

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 2 de noviembre de 2010, p. 10

La fracción del PRI en el Senado se abocará en las próximas semanas a revisar y corregir las tres iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente Felipe Calderón: la relativa al mando único policial, la del fuero militar y otra sobre lavado de dinero, debido a que así como las envió son intransitables, requieren modificaciones a fondo, ya que no son lo mejor ni lo que hemos esperado los mexicanos.

El senador priísta Adolfo Toledo Infanzón señaló que en el caso de la reforma al artículo 115 constitucional para establecer el mando único policial, como fue presentada por el gobierno federal es intransitable, no sólo para el PRI, sino para todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, al menos así lo han hecho público.

Para el tricolor, abundó en entrevista Toledo Infanzón, “lo fundamental es que se respete el artículo 115 constitucional, en lo que respecta a la autonomía municipal. Sin duda, vamos a apoyar una coordinación entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Esta reforma que plantea el Ejecutivo en el fondo es una trampa, ya que pretende darle todo el poder a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y a su titular, Genaro García Luna, así como a muchos de los gobernadores. Se están yendo con la finta de que es para fortalecer a las policías en los estados, eso es falso.

El priísta destacó: es muy claro y evidente que lo que se pretende es tener un control total y absoluto de las policías por medio de la SSP federal, para darle un manejo político de cara al proceso electoral de 2012.

Toledo Infanzón abundó: “es el mismo caso en la propuesta de reforma al fuero militar. Como llegó la iniciativa de Calderón no pasa, no tiene consenso. “Los priístas estamos de acuerdo en que es necesaria la reforma, pero el delito de desaparición es imprescriptible. Para esta reforma estamos escuchando a los expertos. Nos reunimos ya con el ex procurador general, ex ombudsman, ex secretario de Gobernación y jurista Jorge Carpizo; escuchamos su opinión y vamos a continuar”.

Incluso, abundó el senador, nos reuniremos con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y con los diputados federales que revisan este tema, así como con otros expertos, ya que es importante escucharlos, pero sin duda estamos de acuerdo en que los militares que cometan violaciones a derechos humanos deben ser juzgados por tribunales civiles.

Respecto de la iniciativa de lavado de dinero que envió el Ejecutivo, el priísta manifestó: queremos que no se politice ni se judicialice, ni que se le dé el sentido que es muy claro, que ya está habiendo de parte del gobierno federal rumbo al 2012. Requiere una revisión a detalle.

Por otra parte, el perredista Silvano Aureoles manifestó que la estrategia del combate al crimen organizado ha sido rebasada por las bandas delincuenciales y las masacres ocurridas en Tijuana, Baja California, y Nayarit; son acciones de exterminio, matanzas colectivas, porque no son ni enfrentamientos ni ajustes de cuentas, sino crímenes contra ciudadanos indefensos desarmados a los que asesinan como si no hubiera autoridad o como si viviéramos en un estado de ingobernabilidad.

El PT, en contra de militarizar más al país; "lo que se requiere es reconstruir el tejido social"

Los recursos, para que el Ejército establezca 18 nuevos batallones e instale más retenes

Autorizan comisiones legislativas dar $15 mil millones extras a la Sedena

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 2 de noviembre de 2010, p. 9

Las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto de la Cámara de Diputados acordaron autorizar 15 mil millones de pesos adicionales a los 50 mil millones que propuso el presidente Felipe Calderón para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que el gasto militar para 2011 sería de 65 mil millones.

Esos recursos adicionales le permitirían al Ejército Mexicano establecer 18 nuevos batallones y contratar 11 mil soldados para destinarlos a tareas de combate al narcotráfico, así como para instaurar seis puestos de control, esto es, el mismo número de retenes fijos.

Al explicar los detalles del acuerdo, el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), integrante de la Comisión de Defensa, refirió que para 2010 la Cámara autorizó a la Sedena un presupuesto de 43 mil millones de pesos. Calderón, dijo, inició su mandato con una partida de 26 mil millones de pesos.

Es decir, explicó, de votarse en el pleno camaral los aumentos que proponen Calderón y ambas comisiones, el presupuesto de la Sedena casi se habrá triplicado, mientras otros rubros prioritarios, como salud, educación, ciencia y tecnología, así como el campo, sufrirán un recorte para el próximo año.

Ibarra, quien votó en contra del incremento, expresó que el PT no está de acuerdo en militarizar aún más al país, cuando lo que se requiere es la reconstrucción del tejido social y dar oportunidades de educación y empleo a los jóvenes.

Refirió que para 2011 se prevé una disminución de 14 mil millones de pesos al campo. Eso es un crimen, cuando miles de mexicanos siguen huyendo del país. Y la opción es la apuesta por un Estado policiaco, en el que los recursos de las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad Pública federal, así como de la Procuraduría General de la República, suman más de 100 mil millones, afirmó.

Recursos insuficientes

En contraste, al comentar el acuerdo, el presidente de la Comisión de Defensa, Ardelio Vargas (PRI), afirmó que la propuesta del Ejecutivo de asignar 50 mil millones a las fuerzas armadas no es suficiente para cumplir adecuadamente las tareas encomendadas al Ejército.

Por ello, dijo, el incremento de 15 mil millones está plenamente justificado, porque se enfocará a la seguridad.

Vargas Fosado explicó que con los 18 nuevos batallones se realizarán tareas propias del Ejército Mexicano marcadas en la Constitución, pero particularmente en materia de apoyo a la población en casos de desastre y para contener a las bandas del crimen organizado en todo el país.

El priísta explicó que los batallones se instalarán en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora, Durango y Sinaloa. Asimismo, se prevé reforzar al presencia en Michoacán, Veracruz, Guerrero, estado de México y Morelos.

En la Comisión de Defensa Nacional hicimos una proyección y determinamos que ante la actual situación, la posición estratégica de estos batallones permitirá avanzar en la contención de los grupos criminales. Para nosotros es preocupante que las corporaciones locales no concluyan su proceso de recomposición o de actualización para hacer frente al crimen organizado, declaró el legislador.

Ahora la violencia viene del gobierno y de la delincuencia, señalan ONG

Calderón sigue criminalizando la protesta, dice Édgar Cortez

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 6

El ataque sufrido el viernes por estudiantes de Ciudad Juárez a manos de la Policía Federal, mientras realizaban una marcha pacífica, demuestra la tendencia del actual gobierno a criminalizar la protesta social y pone a los jóvenes entre los fuegos del crimen organizado y el de las autoridades, lamentaron defensores de derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló en entrevista con La Jornada que los disparos realizados por los agentes, que dejaron un herido grave, son muestra de cómo las manifestaciones de descontento social son criminalizadas por las autoridades.

En vez de reconocer el derecho a disentir como una forma de la democracia, el gobierno de Felipe Calderón lo ve como una amenaza o un intento de subversión, y en esa medida trata a los ciudadanos como delincuentes, en vez de enfocar sus energías contra los verdaderos criminales.

Tenemos un Estado que usa la violencia con mucha facilidad, y lo que en esta ocasión lo hace un símbolo de mayor alerta es que ahora esta violencia es múltiple: viene del gobierno y también de la delincuencia, advirtió.

En la escalada de agresiones ocurridas en los últimos días –afirmó– es probable que influya la lógica que Calderón mismo ha dado al tema de la inseguridad, al calificarlo como una guerra, porque en todo enfrentamiento armado quienes sufren las peores consecuencias son los civiles.

Este ya es un escenario de abierta confrontación, y si el gobierno federal sigue empecinado en una política que no ha dado resultados, las cosas no van a cambiar, lamentó.

Por su parte, Andrés Díaz, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró inaudito que una marcha pacífica de estudiantes sea baleada, tomando en cuenta el clima de violencia que de por sí ya se vive en Ciudad Juárez y el resto del país.

Es urgente –dijo– que el gobierno investigue a profundidad la agresión de los policías y, sobre todo, que modifique su estrategia de seguridad para que los civiles, quienes son vistos como simples daños colaterales, dejen de pagar las consecuencias de una guerra que nunca pidieron.