27 dic 2010

Según testigo, hombres armados se llevaron como a 150; son ocho: autoridades estatales

Confirma Procuraduría de Justicia de Oaxaca otro plagio de migrantes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia investigación y envía a visitadores


Víctor Ballinas y Octavio Vélez
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 5

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación por un nuevo secuestro de migrantes ocurrido entre la noche del pasado martes, en los límites entre Veracruz y Oaxaca. El plagio lo confirmó la Procuraduría General de Justicia de esta última entidad, y señaló que son ochos las víctimas.

El caso se conoció tras una denuncia pública que hizo el sacerdote Heyman Vásquez, director del albergue Hogar de la Misericordia, ubicado en Arriaga, Chiapas, por lo que la CNDH intervino de oficio y envió visitadores a esa entidad. Ya se entrevistaron con el religioso y con uno de los testigos de los hechos denunciados.

La comisión informó además que hizo del conocimiento de este nuevo caso de presunto secuestro al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Gobernación.

Destacó que los representantes de este organismo asesoran e informan sobre sus derechos humanos a los centroamericanos, y verificarán que las autoridades cumplan su obligación de apoyarles y hacerlo con apego a la ley.

En entrevista telefónica, el sacerdote Heyman Vásquez dijo a este diario: “El pasado jueves 23 de este mes un migrante llegó al albergue entre las 20:30 y 21 horas, y me narró que tomó el tren la noche del día 21, y horas después, saliendo de Ixtepec, Oaxaca, como a media hora de distancia, se subieron al vagón en que iba cuatro hombres armados.

“Él agregó que ya iba despacio el tren, en el tramo Ixtepec-Matías Romero, Oaxaca, pues se dirigía a Medias Aguas, Veracruz, y la orden fue: ‘bajénse’. El testigo dijo que no los robaron ni los revisaron, sólo les ordenaron bajarse”.

Testigo de los hechos, el migrante que logró escapar dijo: “yo me tiré a unos matorrales, y me escondí. Oí gritos de mujeres. Corrí cuando el tren ya no se veía y regresé a Ixtepec. Ahí me quedé unas horas, y me vine al albergue –de Arriaga–, donde llegué el jueves 23”.

El sábado 25 de diciembre, señaló el religioso, “nos enteramos de que el salvadoreño Tomás Fermán Villatoro fue asesinado. Su sobrino Rolando habló por teléfono al albergue y nos contó que su tío fue ejecutado y que él estaba escondido. Tomás y él estuvieron aquí en el albergue, los tenemos registrados. Les tomamos fotografías, y esas fueron las que le mostramos al testigo del secuestro, y nos dijo, ellos viajaban conmigo en ese tren. Llevaban la misma ropa de la foto, pero se los llevaron”.

–¿Usted denunció el secuestro de 150 migrantes?

–No me consta. Mario, el testigo dice que en el tren viajaban como 150. Pero con lo que nos contó Rolando, el sobrino del salvadoreño muerto, podemos imaginar que se llevaron a muchos. El número no lo sabemos.

Añadió que “ya personal de la CNDH habló conmigo, y con el testigo. Aquí estaba, pero pedimos que le dieran protección, pues temí que vinieran por él. Ya se lo llevaron a Tapachula, lo tienen resguardado las autoridades federales, y la CNDH ya habló con él. Incluso personal del consulado de El Salvador ya fue a entrevistarse con él.

El sacerdote añadió: Aquí tenemos ahorita a otro migrante guatemalteco que fue secuestrado el día primero de diciembre. Le pidieron mil dólares y él habló con su esposa, les dio el teléfono a sus secuestradores y negociaron con ella; el pago quedó en 800 dólares. Lo liberaron después de cuatro días de cautiverio, estuvo escondido unos días, y tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar.

Este migrante secuestrado y liberado previo pago dijo a Heyman Vásquez: Íbamos como 40 en ese tren. Se subieron entre cinco y nueve personas armadas y nos llevaron a varios. Nos metieron a unos vagones que están estacionados a las orillas de Medias Aguas. Eramos 12 personas en cada vagón. Ahí nos tuvieron un día, y luego nos llevaron a la montaña. Allá tienen a más secuestrados.

La versión oficial

La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca confirmó oficialmente el secuestro de ocho migrantes centroamericanos, que se desplazaban en un tren procedente de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, el martes pasado.

El subprocurador regional de Justicia, Gustavo Francisco García Bautista, dijo que los hechos se pudieron corroborar con la denuncia penal presentada por el salvadoreño Rolando Antonio Fermán, por el homicidio de su tío Tomás Fermán Villatoro, cometido por cuatro de los plagiarios.

Explicó que el salvadoreño, junto con su connacional José Ramón Ramírez Dubán y el hondureño Hernán Sigfredo Martínez Rodríguez, denunciaron haber sido privados de la libertad el pasado martes 21, cuando el tren se detuvo en Ciudad Ixtepec.

Los secuestradores, quienes les pidieron los números telefónicos de sus familiares para solicitar dinero a cambio de su libertad, los llevaron a un lugar conocido como El Cementerio, cercano a Ciudad Ixtepec, donde los tuvieron privados de su libertad y fueron custodiados por cuatro sujetos más, señaló.

Según García Bautista, los delincuentes trasladaron a seis indocumentados más a un camión un día después, y se llevaron a los ocho con rumbo a Matías Romero, aunque posteriormente caminaron por el monte para evitar un retén militar, y en el trayecto privaron de la vida a Tomás Fermán Villatoro, con un disparo.

Explicó que tras las indagatorias en Ciudad Ixtepec, se detuvo a Juan Carlos Castillejos Morales, El Carrito, originario de Arriaga, Chiapas, y a José Ramón Núñez Flores, El Pelón, de nacionalidad hondureña. La policía busca a un nicaragüense, conocido como El Nica, quien fue señalado de cometer el crimen, y a uno más apodado El Gordo.

El cadáver de Fermán Villatoro fue encontrado en el paraje Aprovechamiento de Paso Real, municipio de San Juan Guichicovi.

Cobra relevancia el Consejo Consultivo de la CNDH, al poder indagar abusos graves

Polémica por cambio en San Lázaro a la reforma en derechos humanos del Senado

La intervención de diputados ha enriquecido la minuta, opina Pedro Joaquín Coldwell

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 6

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, una de las más relevantes en la historia del país, está de regreso en el Senado y la intención es que se apruebe en cuanto comience el periodo de sesiones de febrero, aunque uno de los cambios que se hicieron a la legislación en la Cámara de Diputados ha causado controversia.

Se trata de la modificación que da mayor poder al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hasta ahora había sido un órgano sólo de consulta.

La reforma estuvo detenida ocho meses en San Lázaro, fundamentalmente por la oposición a que pase a la CNDH la facultad que tiene ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones graves de garantías fundamentales. Casi al final periodo que concluyó el 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados finalmente aprobó esa minuta, pero condicionó la nueva potestad de la CNDH.

Ésta podrá investigar violaciones graves de derechos humanos, pero tendrá que ser autorizada por su consejo consultivo. Por ello el nombramiento de los consejeros adquiere mayor relevancia, comentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell.

Liga con la ultraderecha

Se le hizo notar que en el Senado está detenido en ese órgano legislativo el nombramiento de dos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, porque el Partido Acción Nacional pretende imponer a José Antonio Ortega Sánchez, a quien se vincula con organizaciones de corte ultraderechista.

Es importante que el Senado cuide los nombramientos y también que las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de derechos humanos, estén muy pendientes del proceso, respondió.

Hizo notar que la reforma constitucional obliga a que se emita otra Ley Orgánica de la CNDH, en la que se deberá precisar el procedimiento por el que el Consejo Consultivo deberá autorizar las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos.

Los diputados argumentaron que en la Suprema Corte ésta era una facultad colegiada y que al pasar a la CNDH no podría ser decisión de una sola persona, sino que también tendría que ser colegiada. Indicaron que, por mayoría calificada, el Consejo Consultivo de la comisión deberá autorizar el inicio de una investigación referida a un hecho grave de violación de derechos humanos y participar además en la misma.

El legislador priísta comentó que este cambio puede ser modificado en el Senado, aunque entonces la reforma tendría que regresar otra vez a la Cámara de Diputados. Es algo, dijo, que los senadores deberán valorar, ya que retrasaría el proceso del Constituyente Permanente.

Además, resaltó, otros cambios que plantearon los diputados enriquecen la minuta. “A mi juicio, el más significativo es que en el artículo primero introdujeron el principio pro homine para la interpretación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Ya en sí la minuta que les enviamos constituye una ampliación considerable de los derechos fundamentales de los mexicanos, y con la introducción de este principio se hace mucho más amplio este sentido garantista.”

Otro avance radica en el sentido de prohibir la discriminación por motivos sexuales. Y en el caso del artículo 29 vuelven a establecer algo que habíamos eliminado: que la Comisión Permanente puede declarar suspensión de garantías cuando el Congreso no está en periodo de sesiones.

Por todo ello, en el Senado, muy probablemente lo que va a prevalecer es darle ya salida a esta reforma y mandarla en febrero a los congresos de los estados, porque aporta mucho.

Es, detalló, una reforma extraordinaria, que amplía los derechos de los mexicanos a los tratados internacionales; establece un piso de garantías que no podrán ser tocadas ni restringidas en ningún caso, aun cuando se declarara un estado de emergencia; modifica artículos que han sido intocables y hasta míticos en la Constitución, como el 33 para conceder a los extranjeros el derecho de ser escuchados antes de su expulsión.

Asimismo –insistió– se le conceden facultades relevantes a la CNDH, incluso potestades que la Corte no le había reconocido, como poder impugnar leyes e interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales. Se le da competencia para conocer violaciones en materia laboral, campo donde hay muchísimas violaciones.

“Otra virtud de la reforma es que da dientes a la CNDH, para mayor eficacia en sus investigaciones y también para que se cumplan sus recomendaciones. Ninguna autoridad le podrá ahora negar información que requiera, tendrá incluso acceso a información reservada.

Es la gran reforma de la última década, la más garantista junto con la reciente en materia de amparo, concluyó.

Presentan recurso de inconformidad ante la procuraduría del DF

deudos de Digna Ochoa tratan de evitar que la pesquisa sea archivada
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 6

La familia Ochoa y Plácido, y su actual abogado, David Peña, presentaron un recurso de inconformidad ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para impedir que la investigación por la muerte de la abogada Digna Ochoa se archive.

Un fiscal designado por el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, analizará esta nueva petición de la familia de la defensora de los derechos humanos, aunque en este tipo de casos lo más común es que el dictamen de primera instancia se ratifica después de una serie de revisiones burocráticas.

El mes pasado, el procurador Mancera informó que un equipo de fiscales y peritos a su cargo ratificaron, después de estudiar una serie de dictámenes en medicina y química forense, que Digna Ochoa se suicidó.

El pasado 8 de diciembre, durante una conferencia de prensa, Jesús Ochoa, hermano de Digna, y el abogado Peña informaron que en enero de 2011 acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que admita el estudio sobre las supuestas violaciones procesales en la indagatoria abierta para investigar la muerte de la activista.

Peña aseveró que la PGJDF resolvió la investigación del caso Digna conforme a criterios burocráticos [para proteger a los ex funcionaros de la procuraduría que en 2003 concluyeron que la activista se suicidó] y de protección a los grupos políticos a los que pertenecen Mancera y Marcelo Ebrard (jefe del Gobierno del Distrito Federal), pero no conforme a sus obligaciones constitucionales.

Ochoa y Peña advirtieron que si después de revisar el recurso de inconformidad, la PGJDF insiste en su teoría del suicidio, el siguiente paso será presentar una demanda civil por responsabilidad patrimonial contra el Gobierno del Distrito Federal, particularmente de Mancera.

En noviembre pasado, en un dictamen de 3 mil 156 cuartillas, la PGJDF concluyó que Digna Ochoa era una mujer conflictiva, con tendencias esquizoides y otros trastornos de personalidad, los cuales la llevaron al suicidio.

Cada mes cierran 900 empresas y los derechos laborales son fácilmente violados, agrega

Un fracaso, los planes del gobierno para incentivar el empleo, alerta el Cereal
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 9

Los programas para incentivar el empleo creados por el gobierno de Felipe Calderón han resultado un fracaso, señaló el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en un informe, y apuntó que este año el desempleo ha alcanzado un crecimiento exponencial. La economía informal se ha incrementado, los derechos de los trabajadores se han visto violentados y crece la frustración de múltiples sectores de la población por no poder conseguir un empleo.

Para esta organización, los más de 3.5 millones de desempleados que hay en el país representan el peor balance que se tiene desde que inició el actual régimen, además de que ha ocurrido un promedio de 900 cierres mensuales de empresas y una constante caída real del poder de compra.

Indicó que casi 65 por ciento del total de la población económicamente activa no tiene acceso a la seguridad social, hay falta de respeto a las huelgas y ha habido una andanada contra los más elementales derechos de laborales.

Los programas de asistencia y creación de empleo del país han resultado un fracaso, los esquemas para promocionar la creación de trabajo sólo han sido parciales, los planes para ubicar en un trabajo a los solicitantes únicamente han logrado dar empleo a una tercera parte de quienes los demandan, mientras el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo se quedó corto, pues no propició la generación de trabajos, según planteó este centro.

Rechaza visitador juicio político contra magistrados que liberaron a homicida

El asesinato de Marisela Escobedo generó una admirable reacción de indignación: ONG


Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 8

Ciudad Juárez, Chih., 26 de diciembre. El segundo visitador a cargo de la mesa de quejas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson, rechazó el juicio político que se pretende instruir a los tres jueces que liberaron al homicida confeso de la adolescente Rubí Marisol Frayre, cuya madre –Marisela Escobedo– fue asesinada el 16 de diciembre ante el palacio de gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia.

El reclamo reside en la actuación ineficaz de la procuración de justicia y de los encargados de resguardar el área del palacio estatal y la presidencia municipal de Chihuahua, por las omisiones cometidas el día de los hechos, dijo De la Rosa Hickerson.

El pronunciamiento del segundo visitador ocurrió después de que el pasado miércoles el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, pidió al Congreso del estado iniciar el procedimiento contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Jesús Manuel Medina Parra, y de la respuesta que ofreció un día después Fernando Mendoza Ruiz, presidente de la Diputación Permanente, quien dijo que el juicio político se efectuaría en un periodo extraordinario de sesiones.

El jurado encabezado por Ochoa Contreras absolvió el 30 de abril pasado a Sergio Rafael Barraza Bocanegra por considerar que su confesión autoinculpatoria del asesinato de su esposa adolescente y el sitio donde la enterró en agosto de 2008, así como los otros testimonios vertidos en el juicio oral en su contra, daban lugar a una duda razonable.

El confeso homicida estuvo un año en prisión preventiva, pero fue liberado tras el fallo y, aunque tres semanas después un tribunal de casación de tres magistrados encontró irregularidades y dispuso iniciar otro juicio, nunca se le reaprehendió, pese a que la madre de la víctima lo responsabilizó de amenazas de muerte en su contra.

El artero asesinato de Marisela Escobedo Ortiz generó una admirable reacción ciudadana de indignación, toma de conciencia y solidaridad que se convierte en movimiento social, dijeron este domingo organizaciones.

La Red Mesa de Mujeres; el Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna, Mujeres por México; el Frente Democrático Campesino; el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; el Grupo Feminista 8 de marzo; El Barzón, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos también advirtieron sobre el retiro de las veladoras colocadas por gente indignada alrededor del palacio de gobierno en memoria de Marisela Escobedo.

Se trata de una actitud represiva contra una expresión ciudadana pacífica que a nadie hacía daño, pero lo peor –alertaron– es que en algunos medios de prensa ya inició una campaña contra Lucha Castro y Gabino Gómez, abogada de Marisela Escobedo y luchador social que la apoyaron en todo momento, a fin de desprestigiar una causa que genera gran solidaridad no sólo en Chihuahua sino en el país y el mundo.

Aumentó a 28% el número de familias que tuvieron dificultades para llevarlos al médico

Los menores, el sector más golpeado durante la reciente crisis económica

A muchos padres les ha sido imposible garantizar el derecho a la educación: reporte de Unicef

Karina Avilés
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 12

Antes de la crisis económica gran parte de los niños y adolescentes ya vivía en condiciones de mayor pobreza en comparación con la población adulta, pero con los desequilibrios financieros los efectos negativos se dispararon.

El porcentaje de familias que tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al médico creció de 19 a 28 por ciento; aumentó de 20 a 27 por ciento el de las que tuvieron problemas para enviar a sus hijos a la escuela, y pasó de 27 a 44 por ciento el de aquellas que enfrentaron dificultades para comprar artículos escolares, libros y uniformes.

El estudio La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México advierte además que previo a a crisis económica, 44.2 por ciento de la población mexicana, es decir, 42.7 millones, enfrentaba una situación de pobreza multidimensional. Entre los niños la cifra ascendía a 53.3 por ciento, esto es, casi 21 millones de menores en esas condiciones.

Mientras entre la población de recién nacidos a 17 años la pobreza multidimensional extrema llegó a 13.1 por ciento, lo que significa 5.1 millones de niños y jóvenes, el indicador para la población en general era de 10.5 por ciento.

Elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el informe alerta que uno de los efectos de la crisis fue el de una mayor exposición de los infantes a la violencia doméstica, puesto que en 2009 el 8 por ciento de la población mencionó haber regañado o pegado a alguno de sus hijos, mientras el año anterior 5 por ciento de los hogares dijo haberlo hecho.

Destaca que con la debacle económica, en uno de cada dos hogares los ciudadanos dijeron haber tenido dificultades para comprar ropa y calzado a los niños, mientras que en 2008 la cifra era de 35 por ciento.

Por estratos socioeconómicos, la población más afectada es la de menores recursos, al aumentar de 30 a 41 por ciento el porcentaje de familias que tuvieron dificultad para enviar a los niños a la escuela. En contraste, en un sector más favorecido ese porcentaje creció sólo tres puntos, de 13 por ciento en 2008 a 16 por ciento en 2009.

De igual forma, el número de hogares que reportó problemas para llevar a los niños al médico o comprarles medicinas creció de 35 por ciento en 2008, a 47 por ciento en 2009, en el caso de las familias más pobres. En el de un estrato social más alto aumentó de 12 a 19 por ciento.

“En todos los casos, la población del estrato socioeconómico bajo es la que enfrenta las mayores dificultades para satisfacer las necesidades esenciales de las niñas y los niños, por lo que se sugiere explorar los mecanismos institucionales tendientes a aminorar la vulnerabilidad de este segmento de la población.

Las mayores dificultades para poder efectuar los gastos cotidianos podrían verse reflejadas en la imposibilidad de asegurar el derecho a la educación y a la salud de las niñas y de los niños”, alerta.

Incluso, para enfrentar la falta de recursos por la crisis, en 7 por ciento de las familias los entrevistados dijeron que colocaron en el trabajo a alguno de sus hijos, ya sea niños o adolescentes. En 66 por ciento de los hogares se afirmó que se ha tenido que comprar menos comida o buscar alimentos más baratos.

Por lo anterior, el Unicef y el Coneval establecen que existe la posibilidad latente de que los niños y las niñas abandonen la escuela ante la crisis; se vean obligados a incursionar en el mercado laboral; disminuyan la cantidad y calidad de alimentos que consumen; restrinjan su acceso a los servicios de salud, o que sean víctimas de violencia, lo cual pone en evidencia la urgencia de actuar mediante el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la infancia y la adolescencia.

Al sector minero le esperan más demandas y contrademandas

Gómez Urrutia alista querellas contra el disidente Carlos Pavón


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 10

La maraña legal del conflicto minero está muy lejos de revolverse. Para el 2011 se esperan más demandas y contrademandas en este sector: entre otras razones porque hay ocho órdenes de aprehensión contra dirigentes de Cananea y se está esperando la suspensión definitiva de la huelga; además de que sigue el proceso legal de la mina El Cubo, donde se intentó despedir a 400 trabajadores por reclamar el pago de utilidades.

Además, el sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia presentará dos denuncias más contra Carlos Pavón; la primera, por falsificación de documento, y la segunda porque supuestamente se quedó con 5 millones de pesos de una fianza.

Abogados del sindicato señalaron que Carlos Pavón, quien fue el brazo derecho de Gómez Urrutia y ahora creó un sindicato para quitarle una decena de secciones gremiales y contratos colectivos, fue detenido en Coahuila y liberado posteriormente, ya que integrantes de Michoacán pagaron una fianza en efectivo por 5 millones 600 mil pesos; sin embargo, a su liberación, él cobró la fianza y se quedó con el dinero, por lo que hay una averiguación previa por esta situación.

De igual manera, se presentará otra demanda, ya que Pavón difundió un escrito en el que supuestamente Gómez Urrutia pide dinero para sus gastos en Canadá, el cual fue falsificado.

Las firmas fueron falsificadas: la última hoja fue sacada de otro documento; peritos ya corroboraron esto y se van a presentar denuncias penales contra Carlos Pavón, Juan Luis Zúñiga y otros. Esta acta la inventaron, y adhirieron una normal de las firmas, lo cual fue ensamblado y por esta razón se va a presentar una demanda más, informaron los abogados.

Señalaron que en 2011 continuará con la defensa legal de Juan Linares Montúfar, quien ya lleva dos años preso sin derecho a fianza en el reclusorio norte. Hicieron ver que los enemigos del sindicato han agotado todo el repertorio de denuncias y demandas que se les pudo haber ocurrido, y poco a poco se han desechado todas. No ha prosperado ninguna de ellas.

Además, continúan los procesos por las pugna de las 10 secciones y fracciones que le reclamó Pavón al sindicato de Gómez Urrutia. En este momento están en suspensiones provisionales en demandas de anulación de los recuentos de fracciones y secciones. Y es que a decir de la organización, los recuentos de estas 10 fracciones se avisaron con 24 horas de anticipación. Se han promovido amparos en juzgados de distrito en materia de trabajo y les concedieron suspensiones provisionales y se esperan las definitivas.

A la par de esto, la estrategia en Cananea es continuar con la demanda de amparo, aun cuando la empresa señaló que se negó un amparo, lo que es falso; sin embargo, continúan los amparos que se actualmente están llevando a cabo en materia de terminación de la huelga.

México ocupa el segundo sitio en índice de estrés laboral


Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 9

México ocupa el segundo lugar en estrés laboral a escala mundial (el primero es China), pues se calcula que entre 30 y 40 por ciento de la población sufre el padecimiento, informó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Alfredo Whaley Sánchez, médico adscrito al Instituto Nacional de Siquiatría, explicó que el estrés es una reacción que se da ante un estímulo y que trata de componer el equilibrio fisiológico de los seres humanos ante un peligro real o inminente.

Factores económicos, ambientales, sociales (violencia, delincuencia, tránsito), problemas de pareja o familiares, y en general la vida moderna de las grandes ciudades incrementan esta condición de respuesta a la que todos los seres humanos estamos sujetos y, de no controlarse, puede provocar trastornos de ansiedad y depresivos.

La dependencia apuntó que esta situación se puede presentar tanto en niños como en personas mayores.

En los menores se caracteriza por cuadros de ansiedad o angustia, pérdida de habilidades que habían ganado, conductas regresivas, problemas para comer, dormir o controlar esfínteres.

En los mayores se manifiesta en pérdida de apetito, sueño, aislamiento, afectación en las relaciones interpersonales, cansancio y dolor de cabeza crónico; así como molestias gástricas y digestivas.

De acuerdo con el especialista del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, las principales consecuencias del estrés son los trastornos siquiátricos, como ansiedad, depresión, consumo de sustancias como alcohol o mariguana, hipertensión, diabetes, obesidad y problemas de índole cardiaco.

El médico aseguró que el tratamiento es preventivo y se recomienda dedicar tiempo al relajamiento, la meditación o realizar actividades físicas.

En caso de que se trate de estrés agudo, se recurre a medicamentos derivados de antidepresivos, sostuvo.

PRI: Calderón debe evitar candidatos con ideología panista para ministro de la Corte

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 13

La fracción del PRI en la Cámara de Senadores formuló un llamado al presidente Felipe Calderón para que no aplique un criterio partidista en la conformación de la segunda terna de candidatos que enviará al Congreso para que se ocupe la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ojalá que Calderón no repita el numerito y proponga candidatos a ministro que sean juristas con experiencia, imparcialidad y apartidismo. De lo contrario, estamos en riesgo de una confrontación fuerte entre el Senado y el Ejecutivo federal, que sería sano evitar, advirtió el priísta Pedro Joaquín Coldwell.

Después de que el pasado día 14, en el cierre del periodo legislativo, se rechazó la primera terna porque el PAN se negó a respaldar a la candidata que obtuvo la mayor votación –quedó a ocho sufragios de la mayoría calificada requerida– la bancada priísta exigió al presidente Calderón que consulte con su partido para evitar escenarios similares.

Los panistas mantuvieron su apoyo a la magistrada Elvia Díaz de León Dherz, que sólo obtuvo los votos de la bancada del blanquiazul y hay versiones de que podría ser incluida en la segunda propuesta.

Coldwell llamó a Calderón a no convertir ese asunto en una querella de partido, ya que obligará a la mayoría opositora en el Senado a rechazar la segunda terna, “lo cual nos llevaría al indeseable escenario de que el Presidente designe directamente al ministro que ocupará el lugar del fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado destacó que la Carta Magna establece que en caso de rechazo a la primera propuesta el titular del Ejecutivo debe enviar una nueva terna, y aunque hubo ya un precedente en otras legislaturas de repetir a uno de los candidatos, si esto ocurre llevaría a un problema muy serio de interpretación de la ley suprema e incluso a que esta cámara del Congreso presente una controversia ante la propia Corte.

Los priístas apelaremos al sentido de responsabilidad del Presidente para que en la nueva propuesta aplique el espíritu de la Constitución.

La nueva terna, agregó, debe estar integrada por juristas que reúnan cuatro requisitos muy importantes: imparcialidad, apartidismo, independencia y sólida formación jurídica. Hay suficientes juristas dentro del Poder Judicial y en el campo de la academia o del litigio que pueden cumplir con ello”.

–¿Hay el riesgo de que Calderón insista en imponer como ministro a alguien afín al PAN?

–Sí, por eso el llamado al titular del Ejecutivo a no convertir la elección del ministro faltante en una querella de partido. Sólo le pedimos que se apegue a las reglas no escritas que hay en la integración de la Corte.

–¿El senador perredista Pablo Gómez planteó la posibilidad de que el Senado acuda a la controversia constitucional. Es viable?

–Sí. Puede darse el caso de una controversia respecto de la interpretación de una nueva terna. ¿Qué es una nueva terna? ¿Con que se incluya un candidato que no apareció en la primera es suficiente o los tres deben ser otros?

No debe perderse de vista, recalcó, que desde hace más de tres meses la Corte trabaja sólo con 10 de sus 11 integrantes, ya que no ha podido elegirse al sucesor de Gudiño Pelayo, quien falleció el 19 de septiembre pasado. Y la responsabilidad es del gobierno y su partido, ya que la terna llegó muy tarde y el PAN la rechazó.

26 dic 2010

Delinquen "desde el Presidente de la República hasta soldados rasos", denuncia la Afadem

Impunes, crímenes de Estado pese a sentencias de la CIDH, acusan

Hace falta un movimiento social amplio que obligue al gobierno a frenar abusos, aseveran


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 26 de diciembre de 2010, p. 5

A pesar de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por casos de abusos, el gobierno no ha dado muestra de acatarlas, debido en gran parte a la tradición de impunidad que aún domina en el país, la cual sólo podrá ser superada mediante la presión de la sociedad, señalaron defensores de esos derechos.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que a pesar de todos los casos en que se ha comprobado responsabilidad estatal en la comisión de delitos de lesa humanidad, los ciudadanos siguen a merced de la violencia.

El primer caso fue el de Campo Algodonero; luego el de Rosendo Radilla, después el de Inés Fernández y Valentina Rosendo y ahora el de los campesinos ecologistas. Es una muestra muy clara de que en el país no hay acceso a la justicia. Las personas seguimos en la indefensión por el manto de impunidad que hay sobre los crímenes de Estado, deploró.

Hay gran cantidad de personajes y grupos que delinquen al amparo del poder, desde el Presidente de la República hasta los soldados rasos, y ninguno ha sido llevado a juicio, lo cual demuestra las fallas ancestrales del aparato mexicano de justicia. Todo el país está inmerso dentro de esta cadena de impunidad.

No obstante, acotó, los fallos de la CIDH sí han servido para darnos cuenta de la urgencia de que la sociedad se organice y exija el respeto a los derechos humanos.

“Hace mucha falta un movimiento social amplio, que, por fortuna o por desgracia, el gobierno está provocando cada día más. Los más de 30 mil muertos de la ‘guerra’ contra el narco, el hambre, la falta de empleo y todas las demandas de la gente se van multiplicando, y en algún momento van a generar una respuesta.”

Un ejemplo de la falta de compromiso del gobierno mexicano con la defensa de los derechos humanos, agregó, es que el pasado jueves entró en vigor la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, promovida por Naciones Unidas, y aunque el país la firmó y ratificó, no ha aceptado a su comité de seguimiento.

Tal gesto, en los hechos, inhabilita la aplicación del tratado en territorio mexicano, ya que al no tener el reconocimiento legal de las autoridades nacionales, los relatores encargados de verificar que se cumpla la convención no tienen capacidad de interlocución.

A manera de balance, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, afirmó que los dos rasgos que caracterizaron 2010 fueron de nuevo la violencia y la impunidad, a pesar de que el gobierno mexicano firmó y ratificó diversos tratados de respeto a las garantías individuales.

México se ha abierto al escrutinio internacional, y hacia el exterior tiene una imagen muy activa, pero al interior hemos visto la deteriorada realidad que vivimos en materia de derechos humanos y la poca disposición para cumplir las sentencias y recomendaciones que se le han hecho.

Si un resultado positivo han dejado los pronunciamientos de la CIDH, consideró, es el de visibilizar la falta de compromiso del gobierno. Para nosotros ha sido un logro que estas instancias nos concedan la razón sobre dichos temas, abundó.

Por otra parte, ambos defensores analizaron la posibilidad de que, a corto o mediano plazo, se presenten nuevas sentencias y recomendaciones contra el Estado mexicano por su falta de respeto a los derechos humanos y la ineficacia de los órganos encargados de procurar justicia a los ciudadanos.

Uno de dichos casos, adelantaron, es el de la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas, cometida el 22 de diciembre de 1997. Un paso determinante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo admitió a revisión, lo cual significa que hay posibles elementos para configurar delitos de lesa humanidad.

Indolencia oficial ante feminicidios y desapariciones forzadas, señalan

Con panistas, franco retroceso en materia de derechos humanos: ONG
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 26 de diciembre de 2010, p. 5

Los 10 años de gobiernos federales panistas han significado para México un retroceso en materia de derechos humanos, no sólo por los más de 30 mil muertos en la guerra contra el narcotráfico, sino también por la indolencia oficial en temas como los feminicidios y las desapariciones forzadas, además de la falta de investigación de los crímenes del pasado, coincidieron defensores de esos derechos.

Destacaron que la estrategia de las autoridades ha consistido más en aparentar hacia el exterior que el tema les preocupa que en instrumentar políticas efectivas para respetar verdaderamente las garantías de los ciudadanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló que Vicente Fox se encontró al llegar a la Presidencia con múltiples cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales en este terreno, como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El mandatario panista ofreció algunos signos de distensión y reconoció que había serios problemas, pero a partir de 2004 el tema dejó de estar en primer plano y empezaron acciones de corte represivo del foxismo, como las ocurridas en Oaxaca, San Salvador Atenco (estado de México) y Lázaro Cárdenas (Michoacán).

Dada su estrategia de confrontación directa con la delincuencia organizada, con Felipe Calderón los derechos humanos han quedado fuera de la discusión. En su política de seguridad, basada en el uso de las fuerzas armadas, cree que los derechos humanos son un obstáculo que tiene que evitar. Es una década que empezamos con buenos augurios y terminamos con un franco retroceso, lamentó.

La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Agnieszka Raczynska, señaló que tomando como referencia la evaluación hecha en marzo de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que contempló los últimos 10 años en esta materia, los resultados no son esperanzadores.

“En la red hemos recalcado los nulos avances en el tema de los feminicidios, ya que a pesar de la creación de comisiones, institutos y leyes, el Estado no logra frenar las muertes (de mujeres), y lo que más nos preocupa es que ahora se han extendido a lo largo de todo el país”, advirtió.

Además de las agresiones contra mujeres, los gobiernos panistas han significado un retroceso en cuanto a las legislaciones antiabortistas en varios estados, la militarización de la seguridad pública –con los consecuentes abusos de soldados contra civiles–, las desapariciones forzadas y la no resolución de los crímenes de la guerra sucia, expresó.

Frente a ese panorama, debemos continuar documentando las violaciones a los derechos humanos. Tenemos la obligación con la sociedad de seguir aportando a la memoria y fortalecernos entre nosotros, además de generar propuestas y alternativas, aseveró.

Senadores: urge que se aclare secuestro masivo de indocumentados

Con Calderón, la época más cruel en la historia migratoria

Exigen reforzar la protección de paisanos que regresan de EU a México

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 26 de diciembre de 2010, p. 8

Senadores de los partidos Revolucinario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo (PT) apremiaron al gobierno federal a agilizar las investigaciones en torno al secuestro de al menos 40 migrantes centroamericanos y coincidieron en que en los 10 años anteriores se han disparado la violencia y las agresiones contra extranjeros y connacionales que cruzan el territorio con rumbo a Estados Unidos.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, el priísta Carlos Jiménez Macías y el perredista Máximo García Zalvidea expresaron, en entrevistas por separado, que el gobierno de Felipe Calderón debe responder por la violencia contra centroamericanos y construir una política migratoria para la frontera sur, centrada en el respeto a la integridad y los derechos humanos, sin importar si los extranjeros que viajan hacia Estados Unidos no tienen documentos.

Monreal advirtió que además de ese secuestro masivo de centroamericanos en Oaxaca, está pendiente de resolver el caso de los 72 indocumentados ejecutados en Tamaulipas en agosto pasado, el cual sigue en la impunidad, a pesar del reclamo de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sostuvo que tanto la administración de Vicente Fox como la de Calderón han actuado de manera irresponsable y apática en materia migratoria.

Así, a la anterior comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, en lugar de fincarle responsabilidades por no tomar en cuenta la advertencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales sobre los nexos entre funcionarios de la institución a su cargo y el crimen organizado, se le premió con la secretaría general de Acción Nacional, señaló.

Monreal insistió en que se debe investigar la complicidad de las bandas de malhechores que secuestran, extorsionan y asesinan a migrantes centroamericanos con funcionarios de migración y de los tres niveles de gobierno.

El priísta Jiménez Macías, vicepresidente del Foro Parlamentario del México-Migrante –integrado por legisladores, iglesias y defensores de indocumentados–, dijo que el secuestro masivo de centroamericanos en Oaxaca y la ejecución de 72 en Tamaulipas exhibe al país internacionalmente con una doble moral, ya que por un lado exige a Estados Unidos respeto a los derechos de los mexicanos indocumentados, pero permite vejaciones, abusos y masacres de extranjeros que cruzan por el territorio nacional.

Con Calderón se vive la época más cruel y vergonzosa en la historia migratoria del país.

Los perredistas García Zalvidea y Rubén Velázquez demandaron además que la Secretaría de Gobernación refuerce las estrategias y acciones del Operativo Paisano de Invierno, con el fin de asegurar un trato digno, de protección y respeto de los derechos humanos de los mexicanos y extranjeros que ingresen, transiten o salgan del país en estas vacaciones de fin año.

Señalaron que de acuerdo con reportes oficiales, la afluencia de connacionales para esta temporada será mayor a la de 2009.

Por lo anterior, consideraron necesario crear mecanismos para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes y para erradicar los altos índices de extorsión, abuso, violencia y corrupción ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades mexicanas.

Los perredistas solicitaron asimismo que la CNDH continúe su participación activa en las estrategias y acciones que se realizan de manera permanente por medio del Programa Paisano.

Falta cumplir promesas a electricistas, acepta la SG


Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 26 de diciembre de 2010, p. 16

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez, aseveró que tras el reconocimiento a Martín Esparza como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un avance importante para resolver ese conflicto, aunque admitió que persiste un rezago amplio en cumplimiento de promesas para dar empleo a la mayoría de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que fueron liquidados.

Hoy el sindicato, guste o no a alguna de las partes, ya tiene su representación y puede continuar con su vida interna. Ya estamos claros: el SME en su pista y nosotros como gobierno con el compromiso con los ex trabajadores liquidados, señaló.

El funcionario dijo que lo importante es que hay mecanismos de diálogo abiertos y eficientes, entendido esto no como simple varita mágica, sino por el reconocimiento de nuestros interlocutores de que hay avance, pese a que en algunos casos pueda haber pequeños retrocesos o lapsos en suspenso.

Según el subsecretario, la toma de nota a Esparza y su grupo, y de manera paralela la negociación con Alejandro Muñoz (disidente) para la entrega de contratos, con base en los cuales se puedan generar alternativas laborales para los ex trabajadores, son pruebas de la eficiencia en el diálogo.

Aclaró que si bien hasta el momento sólo hay soluciones parciales, éstas son parte de un proceso que requiere paciencia.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, celebró que el proceso de elección de dirigentes en el SME se haya realizado con base en la legalidad interna de este gremio y respetando el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por tanto, dijo, “nosotros como autoridades administrativas tenemos la obligación de reconocer a esa nueva directiva (encabezada por Esparza).

“Siempre hemos pensado igual y siempre hemos exigido lo mismo. El cambio más bien vino de la parte del sindicato, porque hace un año, lejos de acatar el laudo de la junta, decidieron irse al amparo y a las movilizaciones. En julio, lejos de respetar los estatutos, se fueron a una asamblea a mano alzada y a las movilizaciones.

Ahora tenemos un proceso electoral cuidado por notarios y validado por la junta. Entonces, (en la STPS) no tardamos ni dos horas (para entregar la toma de nota), porque no había necesidad de cotejar nada. De tal manera que si algo celebro es que dentro de esa resistencia, dentro de esa lucha del SME, hayan optado por regresar al camino de la legalidad, expresó Lozano.

25 dic 2010

México: Asesinan a otro líder campesino en Oaxaca

El líder asesinado era miembro de la dirección nacional de Antorcha Campesina y responsable de negociar una solución a los conflicto de tierras entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.
Aporrea
El dirigente campesino Miguel Cruz, miembro de la dirección nacional de la organización Antorcha Campesina, fue asesinado a tiros en el estado de Oaxaca, sureste de México, informaron hoy representantes de ese grupo.

"Miguel Cruz fue encontrado la tarde de ayer en el kilómetro 55 de la carretera cercana al municipio de Tlaxiaco en Oaxaca con tres impactos de bala", explicó el portavoz de Antorcha Campesina, Miguel Ángel Casique.

Explicó que el líder asesinado era miembro de la dirección nacional de la organización y era el responsable en la región mixteca, una zona donde existen fuerte conflictos agrarios con los caciques de San Juan Mixtepec.

El dirigente asesinado era el responsable de negociar una solución a los conflicto de tierras entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama.

El portavoz indicó que no se tienen mayores datos sobre el crimen, aunque recordó que el dirigente había recibido constantes amenazas de muerte que habían sido denunciadas ante las autoridades del estado, las cuales hicieron caso omiso.

Recordó que con éste suman cuatro los homicidios que sufre la organización en este año, luego que en los últimos cuatro meses habían sido asesinados tres activistas campesinos.

El representante indicó que Antorcha Campesina es una organización que desde hace 37 años ha mantenido un trabajo de gestoría en defensa de los derechos de los trabajadores del campo y de los sectores más pobres en las ciudades.

Explicó que más tarde se darán a conocer más detalles del homicidio así como de las movilizaciones para exigir justicia por este crimen.

24 dic 2010

Este año, 20 mil plagios de indocumentados, calcula; el delito continúa en aumento

Testigos confirman el secuestro de 40 migrantes en Oaxaca: CNDH

Se disparan las denuncias por violaciones a los derechos de extranjeros en tránsito, apunta

Trece personas presentan denuncia ante la PGR sobre la agresión en esa entidad, afirma


Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 5

Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo a este diario: contamos con 18 testimonios de migrantes que denuncian el secuestro de alrededor de 40 migrantes en Oaxaca, ocurrido el 16 de diciembre pasado, a manos de un grupo de 10 personas que llevaban armas de fuego y machetes.

Destacó: este año se incrementaron 30 por ciento las quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos de los migrantes, en relación con 2009, que incluyen secuestro, extorsión, robo, amenazas, golpes e intimidación, entre otras.

Agregó que durante 2010 se estima que ocurrieron más de 20 mil secuestros de migrantes, 10 mil por semestre, y pese a que se emitió un informe especial en 2009, este delito, en lugar de disminuir, va al alza. Esta situación preocupa y ocupa al titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

En enero de 2011 esperamos presentar el nuevo informe sobre secuestro de migrantes, y se informará a la opinión pública si las autoridades han actuado en el tema.

Al detallar la investigación que realiza la CNDH sobre el caso ocurrido en Oaxaca, Batista expresó que los testimonios “son coincidentes en algunos puntos específicos; primero, en que aproximadamente entre las 20:30 y 21 horas del 16 de diciembre el tren se detuvo de manera brusca porque había troncos de árboles que le impedían el paso.

Que un grupo de aproximadamente 10 personas vestidas de negro, con armas de fuego y armas blancas, en específico, machetes, les ordenaron bajar del tren e hicieron disparos al aire.

Batista añadió que migrantes que lograron escapar refirieron dos hechos: “primero, que cuando viajaban en el tren en los límites de Oaxaca hubo un operativo –del Instituto Nacional de Migración (INM), y ahí fueron asegurados más de 90”.

Señalaron, abundó, que muchos lograron escapar escondiéndose en el monte, y cuando el tren se puso en marcha se volvieron a subir. Fue después del operativo cuando el tren se detuvo de manera abrupta porque las vías estaban bloqueadas con troncos.

Entonces salieron de entre la maleza 10 hombres con armas de fuego y machetes. Ordenaron que bajaran del tren e hicieron disparos al aire. Lograron controlar a los migrantes y les amarraron las manos, y se llevaron entre el monte a un grupo como de 40 migrantes. Vieron que avanzaban entre los caminos cosecheros y escucharon gritos de mujeres y niños.

–¿Denunciaron violaciones sexuales? –se le preguntó.

–Hay señalamientos en ese sentido, pero los tenemos que verificar –respondió.

Apuntó que “la CNDH fue enterada de esos hechos por el sacerdote (Alejandro) Solalinde el 18 de diciembre. De inmediato el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, envió personal al albergue Hermanos en el Camino para que entrevistaran a los afectados. Se tienen 18 testimonios de migrantes, 13 de ellos aceptaron presentar denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), y, a las 14 horas de este jueves, están presentando la denuncia, y los acompaña personal de la CNDH”.

Explicó que los otros cinco migrantes que presentaron testimonio y queja ante la CNDH no quisieron ser trasladados de Oaxaca al Distrito Federal para acudir a la PGR a presentar denuncia, pues decidieron continuar su viaje hacia Estados Unidos.

Los 13 que decidieron presentar denuncia formal fueron trasladados por elementos del INM a la estación migratoria ubicada en el Distrito Federal, y de ahí los llevaron este jueves a presentar la denuncia penal.

Se le pidió su opinión sobre la respuesta del INM, que primero negó que hubiera ocurrido el secuestro y después de dos días lo reconoció. El visitador respondió: prefiero no pronunciarme. Me extraña ese pronunciamiento del INM. La CNDH contaba con los testimonios y de inmediato les notificamos la situación.

Sostuvo que en lo que va del año se tiene un registro de 30 por ciento más de quejas por violaciones a derechos humanos de los migrantes respecto a 2009. Se han efectuado más de mil 500 visitas a estaciones migratorias y otras tantas a albergues de la Pastoral de la Movilidad Humana.

En total, dijo, se han expedido 38 recomendaciones de 2005 a la fecha por violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Otras víctimas identificaron a policías asaltantes: la comisión
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 5

El 8 de junio pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 32/2010, relacionada con el caso de los migrantes que fueron asaltados en Chahuites, Oaxaca, por elementos de la Policía Federal (PF), quienes exigían 5 mil dólares a las víctimas.

La investigación de la CNDH refiere que el 23 de enero pasado, alrededor de las 18 horas, un grupo aproximado de 50 migrantes que viajaban a bordo del tren que circula de Arriaga, Chiapas, a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, fueron sometidos por policías federales, quienes despojaron a los migrantes del dinero que llevaban.

La recomendación, que se dirigió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, refiere que el tren detuvo su marcha en las inmediaciones del municipio de Chahuites, Oaxaca, momento que aprovecharon elementos que se identificaron como policías federales, portaban armas largas y tripulaban una patrulla tipo pick-up, (quienes) pidieron a los migrantes que descendieran y los despojaron de su dinero.

Los agentes retuvieron a los migrantes media hora y luego les ordenaron que se fueran caminando por la vía del tren, señala la recomendación. Agrega que funcionarios de la CNDH se trasladaron al albergue Hermanos en el Camino para entrevistarse con los afectados, quienes denunciaron los hechos referidos. Una de las migrantes, que fue despojada de su dinero, pudo identificar a dos de los elementos de la PF que los asaltaron, lo cual quedó debidamente probado en la indagatoria.


Es una llamada de atención para el Estado, afirma Ramón Galindo

Grave, que delincuentes evidencien vacíos de autoridad, deplora senador
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 11

Ante los vacíos de autoridad en varias regiones del país, el crimen organizado pretende legitimarse – de manera muy peligrosa– y enarbolar banderas de justicia social, advirtió el senador panista Ramón Galindo. Agregó que el hecho de que un grupo de narcotraficantes ofrezca ubicar y castigar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo es señal del amplio margen de maniobra que tienen.

Quieren demostrar a la sociedad, y eso es muy grave, que pueden resolver casos en los que el gobierno ha mostrado incapacidad, recalcó el ex presidente municipal de Ciudad Juárez.

Lo anterior es una llamada de atención para el Estado mexicano, porque ya en Michoacán los cárteles de la droga cuentan con bases sociales y hay planteamientos de insurgencia de criminales que buscan de esa forma justificar sus actividades ilegales, añadió.

Comentó que en Ciudad Juárez, pese a la presencia del Ejército y la Policía Federal, la violencia persiste, ya que el crimen organizado, a pesar de los golpes que ha recibido, aún tiene una presencia muy importante en esa urbe fronteriza.

Aunado a lo anterior, agregó, hay ahora otro ingrediente que puede provocar un coctel explosivo: una delincuencia con bases sociales o aliada con grupos guerrilleros.

A su juicio, el ofrecimiento de un grupo de delincuentes, formulado mediante narcomantas que aparecieron en Sinaloa, de ubicar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo, es otra señal de que el crimen organizado busca maneras de legitimarse, de presentarse ante la opinión pública no como los responsables del clima de violencia que se vive, sino como algo positivo.

Con ello, apuntó, tratan de evidenciar que hay un gran vacío de autoridad, sobre todo a nivel local, donde los gobiernos están siendo incapaces de garantizar seguridad y justicia. Los criminales compiten con el gobierno y quieren demostrar a la sociedad que pueden resolver asuntos en los que las autoridades han mostrado ineficacia.

Eso es muy delicado, porque pudiera producir una buena imagen de los criminales ante la sociedad, generar la idea en el imaginario colectivo de que hacen las cosas que el gobierno no puede hacer. No debe menospreciarse ese nuevo escenario, con una corriente de criminales que pretenden ocupar espacios más allá de sus actividades delictivas y ocupar ciertos espacios de reclamos ciudadanos.

Galindo consideró que es necesario adelantarse al crimen organizado, con una estrategia en la que haya muchas más tareas de inteligencia, con cuerpos policíacos depurados. Señaló que el homicidio de Escobedo demuestra la incapacidad del gobierno de Chihuahua para garantizar la integridad de los ciudadanos.

Por otra parte, expuso que durante el receso legislativo debe seguirse analizando la reforma constitucional para crear el mando único policiaco, con el fin de lograr el consenso en torno a una propuesta que deje a salvo a los municipios y no establezca de manera obligatoria esa unificación.

Piden postular candidatos para vigilar la aplicación de la convención sobre desaparecidos

Reprueba el Comité Hasta Encontrarlos que el Estado no reconozca su competencia

Reclama presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, del EPR

La Jornada
Oaxaca, Oax., 23 de diciembre. El Comité Hasta Encontrarlos, que reclama la presentación con vida de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, expresó su beneplácito por la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas, pero reprobó que el Estado mexicano no haya reconocido la competencia del comité regulador.

En un manifiesto –suscrito junto con el Comité Cerezo México, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nacidos en la Tempestad, y el Comité Monseñor Romero– el organismo civil expuso que sólo seis de los 21 países parte de la Convención Internacional reconocen la competencia del comité contra la desaparición forzada, integrado para recibir comunicaciones de víctimas de alguna violación a la misma, y así no se le da plena eficacia al organismo.

Dentro de los estados renuentes, subrayó, se encuentra México, a pesar de que en el sexenio pasado reconoció la competencia de los órganos convencionales de vigilancia de los tratados sobre derechos humanos de los que hasta ese momento era parte.

Al desconocer la competencia del comité, México da un paso atrás en política exterior en materia de derechos humanos, señaló, por lo que apremió al Estado a retomar su aliento progresista, e incluso a participar activamente en la integración del comité encargado de vigilar la aplicación y cumplimiento de la Convención Internacional, mediante la postulación de un experto mexicano.

Se esperaría que el proceso de postulación sea transparente y que se invite a la sociedad civil organizada a que proponga los candidatos o candidatas, que en su opinión resulten idóneos para ocupar dichos cargos en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso con la causa de los derechos humanos, y particularmente con la de las personas desaparecidas y demás víctimas de la desaparición forzada, incluyendo a los familiares, concluyó.

Señala en su recuento de 2010 que no se sancionó a funcionarios

Calderón tiene grandes pendientes en materia de derechos humanos: PRD

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 12

En breve recuento sobre la actuación del gobierno federal en materia de derechos humanos, la dirigencia nacional del PRD resaltó que Felipe Calderón tiene una lista inacabada de grandes pendientes. Desde la falta de justicia en casos como el incendio de la guardería ABC hasta las vejaciones, violaciones sexuales, extorsiones económicas y esclavitud en diferentes formas sufridas por indocumentados, destacando los asesinatos de Marisela Escobedo y su hija Rubí.

Estos crímenes no pueden quedar impunes ni merecen formar parte de los miles de casos que año tras año quedan en el olvido en los escritorios de los ministerios públicos de Chihuahua. Arteros crímenes precisan extremar sus investigaciones y presentar a la brevedad a los autores materiales e intelectuales, afirmó el partido del sol azteca.

Respecto de los indocumentados, mencionó que al menos 20 mil han sido víctimas de agresiones y viven sin las garantías mínimas que debe tener todo ser humano, por ilegal que sea su condición migratoria. Han sido presa fácil de las bandas de narcotraficantes que operan en todo el territorio nacional, pero sobre todo en las fronteras de México con Guatemala y Estados Unidos, señaló.

Asimismo, destacó que en la lista de pendientes del gobierno mexicano resulta de extrema gravedad que en este año al menos 16 personas, la mayoría jóvenes y menores de edad, hayan muerto por la impericia de soldados y marinos en retenes y puestos de control.

La violación a los derechos humanos y la nula impartición de justicia fueron prácticas reiteradas y sistemáticas desde los más altos niveles de decisión de las diferentes dependencias que conforman el gobierno federal, y ninguno de los funcionarios acusados de haber cometido dichas faltas fue sancionado, como ocurrió con Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, por el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 infantes de Hermosillo.

Datos del informe Perspectivas del Trabajo en México

El actual gobierno acabó con los mejores contratos laborales

Los derechos de los empleados se desdibujan y se ataca a sindicatos


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 17

El mercado laboral mexicano está plagado por prácticas ilegales, pues además de la subcontratación de trabajadores, proliferan los contratos de protección, así como el sindicalismo disfrazado por abogados empresariales que fungen como líderes obreros, además de que las empresas de outsourcing han sentado sus reales en el país; de forma que sólo una décima parte de empleados tiene un contrato legal, prestaciones y un sindicato real.

En el informe Perspectivas del Trabajo en México, el abogado laboralista Alfonso Bouzas detalla que en 10 años la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores se han desdibujado en nuestro país –también a escala mundial por la presión de los capitales privados que buscan abaratar más los salarios– al grado que 90 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en México carece de mínimas prestaciones, es decir, está al margen de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En este gobierno no se han perseguido las prácticas de subcontratación, o a quienes detentan los contratos de protección, por el contrario, se ha atacado a los gremios que defienden los derechos laborales; se ha terminado con los mejores contratos colectivos del país; mientras se consecuenta a empresarios que violan impunemente la legislación laboral.

El profesor Bouzas apunta que las prácticas laborales ilegales se dan en todos los frentes y situaciones, desde el despido de empleados fijos y la contratación de temporales; hasta la subcontratación de trabajadores y servicios; el aumento del número de turnos y la obligación de que sean cubiertos; la sustitución del pago por jornada por el salario a destajo; hasta la eliminación de los sindicatos reales por otros blancos o de protección.

Es decir, se ha dado en los hechos una flexibilización de los derechos en todos los órdenes y medidas, generándose inseguridad laboral para los trabajadores. Los empresarios pueden despedir trabajadores sin afrontar grandes problemas o costos, pueden moverlos o trasladarlos a puestos distintos para los que fueron contratados; reducir salarios, no pagar prestaciones, ni horas extras, subcontratarlos, imponerles sindicatos de protección, entre otras prácticas ilegales, sin temor a ser sancionados, sostuvo el experto.

En México, hoy como nunca se contrata en todo el país sin respetar el principio de estabilidad en el empleo y la ironía es que la desocupación no sólo se mantiene sino aumenta. Añade que se ha experimentado un desplome del trabajo formal.

La flexibilización laboral incluso se está ejerciendo en el monto del salario, la prolongación de la jornada, barriendo con todos los complementos del salario que habían tenido en años anteriores importantes conquistas, como primas de antigüedad, dominical, así como otras prestaciones adicionales, en especie y, por supuesto, con la amenaza permanente sobre las perspectivas de jubilación. A decir del catedrático se han contaminado absolutamente las relaciones laborales en el país.

En un lustro, las tomas clandestinas pasaron de 136 a 614

Robo de hidrocarburos, negocio superior a $3 mil 500 millones anuales, calcula Pemex
Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 14

El robo de hidrocarburos en la red de 65 mil kilómetros de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha convertido en un negocio que representa un mercado ilícito con rentabilidad superior a 3 mil 500 millones de pesos anuales, según estimaciones de la paraestatal.

Bandas sustraen ilegalmente desde petróleo crudo; productos procesados, como gasolinas, y hasta gas licuado de petróleo (LP) mediante el uso de mecanismos sofisticados técnicamente, con válvulas y bombas para la inyección de agua –para evitar que se registre baja de presión– y túneles para esconder los equipos, así como rudimentarias perforaciones para instalar coples y mangueras que se compran en cualquier tlapalería.

Incluso, han ocurrido casos en los que a los supervisores de la empresa se les repele a balazos para evitar el cierre de las tomas. Es un negocio ilícito que genera alto nivel de flujo de efectivo, dijeron ejecutivos de la petrolera.

De acuerdo con el director corporativo de operaciones de Pemex, Carlos Murrieta Cummings, el volumen de producto robado a la paraestatal ha disminuido en los pasados cinco años, pero el número de tomas clandestinas pasó de 136 –en 2005– a 614 hasta noviembre de este año, es decir, un crecimiento de 351 por ciento.

Según datos estadísticos levantados por Pemex a lo largo del último lustro, uno de los usos más frecuentes para los hidrocarburos robados es en la industria ladrillera de Puebla, por donde cruza el oleoducto Nuevo Teapa-Tula-Salamanca, donde sólo este año se detectaron 128 tomas clandestinas, una quinta parte del total descubierto.

En orden de importancia le siguió, muy lejano, el poliducto Topolobampo-Culiacán, con 74 tomas clandestinas descubiertas en los primeros 11 meses de 2010; dos oleoductos que corren de Nuevo Teapa a Poza Rica-Madero-Cadereyta, con 44; el LPGducto (término técnico que se refiere a un ducto de gas LP) Cactus-Guadalajara, con 43; el poliducto Cadereyta-Reynosa-Brownsville, con 42, y el poliducto Satélite-Monclova-Sabinas, con 27.

De enero a noviembre de 2010, del total de tomas clandestinas detectadas la mayor parte se localizó en ductos que transportan productos refinados, en particular gasolinas y diesel, con 368 casos, y 50 para sustraer gas LP. El resto (196) correspondió a oleoductos.

En cuanto al volumen de producto, constituido por crudo, gasolinas y diesel, en 2006 se sustrajeron ilegalmente casi 4 millones 826 mil barriles, de los cuales, poco más de 3 millones 917 mil barriles fueron de gasolinas y diesel (el volumen equivale a casi 623 millones de litros de estos combustibles). Para 2010, la sustracción cayó a un millón 712 mil barriles, de los cuales, un millón 326 mil 200 fueron de gasolinas y diesel (casi 211 millones de litros).

Delincuentes expertos

En el combate al robo de hidrocarburos, las cuadrillas de Pemex se han encontrado casos que implican verdaderas obras de ingeniería. A mediados de 2007 en Mazatlán, Sinaloa, fue descubierto un tunel de 20 metros de longitud para acceder hasta el ducto, donde los delincuentes instalaron un sistema de tuberías para sustraer el producto. Ahí mismo pusieron una pequeña estación de bombeo para la inyección de agua, cuyo fin era mantener la presión en el mismo nivel y que no fuera detectado por los equipos de monitoreo.

Otro caso relevante se observó en Veracruz, donde se localizó una toma múltiple para el robo de petróleo crudo. En este caso, según Murrieta Cummings, se trató de una perforación con tres mangueras conectadas, con el objetivo de cargar un carro-tanque en el menor tiempo posible. Estos vehículos incluso están adaptados para que aparezcan como camiones de carga agrícola y no se noten los tambos donde depositan los hidrocarburos.

Hay diferentes tipos de tomas clandestinas: las que los delincuentes dejan instaladas y cubiertas con ramas para que no se noten; las horizontales, en la parte de abajo del tubo, para dificultar su identificación, e incluso realizan varias perforaciones cercanas para que en caso de que encontremos una pensemos que si tenemos una distorsión en la instrumentación (para medir la presión del flujo) es la que ya habíamos encontrado, y siguen robando en las que se encuentran cercanas. Son bandas, organizaciones sofisticadas, apuntó.

Sobre la incidencia de delitos en determinados ductos, el director general de Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez, dijo que particularmente en el estado de Puebla, entre Huejotzingo y Cholula, hay una industria muy fuerte que produce ladrillo. El crudo, por ejemplo, puede sustituir el uso de combustóleo, aunque con un riesgo muy alto, pues todavía lleva en su composición productos ligeros.

El plan era concluirla en 2015; para 2011 ni siquiera se le asignó presupuesto, señala Rojo Lugo

Se desconoce paradero de $5,700 millones asignados este año a lanueva refinería

En reciente comparecencia ante diputados, la titular de Energía evadió responder sobre el tema

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 24 de diciembre de 2010, p. 14

El gobierno federal destinó para el presente año 5 mil 700 millones de pesos para el inicio de la construcción de la nueva refinería de Pemex en Tula, Hidalgo. A la fecha, se desconoce el destino de tales recursos públicos, pues no ha empezado siquiera la edificación de la barda perimetral de las 700 hectáreas de que constaría el proyecto.

El costo total de la obra ascendería a 129 mil millones de pesos, y para el segundo año de construcción –2011– se deberían haber destinado 12 mil millones que ni siquiera fueron considerados en el Presupuesto de Egresos 2011. Además, ahora el gobierno de Hidalgo reclama el rembolso de mil 500 millones de pesos por el costo del terreno que tuvo que ceder al gobierno federal.

Jorge Rojo Lugo, coordinador de los diputados priístas de Hidaldo, recordó que el 18 de marzo de 2008 el presidente Felipe Calderón instruyó a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a realizar los estudios y analizar la factibilidad técnica y logística para construir una nueva refinería.

El 14 de abril de 2009, el entonces director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, dio a conocer los resultados de la evaluación técnica para la ubicación de la planta. Se definió que las entidades con más posibilidades serían Guanajuato e Hidalgo. También se exigió a los gobiernos estatales que donaran una cantidad de terreno superior a 700 hectáreas, como participación en el proyecto que sería financiado con recursos públicos.

El 12 de agosto de 2009, el director de Pemex anunció la construcción de la refinería Bicentenario en Tula. El criterio oficial que se erigió fue que con ello gana México y ganan todos los ciudadanos. Dos meses después, la paraestatal dijo que la inversión total ascendería a 129 mil millones de pesos, contemplada en distintas partidas anuales hasta 2015.

Para 2010 se proyectó una erogación de 5 mil 752 millones de pesos; para 2011, 12 mil 665 millones; en 2012, 32 mil 828 millones; en 2013, 32 mil 248 millones; 2014, 31 mil 509 millones, y 2015, 12 mil 559 millones.

Una vez que se decidió por Tula, el gobierno de Hidalgo aportó un terreno de 700 hectáreas, y la administración federal anunció el inicio de la construcción de la barda perimetral que delimitaría el terreno. No obstante, con el paso de los meses, el concurso quedó desierto, y nada se sabe del destino de los 5 mil 752 millones.

Incluso, durante su comparecencia de hace dos semanas en la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, evadió responder sobre el destino de dichos recursos.

La licitación quedó desierta; no ha iniciado ningún trabajo y ni en el presupuesto de 2011 hay una partida especial que se destine a la construcción de la refinería. Ahora tenemos información de que la licitación para la construcción de la barda se dará en marzo de 2011, lo que tiene que ver con la falta de planeación y de respeto a las decisiones que ha tomado el gobierno de Felipe Calderón, insistió el diputado Rojo Lugo.

–¿Dónde quedaron los 5 mil 700 millones de dólares? –se le preguntó al legislador.

–No tenemos respuesta de la Secretaría de Energía. Ha sido omisa y ha manifestado total desprecio al Congreso federal. Se ha filtrado la idea de que se podría rentar una refinería en Estados Unidos. Sospechamos que el gobierno federal no quiere tomar la decisión formal del inicio de la construcción de la refinería. Y esta versión sólo ensucia el ambiente.

Desgraciadamente para este país, vemos que el tema de la refinería ha sido utilizado por el gobierno como asunto político. Yo como diputado federal, por supuesto que dudo de la palabra del presidente Felipe Calderón, porque no tiene seriedad en los planteamientos que ha hecho, ni en este ni en otros casos.