Reporte Centro ProDH

Más de 340 mil personas en el mundo exigen a PGR investigar tortura contra Claudia Medina *Activistas y sociedad civil de 117 países se solidarizaron con Claudia Medina; pidieron tomar en cuenta peritajes realizados a la veracruzana Claudia Medina durante la presentación del informe "Fuera de Control" | Foto: AI México México, DF, 30 de septiembre. Amnistía Internacional (AI) exigió al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, realizar una investigación "íntegra, ecuánime e inmediata sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz", quien fue víctima de tortura por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en 2012, quienes además la obligaron a firmar una declaración sin que conociera su contenido. A través de un comunicado, AI y el Centro Prodh, organización que acompaña el caso de Medina Tamariz, informaron  que  reunieron 343 mil 883 firmas provenientes de 117 países, entre los que destacan Países Bajos, Alemania, España y Francia, para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) tomar en cuenta los peritajes forenses realizados, con base en el protocolo de Estambul; mismos que fueron presentados por la defensa de Claudia Medina. "Hasta ahora la PGR no ha mostrado ningún interés en investigar la denuncia de tortura. Antes bien, continúa acusándola de delitos graves que no cometió, a partir del dicho de sus torturadores, lo que es claramente insostenible al ser producto directo de la detención arbitraria, incomunicación por 36 horas, retención en base naval y de la tortura. Como primer paso para respetar sus derechos humanos, la PGR debe desistirse de las acusaciones contra ella", expuso Mario Ernesto Patrón, subdirector del Centro Prodh. El petitorio entregado el día de hoy a la PGR pidió a la institución "un  cambio total en el proceso de los peritajes médicos en caso de tortura a partir de los estándares internacionales (…) El gobierno federal debe tomar este llamado internacional como una oportunidad para demostrar resultados concretos en el marco de la lucha para poner fin a esta práctica persistente y generalizada", puntualizó el comunicado. Claudia Medina Tamariz agradeció el acto de solidaridad a quienes escucharon el llamado: "Mi lucha no es fácil; ya han pasado dos años y sigo sin obtener respuesta. Ni de los jueces, ni de la CNDH y mucho menos de la PGR. Pero voy a seguir hasta obtener justicia. Sé que no estoy sola: hay cientos de miles de personas que me apoyan", declaró. Por su parte Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, explicó que así como Claudia, muchas personas han sufrido de tortura, así como maltratos militares y policiacos en México, "desafortunadamente, la justicia ha sido indiferente frente a las víctimas", por lo que demandó se responsabilice a las y los culpables. Recordemos que hace unas semanas, Amnistía Internacional publicó su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, en el que explica las medidas que deben tomarse en cuenta para prevenir, investigar y castigar estas violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el escrito señaló que  integrantes de Amnistía Internacional entregaron a las embajadas mexicanas en Madrid, Roma, Viena y Ámsterdam las firmas que fueron recogidas en sus respectivos países. 14/MHG CCTI exige presentación de normalistas desaparecidos e investigación por ataques Oct 01, 2014 08:45 am | Sididh_master *CCTI condenó las agresiones a estudiantes, deportistas y civiles y denunció "catástrofe humanitaria" en el estado de Guerrero Padres de familia y estudiantes exigen localización de normalistas desaprecidos | Foto: Lenin Ocampo Torres/EFE México, DF, 30 de septiembre. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) condenó, a través de un boletín de prensa, las agresiones y las graves violaciones a derechos humanos cometidas por policías municipales de Iguala, Guerrero así como de un comando armada —perpetrados el pasado viernes y sábado— en contra de normalistas, deportistas y civiles, dando como resultado seis muertos, varios heridos y más de 50 estudiantes desaparecidos, de los que, el día de hoy, diversos medios de comunicación informaron que 14 ya fueron localizados con vida. El CCTI exigió se otorguen medidas cautelares y una investigación ministerial para dar con el paradero de las y los normalistas que continúan en calidad de víctimas de desaparición forzada y para  llevar ante la justicia a las autoridades involucradas "en estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras penas crueles inhumanas o degradantes"; además de atención médica integral por parte del gobierno de Guerrero para todas las personas heridas y rehabilitación hasta que se recuperen totalmente. La organización lamentó la ineficacia de los tres órdenes de gobierno para encontrar a las y los estudiantes desaparecidos, de los cuales "por lo menos un grupo de unos 25 fueron vistos cuando se les trasladaba en patrullas de la policía municipal, aun de que algunos fueron llevados a barandilla", indicó el escrito. De las y los otros jóvenes, "sólo se sabe que huyeron del lugar y hora en que sucedió la segunda agresión contra los normalistas", es decir, después de la medianoche del sábado. Asimismo, el CCTI denunció que el ataque a las y los normalistas y deportistas es parte de un capítulo "sangriento de abusos de la autoridad, en este caso de la policía municipal, pero también de la omisión de las autoridades estatal y federal", ya que tiene conocimiento de que una patrulla del policía estatal y otra de policía federal decidieron abandonar el lugar de la primera agresión, la cual ocurrió alrededor de las 21:30 horas del viernes. El colectivo señaló que "para cuando las autoridades de la PGJ-Gro buscó a los normalistas que fueron detenidos por policías municipales y subidos a sus patrullas habían pasado casi 12 horas, una eternidad para un detenido-desaparecido"; el boletín precisó que "la barandilla de la policía municipal niega que haya habido detenidos ni tiene registro de que algún normalista hubiera sido ingresado a sus celdas". Fotografías de las y los normalistas desaparecidos En este contexto, el CCTI puntualizó que "Guerrero ha sufrido una catástrofe humanitaria con miles de muertos y desplazados, cientos de desaparecidos. A eso se suman las catástrofes ambientales de temblores, tormentas y huracanes. La sociedad guerrerense esta inmovilizada, paralizada por el miedo y el terror, salvo algunos sectores de larga trayectoria de lucha como estudiantes y maestros". A continuación la lista de las y los normalistas cuyo paradero es desconocido hasta el momento: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez  Peniten, Adán Abraján de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Benjamín Ascencio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Chistian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomas Colón Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Doriam González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosa, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Además de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolzin, Julio Cesar Ramírez Nava, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García. 14/OVH Este 1 de octubre los medios destacan Oct 01, 2014 08:30 am | Sididh_master Acusa PGR sólo a 3 soldados por ejecuciones en Tlatlaya; evita decir si fue masacre/Proceso La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) responsabilizan sólo a tres soldados de haber disparado sin justificación en la bodega de Tlatlaya donde se encontraba un grupo de presuntos delincuentes luego de un alegado enfrentamiento, por lo que pedirá su detención por homicidio calificado, pero soslayaron pronunciarse sobre los testimonios de que se trató de una masacre. Concluye la PGR 135 averguaciones sobre desaparecidos en los años 70 y 80/La Jornada La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR concluyó entre enero de 2012 y julio de este año 135 averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de opositores políticos en los años 70 y 80, durante la llamadaguerra sucia; en 74 casos ha considerado el no ejercicio de la acción penal. Unos 33 mil migrantes hondureños han sido deportados de México en lo que va del año/Animal Político Alrededor de 33 mil hondureños han sido deportados de México en lo que va de 2014. Así lo aseguró ayer el comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. Aparecieron 13 normalistas, dice el gobierno de Guerrero; falso: ONG/La Jornada Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, desmintió que hayan aparecido 13 estudiantes, como afirmaron el gobierno estatal y la Comisión de Defensa de Derechos Humano de Guerrero (Codehum). En realidad, explicó, esos muchachos nunca estuvieron desaparecidos. México al borde de un estallido social por represión y criminalización de jóvenes: Juan Villoro/Chiapas Paralelo La exclusión de los jóvenes en el desarrollo de México, su criminalización y su asesinato,tiene a la nación al borde de un estallido social, advirtió el escritor Juan Villoro, en el marco de la presentación de su libro El Apocalipsis (2014). En entrevista luego del evento que se llevó a cabo durante la Tercera Feria Internacional del Libro en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el escrito hablo acerca de las recientes protestas de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Más y más feminicidios en el Edomex; reportan 3 en menos de 48 horas y van 40 en 2014/Revolución 3.0 Por más que el gobierno del priísta Eruviel Ávila Villegas insista en maquillar la inseguridad y violencia que se vive en el estado de México, la realidad cuasi macabra siempre termina por superar su aparato publicitario, pues en menos de 48 horas, tres mujeres fueron brutalmente asesinadas en tres municipios diferentes de la entidad. Acusan comercio y privatización detrás de expropiaciones de Cholula/LadoB  Los campos que rodean la milenaria pirámide de Cholula y el cerro donde está el Santuario de la Virgen de los Remedios, patrona de San Pedro y San Andrés Cholula, siguen en riesgo de ser expropiados, y no para su mantenimiento sino para su privatización y uso comercial. Los ciudadanos cholultecas –originarios y avecindados- que desde agosto se han organizado en agrupaciones autónomas y apartidistas para defender la cultura y tradiciones de la ciudad milenaria… Protestan cubanos en estación migratoria de Acayucan/Variopinto al Día  En protesta por los malos tratos infringidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), un grupo de indocumentados cubanos se amotinaron en la estación migratoria de Acayucan, en el estado de Veracruz. Los migrantes quemaron colchonetas y láminas por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos para sofocar las llamas. Miles de jóvenes atendieron la convocatoria estudiantil del IPN Oct 01, 2014 08:20 am | Sididh_master Miles de jóvenes de todas las escuelas, tanto de nivel superior como de bachillerato, atendieron la convocatoria del Comité de Lucha Estudiantil Politécnica, y se movilizaron este martes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ubicada en el Casco de Santo Tomás, hacia el Ángel de la Independencia, y posteriormente se encaminaron a la secretaría de Gobernación, donde acordaron solicitar diálogo con las autoridades federales para resolver el conflicto que tiene prácticamente sin actividades a todos los planteles del IPN en la zona metropolitana de la ciudad de México. La Jornada Foto: César Martínez López José Francisco García y la corriente inagotable/Daniel Gershenson/Animal Político Oct 01, 2014 08:10 am | Sididh_master José Francisco García, presidente del Movimiento 5 de Junio El presidente del Movimiento 5 de Junio es un biólogo graduado de la Universidad de Sonora; experto en leyes y especialista en derechos de los niños, por las circunstancias; también, asiduo visitante en México y otras entidades de la República para promover versiones locales de la Ley de Estancias Infantiles, la cual (gracias a sus gestiones y a las de otros padres y madres del Movimiento Cinco de Junio) pudo aprobarse por las dos Cámaras el sexenio pasado. Abogado autodidacta, por la fuerza; cabildero, conferencista, papá ejemplar y responsable de muchos de los avances logrados por su tenacidad y perseverancia, José Francisco García nos recuerda, con su trabajo, que el incendio de la Guardería ABC no puede olvidarse. Daniel Gershenson/Animal Político Vacante en comunicación/Propuesta Cívica Oct 01, 2014 08:00 am | Sididh_master Trabaja con nosotros Propuesta Cívica El CIC-PC convoca a las personas interesadas a sumarse a su equipo como responsable de comunicación y vinculación. Fecha límite para aceptar solicitudes: viernes 10 de octubre de 2014. Perfil deseable: Persona egresada de licenciatura en comunicación, derechos humanos o afines; interesada y comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos en México. Interesada también en temas de política nacional y local en los estados. Dominar herramientas tecnológicas. Fecha límite para aceptar solicitudes: viernes 10 de octubre de 2014. Más información AQUI Foro nacional sobre personas migrantes centroamericanas en detención Invitación Convocan: El Albergue "Hermanos en el Camino"; la Casa del Migrante de Saltillo; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; La 72, Refugio para Personas Migrantes; la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario; el Servicio Jesuita a Migrantes y Sin Fronteras. Cuándo: 7 de octubre de 2014.    Horario: 10 hrs. Dónde: Instalaciones del Centro Prodh (Serapio Rendón 57b, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.) Conversatorio #JóvenesyDerechosHumanos. Protestar es un derecho Invitación al Conversatorio #JÓVENESyDERECHOSHUMANOS Dialogan: Ana Karen Barragpán/Ibero Puebla; Carlos Brito/ Red en Defensa de los Derechos Digitales; Erik Gutiérrez/Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; Valeria Hael/ITAM; y Colectivo Más de 131. Modera: Pablo Guinsberg/Ibero Puebla. Cuándo y a qué hora: Jueves 2 de octubre, a las 11 hrs. Dónde: Salón B-205 de la Ibero Puebla. Entrada Libre. Más información: @IberoPuebla y 01 222 372 3000 ext. 14401. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Estamos ubicados en: Serapio Rendón 57b Col. San Rafael Del. Cuauhtemoc Distrito Federal, México

Testigos del caso Tlatlaya fueron presionados para favorecer a militares

La Redacción

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Pablo Ferri, reportero de la revista Esquire, denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México presionó a testigos de la masacre en Tlatlaya para que brindaran una versión que favorecía a los militares.

“Nos parecería sospechosa cualquier declaración que se filtre (de las testigos)… expresiones tipo ¿en qué habíamos quedado?, de una funcionaria de la Procuraduría del Estado de México, o eso no sirve”, narró en entrevista con la periodista Carmen Aristegui para la cadena CNN.

Aparte, Eduardo Castillo, editor de la agencia de noticias AP, enfatizó que los militares involucrados en la matanza son parte del 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, en San Miguel Ixtapan, en el suroeste del Estado de México, con antecedentes de agresiones.

En diciembre del año pasado, integrantes de dicho batallón balearon a cuatro empleados del municipio de Arcelia, Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal.

Aristegui entrevistó a en su programa a Ferri y Castillo, representantes de los medios que dieron la primicia del asesinato extrajudicial cometido por militares contra 22 personas el 30 de junio pasado en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

En un principio, el Ejército aseguró que se trató de un enfrentamiento; sin embargo, las investigaciones de dichos medios revelaron que en realidad se trató de un fusilamiento.

Esta mañana, el noticiero de MVS conducido por Aristegui reprodujo el testimonio de “Julia”, quien vio el fusilamiento:

“¿El Ejército dijo que había habido un enfrentamiento y que en el enfrentamiento murieron 22 personas dentro de la bodega que estaba en San Pedro Limón, eso es verdad? ¿Cuál enfrentamiento? ¿Vale, cuál es la verdad entonces? No fue así, yo sé que no”.

“(Los militares decían) No que muy machitos hijos de su puta madre, no que muy machitos, así les estaban diciendo los militares a los muchachos, y pues todos salieron, todos salieron, sí se rindieron, definitivamente sí se rindieron”.

“Yo les decía que no, que no lo hicieran, que no, que porqué lo hacían, ellos dijeron que esos perros no merecen vivir así”

Juez “incómodo” se ampara para frenar su traslado a Ciudad Juárez

Patricia Mayorga

Cihuahua, Chih., (apro).- El juez Guillermo Gómez Cortés denunció que en represalia “por no acatar órdenes” en distintas resoluciones judiciales “que han incomodado” al gobernador César Duarte Jáquez, las autoridades ordenaron su cambio a Ciudad Juárez, por lo que promovió un amparo para frenar la medida.

En entrevista, Gómez Cortés explica que en los siete años que lleva como juez de Garantías en el Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, no ha presentado rezagos y siempre se ha conducido en apego a la objetividad. El motivo de su cambio, subraya, es sólo una represalia más de las que el gobierno estatal ha emprendido en su contra desde hace un año aproximadamente.

“El motivo (del cambio) es un profundo acto de injusticia porque he tratado de conducirme con objetividad, honestidad y he sido imparcial”, dice.

Según el juez, nunca se ha dejado coaccionar ni que quieran imponerle órdenes para fallar con mayor o menor rigor en contra de ciertos imputados.

Las órdenes que recibía, dice, eran siempre para beneficiar al Ministerio Público, aunque éste no hiciera bien su trabajo o, bien, favorecer a personas acusadas vinculadas a autoridades.

“Por ejemplo, en un fraude me decían que no se podía agravar porque era conocido (el acusado), me pedían no dictar prisión preventiva o al revés. En una ocasión, el abuelo de un político estaba acusado de violar a cuatro menores y me pidieron no dictarle prisión preventiva, a pesar de que el (artículo) 19 constitucional y el 173 dicen que esos delitos se persiguen de oficio y es prisión preventiva. No podía acceder”, apunta.

Este último año, añade, se han registrado más casos que cualquier otro sobre solicitudes de aplicación del protocolo de Estambul en Parral, precisamente cuando se incrementó la violencia en esa región, y debido a que ante los medios de comunicación las autoridades han presentado a detenidos sin haber demostrado antes que son culpables del delito de secuestro.

“No puedo resolver con dolo, no puedo ser parcial, no puedo, el problema de coacción se da principalmente en el tema de secuestro”, insiste.

Y afirma que cuando Gabriel Sepúlveda Reyes asumió como secretario general del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la presión para los juzgadores se agudizó.

Meses después de la designación de Sepúlveda –originario de Parral y cercano al gobernador César Duarte Jáquez–, el Ejecutivo impuso al presidente actual del STJ, José Miguel Salcido Romero, pero la situación no mejoró, dice Gómez Cortés.

“En enero de este año nombraron a Gerardo Acosta Barrera como magistrado de la Sala Constitucional en Parral. Los dos, Acosta y yo, hicimos examen para ocupar el cargo de magistrado, y ya cuando había pasado el proceso salió una nota en un medio de comunicación donde dieron a conocer que el magistrado le había regalado unos caballos a César Duarte, y Acosta me culpó a mí de filtrarla, pero le recordé que había muchos amigos suyos cuando el gobernador le llamó para agradecerle el regalo. Y vinieron más represalias”.

Desde esa fecha, sostiene, lo amenazaban con cambiarlo a Guadalupe y Calvo, Chínipas o Ciudad Juárez, si no acataba las órdenes. Finalmente cumplieron sus amenazas el pasado miércoles 17, cuando ordenaron su cambio a la ciudad fronteriza.

De enero a la fecha, apunta, Acosta Barrera dio empleo a su esposa en la Escuela Judicial de Parral, que antes no existía. Al mes, precisa, se gastaban 500 mil pesos en tres exsecretarios, escribiente y la esposa de Acosta Barrera, aun cuando se anunció la época de austeridad.

Además, “Acosta se dedicaba a hablar con jueces desde que era secretario particular de la presidencia del Supremo, y también intervenía Gabriel Sepúlveda. ¿Qué tienen que andar hablando con los administradores de los distritos, si nosotros somos autónomos y administramos justicia?”, acusa molesto.

Y asegura que cada vez le inventan más reportes y quejas administrativas, pero “tengo la razón, no me voy a dejar, no me asusta cualquier tipo de represalia”. Lo que buscan es que renuncie, pero no lo lograrán porque, afirma, es inamovible.

Guillermo Gómez asegura que en las quejas 40 y 41 de este año, presentadas ante el presidente del Poder Judicial, integraron una grabación de audio como prueba para demostrar que Gabriel Sepúlveda tiene contacto con los jueces, aun cuando no es superior jerárquico de éstos ni tiene atribución para interferir en las decisiones de los juzgadores.

Sepúlveda, añade, fue colocado en el cargo para operar políticamente para Duarte desde el Poder Judicial, y ha sido cuestionado por diferentes actores políticos y sociales en la actual administración.

El juez precisa que el pasado viernes 19 promovió la demanda de amparo y ya fue aceptada por el juez décimo de Distrito. Ahora “sólo queda esperar”, concluye.

Batallón 102, en Edomex, ya ha sido involucrado en “hechos de sangre”

El grupo, que pertenece a la 22 Zona Militar estuvo involucrado en el asesinato de 4 funcionarios del municipio de Arcelia, Guerrero, por una presunta "confusión", revela en MVS el periodista Juan Veledíaz.

Fotos: Agenciamvt.com.mx y La Jornada

Redacción AN

Los militares investigados por la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, pertenecen al Batallón 102 del Ejército Mexicano, el cual ya ha estado involucrado en otros “hechos de sangre”, indicó el periodista Juan Veledíaz.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, precisó que dicho batallón depende de la 22 Zona Militar, del Estado de México, que encabeza el general José Luis Sánchez León.

Previamente, soldados de dicha corporación, en diciembre de 2013, fueron señalados como responsables de la muerte de 4 personas -todos ellos, funcionarios del municipio de Arcelia, Guerrero. En aquella ocasión, según se reportó en medios locales, se habría tratado de una presunta confusión, pues pensaron que se trataba de un grupo criminal, que traía amas e iba vestido con ropa parecida a la de los militares; sin embargo, tras el asesinato, se aclaró que los 4 trabajan para el gobierno municipal e iban de cacería.
Veledíaz refirió que, además, dicho batallón enfrenta acusaciones de corrupción y sobornos del grupo delincuencial que opera entre Guerrero y el Estado de México: La Familia.

Sobre el caso Tlatlaya, indicó que ante la justicia militar, los 8 elementos del Batallón 102 no están acusados por homicidio, sino sólo por “infracción de deberes”. Además, apuntó que los mandos del Batallón 102 no han sido llamados a testificar. Ayer la PGR anunció que a tres militares los acusará por el homicidio de 21 personas, quienes ya se habían rendido. 

“Pudimos corroborar la identidad”, refirió sobre el teniente detenido. Se trataría de Ezequiel Rodríguez Martínez. Sobre él, expuso: “Este oficial, déjame decirte para contextualizar… es lo que se llama normalmente en el Ejército, un oficial de tropa… hizo su carrera a partir de los años 80, llega un momento en el que se le ofrece estudiar en el Colegio Militar, durante un año hace carrera técnica y se gradúa como subteniente, es un técnico en armas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene la preparación suficiente, y eso se traduce muchas veces en que sus conocimientos no son los adecuados”.

“Solamente la justicia militar imputó a este y 7 elementos de tropa cuando existe algo que se llama cadena de mando”, señaló.

“Cuando una persona con este rango (el oficial de tropa) va al mando de 10 efectivos, un pelotón, arriba de ellos hay otro, un capitán“, recordó.

Esquire’ y AP cuentan en CNN cómo le ganaron a PGR investigación de matanza en Tlatlaya

Dos medios de comunicación contradijeron la primera versión oficial de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, en el poblado de San Pedro Limón, donde en una bodega fueron asesinadas 22 personas, presuntos integrantes de un grupo delincuencial; 21 de ellos ya se habían rendido.

FOTO: KARINA MACIEL

Redacción AN

En un nebuloso caso, en el que ya se sabe que fueron asesinadas 22 personas, el pasado 30 de junio, en San Pedro Limón -un pueblo que conecta a Guerrero y el Estado de México, al que se llega por terracería, ubicado en el municipio de Tlatlaya-, fueron dos medios de comunicación -AP, primero, y Esquire después- los que contradijeron la versión oficial -sobre que se había tratado de un enfrentamiento en el que repelieron la agresión de presuntos delincuentes-, al indicar que hubo posibles ejecuciones extrajudiciales, tras lo cual, la historia dio un vuelco y ahora -con su propia investigación- la PGR acusará de homicidio a 3 elementos militares, que dispararon sin “justificación alguna”. 

En entrevista para Aristegui CNN, Eduardo Castillo, editor de la agencia de noticias AP, señala que “el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia”. 

El periodista contó que se decidió que fuera un equipo a entrevistar a personas en San Pedro Limón, donde “pudieron pasar a la bodega que no estaba resguardada por nadie”.

Allí, encontraron que la escena no mostraba elementos de una batalla prolongada. 

“A falta de más información lo que se trató de hacer era describir lo que pasó ahí; boquetes en las paredes con manchas de sangre, eso fue lo que se reportó (AP) en un principio”, indicó.

“El Ejército no respondió nuestras solicitudes de información sobre las necropsias, donde tiene que estar detallado cómo es que mueren las personas; la Procuraduría del Estado de México reservó esa información por 9 años; la PGR dijo que no tenía esa información”, refirió.

Por su parte Pablo Ferri, reportero de Esquire, cuenta cómo llegó con Julia, una de las tres testigos de los hechos, en los que su hija fue asesinada.

El punto de partida para dicha revista fueron declaraciones del alcalde de Arcelia -junto a Tlatlaya- quien dice que uno de los muertos es una niña, que se llamaba Érika y por ahí siguieron las pistas.

“En el momento que nosotros conseguimos un par de contactos en la zona, viajamos… hablamos con gente del MP en Arcelia… damos con un vínculo directo con esta mujer, preguntamos: ¿creen que podamos hablar con ella?”, expuso.

Al llegar a Julia, da testimonio de que no ocurrió un enfrentamiento con militares en Tlatlaya, sino que hubo un enfrentamiento, pero en ese sólo murió 1 persona, y después “los fusilan a todos” (21 personas).

Ella da una naracción muy pormenorizada, lo que les dio mucha confianza en lo que estaba diciendo; “da tantos detalles que tienes que tenerlo en cuenta, describe el asesinato de su hija delante suyo, cómo dice que primero le alcanzan la pierna (a balazos) y cómo luego delante suyo, la voltean, le disparan, fin de la historia… 15 años cumplía en enero”.

Adelantó que en Esquire publicarán una reconstrucción del viaje del cuerpo de Érika, desde que muere el 30 de junio, hasta el viernes siguiente, y con ello darán los detalles del caso.

Ferri refirió que a las testigos las presionaron para que dieran una versión de los hechos que les convenía a los militares.

“Nos parecería sospechosa cualquier declaración que se filtre (de las testigos)… expresiones tipo ¿en qué habíamos quedado?, de una funcionaria de la Procuraduría del Estado de México, o eso no sirve“, le habría comentado a las testigos.

En tanto, Castillo puso en la mesa la reciente que información que difundió la agencia, dando seguimiento al tema.

Y es que los militares involucrados en esta matanza, pertenecen a un batallón con historial de incidentes, reveló la agencia AP.

El oficial y siete soldados pertenecen al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, en San Miguel Ixtapan, en el suroeste del Estado de México.

Aquí parte del historial, que recopiló AP:

-En diciembre 2013, algunos de los integrantes de dicho batallón balearon a cuatro empleados del municipio de Arcelia, Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían en un camino rural de regreso de un campo de tiro.

-Según documentos oficiales citados por el diario Reforma, durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados del batallón fueron acusados de recibir dinero para que informaran a La familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis elementos, incluidos dos oficiales, fueron acusados formalmente.

Eduardo Castillo apunta que aún hay dudas del caso, por ejemplo los nombres de los 22 ejecutados, “no sabemos oficialmente a qué grupo (delincuencial) pertenecían exactamente”.

“Yo digo que esta es un elemento clave de la política del gobierno actual en términos del compromiso de derechos humanos… el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia”, concluyó Eduardo.

Ferri recordó el informe de la ONU en el que decía que el Ejército no debe hacer tareas de la policía; y que cualquier batallón vinculado a violaciones de derechos humanos debe ser juzgado por la autoridad civil, en este caso lo que está haciendo ya la PGR.

El martes, el procurador Jesús Murillo Karam -semanas después de lo publicado por AP y Esquire- habló sobre este caso: “Realizamos una serie de pruebas periciales; hemos hecho una serie de diligencias y de interrogatorios en los que nos queda claro que en un primer momento, efectivamente, como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden declarar, hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos”.

“Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el Teniente porque lo estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna. Ante ello, quiero decirles que la Procuraduría General de la República, ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independientemente de que ya la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia”, abundó.

VER CARPETA DEL CASO TLATLAYA

Policía de Iguala, responsable de 6 asesinatos: PGJE; el alcalde mejor se va

En tanto, fueron localizados 14 de los 57 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa reportados como desaparecidos; 43 siguen no localizados, informó el procurador de Guerrero.

(Foto: Cuartoscuro)

Redacción AN

El procurador general de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, indicó que fueron consignados 22 policías acusados de las agresiones a balazos, el pasado fin de semana, que causaron la muerte de seis persona en el municipio de Iguala.

Refirió que los elementos detenidos fueron ingresados al penal Las Cruces de Acapulco, por el delito de uso excesivo de la fuerza.

“Lo que tenemos claro es que quienes participan en la agresión son elementos de la policía municipal y es por eso que hemos ejecutado acción penal en contra de 22 elementos municipales de Iguala”, apuntó.

Indicó que por los casquillos percutidos hallados en los sitios donde ocurrieron las agresiones, determinaron la participación directa de la policía municipal en las mismas.

“De los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de 2 personas que viajaban en el autobús, del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y de una civil que transitaba por el lugar a bordo de un taxi, participaron elementos de la secretaría de seguridad pública de Iguala de la Independencia”, señaló.

Asimismo, informó que fueron localizados 14 de los 57 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa reportados como desaparecidos, luego de los hechos de violencia registrados en Iguala,  43 siguen desaparecidos.

“Ya fueron localizados 14 de ellos… Julio César Ramírez Nava, este último ha sido identificado como uno de aquellos que perdieran la vida, esto es, occiso”, precisó.

En tanto el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez pidió licencia a su cargo por 30 días, luego de la violencia registrada en dicho municipio.

“He tomado la decisión de separarme legalmente del cargo, solicitando licencia temporal por el plazo de 30 días, a efecto de que las investigaciones no sean entorpecidas por la representación popular que ejerzo. A este honorable cabildo solicito apruebe mi petición y se designe legalmente a quien deba cubrir el periodo de mi separación voluntaria. De acceder a mi solicitud hago un llamado a la prudencia política para no perder la objetividad”, pidió.

El cabildo de Iguala aprobó por mayoría la licencia.

Doble discurso del presidente de México en la CMPI, acusan indígenas

Llaman a romper la dinámica de la simulación en el exterior

Rosa Rojas

 Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 41

El discurso del gobierno mexicano ante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI) organizada por Naciones Unidas en Nueva York es un doble discurso porque el presidente Enrique Peña Nieto fue a decir que se respetan los derechos de los pueblos indígenas en México cuando lo que ocurre en la realidad es que son violados diariamente por las concesiones a industrias extractivas y eólicas y ahora la reforma energética, sin consulta previa, libre e informada en tanto se criminaliza, reprime y encarcela a quienes defienden su tierra y territorio.

Coincidieron en lo anterior la Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México; la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y Asociadas por lo Justo.

Integrantes de las citadas organizaciones valoraron avances registrados en la declaración surgida de la CMPI –realizada el 22 y 23 de septiembre– y subrayaron la necesidad de romper "la dinámica de simulación" que lleva a suscribir documentos como la citada declaración pero a nivel internacional, se ha intensificado la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.

Criticaron que no hubo suficiente representación de los pueblos indígenas en el acto internacional, sino asistencia de funcionarios de alto nivel de los gobiernos. Señalaron, asimismo, que en la declaración final de la CMPI quedaron fuera por la negativa de algunos gobiernos, aspectos como la militarización que ocurre en muchos territorios indígenas del mundo, entre ellos en México.

Guadalupe Martínez dijo que sus compañeros indígenas subrayaban que la declaración de la CMPI tenía que ir hacia la defensa de la tierra y territorio de los pueblos, en tanto que la condena contra la violencia hacia las mujeres indígenas y la defensa de su derecho a la salud sexual y reproductiva no era lo importante.

Felícitas Martínez hizo hincapié en que en México hay hostigamiento y persecución de los dirigentes indígenas como prueban el encarcelamiento de varios de sus compañeros Policías Comunitarios y de Arturo Campos, coordinador de la CRAC, del dirigente yaqui Mario Luna, del opositor a La Parota, José Antonio Suástegui, y de la propia Bettina Cruz.

Esta última informó que está sujeta a proceso judicial, en libertad bajo fianza, acusada por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional –delitos por los que podría ser condenada a entre cinco y 10 años de prisión– y espera que el juez sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, emita la sentencia que definirá su situación legal.

Este lunes fue entregado al citado juez un documento Amicus curiae (Amigos de la Corte o del Tribunal) suscrito por más de 200 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el que plantean al juzgador algunas consideraciones jurídicas que argumentan la inexistencia de los elementos necesarios para estimar acreditado el delito y la responsabilidad penal de la procesada.

Hallan cuerpo de otro estudiante en el Semefo

Niegan que desconectaran a Aldo Gutiérrez

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 7

Chilpaningo, Gro., 30 de septiembre.

El cadáver del joven Julio César Ramírez Nava fue identificado la tarde de este martes por sus padres y compañeros de la normal de Ayotzinapa, luego de permanecer cinco días en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad.

El muchacho, originario de la ciudad de Tixtla e hijo de un albañil, murió en los ataques perpetrados por policías de Iguala entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

En tanto, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, desmintió que Aldo Gutiérrez Solano, quien está internado en un hospital de esta capital por muerte cerebral, tras recibir impactos de bala en los hechos violentos en Iguala, haya sido desconectado por decisión de sus padres.

Explicó que para ello se requiere un proceso legal, que al menos en Guerrero no se encuentra vigente.

Con Ramírez Nava suman seis las víctimas, entre las que están sus compañeros Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, y David Josué García Evangelista, de 14 años, jugador del equipo de futbol los Avispones.

Concluye la PGR 135 averguaciones sobre desaparecidos en los años 70 y 80

Gustavo Castillo

 Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2014, p. 19

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR concluyó entre enero de 2012 y julio de este año 135 averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de opositores políticos en los años 70 y 80, durante la llamada guerra sucia; en 74 casos ha considerado el no ejercicio de la acción penal.

Refiere que durante la gestión de Jesús Murillo en la PGR se han realizado reuniones con los familiares de los agraviados en las indagatorias que se integran por delitos como desaparición forzada, abuso de autoridad y homicidio, a efecto de hacer de su conocimiento la situación jurídica actual.

Entre estos encuentros, destacan los realizados en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero en las que se atendió a 70 agraviados y familiares.

Estas averiguaciones se iniciaron durante el gobierno de Vicente Fox y se desahogaron a través de la extinta Fisacalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Más de 300 casos quedaron pendientes de desahogo y estaban relacionados con la desaparición o tortura de integrantes de grupos armados que surgieron en los años 70 y 80 en México.

Con más de 343 mil firmas piden justicia para víctima de tortura

Solidaridad internacional ante caso de Claudia Medina Tamariz

Claudia Medina Tamariz durante la presentación de la campaña Rompiendo el silencio 

Amnistía Internacional (AI) reunió 343 mil 883 firmas de personas que instan a Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, a investigar de manera inmediata, imparcial y exhaustiva la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz, una mujer del estado de Veracruz violentada por elementos de la Marina en 2012.

De acuerdo con el testimonio de Claudia, el 7 de agosto de 2012 marinos la detuvieron de forma arbitraria en su domicilio en el puerto de Veracruz, luego fue torturada  y posteriormente obligada a firmar una declaración que no le permitieron leer y en la que se autoinculpaba de delitos contra la salud y de ser líder del cártel criminal Jalisco Nueva Generación.

En apoyo a Medina Tamariz, este martes 30 de septiembre una delegación de AI-México entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) una petición con firmas de personas y organizaciones de 117 naciones, entre ellos, Países Bajos, México, Alemania, España y Francia.

En el documento se exige que la PGR tenga en cuenta los dos peritajes del Protocolo de Estambul (procedimiento especializado para identificar a víctimas de tortura), que aportó la defensa de Claudia y pide que la dependencia practique los peritajes médicos en casos de presunta tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en apego con los estándares internacionales.

Mario Patrón, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización defensora de Claudia Medina, agregó en un comunicado que como primer paso para respetar los derechos de esta mujer de 33 años la PGR debe desistirse de las acusaciones contra la víctima.

“Hasta ahora la PGR no ha mostrado ningún interés en investigar la denuncia de tortura. Antes bien, continúa acusándola de delitos graves que no cometió a partir del dicho de sus torturadores, lo que es claramente insostenible al ser producto directo de la detención arbitraria, incomunicación por 36 horas, retención en base naval y de la tortura”, dijo el activista.

Por su parte, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI-México, expresó: “Al igual que Claudia Medina, muchas personas han sufrido tortura y otros malos tratos a manos de militares y policías en México. A diferencia de la respuesta que dan las autoridades, estas 343 mil 883 personas de 117 países nos están diciendo que la tortura es un problema serio, que hay que investigar a fondo cada caso y llevar a las personas responsables ante la justicia”.

Aseguró además que el gobierno federal debe tomar este llamado internacional como una oportunidad para demostrar resultados concretos en el marco de la lucha para poner fin a esta práctica persistente y generalizada.

En tanto, Claudia envió un mensaje a todas las personas firmantes: “Muchas gracias por este apoyo y por esta solidaridad. Mi lucha no es fácil; ya han pasado dos años y sigo sin obtener respuesta. Ni de los jueces, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos de la PGR. Pero voy a seguir hasta obtener justicia. Sé que no estoy sola: hay cientos de miles de personas que me apoyan”.

Recientemente, AI publicó su informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, en el que recomienda medidas específicas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar estas violaciones a los Derechos Humanos.

| CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.-

Investigación sobre feminicidio “a modo” en el Edomex

 5 meses sin resultados y ni siquiera se ha consultado a víctimas

La investigación que se realiza en el Estado de México –a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada en diciembre de 2010– se basa en encuestas y cuestionarios, y no en testimonios de las víctimas, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como parte de la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, el OCNF visitó la semana pasada el municipio de Tlalnepantla, localidad mexiquense con alta incidencia de violencia de género.

Durante la protesta frente al palacio municipal, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica de la organización, informó que aunque han pasado cinco meses desde que se anunció que se realizaría una investigación sobre violencia feminicida en la entidad, los avances son mínimos.

Cabe recordar que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Edomex, la cual fue negada en enero de 2011.

Ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la alerta.

En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación respondió con una queja, la sentencia fue ratificada.

En mayo pasado se informó que la pesquisa correría a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009 del SNPASEVM, y conformado sólo por dependencias federales.

Según las organizaciones civiles, la lentitud con la que se ha realizado la investigación se debe a que el gobierno federal “no sabe cómo investigar el feminicidio”, pues en reiteradas ocasiones pidieron les dieran a conocer la metodología con la que se realizarían las pesquisas, sin obtener una respuesta clara.

En ese contexto, Yuridia Rodríguez dio a conocer que recientemente el Sistema les dijo que solicitó información al gobierno del Edomex sobre el número de asesinatos y casos de feminicidio registrados durante el periodo denunciado por la organización (2005 a 2010).

“Esto nos parece sumamente grave porque en 2010 (cuando se solicitó la activación de la AVG) no existía el delito de feminicidio, así que ya sabemos que las autoridades locales van a informar que no tienen registrado ningún caso, simplemente porque no existía el tipo penal”, criticó.

Agregó que la investigación no “tiene ningún interés” por identificar las irregularidades que cometen los funcionarios, de lo que se podría desprender posibles sanciones.

Lo anterior porque, según informó el Sistema al OCNF, el Grupo Multidisciplinario “va a leer los expedientes (judiciales)”, pero no tiene ninguna facultad para señalar las fallas en la investigación o pronunciarse al respecto de los casos.

A decir de Rodríguez, la investigación que se lleva a cabo se basa en el envío de cuestionarios a activistas y al gobierno mexiquense, pero no contempla visitas al lugar de los hechos, municipios o acercarse a las víctimas, “cuando lo que nos ha permitido a nosotras ver que el problema es más grave de lo que imaginábamos es precisamente acercarnos a los municipios”.

Desde mayo pasado, cada día 25 de mes, el OCNF recorre los puntos emblemáticos de municipios mexiquenses con alta incidencia en violencia de género, y en sus recorridos escucha a las familias de víctimas que no han denunciado los hechos. Hasta ahora se ha visitado Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Tlalnepantla.

Finalmente, la abogada Yuridia Rodríguez lamentó que mientras en los estados de Guanajuato y Morelos bastó un mes para emitir recomendaciones a los gobiernos locales, en el Edomex han pasado cinco meses sin resultados concretos de la investigación, por lo que se teme que carezca de un impacto real.

En una entrevista concedida a esta agencia el pasado 19 de agosto, Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que la investigación en el Edomex estaba en la etapa de acercamiento con las víctimas y sobrevivientes de feminicidio, y escuchando a grupos civiles.

Precisó que la metodología a seguir sería la misma de las investigaciones realizadas en Guanajuato y Morelos (indagaciones llevadas a cabo por un Grupo de Trabajo conformado además de funcionarios, por académicas y expertos). Sin embargo, lo denunciado por la integrante del OCNF desmiente lo dicho por la comisionada.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

Omite México atropellos contra comunidades indígenas

 Mujeres líderes critican doble discurso en cumbre de la ONU

Indígenas mexicanas denunciaron que durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas –que celebró la ONU el 22 y 23 de septiembre en Nueva York–, el Estado mexicano mantuvo un doble discurso al hablar de avances y omitir información sobre los atropellos contra las comunidades originarias.

Las líderes indígenas Martha Sánchez, Felícitas Martínez, Guadalupe Martínez y Bettina Cruz aseguraron que no es verdad el dicho de Enrique Peña Nieto, quien afirmó que el gobierno mexicano “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”.

En conferencia de prensa hoy en esta capital, las indígenas, quienes participaron en la cumbre, dijeron que la delegación mexicana, encabezada por el titular del Ejecutivo, presentó información que dista de la realidad de los pueblos autóctonos, ya que en México se criminaliza, hostiga y encarcela a las y los indígenas que se oponen a megaproyectos o exigen sus derechos.

Ante ello recalcaron que México tiene un doble discurso porque mientras en la conferencia Peña Nieto presumió su compromiso con las comunidades originarias, líderes indígenas que luchan por la tierra y en defensa de sus territorios son encarcelados.

Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y encargada de Proyectos de Mujeres Indígenas del Instituto Simone de Beauvoir, observó que la conferencia mundial fue un logro de las indígenas tras intensos cabildeos, pero lamentó que el gobierno mexicano no garantizara una participación plural.

Destacó que hay decenas de casos de criminalización, persecución y hostigamiento contra mujeres y hombres indígenas que no fueron enumerados, por ello aseguró que es necesario que las mujeres sigan participando en espacios como Naciones Unidas para que puedan llevar sus demandas y problemáticas.

Felícitas Martínez, quien fuera parte de la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, relató que ejemplo de las violaciones a los derechos de las personas indígenas es el encarcelamiento de policías comunitarios, entre ellos Néstora Salgado, quien sigue encarcelada en el estado de Nayarit acusada de secuestro y delincuencia organizada.

Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), abundó que en algunas regiones de México las empresas eólicas invaden las comunidades con el apoyo de las autoridades y el argumento de que generan energías renovables.

Asimismo destacó que quienes se oponen a esos proyectos son criminalizados. Cruz es acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de delitos “contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad”, y está en espera de la decisión del Juez Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, que emitirá la sentencia que definirá su situación legal.

Además, las activistas acusaron que las indígenas no tuvieron el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), e incluso precisaron que la titular de la dependencia, Nuvia Mayorga, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, canceló un foro mundial que se organizaría en México previo a la Conferencia de la ONU.

Asimismo relataron que las mujeres tuvieron que sortear obstáculos financieros y de idioma para poder participar; no obstante, las líderes aseguraron que ahora el gobierno mexicano debe acatar los lineamientos acordados en el encuentro.

En el documento final, firmado por México, se compromete a los países a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros acuerdos.

Guadalupe Martínez, integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, resaltó que si bien este acuerdo internacional es un avance, hubo pendientes porque en la declaración final no se mencionaron compromisos para evitar la militarización de las comunidades indígenas, y no se abundó en los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas.

Es por ello que las mujeres coincidieron en que es necesario que el gobierno mexicano implemente los acuerdos adoptados.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.-  

La masacre de 22 no es la única en Tlatlaya, otras ocurrieron allí y se han silenciado: ONU

 Las investigaciones a un grupo de militares mexicanos por una masacre de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya en junio deberían servir para destapar otros hechos violentos ocurridos en esta localidad en el pasado, afirmó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. 

“Hay varias cosas graves que han sucedido anteriormente, sobre las cuales no tenemos memoria, ni cómo se aclararon, si es que se aclararon”, afirmó el representante en una entrevista telefónica con la agencia dpa. 

El pasado fin de semana Hernández escribió un artículo de prensa en el que recoge una denuncia periodística que asegura que en la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fue silenciada una masacre de 23 civiles cometida por un comando armado en un mercado en 2008. “Yo hablaba de un caso de hace seis años, que es algo que llama mucho la atención porque es también en Tlatlaya. Hay que aprovechar esto de ahora, con lo grave que es, para dejar cosas establecidas y no sólo hacer cosas ad hoc. 

Empezar por el presente pero tomar nota y responsabilidad de que hay cosas del pasado” sin aclarar, indicó. “Nadie, por lo menos hasta que me permití sugerir que en Tlatlaya han pasado cosas muy graves antes también, nadie parecía haberlo puesto en el debate actual y creo que sería muy interesante saber si (…) es que se aclaró qué pasó antes”, indicó. 

Hernández añadió que su oficina “ha recibido graves testimonios de los hechos” ocurridos el 30 de junio, cuando 22 presuntos delincuentes murieron tras un enfrentamiento con militares también en San Pedro Limón. Pero afirmó que no dará detalles sobre estas declaraciones para proteger a las fuentes. 

“La información que tenemos a disposición nos obliga a proteger a la fuente”, afirmó. 

Este martes la Procuraduría General de México afirmó que por el caso Tlatlaya acusará del delito de homicidio a tres de ocho militares que fueron capturados la semana pasada.

 El Ministerio Público dijo que las pruebas que ha recopilado le permiten establecer que los tres militares acusados ingresaron en la bodega de San Pedro Limón en la que se encontraban presuntos delincuentes y empezaron a disparar después de un enfrentamiento. 

La versión oficial inicial sobre el incidente -que afirmaba que los 22 delincuentes habían sido abatidos en un intenso operativo en el que se habían rescatado tres secuestradas y un militar había resultado herido-, quedó en entredicho luego de que una testigo afirmó a la prensa local que los uniformados habían ejecutado a las personas luego de que estas se rindieron. 

Con “toda la atención y esfuerzos que se hacen en el incidente de Tlatlaya lo que tenemos que buscar es no sólo dar respuesta al incidente del 30 de junio, (sino que) tenemos que poder, ojalá, también producir los cambios institucionales, los enfoques de reacción inmediata, los cursos y protocolos que nos permitan reaccionar así ante nuevos hechos que puedan surgir o hechos que ya sucedieron y que se quedaron archivados”, indicó Hernández. 

La presunta masacre de Tlatlaya también generó esta semana una reacción del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien instó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación rápida e independiente del caso. 

Heyns pidió asimismo que se garantice la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos del hecho.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/01-10-2014/1131441

Denuncian a procurador de Quintana Roo por tortura

Sergio Caballero

CANCÚN, Q. Roo., (proceso.com.mx).- Abogados de Héctor Cacique Fernández “El Diablo”, presunto operador del Cártel del Golfo, denunciaron al procurador del estado, Gaspar Amado García Torres, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta tortura.

También fue denunciado el exdirector de la Policía Judicial (PJ) y actual titular de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT) de Benito Juárez (Cancún) Arturo Olivares Mendiola.

Cacique Fernández ha sido acogido por el “Protocolo de Estambul” luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró que ha sido víctima “de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”.

Con este dictamen de la CNDH, la defensa de Cacique Fernández presentó la denuncia ante la PGR contra García Torres y Olivares Mendiola.

Los defensores de Cacique Fernández indicaron que han sido documentados “dos momentos” de tortura contra su cliente, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, y quien ha ganado dos amparos contra su detención.

Los litigantes refirieron que la primera tortura a la que fue sometido ocurrió en las instalaciones de la PJ, luego que fue consignado por la Policía Preventiva Municipal (PPM), acusado de ultrajes de la autoridad; actualmente está bajo proceso, acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del subsecretario de Conflictos de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de esta ciudad Magali Achach, así como de otras seis personas en el bar La Sirenita, en una colonia popular de este destino vacacional.

La segunda tortura, agregaron, fue cuando fue reaprendido afuera del Cereso de Chetumal, tras obtener su libertad, por haber ganado un primer amparo contra su detención.

Los abogados indicaron que la delegada de la PGR en Quintana Roo, Aurora Mora Morales, se negó a recibir la denuncia contra el procurador estatal y el exdirector de la PJ.

Por otra parte, indicaron que está en revisión ante un tribunal colegiado, el segundo amparo obtenido por Cacique Fernández a fin de obtener su libertad.

Confiaron que este tribunal confirme los abusos en contra de Caique Fernández y salga libre por segunda ocasión.

El pasado 10 de marzo, Cacique Fernández –detenido una semana después del múltiple asesinato– fue liberado tras obtener un primer amparo.

En aquella ocasión el Juzgado Segundo de Distrito dejó sin efecto el auto de formal prisión que le dictó el Juzgado Primero Penal de esta ciudad, por su presunta participación en el multihomicidio.

El juez federal desechó ese primer auto de formal prisión porque la PGJE inculpó a Cacique Fernández a partir de su propia confesión, obtenida bajo tortura.

No obstante, a sólo unos minutos de haber dejado la cárcel de Chetumal, “El Diablo” fue recapturado por agentes de la Policía Judicial del estado (PJE) y trasladado a esta ciudad.

El juez Cuarto Penal de esta ciudad, Alex Ramiro Buenfil Ayala, fue quien dictó el nuevo auto de formal prisión contra Cacique Fernández bajo la causa penal 98/2014 por el delito de homicidio.

A raíz de esa determinación, el acusado fue internado de nueva cuenta en el Cereso de Chetumal, y de inmediato sus abogados presentaron un nuevo amparo, esta vez ante el Juzgado Quinto de Distrito, que obtuvieron la semana pasada, por lo que confiaron que en breve su cliente sea liberado.

En su oportunidad, familiares de “El Diablo” denunciaron que fue aprehendido por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola –actual jefe de la policía municipal de esta ciudad–, a quien Cacique Fernández le exigió que le regresara los 75 mil pesos que le pagó a cambio de una plaza en esa corporación, que nunca le dio.