Plascencia pudrió la CNDH; es omiso e insensible, acusan activistas

Presentarán denuncia ante federación iberoamericana

Carolina Gómez Mena 

Periódico La Jornada
Jueves 2 de octubre de 2014, p. 8

El Comité Ciudadano para el Rescate de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunciará hoy ante integrantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) la permisiva, omisa e insensible labor de Raúl Plascencia Villanueva al frente de la CNDH.

En conferencia de prensa, Alberto Athié, defensor de derechos humanos; Valentina Peralta Puga, del Movimiento por la Paz y la agrupación Eslabones; Eduardo Gallo, padre de una víctima de secuestro, y Carlos Moreno y Gregorio Cano, progenitores de desaparecidos, anunciaron que harán llegar una carta abierta a los miembros de la FIO, que se encuentran reunidos en el Distrito Federal con motivo de la 19 asamblea general y congreso internacional, encuentro privado que Plascencia Villanueva, también presidente de esa federación, encabeza como anfitrión.

Tras confiar en que la demanda de juicio político solicitada a la Cámara de Diputados prospere, y al señalar que analizan interponer una demanda penal contra Plascencia, expusieron que este hombre ha dañado gravemente a la CNDH, pudrió una institución que debería ser garante para sociedad.

Lo acusaron de estar más preocupado por hacer campaña para su ratificación como ombudsman que por defender los derechos humanos de las víctimas y lo apremiaron a ganarse con hechos los 400 mil mensuales que percibe. Parece un político en campaña, buscando honores, más que un presidente de la CNDH. Ha ido a buscar cartas de apoyo para relegirse, le preocupa más su ratificación que la atención a las víctimas.

En la carta, el comité, que tiene el respaldo de 135 organizaciones y personas, afirma que los defensores de los derechos humanos enfrentan una crisis por las gravísimas omisiones de la CNDH frente a la impunidad en los casos de cientos de miles de delitos, abusos de servidores públicos, desapariciones forzadas, extorsiones por parte de algunas autoridades, homicidios e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Añade que muchas familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos han acudido a la CNDH para que sean atendidas. Lamentablemente no sólo no han sido atendidas, sino que han sido revictimizadas y abandonadas a su suerte, aunado a que la misma CNDH se encuentra litigando casos contra las propias víctimas, como es el caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas.

Señala que víctimas, familiares de éstas, organizaciones, analistas políticos y ciudadanos estamos inconformes y agraviados por el papel que ha desempeñado Plascencia Villanueva, persona que consideramos no idónea para continuar presidiendo la CNDH.

Tiene que quedar claro que los juzgados ordinarios procesarán abusos cometidos por militares

Restricción al fuero castrense

Debe incluirse fallo de la Corte en la Ley de Seguridad Nacional: legisladores de PRI y PRD

Operativo militar del pasado domingo en Monterrey, Nuevo León, para liberar a 20 personas que estaban secuestradas en una chozaFoto Reuters

Enrique Méndez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 4

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acotar el fuero militar obliga al Congreso a asumir su responsabilidad y legislar en la materia, consideraron ayer senadores y diputados de PRI y PRD.

Integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores de San Lázaro se mostraron satisfechos con el fallo del máximo tribunal de justicia del país para que jueces civiles puedan conocer de delitos cometidos por soldados; consideraron que la resolución de los ministros obliga a dejar en claro en la Ley de Seguridad Nacional que serán los juzgados ordinarios los que procesen los abusos cometidos durante operativos contra la delincuencia organizada.

Enoé Uranga (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, evaluó que en el debate sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional debe ratificarse, como propone el anteproyecto de decreto, que si un militar comete un delito contra civiles, sean jueces del fuero común los que lleven a cabo el proceso.

Planteó que la Cámara de Diputados está obligada a dictaminar las cinco iniciativas que para modificar el fuero de guerra están pendientes desde el año pasado en las comisiones de Defensa y de Puntos Constitucionales.

Acierto de los ministros

Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien el año pasado presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los crímenes de guerra sean imprescriptibles y que en tiempos de paz no subsista el fuero de guerra, definió el fallo de los ministros como un acierto.

Esto –indicó–, porque el Ejecutivo federal está obligado a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y con ello, si Felipe Calderón quiere tratar de proteger al Ejército y utilizarlo para combatir el crimen organizado, necesita declarar oficialmente una guerra.

Ponderó que se trata de un triunfo para quienes durante años han exigido que en tiempos de paz el Ejército se dedique a labores de disciplina interna y que no exista el fuero de guerra.

En tanto, el priísta Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Defensa, expuso que la opción de que los jueces civiles determinen si inician procesos a militares, también mantiene el monopolio de la acción penal en el Ministerio Público.

Estos dos aspectos son clave, porque si se inicia una averiguación previa contra soldados o marinos que cometan abusos contra civiles, dependerá del criterio de los procuradores estatales y de la Procuraduría General de la República para cada caso concreto, o bien si declinan esa competencia y derivan los expedientes en favor del fuero militar, que subsiste, explicó.

Además, resaltó que la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe verse a partir de que la eficiencia penal de los tribunales militares es de 95 por ciento y, en contraste, en los civiles la impunidad es de 97 por ciento.

En el Senado, el perredista Tomás Torres subrayó que al dictaminar la Ley de Seguridad Nacional, la Cámara de Diputados debe tomar en cuenta el criterio de los ministros sobre la competencia de tribunales civiles en el caso de integrantes de las fuerzas armadas que violen derechos humanos de la población.

Destacó que desde hace casi un año está congelada en el Senado la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, debido a que el proyecto enviado al Congreso por el presidente Felipe Calderón a finales de octubre de 2010, debe corregirse y ser votado pronto.

Comentario

antonio

Las reformas que se necesitan en el país es cierto hacen mucha falta pero de que sirven leyes hechas al vapor o ineficientes, que bueno que el PRI y PRD se preocupen por discurtir a fondo estas reformas, y que así sean lo más funcionales posibl

Restricción al fuero castrense

Expulsión de académico colombiano evidenció desacato

Usa el gobierno instituciones opacas para dar la vuelta a tratados: ONG

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 4

La organización Sin Fronteras advirtió que en la deportación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán –en mayo de 2009– se acreditó ante un juez que el gobierno mexicano rechazó una solicitud de asilo, lo que rompe con todos los preceptos y leyes en la materia que debió acatar México.

De manera independiente al proceso jurídico que se siguió a Beltrán en su país (fue absuelto tras dos años de permanecer en una cárcel de máxima seguridad, La Jornada, 11 de julio 2011), este caso puso en evidencia los riesgos de privilegiar la seguridad nacional por encima de otras circunstancias, como una solicitud de asilo, lo que rompe toda la tradición de México en la materia.

“Cuando el gobierno da prioridad a la seguridad nacional, pasa por encima de gente como Miguel Ángel sin haber seguido las formalidades –de un tratado de extradición, por ejemplo–, incluso cuando el inculpado tenga acusaciones de tipo penal en México o el extranjero”, señaló Perseo Quiroz, subcoordinador de defensoría de Sin Fronteras.

Esta organización civil dedicada al auxilio de extranjeros señaló que aunque el caso de Beltrán es emblemático, no es el único. La deportación en referencia y otras que han ocurrido en los años recientes tampoco pasan por el procedimiento que dictan la ley y la operación del sistema judicial.

“En cambio –añadió Quiroz–, se echa mano de una institución opaca, sin controles, como el Instituto Nacional de Migración (INM), para dar la vuelta a los derechos y convenciones firmados y ratificados por México, especialmente para el caso del refugio”, indicó.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la ilegalidad y violación a las garantías básicas cuando se privilegian los criterios de seguridad nacional.

Cuando Beltrán fue deportado se promovió en México un amparo directo para evitar la expulsión, trámite que derivó en dos demandas: una por la propia devolución y otra por el rechazo del gobierno mexicano a aceptar su solicitud de asilo.

En el segundo caso, el juez acreditó que el extranjero solicitó el asilo, petición ignorada por las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

Como informó este diario, el colombiano demandará su retorno a México –por medio del asilo– y analiza la vía para exigir la reparación del daño, porque asegura que fue objeto de tortura y vejaciones sicológicas de agentes mexicanos.

En su momento, el juez de distrito avaló la existencia de una solicitud de asilo y, en consecuencia, la negativa de este derecho. Sin embargo, alegó que la petición de amparo fue presentado de manera extemporánea.

Otro juez también avaló que la orden de deportación fue irregular, sin fundamento, y que estaba valorada excesivamente la prohibición del retorno de Beltrán, al impedirle volver a pisar territorio mexicano en los próximos 40 años.

El Ministerio Público Federal apeló esta decisión y asevera que no pueden otorgar el amparo porque Miguel es un peligro para México, siendo que él ya fue absuelto por la justicia de su país.

Está muy viciado, no es confiable, dice coordinador de albergue

Propone Solalinde desaparecer Instituto Nacional de Migración

Acuerda trabajo conjunto con el gobernador de Veracruz

Andrés Timoteo Morales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 2 de julio de 2011, p. 7

Jalapa, Ver., 1° de julio. El sacerdote Alejandro Solalinde propuso desaparecer el Instituto Nacional de Migración (INM), pues ya no garantiza la protección de los migrantes que transitan por territorio mexicano. El gobierno federal, sugirió, debería rescatar a algunas personas valiosas que tiene y formar otra dependencia, una subsecretaría, por ejemplo. Es lo más propicio, lo más pertinente desaparecerlo y hacer una nueva institución. Esta ya está muy viciada, es corrupta, obsoleta, no es confiable y realmente no responde a las iniciativas del comisionado, apuntó, al final de su encuentro con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El mandatario estatal, por su parte, expresó su compromiso de mantener las investigaciones sobre el caso de Medias Aguas y el respeto del gobierno estatal a la integridad física y las libertades de los migrantes que transitan por territorio estatal. Mi intención fundamental es el poder quitar a Veracruz este estigma donde no se respeta el derecho de los migrantes, y vamos a trabajar de manera conjunta el gobierno del estado y la asociación civil que el padre representa para poder atender esta circunstancia, expresó.

Duarte de Ochoa y Solalinde informaron, al final de su encuentro, que se ha confirmado el secuestro de cinco migrantes centroamericanos en el poblado de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán, cometido por integrantes del crimen organizado el pasado 24 de junio, y se sigue investigando la posibilidad de otros casos, pero tomamos el acuerdo de no generar nada (a la prensa) hasta no hacerlo todo institucionalmente, agregó Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, quien también señaló: Encontramos más disposición en el gobierno de Veracruz que el federal para investigar los casos.

Reveló que entregó al gobernador Duarte de Ochoa un expediente con testimonios que involucran al ex mandatario Fidel Herrera Beltrán con bandas dedicadas al secuestro, extorsión y homicidio de migrantes. Le dije: yo tengo desconfianza del gobierno de Veracruz por muchas razones y una de ellas es su vinculación con Fidel Herrera. Él (Duarte) sólo me dijo: padre yo le puedo asegurar que Fidel Herrera es Fidel Herrera y yo soy yo, y en los hechos voy a demostrarle que así es. Duarte fue honesto y se deslindó (de Herrera Beltrán).

El gobernador Duarte de Ochoa informó que hay el compromiso de continuar con la depuración de las corporaciones policiacas y el combate al crimen organizado, que también tiene que ver con el tema de la seguridad de los migrantes extranjeros que pasan por territorio estatal.

Anunció una campaña mediática dirigida a los diversos sectores de la sociedad para convocar al trato humanitario y respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como para coadyuvar a las autoridades en la información sobre casos de violencia y abusos en su contra.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

premian en Berlín a ONG por su defensa de las garantías individuales

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 15

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió ayer, en Berlín, en manos de su director el antropólogo Abel Barrera, el sexto Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), como reconocimiento a su trabajo en defensa de las garantías individuales, particularmente sobre la investigación de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército.

La ceremonia, realizada en la Casa de las Culturas del Mundo, contó con la participación del presidente alemán, Christian Wulff, y el secretario general de AI, Salil Shetty, quienes manifestaron su preocupación por el estado de los derechos humanos en México.

En entrevista telefónica desde la capital alemana, Barrera explicó que, en su mensaje de agradecimiento, hizo una mención especial al caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cuya agresión sexual a manos de soldados, en 2002, motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, sin que éste haya cumplido aún con dicha resolución.

Demandamos que el caso de Inés y Valentina sea turnado al fuero civil en vez de al militar, y advertimos sobre la situación de violencia en México y la falta de atención a las exigencias de la sociedad. También pedimos que se respetaran los derechos humanos, como el de la vida y la seguridad, y que se castigue a los responsables de esta guerra, afirmó.

La entrega de este reconocimiento puede ayudar a que en Europa y otras latitudes se ponga atención de nuevo a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, y a que el gobierno incorpore de verdad este tema a su agenda política, en vez de simular que lo hace, dijo.

Acción Urgente por la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán

• Amnistía Internacional convoca a exigir a las autoridades federales que garanticen que los residentes de Cherán están protegidos frente a los ataques y amenazas de las bandas delictivas; se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque a Cherán perpetrado por parte de hombres armados y policías el 15 y 27 de abril, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia y que se garantice una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de homicidios, desapariciones forzadas, amenazas y actividades madereras ilegales presentadas por los miembros de la comunidad.

Desde el 15 de abril, la comunidad indígena de Cherán, en Michoacán, en el oeste de México, ha cerrado sus accesos para protegerse de las bandas de delincuencia organizada que actúan en connivencia con las autoridades locales y la policía. Un residente recibió un disparo el 15 de abril, y dos más fueron asesinados el 27 de abril.

Durante varios años, una banda armada vinculada al principal cártel de la droga de Michoacán ha secuestrado y matado a miembros de la comunidad indígena purépecha de Cherán, y ha llevado a cabo extracciones madereras ilegales en las tierras de la comunidad. Las bandas delictivas han actuado con la complicidad de las autoridades locales y la policía.

El 15 de abril, los miembros de la comunidad de Cherán interceptaron a unos camiones que transportaban leña talada ilegalmente y capturaron a cinco madereros. La comunidad informó a las autoridades locales de lo sucedido. Dos horas después, un vehículo de la policía municipal y dos camionetas irrumpieron en la localidad. En ellos viajaban al menos 14 hombres fuertemente armados, que empezaron a disparar a los residentes. Eugenio Sánchez Tiandón recibió un disparo en la cabeza. Se encuentra en coma.

Como respuesta, los residentes cerraron con barricadas los accesos a la localidad. Los dirigentes comunitarios, con la ayuda de abogados de derechos humanos, iniciaron un diálogo, que aún continúa, con las autoridades estatales y federales sobre la seguridad en la comunidad. El 23 de abril, la comunidad presentó a los cinco madereros ilegales, junto con 140 denuncias de residentes, a los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según los informes, el 27 de abril los miembros de la comunidad volvieron a impedir a los madereros ilegales que entraran en sus tierras. Los madereros armados atacaron a los miembros de la comunidad, y mataron a dos de ellos: Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan tomado medidas para detener y enjuiciar a los delincuentes y policías implicados en los ataques, y los residentes han informado de que la banda delictiva ha enviado a los dirigentes comunitarios mensajes en los que dice que sufrirán represalias por sus actos. La comunidad ha pedido que la Policía Federal garantice su seguridad.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

* Pidiendo a las autoridades federales que garanticen que los residentes de Cherán están protegidos frente a los ataques y amenazas de las bandas delictivas que actúan en connivencia con las autoridades locales, y que la comunidad tenga acceso a alimentos y servicios básicos durante la protesta;

* Pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el ataque a Cherán perpetrado por parte de hombres armados y policías el 15 y 27 de abril, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
* Pidiendo que se garantice una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de homicidios, desapariciones forzadas, amenazas y actividades madereras ilegales presentadas por los miembros de la comunidad, y que los responsables rindan cuentas de sus actos.

Para leer la Acción Urgente completa, haz click aquí

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Presentación libro: Sentencia Campesinos ecologistas

En noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su sentencia en torno al caso de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, conocidos también como los Campesinos ecologistas de Guerrero. Este caso arroja luz sobre la persistencia de condiciones que propician violaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero y en México, en general. La militarización de la zona, el arraigo de la impunidad y la agresión constante contra activistas y defensoras y defensores de derechos humanos constituyen una realidad presente hoy en todo el país. Comprender estos aspectos es un ejercicio necesario para revertir el deterioro de los derechos humanos en México.

Con el objetivo de difundir de manera amplia los contenidos de la sentencia y favorecer el mandato de la Corte IDH en relación a este caso, les invitamos atentamente a la presentación del libro "Nuestra lucha es por la vida de todos" que contiene la historia completa del caso, el resúmen oficial de la Corte IDH, así como uno realizado por parte de la defensa, representada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y la sentencia integra.

Presentan:

Dr. José Luis Caballero y Dr. Victor Rojas Amandi de la Universidad Iberoamericana y el Mtro. Luis Ariaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Cupo limitado. Agradeceremos confirmar su asistencia a los teléfonos 01 (55) 5546 8217 / 5566 7854 / 5535 6892 o al correo-e: secretaria_direccion@centroprodh.org.mx Lunes 9 de mayo de 2011 / 18:00 hrs en el Auditorio Xavier Scheifler y de Amézaga / Edificio S / 2º nivel, Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México.

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Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

Invitación para la presentación del Informe 2010: La Violencia en México y el Derecho a la Información

ARTICLE 19 y Cencos tienen el honor de invitarle a la presentación del informe 2010 sobre agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en México:

“La Violencia en México y el Derecho a la Información”

El evento tendrá lugar el próximo lunes 9 de mayo en Casa Lamm (Álvaro Obregón 99, Col. Roma) a las 11:00 de la mañana.

Mayores informes y confirmaciones: Verónica García verónica@article19.org (55)10546500 ext.113 y Daniela Hernández daniela.hernandez@cencos.org 55336475 ext. 102.

Denuncia AI amenazas a centro para migrantes

Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 16

Amnistía Internacional advirtió que el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos para Migrantes Beato Juan Bautista Scalabrini, en el estado de Tamaulipas, está en riesgo de sufrir ataques y secuestros después de haber recibido una llamada telefónica amenazante. Mediante un comunicado, la organización de derechos humanos informó que el 29 de abril de este año, el padre Gianantonio Baggio, director del mencionado centro, recibió una llamada intimidatoria. En ella, un hombre se identificó como jefe de una casa de seguridad, y le advirtió que lo mataría por denunciar las actividades de las bandas del crimen organizado ante la Policía Federal.

UNÁMONOS PARA EXIGIR JUSTICIA

Estimada, estimado membro: A lo largo de las últimas cinco décadas nuestro movimiento ha sido testigo de como las movilizaciones públicas pueden llegar a ser un poderoso recurso para quienes luchan por sus derechos. El asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, que se suma a muchos otros casos que permanecen en la impunidad, ha provocado que importantes sectores de la sociedad mexicana salgan a las calles para mostrar su indignación y su preocupación por el clima generalizado de violencia en el país y por la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. En Amnistía Internacional compartimos esta preocupación y consideramos que estas movilizaciones son una oportunidad para que quienes estamos convencidos de que los derechos humanos son un componente necesario en la lucha por la seguridad pública, enviemos un categórico mensaje a las autoridades. Por ello, Amnistía Internacional México ha decidido sumarse, de la mano de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, a las movilizaciones que tendrán lugar los días del 5 al 8 de mayo en las ciudades de Guanajuato, Querétaro, Guadalajara y Distrito Federal. Si vives en una de estas ciudades, queremos invitarte a que participes junto a nosotras y nosotros durante estas demostraciones. Nuestro mensaje estará centrado en exigir un fin a los graves niveles de impunidad que prevalecen en el país. Información logística: Querétaro: 18:30 Jardín Zenea. Calle Corregidora entre 16 de Septiembre y Madero. Guadalajara: 10:45 Plaza Juárez, junto a Ferrocarriles Guanajuato: 5:15 Arco de la Calzada D.F. 12:45 Modulo de Información Red Ángel de la salida Lázaro Cárdenas Sur del metro del mismo nombre. Enrique Granados esquina con José Peón Contreras y Juan Hernández Dávalos. Pueden dirigir sus dudas logísticas del D.F. al 044553379 4718. Nota importante: El comité organizador de las manifestaciones ha solicitado que estas se lleven a cabo en silencio. En consecuencia con ello, la participación de AI México se llevará a cabo de manera silenciosa Únete a nuestras comunidades online Facebook México| Latinoamericana Twitter Inglés | Español GRACIAS POR FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS MÁS GRANDE DEL MUNDO. Amnistía Internacional

Denuncian que la Suprema Corte no cumple con su trabajo

Dedicada a la mujer, la protesta mensual de HIJOS y Eureka sobre desaparecidos

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 6 de marzo de 2011, p. 11

Como cada primer sábado de mes, desde hace dos años, la organización HIJOS México y el Comité Eureka efectuaron una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto mediante el cual reiteraron su exigencia de que las autoridades mexicanas investiguen seriamente el tema de los desaparecidos, y frenen dicho fenómeno.

El escrache –o señalamiento público– correspondiente a este mes fue dedicado a las mujeres, a propósito del día internacional de este género, el próximo martes, afirmó en entrevista con La Jornada Valentina López, integrante de HIJOS.

Venimos a señalar que la Suprema Corte no hace su trabajo, que es el de encontrar y castigar a los responsables y sus cómplices, y decir dónde están los desaparecidos. Este mes hemos dedicado el evento a todas las mujeres desaparecidas en México, las que lo son por motivos políticos y las que no lo son, dijo.

El común denominador en ambos casos es la política de terrorismo de Estado que perpetúa la violencia y la impunidad, y que ha permitido la existencia de los feminicidios, la desaparición de mujeres, y ahora los asesinatos de activistas, como Marisela Escobedo, Susana Chávez o los integrantes de la familia Reyes Salazar.

Estamos muy preocupados porque creemos que el nivel de represión que se está alcanzando es quizá más fuerte que en los años de 1970, y si nosotros seguimos permitiendo como sociedad que maten a seis integrantes de una familia y les quemen la casa, o que siga desapareciendo gente, entonces se va a seguir repitiendo, advirtió.

Ayer ante la CorteFoto Yazmín Ortega Cortés

El país se encuentra en una situación casi límite. Sentimos que hay gran inconformidad social, un nivel de tensión casi insoportable, que está orillando a muchos luchadores sociales a exiliarse para salvar sus vidas.

Esta situación no cambiará por la vía judicial si antes no hay una presión de la sociedad que la genere desde abajo. Siempre hemos dicho que la única forma de que haya justicia es construyéndola con una condena social. La mayoría de la gente no sabe qué es un desaparecido, por tanto no lo denuncian, no saben qué hacer, tienen miedo, y entonces sigue ocurriendo.

A pesar de ello, el trabajo hormiga de denuncia que han emprendido HIJOS México y el Comité Eureka ha comenzado a dar algunos frutos, celebró.

Con una persona que nos escuche, nos ponga atención y por lo menos se entere de que esto existe, ya tenemos un avance. Antes la gente nos veía con más distancia, y ahora se empieza a acercar con nosotros y nos cuenta sus historias personales. Eso es preocupante, pero también alentador.

Preocupación extrema: ONU-DH y AI

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 18 de diciembre de 2010, p. 12

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México (ONU-DH) condenó enérgicamente el asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, quien exigía justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Frayre.

Javier Hernández, titular del organismo, dijo que es desoladora e indignante la impunidad en la que se hundió el esfuerzo de Escobedo. Escandaloso que le haya costado la vida y que su homicidio esté grabado por las cámaras de seguridad del área, dijo.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió que el hecho muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en Chihuahua.

Una vez más la negligencia de las autoridades federales y estatales para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer en Chihuahua ha llevado a que sean los familiares y las organizaciones de derechos humanos los que sufran las represalias por luchar por la justicia y la verdad, señaló AI en una declaración pública.

En un comunicado la ONU-DH señaló que este es el momento de redoblar nuestra solidaridad y acompañamiento con todas las personas, en particular mujeres y madres que buscan sobreponerse a la tragedia de haber visto a sus familias diezmadas por la violencia y, en medio del dolor, no cesan en su firme reclamo de justicia.

Que la mirada internacional regrese

En tanto, integrantes de organizaciones civiles advirtieron que el asesinato de Escobedo marca un punto de preocupación extrema en un ambiente ya de por sí generalizado de agresiones contra defensores de derechos humanos.

Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, afirmó que este acto de violencia puede considerarse un crimen de Estado, ya que las autoridades del país y de la entidad nunca han hecho su trabajo para romper con el círculo de impunidad que rodea a los feminicidios.

Las asociaciones de derechos humanos pedirán que la mirada internacional regrese, y para ello han contactado ya a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, para que sus relatores comprueben in situ el nivel de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres.

Por su parte, el director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, dijo que con este hecho nos encontramos en un punto de máxima preocupación en términos de responsabilidades incumplidas del gobierno federal para proteger a los defensores de derechos humanos. No sé cuántos activistas más vamos a ver muertos, amenazados y hostigados, lamentó.

"Los Invisibles"

Ver el documental

Todos los años, miles de migrantes se enfrentan a secuestros,
violaciones y asesinatos en México.

Impulsados por una miseria absoluta y la inseguridad que viven en sus países, atraviesan México con la esperanza llegar a Estados Unidos y ver cumplida allí la promesa de una vida mejor. Pero, con demasiada frecuencia, todos sus sueños se ven convertidos en la peor de las pesadillas.

Dividido en cuatro partes, Los invisibles muestra la verdad que hay detrás de uno de los viajes más peligrosos del mundo y saca a la luz las historias nunca contadas de las personas que emprenden este viaje hacia el norte a través de México.

Primer corto: Seaworld
Al inicio de su viaje, los migrantes se sienten llenos de esperanza por llegar a Estados Unidos. Entre ellos se encuentra una niña que viaja con su familia y sueña con visitar el parque temático Seaworld. Filmada en un refugio para migrantes al sur de México, esta primera parte muestra los peligros que les esperan.

Segundo corto: Seis de cada diez
Gael García Bernal habla con tres mujeres hondureñas que viajan en busca de una vida mejor para sus familias. El riesgo que corren es muy elevado. Seis de cada diez mujeres y niñas que emprenden el viaje sufren abusos sexuales.

Tercer corto: Lo que queda
Los familiares que quedan en Centroamérica puede que nunca vuelvan a tener noticias de sus seres queridos. En El Salvador, una madre habla de su desesperación por no saber dónde está su hijo, que emprendió el viaje a Estados Unidos hace ya diez años y prometió llamar en doce días.

Cuarto corto: "¡GOL!"
A pesar del peligro y los riesgos, los migrantes seguirán viniendo. Duermen a la intemperie, mendigan comida y viajan colgados de trenes de mercancía a los que se enganchan en marcha. Muchos resultan gravemente heridos, pero siempre habrá unos cuantos dispuestos a afrontar el viaje.

Realizan reunión sobre sentencias que ordenó la CIDH contra México

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de octubre de 2010, p. 20

Ayer, en la Secretaría de Gobernación, se realizó la primera reunión de trabajo para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, notificadas al Estado mexicano el primero de octubre de 2010.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, acordó que la primera semana de noviembre se convocará a representantes de los tres poderes de la Unión para la instalación formal de un grupo de trabajo para el cumplimiento de las sentencias. Ahí se delimitarán los ejes temáticos relacionados con la implementación de los resolutivos de la CIDH. En el encuentro participaron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú con sus representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa.

Cuatro ministros se pronuncian por acatarla sin reservas

Analizará la Corte resolución de la CIDH en caso Radilla

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 7 de septiembre de 2010, p. 17

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer, por ocho votos contra tres, que analizará la sentencia, recomendaciones y resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, donde quedó demostrado que el Estado violó los derechos humanos de Radilla, quien se encuentra desaparecido.

A partir de hoy, los ministros analizarán la sentencia para determinar cuáles recomendaciones y resolutivos son obligatorios por la Corte y para el Poder Judicial de la Federación (PJF) en su conjunto, pues la CIDH incluyó a dicho poder en su sentencia.

Durante las discusiones celebradas en tres sesiones, hasta el momento José Ramón Cossío (ministro instructor), Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar se han pronunciado porque el máximo tribunal acate sin reservas las resoluciones y recomendaciones que atañen al PJF; mientras Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoita, se han manifestado porque sólo se analice el caso y luego se defina si se ratifica la sentencia.

Por el contrario, Sergio Aguirre Anguiano, Sergio Valls y Luis María Aguilar consideran que la Corte no puede asumir motu proprio, ni dejando de lado a los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), una sentencia de la CIDH, sobre todo si la Corte no fue notificada de forma particular.

Se condenó al Estado mexicano, pero la Suprema Corte, como ente del Estado, está relacionada con el cumplimiento. La Corte no puede condicionar su marco de atribuciones y el cumplimiento de éstas a otros poderes, sostuvo Sánchez Cordero.

Silva Meza añadió: “Estamos obligados, definitivamente, como Estado mexicano. El deber de cumplir todas y cada una de las obligaciones se adquiere al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos y, desde luego, con las sentencias que se emitan en un (juicio) contencioso donde el Estado sea parte; todos, como Estado federal, incluso las entidades federativas, si tuvieron alguna participación, también tendrían que estar cumpliendo. Creo que no hay ningún problema, pero como Poder Judicial sí tendremos que hacerlo motu proprio”.

Los ministros discutirán si aceptan: implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del sistema interamericano, especialmente en los temas de límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, y un programa de formación sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, con atención especial a elementos legales, técnicos y científicos para igualar íntegramente el fenómeno de desaparición forzada.

El tema más polémico es que, de aceptarse en sus términos la resolución, daría lugar a que los jueces –sin necesidad de esperar que se apruebe una reforma constitucional– se verían obligados a juzgar en el ámbito civil a los militares acusados de cometer delitos en agravio de civiles. El resolutivo de la CIDH recomienda al PJF garantizar que la averiguación previa abierta se mantenga bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria y, en ninguna circunstancia, en el fuero de guerra.

Demanda AI que cumpla el Estado

Amnistía Internacional (AI) demandó ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconozcan la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apremió a que resuelvan la consulta a trámite, en discusión desde el pasado 30 de agosto.

En particular, subraya, deberá tenerse presente que la sentencia emitida por la CIDH en noviembre de 2009 en el caso de Rosendo Radilla –desaparecido por militares en Guerrero durante la época de la guerra sucia– emite un mensaje: “que cuando se imputen violaciones de derechos humanos a militares, sea la jurisdicción ordinaria –no la militar– la única competente para investigar, juzgar y sancionar. Es decir, que en ninguna circunstancia debe operar la jurisdicción militar cuando se discuta la violación de derechos humanos de un civil”.

Caso del guerrerense Rosendo Radilla Pacheco

Revisa la SCJN si está obligada a obedecer orden de la CIDH

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de septiembre de 2010, p. 20

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que debe analizar si está obligada a acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974.

Por mayoría de ocho votos contra tres, los ministros consideraron que antes de pronunciarse sobre el proyecto elaborado por José Ramón Cossío Díaz, en el cual señala que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe atender cabalmente dicha sentencia, el pleno tiene que analizar si previamente debe seguir un procedimiento interno de discusión, con lo que se aplazaría indefinidamente la decisión de los ministros.

El proyecto de Cossío señala que de acatarse la decisión de la CIDH, en los hechos se sentarían las bases para declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual permite que autoridades castrenses juzguen a soldados acusados de cometer delitos en agravio de la población civil.

De acuerdo con el dictamen, la CIDH planteó que el PJF debe analizar determinadas medidas de reparación, como imponer límites a la jurisdicción militar y crear un programa de formación sobre el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada, además de velar por que no se repitan las violaciones cometidas por el Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco, en el sentido de que la justicia castrense intervino en el asunto, cuando le competía al fuero común.

Al iniciar la discusión sobre la solicitud de trámite hecha por el presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para determinar qué actitud debía tomar el PJF respecto de la sentencia de la CIDH, la mayoría se apartó del proyecto de Cossío, quien planteaba entrar al fondo del asunto.

En lugar de ello se aceptó discutir en primera instancia si la Corte debe analizar el tema, ya que Sergio Aguirre, Luis María Morales y José de Jesús Gudiño Pelayo consideraron que el tribunal no fue notificado oficialmente de la sentencia y que, por tanto, no tiene por qué discutir el asunto.

Reporte del Centro ProDH

Defensora de derechos humanos hostigada por parte de militares en Ciudad Juárez

15 de agosto de 2010. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

El 27 de julio de 2010, 10 militares uniformados y armados se presentaron en el domicilio particular de la Sra. Emilia González Tercero, Defensora de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez Chihuahua, en donde le dijeron burlonamente "qué escondidita está tu casa" y le solicitaron por medio de un citatorio presentarse en el campo militar 5-C para rendir declaraciones ante una agencia investigadora militar.

Ésta es la segunda vez que militares armados acuden al domicilio de la Sra. Emilia para intimidarla. El verano del año pasado, el 17 de junio de 2009, un grupo de militares la interrogaron frente a su domicilio sobre "explosivos, armas o cohetes" e intentaron ingresar a su casa sin ninguna orden judicial. En esa ocasión, un militar le dijo a un vecino que explicaba la calidad moral de la derecho humanista: "usted no sabe, señor, la cantidad de armas que hemos encontrado en las casas donde hay señoras de edad y muy dulces", además la amenazó con que si no dejaba que ingresara a su casa, vendrían después federales y la destrozarían.

La Sra. Emilia González Tercero es una reconocida defensora de derechos humanos en el estado de Chihuahua, con una amplia trayectoria de más de 20 años en la defensa de los pueblos indígenas, las mujeres, las víctimas de tortura y la denuncia de abusos cometidos por el ejército. Desde finales de la década de los 80´s, la Sra. Emilia fue cofundadora de una de las primeras organizaciones no gubernamentales en México dedicada a la defensa de los derechos humanos: la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC).

En 1990, lanzó, junto con otros defensores/as de derechos humanos, la innovadora y exitosa campaña "tortura nunca más" que logró sancionar penal y socialmente este delito y modificar la legislación a favor de los derechos humanos en Chihuahua. La Sra. González ha realizado declaraciones públicas sobre los abusos militares a nivel nacional e internacional y ha sido ponente de casos graves de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde enero de 2010, la Defensora de los Derechos Humanos es, junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, representante legal de Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado, víctimas de desaparición forzada a manos del ejército desde el 29 de diciembre de 2009 y de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de la Sra. González (MC-55-10) por el riesgo al que se enfrenta en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado, este caso es conocido por el grupo de desaparición forzada de la ONU y recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas provisionales a favor de Rocío, Nitza Paola y José Ángel, por lo que los hostigamientos pueden estar relacionados con esta denuncia.

El caso de los primos Alvarado es sólo uno de los cientos de serias violaciones a derechos humanos cometidos por policías y militares que se registran en el estado de Chihuahua. Entre marzo de 2009 y abril de 2010, tan sólo en Juárez, la ciudadanía denunció 1017 abusos cometidos por policías y militares integrantes del Operativo Conjunto Chihuahua.

Las organizaciones desconocen si en alguno de estos más de 1000 casos ha habido sanciones para quienes en lugar de garantizar la seguridad de los habitantes, cometieron abusos.

La Sra. Emilia, antes de rendir su declaración ante el Ministerio Público del fuero militar, manifestó que seguirá realizando "las declaraciones que sean necesarias para que se investiguen y sancionen los abusos militares dentro del fuero civil, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala el riesgo del uso del fuero militar en casos contra civiles". Solicitó que la declaración ante los militares le fuera tomada en una instancia civil y no en el cuartel militar, como pretendió y llevó a cabo el ejército.

Este es un caso más de cómo las y los defensores de derechos humanos en México se encuentran en una situación de vulnerabilidad y riesgo, y para quienes vivimos en el Estado de Chihuahua es particularmente preocupante. Recordamos que en enero de 2010, Josefina Reyes, defensora de derechos humanos quien también había denunciado abusos militares en Ciudad Juárez, fue asesinada.

Solicitamos al gobierno mexicano que los abusos militares se investiguen en el fuero civil, y que se garantice la seguridad y la vida de la Sra. Emilia González Tercero y de las y los defensores de derechos humanos en Chihuahua y en el país.

Atentamente,

Javier Ávila S.J, Presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC).

PBRO. Oscar Enríquez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.

Lic. Luz Estela Castro, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Para mayor información sobre este documento, puede contactar al CEDEHM 52 (614) 414-4152. comunicacion@cedehm.org.mx

Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

La ONG espera resolución favorable de la CIDH sobre el caso

Presenta el Centro Pro documental sobre campesinos ecologistas guerrerenses

Matilide Pérez U.

Periódico La Jornada
Viernes 13 de agosto de 2010, p. 18

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictamine que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos defensores de los bosques de Petatlán, Guerrero, sí fueron torturados por militares y que sus derechos fueron violados.

En la presentación del documental Campesinos ecologistas, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que narra la detención arbitraria y la tortura a la que fueron sometidos en 1999 por elementos del Ejército, Jimena Camacho, autora del libro Lumbre en el monte: historia de unos campesinos ecologistas, aseveró que el presidente Felipe Calderón y las fuerzas armadas tienen la oportunidad histórica de empezar a hacer las cosas diferentes.

A nueve años de la liberación de ambos guerrerenses por razones humanitarias, no se ha hecho justicia ni reparado los daños causados a ambos. Se espera que el dictamen de la CIDH brinde la posibilidad al gobierno de México de que por primera vez en la historia empiece a saldar sus cuentas y resarza el tejido social, y que asuma gallardamente sus responsabilidades, abundó.

Los dos guerrerenses libraron una lucha contra la empresa Costa Grande Forest Products, subsidiaria de la estadunidense Boise Cascade, que talaba los bosques de la sierra de Petatlán con el aval del contrato firmado con el cacique Bernardino Bautista Valle, quien controlaba la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Alcocer. Su caso se discutirá en la última semana de este mes en la sesión de la CIDH, en San José de Costa Rica.

El dictamen de la CIDH, que en caso de ser favorable a los campesinos ecologistas obliga al Estado a aplicar la sentencia, debe ser el inicio de una etapa de reparación y establecimiento de reformas encaminadas a terminar con los patrones de abusos denunciados y la impunidad, apuntó Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro.

Es paradójico que quienes convocan a estar unidos y a trabajar para construir una misma sociedad, al mismo tiempo se resisten a modificar las condiciones que atentan contra el futuro del país. Se llama a defender la legalidad, a contribuir con la seguridad, pero quienes hacen tales llamados son los mismos que denuestan a quienes por todo el país se dedican a construir un país más justo, seguro y libre, expuso, en alusión a los diálogos por la seguridad a los que convocó el presidente Felipe Calderón.

Se coordinan trabajos con Naciones Unidas: CNDH

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 9 de agosto de 2010, p. 19

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, acordaron, durante una reunión la semana pasada, coordinar acciones para mejorar el respeto, protección y promoción de las garantías fundamentales en el país.

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, y la alta comisionada, convinieron en que la CNDH estará en comunicación y apoyo permanente ante las iniciativas de la Oficina del Alto Comisionado, para avanzar en la agenda nacional en materia de derechos humanos.

El titular de la CNDH hizo un recuento de los casos emblemáticos que ha tenido la comisión, entre ellos los de las mujeres indígenas otomíes, Jacinta, Alberta y Teresa, y el de la familia Salazar, en Tamaulipas.

Plascencia Villanueva dijo a la alta comisionada que planteó ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman establecer una red continental para atender problemas que enfrentan los migrantes indocumentados, como la trata de personas, discriminación, abuso, maltrato y la aplicación de la Ley SB1070 del estado de Arizona, Estados Unidos.

Condena AI acusación falsa contra indígena mexicano

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 8 de agosto de 2010, p. 16

Amnistía Internacional (AI) condenó la decisión de las autoridades mexicanas de proceder en contra de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), acusado falsamente por un asesinato que no cometió.

Ante las irregularidades del proceso en contra del activista, el organismo internacional lo declaró preso de conciencia en diciembre de 2008. En un pronunciamiento, AI señaló que las evidencias contra Hernández son poco confiables y fabricadas, por lo que demandó su liberación. Es de destacar que otros cuatro activistas de la OPIM coacusados junto con Hernández lograron obtener su libertad gracias a un amparo.

Pese a que no hay evidencias contundentes, la Procuraduría del Estado de Guerrero sostuvo los cargos de homicidio en contra de Hernández, por lo que el caso actualmente se encuentra en manos de un juez de distrito, que será el encargado de resolver en los próximos días sobre la inocencia o culpabilidad del activista.

La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de AI.

Por represalias

El líder de la OPIM fue detenido injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García –presunto informante del Ejército– el primero de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero.

Sin embargo, resaltó AI, las autoridades judiciales del estado no tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Hernández no estaba en el lugar cuando ocurrió el asesinato.

Agregó que durante las diligencias del caso, el juez realizó una investigación de la escena del crimen en la que se demostró que los dichos de los testigos que aseguran que Hernández estuvo presente durante el crimen son infundados.

AI considera que el caso contra Raúl Hernández es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas mediante la OPIM y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

La OPIM fue fundada en 2002 con el objetivo de defender y promover los derechos del pueblo indígena Me’phaa, donde Hernández era uno de los principales activistas.

El concepto oficial se basa sólo en la mano dura: Édgar Cortez

ONG se dicen excluidas del diálogo

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 8 de agosto de 2010, p. 5

La mayoría de las organizaciones pro derechos humanos han sido relegadas de los diálogos convocados por el gobierno federal sobre seguridad. Esto refleja el escaso o nulo interés de la administración de Felipe Calderón en el respeto a las garantías fundamentales de la ciudadanía, señalaron varias de esas agrupaciones.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que ninguna de las organizaciones que hemos documentado casos de abusos, denuncias, violaciones a esas garantías o que exigimos reglamentar el fuero militar, hemos sido convocadas al diálogo sobre el tema. Esto marca la pauta del gobierno de Calderón y su visión sobre seguridad pública, la cual no se basa en la democracia ni el respeto a las garantías básicas.

Estas organizaciones, dijo, tampoco han sido llamadas a alguna reunión con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake, lo que sólo refleja la actitud del actual gobierno hacia los derechos humanos.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que “Calderón sólo ha convocado a sus diálogos a organizaciones encabezadas por familiares de víctimas del delito y a las mediáticas.

No convocarnos [a los activistas] es sólo la continuación de lo que en su momento fue el acuerdo nacional por la seguridad, donde tampoco fuimos llamados ni se abordaron las garantías fundamentales. El gobierno tiene una concepción sobre la seguridad basada sólo en la mano dura y no en los derechos humanos, sobre la creencia que será más efectivo, pero los hechos demuestran lo contrario.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, dijo que el objetivo de dichos diálogos no tienen como fin mejorar o transformar su estrategia de seguridad, sino obtener legitimidad mediática. Añadió que desde el inicio de la política calderonista de seguridad las ONG han expresado sus posiciones, recomendaciones y análisis y no han sido escuchadas.

Quiere legitimar a ese nivel el uso de las fuerzas armadas en las labores de seguridad y la credibilidad de las cifras y aparentes resultados. [El Prsidente] ha dejado de lado lo más importante: la atención a las políticas integrales para resolver el conflicto.