Invitación para la presentación del Informe 2010: La Violencia en México y el Derecho a la Información

ARTICLE 19 y Cencos tienen el honor de invitarle a la presentación del informe 2010 sobre agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en México:

“La Violencia en México y el Derecho a la Información”

El evento tendrá lugar el próximo lunes 9 de mayo en Casa Lamm (Álvaro Obregón 99, Col. Roma) a las 11:00 de la mañana.

Mayores informes y confirmaciones: Verónica García verónica@article19.org (55)10546500 ext.113 y Daniela Hernández daniela.hernandez@cencos.org 55336475 ext. 102.

Intentan desprestigiar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

• El Frayba denuncia boletín y blog apócrifo que utilizó su logotipo y membrete oficial para exhibir el supuesto homicidio de Osama Bin Laden.
• Esta es una de las estrategias mediáticas utilizada para desinformar a la opinión pública y desprestigiar el trabajo de defensa de los derechos humanos que este Centro tiene desde hace 22 años.

Frayba, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

03 de mayo de 2011

Este Centro de Derechos Humanos comunica y aclara información apócrifa que se encuentra circulando por distintos medios electrónicos.

El día 2 de mayo de 2011 fue difundido un boletín de prensa con el logotipo y membrete oficial de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. bajo el titulo: “Boletín No. 11 - violento homicidio de Osama Bin Laden”, el cual se encuentra en el blog: http://fraybadelascasas.blogspot.com entre otros sitios electrónicos.

El Frayba informa que el “boletín” y el blog en referencia son apócrifos y su contenido es parte de la estrategia mediática utilizada para desinformar a la opinión pública y desprestigiar el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos que tiene este Centro desde hace 22 años.

Este Centro de Derechos Humanos no ha emitido ningún boletín de prensa sobre el asesinato de Osama Bin Laden y no administra el blog en referencia.

Es preocupante que se use el derecho a la libre expresión para que desde el anonimato se descalifique, se asocie con actividades ilícitas, se criminalice el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos en Chiapas, México.

Las y los que colaboramos en este Centro de Derechos Humanos, estamos firmes en nuestra misión de caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado que busca superar la situación socio-económica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas y comunidades ejerzan y disfruten todos sus derechos a plenitud.

Frayba señala abusos del gobierno de Chiapas

El pasado 3 de marzo, el Frayba presentó el informe denominado “Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas”. En él realizaron un análisis documental sobre la situación imperante en la región y los intereses que están enmarcados en el Conflicto Armado Interno, ahora en la fase de disputa del Territorio, ya que Chiapas es una beta de gran riqueza para la inversión privada impulsada con los proyectos ecoturísticos.

Según lo que se denuncia en dicho documento, los proyectos de inversión programados intentan despojar del territorio a los Pueblos a través de distintas estrategias como desalojos forzados, la cooptación para la firma de “convenios de desarrollo”, la ocupación policial y militar de la zona y la criminalización de defensoras y defensores.

El 6 de abril de 2011 se publicó en el Periódico La Jornada que este Centro confirmó que en San Cristóbal de las Casas Jerónimo Guzmán Méndez, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón (Chiapas), adherentes de la otra campaña, son presos políticos, ya que según la documentación recabada, el 2 de febrero no se encontraban en el lugar de los hechos. Esto es, el día que la caseta ejidal de acceso turístico fue asaltada por un grupo oficialista, con anuencia de la policía estatal y el Ejército federal.

Estas personas fueron detenidas al día siguiente, junto con otros 113 ejidatarios que serían liberados en pocos días. En los interrogatorios, la Procuraduría General de Justicia del Estado no proporcionó a los indígenas traductores calificados y se les hizo firmar declaraciones sin explicaciones de las acusaciones, en violación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales.

Al exigir la libertad inmediata de los cinco presos de Bachajón, el Frayba demandó una investigación imparcial, inmediata, seria y exhaustiva para dar con los autores materiales del asesinato de Marcos García Moreno y las lesiones a Tomás Pérez Deara. También, que cese el hostigamiento a los pueblos mediante estrategias para imponer a comunidades y organizaciones condiciones y proyectos gubernamentales a cambio del control de sus recursos naturales.

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Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

Los pocitos de carbón, sepulcros autorizados

Nos solidarizamos con el dolor de las familias de Sabinas que han perdido a sus padres, hermanos, hijos, esposos, en esta tragedia

Varias organizaciones

Más de 100 muertos en Coahuila en tan sólo cinco años

La explosión en el pozo 3 de la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), propiedad de Alfonso González Vélez en Sabinas, Coahuila, ocurrida ayer 3 de mayo, que dejó como consecuencia 14 mineros atrapados y un menor de 15 años herido (cinco cuerpos fueron rescatados durante la noche de ayer y la madrugada de hoy), nos trae a la mente y al corazón la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida el 19 de febrero del 2006, donde 65 mineros murieron y hasta la fecha siguen los restos de 63 personas sepultadas en ese lugar.

Esto manifiesta que las tragedias de los mineros en Coahuila no ocurren de manera aislada; cabe recordar que desde el siniestro de Pasta de Conchos a la fecha, han perdido la vida 47 mineros a consecuencia de la falta de seguridad y condiciones de empleo en minas y pocitos de la región carbonífera.

Desde la región sureste de Coahuila, nos solidarizamos con el dolor de las familias de Sabinas que han perdido a sus padres, hermanos, hijos, esposos, en esta tragedia que no es mucho menos importante que lo ocurre constantemente en la región carbonífera.

Para los empresarios mineros, los pozos de carbón son el medio más barato para extraer el mineral, no sólo porque exige poca inversión, sino porque saben que la población necesita de un “empleo” que resulta ser esclavizante e inseguro, el cual genera frecuentemente daños irreparables como el caso del menor que resultó mutilado el día de ayer, o lo más terrible, la pérdida de la vida. No se puede decir que se permite a los empresarios poceros abrir las denominadas "minas" porque generan fuentes de empleo, cuando lo que buscan es la explotación de los mineros del carbón y ganancias a costa de sus vidas.

Por otra parte, resulta indignante la pasividad y tolerancia de las autoridades que siguen permitiendo la existencia de los pocitos en la región carbonífera de Coahuila, pues es bien conocido su modo inhumano y peligroso de operar, ¿Cuántos mineros muertos más se necesitan para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer? ¿Cuántas familias más sin un integrante en la región carbonífera? Pareciera que se quiere convertir a Coahuila en una fosa clandestina en donde sólo importa el rescate de cadáveres, sin realizar acciones preventivas que proporcionen seguridad a los mineros.

Ante este panorama, resulta inaceptable que en el momento en el que hay una explosión en una mina, las autoridades acudan a ponerse al servicio de las familias porque políticamente les conviene, mientras que en el desempeño de sus cargos no escuchan el clamor de cientos de familias que no cuentan con oportunidades de un empleo seguro con salario digno para vivir honrosamente. Parece que no hemos aprendido con el caso Pasta de Conchos.

Le recordamos al Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón, al Secretario de Trabajo Javier Lozano, al gobernador interino de Coahuila Jorge Torres, que es su responsabilidad proporcionar las condiciones laborales adecuadas de todo trabajador minero; que es necesaria y urgente la creación de empleos dignos para los jóvenes; que no esperen a que las explosiones en las minas, la violencia, los secuestros de migrantes y las personas desaparecidas, sean motivo para que Coahuila se convierta en una fosa clandestina donde sólo se entreguen cuerpos, porque ¡vivos se fueron a trabajar!, porque ¡vivos se los llevaron!, porque ¡vivos transitaban por las calles del Estado!.

¡EXIGIMOS UN LUGAR PARA VIVOS, NO PARA MUERTOS!

Saltillo, Coahuila, 4 de mayo del 2011

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Humanidad Sin Fronteras, A. C.

Frontera con Justicia. A. C.

Belén, Posada del Migrante

Fray Raúl Vera López, O. P. Obispo de Saltillo

Pronunciamiento sobre la convocatoria de Javier Sicilia

Expresamos nuestro respaldo a esta marcha a la que se sumarán las defensoras y defensores que la integramos

Red "Todos los Derechos para Todas y Todos"

A lo largo de los últimos años, las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado la persistente violencia que caracteriza amplias zonas del país, y exigido ante las autoridades la necesidad de revisar la estrategia de seguridad implementada por la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hoy día, ante la creciente violencia a lo largo de todo el país, una vez más los ciudadanos y ciudadanas manifiestan su descontento y reclamo de justicia. La violencia estructural e institucional ha reconfigurado la vida cotidiana de la población y ha puesto en mayor riesgo a las víctimas de delitos y sus familiares, víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los defensores y defensoras de derechos humanos y a toda la sociedad.

El pasado 28 de marzo Morelos fue testigo de un nuevo acto de violencia que se suma a la larga lista de asesinatos y desapariciones documentadas en todo el país. Ese día en Temixco fueron asesinadas seis personas, una de ellas el hijo del poeta Javier Sicilia. Este doloroso hecho ha dado lugar a la expresión del descontento de una familia afectada por la pérdida de uno de los suyos, así como la convocatoria para la marcha que arrancará en la ciudad de Cuernavaca y llegará el próximo fin de semana al zócalo de la ciudad de México. Junto con la convocatoria a la marcha llega también la propuesta de un Pacto Nacional por la Paz.

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresamos nuestro respaldo a esta marcha a la que se sumarán las defensoras y defensores que la integramos y quienes deseamos manifestar lo siguiente:

El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega debe ser investigado adecuadamente y castigado para garantizar el derecho a la justicia y de su familia a la verdad. Pero de igual manera se tiene que garantizar ese derecho a cada familia de las cuarenta mil personas asesinadas y otras miles desaparecidas. Saber su nombre, las circunstancias de su muerte y si existe evidencia de alguna vinculación con la delincuencia. No más acusaciones sin sustento, que se dignifique su memoria, que no se estigmatice a las víctimas de la violencia.

Como sociedad tenemos el derecho a la verdad. Saber qué está pasando realmente y quiénes son los responsables de la impunidad rampante existente en el país. Impunidad es que haya cuarenta mil personas asesinadas y que el Estado no pueda castigar a cada uno de los responsables de esas muertes; impunidad es que las instituciones de seguridad y justicia estén el servicio de la delincuencia y no de la sociedad, impunidad es que no se investiguen los asesinatos y las desapariciones. Con todo ello se les niega a las familias su derecho de acceso a la justicia. Exigimos una rendición de cuentas por parte de las autoridades en los ámbitos federal estatal y municipal. La delincuencia organizada existe al amparo y la connivencia con el poder político y económico. La actual situación no es responsabilidad de la sociedad sino de aquellos que han dejado que el dinero de la delincuencia se haga presente en las instituciones gubernamentales. ¡No más impunidad!

Este nuevo esfuerzo ciudadano tiene el reto de trascender lo sucedido en las movilizaciones de 2004 y 2007, no puede quedarse en mesas de diálogo y pactos estériles. Esta es la oportunidad de iniciar un diálogo ciudadanos, plural, serio incluyendo la perspectiva de derechos humanos que obligue a diseñar y poner en práctica una estrategia para poner fin a la impunidad y garantizar seguridad para la sociedad y no para los gobiernos.

La estrategia de guerra implementada por el gobierno federal, lejos de resolver este problema, lo ha incrementado. Las labores del Ejército en tareas de seguridad pública que no le corresponden, solo ha significado escalar la violencia. El clima de miedo y terror forma parte de una estrategia que busca paralizar a la sociedad, cuando únicamente con la participación ciudadana es posible conseguir un cambio, mediante políticas públicas que prioricen educación, cultura y empleo y no las que se fincan en medidas autoritarias y policiaco‐militares. Alto a un estado policiaco y militarizado.

La justicia y el respeto a los derechos humanos no admiten demora a riesgo de terminar afectando a toda la sociedad.

¡No a la impunidad, sí a la justicia!

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se integra por 72 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua, Chih.); Centro de Derechos del Migrante (DF); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Taltepeyolo (Tlilapa, Ver.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Ciudad Juarez, Chih.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tab.); Centro Mujeres (Baja California Sur, BCS); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. ‐ KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C., (Guadalajara, Jal.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ‐ Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz‐ (Guadalajara, Jal.); Instituto de Derechos Humanos IgnacioEllacuría SJ (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA – León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Distrito Federal), Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Edo. de México), Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ‐México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal)

Para mayor información comunicarse con:
Oscar Sobrino
Tel. 01 55 55 23 9992
Correo electrónico: contacto@redtdt.org.mx
www.redtdt.org.mx

Inicia la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad

En ese acto de inicio también compartieron sus palabras la señora madre de uno de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el Sr. Le Baron.

Colectivo Pozol | Radio Pozol

A las 7:40 AM dio inicio la Marcha por la Paz con Justicia y Diginidad en Cuernavaca Morelos. Antes, hubo una conferencia de prensa donde Javier Sicilia explicó el sentido de la movilización y respondió a los cuestionamientos de Calderón en el sentido de que la marcha pretende detener la acción del gobierno. Sicilia fue enfático al decir que se pretende que el gobierno haga su trabajo y se detenga la guerra que tantas vidas ha cobrado.

En ese acto de inicio también compartieron sus palabras la señora madre de uno de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el Sr. Le Baron.

Puedes darle seguimiento a la marcha por TV Chinelo

http://www.livestream.com/radiocomu…

Audio de la salida de Cuernavaca

http://kehuelga.org/diario/spip.php?article603

MÁS INFORMACIÓN:

http://kehuelga.org/diario/spip.php?article601

http://www.regeneracionradio.org/

http://cmldf.lunasexta.org/

http://www.pozol.org/

Cinco años después, Atenco exige justicia

Después de 5 años de impunidad, Atenco exige castigo a los responsables.

Carolina S. Romero

Un alto a la impunidad por los crímenes de Estado cometidos en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue la demanda de una jornada de actividades en Atenco y el Distrito Federal cinco años después. Las vidas de los jóvenes Javier Cortés y Alexis Benhumea, asesinados por la policía, se conmemoraron con ceremonias y ofrendas en Atenco y el Panteón de San Jerónimo, mientras la tortura sexual de mujeres se denunció ante la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. La jornada cerró con una marcha de mil personas desde el Ángel de la Independencia al Zócalo en el DF.

El martes 3 de mayo el acto público /conferencia de prensa ante la PGR en el Paseo de Reforma fue convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y las mujeres denunciantes de tortura sexual. Unas 150 personas exigieron justicia y denunciaron la inacción gubernamental en sancionar a los responsables por la tortura sexual. Cientos de tarjetas y cartas de solidaridad pegadas en la barda recordaron la solidaridad internacional recibida por las mujeres.

Para el Centro PRODH, “los hechos de 2006 no acontecieron de manera aislada, fueron resultado de una decisión de los tres niveles de gobierno para actuar frente a la inconformidad social …. Las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura sexual contra las mujeres denunciantes, constituyeron por sí una estrategia del Estado mexicano para inhibir la movilización social y generar miedo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), a las personas y colectivos que exigen y ejercen sus derechos y sobre todo a las mujeres”.

Es probable que los criminales que ordenaron la tortura sexual como parte de su estrategia militar ––Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo Madrid, Eduardo Medina Mora–– y los sádicos policías de los ASES que disfrutaron de su botín de guerra, contaban con el silencio de las mujeres, pensando que estarían demasiado avergonzadas y aterrorizadas para relatar las indignidades que habían sufridos. Pero calcularon mal. Aunque para estas mujeres, no ha sido nada fácil contar en público la violenta invasión de sus cuerpos, lo han hecho con mucho valor en Europa y otras partes del mundo.

Al tomar la palabra en la conferencia de prensa, Italia Méndez dijo que la resistencia de los campesinos del FPDT ha sido un ejemplo de lucha y de organización y que las ocho mujeres denunciantes siguen evidenciando la tortura sexual usada contra los movimientos sociales, contra el pueblo organizado. Dijo: “El Estado cuenta con la cárcel, la muerte y la tortura para acabar con los movimientos y por eso es necesario seguir luchando contra esto…No pararemos. Seguiremos resistiendo”. Cuando los policías se echaron encima de ellas con frases obscenas y misóginas hace cinco años, una en particular le queda en la memoria: “Que vayan a casa a lavar los trastes”. Ahora las mujeres de Atenco no se ven como víctimas, sino como mujeres luchadoras que van a los foros públicos en todo el mundo para quitarles la máscara de legitimidad a sus torturadores.

Edith Rosales hizo uso del micrófono para decir que “hace cinco años fuimos torturadas y violadas y a unos hombres también lo violaron aunque no lo han denunciado. Hace cinco años mataron a un niño de catorce años, Javier Cortés y al joven Alexis Benhumea. Nos torturaron y nos encarcelaron, pero los que pasaron más de cuatro años en la cárcel ahora no están presos. Están ahí atrás. Siguen en la comunidad. Sabemos que aquí no vamos a tener una respuesta. En México no vamos a obtener justicia. Pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando el ataque contra los movimientos sociales …. Vivimos en un país represor. Cuando estábamos en la cárcel vimos a varias personas culpables y no culpables que habían pasado lo mismo que nosotros. Ahora bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, hay una constante represión. ¡Ya basta, compañeros! Es lo que decimos. ¡Ya basta!”

Marta Pérez del FPDT declaró que durante cinco años, las mujeres del Frente de Pueblos no se han quedado calladas. “Las mujeres que hemos vivido la tortura sexual estamos aquí para darle la cara a Peña Nieto, a Calderón, a los altos mandos de la policía, para decirles que no estamos vencidas, que no estamos calladas, que seguimos caminando …. Todos los grandes funcionarios del PRI, del PAN, del PRD se han quedado callados ante la infamia cometida en Atenco, y son cómplices también”. Marta señaló que fue el candidato presidencial Enrique Peña Nieto quien dijo: ‘Yo ordené el operativo del 3 y 4 de mayo en Atenco’, pero que está protegido por el PGR. “Por esa razón acudimos al pueblo en general, porque el pueblo sí responde. También estamos llevando nuestras denuncias a todas las instancias internacionales. La justicia no va a venir de los altos mandos del país …. La justicia tiene que venir del pueblo. La justicia tiene que venir del trabajo que estamos haciendo día con día. Hermana, hermano, hace algunos meses nuestros presos quedaron en libertad porque tú respondiste, porque tú te levantaste, porque levantaste tu voz. Queremos ahora justicia y castigo a los responsables de esta masacre y las violaciones del 3 y 4 de mayo….En Atenco no bajamos la guardia. Seguimos defendiendo nuestro territorio. Y con la misma fuerza defendemos también nuestra dignidad como mujeres. Salimos a las calles para defender nuestros derechos sin miedo. Estamos de pie y no nos vamos a rajar”.

Trinidad Ramírez del FPDT afirmó a todas las compañeras que “la lucha no se ha acabado. La lucha continua día con día, por ellas, por otras, por muchas más, por nosotras que hemos sido atacadas en Atenco. Y no sólo es cuestión de Atenco. La herida es mayor. Las mujeres son objetivas de la violencia, de los asesinatos cometidos a lo largo del país por la política de Felipe Calderón. Y él no va a parar esto. Sólo nosotros, los ciudadanos podemos hacerlo …. Sigamos defendiendo nuestra tierra porque la tierra es vida. Sigamos defendiendo la educación, el trabajo, la salud, el respeto a nuestras comunidades, el respeto a nuestra forma de vida. Y sigamos exigiendo castigo para ese mal gobierno. Sigamos peleando por nuestros hijos. Las compañeras rechazamos la norma que existe en muchos movimientos sociales de ‘las mujeres sumisas y calladas y los hombres comprados’. Nosotros creemos que sanar esta herida abierta es algo que hacen todos. Por eso seguimos tomando la palabra, seguimos levantando la voz, seguimos organizando, seguimos luchando”.

´Sobre la tortura sexual, el colectivo “las chuekas” dijo: “… las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual persisten en la lucha por la justicia. Y de esta forma, nombrándola, queremos visibilizarla y acompañarlas, porque sabemos que es pesado el esfuerzo de estar frente a esa justicia, la penal, la de ellos, la que no nos representa porque es fría, misógina y patriarcal, porque es, en parte, la representación de todo lo que por siglos nos ha oprimido. Ellos preguntan: ¿Fuiste violada? Demuéstralo. ¿Fuiste maltratada? Demuéstralo. ¿Fuiste asesinada? Lo provocaste, algo mal hiciste”.

El miércoles 4 de mayo, varios grupos e individuos solidarios marcharon en respuesta a la siguiente convocatoria del FPDT:

“Más de cuatro años tuvieron que pasar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se viera obligada a liberar a los 12 presos políticos de Atenco y con ello, a ratificar que el asalto policíaco militar del 3 y 4 de mayo del 2006, fue una venganza de Estado por haber ejercido el derecho de defender nuestras tierras y haber echado abajo el millonario negocio aeroportuario, que hoy día, sigue siendo una tentación para los dueños del dinero que en esta ocasión, han enviado a los de CONAGUA con un proyecto que de fondo es el despojo”.

“Sin embargo, ni la defensa de la tierra, ni nuestra lucha por justicia ha cesado. Los asesinos de Javier Córtes y Alexis Benhumea, los allanadores de nuestros hogares y nuestra tranquilidad, los torturadores y violadores de mujeres, están impunes bajo sus uniformes de policías y otros disfrazados de Gobernador candidato Enrique Peña Nieto, como si eso bastara para ocultar la sangre que lleva como lastre a sus sueños presidenciales”.

“Por eso, desde Atenco, hacemos eco al grito de justicia que también nos han negado. Como Pueblo, nos sumamos al llamado de indignación organizada para ponerle un alto definitivo a la barbarie y la impunidad que los gobiernos criminales han desatado contra nuestro México”.

Al llegar al Zócalo, hubo mensajes de solidaridad de los varios contingentes y llamados tanto a la marcha-caravana convocada por el municipio autónomo de San Juan Copala desde Oaxaca al Distrito Federal el 23 de mayo y al regreso posterior a Copala “a como dé lugar”, como al apoyo para los 12 presos políticos del SME.

Dijo América del Valle: “Así como dio muestra en el 2002 para echar abajo el decreto expropiatorio, para echar bajo el aeropuerto, ese proyecto multimillonario que el pueblo echó abajo, así como dimos muestra de dignidad, y como durante más de cuatro años de resistencia, de lucha incansable para alcanzar la libertad de los doce presos políticos, y ahora la justicia queda pendiente, así tenemos que volver a levantar la voz, además de por los doce presos políticos del SME, sino también por los muchos presos políticos que quedan en nuestra patria. Si Atenco pudo, ¿por qué los electricistas no van a poder?”

Entrevistado en el Zócalo, el compañero Adán Espinoza dijo:

“Esta marcha la vi relajada, tranquila, pero sí con la idea de buscar justicia después de cinco años. En nuestras tierras se ha derramado sangre. Ha habido mujeres ultrajadas, violadas, ha habido casas allanadas por los que dicen que son la ley ––policías, granaderos, PFP. Esto no puede quedar así”.

“Cinco años. Pero yo diría que en realidad son diez porque nuestra pesadilla inicia el 22 de octubre del 2001 con el expropio de nuestras tierras para construir el aeropuerto internacional. Es una situación en donde uno no lo puede creer, que lo de uno el gobierno federal nos quiere rebatar con sus leyes que ellos han hecho a su favor. Le pone un precio. Posiblemente antes de eso éramos más tranquilos, sabiendo que había injusticias pero no nos había tocado. Pues ahora hemos aprendido que unidos, organizados, sí se puede defender”.

“Las marchas, las protestas no las hacemos nada más por gusto, sino simplemente las provocan las autoridades en turno, llámese presidente de la República, llámese gobierno del Estado de México. Son los que están en contubernio con los capitalistas para despojarnos de lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren son nuestras tierras, nuestros recursos naturales. Pero hemos aprendido que lo de nosotros es de nosotros y no lo debe tocar nadie sin que lo queremos”.

“Ahora la lucha principal de Atenco es la misma. Defender nuestras tierras porque ahora han disfrazado el aeropuerto de un parque ecológico que lo va a administrar CONAGUA. Y que le pone un precio igual. Y ahora graciosamente se presta CONAGUA para hacer los cambios necesarios en definir las tierras como urbanas. Pero no vamos a caer en eso porque nuestras tierras siguen siendo ejidales. La lucha por ellas no termina. Como siempre decimos, la tierra no se vende, se ama y se defiende”.

“Llegamos a muchas marchas, mítines y eventos para acompañar las luchas que se están dando ahora en el país porque tenemos un compromiso moral muy fuerte con todas las organizaciones que nos han apoyado moralmente y nuestro deber es pagar lo que nos han dado. Hay personas que han sacrificado mucho. El compañero Alexis Benhumea dio su vida por nosotros. De esa forma te quiero decir que tenemos un compromiso de estar con toda la gente que tenga un dolor, que esté encarcelada, con todas las organizaciones que protejan sus tierras de un despojo. Tenemos que estar ahí. Es nuestro compromiso moral”.

Carolina S. Romero en Kaos en la Red

Le corresponde revisar condiciones de trabajo, asevera

Muerte en la Mina

La Federación, responsable de supervisar la industria, afirma el gobernador de Coahuila

No es momento de echarnos las culpas, sostiene

Ofrece colaborar en lo que sea de su competencia

El estado trabaja en el rescate de mineros atrapados

Durante las labores de rescate en la mina de Sabinas, donde 14 mineros quedaron atrapados tras una explosión ocurrida este martesFoto Reuters

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 2

Ante los reclamos por el accidente ocurrido este martes en una mina ubicada en el municipio de Sabinas –donde quedaron atrapados 14 trabajadores, cinco de ellos rescatados ya sin vida y provocó que se amputara un brazo a un menor de edad–, el gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, aseguró que la operación de yacimientos minerales, la supervisión de éstos y cuanto se relacione con el manejo del subsuelo es de competencia federal, no de la administración que él encabeza.

En entrevista con una estación radiofónica, el mandatario coahuilense sostuvo que no es momento de echarnos las culpas; es muy claro que la responsabilidad de las minas y todo lo que tenga que ver con el subsuelo es responsabilidad federal, tanto la concesión como la parte de la inspección y las condiciones de trabajo de los mineros.

Torres López ofreció que su administración trabajará con la Federación en lo que sea necesario y esté dentro de su competencia, pero insistió en que la verificación de las condiciones de trabajo y la operación de las minas es responsabilidad del gobierno federal.

Niega que su gobierno comprara carbón a Binsa

Agregó que el gobierno de Coahuila trabaja en coordinación con la compañía de rescate contratada por la empresa Beneficios Industriales del Norte (Binsa), propietaria del yacimiento carbonífero, y se realizan acciones de conexión entre los pozos tres y uno, donde ocurrió la explosión, con la finalidad de rescatar a los mineros que permanecen en el venero.

Además, Torres López negó la versión acerca de que el gobierno de Coahuila compraba carbón a Binsa, aparentemente en forma irregular.

Vera López exige poner alto a la "esclavitud moderna" en pocitos

Muerte en la Mina

Habrá más muertes si se tolera el incumplimiento de normas

Un grupo de brigadistas se dirige al pozo tres de la mina de Sabinas, del cual intentan rescatar a nueve mineros que quedaron atrapados tras una explosión de gas metanoFoto Alberto Puente

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 5

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, advirtió que mientras el gobierno federal no prohíba la operación de los denominados pozos de carbón y obligue a los empresarios mineros a cumplir las normas de seguridad en los socavones, seguirán las muertes de trabajadores, provocadas por siniestros como la explosión del martes en el pozo tres de la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Alfonso González Vélez.

El prelado hizo un llamado a las autoridades, en especial a los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que dejen de ignorar los hechos y pongan alto a la situación de esclavitud moderna que padecen los mineros.

Exigió a la Secretaría de Economía que ya no otorgue concesiones para operar en esas condiciones, porque los pozos son ilegales, sepulcros tolerados.

En entrevista con La Jornada, Vera López, quien ayer estuvo algunas horas en el Distrito Federal, aseveró que es una falacia sostener que se tolera la actividad de los pozos porque son fuentes de empleo, cuando en realidad son fuentes de explotación y muerte.

Criticó las declaraciones que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, hizo en varias radiodifusoras acerca de la imposibilidad de que la dependencia tenga plena vigilancia en la zona, pues no cuenta con suficientes inspectores y por la dificultad para identificar esas explotaciones mineras.

Es una excusa más, consideró el obispo, quien dejó entrever que cuando se tiene verdadero interés en encontrar algo se localiza. Cómo es posible que no se pueda saber dónde están los pozos, éstos se ven; tal vez Lozano en su vida había estado en la zona minera.

Sostuvo que si las autoridades tuvieran voluntad para actuar contra los empresarios poceros, con pocos inspectores se cierra todo, e indicó que muchas cosas no se quieren ver porque están cubiertas por la corrupción, que en Pasta de Conchos quitó la vida a 65 mineros y ha dejado enterrados ahí a 63, así como la que permite que operen los pocitos y que en ellos laboren menores de edad.

Señaló que en las condiciones en que se encuentra el país ya no se puede seguir tolerando a funcionarios ineptos e inútiles, por lo cual hace un llamado –después de la nueva tragedia en Sabinas– para que todas esas autoridades que no garantizan la seguridad de nadie, que no garantizan fuentes de empleo digno, que no garantizan nada, por inútiles se vayan para que permitan que lleguen personas aptas, responsables y preparadas.

Instó a que la explotación de los yacimientos se realice en forma legal y que las minas sean construidas con las medidas de seguridad requeridas para garantizar la vida de nuestros hermanos del carbón.

Explicó que esa medidas tiene como propósito que los mineros no tengan que trabajar en un vil boquete, con tiros de un metro 20 centímetros de altura, en los que laboran 12 horas o más al día, agachados y afectando su columna vertebral, además de que deben soportar ser tratados como animales.

Afirmó que además están expuestos a morir antes de tiempo por la carencia del equipo mínimo para realizar sus labores.

Vera López desconfió que prospere un denuncia penal en el caso Sabinas, porque en el de Pasta de Conchos la Procuraduría General de la República jamás emprendió acciones contra los empresarios ni acató las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuándo hemos visto a un empresario minero o pocero detenido?, preguntó.

Muerte en la Mina

En diez años, 135 muertes y ninguna indemnización

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 5

Después de la explosión en la mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, se han repetido tragedias en varios yacimientos de la zona carbonífera del país. Desde esa fecha se han documentado siniestros en un yacimiento de la Siderúrgica de Coahuila; los pocitos Ferber; Vertical 4, El Boker, El Tesoro y otros, a los cuales se suma el de este martes en Sabinas, Coahuila.

En los 10 años recientes han fallecido 135 trabajadores –incluidos los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos–; de este total, 47 muertes ocurrieron de 2006 a la fecha.

Esta cifra de sangre se elevará con los cinco trabajadores que han muerto hasta el momento en la mina de Sabinas, mientras otros nueve siguen atrapados.

En un recuento de los siniestros ocurridos desde 2006, información de la organización Familia Pasta de Conchos da cuenta de que desde el periodo en que iniciaron la lucha por la recuperación de los cuerpos de sus parientes, lejos de ver atendida su demanda han documentado que continúan muriendo trabajadores por la misma situación, ya que las empresas no cubren los mínimos de seguridad.

Hasta la fecha hay más de mil 100 familiares directos afectados, incluidos más de 285 huérfanos, y ninguna de las empresas responsables ha reparado el daño.

Sólo pagan el funeral, y las autoridades nunca han fincado responsabilidades contra los propietarios por tantas muertes.

Socavones inseguros

La situación en materia de seguridad es grave. En la mina Lulú, propiedad de Minera Siderúrgica de Coahuila, fallecieron los trabajadores Juan Manuel Gómez y Daniel Vaquera, pero cuando se presentaron los inspectores de la Secretaría del Trabajo para investigar las muertes, la empresa aparentó el cierre del socavón y despidió a todo el personal sin pagar indemnización alguna.

Cristina Auerbach, abogada de Familia Pasta de Conchos, quien elaboró el recuento de los siniestros en la región carbonífera de Coahuila, detalló que otra tragedia ocurrió en el pocito Ferber, donde murió un trabajador, y a su esposa, Oralia Martínez, ni siquiera le pagaron los gastos del funeral, mucho menos una indemnización. No se hizo justicia a pesar de que existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recordó que en mayo de 2010, en el pocito Vertical 4 murió el trabajador Jesús Anaya y quedó incapacitado otro minero de nombre Víctor, quien ha laborado en ese yacimiento desde que era menor de edad.

En este caso tampoco se ha reparado el daño económico a los familiares del fallecido ni al trabajador que quedó incapacitado.

En cuanto al pocito El Boker, propiedad de la empresa Refacciones y Materiales de Sabinas, el 30 de julio de 2010 ocurrió un siniestro y quedaron atrapados dos mineros; uno de ellos, de nombre Plutarco, fue rescatado, mientras Ramón falleció en su primer día de trabajo. Hasta la fecha, ese pozo sigue en operación.

En agosto de 2010 falleció otro minero en el pocito Tesoro. El encargado del yacimiento dijo a los inspectores que no se trató de un accidente de trabajo, sino que el minero fue ejecutado por Los Zetas, que lo tiraron ahí.

El primero de mayo de 2010 murió José Luis Rivera Garza, tras un siniestro en la mina de carbón San Juan, ubicada en el municipio de Escobedo, Coahuila.

La abogada señaló que se solicitó una audiencia pública del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, ya que se considera que si las empresas actúan en forma tan impune es porque la autoridad lo permite. Además, se han denunciado otros casos ante instancias internacionales.

CFE beneficia a compañías carboneras internacionales

Muerte en la Mina

Joana y Laura Sifuentes esperan noticias de su hermano Juan Alberto y el esposo de la segunda, Juan Carlos Escobedo, dos de los atrapados en la mina de San Juan SabinasFoto Ap

Susana González G.

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 6

México está lejos de figurar entre los 10 principales productores de carbón, por el contrario, el mineral que se extrae en el país se comercializa a precios muy baratos, en contraste con lo que se paga por las miles de toneladas que se importan para abastecer el mercado interno.

A mediados de 2009 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordó con uniones de mineros y carboneros de Coahuila, principal productor nacional de carbón, pagarles 827 pesos por tonelada del mineral, equivalentes entonces a 62.31 dólares. Por el contrario, a firmas extranjeras aceptó pagar a 125 dólares la tonelada (aunque llegó a cotizarse hasta 195 dólares), según información de la Cámara Minera de México (Camimex) y una investigación de la Facultad de Economía de la UNAM.

Los 827 pesos equivalen actualmente apenas a 14.5 salarios mínimos (56.70 pesos por día), y esta cotización fue acordada entre la CFE y los carboneros para un periodo de tres años, es decir, todavía está vigente y con posibilidades de renovarse por un trienio más.

El carbón aporta apenas 5 por ciento del total del valor de la producción minero metalúrgica de México, pese al aumento que ha tenido en los años recientes, tanto en sus niveles de producción como de reservas, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tan sólo durante febrero de 2011, la producción de carbón se disparó más que la de cualquier otro producto minero: aumentó 85.4 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado al rebasar las mil 298 millones de toneladas, resultado de los trabajos de explotación de las nuevas minas subterráneas, según el Inegi. En contraste, los otros productos mineros crecieron entre 5 y 65 por ciento en igual lapso, mientras que la producción de oro y plata llegó únicamente a 283.7 mil kilos, pero por su precio concentran poco más de 40 por ciento del valor de la producción minera.

Una investigación publicada por la UNAM sobre el carbón en México, a cargo del economista y geólogo Robert Bruce Wallace, señala que aunque se han detectado yacimientos del material en numerosos estados de la República, sólo hay tres regiones carboníferas importantes: la principal es la cuenca de Sabinas y Fuentes-Río Escondido, en Coahuila. Incluso, refiere que la primera producción económica conocida de carbón en México se dio justamente cerca de Sabinas en 1884.

Dado que el carbón se destina principalmente al sector eléctrico y la industria siderúrgica, su precio ha quedado sujeto en gran medida a la demanda y condiciones impuestas por la CFE. De hecho, el mencionado precio de 827 pesos por tonelada que aceptó pagar la comisión representó un acuerdo histórico que no se había logrado en 18 años para los carboneros, según la Camimex, porque entonces se cotizaba a 650 pesos. Ese precio se logró luego de que los productores de Coahuila se negaron a abastecer al organismo y hubo un paro de labores porque la paraestatal anunció que durante los siguientes cinco años sólo compraría carbón térmico a cinco empresas extranjeras para su carboeléctrica de Petacalco, Guerrero.

La producción carbonífera en el país está concentrada por cinco grandes empresas: Grupo Acerero del Norte, con 54.7 por ciento; Minsa, con 32.5 por ciento; Grupo México, con 7.9 por ciento; Carbonera San Patricio, 7.9 por ciento y Energía y Minera del Noreste, con 1.5 por ciento, indica Camimex.

La investigación de la UNAM destaca que muchos pequeños mineros han operado esporádicamente por más de un siglo en la cuenca de Sabinas: tan sólo en 2006 se contabilizaban más de 60 minas artesanales, algunas alquiladas a negociantes por ejidatarios y en 2008 había 58 de las llamadas pocitos, notorias por accidentes serios y mortales debido a explosiones ocasionales de gas metano e inundaciones, frente al escaso número de inspectores de seguridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Implicaría un riesgo revelar datos de labores de inteligencia, aduce

Ratifica Ifai reserva por 12 años de las reuniones Cisen-embajada de EU

Incluye encuentros con la FBI, la DEA y sobre la Iniciativa Mérida

Policías de la SSP-DF y PGJDF realizaron ayer un operativo en la Casa del Migrante, donde se alojan centroamericanos que participaron en la marcha viacrucis en protesta contra la violencia en México, desde la frontera sur hasta la ciudad de MéxicoFoto Alfredo Domínguez

Elizabeth Velasco

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 16

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) confirmó la reserva por 12 años de toda la información vinculada con las reuniones que el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, y sus colaboradores han sostenido con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, así como otros funcionarios de alto nivel del vecino país.

En la resolución 951/11 del Ifai, se amplía la reserva a los temas abordados, la periodicidad de los encuentros y los nombres de los participantes.

A pesar de que un ciudadano invocó varios artículos de la Carta Magna, respecto de que México es una nación soberana y su derecho a saber qué información entrega el gobierno federal al de Estados Unidos, la ponencia de la comisionada Sigrid Artz confirma la reserva en los términos establecidos por el Cisen.

Estos señalan que revelar lo solicitado sí podría implicar un riesgo a la estabilidad y al clima de negociación que existe entre ambos países en materia de labores de inteligencia, pues implicaría revelar información de carácter gubernamental relativa a los Estados Unidos de América, cuya determinación en cuanto a su publicidad corresponde a dicho país, de manera que la difusión unilateral de los documentos requeridos podría implicar un riesgo a las acciones encaminadas a la consecución de acuerdos del Estado mexicano con los Estados Unidos de América, de manera que se violentaría la confidencialidad de la colaboración internacional en materia de labores de inteligencia encaminadas al resguardo de la seguridad nacional (sic).

Se avaló también el alegato del Cisen sobre la imposibilidad de revelar acuerdos de confidencialidad firmados por ambas naciones, además que ese organismo de inteligencia mexicano tiene que respetar y apegarse a la reserva de la información otorgada por el gobierno de Estados Unidos.

Incluso se alude al Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, donde se indica que el gobierno de Felipe Calderón acordó estrechar la colaboración y corresponsabilidad con Estados Unidos, para, entre otras metas, fortalecer estructuralmente el sistema de seguridad nacional y atender integralmente las amenazas que ponen en peligro la seguridad nacional (de México), así como a aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran llegar a vulnerarla, dada la presencia del crimen organizado a nivel global.

La reserva involucra desde encuentros con la FBI, la DEA y otras; las reuniones del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos, que incluyen temas de la Iniciativa Mérida, así como con diversas personalidades, entre ellas la secretaria de Estado del vecino país, Hillary Clinton, por citar algunas.

Denuncia AI amenazas a centro para migrantes

Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 16

Amnistía Internacional advirtió que el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos para Migrantes Beato Juan Bautista Scalabrini, en el estado de Tamaulipas, está en riesgo de sufrir ataques y secuestros después de haber recibido una llamada telefónica amenazante. Mediante un comunicado, la organización de derechos humanos informó que el 29 de abril de este año, el padre Gianantonio Baggio, director del mencionado centro, recibió una llamada intimidatoria. En ella, un hombre se identificó como jefe de una casa de seguridad, y le advirtió que lo mataría por denunciar las actividades de las bandas del crimen organizado ante la Policía Federal.

Las institucionde de justicia del país ya no sirven, advierten a 5 años de la represión policiaca

Castigo a asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, exigen atenquenses y ONG

Los líderes del FPDT y Adán Espinoza encabezan por vez primera actos conmemorativos en el DF

Javier Salinas

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 22

San Salvador Atenco, Méx., 4 de mayo. Al conmemorarse cinco años de la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco, activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y miembros de diversas organizaciones exigieron castigo a los autores intelectuales de los asesinatos de Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés, abatidos en mayo de 2006 a manos de las fuerzas federales y estatales.

Horas más tarde, en la ciudad de México, los activistas de Atenco, acompañados por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), estudiantes y pobladores de San Juan Copala, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Las instituciones de justicia del país están en crisis y en descomposición, y hay que cambiarlas porque ya no sirven a los mexicanos, sostuvieron los atenquen- ses, quienes conmemoraron el día con una misa, una guardia de honor y un bloqueo en la carretera federal Texcoco-Lechería.

Unos 150 integrantes del FPDT y representantes de al menos 10 organizaciones sociales, entre ellos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, vecinos de Tláhuac y miembros de la otra campaña, participaron en una misa celebrada en la iglesia de Acuexcomac, donde estuvieron presentes familiares de los jóvenes asesinados.

Más tarde, marcharon desde la explanada principal de San Salvador Atenco hacia la carretera federal Texcoco-Lechería. Colocaron una ofrenda floral en el lugar donde hace cinco años el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México Ollín Alexis Benhumea Hernández cayó asesinado por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas federales y estatales.

Campesinos de Atenco, académicos y miembros de grupos civiles marcharon ayer al Zócalo del DF para exigir justiciaFoto Cristina Rodríguez

Andrés Benhumea, padre de Alexis, señaló que ha recorrido cada una de las instancias del país para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de su hijo, sin que hasta el momento haya habido justicia.

Por primera vez, el acto fue encabezado por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Adán Espinoza, los dos primeros luego de que en julio de 2010 obtuvieron su libertad tras cuatro años de estar presos, y el último después de regresar del exilio forzado.

Ignacio del Valle sostuvo que si Atenco vive es por el apoyo que tuvo de organizaciones y estudiantes como Alexis, que vinieron a tomar el lugar que a los cobardes del pueblo les correspondía.

Más tarde, alrededor de las 16 horas, los activistas del FPDT encabezaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, a la que asistieron unas 500 personas, entre ellas miembros del SME, pobladores de San Juan Copala, estudiantes universitarios, maestros y militantes feministas.

Con mantas en recuerdo de las víctimas de las agresiones sufridas por los pobladores de Atenco, en particular las mujeres, la movilización señaló al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, como uno de los principales responsables de la represión ocurrida el 3 y 4 de mayo de 2006.

No olvidaremos ni perdonaremos todo el terror, el avasallamiento ni las violaciones que sufrimos, pero tampoco las manos solidarias de quienes nos ayudaron, afirmó América del Valle, quien también dedicó la marcha a los mineros de Coahuila que murieron o quedaron atrapados en el accidente del martes pasado.

Fernando Camacho, reportero

Hay en México 269 traductores, y sólo 14 están certificados: Inali

Careció de intérprete mayoría de indígenas presos, señala centro nacional de asesoría

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 22

En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se cuenta sólo con 269 reconocidos y formados, lo cual es insuficiente si se toma en cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser hablantes de lenguas originarias, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo.

De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que no tuvieron acceso a un juicio justo.

Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete.

Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003.

No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos indígenas ni entre funcionarios..

El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la certificación de intérpretes.

Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali.

Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la ley estamos teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas.

Dijo que para atender el reto de contar con más y mejores intérpretes, el Inali canaliza 2.5 millones de pesos, lo cual aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

Se impuso mayoría de ministros que considera que la Corte ya falló en favor del decreto presidencial

Rechaza la SCJN revisar los amparos de trabajadores contra la extinción de LFC

Los integrantes del SME piden que la CFE se convierta en patrón sustituto y se garanticen sus derechos

Mitin de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas afuera de la Cámara de Diputados, el pasado 26 de abrilFoto Guillermo Sologuren

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 23

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de conocer los amparos que presentaron contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), con los que pretendían dejar sin efecto el decreto presidencial del 10 de octubre de 2009.

El proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco, que proponía que el máximo tribunal conociera los amparos, fue rechazado por sus compañeros Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Luis María Aguilar y Sergio Aguirre Anguiano.

Franco planteaba que el asunto, que involucra a miles de trabajadores que se ampararon en contra de su despido de LFC, es de importancia y trascendencia jurídica, por lo que es importante que la SCJN interviniera en su solución.

La petición para que el máximo tribunal del país conociera dichos recursos fue presentada por la Procuraduría General de la República.

El ministro señaló que la SCJN debía pronunciarse respecto a la procedencia de la petición de los trabajadores de que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto y determinar si el despido de los electricistas fue colectivo, además de que se garanticen sus derechos laborales previstos en el contrato que tenían con Luz y Fuerza del Centro.

Sin embargo, la mayoría consideró que la SCJN no tiene por qué conocer los asuntos, ya que en julio del año pasado el pleno ratificó por unanimidad la constitucionalidad del decreto de extinción y validó las facultades del presidente Felipe Calderón para emitir el acto administrativo con el que desapareció el organismo descentralizado.

El fundamento legal de los amparos por despido injustificado, en los que los integrantes del SME exigen su reinstalación, se basa en que la desaparición de LFC fue anticonstitucional.

Con esta decisión, la SCJN devolvió al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito los juicios de amparo directos 1336/2010, 1337/2010 y 1338/2010, promovidos por Alfredo Serratos Reyes, el SME y Eduardo Aguirre Pineda, respectivamente. También, la Suprema Corte notificará a los tribunales sobre los desistimientos de amparo promovidos por sindicalistas que optaron por recibir la liquidación ofrecida por el gobierno federal durante el tiempo que la solicitud de ejercicio de facultad de atracción estuvo en el máximo tribunal de justicia del país.

La importancia de que la SCJN resolviera los asuntos radicaba en que ésta podía fijar criterios jurídicos que serían aplicables en los miles de amparos que aún no han sido resueltos, en los que de manera individual los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro demandan su reinstalación.

Ello, independientemente de que hay la certeza de que sólo la Corte tendría la fuerza para revertir la decisión presidencial de octubre de 2009, no así los tribunales colegiados a los que fueron turnados originalmente los amparos.

UNÁMONOS PARA EXIGIR JUSTICIA

Estimada, estimado membro: A lo largo de las últimas cinco décadas nuestro movimiento ha sido testigo de como las movilizaciones públicas pueden llegar a ser un poderoso recurso para quienes luchan por sus derechos. El asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, que se suma a muchos otros casos que permanecen en la impunidad, ha provocado que importantes sectores de la sociedad mexicana salgan a las calles para mostrar su indignación y su preocupación por el clima generalizado de violencia en el país y por la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. En Amnistía Internacional compartimos esta preocupación y consideramos que estas movilizaciones son una oportunidad para que quienes estamos convencidos de que los derechos humanos son un componente necesario en la lucha por la seguridad pública, enviemos un categórico mensaje a las autoridades. Por ello, Amnistía Internacional México ha decidido sumarse, de la mano de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, a las movilizaciones que tendrán lugar los días del 5 al 8 de mayo en las ciudades de Guanajuato, Querétaro, Guadalajara y Distrito Federal. Si vives en una de estas ciudades, queremos invitarte a que participes junto a nosotras y nosotros durante estas demostraciones. Nuestro mensaje estará centrado en exigir un fin a los graves niveles de impunidad que prevalecen en el país. Información logística: Querétaro: 18:30 Jardín Zenea. Calle Corregidora entre 16 de Septiembre y Madero. Guadalajara: 10:45 Plaza Juárez, junto a Ferrocarriles Guanajuato: 5:15 Arco de la Calzada D.F. 12:45 Modulo de Información Red Ángel de la salida Lázaro Cárdenas Sur del metro del mismo nombre. Enrique Granados esquina con José Peón Contreras y Juan Hernández Dávalos. Pueden dirigir sus dudas logísticas del D.F. al 044553379 4718. Nota importante: El comité organizador de las manifestaciones ha solicitado que estas se lleven a cabo en silencio. En consecuencia con ello, la participación de AI México se llevará a cabo de manera silenciosa Únete a nuestras comunidades online Facebook México| Latinoamericana Twitter Inglés | Español GRACIAS POR FORMAR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS MÁS GRANDE DEL MUNDO. Amnistía Internacional