Cinco años después de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los hechos de San Salvador Atenco, persiste la impunidad.

ORGANIZACION MUNDIAL CONTRA LA TORTURA (OMCT)

COMUNICADO DE PRENSA

Ginebra, 3 de mayo de 2011. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con ocasión del quinto aniversario del operativo policial llevado a cabo el 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco[1], en el Estado de México, manifiesta una vez más su profunda preocupación por la impunidad reinante en torno a los graves hechos allí ocurridos y en particular por la continua inacción del Gobierno mexicano ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra las mujeres, a pesar de las recomendaciones hechas por varios mecanismos internacionales de derechos humanos.

La OMCT recuerda que durante el operativo policial llevado a cabo el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, por lo menos 27 mujeres, de las 47 detenidas, sufrieron malos tratos, incluso violencia sexual como tocamientos, insultos, amenazas de violación y violación sexual, por parte de agentes de la policía estatal y federal. Varios órganos nacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos[2] consideraron como preocupante la existencia de estos gravísimos hechos. El 12 de febrero de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en una resolución no vinculante que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante los hechos de Atenco. Anteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había publicado, en octubre de 2006, un informe confirmando la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el mencionado operativo policial, refiriéndose en particular a las muertes del menor Alexis Benjumea y del Sr. Francisco Javier Cortés Santiago. A este respecto, la CNDH recomendó la iniciación y/o continuación de los procedimientos judiciales y administrativos necesarios para sancionar a los servidores públicos involucrados en el operativo.

A pesar de las numerosas recomendaciones hechas tanto por órganos nacionales de justicia como por mecanismos internacionales de derechos humanos, las víctimas continúan sin tener acceso efectivo a la justicia. La OMCT recuerda que a partir del 10 y 11 de mayo de 2006 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició las averiguaciones previas, resultando en la consignación por el delito de “abuso de autoridad” de 21 agentes de policías, de los cuales 15 fueron exculpados en febrero de 2008, mientras que los otros 6 fueron absueltos más tarde. Solo un policía estatal estuvo consignado por actos de violencia sexual, aunque por el delito menor de “acto libidinoso”. También en este caso el acusado quedó absuelto después de haber apelado la sentencia de mayo de 2008.

Ante la falta de acceso a la justicia en México, 11 mujeres denunciantes presentaron en abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandando al Estado Mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en contra de ellas. Dicha petición continúa después de tres años aún en fase de admisibilidad, en particular debido a que el Estado Mexicano ha dilatado repetidamente el proceso, solicitando prórrogas e incumpliendo con su deber de enviar sus observaciones a la CIDH, a pesar de que ha sido requerido por la mencionada comisión en dos ocasiones.

La OMCT desea destacar que además, hasta el momento tampoco se ha acusado formalmente a los responsables de los homicidios del Sr. Francisco Javier Cortés Santiago y del menor Alexis Benjumea. En cuanto a los Sres. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que permanecían detenidos en el Penal del Altiplano en Almoloya de Juárez a raíz de los hechos de Atenco de 2006, ellos fueron liberados en julio de 2010, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les otorgó un amparo contra el delito de secuestro por el que habían sido condenados.

De otra parte, ante la persistente impunidad después de cinco años de ocurridos los hechos, la OMCT3, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), un miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT en México, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, con sede en Munich, y la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, organizó el 15 de marzo de 2011, en el marco de la 16 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, un evento paralelo con el fin de sensibilizar a los participantes en la mencionada sesión del Consejo sobre la situación general de los derechos humanos en México y en ese marco, destacar la impunidad que reina en torno a los graves hechos de Atenco. En el evento intervino, entre otros, una de las 11 mujeres denunciantes, la Sra. Bárbara Italia Méndez Moreno, quien denunció la falta de acceso a la justicia para las víctimas además de la falta de voluntad del estado mexicano para acabar con la impunidad existente en el caso Atenco.

La OMCT señala que también en el marco del quinto aniversario de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo 2006 en Atenco, el Centro Prodh, organización que continúa acompañando jurídicamente a víctimas de Atenco, llama a una acción global invitando a que todas aquellas personas sensibles al caso, particulares u organizaciones, a realizar acciones para exigir justicia para las mujeres víctimas de las diversas violaciones de derechos humanos y para mostrar su solidaridad con ellas4.

La OMCT reitera su profunda preocupación ante el incumplimiento del Estado con la obligación de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a reparaciones adecuadas, luego de cinco años de transcurridos los hechos de San Salvador Atenco, al no haber realizado “una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006” y por tanto no haber garantizado “que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente” conforme, entre otros, a lo recomendado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT)5.

La OMCT urge por lo tanto a las más altas autoridades mexicanas a que terminen con el estado de impunidad vigente en el caso de San Salvador Atenco y a que cese la obstaculización del trámite de petición ante la CIDH. La OMCT también exhorta a las autoridades a que implementen medidas de control apropiadas para que no se repitan violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Contacto OMCT:

Eric Sottas, Teléfono: + 41 22 809 49 39 , E-mail: omct@omct.org

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[1] En mayo de 2006, en San Salvador Atenco, numerosos policías estatales y federales llevaron a cabo un operativo que estuvo plagado de violaciones de los derechos humanos cometidas indiscriminadamente en contra de integrantes de un movimiento social, de simpatizantes de dicho movimiento y de pobladores de la localidad. Ver Informe: http://old.omct.org/pdf/procedures/2006/cat_37th/mexico_informe_altern_atenco_cat_esp.pdf

[2] Ver por ejemplo CAT, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 19 de la Convención, Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6 de febrero de 2007), 37º periodo de sesiones, U.N.Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19 y 20; CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México (25 de agosto de 2006), 36º período de sesiones, U.N. Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14 y 15.

3 Para mayor información ver: http://www.omct.org/es/urgent-campaigns/events/mexico/2011/04/d21246/

4 Ver información en: http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:acción-global-por-la-represión-en-atenco&lang=es

5 Ver: CAT/C/MEX/CO/4, par. 18.c, 21 de noviembre de 2006.

Ver también: CEDAW/C/MEX/CO/6. par. 15, 25 de agosto, 2006

Atenco, cinco años de resistencia frente a la tortura sexual

• A cinco años de la incursión policial en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia.
• La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han impedido avances en el camino hacia la justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual.
• Debido a la ineficacia de las instancias internas el caso de 11 mujeres se encuentra actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Centro Prodh/México, D.F., a 3 de mayo de 2011

La incursión policial en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y4 de mayo de 2006, hace ya 5 años, dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos, las cuales permanecen en la impunidad, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia y denuncian con fundamento al Estado mexicano por su responsabilidad en torno a estos hechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron detalladamente, en sus respectivas investigaciones, las violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano durante el operativo policial de los días 3 y 4 de mayo de 2006. La aplicación del protocolo de Estambul a las mujeres que denunciaron haber sido torturadas por los policías que las trasladaron a los centros de detención dieron resultados positivos. Las denuncias propiciaron el inicio de una averiguación previa que, con la coadyuvancia de las mujeres denunciantes y del Centro Prodh, permitió recabar elementos suficientes para lograr la consignación de los responsables.

Pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para que el Estado mexicano pusiera un alto a la impunidad y mostrara su compromiso en materia de derechos humanos, todas las instancias competentes se abstuvieron de actuar para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres denunciantes. Ni las instancias del Estado de México ni las del gobierno federal han sido eficientes al respecto.

Los hechos de 2006 no acontecieron de manera aislada, fueron resultado de una decisión de los tres niveles de gobierno para actuar frente a la inconformidad social. Mediante el uso de la fuerza pública se optó por una salida errónea ante un proceso social y político. La detención arbitraria y la tortura contra las mujeres tuvo lugar en este contexto y fue agravada por las condiciones históricas que hacen de ellas botín de guerra.

En las anteriores circunstancias las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura sexual contra las mujeres denunciantes, constituyeron por sí una estrategia del Estado mexicano para inhibir la movilización social y generar miedo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a las personas y colectivos que exigen y ejercen sus derechos y sobre todo a las mujeres.

Hasta hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de revertir la situación denunciada, ha obstaculizado los esfuerzos realizados por las mujeres denunciantes, ha tolerado la impunidad e incluso permite que los responsables ocupen cargos públicos. Los anteriores elementos descubren la ineficiencia de las instancias mexicanas de procuración y administración de justicia y constituyen una muestra clara de la impunidad pactada con las fuerzas policiales y los funcionarios públicos.

Pese a estos factores adversos, tras cinco años de lucha las mujeres denunciantes continúan resistiendo a la impunidad y siguen convocando a la solidaridad nacional e internacional. En este marco el día de hoy se realizó un acto público ante la Procuraduría General de la República para plantear una vez más su exigencia de justicia; en estos días también desde diversas partes del mundo, personas y colectivos se han manifestado para manifestar su solidaridad y exigír que se sancione a los responsables.

A estas actividades se agrega el avance del trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde su presentación en abril de 2008 el caso se encuentra actualmente en fase de admisibilidad. El Estado mexicano durante este periodo ha realizado acciones dilatorias para impedir que la Comisión Interamericana admita el caso a la brevedad y señale la responsabilidad en la tortura contra las mujeres denunciantes.

A cinco años las mujeres denunciantes y el Centro Prodh reiteramos que continuaremos realizando las acciones necesarias para poner freno a la impunidad; en este mismo sentido insistimos nuestra oposición a la violencia favorecida por el Estado mexicano.

Son utilizadas en ambos sentidos, afirma el Comité para protección de periodistas

Redes sociales, arma de oprimidos y de represores

Dpa

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 42

Nueva York, 2 de mayo. Internet y sus redes sociales no sólo se han convertido en foro para la libertad de prensa y los emergentes movimientos democráticos en el mundo, sino también en campo de batalla en el que luchan los gobiernos más represivos.

Así lo señala un informe divulgado este lunes, en vísperas del Día de la Libertad de Prensa, por el Comité para proteger a los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

Desde los blogueros que reportaron en mensajes de texto el malestar popular contra los gobiernos de Túnez y Egipto, hasta los disidentes que luchan por los derechos humanos en China, todos se han servido de la red. Asimismo, gobiernos represivos han aprendido a usar las mismas tácticas para bloquear, inutilizar o destruir los mensajes políticos y sociales de los oprimidos.

Muchas de las tácticas de los opresores revelan una creciente complejidad, desde el servicio de correo electrónico apoyado por el Estado chino y diseñado para acceder a las computadoras de los periodistas, a los ciberataques contra páginas de noticias en Bielorrusia, sostiene el CPJ.

Derechos violentados

El encarcelamiento de periodistas, escritores y defensores de los derechos humanos es una táctica eficaz para suprimir la libertad de prensa, señala el estudio sobre las herramientas de los “opresores online”. La opresión en Internet se ha convertido en un arma de consecuencias catastróficas, pues los gobiernos con larga experiencia en violaciones de derechos humanos ahora utilizan las herramientas cibernéticas.

Mientras luchaban por mantenerse en el poder, los regímenes de Egipto y Túnez intentaron imponer la censura en la red. El presidente egipcio, Hosni Mubarak, bloqueó Internet en enero, tras las primeras señales de protesta popular en El Cairo, pero tuvo que desbloquearla una semana después, por presión internacional.

También Libia y Bahrein intentaron perturbar la comunicación en Internet como respuesta a las exigencias populares de libertad. La Junta Militar de Myamnar, la antigua Birmania, bloqueó la red durante la revuelta de 2007, y lo mismo hizo China en 2010 para intentar sofocar las protestas de grupos étnicos en la provincia occidental de Xinjiang, señala el CPJ.

Irán y China, que se sitúan en lo más alto del estudio en cuanto a detención de periodistas, con 34 en 2010, han logrado bloquear con éxito el acceso a distintos portales en Internet y evitado que los ciudadanos utilicen determinadas palabras clave en los buscadores para seguir las noticias internacionales.

China, por ejemplo, retiró el concepto Revolución Jazmín –que hace referencia a la revolución tunecina que derrocó al presidente Zine al Abidine Ben Ali– y sus ingenieros instalaron software malicioso y de espionaje a través del correo electrónico.

“Periodistas que informan desde y sobre China han sido víctimas de ataques, conocidos como spear fishing (literalmente pesca con arpón, consistente en el envío de correo fraudulento); la tendencia indica claramente que los objetivos fueron elegidos por su trabajo”, señala el CPJ.

El año pasado, el uso del cibercrimen estatal en Túnez avanzó un paso, cuando la agencia nacional que gestiona Internet redirigió a los usuarios a páginas fraudulentas creadas por el gobierno, en las que se exige darse de alta para el uso de grandes proveedores como Google, Yahoo! y Facebook. Así, las autoridades podían robar sus nombres de usuario y contraseñas.

CNOP: México hará el trabajo sucio a EU con los migrantes

Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 43

La Ley de Migración aprobada por la Cámara de Diputados tiene graves deficiencias, ya que con ella México está obligado a cerrar su frontera norte a todo migrante sin documentos y a convertirse por ello en la Migra –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU– de sus propios ciudadanos, afirmó Edmundo Ramírez Martínez, secretario de asuntos migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En entrevista, señaló que si bien se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados, ésta nueva ley beneficia directamente a Estados Unidos y recoge las recomendaciones de Washington en la materia. México le estaría controlando el flujo migratorio al vecino del norte, subrayó.

Migra sucedánea

Precisa que los artículos 34 y 47 de dicha ley, establecen que todo mexicano y extranjero que salga del país debe hacerlo por los lugares designados, con documentos de identificación y visa válida de ingreso a otra nación.

“Tales artículos harán un serio daño al país, obligarían a México a convertirse en la Migra de los ciudadanos que busquen ingresar a Estados Unidos sin papeles”, apuntó.

Dichos artículos invalidaron totalmente la discusión y el análisis sobre el posible permiso de tránsito que se hubiera podido dar a migrantes sin documentos que se dirigen a la frontera norte.

“Servirían para que los grupos xenófobos y antimexicanos de Estados Unidos exijan a México que cumpla con sus leyes y cierre la frontera norte a la invasión de ilegales con muros, policías y soldados o con lo que sea necesario, esa es la razón verdadera de por qué los legisladores federales también aprobaron el dictamen para crear la Policía Fronteriza, que estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades de persecución y aseguramiento, haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos”, insistió.

Una grave deficiencia en esta ley es que no desaparecen los operativos ni las verificaciones domiciliarias sin orden judicial, y se permite el desarrollo de operativos de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional para comprobar la situación migratoria de los extranjeros, señaló el ex legislador, quien fue migrante indocumentado en Esta- dos Unidos.

Foro de especialistas destaca la "incompetencia" del Estado

Feminicidios hacen visible la crisis del sistema de justicia

Han sufrido un episodio de violencia 67% de las mujeres mexicanas

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 43

En tan sólo 12 estados del país, durante 2010, se registraron mil 458 feminicidios, con un elevadísimo porcentaje de impunidad, situación que refleja la incompetencia del Estado mexicano para dar respuesta a estos delitos, pero también una profunda crisis del sistema de procuración y administración de justicia.

En el foro La tipificación del femenicidio: un desafío para el sistema de justicia mexicano, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en el tema denunciaron que los homicidios dolosos contra las mujeres reflejan un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad ante dichos crímenes.

En su intervención, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional del Feminicidio, detalló que la cifra de estos crímenes está conformada con datos oficiales de las procuradurías de justicia de los estados de México, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Puebla, Sonora, Guanajuato y Morelos, así como del Distrito Federal, pero hay muchas entidades que no llevan estadísticas de este creciente problema.

Dijo que la violencia ya ha alcanzado a 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y mayores: más de 30 millones vivieron durante 2006 algún episodio de maltrato. Tal situación permite y genera un clima de proclividad feminicida, sin una respuesta gubernamental que prevenga, proteja e imparta justicia.

María de la Luz Estrada informó de algunos hallazgos en la recopilación de datos de las procuradurías estatales. Dijo que 27 por ciento de las mil 458 víctimas tenían entre 20 y 40 años de edad; mientras que en 87 por ciento de los casos las autoridades niegan y desconocen la relación entre la víctima y victimario, y en 60 por ciento desconocen la causa de la muerte.

En su análisis, la especialista aseguró que la impunidad, la violencia institucionalizada y la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades –la recurrente descalificación de los funcionarios públicos al inculpar a las víctimas de provocar la violencia– ha agudizado el ya grave problema que tiene el país en materia de violencia contra las mujeres.

Mientras tanto, Claudia González Orellana, abogada especialista en derecho penal, explicó los problemas y deficiencias del sistema de justicia en Guatemala, que ya tiene tipificado el delito de femicidio, término con el que se aprobó hace algunos años, pero donde persiste el sistema patriarcal y machista en la aplicación de la norma.

Mientras tanto, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que hay una enorme crisis en el sistema de administración y procuración de justicia, que se refleja en niveles de impunidad de 98 por ciento.

Si la justicia ha fallado a la sociedad en general, a las mujeres las ha dañado de manera aún más profunda, porque imperan ahí cuestiones que están metidas en el ADN de esta sociedad, que son la justicia patriarcal, el machismo y la misoginia, dijo Navarrete.

Además, subrayó que esta serie de principios y antivalores democráticos están presentes cuando se aplica la ley. Esto pasa, lo quieran o no los legisladores, y si eso no es una evidencia suficiente, que me expliquen por qué las mujeres que cometen un delito son mayormente sancionadas en comparación con los hombres, insistió.

Desde su perspectiva, esta profunda crisis del sistema de procuración de justicia se traduce en la necesidad de rehacer el sistema y cuestionar desde las universidades la formación de los abogados.

La militarización ha propiciado crímenes de Estado recurrentes, como los de San Fernando

ONG e intelectuales de varios países ofrecen respaldo a las movilizaciones por la paz

En una misiva critican los intentos legislativos que buscan profundizar el modelo de terror

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 13

Agrupaciones internacionales de corte progresista encabezadas por destacados académicos e intelectuales de varios países se solidarizaron este lunes con las movilizaciones por la paz y la justicia y contra la militarización impuesta por la llamada guerra antidrogas, convocadas en México para el 5 y 8 de mayo próximos por el poeta Javier Sicilia y amplios sectores afines.

Mediante una carta enviada a este diario, integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, la Asociación Internacional de Migrantes, la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, la Asociación de Abogados del Pueblo, la Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz manifestaron su solidaridad con la marcha que saldrá desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

“Reafirmamos el dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, señalando que la militarización ha propiciado crímenes de Estado recurrentes, como los de San Fernando, Tamaulipas, y Durango, dentro de un marco creciente de impunidad e ilegitimidad, incluyendo el genocidio en curso contra los migrantes en tránsito en México, y los intentos legislativos actuales de profundización del modelo de terror estatal contra estos y otros sectores.

Además nos solidarizamos con la resistencia activa a estas medidas promovidas por defensores de los derechos de migrantes, dentro del marco del primero de mayo, en México y Estados Unidos, destaca la misiva.

El documento añade los nombres de los intelectuales que firman el documento, entre quienes destacan Noam Chomsky; el secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos; Fundación Lelio Basso (Roma, Italia); Jeanne Mirer, de la International Associacion of Democratic Lawyers; Iván Forero, Amnistía Internacional-España; Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros.

Denunciamos además y reclamamos justicia y reparación de los daños ocasionados por estos crímenes de lesa humanidad, y por otras violaciones de los derechos de las y los migrantes en todo el mundo, las expulsiones ilegales de México del periodista y catedrático italiano Giovanni Poittis y del investigador colombiano Miguel Ángel Beltrán, y la extradición injusta de Venezuela a Colombia del periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, destaca la carta.

Demandan investigaciones serias al cumplirse 5 años de los abusos

Más de 100 ONG exigen poner fin a la impunidad en el caso Atenco

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 16

Más de un centenar de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, eurodiputados y diputados alemanes exigieron ayer al Estado mexicano, en el quinto aniversario de los hechos perpetrados en San Salvador Atenco, que se realicen investigaciones serias sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población civil por parte de policías.

Las organizaciones firmantes de una carta abierta al Estado mexicano manifiestan su profunda preocupación por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, con un saldo de “dos jóvenes asesinados a manos de la policía, 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, 26 de las cuales denunciaron haber sido torturadas sexualmente por la policía durante el operativo”.

En especial, subrayan las organizaciones, “nos indigna el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual, quienes desde que sucedieron los hechos denunciaron como responsables a los policías perpetradores y a diversas autoridades. No obstante, ningún funcionario ha rendido cuentas, algunos hasta han sido promovidos en sus carreras y las investigaciones se encuentran paralizadas.

Asimismo resulta preocupante que las denunciantes hayan tenido que acudir a la justicia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que el Estado mexicano realice acciones dilatorias con la finalidad de no responsabilizarse del caso Atenco.

Demandan que se realicen investigaciones serias y al mismo tiempo que “permita el avance adecuado del caso ante la CIDH; que se implementen medidas de control civil para evitar abusos durante los operativos policiales, de lo contrario se seguirá incentivando a las fuerzas de seguridad a realizar violencia sexual como forma de represión contra las mujeres”.

Exigen además que “se resuelvan las revisiones de amparo que mantienen Claudia Hernández Martínez, peticionaria ante la CIDH, y a otras personas más sujetas injustamente a proceso penal a raiz del operativo realizado en Atenco en mayo de 2006”.

Las organizaciones y los firmantes individuales de la carta abierta expresan su solidaridad y reconocimiento con las mujeres, que se resisten a ser vistas como víctimas sin rostro y no dejan de luchar contra el olvido y la impunidad. Quienes deben avergonzarse por lo ocurrido en Atenco son los que perpetraron los hechos, los que los ordenaron y los que les han garantizado impunidad.

Firman la carta abierta Frontera con Justicia, Mujeres por México en Chihuahua, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, APCM (Suiza), Universidad Evangélica para Trabajo Social y Diaconia (Alemania), Comité FSM (Suiza), Initiative Mexiko (Alemania), Grupo Basta (Alemania), los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez y el obispo Raúl Vera, entre otras.

También firman la carta Satu Hassi, eurodiputada finlandesa del Grupo de los Verdes; Heidi Hautala, presidenta del subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; Ska Keller, diputada del parlamento europeo y miembro del Comité sobre Desarrollo; Gaby Küppers, consejera del Grupo de los Verdes en el parlamento europeo; Andrej Hunko, del partido alemán Die Linke, vicepresidente del grupo parlamentario mexicano-alemán, Alemania; Katrin Werner, Die Linke, Alemania; Annette Groth, Die Linke, Alemania y Ulla Jelpke, Die Linke, Alemania.

Exhorta a defender la democracia y la libertad de expresión

De 2005 a la fecha 68 periodistas han sido asesinados en México: CNDH

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2011, p. 16

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que de 2005 a marzo de este año tiene radicados 473 expedientes de queja en su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, que incluyen 68 homicidios, 13 desapariciones de comunicadores y 21 atentados a medios de comunicación. Por agravios a periodistas, dijo, se han emitido 20 recomendaciones.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este 3 de mayo, la CNDH aseveró que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática.

En un comunicado de prensa, el órgano nacional de defensa de los derechos humanos hizo un llamado a las autoridades para que actúen con eficiencia en la defensa y protección de quienes ejercen las libertades de prensa y expresión. Les recomendó también esclarecer los casos en que comunicadores y periodistas se han visto agraviados.

Resaltó la CNDH que es conveniente contar con un observatorio en materia de periodistas, comunicadores y medios de comunicación que permita identificar situaciones urgentes y patrones de violaciones a sus derechos humanos, así como llevar a cabo políticas públicas regionales.

La CNDH detalló que de 2000 a la fecha se tiene el registro de 68 homicidios de periodistas y de 2005 a marzo de este año tiene el registro de 473 expedientes de queja.

De acuerdo con las cifras de la CNDH se tiene que: en 2005 se registraron 72 quejas y cuatro homicidios; en 2006, 74 quejas y 10 homicidios; para 2007, un total de 84 quejas y cuatro homicidios; en 2008, se recibieron 80 quejas y 10 homicidios; en 2009 se registraron 83 quejas y 12 homicidios; en 2010, un total de 69 quejas y 9 homicidios, y en lo que va de este año se han presentado 11 quejas y dos homicidios.

Nueva amenaza contra la familia del ecologista Torres Cruz: PGR

Exhumarán el cuerpo del campesino asesinado en abril para certificar el deceso

Recibe el delegado en Azueta denuncia de un posible ataque con más de 100 pistoleros en La Morena

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 2 de mayo. Familiares del ecologista recientemente asesinado, Javier Torres Cruz, denunciaron haber recibido amenazas de que habría un ataque contra la familia asentada en La Morena, comunidad ubicada en la sierra de Petatlán, sería perpetrado de un momento a otro, informó el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio, Armando Millán.

El funcionario informó que alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes recibió la llamada de Felipe Torres Cruz, hermano del ahora fallecido ecologista, quien le aseguró que un grupo de cerca de 100 hombres armados amenazaban con atacar la comunidad de La Morena.

“Felipe (Torres Cruz) me llamó y me dijo de la situación, luego me dijo que se iba a cortar la comunicación y se comunicaba en dos horas, esto ocurrió como a las 8:30, después ya no llamó y no entró la llamada que le hice”, dijo.

Millán aseguró que para ese momento ya se había organizado un operativo de seguridad con militares y la Policía Ministerial, que habían acudido a la zona de La Morena a brindar apoyo a la familia de Javier Torres Cruz, campesino ecologista asesinado en abril.

Dijo que la amenaza directa fue que “iban a agredir” a los habitantes de esa comunidad.

Sobre la denuncia por el asesinato del ecologista Javier Torres, comentó que ahora sólo es hay averiguación previa, ya que necesitan declarar Francisca Torres Cruz, Paula Valdovinos y el comisario de la comunidad, Luis Benítez Rosas, debido a que sin sus testimonios no se puede integrar la denuncia formal en relación con el asesinato de Torres.

También anunció que falta realizar la exhumación del cuerpo del ecologista para que se constate la existencia del cadáver y se emitan las órdenes de aprehensión para los responsables del crimen.

“Si no hay cadáver, ¿cómo sabemos existe el muerto?”, cuestionó.

Ayer por la noche, el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) Javier Monroy Hernández, alertó de las amenazas sobre posibles agresiones a la familia Torres Cruz por medio de un comunicado.

Monroy exhortó a la sensibilidad del gobernador para que “se digne a recibirnos y a escuchar la voz de las víctimas de la impunidad en Guerrero”.

El número de la averiguación previa por el asesinato del ecologista Javier Torres Cruz, interpuesta ante la PGR, es el 46/2011, y en la agencia del Ministerio Público del fuero común está con el número 283/2011.

Centrales obreras oficialistas conviven en la Plaza de la Constitución con los electricistas

Reta el CT a Lozano Alarcón a que le explique beneficios de la reforma laboral

Expresa un rotundo no a los cambios a la Ley Federal del Trabajo propuestos por el PRI

Ya basta de daños colaterales y muerte de inocentes, exige al gobierno de Felipe Calderón

Sindicatos del CT recordaron en el Zócalo el Día Internacional del TrabajoFoto María Luisa Severiano

Integrantes de organismos independientesFoto Cristina Rodríguez

Patricia Muñoz Ríos y Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Lunes 2 de mayo de 2011, p. 10

Las organizaciones corporativas del Congreso del Trabajo (CT), vinculadas históricamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron ayer un tajante no a la reforma laboral propuesta por el tricolor en la Cámara de Diputados, y retaron al principal promotor de la iniciativa, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, a que les señale en qué artículos se describe la forma en que serían beneficiados económicamente los obreros, y entonces se la firmamos.

Las centrales obreras oficialistas salieron ayer a celebrar en el Zócalo el Día Internacional del Trabajo. Ahí marcaron distancia nuevamente del proyecto de reforma priísta y le reclamaron al gobierno que abata el gran abismo que ha creado entre la riqueza desmedida de unos pocos y la pobreza absoluta de la mayoría, y además exigieron: Ya basta de daños colaterales y muerte de inocentes.

Sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Confederación Regional de Obreros y Campesinos y decenas de organizaciones más que integran estas centrales obreras, nunca estuvieron más cerca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que ayer compartieron no sólo el Zócalo en este Día Internacional del Trabajo, sino también el sentido de los discursos de unos y otros.

Contra los pronósticos que vaticinaban un escenario de violencia en la plancha capitalina por la llegada de las organizaciones corporativas este primero de mayo, los trabajadores ferrocarrileros, gaseros, del sindicato de músicos, textileros, del sector automotriz y otros, se mezclaron con los electricistas en el campamento que éstos tienen instalado ahí, y desplegaron sus mantas exigiendo respeto absoluto a las conquistas obreras y diciendo no a la reforma laboral.

Hubo sólo un conato de bronca entre los mismos trabajadores del CT, cuando el diputado federal y vicepresidente del organismo, Víctor Flores, llegó al acto y su numeroso equipo de guardaespaldas le abrió paso a golpes, patadas y empujones.

Lo que no varió fueron los discursos. Por la CTM, su secretario de Acción Política, Fernando Salgado, planteó que es mentira que el país haya salido de la crisis, cuando ésta se padece en todas las casas de las familias obreras. Dijo que no van a permitir que se toque la contratación colectiva, la libertad sindical y el derecho de huelga, porque son irrenunciables, no se negocian.

El acto oficialista estuvo amenizado por la orquesta Bonita, del Sindicato de Músicos del Distrito Federal, dirigida por Rogelio Maldonado. Ahí estuvieron el dirigente cetemista, Joaquín Gamboa Pascoe, y el líder de la FSTSE, Joel Ayala.

Salarios de miseria

Por su parte, Óscar Moreno, del Congreso Laboral del Estado de México, uno de los principales gremios opositores a la reforma laboral, llamó al gobierno a que primero atienda el reclamo de empleo y salarios de miseria antes de querer imponer una reforma, y apuntó que la situación a la que se ha llevado a la economía está dejando a los jóvenes sólo tres caminos: el empleo mal pagado, el subempleo o alquilarse para vender drogas.

En el acto, en el que también estuvieron integrantes de la Confederación Regional Obrero Mexicana y Confederación Obrera Revolucionaria, José Guadalupe Becerril, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero, advirtió que ante la feroz ofensiva del gobierno en contra del sector obrero los trabajadores debemos estar unidos sin distingo ni ideología, mientras que Jesús Moreno, de la FSTSE, expuso que los integrantes de la actual administración viven un mundo de fantasía, apartados de la realidad.

El organismo documenta en su informe las incosistencias cometidas por la trasnacional

Sempra violó las leyes en complicidad con autoridades: subcomisión legislativa

El fallo de la subcomisión concluyó que Sempra violó las leyes locales y federales sobre uso de suelo, protección al medio ambiente y de resguardo a la integridad de la población de la regiónFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Lunes 2 de mayo de 2011, p. 14

La subcomisión del Congreso federal encargada de investigar las irregularidades en el proceso de instalación de la regasificadora Costa Azul –en el litoral de Ensenada, Baja California– propiedad de la trasnacional estadunidense Sempra Energy, concluyó que esa empresa extran- jera violó consistentemente, al abrigo de las autoridades federales y del gobierno del estado, las leyes locales y federales sobre uso de suelo, protección al medio ambiente y de resguardo a la integridad de la población de la región.

Los diputados federales, en su informe final, advierten que resultó incompleta la documentación proporcionada a la Comisión de Medio Ambiente, presidida por Ninfa Salinas (PVEM), por parte de la empresa Energía Costa Azul, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno estatal de Baja California y el gobierno municipal de Ensenada.

“Se detectaron diversas inconsistencias en los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, particularmente en lo relativo a los plazos y términos considerados en las disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no se atendieron puntualmente los preceptos legales relativos a la consulta pública, toda vez que la información requerida por la Semarnat, no se puso a disposición del público completa y oportunamente. Es de señalar que la información omitida fue el estudio de riesgo nivel 3.

La autorización inicial emitida por la Semarnat SGPA-DGIRA-DIA-788/03 incluyó la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales a uso industrial, lo cual reconoce expresamente que para esa secretaría la actividad realizada por la empresa Costa Azul requiere que su suelo tenga esta característica, por lo cual existen incongruencias con lo expresado por los representantes de Sempra, que afirman que su actividad es sólo de servicios.

También en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el otorgamiento de la autorización inicial, la Semarnat no atendió la petición del municipio para que se le proporcionara mayor información y se ampliara el término para estar en condiciones de emitir sus observaciones en relación al cambio de uso de suelo, debido a la complejidad e impacto del proyecto, es decir, fue omiso con relación a las observaciones emitidas y la solicitud planteada.

Incluso, y en abierta contradicción, la misma dependencia no atendió la recomendación emitida por la Coordinación General Jurídica de la Semarnat, de que solicitara al gobierno de Baja California su opinión respecto de la compatibilidad del proyecto con el plan de ordenamiento ecológico y el programa regional Cocotren.

La subcomisión de legisladores federales detectó diversas inconsistencias en el procedimiento para emitir la resolución SGPA/DGIRA/DDT/0503/03, mediante la cual se autorizaron modificaciones al proyecto original. Particularmente en relación con los plazos para presentar información, ya que un procedimiento que debió desahogarse en 30 días máximo y la Semarnat lo atendió en cuatro meses.

Dichos cambios al proyecto original no representan una reducción del impacto ambiental, ya que se autorizan modificaciones sustanciales en instalaciones marinas, zonas costeras, toma de agua, descarga de aguas residuales y requerimientos energéticos con impactos mayores sin justificación ni motivo.

Y un tema de gravedad se refiere a la reconsideración o eliminación de la condicionante cinco, relativa a mantener una zona intermedia de amortiguamiento (compra de terrenos aledaños en igual superficie a la que se vería afectada por la instalación de la terminal y equipos auxiliares) es una de las determinaciones de la autoridad federal de mayor relevancia, toda vez que justifica, con cambios mínimos en la distribución del predio, que ya no se requiera una zona que garantizaría la integridad de los asentamientos humanos cercanos y la protección del medio ambiente.

También los diputados refieren que en la autorización en materia de impacto ambiental para la ampliación del proyecto (promovida en 2006) se detectaron diversas inconsistencias en el procedimiento de consulta pública, particularmente por no atender las condiciones y plazos impuestos en materia de evaluación de impacto ambiental.

Los impactos generados por la ampliación del proyecto son considerablemente incrementados (ampliación de rompeolas, instalación de dos tanques adicionales, de un segundo muelle de atraque y amarre de buques, de dos plantas de nitrógeno y en general, ampliación de las obras construidas y la autoridad no justifica adecuadamente que no se impongan condicionantes adicionales.

Con preocupación, los diputados federales advierten que en el procedimiento para que la Comisión Nacional Reguladora otorgara el título de permiso de almacenamiento de gas natural, se detectaron diversas inconsistencias, particularmente en los plazos concedidos y la omisión de las disposiciones jurídicas aplicables, que establecen ciertos términos y condiciones.

“Los títulos de concesión otorgados por la Comisión Nacional del Agua a favor de ECA para aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, son inconsistentes, pues se autoriza y se reportan descargas considerablemente superiores a la extracción autorizada, por lo cual es relevante conocer de dónde se obtienen las aguas excedidas.

“El dictamen técnico de congruencia de uso de suelo, emitido por el gobierno del estado de Baja California, determina la compatibilidad del proyecto con el plan de desarrollo y el programa regional Cocotren, sin justificar, porque si los predios del proyecto se encuentran en unidades de gestión ambiental de ‘protección’ y ‘turismo de baja densidad’ en los que no se permiten actividades de menor impacto, sí se autoriza expresamente la operación de un ‘deposito de energéticos’ como el instalado por Sempra.”

Y por lo que hace a la autorización de factibilidad de uso de suelo emitido por el ayuntamiento de Ensenada, para instalar una planta de almacenamiento de gas natural, carece de fundamentación y motivo, circunstancias y características que deben prevalecer en todo acto de autoridad.

La autorización de uso de suelo es una facultad del ayuntamiento, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California. El ayuntamiento es un órgano colegiado, en términos de los dos ordenamientos jurídicos anteriormente citados.

Tulio Jovel fue interrogado en el INM

Investiga la CNDH muerte de migrante

El cónsul salvadoreño espera el informe oficial

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 2 de mayo de 2011, p. 16

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que visitadores adjuntos, adscritos a la oficina regional de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, investigan las causas de la muerte de un indocumentado salvadoreño, ocurrida después de que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) realizó un operativo, en el cual lo detuvo y lo condujo a las instalaciones migratorias.

Resaltó la CNDH que sus visitadores recaban evidencia y revisan el informe que rindieron los agentes que participaron en los hechos, así como los testimonios de los migrantes que estuvieron en el lugar.

Los visitadores adjuntos, detalló la CNDH, siguen la integración de la averiguación previa iniciada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.

El cónsul de El Salvador en Tapachula, Nelson Cuéllar, informó el pasado viernes que el migrante salvadoreño, Tulio Jovel Hernández, quien se dirigía a Estados Unidos, fue detenido el miércoles en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez y falleció momentos después de ser interrogado por agentes del INM y del Grupo de Protección al Migrante (Beta).

El funcionario declaró: Esperamos la notificación oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero la información preliminar que nos han proporcionado es que mi compatriota, de 40 años, sufrió convulsiones luego de ser detenido la noche del miércoles 27 de este mes.

A su vez, el Centro Estatal de Derechos Humanos informó que realizó las primeras indagaciones en coordinación con la CNDH para abordar el tema de la presunta violación a los derechos humanos de Jovel Hernández.

Testomonio fraterno

En los diarios locales de Chiapas se informó que junto con el migrante fallecido viajaba su hermano Leonel Antonio Jovel Hernández, quien al dar su testimonio señaló: Fuimos detenidos el miércoles 27 sobre la autopista Tuxtla Gutiérrez-Las Choapas por agentes del INM y del Grupo de Protección al Migrante Beta-Sur, cuando viajábamos a bordo de un autobús.

Añadió que mi hermano Tulio y otro salvadoreño de nombre Rudy, fueron detenidos en ese sitio; a mí me dejaron ir porque los convencí de ser mexicano. A mi hermano y a Rudy se los llevaron, y después Tulio apareció muerto en un hospital de la Cruz Roja Mexicana.

Garantizar los derechos de la infancia

Posicionamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México

El 30 de abril debería ser un motivo de celebración para niñas y niños. Sin embargo, existen aún grandes pendientes para garantizar los derechos de la infancia en México. Estos pendientes implican, entre otros factores, la armonización legislativa y el desarrollo de políticas públicas que deben estar sustentadas en los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El pasado 20 de abril como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional, México debió entregar al Comité de Derechos del Niño su informe sobre el cumplimiento de la Convención. A la fecha, dicho informe no ha sido entregado. Ante ello, y a fin de brindar un balance de la situación que viven niñas y niños en México, en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hacemos una revisión de aquellos ámbitos que demandan atención inmediata para garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos:

Es preocupante la ausencia de una Secretaría de Estado especializada en infancia y adolescencia que articule y promueva políticas públicas integrales. Actualmente, existen acciones públicas desarticuladas, opacidad en la inversión destinada a la infancia y un diseño institucional obsoleto. Por otro lado, la inexistencia de un sistema de información sobre infancia, impide valorar realmente los avances o retrocesos en la aplicación de las políticas públicas y dificulta la supervisión de los programas y sus impactos.

Hemos expresado desde el año pasado preocupación por la “narco explotación” de que son víctimas niñas, niños y adolescentes socialmente excluidos quienes están siendo reclutados de manera forzada por la delincuencia organizada. Esto como consecuencia de la ausencia de oportunidades y de medidas de protección del Estado (en sus tres niveles) que eviten su involucramiento en los grupos del crimen organizado. En este sentido, datos publicados el día de ayer señalan que en México tiene la tasa de pobreza infantil más alta de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pues 1 de cada 4 niñas y niños vive en condiciones de pobreza. Ante ello, resaltamos la importancia de reconocer que la inequidad y la pobreza extrema son factores que impiden garantizar los derechos de la infancia.

Ejemplo de ello es que de 2008 a 2009 la tasa de mortalidad por homicidio en la población menor de 18 años se incrementó en 40% pasó de 2.3 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2008 a 3.2 en 2009. Si se desagregan los datos por rangos de edad, se puede observar que el incremento ha sido general. No obstante, en el rango de 15 a 17 años, el aumento de la tasa ha sido mayor, pasando de 5.3 defunciones en 2007 a 10.7 en 2009, esto representa un incremento de más del 100% en sólo dos años. Podemos destacar que hay un mayor grado de incidencia en homicidios en la población de 0 a 4 años que en la de 5 a 14 años. En la población de 0 a 4 años, la tasa a nivel nacional en 2009 se ha convertido en la más alta desde el 2000. Nada más del 2008 al 2009, ésta pasó de 1.6 a 2.4, lo cual representa un incremento del 50%.

Otros datos recopilados por la REDIM desde enero de 2010 a través de fuentes hemerográficas, de los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes dan cuenta de un incremento del 30% en el número de decesos, que paso de 60 muertes (enero a abril 2010) a 84 (mismo periodo, 2011).

Al contexto de violencia que vive la infancia en nuestro país, se suman otras problemáticas como la normalización y justificación social del castigo corporal (maltrato infantil) el cual, es la expresión más común de violencia contra niñas y niños. Cada año, más de 20 mil denuncias de maltrato infantil son comprobadas por el DIF, de los cuales solamente una cuarta parte son presentadas ante el Ministerio público. En 2009, esto representó más de 17,000 casos que quedaron impunes.

Exaltamos el incremento de la criminalización y el estigma contra las y los adolescentes que se ha dado como medio para promover la reducción de la edad penal y los “castigos severos”, en contrasentido de un Sistema de Justicia para Adolescentes que contemple medidas alternativas de reinserción social. Dicho Sistema de Justicia está inconcluso en los Estados y sin Ley a nivel Federal, lo cual representa un incumplimiento a la obligación del Estado establecida en el artículo 18 Constitucional.

La ausencia de una legislación federal en materia de justicia adolescente ha ocasionado que niñas, niños y adolescentes quienes han incurrido en algún delito federal sean juzgados por autoridades estatales que no resultan competentes y bajo reglas procesales de los diferentes códigos locales. En este aspecto, el Estado Mexicano no ha cumplido con la recomendación de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 hasta los 14 años de edad.

En razón de lo anterior, la REDIM exige al Estado Mexicano:

Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia, entendido como la existencia de un órgano articulador de alto nivel para el desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en México.

Adoptar medidas suficientes para combatir la impunidad y frenar la violencia de la que son víctimas niños, niñas y adolescentes, en la familia, la comunidad, o las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidarlos, así como alcanzar las reformas legislativas que prohíban explícitamente el castigo corporal y obliguen al desarrollo de políticas públicas integrales que promuevan el buen trato, medidas disciplinarias positivas, acciones participativas y el uso de la resolución no violenta de conflictos en los procesos educativos.
Crear un Sistema Nacional de Información sobre Infancia, desagregado por grupos de edad y sexo, con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño.

Armonizar las legislaciones federales y estatales con la Convención sobre los Derechos del Niño para mejorar el sistema jurídico nacional que enfrenta serios rezagos en la defensa de los derechos de la infancia.

Finalmente, exhortamos de manera importante al Estado Mexicano a retomar las Recomendaciones que diera a conocer el pasado 4 de febrero, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-UN) con respecto al Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados” en las que: “El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños víctima (alrededor de 1000 en los últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas” Ante ello, el Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;
b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños (…);
c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados.

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Atenco 5 años: Mujeres en resistencia frente a la tortura sexual

A cinco años de la incursión policial en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han impedido avances en el camino hacia la justicia para las mujeres que sufrieron violencia sexual. Debido a la ineficacia de las instancias internas el caso de 11 mujeres se encuentra actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Convocamos a participar y solidarizarnos con la exigencia de justicia de las mujeres a personas, colectivos y organizaciones solidarias el próximo martes 3 de mayo de 2011 a partir de las 10AM a una conferencia de prensa y de 11AM-2PM al acto político – cultural. La cita será frente a las oficinas de la PGR (avenida Paseo de la Reforma # 211-213, colonia Cuauhtémoc, México D.F.).

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Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

Hostigamiento a indígenas por la defensa de la tierra.

HUASTECA Y SIERRA ORIENTAL, DOMINGO 1 DE MAYO DE 2011

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION

A LOS ORGANISMO NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS

El Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunciamos que nuestros compañeros autoridades ejidales y municipales, y sus familias de Tohuaco II, municipio de Huautla, Hidalgo, han sido objeto de constante hostigamiento y agresiones de parte del grupo que impulsan desde la subsecretaria de gobierno del estado de Hidalgo y que con anterioridad tuvo las manos bien metidas altos jefes militares pertenecientes al 84º Batallón de Infantería, ubicado en Huejutla de Reyes Hidalgo, cosa que en la actualidad no dudamos que continúe está ilegal intervención, pues desde que nos organizamos no han dejado de ejercer presión y represión contra nuestros pueblos organizados.

El día sábado 30 de abril a las 7 y media de la noche uno de nuestros compañeros fue detenido, amenazado y ultrajado por tres integrantes del grupo de la subsecretaria en el potrero cerca de la comunidad de Tohuaco II, el lapso de tiempo que lo detuvieron no dejaron de insultarlo, golpearlo y amenazarlo, dejándolo libre pero lo despojaron de su machete, lima y el dinero de la cooperación mensual que tenia que entregar para la organización.

Esta no es una agresión aislada es un plan desde el gobierno el estado en complicidad con el gobierno de Felipe Calderón, que criminaliza la pobreza, protesta y lucha popular, cansados de estar soportando tanta agresión fuimos a aclara el porque hacia esto con nuestro compañero, fuimos recibidos con machete y palo en mano de parte de la familia del agresor y él mismo ante lo cual nos defendimos.

Responsabilizamos a la subsecretaria del gobierno del estado y cualquier otros personajes de gobierno estatal, federal y el ejército federal que se encuentra detrás de este plan.

La agresión contra nuestros compañeros y la organización inicia desde que un grupo de compañeros decide abandonar el plan del gobierno estatal y el 84º BI de dividir a la organización quedándose con la comunidad de Tohuaco II, y a partir de ahí comenzar la infiltración y división de la organización. Estos compañeros regresan y se da conocer públicamente que son parte nuevamente de nuestra organización indígena campesina.

El problema en Tohuaco II, es un conflicto interno originado por el Estado mexicano por medio Humberto Córtez (sotero), quién hiso compromisos en el 84º BI y gobierno del estado de Hidalgo, ahora toca al pueblo resolverlo, además que encuentra dentro del régimen ejidal y debe ser resuelto conforme al Artículo 27 Constitucional y la Ley agraria vigente, el que intervengan autoridades judiciales, el ejército federal o la marina sería un agrave violación a la Constitución General de la República. La criminalización de la lucha popular es política de Estado, en México estar organizado independientemente te señalan y persiguen como si fuéramos delincuentes.

FRATERNALMENTE

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡POR LA LIBERACION PROLETARIA DEL CAMPESINO!¡VENCEREMOS!

FRENTE DEMOCRATICO ORIENTAL DE MEXICO EMILIANO ZAPATA

FDOMEZ

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS

Celebran sindicatos la falta de reforma laboral

Será un "tema" en las marchas del Día del Trabajo, hoy

Policías de Tlaxcala exigieron ayer mejores condiciones laborales. Hoy, en el Día del Trabajo, se prevén marchas en el mismo todo en todo el país (1)

El Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal, Benito Mirón Lince, afirmó que el freno a la reforma a la Ley Federal del Trabajo es uno de los motivos para celebrar hoy, en el Día Internacional del Trabajo.

Mirón Lince dio un panorama adverso en materia laboral e indicó que en el país hay 47 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa, de las cuales únicamente 17 millones cuentan con seguridad social.

Y agregó que la reforma laboral afectaría la vida de los mexicanos, sobre todo a los de menores recursos, porque flexibilizaría las relaciones laborales, implantaría la contratación a prueba y los pagos por hora, "lo que conllevaría a la pauperización laboral, al aumento de la informalidad y al desempleo en todos sus extremos".

El presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, coincidió con Mirón Lince en que la reforma laboral traerá consigo perjuicios en materia laboral para millones de trabajadores a nivel nacional.

Por su parte, el líder de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena Lome, dio a conocer que hoy 1 de Mayo organizaciones sindicales de diversa índole, se unirán para marchar y manifestar su rechazo a la reforma laboral

"Luego vamos a llevar al cabo movimientos con acciones, porque la lucha es permanente", afirmó.

En marzo de este año, la tasa de desempleo en México fue de 4.61% de la Población Económicamente Activa, es decir, hay 2 millones 172,000 desempleados.

Este porcentaje es el nivel más bajo para un mes, desde diciembre de 2008 (4.32%).

El 36.9% de los desocupados del país tiene estudios a nivel superior y medio superior, le sigue la población con secundaria con el 35.4% y el resto con estudios de primaria completa o trunca.Policías protestanHoy se esperan marchas sindicales en todo el país con motivo del Día del Trabajo. Pero desde ayer comenzaron las movilizaciones.

En Tlaxcala, cientos de elementos de la Policía Estatal protestaron frente al Palacio de Gobierno e iniciaron bloqueos en algunas de las principales avenidas de la capital tlaxcalteca, para pedir mejores condiciones de trabajo.Los efectivos demandan reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, incremento salarial y mejores prestaciones alimenticias y médicas.

Los policías, la mayoría vestidos con uniforme, pidieron al gobernador Mariano González Zarur se incrementen aspectos como el apoyo para alimentación, el cual actualmente es de 11 pesos al día."Con 11 pesos no pagamos ni un desayuno", dijo Isaac Flores Pérez, representante de los policías. "El gobierno estatal no ha cumplido con las demandas, las cuales son justas".Los policías tlaxcaltecas preparan nuevos bloqueos y protestas para hoy en el Centro Histórico.- Notimex