27 jul 2011

No estamos en los años 70, sostiene el subsecretario Fernández



Niega Gobernación que el país necesite comisión de la verdad

Propone revisar los sistemas de investigación y rendición de cuentas

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 7

Ante las miles de muertes vinculadas a la lucha contra la delincuencia organizada el país no requiere de una comisión de la verdad, sino de una revisión de los sistemas de investigación y de rendición de cuentas que posee el Estado mexicano, advirtió Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

“En principio, no estamos de acuerdo con que ése sea el camino (…) No estamos en los sesenta. Estas comisiones de la verdad las vemos más para atender asuntos viejos, de aquellos tiempos: Chile, Argentina, España, las dictaduras y demás. Lo que tenemos en México es muy distinto”, aseveró.

Con esas palabras dio respuesta a uno de los planteamientos que presentó la semana pasada el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, con quien el gobierno federal inicia este jueves diálogos temáticos de los que se pretende surjan iniciativas de ley.

Estoy de acuerdo en que varias de nuestras instituciones tienen puntos débiles, pero de eso a pensar que, como en los años sesenta o setenta, no tenemos instituciones que procuren la verdad y que necesitamos una comisión porque no funciona lo que tenemos, hay una gran distancia, sostuvo en entrevista con La Jornada.

Fernández es el coordinador de la mesa sobre atención a víctimas, para lo cual el gobierno asegura que llega al diálogo sin proyectos predeterminados. Nos sentaremos con la hoja en blanco”, dijo, aunque adelantó que considera impulsar la construcción de un memorial para los afectados.

Al preguntarle sobre las expectativas del Ejecutivo ante la nueva ronda de diálogo, el funcionario se mostró optimista: Vamos a dialogar, a comprender, éste es un asunto bilateral.

Expresó su confianza en avanzar, a pesar de que existen aspectos discrepantes, como la insistencia de Javier Sicilia de que el presidente Calderón pida perdón por los saldos de su estrategia contra el crimen.

El perdón del Estado no es el perdón del Presidente de la República, consideró el subsecretario, y reconoció la gestión de Sicilia: No vemos en él otra cosa que no sea defensa de las víctimas.

Dijo que en el fondo Sicilia y el jefe del Ejecutivo federal tienen la misma visión acerca de la necesidad de dar visibilidad a las víctimas, por lo que hace falta definir el modelo y ver qué tuercas tenemos qué apretar para que funcionen las instituciones.

Indicó que si bien puede existir, por ejemplo, una fiscalía especial, es imprescindible tener mucho cuidado para que “no nos pase dentro de 10 años lo que está ocurriendo ahora: que pidamos una comisión de la verdad porque la fiscalía que inventamos no funcionó. Tenemos que ser muy creativos e innovadores, porque si nos ajustamos a los ‘modelitos’ de siempre no vamos a llegar a ningún lado”.

El asunto de la comisión de la verdad, agregó, es una discusión que tenemos que realizar porque eso supondría que en México no tenemos instituciones que trabajen en torno a la verdad o que no nos sirven de nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República.

–Los integrantes del Movimiento por la Paz afirman que la estrategia que se aplica fracasó, porque derivó en una guerra en la que ha habido miles de muertos y puntualizan que las instituciones han sido omisas o se han coludido con el crimen.

–El tema es: sí hay elementos para buscar la verdad, pero no estamos en los sesenta. Tenemos organismos internacionales en México; observadores de derechos humanos de chile, dulce y manteca; comisiones de derechos humanos a escala nacional y estatal, y organismos sociales, como el movimiento, con enorme activismo que se meten hasta en la cocina, en el buen sentido de la palabra.

La ley que aprobaron, paso significativo, sostiene el relator especial Felipe González



Pide la CIDH a senadores avalar reglamento para dar protección efectiva a los migrantes

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 9

El relator especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, se reunió ayer con senadores y manifestó que nos resultó de mucho interés la ley de migración que aprobaron; eso es un paso significativo, pero está pendiente su reglamento, que es crucial para avanzar en el desarrollo normativo que se traduzca en protección efectiva de los derechos de los migrantes.

Ante senadores de las comisiones de Derechos Humanos, de Población y de Organismos No Gubernamentales, el relator destacó: Como la relatoría lo enfatizó en su informe sobre la situación en Estados Unidos, nos parece que debe aplicarse también a otros países el hecho de que la detención de migrantes sea sólo la excepción y no la norma.

Agregó: Se observa que en los países donde se aplica la detención como regla general la situación de los migrantes es peor que la de las personas procesadas por algún delito, porque no tienen derechos al acceso a la justicia, a su defensa legal y al debido proceso.

En reunión pública con los legisladores, insistió: Nos parece importante que el reglamento de la ley de migración que está pendiente dote de eficacia a la legislación y se tome en cuenta el derecho internacional, que ha sido fortalecido con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señaló que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias.

De igual forma, González instó a los senadores a que se fortalezcan las investigaciones relacionadas con los delitos que se cometen contra migrantes y pidió se le informe sobre el hallazgo de fosas clandestinas, donde se asume que muchos de los muertos serían indocumentados.

Además, dijo que les interesa observar la situación de las estaciones migratorias; vamos a visitar varias, y así como a la CIDH y a otros organismos internacionales se les ha permitido visitarlas, creemos que es importante que se permita el monitoreo habitual de la sociedad civil, de manera que pueda realizarlo y emitir sus observaciones

El relator de la CIDH señaló también que la defensa de los defensores de derechos humanos y de los migrantes resulta crucial, en el caso de estos últimos, porque por su precariedad, su estatus y la demora en dirigirse a la autoridad y a sus familiares son víctimas de delitos.

Al recibir a González, el priísta Renán Cleominio Zoreda, secretario de la mesa directiva e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que nunca como ahora la acción del crimen organizado trasnacional había atentado contra la seguridad y la vida de los migrantes que cruzan nuestra frontera, hasta convertir el tema en asunto de la seguridad nacional, fronteriza y regional.

Explicó que hace unos meses se aprobó en el Congreso la nueva ley de migración, con lo cual se fortaleció el marco normativo para asegurar que quienes estén en territorio nacional gocen de las garantías que nuestra Constitución y el régimen internacional de derechos humanos reconocen.

El senador panista Rubén Camarillo manifestó: Tenemos que hacer que todas las acciones del gobierno, no sólo del federal, sino de los estatales y municipales, se enfoquen en una política pública como lo que somos: un Estado conformado por tres poderes y tres órdenes de gobierno.

La sobrepoblación en los penales es uno de los factores que propicia los abusos



Cárceles, espacio fértil para violaciones a los derechos humanos: académicos


Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 11

Los centros de reclusión en el país son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana, pues en ellos se presentan innumerables y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales, como torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de homicidios, señalaron activistas y académicos.

Durante el foro Sobre las condiciones de detención en México, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo que el sistema penitenciario del país se compone de 429 penales, de los cuales existe sobrepoblación en 212, y en algunos casos ésta es superior a 200 por ciento.

Con base en cifras oficiales, el activista resaltó que de 1990 a 2010 la cifra de personas privadas de su libertad pasó de 90 mil a 220 mil (un incremento de 150 por ciento). Fenómeno que se da sobre todo por el abuso de la prisión preventiva. Inclusive, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en los pasados 10 años la sobrepoblación en los penales del país no fue menor a 23 por ciento.

Además del exceso de población en las cárceles, la mitad de los reclusos se concentra en sólo 28 centros de detención y en los estados de Baja California, Jalisco, estado de México, Puebla, Sonora y Distrito Federal.

Recordó que de las 222 mil personas presas en el país, 45 mil corresponden a delitos del fuero federal, de los cuales la mitad ya fueron sentenciados y el resto está sujeto a proceso. Esto nos muestra un uso excesivo de la prisión preventiva. En tanto que hay 175 mil detenidos por delitos del fuero común: 105 mil ya con sentencia y unos 70 mil en proceso judicial.

El director del Centro Prodh manifestó la preocupación de la organización por las condiciones indignas y denigrantes en que vive la mayoría de las personas en situación de detención.

Por su parte, Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), indicó que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantice los derechos de las personas privadas de su libertad. Afirmó que el sistema de justicia penal debe hacerse efectivo, de tal forma que las garantías constitucionales se cumplan a cabalidad en las personas que están purgando penas de prisión.

Indicó que la pena debería terminar con la sentencia del juez; sin embargo, en ocasiones ésta se agrava porque las autoridades penitenciarias deciden castigar, incomunicar o considerar a los presos como de alta peligrosidad, lo que atenta contra las garantías de los prisioneros y hace más grandes las penas que dictó el juzgador.

Durante el foro, realizado en el auditorio del Centro Prodh, también se analizó la situación de las mujeres en detención. Del total de personas privadas de su libertad en el país, 5 por ciento son mujeres, a quienes se les imponen penas más severas que a los hombres por el mismo delito.

Datos de la reclusión en el Distrito Federal muestran que la mayoría de las detenidas tiene entre 18 y 30 años, y en 70 por ciento de los casos son analfabetas o sólo con estudios de primaria. Además, antes de involucrarse en la comisión de delitos eran amas de casa, comerciantes o trabajadoras del hogar.

Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, señaló que los hombres y las mujeres en situación de detención deben tener las mismas condiciones de equidad y dignidad, considerando también las diferencias de sus condiciones de género y social. Sostuvo que las mujeres en situación de detención sufren de una vulnerabilidad especial que trae como consecuencia daños severos en el tejido social.

26 jul 2011

Se fichó a cientos de personas sin pruebas, dice el municipio




Ciudadanos exigen información de operativo en Ciudad Juárez

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 18

Ciudad Juárez, Chih., 25 de julio. Con una manifestación ante las instalaciones locales de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, familiares de adolescentes desaparecidas en la localidad exigieron información sobre el operativo que se desarrolló el fin de semana pasado en la zona centro de la ciudad.

El fiscal Jorge González Nicolás recibió a los inconformes –entre ellos miembros de organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas–, a quienes informó que durante el operativo, más de 400 personas fueron interrogadas y se les mostraron fotografías de 17 adolescentes con reporte de desaparición.

El funcionario explicó a los manifestantes que con el operativo se pretendía localizar a 17 mujeres, de las cuales únicamente se logró encontrar a una de ellas, que tiene 15 años de edad. Añadió que las autoridades correspondientes –no especificó cuáles– resguardan a otras cinco menores, las cuales ejercían la prostitución de manera voluntaria.

Jorge González adelantó que las acciones en el Centro de Juárez para buscar mujeres desaparecidas y personas con órdenes de aprehensión continuarán, con el propósito de recuperar la seguridad en el sector.

Añadió que gracias a las acciones implementadas, ya se investiga una posible red de trata de personas que opera en esa zona de la ciudad.

El secretario del ayuntamiento, Héctor Arcelus Pérez, dio a conocer por su parte que “el municipio no participó (en el operativo) y desconocía el procedimiento y objetivos de esta redada, donde fueron fichadas cientos de personas, con el argumento de estar relacionadas con trata de blancas, aun cuando (las autoridades judiciales) no tenían pruebas” al respecto.

Relator para Migrantes de la CIDH se reúne con Organizaciones de la Sociedad Civil



El día de ayer varias organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Relator para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de exponer la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país. Cabe destacar que la visita de la Relatoría se da después de la ejecución de graves hechos violatorios a los derechos humanos que llamaron poderosamente la atención internacional, como la perpetuación del secuestro a personas migrantes y el hallazgo de los restos mortales de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
En el encuentro, las organizaciones hablaron sobre la “tragedia humanitaria” que representa el secuestro a personas migrantes y las violaciones a derechos humanos que sistemáticamente sufre esta población en su tránsito por México. Denunciaron que la falta de una política migratoria con enfoque de derechos humanos es la causa principal de la perpetuación de los abusos. Asimismo, denunciaron la impunidad y la corrupción que permea a las instituciones policiacas y migratorias del país. Por otra parte, presentaron la condición de vulnerabilidad de quienes se dedican a defender y proteger los derechos humanos de la población migrante. Destacaron que no existe una legislación ni un mecanismo acorde a las necesidades de las y los defensores y que la implementación de las medidas cautelares es ampliamente cuestionable.
Por otra parte, las organizaciones destacaron la vigencia de prácticas violatorias de los derechos humanos en los centros de detención de migrantes, conocidos como estaciones migratorias y hablaron sobre las deficiencias para la procuración y acceso a la justicia de la recién aprobada Ley de Migración.
En cuanto a la migración mexicana, presentaron un análisis sobre las condiciones de las comunidades de origen de las personas migrantes y los procesos de integración de inmigrantes tanto en México como en Estados Unidos. Asimismo, se atendió la situación de los jornaleros agrícolas y las condiciones que enfrentan en sus recorridos.
Después de esta reunión, el Relator Felipe González partirá a visitar algunos estados de la República, en los que recogerá otras experiencias de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, las organizaciones confían en que estos encuentros servirán para que la Relatoría constate las graves violaciones a derechos humanos que sufre la población transmigrante en México, así como la ausencia así como la ausencia de programas gubernamentales de verdadera protección a los migrantes mexicanos y sus familias, de tal manera que pueda emitir las recomendaciones correspondientes al gobierno mexicano y se comprometa en dar seguimiento a estas.

Piden Medidas Cautelares a la CIDH para defensores de migrantes de Tenosique
En el marco de la visita de la Relatoría para Migrantes de la CIDH, varias organizaciones solicitaron la implementación de medidas cautelares a favor de las y los colaboradores de La 72, Casa Refugio del Migrante y el Centro de Derechos Humanos Usumacinta (CDHU) de Tenosique, Tabasco. Además de brindar apoyo humanitario, estas organizaciones dan asesoría y denuncian la corrupción de funcionarios gubernamentales, así como la práctica sistemática del delito de secuestro de personas migrantes.
Por la labor que realizan, las y los colaboradores de estas organizaciones han sufrido amenazas tanto de funcionarios de los tres órdenes de gobierno como de la delincuencia organizada, que han puesto en riesgo su integridad física y psicológica. Por este motivo, el Centro Prodh, el CDHU, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes, pidieron al Relator Felipe González que a la brevedad posible exija al Estado mexicano la adopción de medidas que resguarden la vida y la integridad personal de quienes integran las organizaciones, así como que se realicen investigaciones prontas de los hostigamientos sufridos.


Caravana grita: ¡Alto a los Secuestros de Migrantes en México!
Producto de la indignación por los eventos violatorios de derechos humanos a la población migrante en tránsito por México, entre los que destacan los secuestros, las violaciones sexuales, las extorsiones y las desapariciones forzadas, distintas organizaciones de la sociedad civil han alzado su voz por las más de veinte mil personas migrantes secuestradas en México, provenientes principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Cuba.
El día de ayer la Caravana comenzó su caminata por la frontera sur de México, exigiendo a las autoridades mexicanas un alto a los secuestros de personas migrantes. En ella se encuentran familiares de migrantes secuestrados y desaparecidos que buscan manifestarse de forma paralela a la visita de la Relatoría para Migrantes de la CIDH. En su caminar, exigen que se terminen los hostigamientos a personas migrantes y que gobierno federal y, específicamente el Instituto Nacional de Migración, respete el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí un video de la Caravana.



Hoy recomendamos The west and the rest o el mito de la comunidad internacional, de Pierre Charasse, en La Jornada


¡Un aviso!
Estimadas compañeras y compañeros, el miércoles 27 y jueves 28 de julio el equipo del Centro Prodh se encontrará en proceso de evaluación semestral, por lo que no será posible en estos dos días la emisión del Sididh.
El viernes 29 de julio continuaremos con su habitual publicación.
¡Gracias!

Lesiones a civiles e invasión a casas sin orden de cateo, entre ellas: PDHG



Quejas contra el Ejército aumentaron mil 400 por ciento en Guanajuato en 4 años
Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 16

León, Gto., 25 de julio. Las quejas contra el Ejército Mexicano se incrementaron en Guanajuato de tres a 42 entre 2006 y 2010, es decir, mil 400 por ciento, informó Gustavo Rodríguez Junquera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).

El ombudsman indicó que recibió en los cinco años y medio anteriores casi cien quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que irrumpieron sin órdenes de cateo en viviendas, además de que lesionaron y arrestaron arbitrariamente a civiles.

Detalló que en 2006 recibió tres quejas; dos en 2007; la cifra se elevó a 11 en 2008; en 2009 se documentaron 32 quejas; en 2010 se integraron 42 expedientes, y en lo que va de 2011 se han tramitado siete reclamos.

Cada vez la gente tiene más conciencia de sus derechos, y de reclamarlos cuando son violentados; por otra parte, el Ejército hace funciones de seguridad y llega a violentar derechos humanos o de molestar a los ciudadanos con su actuar, dijo.

A partir del incremento en querellas en contra de la milicia, la PDHG capacitó a mil 200 integrantes de la 16 Zona Militar, desde generales hasta soldados rasos, informó Rodríguez Junquera.

Consideró que al parecer, el trabajo del organismo a su cargo ha rendido frutos, pues en el primer semestre del año sólo ha recibido siete querellas. Una sola queja es importante y relevante para actuar, pero sí vemos que el número se ha reducido significativamente, comentó.

Entre otros casos documentados en la entidad, el primero de agosto de 2008, en la ciudad de León, 25 soldados irrumpieron en la vivienda de Bernardino Parra, a quien arrestaron; además golpearon a su esposa, a su hija de siete años y a su hijo de 14.

Inventaron que vendía droga

Me decían que vendía droga. Destrozaron los muebles y la casa buscando droga, dijo Bernardino a La Jornada en febrero de 2009, después de estar encarcelado siete meses por vender estupefacientes, acusación que el Ejército Mexicano no acreditó.

Al quedarse sin sustento, Margarita Reyes, esposa de Bernardino, debió planchar y lavar ropa ajena, así como vender dulces en la calle, mientras su hijo lavaba autos y debió dejar a su hija en un orfanato.

Otro caso sucedió el 18 de agosto 2009, cuando un comando militar a bordo de camionetas sin matrícula llegó a la comunidad Tomelopitos, municipio de Irapuato, donde allanaron tres viviendas y encañonaron a sus moradores.

Me estuvieron interrogando. Mientras revisaban la casa le preguntaban a mi esposa dónde estaban la droga y las armas, y le dijeron que me iban a llevar si no les daba dinero, afirmó Ángel García Aza. Sostuvo que soldados lo tiraron al piso, y un militar le puso una bota en la cabeza, para que no viera qué hacían los demás uniformados.

El alto mando ordenó crear 30 batallones para defensa exterior e interior, según documentos



Se restructuró con Calderón la infantería de Marina para destinarla a la lucha antinarco

Antes sólo cumplía labores de policía ribereña y de apoyo a la población civil en casos de desastres

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 16

En la presente administración, la infantería de Marina fue transformada para colocarla en la primera línea en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En 2007, el alto mando naval ordenó la creación de 30 batallones destinados a garantizar la defensa exterior y coadyuvar en la defensa interior del país.

Sin embargo, hasta la fecha, sólo 43 por ciento de sus integrantes cuentan con la dotación completa en materia de equipo colectivo, óptico, electrónico y de visión nocturna; armamento, equipo de comunicaciones y de paracaidismo; se espera que hasta el año próximo reciban el ciento por ciento requerido.

Según información proporcionada por la dependencia, en 2007 el ex titular de Marina Mariano Francisco Saynez Mendoza decidió optimizar las labores de sus elementos en el combate al narcotráfico, tráfico ilegal de personas y armas, protección de instalaciones estratégicas y auxilio a la población civil en casos de emergencia o desastres. Los 30 batallones contaban con 59 por ciento del personal requerido.

“Equipamiento de 79.5%

Actualmente la integración promedio de esas unidades es de 79.5 por ciento y se espera que para 2012 cuenten con orgánicas totalmente integradas.

La restructuración de la infantería naval –la cual anteriormente cumplía únicamente con labores de policía ribereña en los lugares en que había zonas y regiones navales, de protección de instalaciones estratégicas y de apoyo a la población civil en caso de desastre– requirió la adquisición de nuevo equipo para sus elementos, pues el que tenían resultaba insuficiente de acuerdo con las nuevas planillas orgánicas de los batallones y a las actividades encomendadas a los nacientes escuadrones.

En 2008, el equipamiento de las unidades alcanzó 44 por ciento; un año después su porcentaje llegó a 55 por ciento y en 2010 el avance fue de 68 por ciento.

La dependencia prevé que para 2011 el programa de equipamiento de los batallones de infantería de Marina alcance 75 por ciento.

La importancia de que los infantes de Marina cuenten con el equipo de especificaciones militares completo radica en que de esta forma incrementarán su capacidad de respuesta en acciones militares y de apoyo a la población.

De esta forma estarán en condiciones de hacer frente a cualquier amenaza de tipo social como el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas, y explosivos.

La Armada de México considera que con los 30 batallones plenamente equipados e integrados se aumentará la capacidad de respuesta y presencia en la franja costera del país, para actuar como policía marítima; los mandos navales contarán con el personal y equipo suficiente para desarrollar acciones de vigilancia en la franja costera y establecer destacamentos donde las actividades o problemática de seguridad lo requieran.

Además contribuirán a generar sinergía en los esfuerzos que realiza el gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, además de apoyar a las autoridades locales cuando lo requieran.

Prevén construir instalaciones

Para cumplir con esta nueva encomienda, añade la información, la Armada necesita instalaciones propias en la zona costera pero también en zonas rurales, con el propósito de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

La Armada prevé la construcción de instalaciones para cinco batallones en diferentes partes del país, que cuenten con espacios para el personal, armamento, pertrechos, servicios, áreas de adiestramiento y deportivas. Para ello la dependencia cuenta con un diseño de instalaciones tipo como el Batallón Ocho de Guaymas Sonora, el cual fue inaugurado el pasado primero de junio.

Piden a la CIDH medidas cautelares que garanticen su protección



Sistemáticas y generalizadas, las agresiones contra migrantes

Agravia a deudos el retraso para identificar a víctimas de narcofosas

Tania Sánchez Hernández
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 19

Al refrendar su solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador para que atiendan, orienten y garanticen la integridad de los familiares de los migrantes asesinados, secuestrados o desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos –entre los que destacan las 72 personas masacradas en agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, destacó que el gobierno de México no ha logrado evitar la repetición de este tipo de hechos, ya considerados como sistemáticos y generalizados.

Durante una conferencia de prensa previa a su reunión con el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Trabajadores Migratorios y sus Familias, Felipe González Morales, el ombudsman capitalino detalló que los procesos de identificación de las víctimas han sido lentos y erráticos, lo que genera una violación a los derechos humanos de sus deudos, como en el caso de dos familias hondureñas que recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes.

Asimismo, lamentó que a la fecha se desconozcan los resultados de la investigación iniciada por el caso de la masacre en San Fernando, del que todavía falta identificar a 14 víctimas, a quienes hay que sumar los otros 193 restos de cuerpos encontrados en 46 fosas clandestinas en el mismo municipio.

González Placencia recalcó que es incomprensible que varios camiones de pasajeros hallan sido secuestrados sin que las autoridades se percataran, cuando desde diciembre de 2007 las carreteras y caminos de Tamaulipas eran vigiladas por 2 mil 35 miembros del Ejército, 750 efectivos de la Marina y 516 elementos de la Policía Federal, dentro del operativo conjunto Tamaulipas-Nuevo León.

Se requiere atención urgente

El ombudsman expresó que ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población migrante y que requieren de una atención urgente por parte de los Estados y los organismos internacionales, diversas grupos en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y la CDHDF solicitaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos el pasado 13 de junio que emita algunas medidas cautelares a los cinco países.

Entre las peticiones destacan la solicitud de que México mantenga plenamente informado a El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador de las diligencias realizadas para la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, que se otorgue orientación y atención médica sicológica y económica a las víctimas; que se apliquen los protocolos durante la investigación ministerial, y se conforme un grupo de expertos con ayuda de la Organización de Naciones Unidas para que apoye al gobierno mexicano en las pesquizas.

González Placencia estuvo acompañado por representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Asociación Civil Sin Fronteras IAP, el Instituto para las Mujeres en la Migración y por el padre Pedro Pantoja, de la Casa del Migrante de Saltillo.

Felipe González hizo diversas preguntas a los defensores de derechos humanos



ONG a relator de la CIDH: cada año, 20 mil migrantes son secuestrados en el país

El INM informó al representante de la comisión los mecanismos de protección vigentes

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 20

Organizaciones civiles de protección a los derechos de los migrantes denunciaron ante Felipe González, relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cerca de 20 mil personas son secuestradas cada año.

Lo anterior reporta 50 millones de dólares al crimen organizado, el cual actúa en colisión o con permiso de las autoridades; además, el problema alcanza la categoría de tragedia humana, agregaron.

Decenas de organizaciones de derechos humanos y de defensa de trabajadores migrantes expusieron a Felipe González las violaciones perpetradas por agentes estatales, las condiciones de detención, la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, las extorsiones y la trata de personas.

El relator les preguntó si fueron consultados para la elaboración de la ley y su reglamento. La respuesta fue: Nunca nos consultaron; tuvieron que crearse grupos de trabajo y se ejerció presión hacia los partidos políticos en el Congreso porque querían aprobar una ley con mayor coerción, que incluía sanciones a las personas que emplearan migrantes.

También inquirió “cómo se hacen los aseguramientos”. Eso “no es alternativa –le respondieron–, sino regla general, y en realidad no son otras cosa que detenciones arbitrarias”.

Contradicciones legales

Además, el relator de la CIDH preguntó a las ONG cómo se hacen las visitas a las estaciones migratorias, a lo que respondieron que se les niega el acceso y no se permite que se hagan monitoreos de la situación de los derechos humanos, pues dan explicaciones ambiguas, pero no los dejan entrar.

Asimismo, González inquirió a los defensores si hay una verdadera defensa pública de los migrantes, a lo que respondieron: No, porque para que se pueda representar a un migrante se tiene que tener su firma y su aval, y como los mantienen detenidos y no permiten el acceso, no se puede hacer una verdadera defensa pública de ellos.

Sí, tiene problemas y contradicciones constitucionales, fue la respuesta de los defensores acerca de si la nueva Ley de Migración contiene fallas.

Además, las organizaciones defensoras entregaron un informe general sobre la situación de los derechos de los migrantes, en el que resaltan que las prácticas de control y regulación migratoria en México, disfrazadas de política migratoria, han acrecentado la condición de irregularidad y las rutas por las que ellos transitan y aumentan las posibilidades de que corran mayores riesgos como robos, violaciones sexuales, amenazas, extorsión y secuestros.

Insistieron en que reportes de organizaciones civiles señalan como perpetradores o coadyuvantes por acción u omisión de violaciones a los migrantes a las autoridades de los tres niveles de le gobierno, agentes migratorios, policías federales, estatales y municipales, pero también guardias de seguridad privados.

De igual forma hicieron énfasis en que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, y sufren en mayor medida las agresiones. Hicieron notar que las deficientes políticas públicas traen como consecuencia una violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país. México vive una crisis de proporciones alarmantes en ataques, asesinatos y explotación de éstos y sus familias.

Las ONG entregaron al relator informes complementarios con casos específicos de violaciones a derechos humanos e insistieron en que los secuestros persisten. Por ejemplo, se refirieron al informe de la Comiisión Nacional de los Derechos Humanos que da cuenta de que tan sólo en seis meses ocurrieron 11 mil 333 plagios en 2010, entre abril y septiembre.

Este martes, el relator de la CIDH asistirá a reuniones en el Congreso y también se presentará en la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. El 27 de julio realizará una visita Ixtepec, Oaxaca; el 28 a Tapachula, Chipas; el 30 estará en Tierra Blanca, Veracruz, y el primero de agosto en Reynosa, Tamaulipas.

Por otro lado, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, también se reunió ayer con el relator especial sobre los trabajadores migratorios de la CIDH, Felipe González, a quien reiteró el compromiso del Estado mexicano con las garantías humanas de estos trabajdores, además del fortalecimiento de las instituciones para que actúen en estricto apego a la ley y al respeto de los ciudadanos.

En un comunicado, la dependencia indicó que Blake Mora planteó a Felipe González la disposición del Estado para estrechar los mecanismos de cooperación con el organismo. Se informó también que hablaron sobre la atención a las recomendaciones hechas por la CIDH.

Antes del encuentro, González se reunió con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, y funcionarios del INM.

Gobernación afirmó que el relator de la CIDH preguntó a los funcionarios sobre la naturaleza de los refugiados y las condiciones de las personas migrantes en México. Beltrán del Río abordó el tema del fortalecimiento institucional del INM y explicó detalladamente los mecanismos de protección implementados.

Limeddh aboga por detenidos que padecen proceso injusto en Chiapas



ONG pide indagar posibles fraudes en la construcción de ciudad rural
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 21

San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de julio. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) llamó al gobierno estatal, y a fundaciones como Azteca y Fomento Social Banamex, a que investiguen posibles fraudes en la construcción de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva. También instó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos (CNDH y CDH) a que valoren las recomendaciones respecto de los detenidos un año atrás en Tecpatán y Frontera Comalapa, pues sufren un proceso injusto.

Hace tres años, un desastre hizo desaparecer la comunidad Juan de Grijalva (Ostuacán) y hasta hoy, fuera de brindar la oportunidad al gobierno para poner en marcha las muy ponderadas ciudades rurales, no se han resuelto los problemas en la zona. Al desastre del cerro desgajado en noviembre de 2007 sobre el río Grijalva se agregó la errónea estrategia de desazolve de Conagua y CFE, que mantuvo tres meses bajo el agua 404 casas de 33 pueblos. Los gobiernos estatal y federal, CFE, Conagua y fundaciones privadas aportaron recursos, programas de ayuda, indemnizaciones y compraron terrenos. Para Limeddh, son de aplaudir las iniciativas para ayudar a damnificados, mas le preocupa que se haga sin considerar la opinión y necesidades de la población. Tras una investigación de tres años, la Limeddh encontró allí irregularidades y conflictos sociales por abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos.

Destaca la baja calidad en la construcción de la ciudad rural, en contraste con los avalúos del catastro estatal, donde se especifican materiales mejores que los que utilizados, situación que lleva a suponer un fraude millonario. Además, los pobladores manifiestan descontento por la lejanía entre las casas y sus tierras, y la inexistencia de espacios para cultivo o cría de animales. Sin capacidad para activar la economía interna, enfrentan desintegración social: mientras las familias deben habitar las casas para no perderlas, como reza el contrato, los hombres emigran en busca de empleo.

El estudio encuentra falta de seguimiento de la entrega de recursos y la expropiación de terrenos, y una distribución irregular de las aportaciones. Ello crea bandos, conflictos y un ambiente de miedo. Los damnificados denuncian incumplimiento de compromisos estatales y municipales, abusos policiacos y presiones contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la ciudad rural.

Hace un año, ante protestas en Tecpatán y Frontera Comalapa, las autoridades respondieron de manera brutal e indiscriminada, dice la Limeddh, y reivindica tanto a los presos de conciencia como a los injustamente asociadas a motivos políticos.

Ante la falta de respuesta, los afectados se han visto en la necesidad de organizarse. Hay acoso contra quienes se mantienen en lucha en las comunidades, y 32 procesados. A los detenidos se les imputan delitos graves para retenerlos en prisión y mostrar lo que puede pasar, ahogando el descontento por el tapón del Grijalva.

Más de 300 familias, hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas construidas como refugio temporal, aún esperan la construcción de su prometida ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

El informe fue presentado los primeros días de junio al Ejecutivo estatal, CFE, Conagua, CNDH y CEDH, así como se hará con las fundaciones e instituciones privadas. El 16 de julio, el secretario de Gobierno Noé Castañón dijo desconocer la existencia de inconformidades.

Por decisión unánime, los consejeros rechazaron inhabilitarlo por cinco años




Exculpan a ex director administrativo del IFE; era acusado de daños por $26 millones

Fernando Santos Madrigal enfrenta otra auditoría por supuestas anomalías en su gestión

José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 11

Por decisión unánime, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró improcedente inhabilitar por cinco años al ex director de Administración, Fernando Santos Madrigal, acusado por la Contraloría General del instituto por negligencia y de haber causado un daño patrimonial de 26.2 millones de pesos.

En el último punto de dos sesiones consecutivas, que duraron casi diez horas, los consejeros electorales decidieron, sin debate de por medio, exculpar al ex funcionario, bajo el argumento de que el proyecto de resolución dictada por la contraloría no sustenta suficientemente la negligencia.

De acuerdo con las investigaciones de la contraloría, Santos Madrigal autorizó trabajos de remodelación por 21.3 millones de pesos para un inmueble arrendado por el IFE en la delegación Iztapalapa, cuando el máximo permitido para esos arreglos, de acuerdo con la normatividad interna, era de 550 mil pesos, cuando ocurrieron los hechos, en junio de 2008.

No obstante, según la investigación de la contraloría, cinco meses después Santos Madrigal aprobó 6.1 millones de pesos para colocar en esa bodega equipo de energía eléctrica, equipamiento y servicio, que debió haber hecho con lo previamente autorizado para ese rubro, y que tenía el objetivo de monitorear los tiempos en radio y televisión.

Sin embargo, anoche el consejero Marco Antonio Baños aseguró que el Consejo General del IFE, órgano superior jerárquicamente a la Junta General Ejecutiva, había aprobado las erogaciones necesarias para cumplir con la administración de los tiempos de radio y televisión.

En la sesión, los consejeros decidieron declarar improcedente la inhabilitación de cinco para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La propuesta de improcedencia la presentó el mismo consejero Baños, respaldada públicamente por Alfredo Figueroa, y votada por unanimidad por el resto de los consejeros del Consejo General del IFE.

Los consejeros no encontraron ningún esquema de responsabilidad en contra del ex funcionario, debido a que su actuación se apegó a diversos resolutivos emitidos por ese máximo órgano de dirección del instituto y en completo apego a la normatividad interna del órgano electoral y cubriendo las actualizaciones de las instancias competentes.

Sin embargo, el contralor general del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Pozas, se inconformó con la decisión tomada. El documento que yo envié venía muy bien argumentado; algunos de los comentarios que hicieron los señores consejeros desde luego creo que no corresponden a la realidad y, desde luego, yo no estoy de acuerdo con ellos, dijo en entrevista todavía en el salón de pleno.

Pese a esta decisión tomada por los consejeros del IFE, está pendiente otra auditoría, en la que se investiga al mismo ex director administrativo por una renta, remodelación y luego compra irregular de un edificio ubicado en Acoxpa. La denuncia es por gastos millonarios sin justificación por funcionarios del IFE.

Hay 53 firmas que captan recursos sin autorización



Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Martes 26 de julio de 2011, p. 30

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó sobre la existencia de 53 empresas que no forman parte del sistema financiero mexicano, que no son supervisadas por autoridades regulatorias y, por tanto, no cuentan con autorización para captar recursos del público.

Por ello exhortó a la población a evitar hacer operaciones con personas que no cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la propia CNBV.

Entre éstas destacan: Servicios Integrales de Apoyo Mutuo y/o Financiera Comercial y Agropecuaria; Soluciones Coyotepetl ; Grupo Uharma de México; Caja Solidaria La Mixteca y Caja Solidaria XU’UN ÑUU, todas con domicilio en Oaxaca.

Caja Solidaria Villa de Jerez y Caja Solidaria Cerro de la Bufa, con sede en Zacatecas.

Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, y Sociedad Cooperativa De Ahorro y Préstamo Cuxtitali, de Chiapas.

Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez y Cooperativa de Consumo de Ahorro; Préstamo La Santa Veracruz; RYM Capital Corporation, Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC., de Jalisco, y Caja Solidaria Coliman, en Colima, y el Instituto de Banca y Ahorro, de Guanajuato.

25 jul 2011

Explosivo aumento del desempleo juvenil; los mejor instruidos, entre los más perjudicados

Generación perdida

Datos oficiales revelan que 40 por ciento de los que laboran no gozan de las prestaciones básicas

Estudio demuestra que la educación ha dejado de er un instrumento de movilidad social

Foto
Las enormes filas de personas llenando solicitudes de empleo se han convertido en una imagen cotidiana. Muchos de los que buscan trabajo son jóvenes con estudios superiores. En la imagen se observa una feria del empleo realizada en Azcapotzalco, en la cual se ofrecen plazas con bajos salarios y escasas prestacionesFoto Guillermo Sologuren

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 25 de julio de 2011, p. 2

Se agudiza el desempleo en el segmento de población de los jóvenes en el país, particularmente los que tienen entre 20 y 24 años y los que han adquirido mayor instrucción educativa. Además, 40 por ciento de los jóvenes que laboran no gozan de prestaciones, ya que para las nuevas generaciones los contratos colectivos, las jubilaciones, el escalafón y otros beneficios, serán cosa del pasado a las que no tendrán acceso.

Informes del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detallan que de toda la población, los jóvenes son los que padecen más desempleo, según las propias cifras oficiales.

Detallan que del volumen total de jóvenes en el país en edad de trabajar (más de 16 millones), millón y medio no encuentran empleo, y que cada año se suman más y más jóvenes a la población económicamente activa que no tiene un trabajo. Es decir, más de 50 por ciento de los desempleados de todo el país son jóvenes. Tendencia que no es privativa de México, sino un problema mundial.

En su análisis Los jóvenes... ¿cuál futuro?, el doctor Héctor Castillo Berthier, de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, expone que en México casi una tercera parte de la población son jóvenes que van de 15 a 29 años, los cuales son afectados por diversos problemas, entre ellos falta de empleo, inseguridad, dificultades para ingresar o continuar estudiando, insuficiente y deficiente prestación de servicios, la vivencia cotidiana en la que lamentablemente la mayoría de los jóvenes mexicanos están creciendo.

Así, “la experiencia de muchos jóvenes está marcada por la dificultad y escasez de oportunidades. Algunas estadísticas revelan lo problemático y difícil que resulta ser joven, al tiempo que muestran que los costos sociales y económicos para este sector de la población son muy altos. Baste decir que cada año un millón de jóvenes cumplen la edad para ingresar a lo que se llama la vida productiva; sin embargo, pese a los deseos que la mayoría de ellos tienen de incorporarse al mundo del trabajo, las posibilidades de acceder a un empleo de calidad son en realidad mínimas.

Este problema afecta a todos los jóvenes, incluso a aquellos que se han preparado con estudios universitarios, lo que demuestra que la educación ha dejado de ser el instrumento de movilidad social que antaño la caracterizaba. Datos recientes señalan que de cada diez egresados universitarios, sólo siete encontrarán trabajo, y de estos últimos sólo cuatro lo harán en algún empleo relacionado con la profesión que eligieron, indica Berthier.

Pero además, este segmento de población está excluido de programas de salud preventiva, capacitación laboral, educación, empleo y vivienda. En nuestro país el promedio de escolaridad es apenas de 8.7 años; sólo 38 por ciento de la población joven ha concluido la educación básica, y 22 por ciento de los jóvenes que abandonan sus estudios lo hacen por falta de recursos.

Por su parte, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) ha indicado que las nuevas generaciones de trabajadores pade- cerán de la generalización del outsourcing, de la falta de contratación colectiva y del escamoteo de las prestaciones básicas.

Sobre todo serán las generaciones afectadas por el desmantelamiento de los esquemas de pensiones y jubilaciones. Tendrán que trabajar más años, pagar sus propios retiros y resignarse a no tener más que las prestaciones básicas.

Para esta organización, la defensa de los derechos laborales que hagan las actuales generaciones es fundamental para el futuro de los jóvenes. Recordó que la reforma laboral propuesta por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional busca precisamente acabar con la estabilidad laboral, al proponer la contratación temporal y legalizar el outsourcing; con la libertad de sindicalización y otros derechos como el de huelga. Los puntos neurálgicos de dicha reforma afectan sobre todo a los trabajadores jóvenes.

La Organización Internacional del Trabajo detalló en su informe más reciente sobre empleo que hacia 2009 el número de jóvenes sin empleo llegó a casi 81 millones –13 por ciento del total– y señaló que se puede incluso hablar de la generación perdida. Alerta sobre problemas sociales por esta razón, ya que gran parte de esta población se ha ido a la economía informal y en actividades poco o nada remuneradas, lo que eleva además la línea de la pobreza entre esta población.

Para esta organización, los efectos de la crisis económica han agravado los déficit de trabajo decente entre los jóvenes, por lo que estos trabajadores han optado por autoemplearse, emigrar o irse a la economía formal.

De esta forma, los jóvenes de entre 15 y 24 años en los países ricos que quieren trabajar pero no encuentran empleo pasaron de 8.5 millones en 2008 a 11.4 millones en 2009, aumento de 34 por ciento. Es el mayor nivel de crecimiento del desempleo en un sector poblacional desde 1991, según indicó la OIT.

En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que el desempleo entre los jóvenes seguirá aumentando en todo 2011, lo que compromete la seguridad económica de este sector de la población, cuyo porcentaje de falta de empleo a escala mundial, en promedio, es del doble del tienen las personas mayores de 25 años, incluso en los países ricos.

González estará en México hasta el 2 de agosto; centroamericanos buscan una reunión



Observará relator de la CIDH acciones tomadas para proteger a los migrantes
De la Redacción
Periódico La Jornada
Lunes 25 de julio de 2011, p. 13

En un comunicado, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que este lunes inicia la visita del Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, quien permanecerá en el país hasta el 2 de agosto próximo, para observar la situación de México en la materia y, sobre todo, conocer las acciones que se han tomado para evitar los secuestros masivos de indocumentados.

La visita del relator de la CIDH se enmarca dentro de la política de apertura y colaboración del gobierno mexicano con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y es la cuarta de esta naturaleza que se recibe durante este año, se dice en el boletín.

Añadió que González se entrevistará con “funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Migración además de que tendrá encuentros con los gobernadores de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, y con funcionarios de Tamaulipas.

González sostendrá reuniones y encuentros con integrantes de organismos de la sociedad civil, visitará albergues y refugios de migrantes; asistirá a reuniones con órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

El gobierno actualizará al relator la información sobre los resultados de las investigaciones en torno a la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, entre otros temas.

En el contexto de esta visita, una caravana integrada por migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como de activistas salió hace unos días de la capital guatemalteca para encontrarse con el relator y exponer su situación; realizarán una manifestación en el Zócalo de la ciudad de México el primero de agosto y se reunirán con legisladores de la Comisión Permanente.

Recurre a la amenaza y al chantaje en beneficio, principalmente, de desarrollos urbanos, afirma



Obliga la Procuraduría Agraria a ejidatarios a vender sus tierras a empresas particulares: Cocyp

Realiza invasiones concertadas y altera acuerdos de asamblea para tal fin: José Jacobo Femat

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 25 de julio de 2011, p. 17

Cobijados por el programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIP), funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) recurren a amenazas, chantaje y abuso para obligar a los ejidatarios a vender sus tierras a empresas particulares, denunció José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).

Sostuvo que los promotores de la procuraduría advierten a los ejidatarios que de no aceptar los montos propuestos por los empresarios, principalmente de desarrollos urbanos, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) procederá a la expropiación de sus tierras. También alteran los acuerdos de las asambleas de los ejidos que rechazan las propuestas de compra de sus tierras; corrompen a las autoridades ejidales e incluso recurren a las invasiones concertadas para que los propietarios vendan sus propiedades.

Se trata del despojo a ejidos y comunidades de sus tierras y de las riquezas naturales bajo el argumento de que se deja un beneficio al campesinado; lo real es que se trata de un despojo descarado, de la privatización de la tierra del sector social y el solapamiento de la depredación de los recursos naturales y del medio ambiente. Es el resurgimiento de los terratenientes pero ahora denominados empresa privada.

Respecto a los señalamientos del titular de la SRA, Abelardo Escobar, de que los proyectos del FIP se llevan a cabo sin que los ejidatarios vendan sus tierras y que se trata de tratos justos y apegados a la ley, el dirigente de la Cocyp aseguró que las autoridades agrarias acuden a las asambleas de los ejidos y comunidades para imponer acuerdos que obligan a vender las parcelas y bienes comunales a las empresas privadas.

La SRA, la PA, el Registro Agrario Nacional (RAN) y los tribunales agrarios fueron creados para defender los derechos de los ejidatarios y comuneros y coadyuvar en la solución de los conflictos en el medio rural, pero se han convertido en promotores inmobiliarios, de negocios turísticos, mineros, industriales, de equipamiento urbano y ecológico. Para ejemplificar presentó el caso de la comunidad de San Juan Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac, estado de México.

Manuel Aguilar Morales y Víctor Ángel Almazán Espinobarros, funcionarios de la PA, y Alfonso Anguiano, de la delegación del RAN en la entidad, presionan y amenazan a los comuneros por negarse a ceder sus tierras para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. Se han talado 10 mil árboles para llevar a cabo dicha obra, que no cuenta con la aprobación de los propietarios de la tierra.

Situación similar enfrentan los ejidatarios de San Francisco Xochicuautla y su anexo La Concepción, municipio de Lerma; Santa Cruz Ayotuzco, municipio de Huixquilucan; Santa María Tlalmimilolpan, municipio de Lerma, y la Magdalena Chichicaspa, municipio del mismo nombre, donde se construye la carretera Lerma-Tres Marías- Naucalpan.

En las 105 mil 875 hectáreas distribuidas en 17 municipios que conforman el llamado parque estatal otomí mexica, se autoriza la construcción de casas habitación, comercios, campos de golf, explotación de bancos de material y complejos turísticos, aunque es una zona protegida.

José Jacobo Femat dijo que es falso el discurso de la autoridad agraria de que los ejidatarios son libres de decidir qué hacer con sus tierras, pues éstos desconocen sus más elementales derechos y por la miseria se ven obligados a vender sus parcelas.

23 jul 2011

México, zona de riesgo para esa labor, dice el arzobispo de Tijuana



Funcionarios buscan intimidar a los defensores de migrantes

El objetivo de las autoridades es que ya no se denuncien los abusos

Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Sábado 23 de julio de 2011, p. 10

El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, denunció ayer que los principales agresores de los defensores de los derechos humanos son los integrantes del crimen organizado y también el Estado por conducto de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, quienes intentan intimidarlos para que no sigan denunciando los abusos y las violaciones que cometen contra los migrantes.

Durante la presentación de un informe sobre la situación de los protectores de las garantías fundamentales, Romo Muñoz demandó mecanismos de protección para ellos, así como que las procuradurías General de la República y las estatales eviten la impunidad en las agresiones cometidas en su contra.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, agregó que México es un país de riesgo para el trabajo en favor de los migrantes y para quienes transita por su territorio en busca de llegar a Estados Unidos.

Rubén Camarillo, senador panista por Aguascalientes, reconoció que las medidas adoptadas para proteger a los defensores de derechos humanos no han sido suficientes y destacó que en el Senado se trabaja en una iniciativa de ley en esta materia, que estará lista en septiembre próximo cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones.

Resaltó que quienes velan por los migrantes sufren una situación de violencia y vulnerabilidad, por lo cual es necesario que el Senado impulse una ley para protegerlos.

El Congreso, agregó, debe tener un papel más activo ante este problema. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante una realidad que nos atropella a todos y nos indigna a todos, enfatizó.

Rafael Romo señaló que la falta de una atención oportuna ante la violencia e inseguridad ha generado un incremento en el número de ataques contra los defensores de derechos humanos. De 18 incidentes de riesgo registrados en cinco años (2004-2009), se pasó a 46 en año y medio (2010 y lo que va de 2011).

Sumado a ello, fueron asesinados dos defensores de migrantes, mientras otros han sido amenazados, golpeados, hostigados y acusados penalmente por su labor de denuncia. Uno de ellos se tuvo que exiliar y, por falta de seguridad, una casa del migrante y un centro de derechos humanos se vieron obligados a cerrar.

Frente a este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha otorgado 13 medidas cautelares, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tres. Por su parte, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha difundido alertas urgentes sobre el tema, y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es acompañada por brigadas internacionales de paz.

El arzobispo de Tijuana demando a los gobiernos federal, estatales y municipales, que desarrollen campañas de prevención sobre el secuestro de migrantes; que se analice suprimir el requisito del visado a los transmigrantes, y se investiguen los raptos de estas personas.

El responsable de la dimensión pastoral pidió la creación de una fiscalía que atienda los delitos que se cometen contra los migrantes y se desarrolle una estrategia de reparación del daño a las víctimas.

Alberto Herrera, representante de Amnistía Internacional, recordó que hace dos años el secretario de Gobernación se comprometió a crear un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos, pero hasta la fecha nada se ha concretado.

Enfatizan activistas que la integración debe ser plural



La comisión de la verdad, con total independencia del gobierno: ONG
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 23 de julio de 2011, p. 11

Crear una comisión de la verdad –como sugirió el jueves Javier Sicilia– para resolver las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico es una demanda viable en la búsqueda de la reparación del daño, siempre y cuando tenga amplio margen de independencia frente al gobierno, afirmaron integrantes de grupos civiles.

Consideraron que debe tener una formación tan plural como sea posible y no estar integrada sólo por funcionarios públicos.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el país necesita mecanismos que garanticen el conocimiento de la verdad histórica de determinados periodos de violencia generalizada, para avanzar hacia la justicia verdadera y la reparación integral del daño para las víctimas.

Es una demanda justa, no es una novedad ni una ocurrencia de Sicilia; la posibilidad de tener una comisión de la verdad está establecida en el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que habla sobre la creación de una ley general de reparación del daño. Es una obligación jurídica que no debe causar asombro en ningún funcionario, subrayó.

Para evitar que se repita la experiencia fallida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, estas comisiones deben tener amplio margen de independencia frente al gobierno, integración plural y sustentarse en el nuevo artículo primero constitucional, apegándose a estándares internacionales de derechos humanos, dijo. Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que la viabilidad y el éxito de la propuesta de Sicilia dependerá de la fuerza que le den los ciudadanos al movimiento por la paz.

Las comisiones de la verdad, en Sudáfrica, Chile y Argentina, han tenido una conformación ciudadana, lo cual les permitió luchar de manera más efectiva contra la impunidad y buscar el esclarecimiento de hechos del pasado, así como conseguir la reparación del daño y la garantía de no repetición de lo ocurrido.

Algo que llama la atención es que el titular de Gobernación, Francisco Blake, no dijo nada al respecto, lo cual es un mal signo, porque no se ve la voluntad política del gobierno, apuntó.