28 may 2011

Líder de los jesuitas llama a cambiar estrategia contra el crimen


Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 9

En ningún país la militarización ha sido alternativa, aseguró Carlos Morfín Otero, superior provincial de la Compañía de Jesús en México, quien sostuvo que la estrategia de combate al crimen organizado que lleva a cabo el gobierno federal debe ser modificada, porque la situación no ha mejorado: por el contrario, las cosas han ido empeorando; 40 mil muertos nos dicen todo.

En entrevista con La Jornada, el jesuita señaló que la Provincia Mexicana de la compañía considera que ante la situación de violencia que prevalece y el clamor de diversos sectores que piden cambios en la política de seguridad, el gobierno federal tendría que escuchar a las voces disidentes.

Lo que hace falta es apertura; escuchar a las voces disidentes de estas estrategias y políticas; al gobierno federal le hace falta mayor imaginación y creatividad para encontrar otras alternativas que realmente resuelvan de fondo el problema de este país, porque la alternativa nunca ha sido la militarización en ningún país: la alternativa se ha encontrado por la vía de la educación, de restablecer el tejido social, no al fracturarlo o romperlo.

Morfín Otero descartó que en las actuales circunstancias la terquedad lleve a algún lado y sostuvo que en este sentido los integrantes de su organización nos sumamos a esta indignación y preocupación.

Los indígenas, excluidos de la política, dicen expertos


Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 13

La democracia en el país presenta un gran déficit: Excluye a los pueblos indígenas, quienes tienen un limitado acceso al poder y carecen de representación pública, aseguraron especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la presentación de la base de datos Organizaciones Políticas Indígenas de América Latina, realizada por el IIS, Natividad Gutiérrez, coordinadora del proyecto, señaló que contrario a lo que se pudiera creer, los pueblos originarios –que representan 10 por ciento de la población en México– tienen diferentes formas de realizar política.

Ni son apáticos ni pasivos, les interesa la política. Hay una heterogeneidad de acciones colectivas indígenas, lo que demuestra que no sólo existe un movimiento indígena. Entre el EZLN y otras organizaciones no hay una sola corriente, muchos sienten simpatía por el zapatismo, pero advierten de otras rutas de movilización.

El estudio –que incluyó 130 pueblos de México, nueve de Bolivia y 13 de Ecuador– estará en Internet para académicos e interesados en el tema en los próximos meses. Se basó en una serie de entrevistas con líderes e integrantes de estas comunidades quienes expresaron el sentir y retos dentro de sus pueblos.

Los resultados cualitativos muestran que los pueblos originarios viven en contextos políticos hostiles para su desarrollo, y están excluidos de los programas de partidos políticos, aunque la mayoría tienen afinidades con el PRD, algunos con el PRI y ninguno con el PAN.

Triquis piden a la CIDH que les otorgue medidas cautelares

Estamos dispuestos a morir por justicia para los indígenas


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 14

Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta.


La caravana Del color de la sangre se reunirá hoy con el gobernador Gabino Cué

No queremos venganza, sólo estar en nuestro pueblo: desplazados de Copala

Opositores al municipio autónomo violan mujeres y disparan a pobladores, acusan

Foto
Integrantes de la caravana triqui marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en demanda de solidaridad de organizaciones socialesFoto María Luisa Severiano

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 14

Se acerca la temporada de lluvias. En el nudo serrano de la Mixteca, donde se ubica la región triqui, las laderas áridas se pondrán verdes. Los campesinos saben que de lo que siembren dependerá su sobrevivencia. Esta es una de las razones que empujan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (Multi) para intentar, este fin de semana por cuarta ocasión, el retorno a San Juan Copala. Dice Rogelia López: Vamos a volver a nuestras casas, no a las de ellos. No queremos venganza, sólo estar en nuestro pueblo.

La caravana que llamaron Del color de la sangre –por el traje de sus mujeres, por la fratricida historia de su pueblo– tomó camino la tarde del viernes hacia Oaxaca en un convoy de siete autobuses. Este sábado, antes de seguir su ruta, tienen una cita con el gobernador Gabino Cué, quien los recibirá en la capital estatal. Ayer advirtió a los dirigentes que todavía no hay condiciones de seguridad en Copala, informó el vocero Jorge Albino. Tres caravanas previas organizadas por el Multi en 2009 y 2010 fueron emboscadas poco antes de llegar al pueblo por grupos armados de las organizaciones rivales, Mult y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

A lo largo de la pasada década el conflicto entre las organizaciones triquis ha provocado cientos de muertos, entre los que se incluyen a líderes históricos. La mayoría de las víctimas de uno y otro bando son mujeres. Finalmente, en septiembre del año pasado, luego de un prolongado sitio, las familias que quedaban en Copala fieles al Multi –que fundó el municipio autónomo en enero de 2007– fueron expulsadas a balazos.

Por eso, Naila Heidi Velasco, que tiene siete años y una mirada fiera, ha perdido dos años de escuela y vive desde hace ocho meses a la intemperie, en la plaza central oaxaqueña. En los dos plantones –el de Oaxaca y el del Distrito Federal– quedan todavía 400 desplazados de Copala. En su breve vida, Naila ha caminado docenas de marchas, entre ellas la de Cuernavaca-México que organizó recientemente el poeta Javier Sicilia. Añora la vida que dejó atrás, en su pueblo. Y tiene vivos recuerdos de la violencia. Esos señores que mandó Ulises (Ruiz) mataron a mis pollitos y a mi perro. Y también mataron a un niño.

Elías Fernández era de su edad. Iba en cuarto de primaria. Era noviembre de 2009. Estaba jugando con una pandilla alborotada de chamacos mientras los adultos preparaban una fiesta de bienvenida para los pobladores de San Salvador Atenco, que iban en otra caravana solidaria. Los hombres –los del Multi dicen que fueron del Mult, un eslabón más en la cadena de acusaciones mutuas– dispararon para echarles a perder la fiesta, una bala le dio en la cabeza a Elías.

Eso ocurrió durante el cerco.

Vivir sitiados

Desde 2009 el conflicto entre triquis se exacerbó. Hombres armados por las organizaciones opuestas al municipio autónomo de Copala ubicaron francotiradores en los cerros que rodean al pueblo e impusieron un estado de sitio que el gobierno del estado toleró. Marcelina de Jesús López cuenta: Como no pudimos sembrar había que comprar la despensa, pero los paramilitares tenían control de la carretera. Entonces formábamos grupos de seis, ocho mujeres para antes del amanecer salir por las veredas, cruzando el río. A veces desde el monte nos disparaban para asustarnos. Otro día fui en comisión a una reunión. Lo hicimos a escondidas, corriendo. Iba con Celestina. Una bala me atravesó el brazo y entró en mi pecho. Como ya era tarde no recibí atención médica en toda la noche, hasta el día siguiente que pudieron llevarme a Juxtlahuaca. Pero después la cosa se puso peor. Otro día atacaron a otro grupo de mujeres. A dos las violaron, a Francisa y a Natalia. A ella la dejaron ahí tirada, encuerada. Las balaceras eran todo el día, a cada rato. Así que un grupo grande (50 familias) decidimos salir. Fuimos a Yosoyuxi con los heridos y los ancianos. Pensábamos que era por pocos días, que el gobierno iba a solucionar. Eso fue el 10 de septiembre del año pasado.

Rogelia López, que tiene una tienda de abarrotes en el centro del pueblo y su casa en las orillas, recuerda que dejó bien cerrado con candado cuando se fue. Ahora, por versiones que ha escuchado, sabe que todas sus pertenencias han sido saqueadas.

María Agustina, de 60 años y su esposo Eugenio, también ya mayor, tienen miedo de volver. Pero igual está dispuesta. Ella fue de las últimas en salir. Ellos, los paramilitares, ya estaban en el pueblo; caminaban enseñando sus armas por la calle. A los independientes nos prohibieron salir de las casas, nos prohibieron ir por agua, prender lumbre. Pero yo cocí mi nixtamal, lo molí en el metate y encendí el fogón. Cuando vieron que salía el humo dispararon. La bala atravesó la lámina del techo y se encajó en el brasero. Entonces el miedo los paralizó. En tres días la pareja de ancianos no se atrevió ni a cruzar el patio por un balde de agua. Entonces decidieron huir de noche. Sólo quedaban ellos dos, Evangelina y su mamá, ya muy abuelita. La viejita no pudo avanzar y se quedó con su hija. Los otros dos ancianos llegaron con el último resuello a Yosoyuxi.

Detenidas por la gente armada de Ubisort, días después las dos últimas mujeres fueron evacuadas por la policía estatal. Y San Juan Copala quedó bajo control del Mult. Ahora ellos se niegan a recibir a sus vecinos y rivales. Y no es verdad, como dice Televisa, que en Copala ya se puede vivir en libertad. Nosotros ahí pertenecemos y no podemos ni volver, concluye Rogelia.

La impunidad, otro importante factor a resolver, señala Javier Zúñiga, asesor de AI

Necesario, abatir la corrupción para tener resultados contra el crimen, dice experto

Hace un recuento de logros de Amnistía Internacional, que cumple 50 años de fundación

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 15

Madrid, 27 de mayo. El mexicano Javier Zúñiga lleva más de 30 años investigando y documentando las violaciones de los derechos humanos en el mundo, en este caso para Amnistía Internacional (AI), que este sábado 28 de mayo cumple su 50 aniversario. Desde la sede central en Londres, Zúñiga señaló que el problema de la impunidad en México es añejo, pero que posiblemente adquiere relevancia a partir de la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

En entrevista con La Jornada, el asesor especial de AI señaló que mientras nuestro país no resuelva el grave problema de la corrupción, no habrá resultados en la estrategia de lucha contra el crimen organizado.

–¿Cuál cree que ha sido la principal aportación de AI en estos 50 años?

–La organización se fundó en 1961, cuando la declaración universal de derechos humanos apenas tenía 13 años, y sólo una parte de esos derechos estaban en vigor. No había convención contra la tortura ni contra la desaparición forzada. No existía la Corte Penal Internacional. La organización nació en un momento en el que había un vacío en el derecho internacional, y cuando el concepto de derechos humanos estaba emergiendo en plena guerra fría. Esa lucha entre países comunistas y capitalistas, sobre todo en América Latina, llevó a una serie de operaciones y de políticas antinsurgentes, que provocó muchísimo daño a los derechos humanos.

Así que la primera gran contribución de AI es poner un derecho humano sobre la mesa, hacerlo público y hacer que la gente que sufría fuera puesta en contacto con quien podía ayudarle. Como ocurrió con el caso de una uruguaya, prisionera por la dictadura militar de su país, cuya liberación se logró gracias al número de cartas que recibió el gobierno en las que se pedía su libertad. Podríamos decir que una de las primeras redes sociales en materia de derechos humanos fue la de AI. Cincuenta años después tenemos más de tres millones de personas en el mundo comprometidas con los mismos principios universales.

–En todo este tiempo han sufrido numerosas presiones, ¿cuáles han sido las más difíciles de superar?

–Hemos sido acusados de distintas partes y de casi todo. Recibimos muchas críticas de la llamada órbita socialista, que nos acusaban de ser parte de la CIA o de estar dominados por intereses económicos. Mientras, en los países occidentales nos acusaban de comunistas. Hemos vivido con las críticas y las descalificaciones de los gobiernos que prefieren continuar con la represión, al margen del escrutinio público. Pero esas presiones nos han dado más legitimidad, porque la gente sabe que somos imparciales y que no tenemos ningún problema en señalar casos de violación de derechos humanos, sin importar el país en que se produzcan.

–En México, ¿usted cree que la situación está peor que nunca?

–En América Latina ya no tenemos las dictaduras de antaño, donde teníamos masas de desaparecidos, campos de detenidos, pero sigue habiendo mucha represión, muchos ataques contra periodistas, y también el problema de la impunidad que ha permanecido desde hace décadas. Para no ir muy lejos hay que recordar que tras la matanza en la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, hasta la fecha no se ha detenido ni procesado a nadie, ni se han esclarecido los hechos en su totalidad. En el caso de México, creo que la impunidad de 1968 es el origen de la actual.

El problema de la seguridad pública también es gravísimo; hay un sentimiento de inseguridad en gran medida porque en los actos de violencia criminal hay involucrados policías y otras autoridades. Los gobiernos están obligados a luchar contra la delincuencia y el crimen, pero quién se ocupa cuando el gobierno mismo es el culpable o el coautor o cómplice de lo que le ocurre a la población. Desde AI señalamos a los gobiernos que son responsables o, al menos, a los funcionarios. Y en el caso de México así es, y se tiene que empezar por limpiar la justicia y el aparato público. Por más Ejército que se saque a la calle, por más armas que se pongan a disposición de los funcionarios, si no se resuelve el problema básico de la honestidad de quienes tienen que luchar contra el crimen, entonces no habrá confianza de la población ni, por tanto, resultados.

–Da la sensación de que en todo el planeta estamos en una fase crítica en materia de derechos humanos, ¿comparte esta percepción?

–Desde luego que ha habido avances, pero hay que reconocer que también ha habido recaídas monumentales. Por ejemplo, ahora ya existe una normativa muy completa en relación con los derechos de la mujer, de los niños; se está trabajando en una convención sobre los derechos de los migrantes... También ha habido algunas regiones del mundo en las cuales ciertos problemas han dejado de existir de forma masiva, pero que se han desplazado a otros sectores. Por ejemplo, quizás ahora ya no hablamos de los miles de desaparecidos en Argentina, pero sí estamos hablando de los pueblos indígenas de toda América, que siguen siendo discriminados y considerados ciudadanos de segunda clase. También la mujer sigue siendo objeto de violencia y asesinatos. El mundo, desde la fundación de AI, no había tenido genocidios como los de Camboya o Ruanda, las guerras interminables de África, el caso de centenares de miles de niños soldados, la violación de mujeres durante las guerras...

–América Latina sigue siendo la región con más desigualdades del mundo; esto también repercute en las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?

–Es cierto que en América Latina los derechos económicos están todavía muy lejos de ser una realidad. La propia Cepal (Comisión Económica para América Latina) ha documentado que las desigualdades son todavía mayores y eso produce más injusticia y violaciones. América Latina pasó por lo que yo llamo transiciones defectuosas; los militares se fueron a sus cuarteles pero muchas de las estructuras de las dictaduras militares persisten, como los fueros militares, el código penal y la poca protección contra las comunidades indígenas.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

premian en Berlín a ONG por su defensa de las garantías individuales
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 15

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió ayer, en Berlín, en manos de su director el antropólogo Abel Barrera, el sexto Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), como reconocimiento a su trabajo en defensa de las garantías individuales, particularmente sobre la investigación de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército.

La ceremonia, realizada en la Casa de las Culturas del Mundo, contó con la participación del presidente alemán, Christian Wulff, y el secretario general de AI, Salil Shetty, quienes manifestaron su preocupación por el estado de los derechos humanos en México.

En entrevista telefónica desde la capital alemana, Barrera explicó que, en su mensaje de agradecimiento, hizo una mención especial al caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cuya agresión sexual a manos de soldados, en 2002, motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, sin que éste haya cumplido aún con dicha resolución.

Demandamos que el caso de Inés y Valentina sea turnado al fuero civil en vez de al militar, y advertimos sobre la situación de violencia en México y la falta de atención a las exigencias de la sociedad. También pedimos que se respetaran los derechos humanos, como el de la vida y la seguridad, y que se castigue a los responsables de esta guerra, afirmó.

La entrega de este reconocimiento puede ayudar a que en Europa y otras latitudes se ponga atención de nuevo a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, y a que el gobierno incorpore de verdad este tema a su agenda política, en vez de simular que lo hace, dijo.

Rafael Ruiz rompió protocolo en Los Pinos durante la firma de la ley de inclusión de ese sector

Invidente interrumpe a Calderón; exige auditoría a recursos para discapacitados

Cinco organizaciones usan espacios de representación “a la manera de un cártel”, denuncia

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Rafael Ruiz Lustre, ex titular de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos (derecha), expone ante el presidente Felipe Calderón irregularidades en el secretariado para personas con discapacidadFoto José Antonio López
Claudia Herrera Beltrán
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 16

Ante el presidente Felipe Calderón, Rafael Ruiz Lustre, ex dirigente de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos, interrumpió el protocolo oficial para demandar una auditoría al secretariado técnico para las personas con discapacidad, ante la presunción de manejos irregulares, y denunciar que este sector está secuestrado por cinco dirigentes.

Cuando el mandatario federal se disponía a firmar el decreto de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Ruiz –quien es invidente– se puso de pie y expresó: Perdón por el exabrupto de la interrupción del protocolo, pero si no lo digo ahora que puedo expresar la voz de muchos que no la tienen, no va a ser nunca.

Durante siete minutos, Ruiz, quien se presentó como consejero consultivo de las personas con discapacidad, aseguró ayer a Calderón que cinco organizaciones utilizan los espacios de representación de este sector, “a la manera de un cártel”, por lo que pidió participación abierta y trato más equitativo.

Al final, el Presidente comentó algo rápido con él y ya no aludió al tema en su discurso. Después de señalar, como siempre, que estaban en la casa de todos los mexicanos, se congratuló con la promulgación de la nueva ley pero reconoció la necesidad de hacer un cambio de mentalidad para incluir a un sector que ha sufrido injusticia, desigualdad y discriminación.

Contra la discriminación

Con la nueva legislación –explicó– se abandona la política asistencialista por una de derechos humanos; se eleva a rango de ley la prohibición explícita de tratar de manera discriminatoria a quienes tienen alguna discapacidad y se etiquetan recursos para su atención.

También –dijo–, el marco jurídico se armoniza con la convención de la ONU para ese sector y se crea formalmente el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conformado por representantes del gobierno y de este grupo en cada entidad.

Antes de la intervención del Ejecutivo federal, Ruiz Lustre había hecho a un lado –como él mismo dijo– el protocolo, que sólo permite la intervención de Calderón y de algunos miembros del podio, y aprovechó para expresar su inconformidad por el manejo de los recursos en el secretariado técnico.

Es necesario tomar la palabra, porque también la discapacidad está secuestrada. Ya son muchos años que cinco personas siguen manejando, no digo bien o mal, los propios resultados lo dicen, y no tenemos un solo producto tangible del cual podamos gozar.

Ante la sorpresa del Presidente, que junto con su esposa, Margarita Zavala, se mantuvo de pie en el sitio donde iba a firmar el decreto y volteaba con gesto serio para escuchar a Ruiz, éste siguió narrando que muchas personas se quedaron fuera de las oficinas de Presidencia porque no las dejaron entrar.

A la mitad de su intervención, un empleado mostró la intención de entregarle un micrófono, pero el jefe de ayudantes del Estado Mayor Presidencial, Mario Castro, le hizo una señal en sentido negativo y ya no se lo dio. Pero quien traducía con lenguaje de señas para sordomudos siguió con su labor mientras Ruiz hablaba.

Como último punto solicitó la intervención presidencial para que se aplique una auditoría y se cuantifique y califique los logros del consejo encabezado por Francisco Cisneros. Con la frase: mil disculpas, señor Presidente, remató su intervención y se escucharon varios aplausos.

En la entrevista, Ruiz indicó que se han gastado 250 millones de pesos en brindis, celebraciones y viajes, sin dar cumplimiento a las metas trazadas en los programas.

Consideró que el tema no se ha revisado, porque al señor Presidente le muestran el cofrecito ya cerrado. ¿Qué hay debajo de la alfombra? ¿Qué hay dentro del cofre? Hay que hacer una auditoría de cómo se han conducido, insistió.

Reprochó al senador Guillermo Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que se haya aprobado una ley a modo de estos grupos.

Tamborrel declaró después a la prensa que la ley sí está a modo, pero para las personas con discapacidad, y atribuyó la confusión a que los primeros participantes de la asamblea consultiva serán designados por los gobernadores, pero sólo estarán en el cargo seis meses.

En Cherán "nos cansamos de agachar la cabeza"


Gloria Muñoz Ramírez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 28 de mayo de 2011, p. 36

Cherán, Mich., 27 de mayo. Ante la indiferencia y/o complicidad del gobierno, cerca de 20 mil comuneros se organizan desde hace 42 días contra los talamontes, que son apoyados por bandas del crimen organizado. Rondines de vigilancia, barricadas con costales de arena, troncos y piedras en todos los accesos y 179 fogatas permanentes en los cuatro barrios, permanecen desde el pasado 15 de abril.

Desde esa fecha la población se armó con palos, piedras, machetes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y hasta del gobierno, que no ha hecho nada para pararlos, señala uno de los miles de comuneros que se mantienen en guardia en la barricada que cubre el camino a Paracho.

Lejos de su cotidianidad, los hombres, mujeres, niños y ancianos de este poblado de la meseta purépecha viven en tensión permanente alrededor de las barricadas, cuidando los accesos para que no entre ningún desconocido. La madrugada de ayer llegó el aviso de que hombres armados en una decena de camionetas se estaban preparando en Paracho. La alerta resultó falsa, pero los rondines se reforzaron, por si acaso.

A las dos de la mañana uno de los vigilantes asegura: aunque no dormimos, no perdemos la fuerza. El gobierno tiene que atender nuestras exigencias: seguridad y justicia, fin de la devastación y castigo a los culpables para que vivamos en paz.

La respuesta gubernamental no ha llegado, mientras el hostigamiento y las amenazas se han recrudecido. El pasado 22 de mayo “fue levantado en Paracho el comunero Miguel Ángel Gembe. Tres días después pudo escapar de milagro y regresó a la comunidad visiblemente golpeado. Se confirmó entonces la sospecha de que su secuestro se debió a su participación en las actuales movilizaciones, pues relató que sus captores lo interrogaron sobre los nombres de quienes encabezan el movimiento, advirtiéndole que todos están en la lista. Ante esto, los comuneros responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a Miguel Ángel y al resto de la población.

Todo empezó el pasado 15 de abril, cuando un hecho colmó su paciencia: Los talamontes se metieron en el ojo de agua de La Cofradía, que abastece a toda la comunidad. Un grupo de comuneros los enfrentamos y los sacamos y desde entonces exigimos justicia, señala otro de los indígenas de Cherán. Ninguno dice su nombre ni muestra su rostro, como medida de seguridad ante las amenazas permanentes.

En este poblado, dice otro de los entrevistados, “se juntan todas las injusticias, la impunidad, la complicidad del crimen organizado con los gobiernos, la indiferencia y la burla de las autoridades, la ambición de los poderosos… Y también la organización del pueblo, que ya está fastidiado, la defensa del territorio, la unión de las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos, todos juntos para detener la tala de nuestros montes, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones. Aquí también estamos hasta la madre y ya nos pusimos en acción para defendernos solos y hacer lo que el gobierno no quiere”.

A una de las fogatas del barrio de abajo (ketzikua) se acerca un grupo de mujeres de la comunidad vecina de Cheranastico. En purépecha se comunica con las mujeres que hacen guardia y preparan enormes cazuelas de café, frijoles y papas con huevo. Hablan entre ellas y después una traduce: “Ella dice que en su pueblo también están sufriendo, que les están cortando los bosques, que tienen mucho miedo. Asegura –continúa la traductora– que en su comunidad ya no pueden ir a la siembra ni sacar a sus animalitos porque se los roban. Dice que no son libres”.

Las mujeres, como en todas las luchas populares, toman un lugar preponderante. Son fuertes y aunque se confiesan cansadas, hacen guardias y la comida; organizan la limpieza, el abastecimiento y las tareas cotidianas. De pelo blanco, rebozo azul y manos curtidas, una de ellas responde a sus angustiadas vecinas que no deben tener miedo, que se organicen como en Cherán, que sólo así se acaba la injusticia.

Aquí están unidos, responde la señora de edad de avanzada de Cheranastico, pero mi pueblo no ha tenido valor porque es chiquito y ellos, los malos, son hartos y están armados.

Aquí, dice otra mujer en una de las fogatas del barrio Paricutín, lo que queremos es paz y libertad. Si no defendemos nuestros bosques, ni una leña les vamos a dejar a nuestros hijitos; nada les va a quedar.

La resistencia contra la tala clandestina, aunque dispersa, se inició en 2008, cuando se acrecentó la devastación en el cerro Pacuacaracua. Hasta el momento, denuncian, se ha destruido en forma total más de 80 por ciento del bosque (más de 15 mil hectáreas) en acciones acompañadas con la siembra del miedo, pues los taladores, procedentes de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, asolan la comunidad con armas de grueso calibre.

Antes del levantamiento, aseguran, se tocaron todas las puertas institucionales: Fuimos a la Profepa, a la Semarnat, a todos lados y nadie nos hizo caso. También hicimos las denuncias de secuestros, extorsiones y amenazas y tampoco investigaron nada. Por eso nos colmaron la paciencia. Nos cansamos de agachar la cabeza, pues nomás veíamos pasar los cientos de camiones cargados de nuestros árboles y no decíamos nada por puro miedo. Pero ya no.

Cherán cuenta con 27 mil hectáreas de territorio comunal, dentro de las cuales 20 mil son boscosas; de éstas han sido incendiadas y taladas (totalmente destruidas) más de 80 por ciento, y el otro 20 por ciento también ha sido talado, pero aún no ha sido incendiado.

Un recorrido por el cerro San Miguel permite ver la zona devastada. Cientos de troncos yacen en los caminos. Es que los talamontes sólo se llevan el grueso de abajo, lo demás lo dejan aquí tirado, explica uno de los integrantes de la ronda tradicional, quien ahora se encarga de la vigilancia.

Los accesos a los bosques también se mantienen bajo resguardo. Troncos y costales de arena impiden el paso a los camiones, aunque, dicen, siguen entrando por otros lados, porque no quieren dejar este negocio que les deja mucho dinero. ¿Cuánto? Pues nada más haga cuentas. La delincuencia organizada cobra a cada camión mil pesos por protección. Salían como 180 camiones diarios cargados de madera, lo que les generaba 180 mil pesos tan sólo por protección.

El gran negocio, explican, “lo encabeza un señor conocido como El Güero. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para que puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara”.

En estas seis semanas la vida de la comunidad ha cambiado por completo: El presidente municipal ya no despacha en el palacio de gobierno y las instalaciones están prácticamente en manos de los comuneros. No hay clases en las primarias y secundarias, ni en el Colegio de Bachilleres ni en la Universidad Pedagógica. Se instaló la ley seca y no pueden ingerir ni vender bebidas alcohólicas; el tránsito vehicular termina a las ocho de la noche y las 24 horas se mantiene la vigilancia en toda la cabecera municipal.

Al mismo tiempo, los jóvenes han tomado la batuta en los quehaceres de limpieza y han organizado una comisión de buena imagen, que en estos días está aseando las calles con pinturas donadas por los comerciantes. También se organizan brigadas de limpieza general en las que participa toda la población, y en las calles, patios o bajo un techo de plástico los maestros de la comunidad han organizado las clases.

En uno de estos salones improvisados, Arly, de siete años, dice: Las fogatas son para que no entren los malos que se están llevando nuestros árboles. Sin árboles no vamos a tener agua y por eso están las fogatas, para que ya no se lleven el bosque. Y también, agrega Karen, de 11 años, nos organizamos para que no vengan a matarnos. Ahorita ellos tienen su coraje porque ya no entran; entonces están más enojados y por eso hay que cuidarnos.

Hasta el momento se han organizado por cada barrio comisiones de seguridad, limpieza, buena imagen, salud, educación, acopio de víveres, de producción agrícola y prensa. Con todo esto, explica un comunero, se está ejerciendo, en los hechos, la organización tradicional del pueblo.

Mientras, la respuesta del gobierno no llega. Han acudido al estatal y al federal. En la Secretaría de Gobernación, señalan, nos piden que primero nos desmovilicemos, que se desactive nuestra organización. Y no dan respuestas. Pensamos que no tienen capacidad para enfrentar al verdadero crimen organizado. Nosotros ya les dimos nombres y lugares donde se encuentran, pero hasta el momento no hacen nada.

26 may 2011

Wikileaks en La Jornada

EU pretende juzgar a Manning bajo la Ley de Espionaje de 1917, señala

Periodismo de investigación, en riesgo de ser criminalizado, advierte Assange

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Buena parte de las informaciones que manejan los diarios que más exclusivas publican, como The New York Times, se basa en la confidencialidad de sus fuentes, sostuvo Julian Assange en teleconferenciaFoto Reuters

Dpa
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 5

Washington, 25 de mayo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, alertó hoy del peligro de criminalizar el periodismo de investigación que supone el enjuiciamiento de Bradley Manning, quien presuntamente entregó a la organización cientos de miles de documentos clasificados y de cuya detención se cumple mañana un año.

Según explicó en teleconferencia de prensa, el problema radica en que el Departamento de Justicia estadunidense considera juzgar a Manning bajo la Ley de Espionaje de 1917, aprobada en tiempos de una guerra real para perseguir ahora a la presunta fuente de periodistas y al propio Wikileaks y sus seguidores.

El peligro para los periodistas y la prensa es que si la nueva interpretación de la Ley de Espionaje de (el fiscal general, Eric) Holder prevalece, criminalizará todo el periodismo de investigación, advirtió.

Esta postura creará una situación en que las discusiones entre la fuente y el periodista puedan ser interpretadas como una conspiración para cometer un crimen, insistió. Recordó que buena parte de las informaciones que manejan los diarios que más exclusivas publican, como The New York Times, se basa precisamente en la confidencialidad de sus fuentes.

Esto es algo que todos los periodistas tienen el deber de combatir, porque siempre el sector de la seguridad nacional es el que requiere de mayor escrutinio, sostuvo Assange.

Pese al arresto del soldado Manning, el fundador de Wikileaks aseguró hoy, por otra parte, que este caso no ha amedrentado a otros posibles informadores de la red, sino que ha tenido el efecto contrario, provocando un dramático incremento de fuentes.

El gobierno (estadunidense) ha tratado de aterrorizar a los informantes para que no revelen información importante para la opinión pública, aseveró Assange, quien calificó la persecución de Manning como una cacería de brujas.

Sin embargo, el valor es contagioso y hemos visto un dramático incremento en el número de fuentes dispuestas a dar un paso adelante, aseguró, sin revelar qué tipo de informaciones ha adquirido Wikileaks.

Assange sostuvo que con las revelaciones de Wikileaks, que sacaron a la luz tanto una controvertida acción militar en Irak que causó la muerte de dos periodistas de una agencia internacional como la publicación de decenas de miles de comunicaciones clasificadas del Departamento de Estado, 2010 se convirtió en el año más importante para el periodismo desde la Segunda Guerra Mundial.

El soldado Bradley Manning, quien analizaba información confidencial para el ejército estadunidense en Irak, fue detenido el 26 de mayo de 2010. Si bien aún no existe acusación formal en su contra, se le atribuye la filtración del video conocido como Collateral murder, así como los papeles de Afganistán e Irak y los cables diplomáticos que Wikileaks distribuyó a varios medios en 2010.

Tras permanecer casi un año detenido en duras condiciones de aislamiento en una base militar de Quantico, Virginia, Manning fue trasladado en abril pasado a una prisión militar en Fort Leavenworth, Kansas, donde goza de mejores condiciones en espera del juicio.

Así lo confirmó hoy Kevin Zeese, abogado y miembro de la red de apoyo al detenido, quien indicó que Manning comparte celda con otros tres presos en un área común, le permiten tres horas diarias de ejercicio y otra hora en el exterior, y puede comer con los demás internos.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks


Wikileaks en La Jornada

Delito, entregar a EU datos confidenciales: Pablo Gómez

Propone Creel que una comisión analice revelaciones de Wikileaks

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 3

El senador Santiago Creel (PAN) propuso que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional intervenga y analice las revelaciones de Wikileaks publicadas por La Jornada, para ver cuál es la información que México está compartiendo con Estados Unidos.

Creel se refirió a la información de Wikileaks en la que se da cuenta de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, ofreció a Estados Unidos acceso pleno a los datos de inteligencia acerca del combate al crimen organizado.

Explicó: Si partimos del principio de que la información está desequilibrada, eso está muy mal. Es una cuestión delicada que amerita saber el nivel y el grado en que el gobierno mexicano está compartiendo información con Washington y saber qué protocolo se está siguiendo.

Creel destacó que está de acuerdo en que se comparta información de inteligencia con Washington cuando se trata del crimen organizado trasnacional que opera en la frontera entre ambas naciones, pero debe ser de ambos lados y exigir que haya corresponsabilidad de Estados Unidos en ese y otros temas que tienen que ver con el narcotráfico y otros ilícitos de la delincuencia organizada.

Creo que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que tiene un estatuto de secrecía, debe intervenir y ver esta cuestión que me parece muy delicada.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Laura Itzel Castillo (PT) señaló que “los cables de Wikileaks que ha publicado La Jornada” muestran la implementación de la estúpida guerra de Calderón contra el narcotráfico, que se fraguó a partir de una serie de reuniones desde 2006 en la embajada estadunidense.

Afirmó que la información pone al descubierto a García Luna, uno de los funcionarios más cuestionados por la sociedad mexicana por la estrategia oficial contra la inseguridad.

Por separado, el senador Pablo Gómez (PRD) advirtió que si la información que García Luna entregó a Estados Unidos es reservada, ha incurrido en un delito, ya que las leyes mexicanas no permiten que se entregue a nadie y eso incluye a gobiernos extranjeros.

“Lo revelado por Wikileaks es algo que se sobrentendía. Desde principios del actual sexenio ha habido total apertura del gobierno mexicano para entregar al de Estados Unidos todo lo que le pide”.

La diputada Leticia Quezada (PRD) dijo que los cables de Wikileaks muestran que la soberanía nacional está siendo enlodada desde el momento en que García Luna abre esta información estratégica sobre seguridad pública a otro país.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

En la SSP federal guardan silencio
Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 4

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal guardó silencio ante la difusión de los cables de Wikileaks que se refieren a las conversaciones que sostuvo el secretario Genaro García Luna con funcionarios de Estados Unidos.

Nunca hemos respondido a ese tipo de comunicaciones, señaló uno de los mandos de comunicación social.

Las fuentes consultadas indicaron que la dependencia que dirige Genaro García Luna, al igual que otras instancias del gobierno, prefirió dejar que la cancillería decida si hay alguna respuesta a cualquier situación que tenga que ver con documentos de Wikileaks.

En este caso se buscó la opinión de la SSP respecto del cable 07MEXICO983, en el cual García Luna ofreció al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff, libre acceso a la información de inteligencia que desarrollara la institución mexicana.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Difundieron promocionales del informe del gobernador mexiquense

El IFE perdona megamulta a televisoras
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 9

Tras una larga discusión sobre los alcances de las sanciones a los concesionarios de radio y televisión que difundieron los espots del informe del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó sólo amonestarlos por esta transmisión y rechazó aplicar una multa global de 15.6 millones de pesos (las mayores, 8 millones a Televisa y 3.3 a Tv Azteca), luego de un empate que se resolvió por un cambio en el voto del consejero presidente Leonardo Valdés.

El debate, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sirvió como espacio para que el PAN arremetiera contra la magistrada presidenta del organismo, María del Carmen Alanís, a la que acusó de ser la responsable de exonerar a Peña Nieto, ser promotora de una resolución aberrante y absurda, además de que debió excusarse del caso tras la cena en su casa con políticos cercanos al gobernador mexiquense.

Por otro lado, el IFE aprobó imponer una amonestación pública al Partido del Trabajo (PT) por la difusión de espots en los que aparece Andrés Manuel López Obrador. En ellos se alude al Movimiento de Regeneración Nacional y se anticipa su participación en los comicios de 2012.

Lo anterior, en función de que los magistrados innovaron un criterio al no hablar de actos anticipados de campaña, sino de actos preparatorios, según justificó Valdés.

Durante la discusión sobre los espots de Peña Nieto, fue el presidente del Comité de Radio y Televisión, Francisco Guerrero, quien defendió los intereses de los concesionarios. Sostuvo que había vicios de procedimiento en la elaboración del proyecto presentado por la secretaría ejecutiva, y aunque reconoció que el TEPJF ordenaba al IFE sancionar esa difusión se manifestó por una amonestación, misma que respaldaron Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo y Valdés.

El debate entre el PAN y el PRI se centró en torno a Enrique Peña Nieto y el TEPJF. En su momento, al justificar los 15.6 millones de pesos de sanción, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, explicó que el monto pretendía ser disuasorio para que los concesionarios no hallaran beneficioso violar la ley.

El panista Guillermo Bustamante no ocultó su molestia contra Alanís, tras aquella votación 4 a 3 que exoneró a Peña Nieto de responsabilidad. Aunque anunció que el blanquiazul acataría la resolución, dijo que sería demasiado ingenuo pensar que la difusión a nivel nacional se hiciera sin el consentimiento del gobierno del estado.

El priísta Sebastián Lerdo de Tejada adujo que para los panistas Peña Nieto es un enemigo favorito y cuestionó que cuando las resoluciones del TEPJF no les favorecen las critican cual plañideras y las festejan cuando están a su favor. Deploró que sea precisamente el partido del gobierno el que ejerza presiones en contra del tribunal, el mismo que en su momento le dio el triunfo a Felipe Calderón, actitud que calificó de mezquina.

Durante el debate sobre los espots del PT, el consejero Alfredo Figueroa consideró que la amonestación pública era insuficiente a pesar de que los magistrados consideraron que se trataba de actos preparatorios rumbo a 2012. Por ello propuso que se impusiera una multa a ese partido político.

El organismo electoral pagó 583 por ciento más del valor real, dice

Pide la Permanente al instituto aclare cómo negoció la compra de un inmueble
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 10

La Comisión Permanente solicitó por unanimidad al Instituto Federal Electoral (IFE) que informe sobre el proceso de compraventa de un edificio que adquirió en avenida Acoxpa 434, en la ciudad de México, así como la auditoría que se realizó al mismo. Y solicitó al comisionado presidente del instituto, Leonardo Valdés, contrate una auditoría externa que revise el caso.

En el dictamen se señala que el IFE pagó 583 por ciento más del valor real del mismo inmueble, ya que se indica que en 2009 la contraloría del instituto indicó que una de las dos áreas del edificio se compró por 262.9 millones de pesos, cuando la escritura número 51617, de diciembre de 2007, refiere que ambas zonas tienen un valor de 45.1 millones de pesos.

Se indicó que el IFE presentó inconsistencias en los datos de la propiedad adquirida, entre ellas que el avalúo considera que el edificio tiene una antigüedad de tres años, pero la escritura pública, expedida en el Distrito Federal el 2 de diciembre de 2008, revela que tenía ya entre 29 y 33 años.

Además, dicho avalúo consigna que el citado edificio es propiedad individual y la escritura lo registra con régimen de condominio. En tribuna, el senador Ricardo Monreal (PT) dijo que era necesario frenar la corrupción que hay en el IFE.

"El Ejecutivo federal ha expuesto al descrédito a las fuerzas armadas", señalan


Necesario, regular intervención militar en la lucha contra el crimen: PRD y PT

Destacan las diferencias que hay en el PRI sobre el papel castrense en este combate

De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 16

Diputados de PRD y PT advirtieron que las diferencias entre el PRI y el Ejército Mexicano, en torno al combate a la delincuencia organizada, manifiesta que la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra los delincuentes debe regularse, porque el Ejecutivo ha expuesto al descrédito a una institución noble e histórica.

Pedro Vázquez, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo adujo que en las filas del PRI se advierten dos corrientes que chocan en torno al Ejército Mexicano, y ambas harán crisis en los próximos meses cuando el proceso electoral de 2012 se abra plenamente.

“El tema de la participación de las fuerzas armadas en el combate a las mafias de delincuentes ha tomado un cariz controversial. Felipe Calderón no entendió que el Ejército Mexicano y la Armada de México representan disciplina y han echado raigambre en la identidad de los mexicanos. Desde el movimiento de independencia el Ejército fue identificado con la formación del ser nacional, y ahora en una decisión torpe, que el devenir la hará pagar, Calderón lo expone al descrédito.

Y esto es un asunto que ha pegado entre las filas de un partido tan tradicional como el PRI, donde se debate con fuerza si los solados y marinos deben estar enfrentando a delincuentes o resguardando la soberanía nacional. Eso es lo que finalmente terminará por debatirse en las filas del priísmo, con mira a proceso electoral del año próximo.

Mauricio Toledo (PRD) consideró que el Ejército Mexicano debe retornar a sus cuarteles, porque su tarea fundamental es la salvaguarda de la soberanía.

“El problema es que los cables de wikileaks manifiestan el grado de injerencismo de Estados Unidos en decisiones que solo deben tocar a los mexicanos”, señaló.

Persisten "debilidad institucional y corrupción", señalan

Manifiestan ONG rechazo a la nueva Ley de Migración; no da garantías
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 19

Organizaciones no gubernamentales, académicos y defensores de derechos de los migrantes advirtieron que existe una debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México.

No es con más militares como se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para evitar los abusos, tanto de bandas criminales como de funcionarios corruptos, debe analizarse la situación del Instituto Nacional de Migración, desde la formación institucional hasta la incorporación de protocolos para el respeto de las garantías de los migrantes, indicaron.

Manifestaron que continúa la violación sistemática a los derechos humanos de los extranjeros en nuestro país, y que la Ley de Migración, en vigor desde hoy (jueves), no brinda mayores garantías a estas personas.

Por el contrario, puntualizaron, continúa la vinculación entre la migración y el tema de seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria, y no desaparecen los operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial.

Además, los tiempos de detención de los migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes en tránsito no cambian de fondo respecto de lo que existía con la Ley General de Población.

Advirtieron que los cambios que se pretende impulsar se enfocan a medidas policiales y militares que en nada ayudan para disminuir las agresiones a los migrantes.

Los comentarios anteriores fueron emitidos por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, integrado por una veintena de organizaciones de la región, así como integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Grupos como Sin Fronteras, Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, entre otros, advirtieron también acerca de la crisis institucional, sin precedentes y cada día más ostensible, del Instituto Nacional de Migración.

Vemos cómo se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señalaron que diversos artículos de la actual Ley de Migración atentan contra la Constitución, entre otros, en los apartados relativos a la discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.

Las organizaciones civiles subrayaron que la debilidad de las instituciones tampoco puede ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas, como en el caso de las obras previstas en Acayucan, Veracruz, al construir una base migratoria.

Éste es un paso más hacia la militarización del país. Poner a los migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos que extralimita, por mucho, el mandato de las fuerzas armadas y significa un estado de excepción, advirtió.

Las organizaciones civiles de las que se hace referencia exigieron reformar la recientemente vigente Ley de Migración y ser tomadas en consideración para la elaboración del reglamento respectivo.

Las investigaciones avanzan, aseguran la Procuraduría y Gobernación

Exige Comed a la PGR tomar en serio desaparición de eperristas

Inadmisible que a cuatro años del hecho no haya resultados, sentencia

Fabiola Martínez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 20

La Comisión de Mediación (Comed) para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) tomar en serio este asunto porque es totalmente inadmisible que a cuatro años (de que fueron vistos por última vez los eperristas) no haya un solo resultado mínimamente creíble.

En tanto, la PGR y la Secretaría de Gobernación afirmaron que el gobierno ha atendido en un porcentaje importante la recomendación que sobre el caso emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ratificó que continúan las diligencias ministeriales.

En este punto, reveló que permanecen en su poder cuatro cadáveres, cuyas muestras genéticas están a la espera de confrontar con el ADN de familiares, por lo que reiteraron el llamado para que aquellos faciliten las pruebas necesarias para el cotejo.

En opinión de estas dependencias, las investigaciones avanzan y ratificaron las mismas hipótesis difundidas el año pasado, acerca del paradero de quienes el EPR reivindicó como sus integrantes. Según este grupo guerrillero, fueron detenidos y torturados por fuerzas estatales y federales.

El gobierno federal hace referencia a la desaparición forzada (aquella con participación o conocimiento de elementos del Estado) sólo como una de las hipótesis vigentes: probable participación de integrantes de algún grupo de delincuencia organizada, y desaparición forzada atribuible a alguna autoridad municipal, estatal o federal.

Los argumentos y conclusiones del gobierno y de la Comed, así como de los familiares de los desaparecidos son diametralmente opuestos.

Para el primero, la indagatoria tiene avances y hay estrecha coordinación con el gobierno de Oaxaca a fin de esclarecer los hechos; para la segunda, las autoridades dilatan el proceso con el fin de usar en su favor la tregua del grupo armado. El EPR detonó explosivos en ductos Pemex un mes después de los hechos, como mecanismo de presión a las fuerzas federales, pero aceptó una tregua sujeta a la existencia de la Comed.

La Comisión de Mediación aseguró que por este y otros casos el Estado mexicano se ha desvalorizado ante la comunidad internacional y ha sido puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En un comunicado, a cuatro años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el grupo integrado por defensores de derechos humanos y otras personalidades precisaron que las bases para indagar este expediente están en la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La comisión lamentó que pese al contexto de más de mil desapariciones ocurridas en México no ha sido castigado un solo delincuente de lesa humanidad y, en cambio, la PGR dilata la investigación.

Aplaude Centro Prodh absolución de Basilia Ucán


Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 20

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se congratuló por la excarcelación de Basilia Ucán Nah, quien fue acusada injustamente de los delitos de lenocinio y corrupción de menores, y que permaneció tres años recluida.

Expresamos nuestro gozo por la sentencia absolutoria emitida por la sala penal del Tribunal de Justicia de Quintana Roo en favor de Ucán Nah, una mujer maya injustamente encarcelada, expresó Luis Arriaga Valenzuela, director saliente de esa ONG.

En el acto de presentación de José Rosario Marroquín como nuevo director del Centro Prodh –dependiente de la Compañía de Jesús–, Arriaga Valenzuela precisó que la liberación de Basilia sin duda constituye un acto de justicia, pero resaltó que este caso da cuenta, una vez más, de las deficiencias estructurales del sistema de administración y procuración de justicia, que discrimina en razón del género, condición social y pertenencia étnica. Se le fabricaron delitos de manera dolosa.

Agregó que pese a esto hoy Basilia es una mujer libre y eso constituye una buena noticia. En octubre de 2010 la mujer indígena fue sentenciada a 12 años tres meses de cárcel y a raíz de ello el Equipo Indignación y el Centro Prodh asumieron su defensa, presentando un recurso de apelación en enero pasado.

Para Arriaga la excarcelación no es suficiente: debe incluir la reparación del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del injusto encarcelamiento.

Al asumir la dirección del Centro Prodh, José Rosario Marroquín señaló que dadas las circunstancias actuales el centro enfrentará diversos retos en la materia que le compete, sobre todo por la continuación de la guerra contra el narcotráfico, la prevalencia de la figura del arraigo, de la forma en que se procura justicia y por la posibilidad de que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional.

Recuerdan a Reyes Amaya y Cruz Sánchez


Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 20

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 25 de mayo. Al cumplirse hoy cuatro años de su desaparición en Oaxaca, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) exigió la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario.

En conferencia de prensa, representantes de la agrupación con presencia en distintas regiones del estado, informaron que como parte de las actividades de la semana internacional del detenido desaparecido, y la campaña nacional contra la desaparición forzada para exigir la presentación de los dos luchadores sociales, el 30 de mayo realizarán movilizaciones en varias zonas de Chiapas.

Señalaron que ese día realizarán marchas en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Tila y Chiapa de Corzo, mientras que en la zona costera efectuarán bloqueos carreteros intermitentes. Ya son cuatro años de impunidad y el gobierno mexicano nada hace por presentar con vida a estos dos luchadores sociales, manifestaron los representantes del FNLS.

24 may 2011

Organizaciones se solidarizan con CIMAC y exigen que se investigue el allanamiento a sus oficinas


  • Esta es la segunda vez que las oficinas de Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) sufre sustracción de materiales profesionales. Hasta la fecha no hay resultados en las investigaciones. Aún no se determina si el allanamiento se trató de una agresión a la libertad de expresión.
México D.F., 23 de mayo de 2011, Organizaciones de libertad de expresión

La madrugada del pasado viernes 20 de mayo, las oficinas de Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) sufrieron la sustracción de materiales profesiones de trabajo del inmueble: dos computadoras del área administrativa con información contable, dos computadoras de la redacción de la agencia de noticias, el CPU del Web master, una cámara de video grabadoras de audio y algunos monitores además de que documentos de todas las áreas fueron revisados y se encontraron fuera de su sitio; aunque aún se espera que se terminen las labores de peritaje correspondiente por las autoridades y se dé un informe más completo de lo ocurrido.
El equipo de Cimac no estuvo en sus oficinas durante el viernes, ya que tenían programada una reunión de trabajo fuera de sus instalaciones. Por ello, se percataron de los hechos hasta la mañana de este lunes y dieron parte a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en donde pusieron la denuncia correspondiente, con el número de expediente FCH/CUHE6/T2 /00948/1105. Asimismo hicieron del conocimiento de los hechos a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en la que Cimac Noticias sufre un allanamiento en sus oficinas, el 28 julio del 2008 también fueron sustraídas las computadoras del área administrativa y las del área de redacción, por lo que pusieron la denuncia (con el número de expediente FCH/CUH6-T2/1195/08-7) en la misma instancia. Sin embargo, hasta la fecha no existen resultados en las investigaciones, motivo por el cual también pusieron la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que no llevó a ningún tipo de recomendación denunciaron integrantes de CIMAC.
Aunque aún no puede determinarse si este allanamiento se trata de una agresión a la libertad de expresión, es importante destacar que desde su fundación en 1998, Cimac, se ha caracterizado por denunciar violaciones a los derechos humanos de las mujeres así como por ser un importante difusor de información en América Latina sobre la situación de las mujeres en el país. En los últimos tiempos se ha dedicado a investigar temas de libertad de expresión así como trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes hacemos un exhorto a las Procuraduría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que esclarezcan de manera pronto los hechos contra de Cimac, ello tomando en cuenta la línea de investigación que vincule estos hechos con el ejercicio de sus profesión así como también reiterar la necesidad de aclaren los hechos ocurridos en julio de 2008 contra la misma oficina.
Organizaciones firmantes:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Casa de los Derechos de periodistas Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comunicación e Información para la Mujer (CIMAC), Red de Periodistas de a Pie.

Cambio de Dirección General en el Centro Prodh
El Centro Prodh es una organización civil que desde hace más de 22 años ha buscado fortalecer la promoción y vigencia de los derechos humanos a través de la defensa integral de casos. Como parte de un movimiento nacional cada vez más dinámico, conocemos la importancia de mantener la memoria histórica de los procesos, al tiempo que se renuevan algunos cargos y responsabilidades.
En este sentido es que queremos compartir con la sociedad entera, de manera transparente, el recuento de los avances obtenidos en los pasados cuatro años bajo la dirección del Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ, así como informar de la renovación del proceso por la que el mismo equipo dará continuidad al trabajo, ahora encabezados por José Rosario Marroquín Farrera SJ.
Contaremos con la presencia de Carlos Morfín Otero SJ, Provincial en México de la Compañía de Jesús, para reiterar su apoyo al trabajo de este Centro de Derechos Humanos.
Esperamos contar con ustedes. Agradeceremos confirmar su asistencia a los teléfonos: 01 (55) 5546 8217 / 5566 7854 / 5535 6892 o al correo-e: secretaria_direccion@centroprodh.org.mx

Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

"Se tiene el registro de niños que han sido asaltados, secuestrados e incluso asesinados"


Menores migrantes, los más vulnerables a violación de sus derechos en el país: CNDH
Foto
Cruzar por territorio mexicano para los migrantes centroamericanos es un viacrucis, pero lo es más para los menores de edad, asegura la Comisión Nacional de los Derechos HumanosFoto Moysés Zúñiga

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 24 de mayo de 2011, p. 14

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó ayer ante el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, y la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, que el Estado mexicano tiene un papel fundamental en la tarea de garantizar y proteger los derechos de los niños que se encuentran en el país, independientemente de su nacionalidad.

Indicó que las niñas, niños y adolescentes migrantes son los más vulnerables a la violación de sus derechos; están expuestos no sólo a ser víctimas de delitos como la trata de personas y el secuestro, sino también a actos de discriminación, maltrato y segregación.

El ombudsman nacional puntualizó que se tiene registro de casos de menores migrantes que han asido asaltados, humillados, extorsionados, se les ha privado de su libertad y en ocasiones hasta de su vida.

Y no sólo eso, denunció, se conocen los ataques a la libertad y seguridad sexual, como el de la hondureña de 16 años que hace unos cuantos días denunció el terrible agravio en su contra por parte de servidores públicos de nuestro país, oficiales del Instituto nacional de Migración (INM) que en Chiapas la obligaron a prostituirse.

Plascencia Villanueva sostuvo lo anterior también ante los representantes de organismos internacionales y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, que participan en el Foro Internacional sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, que inició ayer y concluirá este miércoles.

Minutos antes, en su intervención, el subsecretario Zamora Castro había dicho que el INM ya cuenta con un esquema de coordinación interinstitucional, donde participan el DIF nacional y los estatales, organizaciones no gubernamentales y las instituciones involucradas con los derechos de los niños, por lo que podemos decir que México cuenta ya con un modelo de coordinación interinstitucional reconocido en la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Amercianos y en diversos foros multilaterales.

Por supuesto, abundó, no es la panacea, aún nos falta mucho por hacer y bastante por lograr para una verdadera protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan solos.

Explicó que de 2008 a marzo de este año se han atendido a 100 mil 400 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 59 mil 905 viajan sin compañía; de ellos, 51 mil 27 eran mexicanos y 8 mil 878 extranjeros.

Thomas Lothar Weiss, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, refirió historias de migrantes. En Ciudad Juárez “platicamos con Pedro, un oaxaqueño de 15 años; nos dijo que era su quinto intento por cruzar la frontera. Lo rescataron los del INM porque iba a hundirse.

“En Tierra Blanca, Veracruz, José, un salvadoreño de 14 años, nos contó que observó el secuestro de sus compañeros por parte de Los Zetas. ‘¿No tuviste miedo?’, le preguntamos. Nos respondió: ‘el único miedo que tengo es no poder llegar a Chicago, donde me espera mi hermano para poder trabajar y enviar dinero a mi casa’”.

Margarita Zavala inauguró el foro y dijo que espera que de éste salgan propuestas de política pública y medidas integrales para proteger a los menores migrantes.