30 ago 2011

Además de laborar fuera de casa, en promedio dedican 21 horas a la semana a tareas del hogar


Alertan sobre las desventajas que afrontan, pues reciben mala paga y no gozan de seguridad social

Cada vez más mujeres trabajan, pero son orilladas a hacerlo en la informalidad


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 16

Con un pronunciamiento por el cese a la violencia, se inició hoy la novena Reunión internacional de estadísticas sobre uso del tiempo y políticas públicas, donde representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señalaron que en el país es difícil el acceso de las mexicanas a empleos formales, y que la mayoría se mantienen en la informalidad.

Indicaron que no se reconoce el valor económico del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, y destacaron que 60 por ciento de las trabajadoras encuentran en la informalidad una forma de sobrevivencia. Incluso muchas de las que laboran en la economía formal no cuentan con seguridad social, programas de cuidado materno u otros beneficios.

En este encuentro, que se realiza por novena ocasión, los especialistas indicaron que el trabajo de las mujeres como mano invisible no remunerado, impacta positivamente las economías.

La presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, expuso que en el país falta equidad de género, ya que no se han concretado mejores políticas públicas que contribuyan a conciliar la vida laboral, personal y familiar de las trabajadoras.

En el acto, la titular del Inmujeres destacó que el trabajo doméstico no remunerado sigue siendo el obstáculo para el pleno desarrollo de la población femenina. Por ejemplo, 6.4 por ciento de los hogares mexicanos tienen la posibilidad de contratar una trabajadora doméstica, un chofer o un jardinero; sin embargo, en la mayoría de los hogares esos trabajos los hacen las mujeres sin obtener ingreso alguno.

García Gaytán explicó que la contribución de las mujeres todavía es indispensable en el hogar, a pesar del mayor acceso de las personas de sexo femenino a la educación y el trabajo.

En tanto, la directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Sonia Montaño, hizo ver que el cambio en la pirámide poblacional está generando modificaciones en la forma de asumir el trabajo doméstico por las mujeres.

La directora de la ONU Mujeres para la región de México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, apuntó que en América Latina el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) es pionero en la presentación de estadísticas confiables en esta materia.

En el acto se señaló que las actividades que se realizan en el hogar –en su mayoría por mujeres– son consideradas como no trabajo, modalidad que se conoce también como actividades del cuidado. Además, no se calcula el valor y el volumen del trabajo no remunerado de los hogares, el cual forma parte del sistema nacional de cuentas oficiales, aun cuando incrementa en forma significativa la base estadística con enfoque de género y no sólo para el país.

De igual manera se hizo ver que la participación femenina en la fuerza laboral aumentó de 35 a 53 por ciento: que continúa la doble jornada y que las trabajadoras son cada vez más pobres de tiempo, con la consecuente violación de los derechos laborales de las mujeres.

Dolores de los Ángeles Názares, presidenta de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, indicó que la Encuesta nacional de la dinámica de la relación en los hogares dará datos específicos respecto de los tres órdenes de gobierno sobre la situación de las mujeres. La generación de estos indicadores dará respuesta concreta a problemas específicos de equidad y género, dijo.

A su vez, Luis Beccaria, director de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la Cepal, indicó que el Inegi es un aliado importante por su contribución a la generación de información, por sus reconocidas técnicas y metodologías; mientras, Ana Güezmes expuso que la región deberá contar con indicadores armonizados que permitan alcanzar los objetivos de la valoración de la contribución de las mujeres.

La presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, plantó que las encuestas de uso del tiempo y otros instrumentos diseñados por el Inegi permiten conocer que en México el valor del trabajo no remunerado es parte fundamental del producto interno bruto y se ha incrementado; hoy es más alto que el de la manufactura.

Sabemos que las mujeres ocupadas en el sector informal dedican, en promedio, 21 horas a la semana a cuidar sin pago a niñas y niños, personas mayores o enfermas, y en el formal, 19 horas, expuso, en tanto Eduardo Sojo, presidente del Inegi, hizo ver que las estadísticas son fundamentales para saber de la contribución de las mujeres a la economía y del trabajo remunerado y no pagado que aportan al país.

La mina La Esmeralda no era segura, dice sindicato



Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 17

El sindicato nacional de mineros señaló que es indignante que ante el desastre ocurrido la madrugada del viernes 26 de agosto en la mina de carbón La Esmeralda, ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida cuatro trabajadores, la empresa Grupo Acerero del Norte y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hayan declarado que las condiciones de la mina eran adecuadas y positivas, lo cual es totalmente falso.

El sindicato afirmó que se trata de un nuevo homicidio industrial, cuya responsabilidad recae en la empresa que dirige Alonso Ancira Elizondo, Grupo Acerero del Norte.

Las respuestas que dieron tanto la minera como la Secretaría del Trabajo son despreciables y siniestras, porque declararon irresponsablemente que las condiciones de la mina eran adecuadas.

El sindicato expuso, asimismo, que la actitud de la Secretaría del Trabajo ante esta tragedia devalúa al nivel más ínfimo las obligaciones y responsabilidades humanas y legales de la dependencia que encabeza Javier Lozano Alarcón, sobre todo en materia de inspecciones sobre seguridad industrial y protección de la vida de los trabajadores. Desde que se inventaron los pretextos, parafraseando el dicho popular, se acabaron los culpables, los ineficientes y los mentirosos.

Según el sindicato, los funcionarios de esa secretaría han convertido a ésta en la gerencia del encubrimiento o en un departamento de chantaje, protección, excusas y pretextos para que las empresas no cumplan sus obligaciones legales y humanas en materia de seguridad industrial. Lo que es una vergüenza, por el cinismo con que la manejan.

Esto porque la Secretaría del Trabajo señaló que en marzo realizó una inspección a La Esmeralda, o sea, hace seis meses, y según la dependencia todo estaba bien, por lo que la organización gremial duda que esa inspección haya sido a fondo; más bien se trató de una visita de turismo industrial, como le llaman los trabajadores.

El sindicato cuestionó: si todo era regular, ¿por qué ocurrió esta nueva tragedia? ¿O es que las medidas de seguridad y equipos con que se operaba simplemente fallaron por casualidad? Esto a la vista de la ligereza con que la Secretaría del Trabajo y Grupo Acerero del Norte salieron a dar una explicación inmediata del nuevo desastre, antes de investigar sus verdaderas causas.


29 ago 2011

A 37 años de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla


Rosendo Radilla
El 30 de agosto se conmemorará el día del Detenido-Desaparecido. Durante la Guerra Sucia; elementos del Estado mexicano cometieron desaparición forzada contra miles de personas, entre ellas, contra Rosendo Radilla. Hoy en día, cientos más están detenidos injustamente o desaparecidos, como consecuencia de una guerra contra el narcotráfico que urge cambiar de estrategia.

El 30 de agosto es el día del Detenido-Desaparecido, en el cual se trae a la memoria a las personas que desaparecieron durante la guerra sucia de México. El jueves 25 de agosto se cumplieron 37 años de la desaparición de Rosendo Radilla. A continuación reproducimos un texto de Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de AFADEM y vocal de comunicaciones de FEDEFA, publicado en Zapateando.

Hoy se cumplen treinta y siete (37) años de la Desaparición Forzada de don Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano en ese periodo de “Terror de Estado” aplicado contra los disidentes del estado de Guerrero. Rosendo Radilla, es uno de los más de 450 detenidos desaparecidos del municipio de Atoyac de Álvarez y más de 650 en todo el territorio de Guerrero.

En todo el país se llevaron -la Brigada Blanca y el ejército federal mexicano- a más de 810 ciudadanos, campesinos la mayoría de Guerrero y otros, muchos de ellos, jóvenes estudiantes de todas las universidades del país, que vieron cerradas las opciones democráticas para lograr cambios estructurales.

Rosendo, fue presidente municipal en Atoyac, promotor de centrales campesinas y de cafeticultores, fue ganadero y muy sensible ante las injusticias. La población de Atoyac le estimaba y respetaba por su gran solidaridad. Cuentan los cronistas del lugar que “fue el único presidente municipal que salió más pobre de como entro”. Promovió el primer hospital, el primer camión de basura, el primer edificio de la primera escuela primaria del lugar y otras obras sociales. Pero también componía corridos y los cantaba. Le cantaba a las condiciones de pobreza y miseria, a los movimientos sociales, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas.

Cuando el ejército lo bajo del autobús, donde iba acompañado de uno de sus hijos, Rosendo pregunto, “¿por qué me detienen?” solo le dijeron que “por componer corridos” y el pregunto que si eso era delito, nuevamente le contestaron “pus no, pero mientras, ya te chingaste”.

AFADEM, después de veinte años de promover por todos los medios políticos y jurídicos la búsqueda de Rosendo y todos los desaparecidos del país, junto con la familia Radilla Martínez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, promovieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y ésta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH por no haber acceso a la justicia en México.

En meses próximos, octubre-noviembre la PGR, realizara por tercera vez excavaciones en la zona del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez Rosendo y donde fueron desaparecidos más de cuatrocientos cincuenta (450) ciudadanos de Atoyac por el ejército mexicano.

La búsqueda de Rosendo es, la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos de Atoyac; a Rosendo y a todos los desaparecidos, se les llevaron vendados de los ojos y amarrados de pies y manos al interior del cuartel militar y ahí pueden estar, en algún lugar que solo los militares saben con certeza. Las próximas excavaciones dan muestra de la nula voluntad política del ejecutivo federal de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, conocer la verdad y llevar a juicio a los responsables, como lo ordena la sentencia, pues el Ministerio Publico de la Federación, la Procuraduría General de la Republica, PGR no ha citado a declarar a nadie de los involucrados en las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de personas, protegiendo a los criminales, manteniéndose en la impunidad. Los puntos de excavación son a partir de testimonios de víctimas de desaparición forzada temporal, que narran por donde los llevaron maniatados y vendados de los ojos.

El Estado mexicano, aparenta que cumple con la sentencia de la Corte Interamericana, pero en la práctica no hay verdadera investigación del paradero de Rosendo y los más de cuatrocientos cincuenta (450) Detenidos Desaparecidos de Atoyac. El actual gobierno de Felipe Calderón, es cómplice de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por los gobiernos anteriores. Rosendo Radilla Pacheco, ha logrado, aun detenido desaparecido, cambios muy importantes en las leyes mexicanas.

Rosendo Radilla Pacheco y los más de 810 detenidos desaparecidos son los constructores de la democracia insípida que hoy disfrutamos millones de mexicanos y que poco a poco nos van intentando quitar. Rosendo Radilla Pacheco, vive en los ideales democráticos de todo el pueblo de México.

Desde el Centro Prodh continuamos luchando por el esclarecimiento de los delitos del pasado, pero también denunciamos a quienes, hoy en día, son víctimas de desaparición forzada. Invitamos a entrar a la página siguendesapareciendo.org y conocer más profundamente nuestro trabajo y pensamiento.


Amnistía Internacional condena el ataque en Monterrey
MonterreyEl viernes 26 de agosto, Amnistía Internacional emitió un boletín en el que condenó el ataque contra el Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que causó la muerte de al menos 52 personas.
Amnistía Internacional expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población de Monterrey, quien se encuentra viviendo una situación de alta inseguridad debido a la violencia criminal. De esta forma, señaló que es esencial que las autoridades federales y estatales realicen una investigación exhaustiva de este crimen, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familiares reciban la atención debida. Asimismo, recalcó que la reparación del daño depende una justicia imparcial, efectiva y completa.
Esta organización internacional expresó que la tragedia del Casino Royale demuestra el reto al que se enfrenta México para garantizar la seguridad a la población en medio de la violencia extendida, en donde el respeto y protección de los derechos humanos debe ser elemento fundamental para superar la crisis y garantizar que la población viva con seguridad.



“Urge coordinación efectiva entre estructuras de combate al crimen” / El Universal El juez Garzón señaló que las medidas para vencer al crimen organizado deben ser: coordinación entre las instituciones del Estado, participación en sociedad civil y la lucha contra la corrupción.
Familiares de desaparecidos en Torreón suplican a los sin rostro que los liberen / La Jornada Cansados de hablar con autoridades, miembros de Fuundec leyeron este domingo una carta abierta dirigida “a los sin rostro”, como llamaron a quienes han levantado a personas en la entidad, para suplicarles que les permitan regresar a sus hogares.

Ayuntamiento de Guanajuato, en vías de privatizar el agua potable / La Jornada El ayuntamiento priista de la capital de Guanajuato promueve un contrato para comprar durante 30 años agua en bloque a la empresa Pro Activa México.

Prosigue arribo de fuerzas federales a Nuevo León / La Crónica Tras la instrucción del presidente Felipe Calderón de reforzar la presencia en Nuevo León, desde ayer inició el arribo de mil 500 militares y otro tanto de federales.


La violencia en Monterrey es insostenible: CADHAC / CENCOS La organización civil CADHAC expresó que es necesario construir y mantener la paz, una paz auténtica y activa que no se base en estrategias mediáticas o a mediano plazo.

La Tribu Yaqui denuncia que el mal gobierno quiere cometer el despojo más descomunal de la historia / Zapateando En tierras sonorenses, se sigue perpetrando un atraco criminal contra la tribu yaqui y la producción de alimentos.

VIH/sida, primera causa de mortalidad materna en el mundo / CIMAC Según estimaciones científicas, en 2008 causó 61 mil 400 muertes maternas, por lo que es necesario realizar más investigación para revertir esta situación.

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Somos nosotros, no “los zetas” / Lydia Cacho En tiempos de violencia, corrupción e impunidad, la ciudadanía tiene un compromiso y una responsabilidad de construcción de confianza y pactos de civilidad.



“Así como el dolor hacer crecer a los seres humanos, estos hechos han de hacernos más fuertes y decididos en la corresponsabilidad por recuperar la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias, a la que tenemos pleno derecho como ciudadanos. Repudiamos enérgicamente la violencia. Queremos paz y justicia”, declararon las organizaciones del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en relación al incendio del Casino Royale en Monterrey.



Amnistia_InternacionalForo: de las promesas a los hechos
Este 30 de agosto a las 18.30 horas en el Centro Cultural Bella Época, Amnistía Internacional invita a este foro, en donde se abordarán las perspectivas indígenas sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Participarán mujeres de varias comunidades indígenas. Para mayor información, ingresa a www.amnistia.org.mx

Jornadas: El Rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada
En el marco del día internacional de los desaparecidos, invitan a este evento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), AFADEM-FEDEFAM, ANAD, el Centro Prodh, la CMDPDH, el Comité “Hasta encontrarlos”, Documenta, A.C, la Fundación Diego Lucero, H.I.J.O.S. México, I(dh)eas, el Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DHUACM) y Serapaz. Se llevará a cabo los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre de 9:30 a 14:00 hrs en el Salón Digna Ochoa 1 de la CDHDF. Ambos días se proyectarán películas referentes a la desaparición forzada a las 16 hrs.

Durante la guerra sucia hubo mil casos, en este sexenio casi cinco mil, aseguran

Activistas exigen en festival político musical presentación de detenidos desaparecidos

Proyectan sobre la fachada de la que fue sede de la DFS película con la historia de la corporación

Foto
Aspecto del festival político musical efectuado en el Zócalo por organizaciones que exigen la presentación de detenidos desaparecidos por el gobierno federalFoto María Meléndez Parada


Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 16

En el contexto del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemorará este martes, los comités Hermanos Cerezo, Hasta Encontrarlos y Monseñor Romero, efectuaron ayer en el Zócalo capitalino un festival político musical en el que exigieron la presentación de todos los desaparecidos políticos y los que han ocurrido en la lucha contra el crimen organizado.

Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien fue detenido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, y desde esa fecha se encuentra desaparecido, dijo que “este festival político musical es para exigir la presentación de todos los detenidos desaparecidos que hay en el país.

“Aunque no hay un dato exacto, se habla de que son más de mil los desaparecidos en la denominada guerra sucia, ocurrida en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La mayor parte de ellos son de Guerrero, pero también los hay de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados.”

A esa exigencia, señaló Nadín Reyes, del comité Hasta Encontrarlos, ahora se han sumado otros detenidos desaparecidos. Hoy se habla de más 5 mil desaparecidos, la mayoría de ellos ha ocurrido en este sexenio, por la guerra contra el crimen organizado”.

La hija del detenido desaparecido Edmundo Reyes Amaya exige la presentación con vida de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también desaparecido el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca. Asimismo, exige la presentación de Francisco Paredes Ruiz, detenido y desaparecido el 26 de septiembre de 2007.

Nadín Reyes resaltó que “este festival político musical también forma parte de la campaña nacional contra la desaparición, que ya cumple un año, y nuestra exigencia es la misma: presentación de todos los desaparecidos políticos.

¿Dónde están? Desaparecieron sus cuerpos pero no su presencia. ¿Cómo son los rostros de los que te secuestraron? Los que llenaron de congoja todos los minutos, los recuerdos, la vida... Vivos se los llevaron vivos los queremos, se leía en las pancartas colocadas alrededor de la carpa donde se efectuaba el festival.

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México tiene como finalidad exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, y el punto central es la exigencia del esclarecimiento de los casos, en donde la responsabilidad es única y exclusiva del Estado y, por tanto, el reclamo debe ser dirigido a éste.

Por la noche, la organización HIJOS, también en el contexto del Día Internacional del Detenido Desaparecido realizó un mitin frente al edificio donde se ubicaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en los años 70 del siglo pasado fue señalada como una de las dependencias en donde se torturaba y desaparecía a los detenidos.

Una treintena de jóvenes integrantes de HIJOS, llegaron a las 20 horas el lugar, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución. Ahí pintaron los carteles que decían: DFS: tortura y desaparición. Cárcel clandestina.

Colocaron un proyector que dirigieron a la fachada de lo que fue la DFS y ahí proyectaron una película sobre la historia de esa corporación policiaca. La lluvia que se inició en esos momentos no impidió que también colocaran en esa pared las fotografías de los desaparecidos políticos desde 1969.

Bajo la lluvia, una joven de HIJOS México dijo: por aquí, en este edificio, pasaron varios de nuestros desaparecidos. Primero fueron detenidos, luego torturados y finalmente desaparecidos.

Las personas cuyos rostros se colocaron en la pared del edificio de la ex DFS, subrayó la joven antes de concluir el acto: aquí estuvieron, por aquí pasaron, por eso vamos a volver siempre, mientras sigan existiendo detenidos desaparecidos... ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Autoridades municipales ya habían presentado queja contra él



Revisarán la actuación del magistrado que amparaba casinos y bares en NL

María Alejandra Arroyo y Andrés T. Morales
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 4

El desempeño del magistrado de la primera sala ordinaria del tribunal de lo contencioso administrativo de Nuevo León, José Alfonso Solís Navarro, quien otorgó la suspensión que permitió al casino Royale reanudar operaciones, luego de que el ayuntamiento de Monterrey lo clausuró en mayo pasado, será estudiado para analizar la fundamentación de las resoluciones que emitió y permitieron la operación de centros de apuesta, dio a conocer el gobernador neoleonés, Rodrigo Medina.

El magistrado, quien renunció el sábado, fue cuestionado por autoridades de Monterrey y San Pedro Garza García por amparar casinos y bares que operan fuera de los reglamentos municipales.

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, dio a conocer que el apoderado de la empresa Cymsa Corporation, que opera el casino Royale, Enrique Hernández, presentó una demanda de amparo ante el tribunal de lo contencioso en mayo anterior, luego de que el municipio intentó supervisar una ampliación del inmueble.

Solís Navarro otorgó la protección judicial que impidió a las autoridades de Desarrollo Urbano y Protección Civil inspeccionar las obras de ampliación de sus instalaciones. Según el magistrado, la empresa no requería de un permiso municipal, ya que sólo realizaba una remodelación interna.

En abril, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, denunció ante el Congreso de Nuevo León que el magistrado permitió la operación del casino Alegre, que el municipio clausuró por operar sin permiso, además que se ubicaba frente a dos colegios.

Solís Navarro también permitió la operación de bares irregulares. De los 23 procesos de amparo en favor de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, 19 son llevados por el tribunal de lo contencioso, 18 de ellos radicados en la primera sala ordinaria, hasta el sábado a cargo del magistrado. El otro se encuentra en la sala segunda, a cargo de la magistrada Aurora Gámez Cantú.

El director jurídico de Monterrey, Adrián González Navarro, informó que en lo que va de la administración, el municipio no ha logrado que se revoque la suspensión otorgada por los magistrados, pese a las múltiples violaciones a los reglamentos, particularmente al Municipal de Alcoholes.

El 18 de mayo pasado la administración municipal de Monterrey presentó ante el Congreso estatal una queja, por considerar irregular la actuación de los magistrados del tribunal de lo contencioso en las suspensiones otorgadas a bares, pues en ellos se detectaron actividades relacionadas con el crimen organizado.

Del mismo modo, el 17 de junio anterior el edil Mauricio Fernández solicitó a la legislatura estatal juicio político contra la presidenta de dicho tribunal, Juana María Treviño Torres, y de los otros dos magistrados integrantes del pleno –Solís Navarro y Gámez Cantú–, por actos u omisiones que dañan el interés público.

Por otra parte, en Jalisco, el secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, informó ayer que como parte de un operativo de revisión de medidas de seguridad en casinos de la ciudad, se clausuraron cinco de los 10 establecimientos de ese tipo que operaban en la localidad.

En Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que a las 23 horas del sábado comenzó la verificación de casinos en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, con el propósito de corroborar si cumplen con las normas de seguridad y los permisos necesarios para su correcto funcionamiento. La dependencia no informó sobre anomalías localizadas en los centros de apuestas.

El Ifai manda al SESNSP rectificar en su postura de negar los datos



Ordenan difundir el número de policías muertos en operativos

La información debe abarcar todo el gobierno de Felipe Calderón

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 12

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hacer una búsqueda exhaustiva y publicar información sobre el número de policías que han fallecido en operativos y acciones emprendidas en contra del crimen organizado en el país.

La información debe abarcar el periodo relativo al sexenio del gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, se debe difundir en forma detallada, tanto por año como por mes. Debe incluir también el total de policías federales caídos, así como de las 32 entidades y municipios.

Respecto de 2006, los datos a publicitar deben abarcar únicamente del primero al 31 de diciembre. Respecto de 2011, se ordenó al SESNSP hacer un desglose mensual y/o parcial, donde especifique las fechas (por día, mes, año) que abarca la información.

La difusión se ampara en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

El SESNSP inicialmente respondió a una solicitud, por conducto del Centro Nacional de Información, que los datos requeridos no existen en sus archivos o sistemas de datos personales, y los declaró inexistentes.

La comisionada ponente del expediente 3187/11, María Marván, sostuvo que el secretariado tiene atribuciones para crear, operar y actualizar, permanentemente, un padrón de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, denunció, el SESNSP omitió hacer una búsqueda exhaustiva de la información en sus unidades admi- nistrativas competentes, por lo cual incumplió con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada.

Tras evaluar las atribuciones del SESNSP, indicó que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de suministrar y actualizar las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, y el secretariado debe supervisar la actualización de las bases de datos y el acopio de las mismas.

De las bases de datos existentes, Marván mencionó la del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, que contiene la información actualizada relativa a los integrantes de las entidades de la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, con información que permita identificar plenamente y localizar a los servidores públicos; verificar cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, y las razones que lo motivaron.

La comisionada subrayó que el SESNSP cuenta con atribuciones para conocer del tema en cuestión, por lo que le resulta posible proporcionar la información requerida, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia, el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta del SESNSP y le instruyó que realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y entregue al recurrente la información solicitada.

Considera que la PGJDF hizo correctamente la investigación



Juez federal niega amparo para reabrir el caso de Digna Ochoa

Mirna Servín Vega
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 16

El intento de la familia de Digna Ochoa por lograr que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigue como homicidio la muerte de la defensora de los derechos humanos recibió un revés luego de que un juez federal determinó que la dependencia capitalina investigó correctamente el caso.

El 14 de marzo de 2011, el Ministerio Público (MP) resolvió que Digna Ochoa se suicidó con arma de fuego y que no hubo presencia de un tercero cuando ocurrió la muerte. Sin embargo, la familia de Digna Ochoa consideró que el MP no realizó los peritajes adecuados y que a su parecer había pruebas de que otras personas intervinieron en el deceso, por lo que presentó un amparo ante el juez de distrito, el cual les fue negado.

Ayer se informó que el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió sobreseer y negar el amparo 343/2011, interpuesto por Jesús Ochoa y Plácido y familia, relativo a la autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal y su ejecución por los hechos en los que murió Digna Ochoa.

El juez federal consideró que, de acuerdo con los informes de los peritos, se llegó a la conclusión de que el arma de fuego objeto de la indagatoria no maculó la mano de quien la accionó.

Señaló también que no se violaron garantías constitucionales de observancia obligatoria por parte de las autoridades responsables, ya que el procedimiento se apegó estrictamente a la legalidad, al brindar asesoría legal a los afectados y el derecho a aportar las pruebas que consideraron pertinentes, las cuales se desahogaron en la averiguación previa y fueron insuficientes para acreditar la inconformidad de los quejosos.

Grupo CIE, en subcontratos por el bicentenario



Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 19

La empresa Creatividad y Espectáculos, subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento (Grupo CIE), se vio beneficiada con al menos 36 pagos por casi 600 millones de pesos por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la realización de la cumbre sobre cambio climático.

En febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación señaló que Turissste subcontrató empresas privadas para la realización de actos por el bicentenario, entre las que se encuentran filiales de Grupo CIE, como Creatividad y Espectáculos.

Ésta tiene tres divisiones: Entretenimiento, que se encarga de espectáculos, conciertos y teatro, entre otros. Se hace cargo de la promoción, producción, patrocinios y administración de inmuebles –como el Palacio de los Deportes–, así como de la venta de boletos, alimentos, bebidas y recuerdos.

La división Las Américas maneja el centro de convenciones Banamex, el Hipódromo de las Américas y siete restaurantes. También está CIE-comercial, encargada de la red de publicidad en puentes peatonales, espectaculares, aeropuertos, estadios de futbol, salas de cine y señalización urbana, así como de eventos especiales.

El principal accionista de CIE es Alejandro Soberón Kuri, quien en 1990 creó Ocesa y en 1995 esta corporación. Él está en el lugar 24 del ranking de los 100 empresarios más importantes de México en 2010. Federico González Compeán, director de CIE-internacional, estuvo a cargo del Auditorio Nacional y del Teatro de la Ciudad, entre otros centros de espectáculos, y es productor de cine.

Creatividad y Espectáculos se llevó más de 50% de los recursos

En la cumbre de Cancún, despilfarro y pocos acuerdos

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 19

La cumbre sobre cambio climático que se celebró en diciembre de 2010 en Cancún, Quintana Roo, significó para México un gasto de mil 54 millones de pesos, 213 millones más de lo previsto. Se trata de un monto similar al presupuesto que ejerce este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación en la materia en todo el país.

Más de la mitad de esos recursos públicos, 599.2 millones de pesos, fueron para la empresa Creatividad y Espectáculos (Crea), subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), a la cual se pagaron desde la instalación de las salas de conferencia, servicios de seguridad para el Estado Mayor Presidencial, transporte entre la zona hotelera y las sedes oficiales hasta labores de limpieza.

Los fondos que erogaron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizadoras de la cumbre, fueron destinados a la logística de la reunión, la sede del acto, Internet, viáticos para los funcionarios y villa de cambio climático, entre otros rubros.

En las negociaciones durante la decimosexta Conferencia de las Partes (Cop16) y la sexta Conferencia del Protocolo de Kyoto participaron delegaciones de 194 países, cuyos gobiernos financiaron sus gastos. En total asistieron unas 34 mil personas, entre observadores, funcionarios de Naciones Unidas y periodistas, quienes también se hicieron cargo de sus gastos; debían pagar 45 pesos por un café, 90 por un sándwich o 700 por una cena. La excepción fue para algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales recibieron apoyo del gobierno mexicano.

Originalmente las dependencias estimaron un presupuesto de 841 millones de pesos para la organización de la Cop16. Este monto y el desglose de gastos fueron publicados en la página oficial de Internet de la conferencia desde finales del año pasado y estuvieron vigentes al menos hasta enero de este año. Lo que ahora aparece allí es la cifra de mil 53 millones 875 mil pesos, como gasto total que hicieron las secretarías.

Entre los recursos que ambas preveían ejercer y lo que finalmente gastaron hay incrementos importantes en varios rubros. Por ejemplo, a la villa de cambio climático y a seguridad se destinó el triple de lo programado. A la primera se canalizaron 114 millones de pesos, contra los 35 millones originales, y a la segunda 89 millones, pese a que se habían presupuestado 30 millones.

También hubo aumento al dinero canalizado para servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales se estimaban en 196 millones de pesos, pero en total fueron 255 millones, de los cuales correspondieron a la Semarnat 152 millones y a la cancillería 103 millones.

Gastos y resultados de la cumbre

Mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se solicitó a las dos secretarías que precisaran de cuál partida obtuvieron los recursos con que se financió la cumbre, a lo cual la Semarnat no respondió, mientras la cancillería sí lo hizo y detalló que eran manejados por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, adscrita a la Oficialía Mayor.

También se pidieron copias de las facturas de pago de hospedaje para funcionarios, invitados y personal de apoyo; gastos de comida, Internet y sede de la conferencia, así como de transporte de los hoteles sedes a los recintos oficiales de la Cop16, el Cancún Messe y Moon Palace.

En su respuesta, la SRE manifestó que era inexistente la información sobre invitados especiales, porque no hubo, pero la Semarnat apuntó que había destinado 213 mil pesos. Sin embargo, cuando se preguntó al área de comunicación social de esta secretaría quiénes fueron, respondió que no llevó a nadie.

Las dependencias se repartieron los 17 rubros en que se dividió la organización de las conferencias. La Semarnat estuvo a cargo de cinco, compartieron el pago de los servicios de tecnología e información, y cada una pagó el hospedaje de su personal. En total ejerció 437 millones 141 mil pesos. La cancillería manejó 10 rubros y erogó 617 millones 746 mil pesos.

De acuerdo con la documentación enviada por la SRE, se encontró que en atención a organizaciones civiles y en la villa del cambio climático, donde hubo exposiciones y conferencias, además de que se presentaron cantantes nacionales y extranjeros, la cifra final de gastos fue de 114 millones de pesos, tres veces más de lo planeado. Hay tres facturas entregadas por la empresa Crea por un total de 109 millones, únicamente para la villa.

Aunque en este espacio los organizadores tenían prevista la participación de agrupaciones de la sociedad civil, gran parte de ellas decidieron hacer foros alternos y otras prefirieron permanecer en la sede oficial. Ello debido a la lejanía de la villa del recinto oficial.

En cuanto al transporte para delegados, observadores, representantes de organizaciones y reporteros de la zona hotelera a la sede de la Cop, el hotel Moon Palace, situado entre Cancún y Playa del Carmen, la estimación inicial era de 28.7 millones de pesos, pero se ejercieron 38 millones, aseveró la SRE. La cancillería, por adjudicación directa, cedió ese servicio a Crea, la cual, a su vez, subcontrató a ADO.

La dependencia, por diversos conceptos, pagó a Crea 319.5 millones de pesos, y hasta marzo le adeudaba 9 millones 287 mil pesos por concepto de personal adicional que se requirió para el transporte.

A su vez, la Semarnat cubrió a Crea 279 millones 750 mil pesos por la producción de salas de conferencia; ejecución del proyecto ejecutivo de transmisión de señal y sistemas parlamentario; flujo y movimiento de personal y vehicular; contratación de recursos humanos; servicios de limpieza; servicios de apoyo para la conferencia y señalización –entre otros rubros–, según consta en copias de las facturas.

El recinto oficial de la cumbre ambiental, el Moon Palace, fue acusado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental de violar la legislación en la materia, por realizar hace cuatro años obras de ampliación de sus instalaciones sin permiso de cambio de uso forestal y talar manglar, de importancia ambiental porque protege las costas de los huracanes, que con el cambio climático se espera que aumenten.

La organización recordó el hecho en diciembre y en su defensa salió la Semarnat, la cual sostuvo que en la década de los 90, cuando se edificó el hotel, esa norma no estaba vigente, pero no se refirió a las obras denunciadas en marzo de 2007 por esa organización, cuando la tala de manglar ya estaba prohibida en la Ley General de Vida Silvestre.

Al final, en la cumbre no se llegó al acuerdo de establecer un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global, y se dejó en 2 grados centígrados el incremento máximo de la temperatura permitido, lo cual, según expertos, para países insulares y vulnerables es catastrófico.

Únicamente se acordó comenzar a trabajar sobre el Fondo Verde, lo cual fue encomendado al Banco Mundial, y en el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, así como avanzar este año en las negociaciones.

No hay propuestas serias para frenar la migración, afirma funcionaria guatemalteca



Rutas de indocumentados, más peligrosas
Afp
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2011, p. 18

Guatemala, 28 de agosto. La peligrosidad de la ruta que recorren miles de indocumentados centroamericanos para llegar a Estados Unidos aumentó tras la matanza de 72 migrantes perpetrada hace un año en Tamaulipas, México, afirmó Alejandra Gordillo, directora de la Comisión Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala.

Al día de hoy las cosas han empeorado y no tenemos propuestas serias de los estados para frenar la migración y los peligros que afrontan los indocumentados, subrayó.

Gordillo aseguró que la matanza en Tamaulipas destapó la caja de Pandora, porque las vejaciones contra los centroamericanos en México ya existían, pero no eran visibles.

Tras la masacre se comenzaron a hacer más investigaciones y se encontraron alrededor de 40 fosas con 193 cadáveres, comentó.

El tema de la frontera mexicana no es sólo de secuestros y tráfico de personas, pues se ha detectado que la ruta sirve para tráfico de armas y de órganos humanos, así como para narcotráfico, enfatizó.

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centroamérica y Brasil fueron masacrados en un rancho de San Fernando, poblado de Tamaulipas, situado a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

No fueron los últimos migrantes centroamericanos asesinados en México. El pasado 8 de agosto murió lapidado el guatemalteco Julio Cardona, de 19 años, en el estado de México. El crimen conmocionó a Guatemala por la supuesta complicidad de policías mexicanos.

Cardona había participado en la caravana Paso hacia la paz, en México, que en julio recorrió la peligrosa ruta desde la frontera con Guatemala a la de Estados Unidos para exigir que se localice a unos 800 migrantes desaparecidos.

28 ago 2011

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia

Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos


Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que “es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte”.

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día “deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak”.

Reprueban perredistas que la agenda nacional gire "según la necesidad mediática" del Presidente

El ataque al casino de Monterrey no es un hecho de esa naturaleza: Muñoz Ledo

Al hablar de terrorismo, Calderón abre puertas a una intervención

Legisladores priístas pugnan ahora por aplicar soluciones globales en lucha contra el narco


Foto
Las secretarías de Seguridad Pública federal y de la Defensa Nacional empezaron a enviar ayer otros 3 mil elementos a Nuevo León para combatir el crimen organizado. En la imagen, agentes en el Centro de Mando de Iztapalapa que fueron comisionados a esa entidadFoto Carlos Cisneros

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 5

Derivada de la tragedia en Monterrey, Nuevo León, la demanda de Felipe Calderón al Congreso federal de aprobar las reformas a la ley de seguridad nacional, que otorgarían nuevas y amplias atribuciones a las fuerzas armadas, propició respuestas divergentes en la Cámara de Diputados, donde ahora se pretende aplicar un cúmulo de soluciones globales a las causas de la violencia criminal y el sicariato.

Mientras los priístas claman ahora por la búsqueda de soluciones de fondo y su postura coincide con la celebración de un foro llamado Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, al que asistirán, entre otros, el magistrado español Baltasar Garzón, Leoluca Orlando, ex alcalde de hierro de Palermo, y José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra visión, que parte desde algunas posiciones del PRD y del PT, advierte que nada detendrá la espiral de violencia en el país más que la solución de la vergonzosa pobreza y el abandono de la mayoría de los mexicanos, quienes son considerados números prescindibles antes que personas.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, reprobó el calificativo de terrorismo al trágico suceso en Monterrey. “Es muy grave. En su afán por hacerse el irresponsable, (Felipe) Calderón debe tener mucho cuidado con lo que dice. Al decir en nombre del Estado mexicano que fue terrorismo, está anunciando que abre la puerta a militarizar el país.

Sin duda es un acto abominable, de violencia extrema. Es, posiblemente, la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo.

–La palabra terrorismo había estado ausente del discurso oficial –se le comentó.

–El terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Es una tontería calificar eso de terrorismo. Que causa terror, pues da, es abominable, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Y ahora, al calificarlo así, Calderón está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México. ¿No hay en México un Congreso que pueda llamar a cuentas a los gobernantes? El nivel de irresponsabilidad de Calderón no tiene límites, y el PRI prefiere deteriorar a Calderón para ganar las elecciones. Esto es el caos y todos nos preguntamos cómo es posible que el torpe de Vicente Fox regañe a Felipe Calderón.

En tanto, los priístas, mediante la Comisión de Derechos Humanos, manifestaron que debido a las condiciones de vulnerabilidad social es urgente elaborar propuestas de solución global para la lucha contra la delincuencia, a partir de experiencias de diversos países en el combate al narcotráfico, con el fin de abrir un espacio de reflexión del cual surjan propuestas legislativas en materia de inseguridad y crimen organizado para configurar un nuevo escenario político de cara a la problemática en materia de seguridad que enfrenta el país, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

Jorge Rojo García de Alba, diputado del Revolucionario Institucional, expuso que es inadmisible utilizar los hechos de violencia para medrar políticamente en favor de un partido, con el propósito de alcanzar el poder político o conservarlo.

Si esa es la intención, se debe tomar en cuenta que la sociedad está cansada de las pésimas decisiones que los políticos adoptan bajo el supuesto del bien común. El desbordante fenómeno de la violencia, que afecta el ánimo, la seguridad y los bienes de millones de mexicanos, demanda una respuesta pronta y global a los históricos problemas de pobreza, abandono social, escasas oportunidades de desarrollo, equilibrio en el reparto de la riqueza, educación de calidad para todos y servicios de salud que den respuesta a la dignidad de las personas.

En el foro mencionado también participarán Diego Valadés, Luis de la Barreda Solórzano, Ruperto Patiño Manffer, Luis Ocampo Moreno, Dolores Delgado García y Fernando Andreu Merelles.

Por su parte, la diputada perredista Esthela Damián reprochó que la agenda nacional esté girando y tomando prioridades de acuerdo con las necesidades mediáticas y de propaganda de Felipe Calderón. Si bien la postura es apostar por la seguridad y la legalidad, el problema se presenta con la iniciativa que el jefe del Ejecutivo envió al Congreso, porque es claramente violatoria de los derechos humanos.

La diputada argumentó que en el debate se presenta desorden normativo, el cual debe ser resuelto. Comentó que la legislación recién aprobada sobre derechos humanos contradice en su esencia el proyecto de minuta que se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Gobernación.

Ya nos metimos en un laberinto, porque se violaría la ley de derechos humanos. Estamos entrampados y tenemos que darnos la oportunidad de revisar el papel del Ejército, porque cualquier decisión que asumamos será clave para el desarrollo del país y la evolución o involución de la democracia.

Enrique Ibarra, diputado por el PT e integrante de la Comisión de Gobernación, reprochó con dureza la presión de Calderón para aprobar con urgencia las reformas a la ley de seguridad.

Calderón no halla a quién echarle la culpa de su ineficiencia, ineptitud y estrategia fallida, y quiere repartirla a instancias ajenas a la responsabilidad que tiene. No vamos a variar, y por los sucesos trágicos en Monterrey se quiere presionar para legalizar lo ilegal: la suspensión de garantías individuales.

–El reclamo, la demanda, es abierta –se le planteó.

–Es un intento efectista que le dura algunos días a Calderón, pero no nos debe llevar a legislar irresponsablemente para colocar a los mexicanos en un régimen de mayor vulnerabilidad.

Hasta el cansancio lo hemos dicho. Los problemas de esta naturaleza se deben encarar desde las causas que los originan: pobreza, falta de oportunidades para los jóvenes y trabajos con buenos salarios. Lamentablemente la obcecación de Felipe Calderón es irracional. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro papel de representar las garantías de la gente y pugnar por un cambio.

Ataques ya causaron sicosis generalizada, asegura especialista



Abiertas, 34 averiguaciones por terrorismo en 4 años: PGR
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 7

En los pasados cuatro años la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto al menos 34 averiguaciones previas por el delito de terrorismo, en las cuales, en más de 80 por ciento, participaron integrantes de cárteles de las drogas, reveló la institución al dar respuesta a una solicitud de información pública y según datos obtenidos de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Tras lo ocurrido en el casino Royale, en Monterrey, por vez primera una autoridad federal –en este caso el presidente de la República, Felipe Calderón– menciona oficialmente que un ataque de ese tipo constituye un acto de terrorismo. Sin embargo, inicialmente la PGR abrió la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-AMPFDC/2637/D/2011 únicamente por los ilícitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y daño en propiedad ajena.

De acuerdo con la información obtenida de funcionarios de la SIEDO, uno de los primeros casos considerados por el Ministerio Público Federal como acto de terrorismo, causado por integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas (narcoterrorismo), ocurrió en Morelia la noche del 15 de septiembre de 2008, frente al palacio de gobierno, durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Ese atentado, perpetrado en la plaza Melchor Ocampo, dejó saldo de nueve personas fallecidas y más de 130 lesionadas. Según investigaciones de la PGR, el ataque fue obra de integrantes de Los Zetas.

Los casos de Chihuahua y Tamaulipas

En 2010 el entonces procurador Arturo Chávez Chávez afirmó que el Ministerio Público Federal había tomado conocimiento de actos de terrorismo en Chihuahua y Tamaulipas, donde los cárteles de las drogas hicieron estallar carros-bomba.

El ex funcionario señaló: La delincuencia en nuestro país tiene como motor, dinámica, esa misión, y eso es importante subrayarlo, porque puede haber actos terroristas o de terror que buscan intimidar a la sociedad sin que necesariamente hayan sido cometidos por grupos terroristas. Entonces, es importante hacer esa distinción. Muchas veces los delincuentes buscan generar o incrementar el miedo entre los ciudadanos, porque éste facilita la comisión de los actos delictivos; por ejemplo, la extorsión. Muchas veces genera distancia entre la autoridad y los habitantes, y cuando perciben que eso ocurre buscan realizar ese tipo de acciones, que tienen gran resonancia, porque son verdaderamente delicadas, como pueden ser actos relacionados con vehículos cargados de explosivos, lo cual se ha vivido en Ciudad Juárez y Tamaulipas.

En tanto, la unidad de enlace de la PGR, al responder a la solicitud de información pública 0001700001511, explicó que durante 2007 se iniciaron dos averiguaciones previas; en 2008, cinco; en 2009, 10, y en 2010, 17. De igual manera, en su respuesta mencionó que de 2007 a 2010 se abrieron 18 averiguaciones por casos de terrorismo, contemplado en el Código Penal Federal.

Entre los casos que han trascendido y han sido considerados terrorismo por el Ministerio Público Federal se encuentran los estallidos de dos coches-bomba en Tamaulipas. El primero tuvo lugar en Ciudad Victoria, frente a una base de policía de esa entidad. Supuestamente esa acción fue obra del cártel de Los Zetas y pretendió amedrentar a las autoridades locales y enviar un mensaje a sus rivales del cártel del Golfo.

Asimismo, en julio de 2010, en Ciudad Juárez, fue colocado un auto-bomba, que dejó saldo de tres personas muertas, entre ellas un policía federal. El acto habría sido obra del cártel de Juárez por conducto de su brazo armado: La Línea.

Respecto de lo que ocurre en Nuevo León, el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Luis Prado Maillard, comentó a La Jornada que “los diferentes actos de violencia, como los narcobloqueos y los enfrentamientos entre bandas delictivas, han generado entre la sociedad un estado de sicosis generalizada. Estos grupos han ido adoptando métodos más sofisticados y violentos, provocando un estado de miedo entre la población civil, ya que esta actuación criminal de bandas organizadas se lleva a cabo de manera reiterada, pretendiendo crear alarma social”.

Expertos de la UAM exigen al Ejecutivo que hable de las verdaderas causas de la violencia









Si es cierto lo que dice el Presidente, entonces debe ceñirse a lo que ordena la ONU: Raúl Vera

Intenta Calderón justificar mayor represión con el discurso del terrorismo: académicos


Laura Poy Solano, Carolina Gómez Mena y César Arellano
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 9

Tras el ataque al casino Royale en Monterrey, el gobierno calderonista echa mano del viejo discurso estadunidense de la lucha contra el terrorismo para intentar justificar cualquier futura acción de mayor represión social, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad pública, agregó que el mensaje del presidente Felipe Calderón nada dice de las verdaderas causas de la violencia ni la estrecha relación que existe entre la instalación de casas de juego y el posible lavado de dinero, pues nuevamente apela a su estrategia de que la violencia se combate con más violencia.

Cabe preguntarnos, explicó, si los hechos del pasado jueves son o no un acto terrorista, pues las autoridades, incluido el Ejecutivo federal, nada dijeron de un tema central: investigar realmente qué fue lo que pasó, si en verdad estos presuntos delincuentes tenían como objetivo asesinar a decenas de personas o si existe una corresponsabilidad de los dueños del casino por no tener medidas de seguridad.

Por su parte, Telésforo Nava, politólogo y especialista en movimientos sociales, destacó que lo ocurrido en Monterrey es la prueba más clara de que la estrategia de seguridad calderonista es un total fracaso, y peor aún, que se usa para intentar justificar posibles actos de represión y el ejercicio de medidas aún más violentas.

Estamos ante el riesgo, indicó, que estos hechos generen terror en la población, pero que la respuesta de la administración federal se convierta en una pesadilla peor. La salida no vendrá de la clase política, sino de una sociedad civil organizada y con un claro objetivo: sacar a todos del poder y refundar el país.

Por su parte el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que si el presidente Felipe Calderón reconoció que lo ocurrido fue un acto de terrorismo, entonces ahora lo único que le queda es actuar en consecuencia, hacer todo lo que no ha hecho en todos estos años como Presidente, y que tiene al país en la situación que está ahora.

Señaló que al haber acciones de narcoterrorismo el mandatario debe ir contra los lavadores de dinero del crimen organizado, de los cómplices que éste tiene en las instancias de los gobiernos y confiscar todos sus bienes y recursos.

Vera López indicó que si es terrorismo el gobierno debe ceñirse a lo que establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la materia y que son compromisos internacionales que los países firmantes tienen la obligación de seguir: detener a las personas que apoyan a estos grupos, confiscar sus bienes... si Felipe Calderón ya asume que se trata de terrorismo, tiene que remover de sus puestos a todos los que están dentro del gobierno involucrados con grupos del crimen organizado.

Por separado, el sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que “es necesario atacar el origen de todos estos males que no están sólo en los que se hacen llamar narcos, sicarios y cárteles, sino atacar desde los criminales de cuello blanco, esos que se han corrompido y se han dejado seducir por el poder del dinero y el temor de la muerte”.

Por último, el secretario de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, dijo que es momento de que la sociedad llame a los cárteles de la droga a hacer un alto al fuego para no seguir cobrando vidas inocentes por la disputa de territorios.

Consideró que más que lamentar el hecho de violencia perpetrado a plena luz de día “deberíamos alzar la voz y pedir tregua entre los cárteles por la lucha que llevan a cabo por las plazas que dominan en ciertas regiones del país, a fin de evitar que esta guerra entre grupos criminales y con el gobierno federal produzca más muertes que en Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado o en Irak”.

Necesita el país a Click y Mexicana, dicen pilotos



De la Redacción
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 12

A un año del cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, el líder de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Fernando Perfecto, aseguró que la ausencia de la aerolínea afecta la conectividad del país, presiona el gasto de los mexicanos al incrementar las tarifas aéreas, cede la soberanía de los cielos a las aerolíneas extranjeras y mantiene en la incertidumbre a miles de familias que dependen de esa fuente de empleo.

En un comunicado de la agrupación sindical, el dirigente afirmó que la decisión del gobierno federal de permitir la quiebra de Mexicana fue un error estratégico con efectos negativos para los usuarios, la aviación comercial y el país.

“Por más que traten de argumentar que la aviación comercial se ha recuperado del efecto Mexicana, los datos y las estadísticas son incontrovertibles: México necesita a Mexicana y a Click”, expresó.

En los pasados 12 meses el número de vuelos domésticos ha disminuido 17 por ciento respecto de 2010 y comparado con 2008 existe una pérdida de 34 por ciento. Hace tres años las líneas aéreas nacionales transportaban 26 por ciento del mercado en rutas internacionales; luego de la salida de Mexicana, sólo 14 por ciento.

Son cerca de 40; unas datan de principios del sexenio, advierte documento de senadores del PRI




Omisión presidencial impide accionar de reformas de ley aprobadas por el Congreso

Es otra modalidad más de Calderón para vetar legislaciones, lamenta Francisco Arroyo

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 28 de agosto de 2011, p. 13

Cerca de 40 reformas aprobadas por el Congreso entre 2006 y 2010 no pueden operar a plenitud, ya que el presidente Felipe Calderón ha sido omiso en la expedición del reglamento correspondiente. Entre ellas se encuentran la Ley Federal de Extinción de Dominio, otras más relacionadas con la seguridad pública y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria , se advierte en un documento elaborado por la fracción del PRI en el Senado.

La Ley Federal de Extinción de Dominio, que agiliza los mecanismos para que el Estado pueda confiscar propiedades y bienes de la delincuencia organizada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, luego que Calderón culpó al Legislativo de no dotarlo a tiempo de instrumentos jurídicos en su batalla contra el narcotráfico; a más de dos años, no se ha emitido el reglamento correspondiente.

Hay 25 casos en que se establece un plazo perentorio y éste ya venció, como ocurre con las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, que data de diciembre de 2006, y la Ley General de Cultura Física y Deporte, cuyo reglamento correspondiente debió expedirse el 9 de julio de 2007.

Tampoco cuenta con reglamento otra reforma a esa ley, de mayo de 2008, por la que se crea formalmente la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la Celebración de Eventos Deportivos.

Igualmente los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por los que se creó el Registro de Usuario de la Telefonía Móvil, que tenía que estar listo el 9 de junio de 2009.

Se trata de otra modalidad más de Calderón de vetar leyes, porque aunque se hayan promulgado, al no existir el reglamento respectivo, la legislación no opera en la práctica y la autoridad administrativa no sabe cómo actuar, comentó el senador del PRI, Francisco Arroyo Vieyra.

Hay tal burocracia para publicar un reglamento en Los Pinos, que se hace nugatoria la labor del legislador. Interviene la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, la Secretaría de Gobernación, el área correspondiente y, por si fuera poco, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Uno de los problemas de este gobierno es la sobreburocratización de la administración pública, recalcó el legislador.

En el documento se detalla que tampoco cuentan con reglamento la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que debió emitirse en agosto de 2008, ni la Ley Federal de Sanidad Animal, cuyo plazo venció en julio de ese mismo año, así como las modificaciones a la Ley General de Salud en Materia de Cuidados Paliativos.

Sobre la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de este año, aún no cuenta con el reglamento para llevar a la práctica los nuevos beneficios para extranjeros que se refugian en el país, aunque debió emitirse el pasado 26 de julio.

Hay otras siete reformas en las que no se señala expresamente un plazo al Ejecutivo para expedir la norma reglamentaria correspondiente, lo que no lo releva de la obligación de hacerlo. Son cambios legales que datan desde el inicio del sexenio. Entre éstas, la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, promulgada el 20 de noviembre de 2008, que entró en vigor al día siguiente.

Tampoco la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada el 29 de mayo de 2009, por lo que tiene que regirse por el reglamento de julio de 2003, en todo lo que se oponga a las disposiciones de la presente ley.