19/03/2007

INTIMIDACION Y FRAGILIDAD

arturo rodríguez garcía

Saltillo, Coah., 19 de marzo (apro).-

En la pared se conservan las manchas de dos manos que alguna vez intentaron sostenerse y dejaron un rastro de sangre. De acuerdo con los peritajes, las huellas corresponden a Lupita, una de las 14 mujeres violadas presuntamente por militares en la zona de tolerancia del municipio de Castaños.

La violación que sufrió Lupita por parte de cuatro soldados le provocó una intensa hemorragia vaginal, por lo que otros dos de sus agresores eligieron la vía anal para ultrajarla. Cuando terminaron el tumultuario ataque, los agresores le advirtieron que no presentara ninguna denuncia, porque si lo hacía la matarían, al igual que a su familia.Ante el temor, Lupita se tardó un mes en presentar la denuncia y, cuando lo hizo, familiares del sargento Juan José Gaytán –a quien las víctimas identifican como “el líder” que ordenó los ataques— para ofrecerle 20 mil pesos porque se retractara y retirara la denuncia.

Ante la negativa, la propuesta se convirtió en amenazas que no han logrado quebrantarla, pese a temer por el bienestar de sus tres hijas.Las amenazas e intimidaciones contra las 14 víctimas y los actores que las respaldaron después de la violación, la noche del 11 de julio de 2006 por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería del Ejército Mexicano.

El 11 de marzo pasado, en su homilía dominical en la catedral de Saltillo, el obispo Raúl Vera López, denunció que el viernes por la noche, un vehículo lo persiguió en la carretera estatal Cuatrociénegas-Monclova, luego de pasar un puesto de inspección militar. El prelado permaneció varias noches en la zona de tolerancia de Castaños luego de los ataques y, en seguimiento del caso, la semana pasada el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” que él encabeza, había realizado trabajo de campo y se entrevistó con la representación jurídica de las víctimas para conocer el avance de los juicios contra los militares.

En la historia de los ataques sexuales cometidos por militares, el caso de Castaños es el primero que se sigue en el fuero común, lo que ha hecho visible un cúmulo de acciones emprendidas desde el medio castrense para amedrentar a quienes se involucran en el caso.La denuncia del obispo Raúl Vera se suma a una serie de llamadas que, al principio del caso, se hicieron a su teléfono celular, todas por la madrugada, en la que le decían “Usted se sacó el premio mayor”. Cuando denunció el hostigamiento, la Procuraduría de Justicia del estado le informó que las llamadas se hicieron desde Oaxaca y Guerrero, los estados de origen de varios soldados acusados de las violaciones, pero no obtuvo más información.

La persecución fue el corolario de diferentes sucesos ocurridos a partir del 2 de marzo, cuando Wendy y Nuria, dos mujeres violadas, se retractaron de sus denuncias y acusaron a la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jacqueline Campbell, de haberles pagado 200 pesos por denunciar a los soldados. Primeras consecuenciasA ocho meses de la agresión sexual que sufrieron 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, por presuntos miembros de un pelotón del 69 Batallón de Caballería, los expedientes judiciales están terminando de integrarse: el próximo 20 de marzo, concluirán las audiencias y el 26, se llevará a cabo una reconstrucción de hechos, en el que no participarán las víctimas.

El señalamiento hecho por Wendy ha generado problemas para la Fiscalía, pues junto a Nuria, había participado como testigo en los expedientes de sus compañeras. Su desistimiento y denuncia incluyó a las abogadas del Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Corpovi), un organismo ciudadano que tomó la asesoría y respaldo jurídico y psicológico de las víctimas.Según Wendy, fue la abogada Sandra de Luna, quien le dio 500 pesos por declarar a la prensa sobre el caso; además, señaló a Guadalupe Frayre, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, de haberles dado también 200 pesos y una despensa semanal por hacer las declaraciones.

Y, por si fuera poco, denunciaron a Soledad Jarquín Edgar, reportera de la agencia de noticias Cimac que ha seguido desde un principio el caso y una de las pocas periodistas que ha obtenido entrevistas con las víctimas, de haber pagado la misma cantidad por el mismo concepto.Mimi, Lupita y Mónica, tres afectadas sorprendidas por el desistimiento, recuerdan que Wendy era la más enojada y decidida a ir tras los agresores, en tanto, Nuria, estaba tan afectada que al ver hombres con pelo corto o vestimenta semejante a la militar se ponía a llorar.

Las tres afirman que desde el inicio de los procesos han recibido ofertas económicas y amenazas de las familias de los militares, pero no han aceptado ninguna. Esperanza es más directa y explica todo con una sola frase: “Les llegaron al precio”.“Yo no me voy a echar para atrás, porque lo que nos hicieron lo voy a llevar grabado siempre. Una cosa tan horrenda, tan horrible no se olvida nomás así. Lo que pasó no fue por nuestra voluntad, porque siempre nos estuvieron amenazando encañonando. Yo estoy muy enojada y no puedo perdonar eso, aunque me barajen la lana, no; yo no la necesito, para eso trabajo”, dice Lupita al recordar que la oferta para que otorgara el perdón legal.

“Tengo miedo, pero ya más de lo que me hicieron no pueden hacer. Entre miedo y todo hay que salir adelante. A mí me daría más miedo no decir nada, quedarme en paz, porque las ofendidas somos nosotras”, agrega.Sandra de Luna, abogada del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar A.C. (Coprovi), que representa a las víctimas y coadyuva con los dos fiscales del caso, confía en contar con expedientes sólidos, aun en los casos de retractación porque, dice, son demasiadas las pruebas aportadas y los testimonios.Se refiere a las declaraciones de Wendy y Nuria, quienes en una diligencia el 2 de marzo se desistieron y acusaron a su representante, así como a Jacqueline Campbell, la coordinadora de comunicación de la Diócesis de Saltillo y a la periodista Soledad Jarquín Edgar, de manipularlas y de haberles pagado para declarar que fueron violadas.

La trascendencia de su retractación es porque en la mayoría de los expedientes individuales obran como testigos.Sandra de Luna dice desconocer la motivación del señalamiento, pero refiere que los peritajes médicos vaginales y proctológicos, fueron definitivos: las lesiones son inconfundibles de una relación sexual forzada y se encontró presencia de semen en las víctimas.

El día de la audiencia, el juez Hiradier Huerta cuestionó a Wendy si la habían amagado. La joven dijo que sí, pero que ella aceptó las cuatro relaciones, en un intento por coincidir con los militares que mantienen el dicho de haber pagado. Además, la mujer desconoció la firma en la declaración aportada por la Fiscalía, por lo que se ordenó un peritaje extraordinario.Jacqueline Campbell, una de las acusadas por Wendy y Nuria, interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por calumnia, explica que no se podía permitir que se pusiera en riesgo la veracidad del juicio que se lleva a cabo por las violaciones y ultrajes de las 14 mujeres.

Desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Centro de Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Todo los Derechos para Todas y para Todos, entre otros, se hizo un llamamiento a no perder de vista el juicio ni a los personajes que han sido amenazados.

La exigencia del gobierno de Coahuila para que la justicia militar remitiera a los agresores a la justicia local prosperó luego de ciertos escarceos declarativos.El comandante de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, y el de la XI Región Militar, Roberto Miranda, fueron removidos de sus puestos; el jueves 17 de agosto, 8 de los 12 militares que fueron señalados como responsables de las violaciones, ingresaron al Centro de Readaptación Social de Monclova, entre ellos el sargento Juan José Gaytán Santiago, identificado por las víctimas como “el líder” que daba las órdenes para que los soldados efectuaran las violaciones mientras otros los resguardaban.

Los otros detenidos son los soldados Norberto Carlos Francisco Vargas, Ángel Antonio Hernández Niño, Roberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez. Los cuatro militares restantes, plenamente identificados, permanecen prófugos.La periodista Sara Lovera, especialista en temas de género y que ha seguido otros caso de violación por militares y policías en el país, asegura que el común denominador es “que (los agresores) siempre tienen solidaridad de género e institucional”, por lo que advierte que las víctimas y las abogadas de Coprovi están en peligro.Recuerda el caso de “las 19 jóvenes del sur” que fueron violadas por un grupo de elite de policías judiciales: durante el proceso hubo hostigamiento a las afectadas, familiares, abogados, políticos y feministas que las apoyaron. A José Luis Rábago, padre de una víctima lo balearon.

Agrega que los casos de soldados violadores siempre han sido juzgados en el fuero militar, “que deja los crímenes impunes”, como sucedió en el caso de las tres indígenas tzeltales violadas en 1994 en Chiapas.“En Castaños, por tenerlos en proceso, va a haber consecuencias y estos desistimientos son apenas consecuencias leves. Si me lo preguntas te puedo decir que ellas necesitan solidaridad y que no basta la voluntad política del gobernador ni los buenos oficios del procurador, porque hasta ellos necesitan solidaridad y acompañamiento.

Se están metiendo con el Ejército y Marta Figueroa ha demostrado en sus trabajos lo que el Ejército hace en las zonas que controla”, advierte. Las afirmaciones de la periodista se han materializado en Monclava, donde el Juzgado Segundo Penal, con sede en el Centro de Readaptación Social, registra una inusitada visita de militares, uniformados y de civil, desde que iniciaron las audiencias.Desde el primer día de diligencias judiciales, una camioneta Hummer del Ejército, idéntico al que trasladó al pelotón que perpetró los ataques en la zona de tolerancia de Castaños, arribó al estacionamiento provocando un revuelo en el Juzgado.

Las víctimas empezaron a llorar y exigir protección, Sandra de Luna y los fiscales pidieron una explicación y seguridad, mientras que los soldados explicaban a través de la abogada defensora de los militares, Aída Guardiola, que no era motivo de alarma, ya que sólo iban a pagar la nómina.La justificación en si misma ha sido motivo de indignación entre las víctimas, que perciben el respaldo del Ejército a sus agresores. El miércoles 7 de marzo, Apro pudo constatar la presencia de un enviado de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, tomando nota de la abogada Guardiola.

Entrevistada por esta agencia, la litigante confirma que los militares han recibido apoyo moral, aunque aclara que no económico. Luego endereza sus señalamientos contra el gobierno estatal, al que acusa de desviar recursos para sobreproteger a las víctimas.La defensora asegura que los detenidos no participaron en las agresiones sexuales; y ya comprobado que sí hubo violación, afirma que dos de ellos sostuvieron relaciones sexuales pero pagaron por eso. Insiste también en que existen vicios en la integración de los expedientes.

“No sé por qué se abocaron con tan denodado esfuerzo (en el gobierno estatal) a atender tan especialmente a las mujeres. Hay niños y niñas que han sido violados y no se les ha prestado la misma atención que se les está prestando a las muchachas. Aquí se están desviando recursos del erario, prestando patrullas para el transporte personal de las chicas desde sus domicilios particulares hasta el lugar de las audiencias, hay agentes del Ministerio Público provenientes de Saltillo, la integración de la averiguación se hizo con gente que vino de Saltillo ex profeso”, denuncia.La litigante refiere que la defensoría de oficio recomendó a los soldados que no declararan en el término constitucional oportuno, por lo que hay pruebas que se desestimaron en el proceso.

“No quiero decir que haya gente inocente, porque faltan órdenes de aprehensión que cumplimentar. Mis clientes estuvieron pero no hicieron lo que se dice que hicieron. Tan es así que uno se encuentra ya libre, por falta de pruebas”, insiste.El batallón de la locuraLos antecedentes del Batallón de Caballería, son muy conocidos en la región. En 1988, luego de una riña en la zona de tolerancia de Cuatrociénegas, un grupo de soldados tomó por asalto el Palacio Municipal y mató a un policía.El 22 de diciembre de 1999, el subteniente de caballería, Ezequiel Balbuena Ortega, asesinó al cantinero Jesús Rodríguez Cendeja “El Gringo”, en la zona de tolerancia de Sabinas, por una cuenta que el militar no quería pagar. Meses después, en un punto de revisión cercano a la presa Venustiano Carranza, un soldado asesinó a un cabo y a un sargento, en el retén.

Los últimos dos casos, fueron juzgados por el juez Hiradier Huerta, que en el aquel tiempo se desempeñaba como titular del juzgado Penal de Sabinas y los responsables se encuentran presos.Los antecedentes habían dado confianza en la fiscalía y la representación de las víctimas, pero al dejar en libertad a Héctor Méndez de la Cruz, uno de los inculpados, motivó que se promoviera un recurso de apelación, pidiendo que se proceda contra el juez.

Sandra de Luna, afirma que el juez Huerta desestimó otros medios de prueba y, al igual que la fiscalía, considera que dio prioridad al dicho del militar sobre el dicho de la víctima, por lo que confía en que se resuelva favorablemente su recurso.El problema que plantea para las víctimas la liberación del soldado Méndez de la Cruz, radica en que los mismos elementos del expediente 224/06 por el que se procesó, corresponden a los de circunstancia, tiempo, modo y lugar que denunciaron las otras ofendidas, por los cuales los otros 8 militares se les dictó el auto de formal prisión.

La defensa de los militares insiste en que además de Méndez de la Cruz, se encontraron los mismos elementos en el caso del soldado Casimiro Ortega Hernández, pero la mala orientación del defensor de oficio, provocó que quedara en la indefensión, ya que se cumplieron términos procesales fatales para la aportación de pruebas.El juez Hiradier Huerta, tomó la decisión de liberarlo, pues el sargento Gaytán Santiago, acusado por seis ataques, y el sargento Narciso Valadez, eran los responsables de los pelotones y niegan que los dos soldados hayan acudido a la zona de tolerancia.

“Como les dije ese día, yo duermo con la conciencia tranquila y he dictado sentencias de 60 años, cuando una persona puede resultar responsable con ese tipo de penas. Yo me fui tranquilo, porque el soporte que existía en el expediente no daba para procesar a una persona. Se valoró lo que estaba en el expediente y la agraviada no se presentó a cuatro audiencias”, justificó el juez.Sandra de Luna ha patentado su desconfianza a la actuación del juez, en tanto, Mónica una de las denunciantes responde sobre la liberación de Méndez:“Lo que más miedo me da es que salgan y nos vuelvan a hacer daño.

No le puedo explicar, necesitaría estar usted en la misma situación que yo para que entienda…

Ellos tienen muchos amigos, con armas y soldados que nos pueden hacer daño, como ya pudieron…”

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=49025&nsec=

14/03/2007



LAS MUJERES ESTAMOS DE

LUTO

ANTE LAS MANIFESTACIONES HECHAS EL DIA DE AYER DE MANERA IRRESPONSABLE, REPROCHABLE, OFENSIVA, INDIGNANTE Y AGRAVIANTE POR EL SEÑOR FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EN CUANTO A LA MUERTE POR VIOLACIÓN TUMULTUARIA A LA ANCIANA INDÍGENA EN DÍAS PASADOS EN LA COMUNIDAD DE TETLAZINGO, ATZOMPA, ZONGOLICA VERACRUZ, NO PODEMOS MAS QUE, TOTALMENTE INDIGNADAS EXIGIRLE AL SEÑOR CALDERÓN HINOJOSA, UNA INMEDIATA POSTURA COHERENTE CON LOS HECHOS YA CONOCIDOS EN ESTE CASO DE LA SEÑORA ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO, QUE SE SUMA A UNO DE LOS MILES DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES DE NUESTRO PAÍS, Y QUE ANTE LA INDIFERENCIA TOTAL DE LAS AUTORIDADES, CON UNA COMPLETA FALTA DE RESPONSABILIDAD CONTINÚAN IMPUNES, NO PODEMOS NI DEBEMOS PERMITIR QUE SIGAN BURLÁNDOSE DE NOSOTROS DEL PUEBLO, DE LAS MUJERES, AQUELLAS QUE SON ABUELAS, MADRES, HIJAS, HERMANAS, CONSIDERAMOS UNA FALTA TERRIBLE SU ENCUBRIMIENTO E INEXACTA POSTURA, AGREDIENDO DE MANERA DIRECTA LA RAZÓN Y LA CORDURA ANTE LOS HECHOS, ES INDIGNANTE ESCUCHAR AL SEÑOR CALDERÓN DIRIGIRSE A UN ASUNTO DE ESA MAGNITUD DE LA MANERA COMO LO HIZO, ANTE ESTA SITUACIÓN Y MIENTRAS NO SE CASTIGUE A LOS CULPABLES, ESTA ASOCIACIÓN CIVIL PRO GENERO SE ENCUENTRA DE LUTO.


Miguel Angel Granados Chapa.
"Reforma" 14/03/07
Sin información, o con ánimo de encubrir a miembros de las Fuerzas Armadas a las que tanto se ha acercado, Felipe Calderón asegura rotundamente que la señora Ernestina Ascensio Rosario no fue violada, y que murió por una gastritis crónica mal atendidaA Elena Gallegos, coordinadora de información general del segundo de esos diarios, le habló de la intervención del Ejército en asuntos de seguridad y "a manera de despedida", se refirió a la señora Ernestina Ascensio Rosario.
Ofreció una visión sorprendente del caso, ignoro si producto de la desinformación o elaborada para exonerar desde su altura a miembros de las Fuerzas Armadas que probablemente participaron en el ultraje bárbaro a esa anciana de 73 años de edad atacada sexualmente, y muerta en Tetlalzingo, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica en Veracruz. Dijo Calderón a la reportera, sin pregunta previa: "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica...
La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".Quién sabe, por los suyos, de dónde obtuvo datos para esa patraña el Presidente. Cada palabra, cada una de esas líneas revela ignorancia de la situación. No "se dice" que asesinaron a esa señora. No es chisme, un rumor banal. Es un hecho, que ha suscitado averiguaciones de la Procuraduría militar, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, depende del Ejecutivo; y de la procuraduría estatal veracruzana.
Efectivamente la CNDH intervino, pero no ha producido informes sobre la presencia y actuación de los visitadores enviados a la comarca. No, al menos, los ha hecho públicos, por lo que habría que preguntarse si comunicó privadamente al Ejecutivo los avances de su investigación. En un caso tan delicado se comprendería que lo hiciera, pero sería útil saber si lo hizo.La oficina del ombudsman nacional solicitó exhumar el cadáver para la práctica de una segunda autopsia.
En términos ambiguos y escandalosos, Calderón informa que "lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida". ¿A cuál necropsia se refirió quien horas después sería el anfitrión de Bush? ¿A la primera, declarada insuficiente por lo cual se dispuso la práctica de una segunda? ¿A ésa, realizada 48 horas antes de que hablara de ella el Ejecutivo federal? Y, ¿de cuál de ellas obtuvo la información que le permite afirmar rotundamente que "no hay rastros de que haya sido violada"?Los hay, para información del Presidente, en abundancia.
Y también de la golpiza que le provocó fracturas. Y de la brutalidad con que la ultrajaron. Quizá la negligencia médica que ahora se investiga respecto de quienes presuntamente la desatendieron en el hospital de Río Blanco contribuyó a su muerte. Pero las causas fueron otras. Y desde luego no la gastritis crónica no atendida.Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de justicia de Veracruz, encargado de la zona centro informó: "El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo".
El funcionario, igualmente "confirma que la violación fue por la vía anal y por la vía vaginal". Y explica: "Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal, lo mismo que en la vía vaginal...". Agregó que la muerte fue causada "por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal". Y, en fin, a la pregunta de si han llamado a declarar a militares, el subprocurador Mina Rodríguez aceptó, el viernes 9: "Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias" (Proceso, 11 de marzo).Efectivamente están haciéndolo. Y han emitido boletines al respecto, que su comandante supremo desconoce.
De lo contrario, sabría que en su comunicado número 19 (el segundo de ese número, sustituto de otro que fue súbitamente retirado de la circulación) la Secretaría de la Defensa Nacional informó que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". La sola presencia de ese líquido muestra el ajetreo sexual a que fue brutalmente sometida la víctima. De modo que se hace urgente que la Sedena corrija a su jefe informándole que sí "hay rastros de que haya sido violada".También debe ser informado el mando supremo, para que no haga aseveraciones sin sentido, que anteayer lunes, el mismo día en que Calderón expresó sus despropósitos, el alcalde de Soledad Atzompa tuvo "información dada a conocer por el Ejército mexicano" de que un soldado ha sido detenido y dos más están arraigados, como consecuencia del avance de las investigaciones.Calderón ha sacado de sus cuarteles a las tropas, sus jefes y oficiales y no pierde ocasión de congraciarse con ellos, amén de aumentar sus haberes en montos 10 veces mayores al incremento de los salarios generales. ¿Pretende también encubrirlos?

Autoridades militares controlan informes, pese a mostrar interés por cooperar, dice

Demanda AI investigación imparcial en caso de anciana asesinada en Veracruz

EMIR OLIVARES , ANDRES T. MORALES REPORTERO , CORRESPONSAL

Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron por separado que la investigación sobre el caso de la anciana Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció el pasado 26 de febrero tras ser víctima de una violación tumultuaria cometida por supuestos efectivos del Ejército, sea remitida a la justicia civil, pues en tribunales militares los responsables podrían enfrentar un juicio parcial.

AI advirtió que pese a que las autoridades militares han mostrado interés en cooperar con las investigaciones, éstas "parecen haber mantenido el control, socavando potencialmente su imparcialidad y su independencia".
En tanto, la OMCT pidió que las indagatorias sean realizadas por la delegación regional de la Procuraduría General de la República para garantizar la imparcialidad, y que se garantice la seguridad e integridad de los familiares de la víctima.

Presumen negligencia de Ssa y PGJ
Por su lado, familiares de la indígena y el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala consideraron que la Secretaría de Salud (Ssa) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz habrían incurrido en negligencia para tratar el caso.

Explicaron que personal del Hospital Regional de Río Blanco tardó más de una hora en auxiliar a la víctima. Además, se supo que el Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, omitió asentar en el acta de defunción que la mujer de 73 años, originaria del pueblo de Tetlatzinga, fue atacada sexualmente.

En el documento oficial sobre la defunción que publicó hoy el diario local El Mundo de Orizaba, tanto el nosocomio como el Ministerio Público sólo asentaron que la anciana pereció "por traumatismo craneoencefálico, fracturas y luxación de vértebras, y una anemia aguda".

En entrevista con el rotativo, el subprocurador regional de Justicia, Miguel Mina Rodríguez, señaló que "en el medicó sólo asentó lo que consideró la causa de la muerte, no el ilícito tipificado".

"Los (médicos) legistas no pueden decir que hubo violación, ¿qué tal si ella misma se introdujo algo y se lastimó, ¿dónde está la violación?", respondió. Sin embargo, agregó que hay un dictamen médico pericial de carácter ginecológico que concluye en que hubo penetración.

"Tal vez todos ya se pusieron de acuerdo para ocultar la verdad", manifestó a La Jornada Julio Inés Ascensión, hijo mayor de la agredida, quien por no saber leer ignoró el significado del texto emitido por la autoridad.
El hombre relató que alrededor de las 7 de la noche del domingo 25 de febrero, una de sus hermanas encontró a su madre tirada entre la maleza a unos 150 metros de su vivienda y desangrándose.

"La llevamos al centro de salud de Acultzinapa (poblado ubicado cerca de Tetlatzinga) y no había doctores, sólo le dieron una pastilla para el dolor", recordó.
Con un fuerte sangrado, Ernestina fue llevada al municipio vecino de Ciudad Mendoza, donde sus familiares intentaron ingresarla a un hospital particular, pero no fue recibida por su gravedad y fue remitida al Hospital Regional de Río Blanco.

En este nosocomio -que recibió el Premio Nacional de Calidad 2005-, personal médico se rehusó a ingresar a la anciana inmediatamente con el argumento de que sus familiares no llevaban documentos de identificación.
"No querían recibir a mi mamá y nos esperamos afuera. Se quejaba de fuertes dolores en el vientre y el sangrado no paraba", explicó Inés Ascensión.

Cerca de las 20 horas, la indígena fue ingresada al área de Urgencias, donde pereció a las 6 de la madrugada del siguiente día

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/11/index.php?section=estados&article=033n1est

Arraigan a militares por caso de muerte de anciana en Veracruz

Notimex
12/03/2007 13:38

Veracruz. El alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, informó que dos militares fueron arraigados mientras que uno más fue detenido como presuntos responsables del abuso y muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario.

Señaló que el gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán dio a conocer el avance de las investigaciones de la exhumación hecha por la fiscalía, en la cual ya se tiene detenidos a militares de la zona 26 con sede en Orizaba.
“Son un soldado detenido y dos arraigados por la violación y muerte de Ascencio Rosario, información dada a conocer por las autoridades del Ejercito Mexicano”, agregó Pérez Pascuala.

Precisó que la población esperará de 20 a 30 días para que las autoridades correspondientes den por esclarecido esta muerte, de lo contrario organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica realizarán movilizaciones de protesta por este hecho.

“Una vez que se haga justicia no habrá manifestaciones, pero en caso de que estos hechos lamentables quedaran impunes, el pueblo se inconformaría, reclamaría justicia”, aseveró.

Resaltó que en otras ocasiones pobladores de otros municipios han sido víctimas de violaciones por parte de militares; sin embargo, no han tenido el valor de denunciarlos por razones como la extrema pobreza y la distancia para realizar las denuncias correspondientes.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/03/12/arraigan-a-militares-por-caso-de-muerte-de-anciana-en-veracruz

Pide el gobierno estatal a destacamentos militares salir de la sierra de Zongolica

Indaga la CNDH violación de anciana en Veracruz

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Orizaba, Ver., 2 de marzo. Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con familiares y vecinos de la anciana indígena atacada sexualmente por presuntos soldados para integrar un expediente y emitir una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los pobladores de la comunidad de Tetlazingo, municipio de Soledad Atzompa, aprovecharon la visita de cuatro representantes del organismo para denunciar atropellos por parte de militares.

El lunes, la indígena identificada con las siglas EAR, de 73 años, falleció debido a lesiones provocadas por abuso sexual.

Los cinco hijos, nietos, así como sobrinos y vecinos de la mujer ofrecieron detalles sobre el hallazgo de la víctima y la versión de ésta sobre lo sucedido.

René Huerta, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), dijo que, además de la misiva enviada al presidente Felipe Calderón para exigir el retiro de los destacamentos militares y el esclarecimiento del crimen, mandaron cartas a la Procuraduría General de la República, a los congresos de la Unión y del estado, la Sedena y la CNDH.

''La que respondió inmediatamente fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los visitadores se entrevistaron con personal de las agencias ministeriales, que integraron el expediente, y con médicos del hospital donde falleció nuestra hermana mayor'', indicó.

El líder de la CROISZ señaló que organizaciones de Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico y Canadá han enviado correos electrónicos en los que piden al presidente Calderón que ordene investigar a las fuerzas armadas.
En el puerto de Veracruz, el gobernador Fidel Herrera Beltrán aseguró que no habrá impunidad y que se reunió con mandos de la Sedena, quienes le prometieron una investigación a fondo.

Herrera agregó que se pidió a los destacamentos militares salir de los poblados indígenas de la sierra de Zongolica.
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CARTEAN A CALDERÓN POR VIOLACIÓN Y MUERTE EN ATZOMPA

CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE CALDERÓN SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN SOLEDAD ATZOMPA DONDE MIEMBROS DEL EJÉRCITO VIOLARON Y MATARON A UNA ANCIANA


C. LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉXICO, D. F.
Presente.

1. Sr. Presidente, con tristeza en nuestro corazón le informamos -por si no está informado- que el pasado domingo 25 de febrero, en la comunidad de Tetlatzinga que pertenece a nuestro municipio de Soledad Atzompa, Ver., siendo las 14 horas aproximadamente, elementos del ejército violaron tumultuariamente y causaron la muerte de nuestra hermana mayor (de 72 años de edad) de nombre Ernestina Ascensión Rosario.

2. Nuestro Pueblo nahua siempre ha señalado que el ejército bajo su mando no se manda solo. Usted mismo tampoco se manda solo. Las funciones del ejército están reguladas por la Constitución Federal que es la Ley Fundamental de la Nación que debiera expresar la Soberanía Popular. Usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y si no -dijo usted- que el Pueblo se lo demande.Precisamente para eso nos dirigimos a usted. Con respeto a su investidura le queremos cuestionar el no cumplimiento del principio jurídico y político fundamental de la Constitución que dice que la soberanía popular se instituye para servir al pueblo, o sea, que las instituciones están al servicio del Pueblo.En nuestro caso la institución castrense hasta ahora no nos ha servido, por el contrario solo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como persona, como humanos. Por eso

DEMANDAMOS Y EMPLAZAMOS AL EJÉRCITO PARA QUE DE INMEDIATO SALGA DE NUESTRO TERRITORIO Y NO VUELVAN JAMAS, Y A USTED, CON IGUAL RESPETO, LE DEMANDAMOS QUE HAGA JUSTICIA A NUESTRO PUEBLO PARA QUE ÉSTE INEXPLICABLE CRIMEN NO QUEDE IMPUNE NI SE REPITAN LOS ABUSOS Y ARBITRARIEDADES DEL EJÉRCITO QUE YA HEMOS DENUNCIADO.

3. El pasado 2 de febrero presentamos en el Cuartel Militar de Orizaba, Ver., un escrito de protesta en contra de las arbitrariedades cometidas por efectivos militares durante su campaña realizada el último fin de semana de enero de este mismo año. En ese escrito demandamos una respuesta que explique el mal comportamiento de los soldados.

A 25 DÍAS DE PRESENTADO EL ESCRITO FUNDAMENTADO EN EL CONSTITUCIONAL DERECHO DE PETICIÓN NO HEMOS TENIDO NINGUNA RESPUESTA.

4. ¿Puede tener alguna justificación la violación tumultuaria y muerte de nuestra hermana a manos de unos soldados? En voz propia de un alto mando castrense presente en la concentración que hicimos en la comunidad de Tetlatzinga, y a pregunta expresa de nuestras autoridades comunitarias, nunca dijo qué es lo que busca el ejército con su presencia en nuestro municipio, lo que si dijo es que no buscan mariguana, narcos ni armas. Solo obedecían órdenes de la SEDENA

¿Entonces qué buscan con sus rondines y cateos diarios pues su estancia en el municipio es por periodos semanales?Reconocemos que el C. Gobernador del Estado de Veracruz tuvo la sensibilidad para apoyar con rapidez los gastos funerarios y otro apoyo económico para los familiares. Ante miles de nuestros hermanos se comprometió a esclarecer el asesinato de nuestra hermana difunta e instruyó al Procurador de Justicia del Estado que se hicieran todas las indagatorias necesarias para esclarecer el crimen. Por eso, en su momento demandaremos al Gobierno del Estado la transparencia, imparcialidad y prontitud en la investigación.

5. El subsecretario de Seguridad Pública declaró que incrementarán su presencia policíaca en la zona. No estamos de acuerdo ni la aceptaremos pues con ellos ya hemos tenido semejantes dificultades que han llegado al enfrentamiento.Le recordamos al Subsecretario que de nosotros surgió el 6 de agosto del 2005 la iniciativa de firmar un convenio de colaboración entre esa institución y las autoridades municipales, comunitarias y las organizaciones sociales de nuestro municipio para mejorar la seguridad comunitaria o pública municipal. Dijo estar de acuerdo con nuestras ideas y puso de fecha para su firma el 8 de octubre del año 2005 y hasta la fecha no lo ha cumplido.Su propuesta además es impertinente e inaceptable.

6. Le queremos aclarar que nuestro Pueblo y sus autoridades municipales y comunitarias nunca nos hemos opuesto a las tareas del ejército, solo hemos reparado cuando nos han cometido evidentes abusos y arbitrariedades. Reiteramos que en nuestro municipio no existe delincuencia organizada pero ahora nos queda claro que no solo debemos cuidarnos de los delincuentes que vienen de fuera sino también de la policía y el ejército.

7. Es usted la más alta autoridad ya instituida del Gobierno y por eso le demandamos proteja y haga justicia a nuestro Pueblo. Si las instituciones del poder ejecutivo y del poder judicial no responden a nuestra demanda de justicia nuestro Pueblo nahua recurrirá a la legítima autodefensa.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. Javier Pérez Pascuaza,
Presidente Municipal Constitucional;

C. Samuel Crisóstomo Domínguez,
Síndico Único;

C. José Marcial Margarito,
Regidor Único.Tetlatzinga, Soledad Atzompa, Ver.,

27 de febrero del año 2007.

Firman también el escrito las autoridades comunitarias de

Porvenir, San Juan de los Lagos; Teotlalco; Tetlatzinga; Tlaltzala; Xiquila; Lindavista; Villa Nueva; Acultzinapa; Ahuacuitlapa; Atzompa; Huitzila; Mexcala; Tepaxapa; Atempa; Acuapa; Atexcalco; Barrio Nuevo; Las Porfiadas; Exoquila; Tlalpan; Monterrey; Lomas de San Andrés; Xonotla; Tepexpan; Las Porfiadas; Tetla; Exoquila; Tlalpan; Monterrey; Lomas de San Andrés; Tetla; Xonotla; Tepexpan; Buena Vista; Benito Juárez; Valle de Tlatilpa; Vicente Guerrero; Valle de Tlatilpa; Vicente Guerrero; Ahuatempa; TlatilpaZacatepec; Tepecuitlapa; Ahuatempa.


http://tribunadiario.blogia.com/2007/030501-cartean-a-calderon-por-violacion-y-muerte-en-atzompa.php