27/02/2010

Presuntos paramilitares quemaron la camioneta en que viajaban

Denuncian levantón de dos luchadores sociales en Santa María Ostula, Michoacán

Ernesto Martínez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 23

Morelia, Mich., 26 de febrero. Integrantes de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales del Pueblo Nahua de Santa María Ostula denunciaron que desconocidos levantaron al regidor del municipio de Aquila, Javier Robles Martínez, y al profesor Gerardo Vera Orcino, quienes se han distinguido por su lucha social, como la recuperación de tierras del paraje Xayakalan.

Estos luchadores sociales fueron raptados el martes 23 de febrero por presuntos paramilitares y lo único que se ha localizado es la camioneta incendiada en la que viajaban. Tememos por su vida e integridad física, dijeron.

Ambos comuneros participaban activamente en la lucha de la comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía.

Aseguraron que desde el 18 de agosto ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido asesinados sin que nadie realice las pesquisas y finque responsabilidades, “mientras los medios locales ocultan la existencia de poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión hacia nuestro movimiento”.

Por ello, dijeron, exigen la presencia del gobernador Leonel Godoy Rangel, y del procurador de Justicia del estado, Jesús Montejano, en este municipio que se ubica a menos de 30 kilómetros de Colima, para que aclaren los crímenes en la región y contra nuestra comunidad y resuelvan nuestras exigencias.

Exigen la presentación con vida de los comuneros Martínez Robles y Vera Orcino; el esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; también la investigación de los asesinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la costa.

Pidieron respeto a la posesión sobre las tierras que recuperaron el 29 de junio en La Placita, mejor conocido como Xayakalan; la creación de mecanismos que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras y el reconocimiento de ese nuevo asentamiento humano.

Demandan un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques de sicarios o paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita y el otorgamiento de garantías de los gobiernos federal y del estado para el funcionamiento de las policías comunitarias en todo el territorio nahua de la costa michoacana.


Exige protección del gobierno federal para Margarita Guadalupe Martínez y su familia

Secuestran y amenazan de muerte a activista de Chiapas, denuncia el Centro Frayba

El ataque, luego de que presentó una denuncia por allanamiento de su domicilio, en Comitán

Hermann Belllinghausen
Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 13

Este jueves, la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez fue secuestrada por desconocidos, golpeada y amenazada de muerte en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria.

Según su testimonio al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), en el trayecto fue privada de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo en marcha.

Dentro del vehículo, la activista escuchó voces; una de las cuales era de la persona que la sujetaba, quien la golpeó en el rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos, excoriaciones en los labios, inflamaciones en frente, labios y cuello, prosigue la denuncia. “También le infligieron tortura sicológica mediante punzadas en los costados con un objeto que podría ser un arma punzocortante o de fuego. Le pasaban en las manos un objeto frío y le decían: ‘ya no vas a poder trabajar’, e insistían en que se desistiera de la denuncia penal que en meses anteriores interpuso contra funcionarios del gobierno de Chiapas”.

De acuerdo con el Centro Frayba, al emitir una acción urgente para exigir respeto a la seguridad de Margarita Martínez, “mientras la golpeaban, la amenazaban de muerte para que se desistiera de la averiguación previa número 00004/FEPONGD DH-M1/2009, iniciada el 23 de noviembre por abuso de autoridad, allanamiento, tortura sicológica y amenazas con la agravante de muerte, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos de Chiapas.

Los agresores le dijeron que se trataba de un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez Aguilar. Después la bajaron del vehículo en una calle muy cercana a su domicilio.

La denuncia subraya la situación de inminente riesgo a la integridad, seguridad personal y la vida de la defensora, así como la de su esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, su familia y los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, organismo civil donde laboran en la ciudad de Comitán. En meses recientes han sufrido allanamientos, amenazas y agresiones por presuntos agentes policiacos.

El ataque a la activista –detalla el Centro Frayba– ocurrió 34 horas antes de la diligencia de reconstrucción de hechos por el allanamiento de su domicilio, a realizarse a las 3:30 de la madrugada de hoy, en Comitán, como parte de las pruebas que integran la averiguación previa. En la diligencia habrán de participar la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Especializada Ministerial, así como fiscales del Ministerio Público y peritos en criminalística.

A pesar de las denuncias y la situación de riesgo de esta familia, el gobierno mexicano no ha realizado investigación ni ha aplicado medidas eficaces y prontas para la detención de los agresores, permitiendo que continúe el hostigamiento contra la defensora y su familia, con lo que incumple la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluye el Centro Frayba.

Por su parte, la Voz del Amate, organización de presos de la otra campaña en el penal número 5 de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, denunció la represión y el traslado injustificado del reo Enrique Gómez Hernández a la cárcel de Copainalá (con reputación de ser la peor del estado), quien se habría negado a pagar los derechos de piso que cobra la mafia de presos del penal. Según la Voz del Amate, el castigo a Gómez Hernández, artesano que vende el producto de sus trabajos honestos, es por negarse a la corrupción, permitida y protegida por las autoridades.


26/02/2010

Luego de que viudas de mineros presentaron demanda ante la CIDH

Buscará PRD reabrir averiguación previa por tragedia de Pasta de Conchos

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 26 feb 10 (CIMAC).- A cuatro años de la explosión ocurrida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde perdieron la vida de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados buscará reabrir la averiguación previa, y que se realicen las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad sobre el accidente.

En la sesión de este jueves en San Lázaro, el diputado perredista Ramón Jiménez López presentó un punto de acuerdo que propone exhortar al Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH), “por las deficiencias en que incurrió la dependencia durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina”.

En la iniciativa turnada a la Comisión de Derechos Humanos, el diputado indicó que la CNDH estableció en su recomendación, que el Ministerio Público de la federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia.

Además de que determina que era necesario que ingenieros en minería realizaran un peritaje de la mina 8, que incluyera las condiciones de operación y seguridad al momento, y antes del siniestro.

El legislador subrayó la necesidad de realizar un peritaje de química, a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, “para lo cual se debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina, ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR”.

Lo anterior se da en el marco de una demanda presentada esta semana en una corte federal de Estados Unidos contra Grupo México y sus compañías asociadas en la que se les acusa de daños y perjuicios.

Las viudas y familiares de los mineros fallecidos hace cuatro años en la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, informaron que la demanda fue presentada por la Unión de Trabajadores del Acero en una corte de distrito de Phoenix. Fue presentada en Estados Unidos, por considerar que en México no existe el lugar apropiado para llevar el caso.

De igual manera, el 16 de febrero ante la falta de justicia que durante cuatro años han buscado, sin que hasta el momento se hayan fincado responsabilidades entre los funcionarios culpables de la tragedia, 253 familiares directos de 28 de los 63 mineros, cuyos restos siguen bajos los escombros, entregaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con esta petición al máximo tribunal en impartición de justicia de la región, las y los deudos buscan que la CIDH recomiende al Estado mexicano que se recuperen los restos de los carboneros, esclarezca los hechos, sancione a los responsables, repare el daño cometido por las instituciones gubernamentales y garantice que la tragedia de Pasta de Conchos no se repetirá.

El Frayba llama a autoridades a resguardad su integridad

Hostigan a defensora de derechos humanos chiapaneca

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis 26 feb 10 (CIMAC).- A 10 días de que se conmemore el día internacional de la mujer, la defensora de derechos humanos de Chiapas, Margarita Martínez Martínez, fue privada de la libertad y golpeada severamente, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casas, quien da seguimiento al caso.

Ayer, a las 13:30 horas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita se dirigía a recoger a su hijo menor quien salía de la escuela primaria. En el trayecto fue privada arbitrariamente de su libertad por personas no identificadas quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores quienes inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo que siguió en marcha.

Dentro del vehículo, informó el Frayba, Margarita fue golpeada y torturada psicológicamente para que se desistiera de la denuncia penal que meses anteriores, interpuso en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.

De acuerdo con la información proporcionada por este centro de derechos humanos, el 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policiacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.

Razón por la cual, se inició la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Los hechos, dice el Frayba, se dieron 34 horas previas a la diligencia de desahogo de la pericial de reconstrucción de hechos, la cual se realizará mañana 27 de febrero.

LOS HECHOS

El calvario para Margarita y su familia inició desde el día 8 de noviembre de 2009 cuando aproximadamente a las 3:30 horas alrededor de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo, en su casa.

Los efectivos policiales entraron con “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación con sede en Comitán.

El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja de papel advirtiéndoles que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”.

El 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.

El 25 de diciembre, en las primeras horas de la madrugada después de pasar fuera de su casa los festejos de noche buena, Adolfo y Margarita recibieron una llamada al teléfono fijo y, al contestar, Margarita escuchó una voz que decía: “feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.

Finalmente la última advertencia la recibieron el pasado 6 de enero cuando al llegar a su casa, en la puerta encontraron una nota escrita con tinta roja que decía “muerte, muerte, muerte”.

Adolfo Guzmán Ordaz, esposo de Margarita, es integrante de la Asociación Civil Enlace, Comunicación y Capacitación. Realiza actividades de promoción de un tianguis regional campesino desde hace aproximadamente dos años en Comitán. Los tianguis se iniciaron en esa Ciudad en el Salón de Convenciones, ya que Enlace solicitó ante la presidencia municipal que se pudiera facilitar una vez al mes, dicho local para realizar el día de Tianguis.

El Frayba enfatizó que a pesar de las denuncias y la situación de riesgo a la integridad personal de Adolfo y su familia, el Gobierno mexicano no ha realizado una investigación y medidas eficaces y prontas para que haya concluido con la detención de los agresores, permitiendo así que se continúe con un mayor hostigamiento en contra de la defensora y su familia incumpliendo La Declaración de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En los últimos meses han sido asesinados activistas sociales y defensores de derechos humanos en diversas partes del país en los estados de Guerrero y Oaxaca. Asimismo se ha evidenciado cada vez más el vínculo que hay entre las organizaciones criminales y los elementos policiales en México y particularmente de las fronteras, también es del conocimiento público que en México una de las prácticas criminales cometidas por la delincuencia organizada es el secuestro, donde en la mayoría de los casos las personas que son secuestradas (como lo que sucedió a Margarita Martínez) son ejecutadas.

Por ello el Centro de Derechos Humanos Frayba, hizo un llamado urgente al Estado Mexicano para garantizar la seguridad de ambos defensores y su familia, debido a que se encuentran en un peligro evidente que puede terminar con su vida.

Quien junto con Alberta Alcántara son acusadas del “secuestro” de Afis

Asumen defensa integral Prodh, Fray Jacobo Daciano

Apelan defensores de DH sentencia contra Alberta y Teresa

Por la Redacción

México, 25 feb 10 (CIMAC).- Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio presentaron ayer miércoles su apelación formal a la sentencia de 21 años de prisión, impuesta en su contra el pasado 19 de febrero, por el supuesto “secuestro” de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006.

En un comunicado de prensa, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fray Jacobo Daciano dieron a conocer hoy que asumen la defensa integral de ambas mujeres y que la apelación será resuelta en los próximos meses por el magistrado del tribunal unitario del vigésimo segundo circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, quien ya tuvo conocimiento del caso

A las acciones de defensa de las mujeres hñahñús por parte de los centros de derechos humanos, se suma la campaña emprendida por Amnistía Internacional (AI) desde el pasado 12 de febrero, cuando las nombró “presas de conciencia”, en busca de su inmediata liberación.

Los activistas añaden que la sentencia dictada por el juez Pedraza Longi contra Alberta y Teresa, confirma la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano. Un sistema profundamente discriminatorio y usado facciosamente para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden legítima y dignamente sus derechos.

Es preocupante que en México las autoridades desconozcan el principio de presunción de inocencia. El juez Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), argumentó nuevamente que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”. Es decir, decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia y esas afirmaciones están fuera de lugar en un Estado democrático de derecho, sostienen.

Resulta también grave que se haya ordenado la reposición del procedimiento a causa de las “contradicciones sustanciales” en que incurrieron los agentes Afis y que éstas hayan persistido durante los careos procesales, dejando en claro incluso nuevos puntos de contradicción, que en su momento fueron señalados, y que no fueron tomados en cuenta por el juez que emitió la sentencia.

Los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano subrayan que continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos en agravio de Alberta y Teresa, “cuya defensa integral asumimos a partir de hoy con la apelación ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, el cual deberá revocar la sentencia condenatoria y dictar la absoluta e inmediata liberación de ambas mujeres”, concluye el comunicado.

¿Cómo va a crecer mi hija aquí en la cárcel?: Teresa González

or Paulina Rivas Ayala

México, DF, 25 feb 10 (CIMAC).- “Cuando me dieron la noticia de la nueva sentencia de 21 años de cárcel, me quedé bloqueada, lo único que pasó por mi mente fue mi hija, ¿Cómo va a crecer aquí?”. De cumplir con su nueva condena Teresa González Cornelio, se tendría que separar de su hija Jazmín, actualmente de un año de edad, cuando ella cumpla 5, es decir, cuando Teresa cumpla 30.

Teresa atraviesa el pasillo del Centro de Readaptación Social de (Cereso) San José el Alto, Querétaro, en donde se encuentra recluida desde hace más de tres años, va camino al jardín de visitas. Viste el uniforme reglamentario color café claro. Lleva a su hija Jazmín en un brazo y con el otro empuja una carreola.

Sus ojos verdes están hinchados. Lloró toda la noche después de que el sábado 20 de febrero a las tres de la madrugada ella y su cuñada Alberta Alcántara recibieron la noticia de su nueva condena: 21 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad contra seis elementos de la desaparecida agencia federal de investigación.

Es domingo pero no esperaba visitas, pues su familia ya no tiene dinero para viajar desde Santiago Mexquititlán hasta el penal los fines de semana. Además de que para entrar a visitarlas tienen que dejar su identidad indígena afuera, porque no los dejan entrar con sus trajes otomíes.

Los domingos y los jueves, la visita empieza a las 9 de la mañana y los visitantes de las internas deben pasar por lo menos siete rejas. En algún momento se deben desnudar para que las custodias revisen las costuras de la ropa con el fin de detectar alguna arma, pastillas o drogas.

No se puede pasar con más de 200 pesos, pero si alguien lleva más dinero, puede encargarlo, mediante una cantidad, en el único puesto que hay afuera del Cereso que funciona como paquetería. En ese puesto, venden fruta con limón y chile, así como ropa clara usada, por si alguien no lleva ese requisito para entrar.

Teresa es de baja de estatura y morena, tiene el cabello oscuro y húmedo, que le cae por debajo de los hombros y lleva zapatos negros de piso. En la primera oportunidad dice que su cuñada Alberta llegará en cualquier momento. ”Otra vez 21 años, Alberta y yo pensábamos que ahora sí salíamos”, dice mientras pasa sus dedos por entre el cabello e inclina la cabeza.

Son casi las once de la mañana, pero el aire es frío y el sol aún no está en lo alto. El jardín de visitas del Cereso es amplio y solo está protegido por unas bardas con alambre de púas.

Aunque Jazmín está seria, quizá por el estado de ánimo de su madre, juega con su león de peluche y lo azota en el pasto mientras llega su tía, Alberta Alcántara Juan.

Estaba durmiendo en la celda. “Estaba muy cansada”, dice Alberta. Dentro de la cárcel, las internas maquilan pantalones o bordan punto de cruz de 9 de la mañana a casi ocho o nueve de la noche, “depende de cómo este el trabajo”, explica.

Las que somos mamás no trabajamos tanto, aclara Teresa, porque tenemos que estar al pendiente de los niños porque “si les pasa algo, van contra nosotras”. “Lo malo del trabajo de las mamás es que a veces se tardan en pagarnos nuestros 300 ó 500 pesos”.

Alberta es un poco más alta que Teresa, usa lentes y tiene los ojos oscuros. Al igual que su cuñada, perdió su libertad el tres de agosto de 2006 luego de que cinco meses antes, - el 26 de marzo- en el tianguis de Santiago Mexquititlán se manifestaron por el abuso de autoridad en contra de seis agentes federales que pretendían robar la mercancía de su hermano Gabriel, esposo de Teresa.

“Cuando me agarraron tenía 22 años y estaba risa y risa con Jacinta porque no lo podíamos creer, yo creo era de nervios, pero cuando nos dijeron la sentencia, hasta la risa se nos quitó y ahora que ya llevamos tanto tiempo aquí ya no sé si podemos volver a reírnos”, explica Teresa.

Cuando llegué aquí a la cárcel no quería comer, me la pasaba acostada durmiendo “ya no quería vivir, hasta que me embaracé de mi hija”.

Alberta es más reservada, parece que no le gusta recordar los hechos ocurridos en el tianguis de Santiago Mexquititlán cuando los agentes federales llegaron armados a abusar de su poder.

Antes de entrar al Cereso, Alberta trabajaba en una fábrica de ropa en Amealco de Bonfil. “Me agarraron una tarde que regresaba de allá, no me la creía porque nunca hubo secuestro, sólo les pedimos que se identificaran y luego todos los del tianguis los rodeamos para que no se llevaran las mercancías".

"A mi me dio miedo" dice Teresa, lo bueno que no nos agarraron ese día porque yo traía un sobre con un dinero que debíamos Gabriel y yo, “lo hubiera dejado más endeudado de lo que está ahora”.

La visita termina a las tres de la tarde, pero si sus familiares no van a verlas no pueden salir al jardín a donde ellas sólo pueden estar los días de visita. “A veces nos traen comida pero la tienen que revisar y no la comemos toda manoseada por las custodias”, dice Alberta.

Si sus visitas no llevan algo de comer pueden acudir al comedor del Cereso a las dos y media, “comemos puros frijoles” dice Teresa, y parece que aunque sea por un rato se le olvidó su situación porque ríe y continúa: “no es cierto, también comemos carne”. La comida no es mala pero y “a veces aunque no nos guste, no hay otra cosa”.

“La mayoría de las que estamos aquí somos inocentes” pero dentro de todo “no la pasamos mal, nos llevamos bien con las compañeras, lo único que pasa es que estamos encerradas”.

Ya quiero salir, dice Teresa, volver a hacer mis muñequitas, no me importa que no me paguen nada de reparación de daño, quiero olvidarme de esto, quiero regresar a cuidar mis animales y llevar a mi hija a la escuela cuando crezca”.

Alberta y Teresa apelan contra injusta sentencia de 21 años de prisión


Alberta y Teresa apelan contra injusta sentencia de 21 años de prisión

• Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano asumen la defensa integral de ambas mujeres.

• La apelación será resuelta en los próximos meses por el magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, quien ya tuvo conocimiento del caso.

El día de ayer, miércoles 24 de febrero, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio han presentado formalmente su apelación contra la sentencia dictada por el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien el pasado 19 de febrero les impuso una pena de 21 años de prisión por un delito inexistente: la supuesta privación ilegal de la libertad de seis agentes federales de investigación durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.

Las mujeres hñahñús han designado para asumir su defensa integral a los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano. A las acciones legales, que serán realizadas exclusivamente por estos centros, se suma la campaña emprendida por Amnistía Internacional para exigir su liberación desde el 12 de febrero de 2010, cuando dicho organismo internacional las nombró "presas de conciencia".

La apelación será resuelta en los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito en el estado de Querétaro. El titular de este tribunal, Hanz Eduardo López Muñoz, conoce ampliamente el caso, pues en septiembre de 2006 confirmó el auto de formal prisión dictado en contra de Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Marcial, y el 7 de abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres, revocando la sentencia condenatoria que el juez cuarto de distrito reafirmara en días pasados en contra de Alberta y Teresa.

La injusta sentencia dictada por el juez Pedraza Longi confirma que la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas frente al sistema de justicia no es un hecho aislado sino una práctica constante en México. Este sistema es profundamente discriminatorio y es usado facciosamente para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden legítima y dignamente sus derechos.

Los hechos que han conducido a esta situación injusta e ignominiosa fueron originados por elementos de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, quienes de manera prepotente e irregular pretendieron decomisar la mercancía vendida por comerciantes en el tianguis de Santiago Mexquititlán. Los comerciantes, con toda razón, se opusieron al despojo; algunos exigieron a los agentes que se identificaran. Calificar como secuestro el descontento de los comerciantes y la exigencia de sus derechos ante un acto prepotente de la autoridad resulta aberrante. En Santiago Mexquititlán no se realizó ningún secuestro. La sentencia es por lo tanto absurda.

Es preocupante que en México las autoridades desconozcan el principio de presunción de inocencia. El juez Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas por la Procuraduría General de la República, argumentó nuevamente que "Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra", es decir, decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia. Sus afirmaciones están fuera de lugar en un Estado democrático de derecho.

Resulta también grave que se haya ordenado la reposición del procedimiento a causa de las "contradicciones sustanciales" en que incurrieron los agentes federales y que éstas hayan persistido durante los careos procesales, brotando incluso nuevos puntos de contradicción que en su momento fueron señalados y que no fueron tomados en cuenta por el juez que emitió la sentencia.

Los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, cuya defensa integral asumimos a partir de hoy con la apelación ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, el cual deberá revocar la sentencia condenatoria y dictar la absoluta e inmediata liberación de ambas mujeres.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/




24/02/2010

Los estudiantes mexicanos, víctimas, no victimarios

Critica el papel que ha jugado Estados Unidos en la OEA

Rechaza la solicitud de extradición que presentó la fiscalía ecuatoriana contra Lucía Morett. Ofrece a familiares de los mexicanos asesinados en el campamento de las FARC entregarles la información que requieran para que inicien un proceso judicial ante las instancias internacionales

Georgina Saldierna
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 7

Riviera Maya, QR, 23 de febrero. El presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, manifestó su desacuerdo con la solicitud de extradición que presentó la fiscalía de su país contra la estudiante mexicana Lucía Morett Álvarez, porque no es una victimaria, sino víctima de una agresión.

El jefe de Estado se refirió al bombardeo que el ejército colombiano perpetró contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en el territorio ecuatoriano de Sucumbíos, donde murieron los jóvenes mexicanos Juan González, Fernando Franco, Verónica Velásquez y Soren Avilés; y Lucía Morett resultó herida. Puntualizó que el Ejecutivo ecuatoriano no inició el proceso de extradición, sino la fiscalía, que es un ente autónomo.

Marcha sin retorno

El jefe de Estado de Ecuador justificó la creación de una nueva entidad que agrupará a los países de América Latina y el Caribe, dado que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido utilizada como instrumento de la política exterior de Estados Unidos y no como real instancia para resolver los problemas y diferendos de manera justa y equitativa.

Entrevistado después que se reunió con Álvaro González, Rita del Castillo, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, padres de Juan González y Lucía Morett, respectivamente, así como con Rafael Avilés, hermano de Soren (quienes pidieron, sin éxito, que Ecuador se desista del pedido de extradición de la universitaria sobreviviente al bombardeo), Correa Delgado lamentó las descalificaciones que han sufrido los jóvenes mexicanos:

Si hubieran sido cinco periodistas los que murieron, qué escándalo se habría registrado; pero como eran cinco estudiantes mexicanos, universitarios, sencillos, de los cuales cuatro murieron y una sobrevivió de milagro, entonces sí, son guerrilleros y merecen lo que les pasó. Nadie lo merece. Ellos fueron víctimas de un terrible ataque. No son victimarios ni culpables de muerte, sufrieron una agresión, enfatizó.

El mandatario ratificó lo que horas antes dieron a conocer los familiares de los estudiantes, durante una manifestación en el hotel donde se ubicó la sala de prensa: que les dará la información que requieran para iniciar un procedimiento judicial ante instancias internacionales por los hechos de Sucumbíos ocurridos el 1º de marzo de 2008.

Correa Delgado fue entrevistado en el hotel sede de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Vestido con guayabera blanca y pantalón azul marino, permaneció sentado –recientemente fue operado de una rodilla y se le dificulta estar de pie. Contento por la decisión de los mandatarios asistentes al encuentro, de crear un nuevo organismo que agrupe a todos los países de la región, consideró que es un paso histórico.

Creo que es la marcha sin retorno: crear nuestras propias instancias regionales, depender de nuestras propias fuerzas, sin necesidad de ir a países un poco extraños para la región.

Precisó que hay razones históricas y reales por las cuales no se incluyó a Estados Unidos. No porque compartamos el mismo continente es que somos cercanos. Con ese criterio, que se haga una organización entre Estados Unidos y Rusia, o entre Alaska y Siberia, subrayó.

América Latina enfrenta dificultades similares a las que encontraron Bolívar y los revolucionarios que plantearon un cambio verdadero, aunque ahora los métodos son más sutiles, afirma Rafael CorreaFoto Reuters

Criticó el papel que ha jugado Estados Unidos en la OEA. Recordó que durante la guerra de Malvinas, en 1982, se echaron al traste los tratados de protección mutua ante agresiones externas, porque el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte era aliado de la Casa Blanca.

Explicó que si se analizan las decisiones de la OEA se podrá observar que se han adoptado en función de si convenía a los intereses de Estados Unidos, y no de quien tenía la razón. Destacó que hay razones históricas de peso para tratar de crear una instancia que responda más a los intereses de América Latina y el Caribe.

–¿Qué pasará con la OEA una vez que se formalice la nueva comunidad latinoamericana? –se le preguntó.

–No lo sé. Pero el objetivo no es la OEA, sino el desarrollo de nuestros pueblos y la integración. Es obvio que va perder peso. Si deja de existir, qué pena, pero no es ese el propósito, sino el desarrollo de nuestro pueblos.

–¿El nuevo organismo será antiestadunidense, como se ha manejado?

–Yo no soy antinada. Soy pro justicia, equidad, soberanía, dignidad. Eso buscamos con la nueva comunidad.

En entrevista, el presidente de Ecuador también se refirió a las dificultades que han tenido los gobiernos de izquierda para hacer realidad sus proyectos. Son las que encontraron Bolívar y los revolucionarios que plantearon un cambio verdadero; un cambio en las relaciones de poder en una región inequitativa que ha estado manejada por ciertas oligarquías y burguesías que dependían más de intereses extranjeros que nacionales, y hablaban español pero pensaban en inglés.

–¿Pero son las mismas?

–Diría que las dificultades son mayores, porque los métodos son más sutiles. Antes había invasiones, botas, bombardeos; ahora hay medios de comunicación dizque independientes, think tanks, fundaciones, financiados por la extrema derecha para calumniar e inventar. Hay financiamiento a grupos internos.

A diferencia de la revolución cubana, ya que toda esa oligarquía viajó a Miami, nosotros tenemos a Miami adentro de nuestros países permanentemente conspirando, tratando de desestabilizar. Los obstáculos son más duros que en el pasado. Pero gracias al apoyo de nuestros pueblos siguen victoriosos los procesos de cambio en América Latina.

–¿Cómo es la relación con el presidente Barack Obama?

–Tenemos una relación de respeto. Veíamos a Obama con mucha esperanza, pero después de un año los resultados son desilusionantes, por no decir decepcionantes. No ha cambiado gran cosa la política exterior de Estados Unidos. Tiene buena intención, es una buena persona, pero el aparato de la política estaunidense rebasa con mucho los deseos de una sola persona, y la inercia de ocho años de gobierno de (George) Bush continúa.

Nuestra relación es de respeto y consideración a la persona de Obama, pero se están perdiendo las ilusiones de un cambio real en la política exterior de Estados Unidos.

La mayoría de quejas, contra el gobierno federal, señala Bucio

Conapred: hay en México una cultura
profundamente discriminatoria

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 43

Tras subrayar que en México existe una cultura profundamente discriminatoria, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, destacó que el mayor número de quejas se presenta contra el gobierno federal, por causas como origen étnico, edad, género, discapacidad, condición económica, salud, embarazo, pérdida de empleo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, apariencia y otras causas de una gran lista.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió que en el gobierno federal sí tenemos diferencias de opinión, pero aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son en sí mismas discriminatorias; lo que puede serlo es la legislación. La Corte hará la defensa correspondiente en términos del artículo primero de la Constitución.

De las diversas quejas y reclamaciones que recibe el Conapred, refirió que en 2009 se registraron 583, de las cuales, 55 por ciento fueron contra el gobierno federal y el resto contra particulares; en 2008, 65 por ciento contra el gobierno federal y las demás hacia particulares. En lo que va de este año se han presentado 79 quejas y reclamaciones.

Tenemos una cultura profundamente discriminatoria, por ello existe tanta variedad en el tipo de quejas, aun cuando persiste gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el tipo de afectación que vive. Por ello, también se presentan muy pocos reclamos contra particulares.

Señaló que ese tipo de cultura se encuentra muy arraigada y prácticamente se considera normal la actitud de quien discrimina. En su opinión, es necesario elevar las sanciones a quienes incurren en dicha práctica.

En conferencia de prensa, donde presentó los objetivos generales de su gestión –2010 a 2012–, Bucio destacó que los jóvenes, indígenas, adultos mayores y discapacitados pertenecen a los sectores que resienten mayor discriminación en México.

Dijo que, por ejemplo, los jóvenes son discriminados de los servicios de salud, del ingreso a ciertos antros, mientras los discapacitados no pueden entrar con perros al sistema de transporte o a otros sitios, y se aísla a los sordomudos.

Señaló que las denuncias que recibe el Conapred provienen de todo el país, pero el organismo no tiene competencia en los gobiernos estatales y municipales. Aunado a ello –precisó–, 18 entidades no tienen una ley contra la discriminación.

Por ello, entre las acciones prioritarias que promoverá el Conapred sobresalen: posicionar la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en la agenda pública, a escalas social, política, económica y jurídica; impulsar el proyecto de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; relacionar la discriminación con problemas sociales estructurales o coyunturales, como la exclusión, la desigualdad, la pobreza o la intolerancia, así como hacer visibles los perjuicios de la desigualdad y promover la generación de sanciones para quien discrimina, entre otros.

22/02/2010

Luego de que en Castaños, Coahuila benefician a militares

Pedirán justicia a CoIDH mujeres violadas de El Pérsico

Por Sofía Noriega/corresponsal

México, DF, 22 feb 10 (CIMAC).- Luego de conocer el fallo que en segunda instancia resolvió una reducción de penas para los militares que la violaron el 11 de julio del 2006 en El Pérsico, Lupita dice que esperaba un criterio más severo de parte de los jueces.

Todavía trabaja en El Pérsico, lugar donde soldados perpetraron la artera agresión y por supuesto que no “estamos de acuerdo en que se bajen las penas, porque el juez minimizó el que nos hayan violado soldados, le dio más importancia a que fuéramos trabajadoras sexuales y que “nos hayan violado cuando estábamos trabajando”.

Comenta que Paola y ella, siguieron en El Pérsico después de los hechos de 2006 cuando fueron agredidas y atacadas sexualmente 13 bailarinas en el salón El Pérsico en Castaños, Coahuila.

Lupita de 46 años, dudó en buscar otras alternativas para subsistir, Paola hasta hace poco se fue a Monterrey, a la zona de tolerancia de aquella ciudad.

Sandra Luna, abogada defensora de las trabajadoras del Pérsico, indicó que apelarán a otras instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al considerar que no se ha aplicado todo el peso de la ley en contra de quienes incurrieron en abuso de autoridad y prepotencia para consumar la agresión sexual.

“Por mi parte, lo que puedo decir es que fuimos atacadas y abusadas por gente que traían rifles y pistolas, y que hubo un delito que tiene que castigarse, pero lo que pudo haber ayudado a los militares es que muchas compañeras tuvieron mucho miedo de llegar hasta el final por las amenazas que recibieron” dijo Paola.

LA JUSTIFICACION

Con la justificación de que en 2006 entraron en vigor las reglas del concurso para dictar sanciones en base a la acumulación de penas y no por la suma aritmética de éstas, es que los soldados que incurrieron en la violación tumultuaria de Castaños obtuvieron reducción a sus sentencias.

“Por la fecha en que se suscitaron los hechos quedaba en entredicho si se aplicaban o no las reformas, es decir, las reglas del concurso que implica no hacer una suma aritmética de la penas, tal como lo hizo el juez de primera instancia Hiradier Huerta, de ahí que las penas que andaban en más de 40 años, bajaron a menos de 20 años de prisión” dijo el magistrado y hasta el año pasado, Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Oscar Nájera Davis.

Además, una omisión en el Código Penal del Estado de Coahuila, derivó en que los soldados a quienes se acreditó el delito de violación a las trabajadoras sexuales en Castaños, Coahuila, no hubieran recibido sentencias más altas.

Nájera agregó que por el delito de violación las condenas que establece el Código Penal de Coahuila oscilan entre 7 y 14 años de cárcel según las agravantes.

La abogada Sandra Luna, asegura que las afectadas “no tienen contemplado exigir la reparación del daño y no están del todo satisfechas con la nueva resolución”. Nubia se retractó de sus acusaciones contra del subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, aunque después de haber sido absuelto, en segunda instancia se determinó que deberá pasar 18 años en prisión”.

Por su parte, el magistrado Nájera Davis criticó la actuación del juez Hiradier Huerta, al tomar la retractación de Nubia para dictar sentencia absolutoria en contra del Subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, en lugar de tomar en consideración otros elementos probatorios que apuntaban la culpabilidad del elemento con mayor jerarquía que participó en la violación.

“nosotros si tomamos en cuenta esas pruebas y de ahí que le hayamos dado 18 años de cárcel”, dijo.

MAYORES BENEFICIOS PARA VIOLADORES

Aída Guardiola abogada defensora de los militares que participaron en la violación tumultuaria en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, señala que recurrirá al amparo.

La litigante, no tiene empacho en señalar que la retractación de la querella interpuesta por dos trabajadoras Wendy y Nubia, fue parte crucial de la reducción de penas en segunda instancia.

Pero niega que haya habido amenazas contra las trabajadoras agredidas o al menos por parte de sus defendidos, a pesar de que las víctimas expresaron ante diferentes medios de comunicación estar siendo coaccionadas y amedrentadas durante el proceso.

Señala que apelará la resolución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado el cual tuvo dos votos en contra de los magistrados Antonio Berchelman Arizpe y Armìn José Valdés Torres, quienes sostienen que la pena de los soldados que participaron en la violación de 13 bailarinas deben ser todavía menores.

Guardiola esta satisfecha porque se ratificó la libertad de Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, en tanto que quedó inconforme con el castigo dictado al subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, a quien se le impusieron 18 años de prisión, cuando en primera instancia había sido absuelto.

El Juicio de garantías que pretende promover ante un Tribunal Colegiado de Distrito esta sustentado en las evidencias y pruebas “las propias declaraciones de las trabajadoras sexuales son cruciales para nuestros objetivos”, precisó la abogada.


Preparan nuevas acciones para devolverles la libertad

Retoma Prodh defensa de Alberta Alcántara y Teresa González

Por Paulina Rivas Ayala, enviada

Querétaro, Qro, 22 feb 10 (CIMAC).- Un equipo de abogadas y abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Dacian, retomarán la defensa de Alberta Alcántara Juan, y Teresa Gonzáles Cornelio.

Luego de que se anunció hoy aquí la sentencia de 21 años de prisión para las indígenas otomíes, así como una multa de 91 mil pesos, y 70 mil más para el pago de la “reparación del daño para los agentes Afis, presuntamente “secuestrados” por ellas, los abogados manifestaron que ya trabajan en las nuevas acciones para devolverles la libertad a Alberta, Teresa y su hija Jazmin.

Una vez que se conoció la nueva sentencia por el mismo juez de distrito, integrantes de la sociedad civil rechazaron la sentencia frente al palacio de gobierno.

Con pancartas en las que se leía “ser mujer, pobre o indígena no es un delito” y “ahora todos somos Alberta y Teresa”, familiares de las mujeres presas desde hace 3 años, levantaron sus voces tras unas rejas falsas.

Acompañados por integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI), el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, demandaron la libertad de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestro contra Agentes federales de Investigación en 2006.

Pedro Alcántara, padre de Alberta informó a Cimacnoticias que él y su esposa Amalia Juan, se entrevistaron hoy con el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa para solicitar su apoyo.

Para la señora, Amalia Juan, madre de Alberta y suegra de Teresa, “no es justo que sus hijas estén ahí” porque no hicieron nada y tampoco su nieta Jazmín, quien nació en el penal. “Para nosotros es difícil tenerlas presas siendo inocentes, y por falta de recursos no podemos ir a verlas muy seguido”.

Después de la manifestación, el abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez del (Prodh), el director ejecutivo de AI, Alberto Herrera Aragón y Bernardo Romero, integrante del centro Fray Jacobo Daciano precisaron en rueda de prensa que la sentencia se dictó el viernes pasado y a las tres de la madrugada del sábado se les notificó a las acusadas.

La notificación se las dio un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito, indicó Maldonado Gutiérrez quien hoy por la mañana asistió al tribunal, en donde el juez Rodolfo Pedraza Longi, condenó nuevamente a ambas mujeres a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y esta vez le agregó 70 mil pesos para reparar el daño a los AFI.

Maldonado Gutiérrez recordó que esta nueva condena obedece a la reposición del proceso penal que ordenó el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito Hans Eduardo Muñoz López en enero de 2009 después de constatar irregularidades y contradicciones de los AFI en el desahogo del primer juicio, en donde la sentencia sólo fue de 21 años y 91 mil pesos de multa.

UNA VENGANZA, LA REPOSICIÓN DEL PROCESO

Con todo y las anomalías del caso y con la posibilidad de dictar una nueva sentencia, el juez negó la “oportunidad de restituir los derechos de Alberta y Teresa y devolverles su libertad”, en cambio, la noche del 19 de febrero pasado “decidió convalidar las irregularidades existentes en la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó Maldonado Gutiérrez.

Pedraza Longi resolvió una nueva condena “que pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro”, indicó Leopoldo Maldonado.

Esto ocurrió tan sólo 12 días hábiles después de la audiencia de vista en la que las acusadas conocieron por primera vez al juez que las condenó y en donde la PGR sostuvo su postura acusatoria contra ellas.

Se duplican asesinatos de periodistas en México

La Redacción

México, D.F., 22 de febrero (apro).- El número de reporteros asesinados en México pasó de 5 a 13 en tan sólo un año, advirtió el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

Las agresiones contra informadores también se incrementaron en el país, al ascender a 140, 10.23 por ciento más que en 2008.

“Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada”, destaca el Cepet en un boletín.

En total, durante 2009 se registraron agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación, así como 13 homicidios.

Del número de homicidios contra periodistas, en uno de cada tres estuvieron involucrados policías y en uno de cada cuatro, funcionarios.

La entidad con más agresiones contra periodistas es Oaxaca, con 17 casos, seguida de Veracruz, 15 y Chihuahua, con el mismo número.

De acuerdo con el Cepet, en siete de los trece casos de periodistas asesinados se puede comprobar la relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, y en cinco, el vínculo de los homicidas con el crimen organizado.

Entre las muertes consignadas por el Cepet se encuentra la del periodista Eliseo Barrón, de la Opinión Milenio, secuestrado y asesinado en Durango; Juan Daniel Martínez, en Guerrero; Norberto Miranda, en Nuevo Casas Grandes; Bladimir Antuna García, Durango, y José Luis Romero, Sinaloa.


Pasarán 20 años en prisión acusadas de “secuestrar” a 6 AFI

“Notifican” presunta sentencia a indígenas otomíes

Por Paulina Rivas Ayala, enviada y Lourdes Godínez

Querétaro, Qro. 21 feb 10 (CIMAC).- Alberta Alcántara Juan y Teresa Gonzáles Cornelio, otomíes presas desde hace 3 años acusadas del presunto “secuestro” de 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fueron “notificadas” la madrugada del viernes pasado, de su “presunta sentencia” por 20 años de prisión.

En entrevista con Cimacnoticias en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, en Querétaro, donde se encuentran presas desde 2006, Alberta y Teresa informaron de una “supuesta” notificación recibida en su celda, el viernes a las 3 de la madrugada.

“Nos notificaron a las 3 de la madrugada del viernes, estábamos dormidas cuando recibimos la noticia, no sabemos quién era la persona que nos notificó sólo nos dijo que ya había sentencia y que era por 20 años de prisión”, refirieron ambas indígenas quienes agregaron: “parece que la justicia no existe para nosotras”.

Cabe aclarar que esta agencia de noticias intentó comunicarse con el representante legal de las otomíes, el abogado Leónides Ortíz Castillo, pero éste nunca contestó las llamadas, por lo que, de confirmarse la noticia, ésta sería la segunda ocasión en que el juez cuarto de distrito de Querétaro y quien llevó el caso, Rodolfo Pedraza Longi, condene a Alberta y a Teresa.

La primera, fue el 9 de agosto de 2006, cuando Pedraza Longi las condenó a 21 años de prisión y al pago de 91 mil pesos de multa, por el delito de secuestro.

UNA HISTORIA DE IRREGULARIDADES

Las mujeres indígenas fueron detenidas conjuntamente con Jacinta Francisco Marcial, en agosto de 2006, a cinco meses de haberse realizado un operativo, para decomisar productos “pirata” en el tianguis de Santiago Mexquititlan, en Quéretaro.

“Me agarraron cuando venía de mi trabajo en Amealco” dice Alberta, mientras Teresa platica que a ella la detuvieron en su casa.

El día del operativo (26 de marzo de 2006), según consta en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se inició la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro.

A partir del 27 de marzo de 2006 iniciaron las comparecencias ministeriales de los agentes de la AFI.

Tres semanas después, el 21 de abril, se realizaron los primeros desahogos de diligencias y se citó a rendir su declaración sobre los hechos al delegado interino de Santiago Mexquititlán.

EL 9 de mayo de 2006, durante las comparecencias ministeriales, los seis agentes hicieron “la supuesta identificación” a través de fotografías de las tres mujeres otomíes como sus “presuntas secuestradoras”.

El 30 de junio de ese año se presentó el “pliego de consignación” suscrito por el agente del MP de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, en San Juan del Río, Querétaro donde se imputó el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína) a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable.

Además, se determinó que se “había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos”, señalando como “probables responsables” a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.

En el caso de Jacinta, declarada el 18 de agosto de 2009, presa de conciencia por Amnistía Internacional -representada legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el 3 de septiembre de 2009, la PGR, decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra, por lo que ésta obtuvo su libertad la madrugada del 15 de septiembre del mismo año.

Sin embargo, la PGR aclaró que la indígena otomí obtuvo su liberación no porque se haya acreditado su inocencia sino “porque, a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados”

En cuanto a las coacusadas Alberta y Teresa, la PGR determinó que “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”.

Por ello, fueron sentenciadas por Pedraza Longi en agosto de 2006, a 21 años de prisión, hecho que fue apealado por su defensa, el abogado Leónides Ortiz, quien hasta el sábado pasado fungió como su abogado, toda vez que Alberta y Teresa, señalaron a esta agencia que no deseaban ser más representadas por Ortiz Castillo.

El caso llegó al Tribunal Unitario de Circuito en donde el magistrado Hans Eduardo López Muñoz, ordenó la reposición del proceso debido a las irregularidades que encontró en el primero.

El 25 de noviembre de 2009, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, en las que solicitó al juez Pedraza Longi una condena de 40 años de prisión para ellas.

El 3 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR y la defensa ratificaron sus posturas. A partir de esa fecha, el juez cuenta con 30 días hábiles para dictar su nueva sentencia.

“Pensábamos que esta vez sí íbamos a salir”, explica Teresa, “ya no sé cómo le vamos a hacer, nuestra familia no tiene dinero ni para venir a vernos y ahora con mi hija los gastos son mayores, aunque nosotras trabajamos aquí en la cárcel haciendo costura no nos alcanza”, dijo.

Alberta coincidió con Teresa, su cuñada, “esto es injusto, ahora sabemos que eran agentes pero ese día no se identificaron, nosotros pensábamos que eran ladrones”, agregó.

Las otomíes manifestaron que su decisión es apelar esta nueva sentencia “a ver que se puede hacer porque yo no me quiero quedar aquí y mucho menos mi hija, además es injusto porque nunca los secuestramos, explicó Alberta al tiempo que agregó que hasta el día de hoy no han tenido contacto con su abogado y el dinero para pagarle, se les acabó.

Mientras, el Prodh y AI convocaron a una conferencia de prensa y a una manifestación en la plaza de Armas de Querétaro, la mañana de este lunes, donde entregarán una carta al gobernador de la entidad, para exigir la inmediata liberación de las indígenas.

19/02/2010

En Sinaloa No Ha Sido Tocado El Crimen Organizado Por El Gobierno Federal (Manuel Clouthier)





Por violaciones del Estado Mexicano al debido proceso

Acuden a CIDH viudas de mineros de Pasta de Conchos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 18 febrero 10 (CIMAC).- Ante la falta de justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano en Pasta de Conchos, viudas y familiares de 28 de los 63 mineros fallecidos hace casi cuatro años en la mina 8, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El martes pasado, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero caído en la explosión de la mina Pasta de Conchos, suscitada el 19 de febrero de 2006, acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entregó a la CIDH el documento en el que se detallan las violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y reparación del daño, cometidas por el Estado mexicano en contra de los mineros y las familias de Pasta de Conchos.

“A cuatro años sin solución tuvimos que acudir ante la Comisión, porque de ninguno de los gobiernos panistas de Vicente Fox, y de Felipe Calderón tuvimos respuesta a nuestras peticiones”, refirió Trinidad Cantú, en conferencia de prensa.

Esta demanda de justicia fue presentada por 28 de las 63 familias de los mineros todavía sepultados en el yacimiento, ante la “ineficiencia” de las instancias nacionales. Las y los peticionarios buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares.

Además, esperan que la Comisión, máximo tribunal en la región, recomiende la realización de una investigación “seria, imparcial y eficaz” para sancionar a los responsables de la muerte de las decenas de trabajadores del carbón.

En la petición, también suscrita por las organizaciones Centro Prodh, el Centro de Reflección y Acción Laboral (Cereal), y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, se solicita a la CIDH que solicite al Estado mexicano el rescate de los 63 restos de los mineros, demanda constante de las familias, desde el día de la tragedia.

Representantes de las asociaciones antes mencionadas, señalaron en la conferencia de prensa que el siniestro en Pasta de Conchos no es un hecho aislado, por el contrario, es resultado de una política laboral que subestima la vida de las y los trabajadores del país, sobre la que se prioriza los intereses económicos de empresas como Grupo México.

Muestra de ello, señaló Carlos Rodríguez, del Cereal, es la repetición de las tragedias a consecuencia de las “pésimas condiciones en las que los mineros están obligados a trabajar”. Y es que, de 2006 a la fecha en la región se registró la muerte de 41 mineros más.

Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que en esa zona “seguimos viendo como mueren los mineros en condiciones indignas, Grupo México explota a los trabajadores al máximo, en algunas minas los tiene trabajando en cunclillas”.

Entre las violaciones que cometió el Estado mexicano en Pasta de Conchos están la transgresión al derecho a la vida, a las garantías y protecciones judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 253 familiares, indicó Luis Arriaga Valenzuela, el director del Centro Prodh.

Además, denunciaron, la falta de acceso a la justicia en el caso, es consecuencia de la desregulación en materia laboral y de la complicidad del gobierno y el sector empresarial, que les permite a estos últimos evadir su responsabilidad de garantizar a los mineros del país, y a las y los trabajadores de otros ramos, laborar en condiciones de seguridad e higiene acorde a los derechos de la mano de obra.

Esta es la primera ocasión que el Estado mexicano es denunciado a nivel internacional por los siniestros registrados en la zona carbonífera de Coahuila, este hecho, debido a que la tragedia de Pasta de Conchos fue un evento previsible, como en su momento lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.

Pasta de Conchos llega a la CIDH, después de que viudas y familiares han agotado las instancias nacionales en busca de justicia, sin que a cuatro años del deceso de sus familiares, esta petición haya sido escuchada por las autoridades del país.

“No nos hemos cansado de pedir justicia, no sólo por el rescate de los restos de nuestros hijos, esposos y hermanos, este reclamo también es por los mineros que siguen trabajando en la zona carbonífera”, expresó María Trinidad Cantú, al termino de la rueda de prensa.

Como parte de esta exigencia, mañana como cada 19 de mes, desde abril de 2007, las viudas y familiares realizarán al medio día una misa frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco en la ciudad de México, en donde darán a conocer su cuarto informe sobre el caso Pasta de Conchos, al que se suman “otros más” en las minas del carbón, informó Carlos Rodríguez.

Después de la eucaristía, en punto de las 16:00 horas las viudas y familiares de los mineros fallecidos marcharán del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino, para pedir la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, añadió el defensor de derechos humanos.

Habla de inclusión y no se reúne con organismos de DH

Muestra Felipe Calderón “doble cara” y cancela diálogo en Juárez

De la redacción

México, DF, 18 de feb. 10 (CIMAC).- En la segunda visita a Ciudad Juárez en menos de 15 días, Felipe Calderón mostró nuevamente su “doble cara” en el tema de los derechos humanos, al cancelar una mesa de trabajo este miércoles en la que se iban a tratar temas como el feminicidio, la violencia y el abuso militar, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, a raíz de la “guerra contra el narcotráfico”.

Al participar en los trabajos de la “Campaña Regional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres” lanzada ayer por 5 países latinoamericanos- la abogada Luz Estela Castro Rodríguez, coadyuvante legal en casos de feminicidio de la asociación civil “Justicia para Nuestras Hijas”, sostuvo que esa cancelación fue una humillación hacia las y los chihuahuenses pues denostó a las familias de los jóvenes asesinados recientemente y a las y los defensores de derechos humanos.

No es posible que por un lado Felipe Calderón asegure que el proyecto para mejorar las condiciones sociales de Juárez, debe incluir a las organizaciones ciudadanas, y por otro lado, cancele una mesa de trabajo que es fundamental para visibilizar la problemática de violencia que se vive en la ciudad.

La también directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Ciudad Juárez explicó que la mesa cancelada de Derechos Humanos que formaba parte del segundo foro “Todos somos Juárez, “ era muy importante porque “sin diálogo no se podrá instalar nunca un verdadero Estado de Derecho.

Refirió que a la llegada del titular del Ejecutivo a Juárez, el estado mayor presidencial impidió una marcha pacífica que médicos y enfermeras del sector salud realizaban en contra de la violencia que se vive en la ciudad. Mientras que a las afueras del lugar donde dio su discurso, familiares de los jóvenes masacrados fueron golpeados porque se manifestaban en contra la presencia del ejército.

LA MESA CANCELADA

En un comunicado, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), publicó la carta enviada a Felipe Calderón desde el 11 de febrero pasado, misma que iba a ser expuesta en la mesa de Derechos Humanos cancelada ayer miércoles.

El documento destaca que las y los juarenses “no podemos ser botín político-electoral, después del abandono en que el Estado ha tenido a Ciudad Juárez”.

Proponen que salga el ejército de la entidad, donde se tienen más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos, entre otros, cometidos por elementos del Ejército o fuerzas federales.

Demandan que se atiendan de manera urgente, los casos de desaparición forzada por parte de las fuerzas federales, de Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene,

“Tenemos cientos de niñas y niños huérfanos; mujeres solas; familias destruidas por la violencia. Proponemos la creación de una Oficina de Atención a victimas, que cuente con modelos específicos que parta de las necesidades de estas familias de acuerdo con los estándares internacionales y que retome las experiencias locales al respecto”, abunda el comunicado.

En Ciudad Juárez no hay acceso a la justicia, el sistema de procuración de justicia favorece que los criminales gocen de total impunidad. Existe un rezago en la procuración de justicia y no se realiza una adecuada investigación de casos.

Proponen que se asignen ministerios públicos suficientes a la ciudad, en el ámbito estatal y federal. Con respecto al perfil de las autoridades que no son garantes de derechos humanos, exigimos se finquen responsabilidades penales y/o administrativas.

Igualmente, exigen la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención y Búsqueda de Mujeres y Niñas Desparecidas y que se atiendan de manera urgente, los siguientes casos de desaparición de mujeres: Adriana Sarmiento, Hilda Rivas Campos, Brenda Ivonne Ponce Sáenz, Lidia Ramos Mancha, Brenda Lizeth Vera Castro, Brenda Berenice Castillo García, Maria Guadalupe Pérez Montes, Mónica Jeannette Alanis Esparza, entre otros.

Que se inste a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, de manera permanente, designe para el Noroeste del Estado, personal adscrito a la segunda visitaduría, a efecto de crear mecanismos para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

Que se les de seguimiento a las denuncias contra militares en las instancias civiles. Que haya transparencia en la investigación y que los afectados tengan conocimiento del estado en que se encuentran sus casos. Asimismo, que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad civil por todos los daños ocasionados por las fuerzas federales, derivados de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua.

“Exigimos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dejen de estigmatizar a las víctimas. Por lo tanto, demandamos una disculpa pública del ciudadano Felipe Calderón para los familiares de las personas asesinadas en la colonia Villas de Salvarcar.

Es necesario un pronunciamiento inmediato y el compromiso público por parte de Felipe Calderón condenando los siguientes puntos: La violencia contra las mujeres, expresadas en su máximo extremo en las desapariciones de mujeres y feminicidios.

Sabemos que nuestra ciudad nunca volverá a ser la misma. Esta terrible experiencia de violencia que padecemos, constituye, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un delito de lesa humanidad y exigimos medidas de no repetición”, concluye la carta.

10/PRA-LC/LR