29/07/2011

Inés y Valentina demandan que sus casos sean investigados en el fuero civil


El día de ayer, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú dieron a conocer la demanda formal que interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) para que las investigaciones abiertas por violación sexual y tortura perpetuadas en contra de ambas por elementos del Ejército mexicano, sean remitidas al fuero civil.

Tanto ellas como la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y Tlachinollan, dieron a conocer que dirigieron un escrito a la licenciada Maricela Morales para que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias. Además, que emitieron un escrito a la propia PGJM en el que, invocando lo resuelto en fecha reciente por la SCJN, exigen que la investigación sea remitida de manera inmediata al fuero civil. Asimismo, reiteraron la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace más de ocho meses, ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones a la PGR.

La iniciativa de Inés y Valentina fue suscrita por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre las que se encuentran la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Organización para el Futuro Mixteco(OFPM), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), quienes denunciaron que si el fuero militar sigue haciéndose responsable de las investigaciones, será muestra de que el Ejecutivo estará eludiendo su responsabilidad internacional y la responsabilidad emanada por el dictamen de la SCJN.
El gobierno federal debe reconocer el trabajo de defensores: Amnistía Internacional
Contrario a lo recientemente expuesto por el presidente Calderón ante Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el sentido de que el gobierno federal está atento a las necesidades de los grupos de defensa y promoción de los derechos humanos y que asume con convicción sus planteamientos, recientemente el Secretario de Marina declaró que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.

Además de desacreditar la labor de las y los defensores de derechos humanos, estas declaraciones incrementan su vulnerabilidad y dañan los esfuerzos que distintas organizaciones han asumido para concretar un mecanismo de protección permanente. Es por esta razón que Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el que exige que el gobierno federal reitere públicamente el reconocimiento al valor y la legitimidad del trabajo de quienes defienden derechos humanos en el país.
En la frontera sur el Relator de la CIDH conocerá violaciones sistemáticas a derechos humanos

Este 28 y 29 de julio, organizaciones de la sociedad civil de la frontera sur estarán reuniéndose con la Relatoría para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de expresarle sus preocupaciones sobre la situación de especial vulnerabilidad de migrantes y solicitantes de refugio en tránsito por México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova expresó en un comunicado que el enfoque de seguridad nacional de la política migratoria y la ausencia de marcos regulatorios con enfoque de género y derechos humanos es lo que ha llevado a la criminalización de las personas migrantes y a que no puedan hacer valer sus garantías y sus derechos humanos. Asimismo, señalaron que reunirse con el Relator Felipe González en la frontera sur implica visibilizar prácticas violatorias de derechos humanos que sufren quienes provienen principalmente de países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos. Recalcaron el valor estratégico de la frontera sur mexicana, en la que se llevan a cabo el 85 por ciento de las detenciones de migrantes y se encuentran más de 15 puntos de detención, entre los que se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes de Latinoamérica.

Tomando en cuenta este contexto, exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dejar de perseguir y criminalizar a la población migrante y garantizar el goce de sus derechos humanos; prohibir la detención de migrantes en las estaciones migratorias; eliminar el visado para los países centroamericanos; y armonizar la legislación con los instrumentos y tratados internacionales.
Recomendamos leer la entrevista en El Financiero realizada por Diego Badillo a nuestro director, José Rosario Marroquín, en la que se aborda el tema de la decisión histórica de la SCJN de acotar el fuero militar: “No deben existir los tribunales especiales”

Demandan fiscalía especial para la reparación de daños a extranjeros que cruzan el país

Defensores de migrantes exigen cerrar las estaciones del INM

Pedro Pantoja, director de posada para indocumentados, señala que México es cementerio de centroamericanos

Exige reforma integral en la materia que incluya la seguridad humana

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 5

El sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Posada del Migrante, criticó severamente la nueva Ley de Migración, por evadir la realidad de los extranjeros que cruzan el país o permanecen en él, ya que, afirmó, México es cementerio de los centroamericanos, según retomó de expresiones recabadas entre esta población.

Durante un foro de análisis sobre la legislación, organizado por el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, en Casa Lamm, el religioso se pronunció por la desaparición de las estaciones migratorias y por la creación de una fiscalía especial en justicia y reparación del daño para los afectados.

Fabianne Venet, del citado instituto, se sumó a la crítica, al mencionar que la norma no corresponde con la realidad, a partir de los resultados que arrojaron mesas de trabajo realizadas entre marzo y junio pasado, con la participación de instancias sociales, para conocer de manera general el contenido de la ley.

Pantoja dio cuenta pormenorizada de la situación, con base en la experiencia de Belén Posada del Migrante, asentada en Saltillo, Coahuila, donde, dijo, visualizamos la crueldad de los secuestros, las desapariciones y la violencia extrema contra los migrantes, cuyo freno no está contenido en la ley.

O sea que el futuro de la migración, en cuanto a ofertas institucionales y gubernamentales, es punto muerto.

Por ejemplo, utilizó el testimonio de un guatemalteco: “desde que entré a México y por hambre y necesidad me contraté para trabajar y todo el tiempo me trataron como esclavo; trabajaba todos los días de la semana de las cinco de la mañana a las nueve de la noche (en una empresa productora de soya).

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El sacerdote Pedro Pantoja, director de Belén Posada del Migrante, demandó la desaparición, a como dé lugar, las estaciones migratorias como instrumento de muerte moral y de violación a la libertadFoto Cristina Rodríguez

De comer me daban al día tres o cuatro tortillas de maíz. A escondidas yo robaba comida donde la encontraba, hasta en un bote de basura. Me pagaban 50 pesos a la semana y me amenazaban de muerte si me quería escapar. Una mujer me ayudó y con mis pocos ahorros seguí el camino.

El sacerdote apuntó que estas situaciones reflejan que México ya es país de destino de migrantes, al comentar que los hacinamientos humanos de hondureños y guatemaltecos dan cuenta de un proletariado periférico en extrema marginación: no hay trabajo para ellos, rentan habitaciones en las colonias más conflictivas, diariamente son perseguidos por la policía y, muertos de hambre, acuden a pedir comida a la casa del migrante.

Se pronunció por que en México se estructure una sociedad incluyente, con derechos para una nueva ciudadanía; que se integre a esta masa criminalizada, con la reconfiguración de un nuevo tejido social, con el fin de que los migrantes no se conviertan en una laguna humana de desprecio, rechazo, muerte y enfermedades.

Propuso perseguir a como dé lugar, no las enmiendas de una ley de migración, sino una auténtica reforma migratoria, para que de alguna manera se incluya también la seguridad humana.

Propone observatorio ciudadano

De igual manera, planteó crear un observatorio y monitoreo ciudadano para hacer realidad el tema de una migración sin violencia; fortalecer la lucha y la protección de los derechos humanos, incluidos los de los defensores, y cerrar, a como dé lugar, las estaciones migratorias como instrumento de muerte moral y de violación a la libertad de los trabajadores migrantes.

Se reúne con integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz

Dramático, el viaje sobre La Bestia hacia Estados Unidos: relator de CIDH

Afp y Jesús Lastra Ríos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 5

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios, Felipe González Morales, se reunió ayer en Ixtepec, Oaxaca, con integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz, conformada por familiares de unos 800 centroamericanos reportados como desaparecidos.

La caravana, que salió el domingo de Guatemala, está integrada por más de 150 personas procedentes de ese país, así como de Honduras y El Salvador, y sigue la ruta peligrosa que los indocumentados recorren por México en su intento por llegar a Estados Unidos.

Es dramático, sobre todo que no lo puedan hacer de manera segura, van arriesgando la vida, aseveró González Morales cuando vio a los migrantes sobre los techos de los vagones de La Bestia, el tren que recorre el país hacia el norte.

Alejandro Solalinde, quien coordina un albergue para viajeros en esa localidad oaxaqueña, dijo a la prensa: al relator le pedimos protección para los emigrantes, prevención de secuestros, aplicación de la justicia en los casos que ya se han denunciado, y más apoyo a los defensores de los derechos humanos. Que el Estado mexicano ponga más empeño en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

González Morales comentó que su visita tiene el objetivo de hacer una relatoría para que se hagan recomendaciones al gobierno mexicano con el fin de que mejoren las condiciones de vida de las personas que emigran.

El otro contingente de Paso a Paso por la Paz arribó ayer a Coatzacoalcos, Veracruz. Allí, Tomás González Castillo, párroco de la iglesia del Cristo crucificado, de Tenosique, Tabasco, de donde la caravana partió este jueves, comentó que la ruta de la muerte, la ruta tenebrosa del Golfo, esa que siguen los migrantes centroamericanos a bordo de los trenes de carga de la empresa Ferrosur a lo largo de 376 kilómetros entre ambas ciudades, se convirtió por primera vez en la ruta de la vida, en el tren de la felicidad.

El sacerdote, que acompaña a los 350 centroamericanos –entre ellos 20 mujeres, dos de ellas embarazadas, un bebé de dos años y un adolescente– destacó que esta ruta reporta ganancias de 50 mil millones de dólares anuales al crimen organizado por concepto de secuestros, extorsión y robo.

A lo largo de esta travesía existen unos 15 puntos de riesgo. El más importante se localiza en Coatzacoalcos, donde indocumentados son víctimas de asaltos y secuestros, de lo cual tienen conocimiento las autoridades federales, que deben hacer todo lo conducente para acabar con la inseguridad y la violencia que amenazan al migrante, tanto al extranjero como al mexicano que deja sus tierras en busca de mejores oportunidades de vida, dijo.

Los centroamericanos pernoctaron este jueves en la iglesia de San Judas Tadeo, de la colonia Coatzacoalcos, donde esperan el arribo del contingente procedente de Ixtepec, Oaxaca..


Relator de la CIDH visita instalaciones del instituto en Tapachula

Guatemaltecos y beliceños recibieron 39 mil formas migratorias en 5 meses: INM

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Santiago Cantón, secretario técnico de la CIDH (izquierda), y el relator especial para trabajadores migratorios Felipe González Morales visitaron un albergue en Ixtepec, Oaxaca
Foto Moysés Zúñiga Santiago

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 7

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios y sus familiares, Felipe González Morales, visitó ayer la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

El objetivo de la visita fue conocer los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Migración (INM) a los extranjeros, sobre todo centroamericanos, que ingresan por la frontera sur.

Acompañado del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Martín Zenteno Quintero, y del comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, el relator recorrió las instalaciones de dicha estación, donde, al igual que la víspera en Iztapalapa, conversó con personas que ingresaron a territorio nacional y que, por falta de documentos, se encuentran en espera de ser regresados a su nación de origen o de regularizar su estancia en México.

Durante el recorrido, Beltrán del Río informó de las acciones que desarrolla el gobierno federal para promover una migración documentada, como la expedición de las formas migratorias de visitante local (FMVL) y las formas migratorias de trabajador fronterizo (FMTF), que evita que la población extranjera de la frontera sea víctima de abusos debido a su situación irregular.

El comisionado del INM afirmó que en los primeros cinco meses de este año se expidieron 25 mil 834 documentos FMVL y 13 mil 197 FMTF para guatemaltecos y beliceños.

Acusan a Francisco Saynez de "incrementar la vulnerabilidad" de activistas

El secretario de Marina pone en riesgo a defensores de derechos humanos, dice AI

El funcionario, considera el organismo internacional, contradice los compromisos de Calderón

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 9

Amnistía Internacional México manifestó que las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, tendientes a desacreditar las labores de los defensores de los derechos humanos dañan el acuerdo del Ejecutivo federal de brindarles garantías para su labor, e incrementan el riesgo y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

En un comunicado pidió al gobierno mexicano formular un amplio reconocimiento al valor y la legitimidad de quienes defienden los derechos humanos en México, para restablecer la confianza en el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles, y así poder concretar un mecanismo permanente de protección para los defensores.

Consideró muy desafortunadas las declaraciones del secretario de Marina, quien el martes pasado aseguró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.

Esas palabras, indicó Aministía Internacional, envían un mensaje contrario al acuerdo firmado por el presidente Felipe Calderón, en el contexto de la visita de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el cual señala: el Ejecutivo, atento a las necesidades de los grupos y organismos no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, asume con plena convicción los planteamientos formulados sobre las garantías que en todo momento debe otorgar el gobierno federal.

Después de resaltar que en los años recientes ha documentado el alarmante índice de abusos en contra de quienes defienden los derechos humanos en México, apremió al gobierno mexicano a crear un mecanismo permanente, suficientemente dotado de recursos y con una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de los defensores. Es uno de los compromisos que de manera urgente el Estado debe cumplir, señaló.

Sólo así se pueden garantizar las condiciones tendientes a construir confianza con las y los integrantes de las organizaciones civiles que deberán jugar un papel fundamental en el diseño e implementación del mecanismo para la protección de quienes defienden los derechos humanos, manifestó Amnistía Internacional.

Califica de error utilizar al Ejército



El modelo de seguridad, riesgo para todos: CDHDF


Tania Sánchez Hernández
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 9

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, advirtió que el modelo actual de seguridad que se aplica en el país es de riesgo para todos, incluido el Ejército; sobre todo, acerca del problema que enfrenta (a los militares) a tener que ser juzgados en el fuero civil.

Durante el foro La violencia armada en México: violaciones graves de los derechos humanos, el ombudsman capitalino señaló que es preocupante que a pesar de que la violencia en México ha generado cerca de 50 mil muertos y 230 mil desplazados, se insista en una estrategia en la que se debe actuar con el Ejército y la Marina, porque no tenemos instituciones, agentes del Ministerio Público y jueces que sean confiables.

Destacó que aunque en la ley de seguridad nacional, que está a discusión en el Congreso de la Unión, está implícito que el gobierno federal ha optado por el combate a la delincuencia organizada considerando los derechos funda- mentales de las personas, también lo está que conseguir “la seguridad es tarea de las fuerzas armadas“, por lo que invitó a replantear esa posición con una estrategia que ayude a afianzar mejor las instituciones públicas, y a decontruir los modelos de corrupción.

Por su parte, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallardón, también participante en dicho foro, advirtió que buscar la seguridad del Estado sin considerar los derechos humanos sólo genera mayor inseguridad, y enfatizó que la experiencia en su país es un ejemplo de lo que no se debe hacer.

Deben cumplirse fallos de CIDH y Suprema Corte: Inés Fernández y Valentina Rosendo

Indígenas violadas exigen que tribunales civiles investiguen a militares agresores

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Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú muestran copias de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia MilitarFoto Roberto García Ortiz

José Antonio Román
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 7

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas que acusan a elementos del Ejército de haberlas violado, exigieron a la procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia Militar (PGJM) que sus agresores sean investigados en el fuero civil, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente se manifestó por restringir el fuero castrense.

Las dos mujeres informaron que entregaron una misiva a la PGR, en la cual le exigen que atraiga el caso de los militares acusados, y otra a la PGJM para que renuncie a este caso y entregue de inmediato las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las agresiones, cometidas en 2002 en Guerrero.

En conferencia de prensa –en la que Inés Fernández y Valentina Rosendo, integrantes de la etnia me’phaa, estuvieron acompañadas de representantes de organizaciones de derechos humanos–, se informó que cuando menos hay 500 denuncias de violaciones de garantías en las que están involucrados elementos de las fuerzas armadas, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esos casos deben ser juzgados en tribunales civiles, y no en cortes castrenses, como hasta ahora, señalaron.

La entrega de esas cartas se realiza tras ocho meses de que la CIDH ordenó al Estado mexicano que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil, y luego de que hace unas semanas la SCJN, en una resolución histórica, decidió restringir el fuero militar.

Pero hasta el momento los casos de los militares acusados de violaciones contra ambas indígenas, así como del resto de los casos existentes, permanecen en tribunales castrenses.

Por lo anterior, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia, y Agnieszka Raczynska, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, señalaron que está en juego la congruencia del Ejecutivo para dar cumplimiento a las sentencia dictada por la CIDH.

Méndez Silva señaló que hasta el momento el Estado mexicano está en desacato de la sentencia del órgano internacional, pues sus resoluciones son obligatorias y no revisables, a lo cual se añade, dijo, la resolución recientemente tomada por la SCJN.

Édgar Cortez señaló que esta resolución obliga también al Congreso a modificar el artículo 57 de Código de Justicia Militar, que, hasta ahora, en una interpretación muy amplia, indica que los integrantes del Ejército involucrados en algún delito, aunque no sea estrictamente de disciplina u orden militar, deben ser juzgados por tribunales castrenses.

Respecto de los casos, Valentina Rosendo, originaria de Caxitepec, Guerrero, denunció que fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados cuando lavaba ropa en un arroyo cerca de su casa. Tenía 17 años.

También en 2002, Inés Fernández Ortega, de la comunidad Barranca Tecuani, en el municipio guerrerense de Ayutla los Libres, asegura que fue violada y torturada también por militares.

Exige al Congreso una ley compatible con los derechos humanos y las libertades

Diálogos por la Paz

Demanda Miguel Concha rechazar la minuta del Senado sobre seguridad

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Durante la reunión del Movimiento por la Paz con representantes del Congreso, familiares de desaparecidos protestaron por la incapacidad del gobierno para investigar miles de casosFoto José Carlo González


Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 4

En el alcázar de Chapultepec, ante integrantes de las dos cámaras del Congreso, el sacerdote Miguel Concha exigió a los diputados, en nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dictaminen en sentido negativo la ley de seguridad nacional que aprobó el Senado, porque con ella se avanza en la militarización del país y en la violación de los derechos humanos, ya que se garantiza la seguridad del Estado, no la de los ciudadanos.

También presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el religioso dominico hizo un enérgico llamado al Congreso “a que sea congruente consigo mismo y se comprometa con la sociedad, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con el movimiento de derechos humanos, a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana.

Que sea compatible con los derechos humanos, con las libertades públicas y que sentemos las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz, subrayó.

Concha afirmó que son los ciudadanos, en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y nacional, los verdaderos sujetos de la seguridad. Y en este sentido las instituciones y el Estado cobran significado como garantes de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos.

A su vez, el investigador Ernesto López Portillo propuso la creación de un auditor especial de las policías federales, con la finalidad de mejorar las plataformas de rendición de cuentas de esas instituciones.

La investigadora Elena Azaola propuso incluir a cinco ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de construir una agenda de seguridad con transparencia y rendición de cuentas, donde los ciudadanos podamos ser corresponsables del diseño y de las medidas de seguridad.

En su oportunidad, Emilio Álvarez Icaza demandó a senadores y diputados trabajar en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas, porque es inadmisible que después de ser víctimas de la delincuencia, el Estado tenga la incapacidad de responder; que tenga ineficiencia e incluso complicidad en algunos casos.

¿Qué hacemos con los miles de desaparecidos? ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? ¿A dónde van a ir esos niños y niñas? ¿Qué vamos a hacer con esa juventud, cuando hay miles de rechazados?

Exigió además que se elabore un registro nacional de desaparecidos, impugnó lo que está pasando con los migrantes e insistió en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación o algo que se le asemeje.

Fabián Sánchez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, demandó que se legisle de manera adecuada en todo el país sobre la desaparición forzada de personas y que ese delito se tipifique como federal.

Explicó que aunque en 10 entidades ya se cuenta con legislaciones en esa materia, la única que más se apega a los estándares internacionales es la de Guerrero, por lo cual pidió tomarla como ejemplo.

También planteó la creación de un registro nacional de detenidos, en el que participen todas las instituciones “capaces de generar una detención: policías municipales, estatales y federal; el Instituto Nacional de Migración, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y las procuradurías General de la República y de los estados.

En ese registro se debe indicar qué autoridad efectuó la detención, quién la ordenó y dónde se encuentra el detenido.

Los legisladores escucharon y tomaron nota de los testimonios de las víctimas: Julio César Márquez, padre del niño Julio César, quien falleció en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, dijo que a más de dos años del siniestro, no ha llegado la justicia para los 49 padres que perdieron a sus hijos en ese accidente.

Exigió a los diputados la aprobación de la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y aprendizaje, y desarrollo integral infantil, mejor conocida como ley 5 de junio, ya aprobada por el Senado.

Jesús Lara Chivarra señaló que hablaba en nombre de los indígenas y demandó que se respete Wirikuta como sitio sagrado, ya que es un área cultural protegida y está amenazada por la actividad que realizan empresas mineras.

Sicilia fustiga al Congreso por auspiciar la guerra de Calderón contra el crimen

Diálogos por la Paz

Acusa a legisladores de violar la Constitución al asignar recursos a las fuerzas armadas para esa batalla

Exige pedir perdón a víctimas y a la nación, por no haberlos defendido y representado con dignidad

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Diputados y senadores de los partidos con representación en el Congreso guardan un minuto de silencio, a solicitud de Javier Sicilia, por las víctimas de la guerra contra el crimen organizado emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, durante el encuentro que sostuvieron con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el alcázar de ChapultepecFoto José Carlo González

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 2

En nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia exigió a los integrantes del Congreso pedir perdón a las víctimas de la lucha gubernamental contra el crimen organizado, a sus familiares y a toda la nación mexicana, a la que no han defendido ni representado con dignidad. Los acusó de tener responsabilidad por la violencia que “golpea a millones de familias en el país, que se ha traducido en 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados.

Ustedes son también corresponsables de nuestros muertos y de nuestros dolores, porque –recalcó– permitieron que el presidente Felipe Calderón pusiera en marcha una estrategia fallida, que viola la Constitución.

Ustedes tenían el poder para impedirlo, también violentaron la Constitución, no sólo con la omisión a ejercer sus facultades y obligaciones, sino al asignarle a las fuerzas armadas el presupuesto para llevar a cabo esta guerra.

Durante el encuentro con 40 integrantes del Congreso, entre ellos los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las fuerzas políticas, Sicilia fustigó con severidad a diputados y senadores, quienes, muy serios, escucharon el enjuiciamiento:

Ustedes, hasta ahora, sólo han sido operadores políticos de los intereses partidocráticos y no lo que deberían ser desde el momento en que asumieron sus cargos de legisladores: servidores de los ciudadanos. Para ustedes la educación, la cultura, la ciencia, la vida de los pueblos y de los barrios, la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la tragedia de las víctimas de la guerra no han sido prioridad ni de su corazón ni del gasto público.

Y el ultimátum, que tuvo como marco el alcázar de Chapultepec: Tienen que definirse por la paz o por la guerra.

Desde su intervención, una vez que el presidente de la Comisión Permanente, Manlio Fabio Beltrones, inauguró el encuentro, Javier Sicilia colmó de críticas y cuestionamientos al Congreso, al igual que lo hicieron otros integrantes del movimiento que él encabeza.

“¿Cuánto tiempo se han tomado para dar respuesta a lo que desde hace años se sabe del secuestro, la tortura, los crímenes y las desapariciones de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué han tolerado el podrido Instituto Nacional de Migración, erosionado por los tentáculos de las bandas criminales, y no se anticiparon a las dolorosas voces del padre Solalinde y otros, las voces del dolor y del reclamo?

“¿Por qué no han impulsado con los sectores privado y académico iniciativas para identificar las zonas de mayor riesgo social y, junto con los ciudadanos de esas zonas, evitar que en ellas el crimen se apodere de los niños y de los adolescentes, convirtiéndolos en víctimas de la criminalidad?

¿Por qué no han tomado en los distritos que representan, en sus municipios y estados, decisiones para enfrentar de forma integral y ciudadana los avances de las bandas criminales y sus complicidades con policías y autoridades?

Con rostro adusto, los priístas, especialmente el coordinador de los diputados, Francisco Rojas, escucharon lo que parecía una lista interminable de reclamos de Sicilia.

¿Por qué, de cara a nuestros niños y jóvenes, a quienes sus políticas les han destruido el presente y les niegan el porvenir, no han aumentado el dinero destinado a la educación para abrir más matrículas y acortar las largas filas de miles de estudiantes que no alcanzan lugares en las escuelas y universidades? ¿Por qué, frente a la emergencia nacional que vive el país, no han construido una agenda nacional que se ponga al servicio de México y evite que las próximas elecciones sean lo que ya se anuncia, las de la ignominia?

Sicilia reclamó también a senadores y diputados el no haber aprobado aún la reforma política, y los recriminó por la forma dispendiosa y corrupta como consiguen votos los partidos y por los intereses mezquinos con los que día a día destruyen al Instituto Federal Electoral.

Sus recintos, el recién inaugurado del Senado y la Cámara de Diputados, son la expresión arquitectónica de su aislamiento. Búnker de un poder que prefiere darle la espalda a los ciudadanos y contemplarse en el espejo de sus ambiciones, traducidas en parálisis legislativa y en manipulación política, que convierte los procesos electorales en un gran negocio para unos cuantos y en juego cruel de ilusiones para los ciudadanos.

Advirtió que México vive una emergencia nacional, lo que exige de los legisladores no sólo un cambio de actitud, sino un esfuerzo extraordinario y humilde para evitar que la nación se precipite a un irremediable caos social.

Al final del encuentro, Sicilia abrazó y y dio un beso a Beltrones. El senador priísta le dijo que las críticas fueron duras y rudas, pero cómo inconformarse si son reales.

El obispo Raúl Vera agradece su "ejemplo y enseñanza"



Indígenas de San Sebastián Bachajón reafirman su defensa del territorio

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de julio. El obispo Raúl Vera se reunió en esta ciudad con los presos liberados de San Sebastián Bachajón y las autoridades de la otra campaña de la región que corresponde a San José en Rebeldía en la cartografía autónoma zapatista, en el corazón histórico tzeltal de Chilón. Vera agradeció a los indígenas su ejemplo de lucha por el territorio y la enseñanza de cómo caminar, resistir y luchar.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que en el contexto de la reunión ordinaria de su consejo directivo, que preside el obispo de Saltillo, los cinco ex presos políticos compartieron la alegría de su liberación, y agradecieron a su vez que en todo este proceso no los dejáramos solos en su lucha.

Los ejidatarios reafirmaron que su lucha es por al defensa de la tierra y el territorio, y que seguirán organizándose con los compañeros y compañeras.

Por su parte, el Frayba declaró que con este tipo de alegrías sigue construyendo su visión de que, a partir del derecho inalienable de las personas a la autodeterminación y de los pueblos a la autonomía, diversidad cultural y vida digna, el pueblo organizado defiende y genera nuevas prácticas en el ejercicio de derechos para vivir en plenitud los derechos humanos.

Por su parte, como para cerrar este capítulo de una historia que no ha terminado, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña, desde su comunidad agradecieron la solidaridad recibida: Gracias por confiar en nosotros, que a pesar de los chantajes del mal gobierno, ofreciéndonos miserias e intentando comprar nuestra dignidad para dejarlo prostituir nuestras tierras. Por nuestra lucha, por nuestros sufrimientos, los de abajo resistimos, aquí estamos y seguiremos.

Aclararon que la liberación sus compañeros no quiere decir que dejemos de luchar, sino al contrario, nos seguiremos fortaleciendo día a día, porque la defensa de la madre tierra y sus recursos es interminable.

Añadieron: Como ser humano que somos debemos tomar mucha conciencia, porque el mal gobierno está tomando (la tierra) como un objeto lucrativo. Confiaron en que su reciente experiencia sea un ejemplo claro de que el movimiento que hemos emprendido no es político, sino por nuestra madre tierra, y demandaron justicia digna para el pueblo y el mundo. Los indígenas llamaron a los colectivos, organizaciones y medios que los apoyaron en los meses recientes a continuar haciéndolo. Que esto sea un agradecimiento, no un adiós, porque vamos a seguir luchando.

Por primera vez en 16 años se intentó suplantar a un concursante



De 310 mil 16 aspirantes a bachillerato quedaron fuera 145 mil 670 jóvenes

Karina Avilés
Periódico La Jornada
Viernes 29 de julio de 2011, p. 40

De los 310 mil 16 aspirantes a ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 145 mil 670 no tendrán un sitio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni en el Instituto Politécnico Nacional (UPN). A la máxima casa de estudios acudirá el joven Guillermo Careaga Lima, quien obtuvo el máximo puntaje con 127 de los 128 aciertos, informó el vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de la Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo.

El funcionario reveló que por primera vez en 16 años del concurso se detectó un caso de suplantación. Un joven que no correspondía al nombre y a la foto de un solicitante para la UNAM se presentó a aplicar el examen, el cual fue anulado.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que de los 296 mil 310 que presentaron la prueba para ingresar a una de las nueve instituciones participantes, 81 mil 811 fueron asignados a su primera opción, mientras 175 mil 836 se distribuyeron en una de sus primeras cinco preferencias y 54 mil 357 en una opción posterior.

Por otra parte, de los 310 mil 16 aspirantes registrados, 46 mil 394, esto es, 15 por ciento, no cumplieron con algún requisito. De estos últimos, 13 mil 706 no presentaron el examen, 7 mil 77 tuvieron menos de 31 aciertos y 25 mil 610 no contaron con certificado de secundaria.

De hecho, el número de estudiantes que no concluyeron la secundaria se incrementó en 5 por ciento, ya que el año pasado el número ascendió a 24 mil 398 inscritos.

Los aspirantes con derecho a otra opción fueron 33 mil 429, que representan 12.7 por ciento. Un total de 214 mil 700 concursantes proceden de escuelas públicas, es decir, 93.3 por ciento, mientras 15 mil 394 –6.7 por ciento– vienen de centros privados.

A la UNAM fueron asignados 35 mil 638 jóvenes de los 155 mil 266 que solicitaron ingresar a esa casa de estudios en su primera opción, en tanto al IPN ingresarán 21 mil 216 alumnos de los 47 mil 258 que optaron por éste en su primera preferencia.

A los bachilleratos del estado de México ingresarán 57 mil 738 jóvenes; al Colegio de Bachilleres, 39 mil 609; al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios accederán 39 mil 299; al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el Distrito Federal entrarán 19 mil 293 y a los que se ubican en el estado de México acudirán 14 mil 457.

El menor número de solicitantes entrará a los bachilleratos de la SEP (mil 968), a la educación tecnológica agropecuaria (754) y a las preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de México (291).

Los estudiantes con más alto puntaje fueron Guillermo Careaga Lima, con 127 aciertos, y Gerardo Espinosa Pérez, con 126 aciertos, quienes ingresarán a la preparatoria 6 de la UNAM, mientras Ethan Adolfo Calva Castillo y Alan Abisai Muñoz Barrera accederán al IPN, con 126 aciertos cada uno.

28/07/2011

ONG rompen diálogo en Bucareli en protesta por acusaciones de Saynez

Activistas en vilo

Las organizaciones presentan queja ante la CNDH

El titular de Marina dijo que criminales utilizan a grupos ciudadanos para desprestigiar a instituciones

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La víspera del encuentro con el Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad condenó las acusaciones del titular de la Armada contra grupos de defensores de los derechos humanos. En la imagen, llegada a la ciudad de Chihuahua de la caravana encabezada por Javier Sicilia, el mes pasadoFoto Víctor Camacho

Angélica Enciso y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 2

Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, quien dijo que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas.

Esas afirmaciones, señalaron, violan las garantías a la seguridad de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Exigieron que el gobierno federal haga una comunicación pública en la cual refrende la importancia de la labor de estos defensores y sobre la necesidad de garantizar la aplicación de medidas para protegerlos.

Las agrupaciones suspendieron además de manera temporal la mesa de diálogo sobre el diseño del mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos que se realiza en la Secretaría de Gobernación, en protesta porque el martes Saynez declaró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.

La queja fue presentada por las organizaciones en la oficialía de partes de la CNDH. Después las ONG serían recibidas por la quinta visitaduría.

Darío Ramírez, director de la asociación civil Artículo 19, explicó que se presentó dicho recurso porque existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que se deben calificar los dichos que ponen en riesgo a los periodistas y los defensores de esos derechos.

Además de esa agrupación, suscribieron la queja el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todos.

Por la mañana, representantes de ONG se reunieron en Gobernación con la titular de la unidad para la promoción y defensa de derechos humanos, Omeheira López, a quien expresaron su molestia por los dichos del almirante Saynez.

“No podemos continuar el diálogo cuando persisten expresiones esquizofrénicas y contradictorias en el gobierno federal, porque por un lado dicen ‘sí a la protección’ y por otro estigmatizan nuestras actividades”, advirtió Ricardo González Bernal, oficial de protección y seguridad para México y Centroamérica de Artículo 19.

Las 15 agrupaciones que participan en esa mesa señalaron en un comunicado que con esas afirmaciones se expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos, que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional recién aprobada en materia de derechos humanos.

El sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recordó que ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos.

Agregó en entrevista: quien hace afirmaciones señalando responsabilidades contra terceros, tendría que probar sus dichos. Las organizaciones civiles tienen reglas y protocolos para aceptar casos. No somos ingenuos, no comenzamos ayer nuestro trabajo. Tenemos una experiencia acumulada de años.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, apuntó: “causa indignación que desde una instancia de gobierno federal se acuse sin pruebas a los ciudadanos de estar al servicio o vinculados a la delincuencia organizada.

Lo que más nos indigna es que no es un hecho aislado, no es algo que apenas ayer surgió, sino que tiene relación con señalamientos anteriores del Ejecutivo por la labor de organizaciones y ciudadanos.

Señaló que con esas acusaciones se construye un clima en el que se favorecen agresiones contra defensores de los derechos y contra quienes disienten.


Activistas en vilo

Integrantes del movimiento que encabeza Sicilia condenan señalamientos del almirante

Funcionarios pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos


Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 3

En vísperas de nuevos encuentros con los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuestionó las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez –quien dijo que grupos delictivos utilizan a defensores de los derechos humanos para desprestigiar a las instituciones–, y del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández, que descartó la creación de una comisión de la verdad, propuesta por el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Esas acusaciones sólo pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos, sostuvo Pietro Ameglio, integrante del movimiento. Lamentó que en las esferas de gobierno no se entienda la señal de que ésta es la última oportunidad de que exista colaboración con la sociedad civil.

Subrayó que la acusación contra los defensores de derechos humanos y el desdén hacia la comisión de la verdad que reivindica el movimiento es grave y preocupante, ya que sólo alienta una nueva confrontación, porque es una forma de decirnos que no quieren buscar ni la verdad ni la justicia en esta guerra emprendida sin el consentimiento de la sociedad.

Deploró que Saynez haya señalado a los defensores de derechos humanos, y dijo que en nada ayuda criminalizar a éstos, porque el problema involucra a todos: militares, autoridades, sociedad; por eso no se puede hacer una separación simplista de buenos y malos, porque eso es polarizar más esta guerra.

A su vez, el activista Rocato sostuvo que son muy lamentables esos posicionamientos, en virtud de que es una muestra de que parecen no estar dispuestos a escucharnos ni importarles hacer una revisión de lo que está sucediendo en el país, de analizar las omisiones en que han incurrido y hasta las posibles colusiones.

En vísperas de que se reúnan representantes del movimiento con el Legislativo y se realicen trabajos de las mesas instaladas en la Procuraduría General de la República y en Gobernación, Ameglio y Rocato coincidieron en que es importante el encuentro para hacer una revisión de las leyes que están pendientes en materia de seguridad y de reforma política.

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Las acusaciones del almirante Mariano Saynez causaron indignación. Imagen captada en mayo pasadoFoto Cristina Rodríguez

La Ley de Seguridad Nacional y una legislación en torno a las víctimas son ejes para modificar el esquema de militarización que se ha adoptado para resolver el problema de seguridad pública. Es necesario cambiar las prioridades de la seguridad del Estado y de las instituciones sobre la seguridad ciudadana, sostuvo Rocato, quien mencionó que la estrategia militar sólo ha escalado la violencia en muchos estados.

Ameglio advirtió que el gobierno debe tener claro que “este diálogo no es sólo de palabras, sino fundamentalmente de hechos. En septiembre, en el encuentro con el Presidente, se hará un balance de las respuestas a las demandas, y si el resultado es que no se ha cumplido nada, el movimiento deberá asumir que ésta no es la ruta hacia la paz y que se requiere pasar a otra etapa, pasar de la colaboración a la no cooperación, a la resistencia civil.

Nadie quiere llegar a ese extremo, pero la autoridad debe poner de su parte con hechos. El movimiento tiene claro su compromiso con la no violencia y lo que supone la resistencia civil en la lógica de no permitir el avance de la guerra y de la impunidad. El proceso social tiene muchas etapas; una es la del diálogo y colaboración, otra es la resistencia civil, porque después de esto, si no hay respuestas, no se puede seguir colaborando. Estamos en la frontera de la colaboración y la no colaboración.

Reivindicó la importancia de la agenda política que fortalezca la participación ciudadana y los instrumentos de control social al poder político. Su aprobación permitiría contar con elementos de exigencia a los poderes.

Activistas en vilo

Siguen impunes las muertes y desapariciones

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La senadora Rosario Ibarra señaló que no sería necesaria una comisión de la verdad si el gobierno actuara como se debe. En la imagen, ayer durante un foro sobre la izquierdaFoto Yazmín Ortega Cortés

Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 3

La senadora Rosario Ibarra manifestó que no se necesitaría una comisión de la verdad si el gobierno y las autoridades actuaran como se debe, pero han hecho infinidad de cosas que dan cuenta de la actitud pésima que ha tenido (la Secretaría de) Gobernación, y la terrible falta de congruencia con el respeto a la ley, a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, pues está todo mal.

Puso en duda la actuación de las autoridades federales, a las cuales no les podemos creer ni una palabra y nada de que digan: comisión de la verdad, pónganle como quieran, las palabras que quieran utilizar, está mal. Todo, aseguró, es cosa de propaganda.

En entrevista, la legisladora lamentó el desdén del subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández, a la propuesta de crear una comisión de la verdad, ante las miles de muertes vinculadas a la lucha contra la delincuencia organizada.

“Eso es cosa del señor (Javier) Sicilia y los que quieren seguirlo, y les dicen: ‘vamos a ver’, y no se hace nada y siguen las cosas espantosas, las muertes, las desapariciones, todo mal y sin un castigo a los responsables ni nada. Nada más propaganda”, aseguró.

"Quienes entran medio malos salen supermalos; no existe la readaptación", afirma



El sistema penitenciario es obsoleto y propicia crímenes, considera la CEM

Pide que se adopten penas alternativas para quienes cometan infracciones menores

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 15

Los problemas en los reclusorios del país, como los enfrentamientos entre bandas rivales, las rifas de celdas de superlujo, el incremento de las extorsiones telefónicas, los secuestros operados desde diferentes penales y el tráfico sexual continuarán, de no concretarse una reforma integral del sistema penitenciario, cuyos mayores problemas son la corrupción y el hacinamiento, aseguró Pedro Arellano Aguilar, director de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En entrevista en la que expuso algunos de los principales asuntos analizados la semana pasada en el 33 Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciaria, Arellano Aguilar indicó que actualmente los penales no sólo son tierra de nadie, sino que son instancias reproductoras del delito, son fábricas de delincuentes. La cárcel es el lugar de más contaminación criminal; quienes entran medio malos salen supermalos, no existe la readaptación, ahí no hay ley ni esperanza.

Tras lamentar el sangriento enfrentamiento entre bandas rivales registrado en el Cereso de Ciudad Juárez y la rifa de celdas VIP en una cárcel de Sonora, Arellano Aguilar insistió en que cuando las infracciones son menores debe optarse por las penas alternativas, tales como el trabajo comunitario y los brazaletes electrónicos y añadió que también debe realizarse una reforma al sistema de procuración de justicia, pues coaccciona testigos e inventa pruebas y culpables.

También expuso que la sociedad mexicana ante el avance del narcotráfico y la idea que plantea a muchos jóvenes de que es una forma fácil de ganar dinero, poder y mujeres, debe replantearse los valores.

Arellano Aguilar manifestó que la Iglesia católica, la cual tiene presencia a través de sus casi 4 mil agentes de pastoral penitenciaria en 98 por ciento de los penales del país, tiene una enorme preocupación por los acontecimientos recientemente ocurridos en centros de readaptación social de Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Nuevo León, en donde las bandas criminales gobiernan de manera fáctica, asesinando, organizando fugas y motines, y operando secuestros internos y externos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos.

Recordó el caso de los presos de una cárcel en Sonora que organizaron la rifa de una celda VIP dotada de televisión satelital, cocina, refrigerador y baño privado, entre otras comodidades.

Cuando el crimen organizado tiene el control de una cárcel, no es extraño que en el interior se encuentren armas, uniformes para uso exclusivo del Ejército o de la policía, todo tipo de drogas, y se tengan privilegios no sólo como departamentos o instalaciones de lujo, sino sexoservicio al interior del penal.

Sobre esto último señaló que en algunos penales, incluso a través de catálogos, manejo de horarios y para gustos heterosexuales y homosexuales se ofrece sexoservicio a los internos, las y los meten como visitas. Arellano aseguró que la situación en los reclusorios ha empeorado ostensiblemente en los pasados 10 años.

Arriba a Chiapas y Tabasco la caravana Paso a Paso por la Paz

CIDH: no más impunidad en agresiones a migrantes
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Integrantes de la caravana Paso a Paso por la Paz llegan en tren a Arriaga, ChiapasFoto Moysés Zúñiga Santiago
Octavio Vélez, Elio Henríquez y René A. López
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 17

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para trabajadores migratorios, Felipe González Morales, demandó al Estado mexicano acabar con el círculo vicioso de impunidad, ante las constantes agresiones a indocumentados en su jurisdicción, pues su deber es prevenir, investigar y sancionar esos crímenes para evitar que se repitan.

En tanto, los dos contingentes de la caravana Paso a Paso por la Paz, que recorren la ruta de los migrantes centroamericanos hacia la frontera norte, llegaron a Arriaga, Chiapas, y a Estación Chontalpa, Tabasco, desde donde partirán a Coatzacoalcos, Veracruz.

De gira por Oaxaca, donde se reunió con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, González Morales sostuvo que los asesinatos masivos de migrantes en México preocupan demasiado a la CIDH por su ocurrencia constante. También nos preocupa mucho que en la aplicación de la nueva ley migratoria se cometan abusos, dijo a la prensa el funcionario de la Organización de Estados Americanos.

Cualquier crimen contra los migrantes es preocupante porque se cometen contra personas desvalidas, dijo acompañado del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Zona Pacífico Sur de la Arquidiócesis de México, con quien más tarde voló a Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

González Morales dijo que antes de partir de México presentará un informe acerca de las condiciones de los migrantes a su paso por México, para lo cual se ha reunido con autoridades federales y estatales, además de defensores de indocumentados.

En este contexto, los integrantes de la caravana Paso a Paso –que salió el 25 de julio de la capital de Guatemala para encontrarse con el relator en Tierra Blanca, Veracruz– visitaron ayer el panteón municipal de Arriaga, en la costa de Chiapas, limítrofe con Oaxaca, donde hay unas 40 fosas comunes de migrantes.

Carlos Bartolo Solís, coordinador regional de la agrupación Promigrante, dijo en entrevista telefónica que Heyman Vázquez Medina, párroco de Arriaga y director del albergue Hogar de la Misericordia, ubicado en ese lugar, encabezó un rezo por los migrantes que han perdido la vida y han sido sepultados sin identificar en el panteón local.

Bartolo Solís añadió que el grupo de unas 150 personas, que recorren la ruta de los migrantes, también caminó por las vías del tren que parte de esa ciudad hacia otros puntos del país, y en el que a diario se suben decenas de indocumentados que van a Estados Unidos en busca de trabajo.

Los integrantes de la caravana partieron a las 16:15 horas de Arriaga hacia Chahuites, Oaxaca, y pernoctarían en Ixtepec, de donde este jueves saldrán hacia Coatzacoalcos, Veracruz, para encontrarse con el otro grupo que entró el martes por Tabasco.

Este segundo grupo, de unos 300 migrantes y activistas, llegó la mañana de ayer a la población Estación Chontalpa, considerada por indocumentados una de las rutas más peligrosas por la marcada presencia de grupos delictivos. Luego se adentró a territorio veracruzano con destino a Coatzacoalcos.

En su peregrinar arriba de los vagones del tren, hombres y mujeres soportaron la lluvia la noche del martes en el tramo del municipio tabasqueño de Macuspana a Estación Chontalpa.

El ingreso aumenta en la medida que sea mayor la escolaridad de la población, asegura



En cinco años, siete millones de mexicanos pasaron de clase media a condición de pobreza: investigador

Alrededor de 26.7 millones de personas padecen hambre, advierte Genaro Aguilar, del IPN

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 23

La distribución del ingreso durante los pasados cinco años ha llevado a millones de mexicanos a dejar la clase media y pasar a situación de pobreza. Ésta creció en al menos siete millones de personas en ese periodo y hay alrededor de 26.7 millones que padecen hambre, señaló el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Genaro Aguilar, de acuerdo con análisis basados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).

Previo a que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dé a conocer el viernes los datos oficiales de la medición de la pobreza, indicó que entre 2005 y 2010 ésta creció en todo el país en sus distintas clasificaciones. La pobreza alimentaria se elevó de 19.5 millones de personas a 26.7 millones; la de capacidades, fue la que tuvo un aumento mayor, ya que pasó de 27.3 millones a 37.5 millones, y la patrimonial de 49.6 a 56.1 millones, detalló.

En ese periodo se dio un fuerte proceso de polarización en la distribución del ingreso, hubo un aumento en la desigualdad con efectos importantes para la caída de la clase media, ya que un sector importante de ese grupo social cayó en situación de pobreza.

El Centro de Investigación en Economía y Negocios del ITESM, indicó en un análisis que la alimentación, educación y salud adecuada, constituyen factores esenciales para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad, justamente todo aquello que hoy representa un ancla para México.

Se debe tomar en cuenta que no cubrir los requerimientos antes citados es el caldo de cultivo para que algunos sectores sociales volteen a la informalidad o a la ilegalidad como mecanismo para intentar obtener un mejor nivel de bienestar. Agregó que los resultados de la ENIGH muestran que varios de los elementos que dan génesis a la inestabilidad social no solamente prevalecen, sino que han aumentado, por lo que debe buscarse un nuevo modelo económico para darles atención.

Por su parte, Aguilar explicó que entre las causas de la pobreza están que el papel de la educación para aumentar los ingresos de las personas y, por lo tanto, sacarlas de la pobreza es un componente relevante, porque en 2005 ese factor explicaba 29.08 por ciento del ingreso de los mexicanos, pero en 2010 ya era el factor de ingresos de la tercera parte de los ciudadanos, al pasar a 33.29 por ciento.

Refirió que el ingreso aumenta en la medida en que es mayor la escolaridad de las personas, depende también de si se es hombre o mujer y también se incrementa mientras envejece la población, pero cae después de los 51 años de edad. Para la elaboración de políticas públicas, indicó, debe continuar el impulso de la escolaridad formal de los mexicanos a partir de inversiones cada vez mayores en el sistema educativo nacional; establecer sistemas de becas complementarios a los actualmente existentes, lo cual se traducirá en mayores ingresos para la población más pobre y que es la que recurre al sistema educativo público, así como impulsar leyes que regulen y disminuyan las discriminaciones salariales por género.

A su vez, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, sobre las carencias sociales, que también mide el Coneval, indicó que en la vivienda se pueden observar algunos avances importantes en materia de accesibilidad a la infraestructura social, ya que de acuerdo con los datos del Censo 2010, hay una reducción de 41 por ciento en el número de viviendas con piso de tierra, por lo que de cada 100 viviendas, únicamente seis cuentan con ese piso.

Reunión de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica



Comunidades de 4 estados demandan al gobierno que respete derechos humanos

No sólo es la luz, todo nos lo quieren vender al precio más caro, y las oportunidades de una vida digna nos son negadas, cuando son nuestros recursos los que nos roban, dicen desde Palenque

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 28 de julio de 2011, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de julio. La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, reunida en la comunidad El Naranjo, municipio de Palenque, demandó al gobierno respeto a los derechos humanos y se pronunció por la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, así como la cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios.

Delegados de los estados limítrofes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Campeche dedicaron dos días a reflexionar que vivimos a diario la guerra contra los pueblos de México, donde los intereses económicos trasnacionales compran silencio e impunidad, injusticia y despojo. Añadieron: Sabemos que no sólo son las tarifas de la luz, todo nos lo quieren vender al precio más caro, y las oportunidades de una vida digna nos son negadas, cuando son nuestros recursos los que nos roban.

Vemos y sufrimos con alarma, pero también enojo e impotencia, cómo nos reprimen y sujetan a procesos judiciales sólo por alzar la voz; cómo pretenden quitarnos fuerza y voluntad sujetos a una justicia que nos niega los más elementales derechos humanos y criminaliza nuestras luchas.

La organización se sumó a la Campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México, iniciada por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, en respaldo al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y en especial su director Nataniel Hernández Núñez y su familia, sujetos a una persecución política por caminar junto a los pueblos de la costa en sus trabajos y lucha por una vida mejor.

Hernández Núñez enfrenta el acoso del aparato judicial mexicano y chiapaneco, que se le han fabricado cinco procesos que reflejan la intención del mal gobierno de acabar con su trabajo de defensor.

La red exigió la cancelación de estos procesos y los que se siguen contra los campesinos tojolabales Domingo García Velazco, Rodolfo García Pérez, Alberto García Pérez y Romeo García Pérez, quienes dejaron de firmar por acuerdo y respaldo de las organizaciones en resistencia en los juzgados donde son procesados, por ser inocentes de los delitos prefabricados de que se les acusa y por no creer en la justicia de los poderosos, hecha para reprimir a los pueblos en lucha y los defensores de derechos humanos.

Del mismo modo, exigió suspender las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y procesos penales contra miembros de la red en Campeche (Sara López González, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas), Veracruz (Verónica Munier Jolain, Adán Canseco, Evelio Mérida Hernández, Raúl Cisneros Reyes, Nicéforo Pérez y Fernando Sánchez), Chiapas (Guadalupe Núñez Salazar y Bersaín Hernández Zavala) y Oaxaca (Filiberto Vicente Aquino).

Demandó, por último, la liberación de todos los presos políticos en el país y la cancelación de procesos penales contra quienes participan en movimientos sociales.

27/07/2011

No estamos en los años 70, sostiene el subsecretario Fernández



Niega Gobernación que el país necesite comisión de la verdad

Propone revisar los sistemas de investigación y rendición de cuentas

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 7

Ante las miles de muertes vinculadas a la lucha contra la delincuencia organizada el país no requiere de una comisión de la verdad, sino de una revisión de los sistemas de investigación y de rendición de cuentas que posee el Estado mexicano, advirtió Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

“En principio, no estamos de acuerdo con que ése sea el camino (…) No estamos en los sesenta. Estas comisiones de la verdad las vemos más para atender asuntos viejos, de aquellos tiempos: Chile, Argentina, España, las dictaduras y demás. Lo que tenemos en México es muy distinto”, aseveró.

Con esas palabras dio respuesta a uno de los planteamientos que presentó la semana pasada el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, con quien el gobierno federal inicia este jueves diálogos temáticos de los que se pretende surjan iniciativas de ley.

Estoy de acuerdo en que varias de nuestras instituciones tienen puntos débiles, pero de eso a pensar que, como en los años sesenta o setenta, no tenemos instituciones que procuren la verdad y que necesitamos una comisión porque no funciona lo que tenemos, hay una gran distancia, sostuvo en entrevista con La Jornada.

Fernández es el coordinador de la mesa sobre atención a víctimas, para lo cual el gobierno asegura que llega al diálogo sin proyectos predeterminados. Nos sentaremos con la hoja en blanco”, dijo, aunque adelantó que considera impulsar la construcción de un memorial para los afectados.

Al preguntarle sobre las expectativas del Ejecutivo ante la nueva ronda de diálogo, el funcionario se mostró optimista: Vamos a dialogar, a comprender, éste es un asunto bilateral.

Expresó su confianza en avanzar, a pesar de que existen aspectos discrepantes, como la insistencia de Javier Sicilia de que el presidente Calderón pida perdón por los saldos de su estrategia contra el crimen.

El perdón del Estado no es el perdón del Presidente de la República, consideró el subsecretario, y reconoció la gestión de Sicilia: No vemos en él otra cosa que no sea defensa de las víctimas.

Dijo que en el fondo Sicilia y el jefe del Ejecutivo federal tienen la misma visión acerca de la necesidad de dar visibilidad a las víctimas, por lo que hace falta definir el modelo y ver qué tuercas tenemos qué apretar para que funcionen las instituciones.

Indicó que si bien puede existir, por ejemplo, una fiscalía especial, es imprescindible tener mucho cuidado para que “no nos pase dentro de 10 años lo que está ocurriendo ahora: que pidamos una comisión de la verdad porque la fiscalía que inventamos no funcionó. Tenemos que ser muy creativos e innovadores, porque si nos ajustamos a los ‘modelitos’ de siempre no vamos a llegar a ningún lado”.

El asunto de la comisión de la verdad, agregó, es una discusión que tenemos que realizar porque eso supondría que en México no tenemos instituciones que trabajen en torno a la verdad o que no nos sirven de nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República.

–Los integrantes del Movimiento por la Paz afirman que la estrategia que se aplica fracasó, porque derivó en una guerra en la que ha habido miles de muertos y puntualizan que las instituciones han sido omisas o se han coludido con el crimen.

–El tema es: sí hay elementos para buscar la verdad, pero no estamos en los sesenta. Tenemos organismos internacionales en México; observadores de derechos humanos de chile, dulce y manteca; comisiones de derechos humanos a escala nacional y estatal, y organismos sociales, como el movimiento, con enorme activismo que se meten hasta en la cocina, en el buen sentido de la palabra.