31/08/2011

Apuntes sobre la desaparición forzada y la necesaria modificación al marco jurídico interno El Estado mexicano ha firmado varios tratados en materia


El Estado mexicano ha firmado varios tratados en materia de derechos humanos; por lo tanto, tiene pendiente adecuar la legislación vigente a las normas internacionales que, tratan específicamente la desaparición forzada. Ante la grave situación de violencia que vive el país, es imperante proteger a las víctimas y evitar la perpetuación de este delito.


México tiene obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos respecto a la desaparición forzada; sin embargo, necesita un marco normativo explícito y la creación de prácticas que permitan lograr los avances necesarios para la protección de las personas contra la desaparición forzada.

Prueba de ello es la cifra de más de mil casos de desaparición forzada cometidos durante los años sesenta, setenta y ochenta. Esta cifra se ha incrementado de manera exponencial en este tiempo de guerra contra el crimen organizado: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde tiene documentados 5,397 casos de hombres y mujeres desaparecidas. En ningún caso ha existido una investigación exhaustiva que determine quiénes son los autores materiales e intelectuales de la desaparición.

Uno de los elementos que impiden alcanzar justicia en este tema consiste en que las denuncias no son investigadas como desaparición, pues se dice que el delito no está tipificado o que no hay elementos para establecer una línea de investigación al respecto. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se pronunció señalando que las inconsistencias en la definición del delito de desaparición forzada y el hecho de que las entidades federativas no lo hayan tipificado aún, son acciones que contribuyen a la impunidad. Sin embargo, desde el Centro Prodh entendemos que la tipificación no es suficiente, sino que se necesita la inclusión de disposiciones complementarias y de carácter procesal para poner alto a este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.

Como se mencionó anteriormente, el tema de la desaparición forzada toma especial relevancia en el contexto de combate a la delincuencia organizada, pues ante la falta de un marco normativo regulatorio, los funcionarios públicos intimidan o disuaden a las víctimas o a sus familias de presentar las denuncias, no abren líneas eficaces de investigación y se deslindan de los casos justificándose en que no son de su competencia.

Por esto, es importante tener en cuenta algunos elementos que permitan una mayor protección a las víctimas. Entre ellos, que no debe prescribir el delito mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida; asimismo, que procurando mecanismos de justicia, verdad y reparación, no se admitan excluyentes de responsabilidad penal. Por otra parte, es necesario prever una forma de probar la responsabilidad de los autores intelectuales; es decir, en el caso de los superiores jerárquicos, conocer quién dio la orden o, al menos, toleró la desaparición.

Finalmente, es necesario resaltar que, en concordancia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada debe ser tratada exclusivamente por autoridades civiles. Por lo tanto, los militares deben estar excluidos de la investigación, procesamiento y sanción de casos cometidos por ellos mismos.

Vendedores sufren desalojo en Tabasco

El pasado 4 de agosto, el señor Pedro Manuel Olivé González y 19 vendedores más, que se desempeñan como comerciantes fijos y semifijos en las calles de Villahermosa, Tabasco, fueron desalojados por personal de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad del Ayuntamiento de Centro, a cargo del licenciado Jorge Broca Morales. De hecho, 90 vendedores más recibieron la amenaza de que puede ocurrirles lo mismo. Según información de las víctimas, los gobiernos estatal y municipal están remodelando los edificios de esta zona y lo que se pretende es querer posesionar ahí a otros vendedores afines a sus intereses.
Esta situación es del todo discriminatorio y viola las garantías constitucionales del derecho al trabajo y a una vida digna.
Ante el temor que provoca esta situación, te pedimos entres a la página de la Red TDTT y firmes la acción urgente para que se establezca de manera inmediata el diálogo con los afectados; se respete la manifestación libre y pacífica del plantón solidario y las autoridades se abstengan de usar la fuerza pública para desalojarlos violentamente. Asimismo, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté atenta a los hechos.



Desaparecidos, más de 5 mil en este sexenio con pretexto de la lucha antinarco: activistas / La Jornada, Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en varios estados con motivo del día internacional contra ese delito. Señalaron que paramilitares arremeten por igual contra delincuentes y líderes sociales.

Durango: viudas por decreto / Milenio Diario, El gobierno del estado precisó que las mujeres viudas de policías, cuyos esposos murieron frente al crimen organizado, perderán la ayuda si comprueban que tienen ingresos propios; algunas han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos local.

Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño / La Jornada, El director de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que la ley de seguridad nacional no respetará los derechos humanos. La fiscal de la Audiencia Nacional de España expresó que cuando se utiliza el concepto guerra contra la delincuencia, el Estado entra en un espiral de violencia.

Analizan situación de migrantes y activistas / El Universal, 120 agentes de la Pastoral de la Movilidad Humana de México, Estados Unidos y Colombia están reunidos en Salina Cruz, Oaxaca, para intercambiar experiencias sobre la violencia que enfrentan los migrantes en tránsito y los riesgos de los defensores.


“Tuiteros” detenidos en Veracruz por “terrorismo” se dicen víctimas de tortura / Kaos en la Red, Al rendir declaración previa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia, los detenidos denunciaron haber sido “torturados y privados de su libertad de manera ilegal”.
El seguro popular y la atención especializada a los beneficiarios del programa / CENCOS, En 2010 el número de usuarios se incrementó a 26.2 millones, lo que se traduce en un aumento del 250%. Sin embargo, la disponibilidad de personal para la atención de los asegurados es muy escasa.
Ley de seguridad nacional quiere legalizar el Estado policiaco militar: FDOMEZ / Zapateando, Integrantes de esta organización señalaron que México es ahora un país lleno de un terror impulsado por los propios gobiernos, que tiene a la gente atemorizada y sin capacidad de organizarse.

Hace 5 años / Helguera, en La Jornada (Tan sólo una muestra del sentimiento general



“Y por eso quiero explicarles qué es lo que está pasando. Hay gente muy buena, y les voy a decir, que la mayoría de los mexicanos lo son, pero hay gente mala y esa gente mala debemos combatirla”, les dijo el presidente Calderón a los niños, al hablarles sobre la guerra contra el crimen organizado.


Presentación del Documento: De la descalificación de la crítica a la manipulación de las cifras. 10 Mitos para Justificar una Estrategia Equivocada frente a la Violencia

El día de hoy, miércoles 31 de agosto, a las 12 de la mañana, el Centro Prodh, en conjunto con otras organizaciones, presenta este documento, en el que se refutan los argumentos de Alejandro Poiré y se realiza una crítica de la política actual de seguridad pública.
El Centro Prodh está ubicado en la calle Serapio Rendón 57b, Colonia San Rafael, México, D.F.

Taller de Fortalecimiento Organizacional y Recaudación de Fondos
El Centro Prodh te invita este 9 y 10 de septiembre a intercambiar herramientas y elementos prácticos para el fortalecimiento organizacional, la elaboración de proyectos y la incorporación de la perspectiva de género. El taller está dirigido a responsables de la coordinación y/o elaboración y monitoreo de proyectos de organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales de derechos humanos en proceso de constitución y/o fortalecimiento. Para mayores informes e inscripciones, escribe a educacion@centroprodh.org.mx

Cartas a las y los lectores
En esta nueva sección del Sididh, buscamos dar un espacio a todas aquellas voces que necesiten expresarse sobre una problemática específica en el tema de derechos humanos. Te pedimos que envíes tu carta al correo analisis@centroprodh.org.mx, en una extensión no mayor a los 250 caracteres, de tal forma que la podamos publicar íntegra. (Los contenidos de esta sección no necesariamente reflejarán la postura y criterios del Centro Prodh).

La mayoría de las compras fueron adjudicadas, no licitadas, revela documento del consejo



En el aeropuerto capitalino, subejercicios y violaciones a la norma de adquisiciones


José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 41

La mayoría de las adquisiciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el primer semestre de 2010 no fueron mediante licitaciones públicas, sino de manera directa a particulares, contrario a lo que señalan la Constitución y la ley federal en la materia.

Además, las autoridades aeroportuarias reportaron durante ese año un subejercicio de inversión de 43.4 por ciento y suscribieron 37 contratos sin garantías, mismos que representaban adeudos por 368 millones de pesos. El director de la terminal aérea, Héctor Velázquez Corona, no informó al consejo de administración sobre las acciones que se llevarían a cabo para obtener las garantías correspondientes y la recuperación dichos adeudos.

De acuerdo con las observaciones de comisarios de la Secretaría de la Función Pública, quienes forman parte de dicho consejo, se solicitó a las autoridades del aeropuerto la entrega de información detallada sobre cada operación: momento, persona adjudicada y objeto del contrato.

En 2010, el aeropuerto capitalino obtuvo ingresos por 4 mil 567 millones de pesos y egresos por 5 mil 158 millones, para tener así una pérdida neta por 557.7 millones, luego de impuestos y entrega de enteros. Sólo en los rubros de gastos por servicios materiales y generales, así como de proveduría, los cuales son sujetos a adjudicación, el AICM erogó más de 2 mil millones de pesos.

El documento sostiene que no es suficiente que cada adjudicación directa hecha por el AICM se ampare solamente en el artículo 41 de la ley en la materia –que admite estos casos de manera excepcional–, pues no permite a este comisariato evaluar la pertinencia de cada operación realizada.

Las observaciones del comisariato, contenidas en la versión pública de la reunión del consejo de administración del AICM de septiembre pasado, advierten sobre la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las adquisiciones no se han adjudicado mayoritariamente a través de licitaciones públicas, como ordenan el artículo 134 de la Constitución general y la ley federal en la materia; se hace necesario revertir esta tendencia en el segundo semestre, sostienen las observaciones realizadas al desempeño administrativo del AICM durante ese periodo.

Desde esa fecha, en septiembre pasado, el comisariato advertía ya los problemas financieros que debía enfrentar la terminal aérea con la suspensión de actividades del Grupo Mexicana de Aviación y que finalmente derivaron en cinco ajustes presupuestales de la entidad durante 2010. Las tres aerolíneas que conformaban dicho grupo representaban ingresos importantes para el aeropuerto, en virtud de que tenía 60 por ciento de las operaciones aéreas en la terminal uno.

Sólo en 2010, el AICM reportó un saldo de cartera vencida por 620.5 millones de pesos, más de la mitad producto de la tarifa de uso de aeropuertos, que cobraron las aerolíneas y cuyos recursos no fueron entregados finalmente a la terminal aérea. Se estima que Mexicana quedó a deber unos 350 millones de pesos al aeropuerto capitalino sólo por dicho concepto, recursos que será imposible recuperar en su totalidad.

Gobernación interpuso más de 40 quejas contra juzgadores



Jueces y magistrados han concedido 6 mil recursos de protección a casinos

Mil centros de apuestas operan clandestinamente, estiman autoridades federales

Foto
En los accesos a Monterrey, elementos de las fuerzas federales instalaron retenes para detectar armas o estupefacientes, así como personas que pudieran pertenecer al crimen organizadoFoto Ap

Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 2

Jueces y magistrados federales han concedido en los cuatro años recientes al menos 6 mil recursos, entre amparos y suspensiones de actos de autoridad, que han permitido a las empresas concesionarias de juegos y sorteos abrir más casas de apuestas, evitar la clausura de otras y, en la mayoría de los casos, poder omitir el pago de multas impuestas por autoridades administrativas, de acuerdo con cálculos de funcionarios judiciales.

De su lado, fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) explicaron a La Jornada que la operación de los casinos y la verificación de los juegos y entrega de premios corresponde a la Secretaría de Gobernación, pero la revisión financiera de las operaciones que ahí se realizan son responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Añadieron que hasta el momento no se han registrado en la SIEDO denuncias por lavado de dinero u operaciones ilícitas en estos centros; sin embargo, las fuentes señalaron que las autoridades federales estiman que unos mil centros de apuestas operan de manera clandestina.

De su lado, las fuentes judiciales consultadas indicaron que en los cuatro años recientes, el cuerpo jurídico de Gobernación ha presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) poco más de una decena de quejas administrativas contra jueces de distrito y magistrados de circuito.

También ha presentado quejas ante las autoridades disciplinarias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) contra magistrados que integran alguna de las salas regionales de este órgano jurisdiccional, por supuestos actos de corrupción de los juzgadores.

En el CJF existen actualmente en trámite unas 12 quejas contra jueces y magistrados, mientras que en el TFJFA hay vigentes cerca de 32 denuncias por la supuesta actuación irregular de magistrados que han concedido suspensiones a multas o permisos extraordinarios para la apertura de nuevas casas de juegos y sorteos.

Por otra parte, funcionarios de la SIEDO indicaron que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación tiene a su cargo la atención, trámite y despacho de los asuntos relacionados con la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la ley y el reglamento en la materia.

Esa instancia también tiene facultades para la expedición de permisos, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones consignados en éstos; el finiquito de los permisos para sorteos; el desahogo de las quejas, reclamaciones y procedimientos administrativos provenientes del desarrollo y resultado de juegos con apuestas y sorteos; imponer sanciones por infracciones a la ley y el reglamento respectivos, así como las que le confieran las demás disposiciones aplicables.

De acuerdo con información obtenida a través de una solicitud de información pública, la Unidad de Gobierno tiene a su cargo la atención y despacho de los asuntos en los que sea necesaria la coordinación y colaboración de Gobernación con otras autoridades en materia de juegos con apuestas y sorteos, así como el combate a actividades prohibidas por la ley.

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia es la encargada de imponer las sanciones administrativas que establecen la ley y reglamento en materia de juegos y sorteos, en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del SAT, se encarga de fiscalizar casinos o centros de apuestas en el país, al igual que cualquier otra actividad económica, en el régimen general del impuesto sobre la renta, cuando se trata de personas morales, o en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

En el caso de los operadores contratados por los permisionarios o asociados a éstos para explotar el permiso, tributan en el régimen general de las personas morales en el impuesto sobre la renta.

Baltasar Garzón considera que toda política de seguridad debe involucrar a los ciudadanos



Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño

Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 11

Al analizar el dictamen de reforma a la ley de seguridad nacional, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ruperto Patiño, planteó que de aprobarse se constituiría en una especie de ley del enemigo, que distinguiría a los delincuentes ordinarios de los que son considerados enemigos y que no se les respetarían sus derechos humanos.

Esto es muy grave, porque los derechos humanos son imprescriptibles, son no discriminatorios. Son omnicomprensivos, universales, inalienables para todos. En materia de derechos humanos no podemos hacer distingos: que a quien es más malo no se le apliquen las garantías que a todos los demás, expresó.

Por su parte, y al continuar su participación en el foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, justicia para todos, el juez Baltasar Garzón expresó que si bien entre los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas está la consolidación de los derechos humanos hoy se vive una especie de banalización del concepto; un uso demasiado abusivo, por defecto y por exceso.

Al referirse al caso de México, Garzón consideró que no se puede ofrecer una solución si no se profundiza en las verdaderas causas, y si no se considera que cualquier política de seguridad para que sea respetuosa de los derechos humanos debe involucrar a los ciudadanos en su elaboración.

En la mesa Derechos humanos, de dicho foro, organizado por la Cámara de Diputados, Ruperto Patiño insistió en que si los legisladores aprueban la ley de seguridad nacional “se justificará, desde luego, la ‘guerra’, una guerra que todos entendemos de origen está perdida, porque no es declarándole la guerra a los delincuentes como se resolverá” la inseguridad.

También, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, María Dolores Delgado, reforzó la postura del funcionario de la UNAM. “El derecho penal del enemigo, del que hablaba el doctor Patiño, pasa –en el derecho penal sustantivo– por un aumento de los tipos penales, un aumento de la incriminación de conductas. Hay un sentimiento de revancha de la ciudadanía hacia una situación crítica de violencia o del crimen organizado generalizado”, definió.

Y, agregó, desde el derecho penal procesal se pide una limitación de garantías, un aumento del secreto y de la prisión provisional, al intentar detener al crimen mediante una limitación de los derechos humanos.

La fiscal contra el terrorismo afirmó que cuando se utiliza el concepto de guerra, combate o lucha contra la delincuencia, lo que el Estado hace es replegarse ante el crimen, porque cede en sus valores seculares y además entra en una espiral de violencia, porque los crímenes de Estado y los de la violencia se van justificando, y la consecuencia gravísima es un aumento de la inseguridad ciudadana. Cuando el Estado responde con más violencia se percibe mayor inseguridad.

Al respecto, la diputada Enoé Uranga planteó que para el gobierno de Felipe Calderón el grado de maldad del perseguido justifica el grado en el que se tuerce la ley.

Expuso que en el debate sobre la seguridad nacional pretende utilizarse este concepto como herramienta de protección de intereses económicos y políticos, cuando la discusión debía centrarse en garantizar la seguridad humana, que no se refiere a un término militar ni defensivo, sino de solidaridad con la gente y para dar a las personas seguridad contra amenazas violentas o no.

Paramilitares arremeten por igual contra delincuentes y líderes sociales, señalan



Desaparecidos, más de 5 mil en este sexenio con pretexto de la lucha antinarco: activistas

Familiares de levantados se manifiestan en varios estados con motivo del día internacional contra ese delito

De los corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 16

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón más de 5 mil personas han sido detenidas y desaparecidas de manera forzosa, encubriendo sus casos con la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad es una estrategia para criminalizar y borrar a luchadores sociales y activistas, aseguró en Jalapa, Veracruz, el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez).

En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, Ramiro Díaz Baltazar y Braulio Morales Pascual, representantes de frente en Veracruz, consideraron que la estrategia de la década de 1970 para militarizar diversas zonas del país aún se utiliza, pero ahora el pretexto ya no es buscar gavilleros o insurgentes, sino miembros de la delincuencia organizada, a lo que se agrega la creación de grupos paramilitares que se dirigen contra narcotraficantes, pero también contra dirigentes de movimientos populares.

Advirtieron que la militarización del territorio nacional quedará legalizada con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene por objetivo conculcar derechos civiles y establecer un estado policiaco-militar.

Mecanismo de represión

Los activistas sostuvieron que la desaparición forzada sigue como un mecanismo de represión contra el pueblo de parte del gobierno, pretendiendo con ello la eliminación física de quienes considera peligrosos o sospechosos, dando una salida policiaco-militar a la movilización ciudadana.

El Día Internacional del Detenido-Desaparecido también se conmemoró en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigió la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario privados de su libertad en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

Además, familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Nuevo León protestaron frente al palacio de gobierno de Monterrey, donde exigieron justicia para al menos 900 personas desaparecidas en la entidad, casos que han sido documentados por organizaciones civiles.

En tanto, en Culiacán, Sinaloa, alrededor de 30 personas realizaron un plantón afuera de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en protesta por la desaparición de familiares y la impunidad ante los hechos delictivos.

En Chilpancingo, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero aseguró que de abril de 2005 a la fecha, a casi seis meses de que empezó la administración de Ángel Aguirre Rivero, se sabe de mil 659 víctimas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, de las cuales 259 se encuentran en calidad de desaparecidas.

Mientras, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer ayer en Cuernavaca que Martha Sharmin Cruz Bahena, de 17 años de edad, estudiante de la preparatoria del municipio de Tlaltizapán, desapareció el pasado 23 de agosto, y al momento sus familiares no saben nada de ella.

En tanto, participantes en el foro Desafíos ante la desaparición forzada señalaron que para resolver el fenómeno se requiere una ley general que tipifique en todo el país ese delito de lesa humanidad, reconozca la coadyuvancia de los familiares de las víctimas y diseñe programas de reparación integral.

En el contexto del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, activistas especializados en el tema hicieron un balance del primer aniversario de la Campaña nacional contra la desaparición forzada, que ha documentado 28 casos ocurridos contra defensores de derechos humanos y dos contra miembros de grupos insurgentes, de 2005 a la fecha.

Además de exigir la promulgación de una ley general contra la desaparición forzada de personas, las más de 70 organizaciones que forman parte de la campaña reiteraron su exigencia de que el Estado mexicano presente con vida a todos los desaparecidos, modifique la Ley de Amparo para garantizar a cualquier persona la disponibilidad de este recurso, y estableaca protocolos de investigación eficientes para resolver todos los casos de ese delito.

Asimismo, subrayaron la necesidad de que las autoridades instauren cuanto antes un registro público nacional de personas en dicha condición, sancionen a los militares involucrados en las violaciones a las garantías individuales y cumplan de manera puntual todas las sentencias internacionales que hayan recibido por este tema.

Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó la atención sobre el hecho de que en el país las desapariciones forzadas no se cometan únicamente por móviles políticos, y lamentó que sean las familias de las víctimas las que dediquen su vida a buscar justicia, en vez de que las instancias jurídicas se encarguen.

Santiago Corcuera, experto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, subrayó que una ley general contra la desaparición permitiría tipificar este crimen en los códigos penales de todo el país –de acuerdo con los estándares internacionales–, daría facultades exclusivas a las autoridades civiles para analizarlo y establecería mecanismos eficientes de búsqueda de los desaparecidos.

Por su parte, Norma Ledezma, fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, enfatizó la importancia de que se reconozcan los aportes de la coadyuvancia de los familiares en las investigaciones; puso de ejemplo que mediante este recurso se ha logrado encontrar con vida a siete personas en los años recientes.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alertó que actualmente hay más casos de desapariciones forzadas que en los años 60, 70 y 80, pero ahora encubiertas de forma dolosa por la guerra contra el crimen organizado.

Andrés T. Morales, Elio Henríquez, David Carrizales, Sergio Ocampo, Javier Valdez, Rubicela Morelos y Carlos Camacho, corresponsales, y Fernando Camacho Servín, reportero

"Abrumadora y dramática realidad del terror"



Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 16

Con ocasión del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad denunció la recurrencia de este delito en México.

Enfatizó que hay entidades, como Coahuila, donde ha tenido mayor incidencia, pues en ese estado se reportan al menos 194 casos, sin que la autoridad local haga algo por buscarlos o esclarecer los sucesos. En sus demandas, ante el alarmante crecimiento de este delito, pidieron al gobierno federal atraer los casos y crear una subprocuraduría especial que les dé atención y seguimiento.

En una carta abierta, el Movimiento recuerda que el 30 de agosto es considerado el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, condena el “aumento en las ejecuciones, secuestros, extorsiones, desplazamientos, trabajo y desapariciones forzadas, y que a pesar de que sigue aumentando de forma abrumadora esta dramática realidad de terror, la actitud de los gobiernos federal y estatal se enfoca en cubrir su mala administración”.

Sobre al tratamiento de las desapariciones forzadas en Coahuila, sostiene que los 194 casos reportados se mantienen en la impunidad, generada por la indolencia, corrupción, colusión y comisión de los gobernadores y de la procuraduría del estado.

Piden protección para familia de Millán



De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 18

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría de Gobernación que otorgue medidas cautelares a los familiares del periodista Humberto Millán Salazar, quien fue encontrado sin vida el pasado 25 de agosto en Culiacán, Sinaloa. Luego de la desaparición y asesinato del director del periódico digital A discusión, sus familiares recibieron mensajes amenazantes, por lo que el organismo urgió a las autoridades a que se les brinde protección. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura manifestó su condena por el asesinato del reportero.

Fomentan el despojo de sus territorios, señala informe del Frayba



Proyectos del gobierno atentan contra derechos de los indígenas

Responden a una política de exclusión, marginación y pobreza

Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 19

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 30 de agosto. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas se encuentran seriamente amenazados por la presencia de proyectos y planes gubernamentales que fomentan el despojo del territorio mediante intereses ajenos a quienes ancestralmente los habitan, afirma el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en su informe anual.

Los pueblos indígenas en el país se encuentran en una situación en extremo compleja debido, entre otras razones, a la disputa por el control territorial y a la cultura de violencia generada por el Estado mexicano, que continúa en una vorágine interminable, agrega en el informe Late la tierra en las veredas de la resistencia.

Subraya que “en el origen de este escenario están los proyectos y planes de los gobiernos federal, estatal y municipales, como el Centro Integralmente Planeado, que responden a una política de exclusión, marginación y pobreza, y que fomentan el despojo del territorio.

Según el organismo que preside Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, dichos planes, relacionados con el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla-Panamá, han causado en Chiapas conflictos con graves consecuencias sociales en las regiones donde se ubican comunidades habitadas por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes construyen nuevas alternativas frente a proyectos de desarrollo dirigidos a la explotación de los recursos naturales ajenos a la cultura de los pueblos indígenas.

Víctor Hugo López, director del organismo, dijo durante la presentación del informe que con 18 por ciento del total de las quejas, la relativa al despojo de territorios fue la más recurrente en el lapso que abarca el documento (de marzo de 2010 a abril de 2011).

También dijo que el ejercicio de la autonomía a través de la libre determinación es una asignatura pendiente del Estado mexicano con los pueblos indígenas, ya que “no hay voluntad política del gobierno de garantizar, respetar y promover los derechos colectivos de los pueblos, lo cual implica una modificación profunda a las bases institucionales del Estado, es decir, un cambio radical de sistema de gobierno.

En presencia de invitados, sostuvo que ante el desorden nacional político y social los pueblos ejercen y recuperan formas ancestrales de autogobierno.

Manifestó que la construcción de las autonomías que tiene lugar en México, especialmente en Chiapas, es como una casa invisible, pues se habla mucho de sus avances pero no se ven o no se quieren ver.

Víctor Hugo López precisó que el documento presentado hoy en las instalaciones del Frayba tiene entre otros objetivos “dar cuenta de la situación de los derechos humanos y de los procesos de defensa y ejercicio de derechos en cuatro ámbitos: territorio, criminalización de la protesta, autonomía y la memoria histórica.

Señaló que el organismo que dirige ha documentado los ataques a proyectos de autonomía en Chiapas sobre salud, educación, comunicación y autodeterminación de las comunidades y pueblos.

Magdalena Gómez, académica estudiosa del tema, dijo en su mensaje que, en sus vertientes de análisis, el informe nos ubica en la necesidad de hacer un recuento a la década de la contrarreforma indígena de 2001.

La articulista de La Jornada añadió: Aquí están los elementos básicos para insistir en la razón de Estado que en 2001 se hizo prevalecer en contra de los acuerdos de San Andrés: el impacto de esa contrarreforma se ve reflejado a lo largo del documento.

Debe informar de acciones para evitar abusos



AI: fracasó plan de México contra plagio de extranjeros

Afp y Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 15

Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el fracaso del plan lanzado hace un año por México para luchar contra el secuestro de un número alarmante de centroamericanos que cruzan ese país en su intento por llegar a Estados Unidos.

El plan, anunciado días después de la masacre de 72 indocumentados de Centroamérica, Ecuador y Brasil, en un rancho de Tamaulipas, incluía medidas para prevenir y combatir estos plagios, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima en alrededor de 20 mil anuales.

A pesar de las afirmaciones del gobierno de que está ocupándose de esa cuestión, no hay pruebas de que la aplicación de esa política ampliamente publicitada haya tenido un impacto, dijo Rupert Knox, investigador especializado en México de la organización establecida en Londres.

El gobierno mexicano debe hacer un informe detallado sobre el impacto de la estrategia e informar sobre las acciones judiciales y condenas de todos aquellos responsables de abusos contra los migrantes, agregó.

Amnistía afirma haber documentado docenas de casos de secuestro, tortura, violación, asesinato y desaparición de centroamericanos.

Mujeres abandonan el país por falta de oportunidades

La crisis económica, la falta de oportunidades y la inseguridad que se viven en México propiciaron que cerca de 5 millones de mexicanas salieran del país en la última década –principalmente a Estados Unidos y Canadá–, concluyeron especialistas reunidas en el seminario Mujeres, migración y seguridad ciudadana.

Gretchen Kuhner, del Instituto de Mujeres en Migración, destacó que hay cambios importantes en la población que emigra y que el desplazamiento femenino se ha traducido en el cuidado de los hijos por las abuelas, cuestión que debería atender el Estado.

Ariane Díaz

Suman 27 mil 200 delincuentes aprehendidos durante 2010


Ordena Ifai a PGR entregar datos estadísticos de detenidos

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 10

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y entregar la documentación estadística sobre la situación legal de los 27 mil 200 delincuentes capturados en 2010.

Dicha cifra se dio a conocer por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación.

Un ciudadano pidió a la PGR que detallara la situación de los delincuentes, en los siguientes términos: cuántos quedaron en libertad por usar fármacos dentro de las cantidades legalmente permitidas; el número de liberados bajo reservas de ley (aquellos que no fueron puestos a disposición de un juez); el número de consignados, y a cuántos se les dictó auto de formal prisión.

Tras solicitar una prórroga –que amplió al doble el plazo de respuesta–, la procuraduría declaró la inexistencia de la información y adjuntó el resolutivo de su comité de información, con las respuestas de varias de sus unidades consultadas, en el sentido de que sus sistemas estadísticos no le permiten obtener los datos solicitados.

En el recurso de queja ante el Ifai, que se turnó al comisionado ponente Ángel Trinidad, el solicitante indicó que el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional informó que 80 por ciento de los vinculados a la delincuencia organizada son presentados ante el Ministerio Público y consignados.

Trinidad observó además que en otra solicitud de información (0001700067707), la PGR entregó datos estadísticos de los consignados con auto de formal prisión y liberados. La información entregada provenía de las delegaciones estatales de la dependencia federal.

En el caso que ahora se revisó, Trinidad advirtió que el Ministerio Público no consultó a las delegaciones o a la coordinación de éstas, las cuales tienen la obligación de generar información estadística.

30/08/2011

"Con una incansable búsqueda" FUUNDEC


Al conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, FUUNDEC denuncia el sufrimiento que cientos de familias viven en Coahuila como consecuencia de la desaparición forzada perpetrada en estos últimos años. Asimismo, señalan la nulidad del trabajo de la Fiscalía General de Coahuila, por lo que piden la atracción del caso desde instancias federales.

Al conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, FUUNDEC denuncia el sufrimiento que cientos de familias viven en Coahuila como consecuencia de la desaparición forzada perpetrada en estos últimos años. Asimismo, señalan la nulidad del trabajo de la Fiscalía General de Coahuila, por lo que piden la atracción del caso desde instancias federales.

Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido, motivo por el cual Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) emitió un boletín de prensa, en el que dio a conocer su postura sobre los hechos que han obligado a cientos de familias a separarse de sus seres queridos y a vivir la zozobra y la angustia de no saber nada de ellos. Por este motivo, señalan: “Hoy seguimos y seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos y desaparecidas, exigiendo acceso a la justicia y medidas de no repetición. Seguiremos nombrándolos, arreglando sus cuartos, poniendo su plato en la mesa donde quiera que estén; queremos reiterarles que los estamos buscando y que no descansaremos hasta encontrarlos”.

Ante la escalada de violencia que vive el norte del país, FUUNDEC se lamentó por la situación, afirmando que ésta es producto de la negligencia, incompetencia e incapacidad de un gobierno que está lejano a los problemas de fondo y que, además, en este momento, se encuentra siendo cuestionado por los malos manejos financieros. Señalaron que en Coahuila se han documentado 194 casos de personas desparecidas de manera forzada, mismos que desde que se cometieron siguen en la impunidad generada por la indolencia, corrupción, colusión y comisión de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Denunciaron que después de once reuniones con servidores públicos de alto nivel, como el Gobernador y el Fiscal General, no se han tenido resultados favorables, lo cual muestra la falta de capacidad de las autoridades de Coahuila para brindar justicia a las víctimas. Por lo tanto, decidieron buscar, en mayo de 2010, una audiencia con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, que pudo concretarse hasta el pasado 29 de julio de este año; sin embargo, la respuesta fue evasión, simulación y promesas que no han sido cumplidas.

Considerando que la desaparición forzada es un problema de relevancia social que en estos momentos de la historia de México cobra mayores dimensiones, FUUNDEC solicitó a la PGR que, en el ejercicio de sus facultades, atraiga sus casos, pues el gobierno local no aporta ningún elemento a la investigación. Por su parte, al Congreso de Coahuila le pidieron pronunciarse por el alarmante número de personas desaparecidas en el estado y por la deficiencia de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, al gobierno federal le requirieron atención integral de los casos y de las víctimas mediante la creación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas, protocolos de investigación homologados para todo el país, aceptar las propuestas del grupo de trabajo de Naciones Unidas para desapariciones forzadas. Por último, a la sociedad civil nacional e internacional le pidieron atender este llamado urgente a sumarse a su lucha y a continuar sin descanso buscando a sus seres queridos.


¿Dónde están? Exigen su presentación
El domingo 28 de agosto, los Comités Cerezo México, Hasta Encontrarlos y Monseñor Romero, efectuaron en el Zócalo de la Ciudad de México un festival político musical en el que exigieron la presentación de todas las personas desaparecidas políticas y de aquellas que han desaparecido durante la guerra contra el crimen organizado. Aunque no hay un dato exacto, señalaron que son más de dos mil personas quienes fueron desaparecidas en la guerra sucia, ocurrida en México entre los años 70 y 80. La mayor parte sucedieron en Guerrero, aunque también en estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Chiapas. Hoy en día se habla de más de cinco mil desaparecidos, la mayoría de ellos, ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón.

Por la noche, la organización HIJOS realizó un mitin frente al edificio donde se ubicaba la Dirección Federal de Seguridad, lugar en el que se torturaba a los detenidos. Ahí pintaron carteles que denotaban los maltratos que sufrían en aquél lugar y proyectaron una película sobre la historia de esta corporación policiaca. Uno de los jóvenes de HIJOS México señaló: “Aquí estuvieron, por aquí pasaron, por eso vamos a volver siempre, mientras sigan existiendo detenidos desaparecidos… ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”



Lloran ausencias víctimas de desapariciones forzadas / El Universal, Distintos testimonios dan cuenta del sufrimiento de las familias de las más de 5 mil personas que la CNDH tiene como desaparecidas en México.

Compromiso para frenar violencia en el país, piden a políticos / El Financiero, El Rector de la UNAM, distintos académicos y el Juez Baltazar Garzón pidieron leyes de seguridad ciudadana que permitan la integralidad de los derechos humanos.

La mina “La Esmeralda” no era segura, dice sindicato / La Jornada, El Sindicato Nacional de Mineros señaló que es indignante el accidente del viernes en la mina de carbón ubicada en Coahuila, donde perdieron la vida 4 trabajadores.

México, con estrategia ineficaz en migración: AI / El Universal, Amnistía Internacional señaló que la estrategia integral de combate a secuestros contra migrantes del gobierno federal no ha impactado en la seguridad de las personas migrantes.
Preso político de “la voz del Amate” Rosario Díaz Méndez denuncia las injusticias en su contra / Zapateando, fue detenido desde 2005 y torturado y acusado de un crimen que no cometió. Pide a las organizaciones mantenerse al pendiente de su caso.

Saldos de la represión política en México, de Miguel Concha / Comité Cerezo México, Artículo de opinión sobre el Informe del Comité Cerezo, que refleja la cotidianeidad de la militarización, pero también la existencia de esperanza, verdad, memoria y justicia.

Solidaridad con las comunidades zapatistas de la Brigada de Observación y Solidaridad / Indymedia México, desde el sábadoi 27 de agosto, se encuentran recogiendo testimonios de la situación de los proyectos autónomos y las acciones de los gobiernos en las comunidades.

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Desaparición forzada: heridas abiertas / Javier Hernández, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refleja una visión internacional de la grave violación a derechos humanos que es la desaparición forzada y los compromisos que el Estado mexicano aún le falta cumplir
en la materia.


“Fue angustia, impotencia y dolor lo que sentí (…) cuando no llegaban. Hoy quiero saber qué pasó con ellos”. María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos.



Foro: Desafíos ante la Desaparición Forzada en México
El día de hoy, a las 11.30 de la mañana, en la Casa de la Solidaridad (Patricio Sanz 449, Col. Del Valle) se llevará a cabo este foro, con la participación de Santiago Corcuera (Consejero de la CDHDF), Norma Ledezma (Justicia para Nuestras Hijas), Valeria Moscoso (CMDPDH), José Rosario Marroquín (Centro Prodh) y con la moderación de Nadin Reyes (Hasta Encontrarlos). Para mayores informes, escribir a desaparecidos.presentacion@gmail.com

Jornadas: El Rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada
En el marco del día internacional de los desaparecidos, invitan a este evento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), AFADEM-FEDEFAM, ANAD, el Centro Prodh, la CMDPDH, el Comité “Hasta encontrarlos”, Documenta, A.C, la Fundación Diego Lucero, H.I.J.O.S. México, I(dh)eas, el Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (DHUACM) y Serapaz. Se llevará a cabo los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre de 9:30 a 14:00 hrs en el Salón Digna Ochoa 1 de la CDHDF. Ambos días se proyectarán películas referentes a la desaparición forzada a las 16 hrs.


Se reunirán el 11 de septiembre con el movimiento de Javier Sicilia



ONG de Oaxaca crean grupo para promover comisión de la verdad


Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 30

Oaxaca, Oax., 29 de agosto. Organizaciones, colectivos y activistas crearon el Espacio Ciudadano por la Justicia y la Verdad en Oaxaca, a fin de que se forme una comisión de la verdad que aclare los actos de autoritarismo, violencia e impunidad iniciados en 1996 en el estado.

En conferencia de prensa, en la cual participaron Gustavo Esteva, Sara Méndez e Isaac Torres, entre otros, el director de Servicios para una Educación Alternativa, Marcos Leyva Madrid, dijo que éste es un esfuerzo amplio, plural y diverso, independiente de partidos políticos y poderes públicos, pero abierto a dialogar con ellos.

Explicó que la comisión busca verdad y justicia para el pueblo de Oaxaca, pues el gobierno actual, a pesar de ser una de sus promesas de campaña y un compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea, no ha atendido esta demanda de diversos sectores sociales ante los sucesos de 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz reprimió a grupos sociales.

Subrayó que si bien es de gran importancia la creación de la Fiscalía de Investigaciones sobre Delitos de Trascendencia Social, la administración estatal debe cumplir su palabra y enviar una iniciativa al Congreso o emitir un decreto para crear de inmediato la comisión de la verdad.

Según las leyes internacionales, las obligaciones fundamentales de una comisión de este tipo son luchar contra la impunidad y garantizar el derecho inalienable a la verdad y a la justicia, particularmente en procesos de transición de regímenes autoritarios a democráticos, como el que vive Oaxaca, señaló Leyva.

Precisó que la comisión deberá garantizar la participación de los sobrevivientes de la represión, víctimas y familiares, de las organizaciones civiles y del resto de la sociedad.

Además, debe ofrecer una investigación independiente que impulse la justicia, la reconciliación, la recuperación de la memoria histórica y la reconstrucción del tejido social, así como el análisis de las condiciones sociales, políticas y culturales que han propiciado autoritarismo, violencia e impunidad en Oaxaca, especialmente a partir de 1996, y la recuperación de documentos sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos, y esclarecer en especial los cometidos por agentes del Estado, paramilitares o grupos armados con la aquiescencia del Estado, e identificar a los responsables.

También, habría que elaborar propuestas de reparación de los daños y compensación a las víctimas y sus familiares, así como recomendar reformas institucionales y legales, y la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de sus recomendaciones.

Leyva Madrid dijo que una de las primeras actividades del Espacio Ciudadano por la Justicia y la Verdad en Oaxaca será recibir el día 11 en esta capital al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se reunirá con grupos representativos de los pueblos indios de Oaxaca, en particular de comunidades en resistencia para la defensa de su territorio.

Deploran omisión ante desapariciones



Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 38

Una de las principales carencias para resolver los casos de miles de víctimas de desaparición forzada en México es la falta de una ley que garantice la búsqueda de la verdad histórica, el castigo a los responsables y la no repetición de los hechos.

Así lo denunciaron activistas especializadas en el tema –a propósito del Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora hoy–, quienes lamentaron que el gobierno federal siga mostrando falta de voluntad para resolver esos crímenes de lesa humanidad.

Nadine Reyes, del Comité de Familiares de Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, expresó que en los pasados cuatro años ha habido más retrocesos que avances en este campo, ya que en el contexto de la guerra contra el crimen organizado los casos han ido en aumento.

Los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos han logrado algunas modificaciones legislativas, pero no han sido suficientes para resolver el problema. No se ha atrapado a los responsables intelectuales ni materiales de los hechos, lamentó.

A pesar de que cada vez hay más casos –la agrupación tiene registro de más de 200 en Michoacán de 2004 a la fecha–, las denuncias son muy escasas por miedo de los familiares de las víctimas a sufrir represalias.

Por ello es urgente legislar sobre el tema, ya que hasta el momento no hay un marco legal para castigar a los represores, como ordena la sentencia de la Corte Interamericana por el caso de Rosendo Radilla.

Rechaza la definición de terrorismo para el atentado cometido en el casino Royale



Ante la violencia, Narro llama a no cometer el delito del silencio

Una de las estrategias primarias para combatir este problema es la educación: Baltasar Garzón

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 5

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, planteó eliminar el miedo en la sociedad porque éste es un mal compañero para la solución del problema de la delincuencia.

El miedo paraliza y oscurece la razón. Enmudece a la gente e inhibe la acción, dijo al participar en la inauguración del Foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad.

En su exposición en el encuentro organizado por la Cámara de Diputados, al que asistió el juez español Baltasar Garzón, Narro resaltó que, a diferencia de quienes tradicionalmente no han tenido voz, los que sí la tienen no dejemos de decir lo que pensamos, no sea que cometamos lo que Federico Mayor ha llamado en uno de sus poemas delito de silencio.

Asimismo, en entrevista, el rector rechazó la definición de terrorismo para el atentado en el casino Royale, de Monterrey, porque –expuso– no tuvo un fondo político, sino se trató de un acto delictivo.

Respeto a garantías, hilo conductor

Baltasar Garzón planteó que uno de los ejes para enfrentar el problema de violencia en el país es la educación, la cual es fundamental para vertebrar a una sociedad, a un país y a un régimen democrático, y para generar la convivencia que se precisa para combatir los fenómenos que atacan a la seguridad y que ponen en peligro la convivencia pacífica y democrática de cualquier país.

Garzón también consideró que cualquier acción debe tener como hilo conductor el estado de derecho y el respeto a las garantías individuales, porque éstas nos diferencian de los que ponen en cuestión el modelo democrático que nos rige.

Planteó que, en un momento tan delicado, también es necesario el compromiso del Poder Judicial para acabar con la corrupción, pero acotó que cualquier acción contra la delincuencia debe basarse en la corresponsabilidad.

El peor remedio es creer que cada uno tiene la solución correcta. No aparecerán fórmulas mágicas, sino surgen del debate y la coordinación, la cooperación y la integración, porque nos enfrentamos a un problema de Estado y éstos deben tener una solución desde la sociedad, con la sociedad y defendiendo la razón democrática de los ciudadanos, afirmó.

Por su parte, el rector José Narro resaltó que el problema de la inseguridad también exige revisar las variables del exterior y de que la democracia mexicana vive en medio de paradojas y transiciones incompletas.

Alertó que persiste el riesgo de un debilitamiento institucional y de conductas autoritarias, pero resaltó que aún más peligrosa sería una pérdida del sentimiento de existencia colectiva.

Parece que un conjunto de sentimientos negativos, que debemos desterrar, se ha extendido en la sociedad. El miedo, la frustración o la desesperanza se hacen presentes con frecuencia, y no son raros los casos en los que la indiferencia, la negación o la aceptación de hechos indeseados, que se transforman en costumbre, parecen acompañar la vida cotidiana de muchos de nosotros, afirmó.

A su vez, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés cuestionó que el presidente Felipe Calderón atribuyera a verdaderos terroristas el incendio del casino Royale.

“Con motivo de la tragedia que cimbró a México, se desencadenó un nuevo tipo de retórica y se sustituyó el concepto de narcodelincuencia por el de terrorismo, que implican dos cosas distintas”, dijo.

El ex procurador general de la República expuso que Calderón no ha aclarado “si lo que antes se caracterizaba como delincuencia se transformó en terrorismo o son dos fenómenos distintos... (Porque) si ahora estamos a dos fuegos, ante el de los narcodelincuentes y el de los terroristas, este país está en grave riesgo y no se están tomando acciones, porque responderles con tres días de duelo es retórica y no una medida jurídica, política ni de seguridad”.

Finalmente, Leoluca Orlando, ex alcalde de Palermo, capital de Sicilia, expuso que cuando las autoridades ya no pueden garantizar la seguridad a los ciudadanos, éstos recurren a las mafias, que les ofrecen una seguridad perversa.

Refirió que cuando en Palermo la violencia de la mafia era sofocante se inició una revuelta, no entre la gente, sino en los palacios de justicia, y los magistrados estaban combatiendo, no la mafia, sino a sus colegas magistrados. Consideró que en el caso de México debe modificarse el dicho de que el que no tranza no avanza, por el que no tranza, avanza.

Ley de seguridad, bajo la lupa de la CNDH



Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 10

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que si la reforma a la ley de seguridad nacional viola la Constitución o presenta vicios, hará uso de su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad para que no entre en vigor.

Entrevistado luego de asistir al foro Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, el ombudsman consideró que las dos cámaras del Congreso de la Unión deben discutir con cuidado el contenido de la reforma, con objeto de generar un pleno equilibrio entre los derechos de la sociedad, los derechos humanos y las facultades de la autoridad para que pueda luchar contra la delincuencia.

Expuso que uno de los puntos más delicados es la declaratoria de afectación a la seguridad interior, y planteó que los diputados y senadores deben trabajar en la prevención del delito y atención a las víctimas.

Que se mejore la eficiencia institucional, y esto no se logra sólo con un ejercicio mayor de fuerza del Estado, sino con una mayor tarea de prevención por parte de la autoridad, declaró.

Otro de los aspectos que los legisladores deben evaluar, opinó, es que con la reforma a la ley de seguridad pueda regularizarse la actuación del Ejército en operativos policiacos en las calles.

Asimismo, refirió, hasta ahora la CNDH ha recibido 87 quejas por desapariciones de personas, casi el doble de las reportadas en 2010, cuando se recibieron 46.

Viola su compromiso de ceder la mesa directiva al sol azteca



Se empecina el PRI en bloquear al PRD en la Cámara de Diputados

Lamenta Ríos Piter que por la falta de acuerdo se tenga que abrir un periodo de cinco días para negociar entre las fuerzas políticas

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 14

A dos días de que venza el plazo para instalar la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene su rechazo a permitir que un legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asuma la presidencia de ese órgano legislativo.

El coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, reconoció que no hay acuerdo entre las bancadas con el fin de modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para permitir que por una sola vez la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política estén a cargo de dos diputados del mismo partido, en este caso del sol azteca.

La Ley Orgánica de la Cámara de Diputados define que un partido podrá tener a su cargo ambos órganos directivos, y que en el tercer año de cada legislatura, la elección del presidente de la mesa directiva y de los integrantes de ésta se realizará en la sesión preparatoria a la del Congreso General, esto es, el 31 de agosto.

Pero también define que, si no se alcanzara el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en favor de la lista que se entregue al pleno, la actual mesa directiva continuará en funciones hasta el 5 de septiembre.

No hay acuerdo. Lo que está muy claro es que la Junta de Coordinación Política nos corresponde, y es previsible que no haya arreglo sobre la mesa directiva, y que tendremos cinco días más para negociar, declaró ayer el coordinador perredista, Armando Ríos Piter.

Dijo que el PRD insistirá en que los otros seis coordinadores parlamentarios respeten el acuerdo del 5 de septiembre de 2010, cuando se comprometieron a desarrollar todas las acciones políticas, jurídicas y legislativas para que “la presidencia de la mesa sea ocupada por un diputado del PRD, previa votación de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.

El acuerdo fue firmado por todos los coordinadores, incluido Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, quien ahora quiere la mesa directiva, y sostenemos que debe cumplirse en sus términos, expresó.

Ríos Piter señaló que en el grupo parlamentario aún no han resuelto si, en caso de que se cumpla el acuerdo, se propondrá como candidatos a presidir la mesa directiva a Alejandro Encinas o a Guadalupe Acosta, quienes regresan a sus curules después de perder las elecciones para gobernador en el estado de México y Nayarit, respectivamente.

Expuso que, debido a la falta de acuerdo, se abrirá un periodo de cinco días para negociar la inclusión de un artículo transitorio que permita al PRD encabezar los dos principales cargos de dirección de la Cámara de manera simultánea.

Movilización frente a las oficinas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes



Exigen jubilados del SME pago del fondo para deudos, establecido como prestación

Muchos trabajadores que habían iniciado trámites para pensionarse al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro plantearán su caso en las mesas que se abrirán la próxima semana

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2011, p. 17

Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron ayer una movilización frente a las oficinas centrales del servicio de administración y enajenación de bienes (SAE) en demanda de que este organismo pague un fondo establecido para los deudos de los electricistas que fallecen, el cual estaba contemplado entre sus prestaciones.

Del mismo modo señalaron que al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) muchos trabajadores que habían iniciado sus trámites de jubilación se quedaron en el limbo y no les han resuelto este problema.

Ante esta movilización, representantes del SAE recibieron a los electricistas y llegaron a un acuerdo con la finalidad de establecer una mesa de negociación y diálogo que empezará a operar la próxima semana, para revisar diversos asuntos planteados por los electricistas.

Según informó el SAE, se atenderán problemas específicos que plantean los jubilados, ya que hay al menos 500 casos de inconformidad con el monto de las jubilaciones y el pago de prestaciones, entre otros asuntos que serán atendidos caso por caso.

La dependencia señaló que se revisan casos que tienen que ver con el cálculo para el pago de pensiones, y en particular el pago de la prestación de un fondo destinado a los deudos de los trabajadores, el cual estaba contemplado dentro de las prestaciones del SME, mismo que no ha sido cubierto a los familiares de trabajadores fallecidos desde octubre del año pasado a la fecha.

Señalaron que éste es uno de los principales puntos de controversia con el SAE, después del relativo al reconocimiento del patrón sustituto.

Las mesas de negociación entre el SAE y el SME se establecerán a partir de la próxima semana y, según el primer organismo, se espera desahogar puntos específicos que plantean los electricistas, sobre diferencias de sus pensiones y jubilaciones.