16/07/2014

Gilberto López y Rivas acepta petición sobre desaparecidos



En relación con el comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, de fecha 14 de julio del presente año, informo que acepto convocar a la formación de una Comisión Civil de seguimiento y verificación de la búsqueda, localización y presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, con base en la resolución emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, en la cual ordena a las autoridades responsables la creación de comisiones especiales. En tal virtud, propongo a las siguientes personas: doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria; doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México); Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, representantes legales de los familiares de los desaparecidos; Miguel Álvarez Gándara, Dolores González y Pablo Romo, del equipo de Serapaz. Igualmente, me sumo a las propuestas de los familiares de los desaparecidos en cuanto al acompañamiento de organismos internacionales y expertos de reconocido prestigio a dicha comisión y reitero su llamado al secretario de Gobernación para que proceda a la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda.

Dr. Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Centro Regional Morelos

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

No basta!




AL PUEBLO DE MEXICO

AL C. DR. GILBERTO LOPEZ Y RIVAS

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

¡NO BASTA!

El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), atento a las respuestas que el Estado mexicano tiene para con el pueblo mexicano en particular en los casos de desaparición forzada que le atañen de manera directa e inexcusable, nos enteramos de la resolución emitidapor el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación,el 19 de junio de este mismo año, que atañe al delito de lesa humanidad imprescriptible y permanente cometido en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la Ciudad de Oaxaca. 

No cabe duda que el procedimiento jurídico que definieron llevar a cabo los abogados encargados del caso y la actividad que han desarrollado los familiares de nuestros compañeros, así como la de todas las personas que se han solidarizado con ambos, ha sido acertado, por lo que les estamos agradecidos, aunque llama nuestra atención el hecho que sea hasta esta fecha que exista una respuesta de tal magnitud.

Hasta este momento hemos desconfiado, al igual que nuestro pueblo, delEstado mexicano porque siempre ha mentido a familiares y organizaciones populares, diciendo que va a investigar y a castigar a los responsables de estos hechos cuando en realidad sólo procura impunidad y se sigue hostigando de diferentes maneras a los familiares de las víctimas.

Porque todo este tiempo más que buscar a nuestros compañeros han preparado y continúan preparando una celada para incriminar a luchadores sociales al sembrarles falsas pruebas y crear previamente expedientes judiciales utilizando a los personeros que están en los medios para crear “vasos comunicantes” y falsos vínculos con nuestro partido, con el fin de llegar directamente a asesinar “justificadamente”, para justificar los crímenes de Estado, para evitar la existencia de presos políticos y arrancar banderas de lucha al pueblo organizado.

Confiamos en quienes han demostrado su calidad moral y en este caso lo hacemos con el C. Dr. Gilberto López y Rivas a quien nos dirigimos respetuosamente para solicitarle, en virtud del conocimiento del tema y de su participación en la ex Comisión de Mediación, convoque a otras personas con su calidad para formar una Comisión que en esta ocasión sería de seguimiento y verificación de la búsqueda, localización y presentación vivos de nuestros compañeros, en virtud de la orden dada en el resolutivo del 19 de junio del año en curso por el Poder Judicial de la Federación, porque nosotros tenemos información sobre nuestros compañeros y de crímenes de Estado realizados en Oaxaca, que precisamos entregar en sus manos.

No podemos permitir que la actual administración federal continúe en el intento de engañarnos y engañar a nuestro pueblo, motivo por el cual esperamos su puntual respuesta.

¡POR LA BÚSQUEDA REAL, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CON VIDA YA, DE NUESTROS COMPAÑEROS EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ!

¡HOY POR NUESTROS COMPAÑEROS, SIEMPRE POR TODOS!

¡EXIGIMOS A LA ADMINISTRACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO, HECHOS CONCRETOS!

¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACION CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS!

¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO


12/07/2014

Reporte del Centro ProDH



*OSC se reunieron con la Relatora Especial  sobre la violencia contra la mujer de la ONU
Marcha 25 de noviembre 2012, Ciudad de México/ Foto:César MartínezMarcha 25 de noviembre 2012, Ciudad de México/ Foto:César Martínez
México, DF, 10 de julio. Organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua denunciaron internacionalmente al congreso de Chihuahua por legislar leyes discriminatorias que violan los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, al aprobar el Código Procesal Civil y el Código Procesal Familiar.
En el contexto de la visita no oficial de Rashida Manjoo, Relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, organizaciones de la entidad sostuvieron una audiencia para denunciar las violaciones a los derechos en dicha reforma.
Mencionado código que se aprobó es una flagrante violación a los derechos económicos de las y los mexicanos, al debido proceso, a la igualdad procesal, criminaliza la pobreza, acelera el despojo y promueve la corrupción al otorgar total discrecionalidad de los jueces, aseguran las 13 organizaciones mediante un comunicado.
Para las organizaciones es de suma importancia visibilizar ante la Relatora la situación que prevalece en el estado, el contexto en el que se defienden los derechos humanos y las diferentes declaraciones de los integrantes del congreso al minimizar la violencia familiar.
Luz Estela Castro, dirigente del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), dijo que los cambios en el código familiar son un retroceso legal que envía un mensaje de impunidad a los agresores, además de que desafía la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero de Juárez, así como las recomendaciones recibidas por parte de los distintos mecanismos de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La audiencia de las dirigentes de las organizaciones se da en el marco del “Conversatorio con organizaciones de la sociedad civil. Diagnóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres”, que se celebra en la Ciudad de México.
Las organizaciones que participan en la denuncia son el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Cedehm, Círculo de Estudios de Género, Ecos de Mirabal, Abogadas Demócratas, Grupo Feminista 8 de Marzo de Chihuahua, Observa Ciudadana, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres Barzonistas, Mujeres por México en Chihuahua, Red por la Participación Ciudadana y la Organización para la defensa del patrimonio familiar y los derechos humanos.



*Hoy Día Mundial de la Población el tema principal de este año es: “Invertir en Juventud”
Por Olivia Vázquez Herrera
Jóvenes mexicanosJóvenes mexicanos, imagen retomada de internet
México, DF, 10 de julio. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1987, decretó el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, con la finalidad de atender y generar conciencia respecto a asuntos relativos a la población y su desarrollo, como salud, empleo, género, educación, por mencionar sólo algunos aspectos. El tema principal de este año es: “Invertir en Juventud”.
En el caso de México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), residen casi 21 millones de jóvenes —personas de entre 15 y 24 años—, sector que representa casi una quinta parte de la población total. Es importante mencionar que de dicha cantidad, cerca de 16 millones de jóvenes pertenecen a alguna comunidad indígena, lo que representa casi 15 por ciento de la población nacional.
Un tema que resulta preocupante en nuestro país es el acceso a la educación: De acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 32.7 por ciento de las y los adolescentes de 15 a 17 años no asisten a escuelas de nivel medio superior.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el año pasado que sólo 32 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 24 años ingresan a estudios superiores, lo que significa que el gobierno no ha logrado ampliar la cobertura educativa en todo el país.
En cuanto a la violencia, las y los jóvenes mexicanos representan un poco más del 38 por ciento de las víctimas de homicidios en el país en la última década, según el informe La violencia juvenil en México, publicado en junio 2012 por el Banco Mundial.
La tasa de homicidio juvenil triplicó en solamente dos años, de 2008 a 2010, cuando llegó a 25.5 homicidios por 100 mil habitantes. De acuerdo con el Banco Mundial, una de las principales causas del aumento de la violencia han sido las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Según el informe, el homicidio de jóvenes se ha concentrado en el norte del país. En el 2010, más de la mitad ocurrieron en cinco estados: Chihuahua, Sinaloa, el Estado de México, Baja California y Guerrero. Además, el uso de armas de fuego en homicidios juveniles casi se triplicó entre 2007 y 2010.
En este contexto, el director del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), Babatunde Osotimehin, señaló que es importante atender las necesidades de los 1.8 billones de jóvenes de todo el mundo. Precisó que es necesario garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos básicos en aras de la construcción de un mejor futuro para este sector de la población.


Medios convencionales
Amplían el despojo de tierras en el plan energético/La Jornada El despojo de tierras privadas, sociales e incluso públicas en favor de las empresas extranjeras que llegarán al país a explotar el petróleo y la electricidad, aspecto que ya está incluido en la ley de hidrocarburos, se amplía en la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, cuya discusión se agotó anoche en comisiones en el Senado. Ahí se establece que los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, para tender ductos, generar y comercializar energía eléctrica, además de construir la infraestructura respectiva, se otorgarán conjuntamente con la respectiva declaración de utilidad pública de los predios en cuestión.
Inmujeres pone ultimátum al Gobierno de Guanajuato: o cumple recomendaciones o en 15 días habrá Alerta de Género/Sin Embargo El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó esta mañana declarar una Alerta de Violencia de Género para el estado de Guanajuato, pero advirtió que de no cumplir con una lista de 13 recomendaciones en seis meses ésta se convertirá en un hecho. Las recomendaciones son parte del proceso para emitir una Alerta de Género de acuerdo a ley, por lo que no implica una negativa simple y llana a este mecanismo interinstitucional.
Alista Corral acciones de inconstitucionalidad contra Ley Televisa-Peña/Proceso El senador Javier Corral Jurado anunció que el Frente por la Comunicación Democrática (FCD) prepara ya una acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa-Peña. “Hace ocho años presentamos una acción de inconstitucionalidad a partir de 21 conceptos en los que señalábamos la invalidez (de la Ley Televisa) y hoy tenemos 34 conceptos”, ahora “hay más carnita”, dijo el panista al señalar que la Ley Telecom y sus leyes secundarias, aprobadas ayer, son un “retroceso político y legal” y una “patada a la Constitución”.
Reforma aprobada en Telecom no garantiza derechos femeninos/Cimacnoticias El Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (Telecom) que a decir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) incluyen la perspectiva de género, pero de acuerdo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no garantizan de manera plena los derechos de las mujeres. 
PEMEX y CFE, en riesgo de convertirse en “negocios personales” de Peña Nieto/Revolución Tres Punto Cero Senadores del partido de la Revolución Democrática (PRD) han advertido del riesgo que se puede presentar con las disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues éstas “convierten a ambas empresas en propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, no del Estado mexicano, lo que fomenta el florecimiento de negocios personales”.
Saqueo de recursos naturales en Zapotitlán de Méndez, Puebla/Regeneración Radio En estos momentos se está realizando saqueo ilegal de recursos materiales del pueblo de Zapotitlán de Méndez en la sierra norte de puebla por parte de la empresa TRASECOL S.A. de C.V. La empresa TRASECOL aterrizo en las tierras del poblado serrano con la intención de extraer recursos pétreos del rio Zempoala que cruza la localidad y es parte fundamental de su vida cotidiana.


El 2 de julio, integrantes del “Colectivo por los medios sociales” ingresaron al Senado para leer un texto en el cual expresaban su descontento con las leyes secundarias en telecomunicaciones. En un video, las y los jóvenes denuncian que el senador Javier Lozano mandó a que guardias los sacaron por la fuerza.


Fotograma del videoFotograma del video


Imagen del día
Continúan bombardeos de Israel en Gaza. Crece la pesadilla en Gaza: van 90 palestinos muertos, 22 de ellos, menores de edad. Proceso
Foto: AP / Hatem MoussaFoto: AP / Hatem Moussa





Invitación Invitación
La exposición invita a recorrer desde la mirada del fotógrafo Cristian Salvatierra, el valor de la vida en común, la enseñanza que deja el trabajo en conjunto por la preservación de sus bosques, el cuidado de su territorio y la sensibilización de sus habitantes para reincorporar su historia y tradición en la práctica cotidiana.
Dónde: Centro Cultural San Ángel en la Galería de los arcos del Centro, en Av. Revolución esquina Francisco I. Madero,
Col. San Ángel, Ciudad de México.
La exposición estará abierta al público del 11 al 31 de julio 2014.

Película: “Huicholes, Los Últimos Guardianes del Peyote”
Invitación Invitación
La película presenta una historia acerca del Pueblo Wixárika, una de las últimas culturas prehispánicas vivas en Latinoamérica, y su lucha ante el gobierno mexicano y corporaciones transnacionales mineras para preservar Wirikuta, su territorio más sagrado y la tierra donde crece el peyote, la medicina ancestral que mantiene vivo el conocimiento de este pueblo emblemático de México.
Dónde:  Tonalá 261, Colonia Roma Sur, Distrito Federal.
Fechas: Del 1 al 27 de julio de 2014. Son 11 funciones en horarios variados.
Costo: $50 pesos.

Nepotismo, acoso sexual y enriquecimiento ilícito, señales de descomposición en el Poder Judicial

Pagan los ciudadanos un sistema jurídico ineficiente y caro: Karla Michel Salas

Transparencia e investigaciones rigurosas, herramientas para frenar la inercia negativa


Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 15

Los recientes casos de nepotismo, acoso sexual y presunto enriquecimiento ilícito en los que se han visto envueltos diversos miembros del Poder Judicial son parte de un fenómeno de descomposición que ocurre desde hace muchos años, y cuyas principales víctimas son los ciudadanos, que pagan por un sistema jurídico ineficiente y caro.

Así lo afirmó Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien consideró que la transparencia y las investigaciones rigurosas sobre el trabajo de todos los impartidores de justicia puede ser una herramienta para frenar la inercia negativa de un sistema que parece estar diseñado para no cambiar.

A propósito de las notas que ha publicado La Jornada en días recientes sobre el acoso sexual y laboral contra empleadas de diversas instancias del Poder Judicial, las sanciones contra jueces por presunto enriquecimiento ilícito y el nepotismo con el que se asignan muchas plazas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la litigante señaló que estos abusos ocurren porque nadie cuestiona la raíz del conflicto.

Sabemos que estas cosas ocurren, pero nunca se habían hecho públicas porque el Poder Judicial es prácticamente intocable. Cuando hace varios años vino al país un relator (de Naciones Unidas) sobre independencia de jueces y abogados y denunció la corrupción, la misma SCJN emitió un informe especial para desmentirlo, cuando todos sabemos que sí es así, indicó Salas.

En lo que se refiere al hostigamiento sexual y laboral, se han hecho proyectos para incorporar la perspectiva de género, pero esta herramienta sigue ausente en la práctica, por lo que las víctimas siguen siendo cuestionadas por su forma de vestir y relacionarse con sus compañeros, en vez de que las autoridades investiguen sus denuncias, dijo la activista luego de participar en una comida organizada por la ANAD para celebrar el Día del Abogado.

La principal afectada por este escenario de corrupción e impunidad, recalcó, obviamente es la ciudadanía, que debe mantener un Poder Judicial muy costoso y muy poco eficiente en términos de sentencias.
Una forma de cambiar dicho panorama, estimó Salas, es utilizar al máximo el recurso de la transparencia, de tal forma que la gente pueda saber cuánto gana un juez como servidor público, cuál es su patrimonio al entrar a dicho puesto y cuál es al dejarlo, además de investigar a todos los impartidores de justicia por igual, y no sólo a unos cuantos”.

Si bien este tipo de fenómenos no ocurren sólo en el Poder Judicial, manifestó, sí sería deseable que los miembros de este sector fueran un ejemplo de rectitud y ética profesional, en vez de reproducir un sistema que está diseñado para que nada cambie.

Atiende la Corte denuncia de acoso laboral planteada ante relatora de Naciones Unidas

FotoSe requiere fortalecer protección a derechos de las mujeres


Trabajadora del área de recursos humanos de la 































Suprema Corte denunció acoso laboral de su jefe ante la relatora especial de la ONU Rashida Manjoo, el jueves 10 de julioFoto Guillermo Sologuren
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 15
Desde el jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio respuesta y atendió la denuncia de acoso laboral que presentó una trabajadora ante Rashida Majoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El caso se turnó al Órgano Interno de Control y está en el interés del máximo tribunal ser un ejemplo en el trato a sus trabajadores, sobre todo en temas como este que son particularmente dolorosos, afirmó Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la presidencia de la Corte.
En tanto, Alma Rosa Colín, de la organización civil Equidad de Género, señaló que el acoso laboral y hostigamiento sexual es un problema añejo, presente en todas las instituciones y dependencias de gobierno, el cual no se resolverá de la noche a la mañana. Aunque ya existe un marco legal y la infraestructura para garantizar la equidad de género, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, en particular las mujeres, advirtió.
La activista señaló que el fortalecimiento institucional con perspectiva de género debe ser un proceso gradual, pues persisten prejuicios e ideas tradicionales que vulneran los derechos de la población femenina. Lo primero, dijo, es apostarle a la capacitación de funcionarios.
Al referirse a la denuncia expresada el pasado jueves durante una reunión con la relatora de Naciones Unidas, Colín explicó que la SCJN cuenta con un mecanismo que procura la igualdad de género en su interior; el problema es que la discriminación y el hostigamiento laboral no es algo que se pueda erradicar fácilmente.
Reconoció el valor que tuvieron las mujeres para alzar la voz, porque uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas es la falta de credibilidad. Asimismo, recordó que desde 2011, la Constitución recoge los instrumentos internacionales de derechos humanos y existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que este tipo de denuncias pone en evidencia es que las reformas legales son insuficientes si dentro de cada institución y dependencia no existe un mecanismo de atención y respuesta inmediata a las denuncias de las víctimas.

PAN y PRI buscan pasar sin debate las leyes secundarias de la reforma energética

El lunes aprobarán en lo general y lo particular los 4 dictámenes


Andrea Becerril 
Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 8

Las comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias de la reforma energética reanudarán trabajos este lunes, en que se aprobarán en lo general y lo particular los cuatro dictámenes previamente discutidos, en medio de un nuevo diferendo, ya que el PAN pretende que no se reabra el debate de los artículos reservados.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dijo que confía en que el priísta David Penchyna cumpla su palabra y se discutan las reservas propuestas, como expresó públicamente el viernes por la noche, antes de decretar un receso.

Resaltó que el cuestionado procedimiento de trabajo que aprobaron priístas y panistas, basado en sólo discutir los dictámenes y dejar al final la votación, provoca un nivel de confusión y de complejidad que ni ellos mismo saben cómo resolver cada caso.

La intención de PRI y PAN era llegar el lunes próximo con una adenda, es decir, un agregado, que incluya algunos cambios negociados con el gobierno y votarlos en bloque, para seguir con la práctica de evadir el debate e imponer su mayoría por encima de la ley.

Explicó que, de acuerdo con el procedimiento especial que aprobaron las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos para dictaminar –que el PRD considera ilegal pero la mesa directiva lo avaló, al haber concluido la discusión en lo general y en lo particular de los cuatro dictámenes–, procede votarlos, luego de un plazo de 48 horas.

Barbosa precisó que la situación es muy peculiar, ya que tanto el PAN como varios senadores del PRD y el PT reservaron todo el articulado de cada dictamen, es decir, anunciaron sus reservas, pero no las presentaron, por lo que deberá reabrirse la discusión en lo particular, ya que una cosa es el anuncio y otra la formalización de las mismas por escrito y argumentar cada una de ellas artículo por artículo.

Sabemos que nuestras reservas las van a desechar PRI y PAN, pero las que que presenten Acción Nacional y el gobierno, ellos mismos van a tener que votar para que se admitan a discusión.

Recalcó que el tricolor y el blanquiazul pretendían evadir esa formalidad, y el lunes a las 11 de la mañana, en que están citadas las comisiones, pasar un documento con los cambios aceptados por el gobierno y después regresar a votar por la tarde.
Ese riesgo quedó salvado, dijo, ya que la misma noche del viernes Penchyna “se comprometió de viva voz a discutir las reservas que sean admitidas, luego de un ríspido debate con los senadores del PRD.

La agencia de protección ambiental, regalo con el que el PVEM hará un gran negocio

Es un organismo innecesario, que crea más burocracia, insisten senadores del PRD



Andrea Becerril 
Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 8

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos es un regalo del presidente Enrique Peña Nieto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hará un gran negocio con ese organismo, entre cuyas facultades están expedir, suspender o negar licencias de exploración y explotación de hidrocarburos e incluso clausurar instalaciones, advirtieron los senadores perredistas Dolores Padierna, Miguel Barbosa y Alejandro Encinas.

Los legisladores del PVEM no respondieron a la acusación y las críticas que los perredistas formularon durante la reunión de comisiones unidas en la que se discutió esa norma, que forma parte del cuarto dictamen de las leyes secundarias en materia energética, ni ayer tampoco aludieron a ese tema.

Los perredistas recordaron que esa agencia se creó a iniciativa de la senadora Ninfa Salinas, hija del dueño de Tv Azteca, y se incluyó en la reforma constitucional en materia energética, que se aprobó en diciembre pasado.

Se trata de un organismo “innecesario, que crea más burocracia, ya que duplica funciones con otras dependencias, invade atribuciones, funciones y competencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e impedirá una correcta aplicación de la legislación ambiental, advirtió el senador Alejandro Encinas.

Añadió que en realidad es sólo una ventanilla de negocios para los verdes.
La senadora Padierna precisó que a ese organismo ni siquiera se le dan las facultades “para poder controlar a monstruos trasnacionales, como Chevron, que ha causado un daño tremendo en la amazonia ecuatoriana.

La agencia, recalcó, no tiene entre sus atribuciones la de exigir a las empresas un estudio de impacto ambiental.

Padierna comentó que además de los recursos presupuestales que cada año recibirá esa agencia –según se estableció desde la reforma constitucional–, podrá disponer de derechos y aprovechamientos que cobre a las empresas que provoquen daños ambientales. Ello, dijo, es ilegal, ya que invade facultades del Congreso, el único autorizado para retener ingresos públicos.

La legisladora insistió en que en el dictamen que un día antes se discutió se autoriza que el primer director ejecutivo de esa agencia pueda ser un ex accionista o ex directivo de empresas nacionales o extranjeras del sector petrolero, lo cual es muy grave, ya que significa que el organismo que vigilará que las trasnacionales que exploten el petróleo no lesionen el medio ambiente, puede ser alguien que estuvo al frente de alguna petrolera extranjera.

Agregó que además de que ese director ejecutivo y los demás funcionarios tendrán sueldos altísimos, en el artículo 35 se establece que dispondrán de un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal. ¿Se pretende pagar con recursos públicos su irresponsabilidad o su falta de conocimiento legal en la materia?”, preguntó.

Tanto Encinas como el coordinador Miguel Barbosa comentaron que la agencia la administrará el PVEM y seguramente va a proponer al que será su director.
Puede ser alguien ligado a las inversiones del Grupo Salinas, que está dentro del PVEM y que ha hecho inversiones en energía renovable en varios estados.
Durante la reunión de comisiones dictaminadoras del viernes pasado, el senador pevemista Carlos Alberto Puente sostuvo que esa agencia es un órgano especializado, con capacidad técnica, que ayudará a que las empresas petroleras reduzcan el daño ambiental y minimicen la huella ecológica.

No respondió a las críticas del PRD y tampoco el PRI cuestionó. El senador priísta Ernesto Gándara sólo comentó: No veo en ningún momento nada malo y nada perjudicial para el país que se cree una agencia especializada de nivel y fortalecida para que tome decisiones en la supervisión, en la vigilancia, y por qué no decirlo, también en la mitigación que hay en el tema de desarrollo sustentable para que aprovechemos nuestros recursos naturales cuidando nuestro entorno.

Anuncian campesinos comités de defensa de la tierra y la propiedad; no cederemos

Peña Nieto no tiene palabra, lamentan dirigentes agrarios


Carolina Gómez Mena
 Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 7

Organizaciones campesinas expresaron su repudio al despojo de tierras que plantean las leyes de hidrocarburos y de órganos reguladores, ambas discutidas en el Congreso en el contexto de la aprobación de las normas reglamentarias en materia energética.

En entrevistas por separado, Marco Antonio Ortiz, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas; Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, y Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, criticaron que por medio de dichas normativas, con el pretexto de utilidad pública empresas extranjeras puedan despojar de sus tierras a campesino, ejidatarios y comuneros. Advirtieron que los campesinos no cederán, por lo que crearán comités de defensa de la tierra y la propiedad.

El Frente Auténtico del Campo ha planteado que esta legislación es un instrumento de despojo y atropello a los derechos de los propietarios de la tierra, y que se esgrima la causa de utilidad pública para expropiar en beneficio de proyectos privados nos parece criminal. No vamos a permitir el despojo. Tendrán que pasar sobre nuestro cadáver, advirtió López Ríos.
Correa señaló que la jornada nacional que realizarán el próximo 23 de julio agrupaciones campesinas en defensa del territorio y el derecho a la alimentación expondrá esta demanda; lamentó que a pesar de los ofrecimientos del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, y del secretario de Agricultura, Enrique Martínez, sobre gestionar una reunión con el titular de Energía, eso no se ha cumplido.
Señaló que con la aprobación de dichas leyes ponen en riesgo la viabilidad de un acuerdo con las organizaciones sobre la reforma del campo, y que dichas leyes secundarias en materia energética son un atentado contra el derecho a la alimentación.
Ortiz lamentó que se estén creando todas las condiciones para que empresas privadas puedan adueñarse de la tierra. El presidente Enrique Peña Nieto no tiene palabra; la única que tiene es la de generar condiciones para que las empresas privadas acaben con los recursos que nos quedan, dijo.
Consideró que los más afectados serán los ejidos y comunidades indígenas, porque las grandes reservas de hidrocarburos y minerales están en sus tierras. Con esto, dijo, se generan condiciones para que el país se incendie.

Amenaza plan energético reservas naturales y zonas arqueológicas

Ojalá no haya petróleo en la Lacandona o abajo de las pirámides de Teotihuacán: Encinas

Buscaremos quitar el anticonstitucional artículo 33 de la ley que permite el despojo, dicen senadores


Andrea Becerril y Alma Muñoz
 Periódico La Jornada
Sábado 12 de julio de 2014, p. 7

El artículo 33 de la iniciativa de ley de órganos reguladores coordinados en materia energética es inconstitucional, ya que permite que el interés privado sustituya al interés público para posibilitar que se despoje de su patrimonio a legítimos propietarios de tierras, bosques y aguas, advirtieron senadores del PRD.
Señalaron que este lunes insistirán en que se reanuden los trabajos en comisiones y se elimine ese artículo, el cual da a las grandes empresas nacionales y extranjeras –que vendrán a explotar el petróleo y la electricidad– la garantía de que junto con el contrato o concesión tendrán la declaratoria de utilidad pública para que puedan disponer de los terrenos sin mayor problema.
Alejandro Encinas recalcó que la legislación no señala salvaguarda alguna para garantizar la preservación de las áreas naturales protegidas ni las de valor ambiental, entre ella las reservas de la biosfera, ni las zonas arqueológicas.
Ojalá no haya petróleo en la selva Lacandona o debajo de las pirámides de Teotihuacán, porque seguramente querrán destruirlas, dijo. Asimismo, destacó que ese artículo 33 señala que se declarará de utilidad pública incluso la misma exploración de hidrocarburos, lo que pone en riesgo las tierras de los pueblos y comunidades indígenas.
Recordó que el caso de la norma sobre órganos reguladores es el mismo que el de la Ley Minera, por la que se han otorgado concesiones en zonas naturales protegidas, como ha sucedido en gran parte del territorio de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, donde se explotan yacimientos en detrimento del valor y el servicio ambiental que representa.
Encinas adelantó que en el caso de esta ley, el PRD retomará una propuesta de Greenpeace y otras organizaciones ambientales, a fin de que los órganos reguladores en materia energética definan con claridad restricciones para preservar las áreas naturales protegidas y el patrimonio de la nación.
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Reparación de gasoducto de Pemex en Tabasco, entidad donde la paraestatal tiene una red de más de 8 mil ductos que conforman 10 mil 200 kilómetrosFoto Notimex
El legislador perredista recordó que en otra de las leyes secundarias, la de hidrocarburos, se contempla la expropiación de tierras y bienes cuando el propietario no se ponga de acuerdo con la empresa nacional o extranjera a la que se haya dado el contrato o la concesión para explorar o explotar esos recursos, o para construir instalaciones eléctricas en su propiedad.
Al respecto, el senador Rabindranath Salazar comentó que la aprobación de esta ley da prioridad a la actividad petrolera por encima de cualquier otro uso en nuestro territorio, lo que evidentemente pone en riesgo los derechos humanos de la población y dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras en las negociaciones con las empresas petroleras.
Esto, dijo, es especialmente grave en el caso de la explotación de hidrocarburos mediante la técnica conocida como fracking o fractura hidráulica (inyección a presión de millones de litros de agua en los pozos para sacar hidrocarburos), pues requiere de amplias extensiones de territorio para su desarrollo.
Por separado, el vocero de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Carlos Reyes Gámiz, dijo que analizan una serie de acciones contra la aprobación de las leyes secundarias energéticas una vez que lleguen a San Lázaro, “porque deja muchos recovecos que son absolutamente lesivos para la soberanía, la economía y derechos económicos y laborales.
En el caso del artículo 33 de la ley de órganos reguladores, dijo que sus disposiciones afectarán las propiedades de millones de mexicanos ubicados en 400 mil kilómetros cuadrados de 12 estados y 260 municipios, según un análisis elaborado por el senador Luis Sánchez.
No descartó que al final interpongan una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Defensoras y defensores en riesgo


Miguel Concha


Lo que se quiere visibilizar mediante el documento El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), es la falta de cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular el derecho a defenderlos. Es también la falta de interés y compromiso por el respeto a la labor de las personas defensoras. Un contexto nacional de militarización de la seguridad pública; un proyecto de economía neoliberal contrario a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y un sistema de impunidad e injusticia han favorecido las continuas y crecientes agresiones contra quienes ejercen la legítima labor de defender los derechos humanos.

En los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón y el primero de la administración federal actual, la RedTDT registró 104 casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, que se traducen en 208 personas o colectivos agredidos. De éstos, 171 son personas víctimas de agresiones y 37 son colectivos. De los 171 agredidos, 115 son hombres y 56 mujeres. Las siete entidades con mayor número de casos son: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla. El informe señala que las y los defensores agredidos realizan su trabajo en torno a temas como los derechos de los pueblos originarios o indígenas y de la tierra y el territorio, así como de los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia de violaciones a derechos humanos a causa de proyectos de privatización y los abusos cometidos por empresas, ya sean locales, nacionales, paraestatales o trasnacionales –además de las violencias relacionadas con la delincuencia organizada y la militarización como estrategia de seguridad del gobierno– también les generan riesgos. Defensores y defensoras son también agredidos en su labor por causa de temas como las violaciones a los derechos de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual, feminicidios y trata de personas.

La exigencia de justicia ante actos de represión, operativos, criminalización de la protesta social, tortura, desapariciones forzadas y privaciones de la libertad por motivos políticos o de conciencia, son igualmente parte de los temas que generan agresión contra las y los defensores. Los siete tipos de agresiones más utilizadas por los perpetradores son: amenazas de muerte, amagos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidaciones, muerte violenta y violaciones al derecho a la honra y la reputación. Sin embargo, el tipo de agresión más utilizado son las amenazas de muerte, tanto en referencia a los defensores (29 casos) como a las defensoras (20). 

Las violaciones al derecho a la honra y a la reputación, en cambio, son muy utilizadas para deslegitimar el trabajo de los defensoras y de las organizaciones de derechos humanos. Aunque todas las agresiones son de gran preocupación, la cifra que más duele y alarma corresponde a los asesinatos de defensores; 27 muertes fueron registradas en el periodo: 16 eran hombres y 11 mujeres. El estado con el mayor número de casos de asesinatos es Guerrero con 10, le siguen Michoacán con cinco y Chihuahua con tres. Además, en 110 de los casos las víctimas no pudieron identificar a sus victimarios más frecuentemente denunciados. Las fuerzas de seguridad pública federales, estatales y municipales y el Ejército Mexicano son las autoridades registradas en los primeros lugares como perpetradoras de las agresiones o violaciones a los derechos humanos. El informe mencionado destaca de nuevo algo que no debemos perder de vista, y es que todos los agresores han sido denunciados públicamente, pero en muy pocos casos existen procesos de investigación y sanción. La creación del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no ha significado un cambio sustancial en materia de prevención, medidas de seguridad y sanción a los agresores.

La RedTDT concluye que la falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar los derechos de toda la población, así como la impunidad sistemática, son los factores determinantes que permiten que se realicen las agresiones contra las personas defensoras, y se violente así el derecho a defender los derechos humanos. Entre los temas que aborda el documento cabe destacar que los peligros que hoy enfrentan las y los defensores de migrantes se incrementan por la falta de acción de las autoridades y por los intereses que el crimen organizado tiene en asuntos tan graves como el tráfico de sustancias ilícitas y el secuestro para fines de trata y explotación laboral y sexual. Otro tema a resaltar, y que en el momento actual debe ser claramente visibilizado, es la tendencia a generar legislaciones que restringen la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, asunto que se ha visto reforzado en los pasados meses con leyes que criminalizan a quienes se manifiestan en la defensa de sus derechos, como han sido los casos de Quintana Roo y Puebla. No hay que dejar de reconocer el esfuerzo de la RedTDT por elaborar esta nueva investigación, que desde luego contribuye al análisis y reflexión de un tema de tan gran relevancia para el país.

10/07/2014

Cuatro estados, bajo investigación por altos niveles de violencia hacia mujeres


Se emitirán hoy 13 recomendaciones al mandatario de Guanajuato: Gobernación

Podrían lanzar alerta de género si no se acatan medidas; vigilan a Edomex, Chiapas y Morelos

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 10 de julio de 2014, p. 20

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación informaron que Guanajuato, estado de México, Chiapas y Morelos son objeto de una investigación nacional por denuncias de altos niveles de violencia hacia las mujeres.

En el caso de Guanajuato, la resolución será emitida hoy. De acuerdo con los diagnósticos preliminares, se advierte un problema delicado, por lo cual se emitirán 13 recomendaciones al gobernador de la entidad.

Sólo en caso de que el mandatario no las acate, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –que preside Gobernación y que hoy realizará su 22 reunión ordinaria– emitiría una alerta de violencia de género y feminicida, lo cual nunca se ha dado ni en esta entidad ni en otras, pese a las crisis documentadas.

Guanajuato tiene una incidencia delictiva al alza, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública; integrantes del organismo señalaron que tales cifras están influidas por la violencia familiar.

De enero a mayo de este año, en la entidad el homicidio simple acumula mil 119 víctimas, cifra mayor a la que se presenta en Guerrero y sólo por debajo del estado de México y Michoacán. También hay alzas en homicidio doloso, lesiones dolosas y delitos sexuales. Organizaciones civiles han documentado los casos y las crestas de hechos violentos hacia las mujeres.

Los análisis de la situación en el estado de México y Chiapas se iniciaron por mandato judicial. En el primer caso fue resultado de un litigio de tres años por parte de grupos civiles, y para Chiapas no hubo impugnación, por lo que se abrió el expediente.

En Morelos los trabajos se iniciaron hace algunos días; la norma marca que deberá emitirse un diagnóstico en un máximo de 30 días.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció que de 1985 a 2012 se cometieron 42 mil 73 feminicidios en México, debido a que este crimen ocurre en un contexto de permisividad social, incluso de estímulo, pero también en un ambiente de impunidad de Estado.

Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, organismo que ha recibido ocho solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género, indicó que siete de cada 10 mexicanas han experimentado algún tipo de agresión, entre ellas sexual, económica u obstétrica.

El funcionario señaló que organizaciones civiles del estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas exigieron aplicar dicho mecanismo cuando aún estaba en vigor el reglamento aprobado en 2008, que establecía que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres era el encargado de evaluar la petición.

Sin embargo, apenas este viernes el Sistema Nacional aprobó integrar un grupo interinstitucional y multidisciplinario que analizará el caso de Chiapas, cuya solicitud fue recibida el 25 de noviembre de 2013.
En el mismo rezago se encuentra la petición del estado de México, cuyo grupo de revisión se instaló el 27 de junio.
(Con información de Blanca Juárez)

Romero Deschamps votó contra reservas.Su decisión podría afectar a los trabajadores petroleros




Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 Periódico La Jornada
Jueves 10 de julio de 2014, p. 7

El senador del PRI y dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, votó junto con sus compañeros de bancada en contra de las reservas presentadas por senadores del PRD para modificar disposiciones del tercer dictamen de las leyes secundarias en materia energética, que –dijeron opositores– lesionan a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la discusión en comisiones, el priísta votó para avalar que ni siquiera se discutieran las propuestas de cambio a aquellos artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos que abrogan en la práctica el contrato colectivo de trabajo (CCT) del sindicato –que encabeza Romero Deschamps– y abren la puerta al despido de miles de petroleros y electricistas.

El senador del PRD Alejandro Encinas planteó modificar los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en los que se da al consejo de administración de Pemex facultades para decidir sobre la contratación y permanencia de los trabajadores, así como la remuneración, prestaciones y condiciones laborales.

El artículo 73 faculta al consejo a ‘‘definir que la empresa paraestatal y sus subsidiarias cuenten y conserven los trabajadores idóneos para cumplir eficazmente con su objeto’’.

Los senadores Rabindranath Salazar (PRD) y Adán Augusto López Hernández (independiente) insistieron en que se lanzará a la calle a miles de trabajadores de Pemex y también en el caso de la CFE.

En contraste con lo ocurrido un día antes, en que de manera inédita participó en la discusión, ayer Romero Deschamps regresó a su mutismo.

Viola disposiciones constitucionales, afirma la CNCI


Entrega de Telecomunicaciones

Analizarán radios indígenas acciones legales contra la norma

Rosa Rojas, Carolina Gómez y César Arellano
 Periódico La Jornada
Jueves 10 de julio de 2014, p. 5


El Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) anunció que analizará medidas legales contra la aprobación de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la promoción de un amparo. En tanto, activistas y académicos especialistas señalaron que la norma viola disposiciones constitucionales y resta soberanía al país.

Braulio Vázquez, coordinador del CNCI, subrayó que la legislación es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que habrán de realizarse acciones ante los congresos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde hay mayor concentración de radios comunitarias, así como emprender medidas conjuntas con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y Artículo 19.
Franco Gabriel, de la Agencia Internacional de Prensa Indígena, mencionó que la discriminación llega al punto de que los 20 vatios autorizados en la Ley para una radiodifusora indígena es una potencia apropiada para una radio escolar de primaria o secundaria, no para comunidades dispersas en vastos territorios.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que en las cámaras legislativas se estén aprobando proyectos que ahondarán aún más las calamidades que vive México, y que son producto del cinismo político.
En una homilía en la Basílica de Guadalupe y en conferencia de prensa posterior, Vera López precisó que desafortunadamente las formas de gobernar privilegian a un sector de la población y señaló que aunado a esto se modifican leyes para favorecer a un sector minoritario.

Subrayó que las reformas laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones y hacendaria promueven el esclavismo y quitan soberanía al país. Además, criticó que el poder de decisión que otorgamos a los gobernantes lo están desviando para hacer cada día más poderoso a un grupo muy reducido de personas a costa del empobrecimiento de las mayorías.

A su vez, Mario Cruz Martínez, académico del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, dijo que el artículo 90 de la ley de telecomunicaciones, que se refiere a las radios comunitarias, viola el principio pro persona al estipular que las emisoras sólo podrán utilizar 10 por ciento de las bandas de AM y FM, lo que podría derivar en una controversia constitucional.

También especialista en derechos indígenas, lamentó que el Estado mexicano optara por la aplicación de una política de espejitos respecto de las radios comunitarias, las cuales son un vehículo muy importante para diferentes manifestaciones políticas de la ciudadanía indígena, pero sobre todo sirven para continuar difundiendo su propia cultura.