28/11/2009

Asesinan a líder opositor a explotar minas en Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de noviembre de 2009, p. 24

San Cristóbal, de Las Casas, Chis., 27 de noviembre. La noche de este viernes fue asesinado a balazos Mariano Abarca Roblero, uno de los principales dirigentes opositores a la explotación de minas de barita por la expresa canadiense Black Fire en la sierra de Chiapas.

Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema-Chiapas), dijo que según los familiares del dirigente, éste fue asesinado cerca de las 20:30 horas en la cabecera municipal de Chicomuselo, cerca de la frontera con Guatemala, por un motociclista que portaba un arma de alto calibre.

Explicó que Abarca Roblero platicaba afuera de su casa con Orlando Velásquez, también integrante de la Rema-Chiapas, cuando el sujeto no identificado le disparó en la cabeza y en el pecho y se fugó. Añadió que Velásquez resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital en la ciudad de Comitán.

El 17 de agosto fue arraigado

Apenas el pasado 17 de agosto, Mariano Abarca fue arraigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado acusado por la Black Fire de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.

Debido a la presión nacional e internacional fue liberado el 24 del mismo mes, día en que se incorporó al plantón junto con sus compañeros en la cabecera municipal de Chicomuselo para exigir la salida de la compañía. A finales de agosto, los participantes en un segundo encuentro chiapaneco de la Rema, en Chicomuselo, celebraron su liberación.

Castro informó que el dirigente opositor a la explotación de las minas –sobre todo en los ejidos Grecia y Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo– había interpuesto una demanda penal contra un hombre –cuyo nombre no proporcionó– al que supuestamente utilizó Black Fire para encarcelarlo en agosto.

Dijo que esta persona había sido citada para comparecer ante una autoridad competente ayer, pero no llegó por lo que fue requerido para el próximo jueves.

Gustavo Castro manifestó que una hipótesis es que el homicidio de Mariano Abarca está ligado a su oposición a explotar minera desde hace varios años.

Según datos de la Rema, las autoridades federales han otorgado 54 permisos para la explotación de minerales en municipios de esta entidad a las empresas canadienses Black Fire, que extrae barita, oro y antimonio en más de 10 concesiones; Linear Gold Corp, con 24 concesiones, la mayoría de oro y algunas por 50 años, Fronteer Dev. Group con 12 proyectos, así como New Gold Inc., con tres concesiones y Radius Gold, con seis, aunque aparentemente estas últimas ya se retitaron

Quién era Miguel Ángel Pérez Cazales y por qué lo asesinaron
Francesco Taboada
E

l pasado 31 de octubre, Miguel Pérez Cazales se dirigía a una reunión con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para solidarizarse con los presos políticos de Atenco. No llegó a la cita pues fue secuestrado, torturado y asesinado ese mismo día. ¿El crimen de Miguel? Defender por la vía legal el área natural protegida del Texcal del proyecto de urbanización impulsado por el gobierno de Marco Adame. En la asamblea del Consejo de Pueblos se llegó a una conclusión: cuando la oligarquía empresarial y gubernamental no logran corromper a quienes luchan en la legalidad, proceden a la represión y al asesinato. Los más recientes ejemplos: el adolescente Aldo Zamora Gómez, asesinado en 2007 por defender el Corredor biológico del Chichinautzin, y Cristóbal Martínez, torturado por impedir la construcción del relleno sanitario en el área de protección forestal conocido como Loma de Mejía. Ambos casos siguen impunes a pesar de que diputados de los tres partidos y procuradores de dos estados se comprometieron a esclarecer estos crímenes.

De abuelos zapatistas, Miguel nace en Santa María Zactepec hace 50 años. Queda huérfano de madre siendo niño. Fue criado por su padre, el legendario líder indígena Inocencio Pérez, principal promotor de la creación del área natural protegida del Texcal que comparten las comunidades de Santa Catarina y Texalpa.Chencho Pérez era guardián de la tradición oral que considera al Texcal como la principal reserva de agua de la región. Los estudios científicos le dieron la razón. Fue asesinado el 27 de junio de 1992 por órdenes del gobierno como lo denunció su primogénito Miguel. A la muerte de su padre, Miguel hereda la lucha para preservar el Texcal. Finca su morada en Tetecolala, en la frontera entre los terrenos comunales de Santa Catarina y la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, Civac. Su casa y las de varios compañeros son construidas como una estrategia para cerrarle el paso al gobierno y a los industriales que desde los años 50 pretenden extender Civac a los terrenos agrícolas del pueblo indígena. Funda junto con Saúl Roque y otros compañeros, el Consejo de Pueblos de Morelos y logran detener la construcción de un proyecto urbano sobre los manantiales Chihuahuita, el Salto y Santa Rosa que abastecen de agua a 13 comunidades. También es cofundador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Dentro de las actividades político-culturales del Consejo se desempeña como promotor del idioma náhuatl y preside el rescate de ceremonias ancestrales que se estaban olvidando en algunos pueblos. Peleó también por la recuperación de la montura del general Zapata para que este objeto volviera a formar parte del patrimonio cultural del pueblo. En la película 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, de la cual es protagonista, Miguel asegura que el levantamiento social en México está muy cerca, pues la contaminación del agua, la crisis alimentaria, producto de la venta de la tierra agrícola para proyectos de urbanización, están provocando el descontento general y la organización de los pueblos: Miguel creía que la lucha de liberación en México es parte de un proceso cíclico que responde a actos históricos determinantes como los levantamientos armados zapatistas de 1910 y de 1994 y la fundación del Consejo de Pueblos de Morelos. Se solidariza con el movimiento magisterial y apoya a los maestros durante la represión sucedida el 8 y 9 de octubre de 2008 en Xoxocotla. Ese mismo mes logra un acuerdo histórico entre las comunidades de Santa Catarina y Texalpa para delimitar el área protegida del Texcal y los límites entre ambas comunidades, terminando así con un conflicto que llevaba 66 años. Este acuerdo es firmado por las comunidades involucradas y organismos del gobierno federal. El gobierno estatal no participa, pues según el testimonio de Miguel a La Jornada Morelos el gobierno estatal lo único que hizo fue meter odio entre los dos poblados para no arreglarnos, por eso, como pueblos originarios, tomamos la decisión de llegar a un acuerdo sin él. Después de la firma, Miguel promueve recuperar 350 hectáreas del Texcal invadidas. Nuevamente el gobierno de Morelos le da la espalda. Miguel mencionó en la Asamblea del Consejo de Pueblos. Es obvio que el gobierno está detrás de las invasiones, sino ya hubieran hecho algo para proteger la reserva. Pero no importa, por defenderla se sacrificó mi padre y por eso estamos peleando nosotros.

Ahora el sacrificio lo ofrenda Miguel y parece que el gobierno actuará como siempre ha actuado, protegiendo a los torturadores, a los asesinos, a los invasores, a los constructores… protegiéndose a sí mismo. Pero como dijo Miguel, la revolución que viene pondrá a cada quien en su lugar. A él ya no le tocó vivirla, pero su nombre quedará en la memoria de los morelenses como un gran luchador social, como un indígena comprometido con su cultura, como un ambientalista ejemplar y como un mexicano honorable. El tercer Congreso de los Pueblos de Morelos, a celebrarse en Coajomulco, Morelos, los días 28 y 29 de noviembre, llevará su nombre.

* Francesco Taboada Tabone es autor de los largometrajes documentales 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, Pancho Villa, La Revolución no ha terminado y Los últimos zapatistas.

27/11/2009

ENTREVISTACON: DRA. RUTH GABY VERMONT
CARGO: PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN “MIL MUJERES POR LA PAZ”. FUE REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE EUROPA Y RELATORA SOBRE DESPARICIÓN DE MUJERES Y NIÑAS, PARTICULARMENTE HA SEGUIDO DE CERCA EL TEMA DE LOS FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUÁREZ, MOTIVO POR EL CUAL, CONSIGUIÓ QUE EL PARLAMENTO DE EUROPA EMITIERA (EN 2004) UNA RECOMENDACIÓN AL GOBIERNO MEXICANO PARA RESOLVER LA SITUACIÓN EN ESA REGIÓN DE CHIHUAHUA. FUE DIPUTADA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL PARLAMENTO SUIZO; ADEMÁS HA COLABORADO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
TEMA: SU VISITA A MÉXICO Y SU CANDIDATURA AL PREMIO NOVEL DE LA PAZ.
TRADUCTORA: ANNA SEITERER.

ENTREVISTA CON: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CONTRERAS.
CARGO: DIRECTOR DE LA COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUIEN ESTUVO PRESENTE EN LA AUDIENCIA REALIZADA EN LA CIDH EN WASHINGTON, DC.
TEMA: ESTA SEMANA, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOLICITÓ INFORMACIÓN AL ESTADO MEXICANO SOBRE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA MANTENER PERSONAS ARRAIGADAS EN CUARTELES O INSTALACIONES MILITARES, TRAS LA PRESENTACIÓN DE TESTIMONIOS SOBRE DETENCIONES ILEGALES Y ARBITRARIAS.

ENTREVISTA CON: JACQUELINE PESCHARD MARISCAL
CARGO: COMISIONADA PRESIDENTA DEL IFAI
TEMA: ASEGURA QUE LA AUTONOMÍA DEL IFAI ESTÁ EN PELIGRO.


Presenta CEPAD informe sobre Situación de los DH en Jalisco

  • Se destacan luchas por el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

  • Reconoce que existe un contexto nacional negativo para los derechos humanos.

Jalisco es un Estado contrastante. Mientras sus gobernantes suelen dar la nota por exabruptos y posiciones conservadoras que suelen rayar en lo retrógrado, tiene un movimiento de derechos humanos articulado y coherente que si bien nada a contracorriente en las aguas de una opinión pública local poco activa y una nacional que no parece interesarse por lo que pasa más allá del DF, logra consolidar paulatinamente un discurso y una metodología que tienen muchas elementos que compartir con el resto del país. En este sentido el informe presentado el día de ayer por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) es un muy interesante ejemplo de colaboración entre organismos y activistas a favor de los derechos humanos para hacer visibles las principales problemáticas en el Estado de Jalisco.

El informe se compone por 14 artículos que abordan casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en dicha entidad, mismos que han sido redactados por actores tan diversos del movimiento jalisciense por los derechos humanos como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el mismo CEPAD o investigadores como Alberto Bayardo Pérez Arce o Nora Berenice Lorenzana Aguilar, dentro de un grupo muy amplio y plural de redactores que enfocan una importante cantidad de situaciones violatorias de los DH.

Entre los casos más relevantes que aborda el informe, se encuentra el caso de la presa El Zapotillo, que recientemente ha sido objeto de distintas controversias ante la insistencia de las autoridades de inundar poblados en contra de la voluntad de sus habitantes. Este caso incluso fue abordado en las recientes audiencias del 137º periodo de sesiones de la Comisión IDH en Washington. También se trata el caso de una carretera que pretende construirse en territorios del pueblo wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán y que ha despertado un importante apoyo del movimiento indígena nacional. No dejan de lado uno de los casos más sonados defendidos por el CEPAD, como el del víctimas de actos de corrupción de menores, tras el carpetazo de la CEDHJ, que exculpó al procurador Tomás Coronado, ni los efectos de la militarización en Jalisco que provocó incursiones ilegales en domicilios de la comunidad de Maltaraña. El informe puede ser descargado integro vía web de la página del CEPAD.


Rumbo a Copenhague organizaciones debaten posición de México

  • Organizan diversos organismos civiles foro sobre la posición de México ante la Cumbre.

  • La Cumbre reviste particular importancia, pues es el primer paso del periodo post-Kioto

Del 7 al 18 de diciembre de 2009 se desarrollará en la ciudad danesa de Copenhague la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático cuyo objetivo es alcanzar "la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplique a partir de 2012". En ella se reunirán bajo el auspicio de la la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático expertos independientes, representantes de los Estados, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores. Destaca la participación por primera vez en este tipo de eventos por parte de los Estados Unidos, generador del 25% del los contaminantes mundiales y que se mantuvo en todo momento al margen del Protocolo de Kioto que pretendía regular las emisiones de los gases que generan el calentamiento global.

En el caso de nuestro país Presencia Ciudadana, Pronatura, Cemda, Oxfam México, Fundación Heinrich Böll, Greenpeace México, organizaciones civiles con interés en el tema ambiental, han convocado al Foro Dialogando hacia Copenhague: la posición de México en las negociaciones internacionales de cambio climático. Este evento se desarrollará el lunes 30 de noviembre de 2009 a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Diputados, específicamente en el Salón Legisladores (la entrada es libre, aunque para ingresar a la Cámara se requiere credencial de elector y paciencia).

Los trabajos del Foro se dividirán en 4 mesas de trabajo sucesivas que se han denominado: 1) Impactos del Cambio Climático, los costos de la inacción y Opciones de Financiamiento; 2) Oportunidades de mitigación en los principales sectores:

energía, agricultura y transporte; 3) MesaOportunidades de mitigación a través del mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD); y 4) El papel de México hacia un Futuro Régimen Climático: Los Retos del Marco Legal y la Política Pública. Diversas organizaciones impulsamos también la campaña Píntale la raya al cambio climático, que propone acciones simples para impulsar cambios cotidianos que favorezcan al medio ambiente, así como la firma de documentos dirigidos a los tomadores de decisiones.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

Su iniciativa para modificar Carta Magna es analizada en San Lázaro

Desacata PRI llamado de IS para rectificar postura antiaborto


Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 26 nov 09 (CIMAC).- A menos de 24 horas de que la Internacional Socialista (IS) reprobara la actuación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y lo llamará a modificar su postura con respecto a las reformas legislativas que en 17 entidades violentan los derechos de las mexicanas, la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa del gobernador de Veracruz, el priísta Fidel Herrera, para reformar los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se penalizaría el aborto en la federación.

A pesar de que en entrevista con Cimacnoticias, el 23 de noviembre de este año, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, aseguró: "no veo en mi sentido o en el horizonte que esta iniciativa se presente a nivel federal", y "No va a llegar a San Lázaro, no es así, el gobernador no mandó la iniciativa", ésta fue turnada el 24 de noviembre a las comisiones de puntos Constitucionales y Gobernación de San Lázaro.

Así, un día antes de conmemorarse el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se mandó a discusión de las comisiones antes mencionadas la modificación que, de ser aceptada, protegerá la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, violentando en la Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres .

El cambio en la Constitución mexicana generaría de inmediato una regresión en la aprobación de la Ley en favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) que se efectuó hace cerca de dos años en el Distrito Federal, la cual permite a las mujeres de la Ciudad de México abortar, si lo solicitan, dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

En esto coinciden activistas sociales, defensoras de los derechos de las mujeres, académicas y legisladoras que ven en la iniciativa un riesgo para el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003 (Ensar 2003) en México seis de cada diez embarazos no son deseados o planeados. Se calcula que, cada año, unas 120 mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones relacionadas con abortos mal practicados.

Actualmente son 17 las entidades que han aprobado leyes de este tipo. Los grandes actores en este retroceso han sido el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI, en alianza coyuntural apoyada por integrantes de otros partidos, como el Verde Ecologista de México, los cuales han realizado modificaciones constitucionales locales que criminalizan el aborto y pasan por encima de los derechos y las decisiones de las mexicanas; a esos estados se suma Chihuahua, que aprobó una reforma antiaborto en 1994, lo que ha desatado la polémica acerca de si estas modificaciones podrían incidir en eventuales cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que atenten contra los derechos femeninos.

El debate sobre esta posible reforma a la Carta Magna se ha incrementado recientemente por el envío de la iniciativa del priísta Fidel Herrera al Congreso de la Unión.

Por su parte, la senadora Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamó a los congresos estatales de las 17 entidades que han aprobado las reformas que violentan los derechos de las mujeres a reconsiderar sus posturas.

Afirmó que con la aprobación de este tipo de leyes se provoca un gran atraso en materia de equidad de género. El PRI y el PAN son los principales impulsores de estas medidas sólo porque tiene acuerdos en lo "oscurito", olvidándose de que lo principal es pensar y defender los derechos de las mujeres; entre ellos, su derecho a decidir, expresó.

En el marco de la campaña "16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres", la senadora perredista recordó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos, tanto internacionales como nacionales, cuatro mexicanas mueren cada día por dificultades vinculadas al aborto.

"En México cada año se practican alrededor de mil abortos clandestinos. Si eso no lo ven o no lo quieren ver las y los diputados locales, tanto priístas como panistas, donde han aprobado estas leyes, es porque carecen de lo más indispensable en esta vida, que es sentido común; pero, sobre todo, de compromiso para defender los derechos fundamentales de las mujeres".


Su nombramiento ratifica violencia institucional, señalan ante la CEDAW

Arturo Chávez, responsable del auge feminicida

en Cd. Juárez: OSC


Por Kerstin Bognar

México DF, 26 nov 09 (CIMAC).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 42 organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas denunciaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) ratifica la violencia institucional que ejerce el Estado mexicano contra las mujeres.

En una carta fechada el 25 de noviembre, las organizaciones informaron al comité que Chávez Chávez fungió como procurador general de Justicia del estado de Chihuahua de 1996 a 1998, periodo de auge del feminicidio en Ciudad Juárez. En el escrito se señala que las autoridades que estaban bajo su mando durante su gestión llevaron a cabo las investigaciones de los asesinatos de mujeres con negligencia y omisiones graves, como la nula o mala integración de los expedientes, la fabricación de culpables mediante la práctica de torturas, la siembra de evidencias y la falta de diligencias periciales básicas.

Además, las ONG firmantes indicaron que tanto policías y agentes del Ministerio Público como el propio procurador cuestionaban la honorabilidad de las víctimas con comentarios sexistas y misóginos, refiriéndose a la "doble vida" que llevaban o la ropa "provocadora" que usaban; cuestionamientos con los que se culpabilizaba tanto a las niñas y mujeres asesinadas, como a sus familiares, de los crímenes denunciados.

Tal violencia institucional por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones de los casos de feminicidio favoreció la impunidad, expresaron las organizaciones, y agregaron que con tal conducta se dio el mensaje a la sociedad de que las mujeres podían ser objeto de cualquier tipo de violencia.

En la carta, los organismos civiles recordaron que diversas organizaciones internacionales emitieron más de 400 recomendaciones específicas sobre la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua, las cuales coinciden en que la violencia sistemática contra las mujeres en esa región tiene como característica principal la falta de la respuesta eficaz de las autoridades para investigar los asesinatos y desapariciones de mujeres.

A todo esto se suman las recomendaciones que México, diplomáticamente, aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de este año, las cuales incluyen el esclarecimiento de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, así como la emisión de sentencias judiciales para los funcionarios públicos que no han realizado las investigaciones pertinentes.

Ante la CEDAW, las ONG firmantes denunciaron que, al proponer a Arturo Chávez Chávez para el puesto de procurador general de la República, Felipe Calderón ha violado el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que un requisito para asumir tal cargo es, entre otros, "gozar de buena reputación".

A pesar de que se hizo llegar al Senado -que realizaría el dictamen para la ratificación del nombramiento- las razones por las cuales se afirmaba que Arturo Chávez Chávez no cumplía con uno de los requisitos más importantes, la Cámara Alta ratificó su nombramiento como titular de la PGR.

El Senado tampoco dio audiencia a las madres de niñas asesinadas que viajaron en dos ocasiones desde Ciudad Juárez con el objeto de que las comisiones dictaminadoras de la Cámara Alta escucharan sus testimonios con respecto al tratamiento humillante que recibieron del propio Chávez Chávez, quien sí fue escuchado en su comparecencia ante las comisiones a pesar de los actos de protesta que la sociedad civil realizó frente al Senado de la República, indicaron las ONG.

Además, denunciaron que el ahora procurador general de la República pretende realizar cambios estructurales dentro de la dependencia federal con el nombramiento de personas tan cuestionadas como él por su desempeño como servidores públicos en el estado de Chihuahua.

Las 42 organizaciones civiles mexicanas manifestaron que, con el nombramiento y la ratificación de una persona con semejantes antecedentes, el Estado mexicano manifiesta su falta de respeto y compromiso hacia las víctimas, sus madres y familiares, y hacia la sociedad mexicana; además, se burla de sus compromisos internacionales y de los mecanismos que los hacen valer


22/11/2009

Vergüenza ante el mundo

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

México, DF; 20 de noviembre (Apro).- Sin equívocos, México vive uno de sus peores momentos de cara al mundo. El llamado bono democrático que representa el fin de un régimen autoritario en el caso de nuestro país acabó en frustración. No es ninguna sorpresa, sino resultado lógico de la fallida alternancia política del PRI al PAN.

Los seis años de la presidencia de Vicente Fox y los tres de Felipe Calderón se resumen en la catastrófica revisión internacional que se hizo la semana pasada al desempeño de México en la economía, la corrupción, la pobreza, la delincuencia organizada y derechos humanos. Si bien esos problemas no se originaron con la llegada del PAN, la virulencia con que se han manifestado en el país sí es responsabilidad de quienes han conducido el país en la última década y en particular del actual responsable, Felipe Calderón. No es la primera vez que se alude a la incapacidad de Calderón para conducir el país y la pequeñez de su equipo de gobierno.

Más claro no puedo ser el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien sin miramientos dijo el pasado miércoles en México que el gobierno de Calderón fue el que peor enfrentó la crisis económica mundial.

No se equivoca, pues en el diagnóstico estuvo la respuesta. Cómo olvidar que para el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no teníamos de qué preocuparnos, pues se trataba apenas de "catarrito".
Stiglitz colocó en el lado opuesto a Brasil y a la India. De forma reiterada, Brasil se ha convertido en referente del éxito no logrado por México. Aunque Calderón se mofó del apagón que hace algunas semanas sufrió ese país, lo cierto es que no sólo en economía, sino en la diplomacia, los brasileños han pasado por encima de México.

En la crisis de Honduras, el gobierno de Ignacio Lula da Silva se colocó rápidamente al frente de la defensa del presidente depuesto, Manuel Zelaya. Calderón no lo podía hacer. Tiene un problema de origen. Por más que haya recibido a Zelaya como jefe de Estado, ¿cómo le podría reclamar al golpista Roberto Micheletti su falta de legitimidad, si es de la que carece?
Descolocados y estrechos, Carstens y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero le reclamaron a Stiglitz su falta de conocimiento de la realidad mexicana. No pueden decir lo mismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El organismo de Naciones Unidas que se dedica precisamente a seguir la realidad económica de la región, dijo al siguiente día de la declaración de Stiglitz que como consecuencia de la crisis internacional, México fue donde más empeoró la pobreza en América Latina. Ahora hay 41 millones de personas en esa condición. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos. Casi la mitad del país.
El martes, desde Berlín, se informó al mundo que México se coloca en los peores niveles de corrupción. Con una calificación de 3.3, en una escala del 1 al 10, México está por debajo de Cuba, El Salvador y Guatemala y comparte lugares con varios países africanos y asiáticos.

Horas después, la consultora internacional
Pricewaterhouse informó que México es el quinto país con más fraudes, de una muestra de 54 naciones; mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) previó un incremento del desempleo para el próximo año para colocarse en 6.5 por ciento, respecto al 6.2 del tercer trimestre de este año. La catástrofe es tan evidente para el mundo que la propia secretaría de Economía admitió el viernes que la Inversión Extranjera Directa cayó un 37 por ciento de enero a octubre de este año.

En derechos humanos la cara mexicana no es distinta. El mismo jueves se adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por su falta de investigación en el caso de tres mujeres asesinadas en la zona conocida como campo algodonero, en Ciudad Juárez. Lo mismo se espera que ocurra en el caso de Rosendo Radilla. Detenido y desparecido por el Ejército en 1974, durante la guerra sucia en Guerrero.

Ambos casos son emblemáticos de las graves violaciones a los derechos humanos en el país exhibidas ante la comunidad internacional.
Los gobiernos del PAN no sólo han sido indolentes ante el tema, sino que en el caso de Calderón se han fomentado con el pretexto del combate al narcotráfico. Los casi 15 mil muertos que ha dejado esa "guerra" propiciada por el gobierno calderonista, así como las muertes y desapariciones de periodistas, a niveles de lugares donde hay una guerra civil abierta, hacen de México uno de los países más violentos del mundo.

A mitad de su gobierno, Calderón da muestras de un desgaste y una incapacidad inauditas. Ni Miguel de la Madrid en sus peores tiempos. jcarrasco@proceso.com.mx
“Un peligro, defender garantías ”

Representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales denuncian que en Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de las garantías individuales

Evangelina Hernández
El Universal
Domingo 22 de noviembre de 2009

En México, defensores de derechos humanos ponen en peligro diariamente su vida al buscar la justicia, debido a que no cuentan con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física.

La actividad cotidiana los orilla a asumir el reto de vencer o morir, al toparse con la represión oficial, la impunidad y la corrupción que impera entre las fuerzas de seguridad en todo el país.

Representantes de organizaciones no gubernamentales, así como activistas y luchadores sociales denuncian que en Chiapas o Tamaulipas, en Guerrero o Chihuahua, no hay condiciones para realizar las tareas de promoción y defensa de las garantías individuales.

“Nunca imaginamos que en nuestra lucha por el imperio de la ley nos encontraríamos padeciendo un Estado de excepción, donde el respeto de nuestros derechos fundamentales ha quedado al arbitrio de las fuerzas castrenses y policiacas”, advierte el informe 2009 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en Guerrero.

En octubre pasado, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) emitió un reporte sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en este país, en el que advierte:

“El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor”.

El documento señala que Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son los lugares donde se han denunciado más violaciones contra los defensores de garantías en el país.

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, explica que su labor se vio mermada desde que el gobierno federal inició una guerra frontal contra el narcotráfico. “Derechohumanistas institucionales y del ámbito civil han sido asesinados, secuestrados, golpeados, y son constantemente objeto de amenazas por parte del crimen organizado en todo el país.”

Esta situación ha obligado a un gran número de luchadores sociales a abandonar las ciudades donde vivían, luego de recibir amenazas de muerte.

Con información de corresponsales

Lanzará cruzada por modificaciones en enseñanza y diversidad sexual, advierten

Aumentará presión la Iglesia católica para lograr más concesiones: expertos
Foto
A pesar de las manifestaciones de protesta, el clero, en alianza con grupos conservadores, ha logrado leyes antiaborto en 17 estadosFoto Guillermo Sologuren
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 22 de noviembre de 2009, p. 34

En vista del éxito obtenido por la jerarquía católica en sus cabildeos para hacer retroceder las legislaciones estatales en materia de despenalización del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en determinadas condiciones, destacados expertos en el estudio de las religiones advierten que la Iglesia va por más e intensificará su presión para obtener concesiones en otros temas que son prioritarios en su agenda, especialmente los relacionados con la enseñanza religiosa y la diversidad sexual.

Hasta ahora el lobby del clero, en alianza con otros grupos conservadores, ha logrado revertir legislaciones que habían regulado la práctica del aborto en 17 estados. Otras entidades están por entrar al proceso de revisión de sus leyes en la materia.

Josué Tinoco Amador, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Iztapalapa, señaló que es posible que la Iglesia católica despliegue una fuerte cruzada en otros ámbitos. Con lo del aborto le ha quedado claro cuál es el camino para presionar a legisladores. Encontraron cómo hacerlo, y entonces seguirán ejerciendo la presión. Pero ese avance del conservadurismo será a escala mundial, porque cuando hay inestabilidad social y económica el pensamiento conservador toma fuerza.

En entrevista aparte, Bernardo Barranco, investigador y experto en sociología de las religiones, expresó que el hecho de que el cardenal Norberto Rivera Carrera haya quedado en la presidencia de la Comisión Episcopal para la Familia, Juventud y Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2009-2012 es indicativo de que se seguirá incidiendo en los congresos locales para aprobar más leyes antiaborto. Por los contactos que tiene Rivera con los sectores más conservadores, como el de Provida, lógicamente insistirá en ese aspecto.

Añadió que también buscará dar nuevo impulso a la concepción de familia que reconoce la Iglesia católica. Es un tema muy querido por él; tiene un vínculo grande con una corriente ultraconservadora a escala nacional e internacional. El encuentro mundial de las familias, que se hizo a principios de este año, fue prácticamente organizado por él.

Tinoco Amador consideró que Rivera Carrera pondrá énfasis en la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Además, en los temas de familia. Intentará llevar a los jóvenes hacia la práctica católica.

Elio Masferrer, presidente del secretariado permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, expresó que Rivera Carrera no sólo buscará promover las reformas antiaborto, sino también golpear a las sociedades de convivencia.

En esto último coincidió el especialista de la UAM, quien dijo que también está entre los propósitos de la Iglesia católica sancionar las relaciones homosexuales e ir contra la aprobación de figuras que convaliden uniones entre personas del mismo sexo, porque insisten en que no deben ser consideradas como familia, pues quieren imponer su visión de familia.

En vísperas de que el Congreso de Michoacán discuta penalizar el aborto, sostuvo: Es lamentable que el criterio que prevalezca sea el de la moral católica y no el de salud pública.


21/11/2009

SME lleva al parlamento europeo denuncia contra Calderón

LA REDACCIóN

MEXICO, DF, 20 de noviembre (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que este fin de semana interpondrá una denuncia ante el Parlamento Europeo --en Bruselas, Bélgica-- por violaciones por parte del gobierno de Felipe Calderón a diversos acuerdos internacionales al extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como por el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores.

El líder del SME, martín Esparza, agregó que abogados de la UNAM elaboraron una denuncia por violación grave a la "cláusula democrática" del acuerdo de asociación México-Unión Europea.

En el marco de la clausura de la Tercera Asamblea Nacional de Resistencia Popular, Esparza explicó que con esta medida buscan que la Unión Europea llame al titular del Ejecutivo a revertir el decreto, o en su caso establecer medidas de castigo en el comercio.

La Asamblea, en la que participaron diversas organizaciones sindicales y estudiantiles, calificó de exitoso el paro cívico del pasado 11 de noviembre, puesto que, aseguraron, participaron unos 2 millones de ciudadanos en 28 entidades del país.

Las organizaciones acordaron una nueva jornada de movilización a escala nacional el 4 de diciembre, día en que se llevará a cabo la "toma del Distrito Federal", para conmemorar la entrada de las tropas de Emiliano Zapata y Francisco Villa en 1914.

Las siguientes movilizaciones abarcan incluso un referéndum el 5 de febrero, en el que se pondrá a votación la permanencia de Calderón en Los Pinos.



El historiador John Womack cede presea al SME



La ceremonia de entrega de las medallas 1808 --que llevó a cabo el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México-- a los historiadores John Womack y Eric Van Young derivó inesperadamente en un acto de apoyo al SME.

En el acto solemne, la historiadora de El Colegio de México, Alicia Hernández, leyó un discurso de John Womack Jr., quien no asistió al evento, pero cedió el galardón al SME, con motivo de la desaparición de la LFC.

El historiador recordó que en 1973 el SME le abrió las puertas de su archivo histórico para llevar a cabo sus investigaciones en torno a los movimientos obreros de México.

En su texto, el académico estadunidense Womack destacó que el sindicato fue la organización más valiente que se formó durante las guerras revolucionarias durante el siglo pasado.

Sostuvo que el SME "se distinguió de todos los sindicatos entonces activos por su lucha decidida al Ejército Libertador del Sur y que, en casos críticos de emplazamiento a huelga, siempre actuó con gran sentido de responsabilidad hacia la clase obrera y con la sociedad mexicana".

Por su parte, Ebrard manifestó su respeto "a las palabras que escuchamos y que envío John Womack, y yo diría en lo personal que no hay que ser historiador solamente para coincidir con lo que él el día de hoy nos ha expresado".

Se trata, redondeó el mandatario capitalino, de "una desaparición forzosa, muy arbitraria, de una institución sindical formada al inicio del siglo XX, al calor de las luchas revolucionarias de entonces, y que es una señal preocupante, ominosa diría yo, y que nuevamente da cuenta de la ignorancia a la historia y el desprecio a los movimientos sociales".

El gobierno es cómplice de trasnacionales, aseguran activistas

Trabajadoras de la confección: entre la injusticia y la crisis

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 20 nov 09 (CIMAC).- A consecuencia de la crisis económica, las trabajadoras de la industria manufacturera de la confección, quienes representan 70 por ciento de la mano de obra del ramo, padecen paros técnicos, retención de sus salarios, extensas jornadas de trabajo, y participan en mayor medida en el sector informal, sea como fuente de empleo o únicamente para completar su salario.

Este sector laboral es uno de los más olvidados por el gobierno mexicano, el cual “no pone mucha atención a la confección, que es importante para México, por el descuido de derechos laborales por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales”, señaló Linda Yanz, integrante de la Red Solidaridad de la Maquila en Canadá.

Con la crisis económica, las condiciones laborales de las y los trabajadores se volvieron más “críticas”: “con los paros técnicos y el cierre de fábricas, ellas tienen más carga de trabajo para suplir la falta de personal. Y además hacen trabajo a domicilio, donde no hay ningún tipo de regulación”, indicó Yanz a Cimacnoticias.

De acuerdo con el texto “La crisis y sus efectos en la industria textil y del vestido de México”, publicado por la Red Solidaridad de la Maquila en octubre pasado, el país experimentó este 2009 una de las caídas más acentuadas en las exportaciones textiles y de confecciones a los Estados Unidos: el descenso fue de 20 por ciento con respecto a 2008. En abril de 2009 se perdieron 68 mil empleos y se cerraron 666 fábricas del sector textil, del vestido y del cuero, indica también el documento.

A partir de la crisis económica, además del aumento en la producción para el mercado nacional y la disminución de la demanda internacional, empeoraron las condiciones de empleo y se incrementó la dependencia del sector informal por parte de las y los desempleados, sea como fuente de trabajo o para completar el ingreso de quienes ven disminuidos sus salarios por los paros técnicos.

Por su parte, la abogada laboral Graciela Besunsan señaló que el modelo económico del que México ha dependido para competir en el mercado internacional por décadas –bajos salarios, sindicatos débiles o inexistentes y protecciones ambientales y laborales poco estrictas– ha logrado pocos beneficios y está agotado.

La crisis actual es una oportunidad para reconocer esta realidad y comenzar a construir un nuevo modelo basado en la competitividad responsable y el trabajo decente, aseguró.

LAS PÉRDIDAS

México perdió un total de 655 mil 600 empleos en todos los sectores en los primeros seis meses de 2009; de cada diez trabajos perdidos, siete fueron del sector manufacturero.

La caída en el sector textil, del vestido y del cuero representa 4.8 por ciento; esta rama genera alrededor de 300 mil empleos directos en el país, dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y ocho por ciento de los puestos de trabajo en la industria de la manufactura.

A su vez, la industria textil, del vestido y del cuero es la mayor empleadora de mujeres, quienes ocupan alrededor de 70 por ciento de los puestos.

Las entidades clave en la producción textil y de confecciones son el Estado de México, el Distrito Federal, Puebla y Guanajuato, tanto en términos de contribución al PIB como de aportes al empleo. México es el mayor exportador de confecciones, en América Latina, al mercado de Estados Unidos.

Las empresas transnacionales de la industria de la confección llegaron a los estados antes mencionados cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 1994, “muchas empresas que estaban en la frontera norte se fueron al centro y el sur del país; a Puebla por ejemplo, donde pagaban 30 o 40 por ciento de lo que remuneraban a las y los trabajadores norteños”, señaló a Cimacnoticias Julia Quiñonez, coordinadora del Comité Fronterizo de Obreras, con sede en Coahuila.

El gobierno fue cómplice de las transnacionales”, añadió. En el norte, las y los trabajadores tenían más experiencia y lograron contratos colectivos con salarios “más generosos”, de hasta 170 dólares semanales, pero “a las empresas les convenía estar en el centro y el sur del país, donde pagan mucho menos”, declaró la defensora de derechos humanos laborales.

Mujeres electricistas temen represalias, exigen la salida de la policía

Arriba PFP a planta electricista en Puebla

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 20 nov 09 (CIMAC).- Trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) denunciaron que ayer a las once de la noche, alrededor de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpieron “cortando cartucho” a la comunidad de Nexaca, Puebla, con el fin de intimidar a los electricistas que resguardan una de las dos plantas generadoras de energía eléctrica que hay en esta comunidad, considerada la “cuna electricista”.

Así lo informó hoy en entrevista telefónica con Cimacnoticias Blanca Velázquez, trabajadora de LyFC en la Ciudad de México, quien manifestó que las y los electricistas de Necaxa temen por la seguridad de sus familias, de sus esposas, hijas e hijos, debido a la presencia de más de un centenar de policías federales en las inmediaciones de la planta generadora de energía eléctrica, y en general en el poblado.

Los uniformados llegaron a esta comunidad, ubicada en la sierra norte de Puebla, ayer entre las 10 y las 11 de la noche. A su arribo a la entrada de la planta generadora de Necaxa -“garitón”- “cortaron cartucho, en una actitud violenta hacia nuestros compañeros”.

Además de la presencia de más de cien elementos de la PFP, otro grupo de uniformados llegó el mismo día en 17 autobuses turísticos a Huauchinango, Puebla, ubicado a 15 minutos de Necaxa.

Por lo anterior, las y los electricistas manifiestan temor a una represión por parte de los policías federales. “Tememos por la seguridad de nuestros compañeros electricistas que permanecen en guardia desde el cierre de LyFC, así como por la integridad de sus esposas y de sus hijas e hijos”, refirió Blanca Velázquez.

Cebe recordar, que el pasado 10 de octubre, horas antes de que Felipe Calderón Hinojosa, decretara la extinción de la compañía paraestatal, elementos de la PFP tomaron las 32 instalaciones de LyFC en el Distrito Federal y las 64 agencia foráneas, ubicadas en Puebla, Morelos, Hidalgo y Estado de México.

Frente este panorama, las y los trabajadores de LyFC solicitan que la PFP salga de las instalaciones de la paraestatal y de la comunidad de Necaxa, la cual es considerada “cuna electricista”, debido a que el 80 por ciento de la actividad económica se basa en la industria eléctrica.

Asimismo, piden a los medios de comunicación que sean testigos de la presencia policiaca y de la actitud hostil que manifiestan los uniformados hacia las y los electricistas y la comunidad en la sierra norte de Puebla.

20/11/2009

Tres mil trabajadoras, amparadas contra decreto calderonista

Mujeres electricistas: huelga de hambre es resistencia civil

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 19 nov 09 (CIMAC).- Tras la negativa de la Cámara de Diputados a otorgarle presupuesto a Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con lo cual las y los legisladores reconocen la extinción de la compañía, miles de electricistas apuestan a la resistencia civil pacífica para echar abajo el decreto presidencia que los dejó sin empleo. Como parte de esta resistencia, desde mañana un grupo de cien trabajadoras iniciará una huelga de hambre y otro grupo de mujeres llevará a cabo ayunos de 12 horas por tiempo indefinido.

El campamento de trabajadoras en huelga de hambre se sumará al de los electricistas que con este acto de protesta buscan la restitución de sus fuentes de trabajo, ya que tras la desaparición de la paraestatal más de 4 mil mujeres y 40 mil hombres quedaron sin empleo. Los plantones se instalarán en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, Mónica Jiménez Acosta, coordinadora del Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia, refirió que hoy se acordó “esta fuerte medida porque estamos dispuestas a morirnos de hambre con tal de tener una tener una solución”.

Hasta el momento no se ha decidido donde se ubicará el campamento que ocuparán las electricistas en resistencia, dijo, pero buscan un lugar seguro, pues temen la represión –de la que ya han sido víctimas– por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP).

La sindicalista señaló que, por consenso, cien mujeres se anotaron para llevar a cabo la huelga de hambre, incluida ella, mientras que otras quedaron en lista de reserva y decenas más se comprometieron a realizar ayunos de 12 horas.

“No podemos perder más, ya nos dejaron sin el empleo que representaba poderle ofrecer un futuro digno a nuestras hijas e hijos”, refirió la coordinadora del movimiento, quien mencionó que a las acciones de protesta se han sumado alrededor de tres mil mujeres amparadas ante el decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, el pasado 11 de octubre.

De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los actos de protesta de las trabajadoras y los trabajadores son fundamentales para echar atrás el decreto presidencial. El jurista recordó que, después de que el lunes pasado las y los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados le negaron presupuesto a LyFC, es poco probable que “vayan” por la controversia constitucional el próximo 24 de noviembre, cuando vence el plazo para que la realicen.

La controversia constitucional es la única vía jurídica por la que se puede echar atrás el decreto “calderonista”; esto se desprende del análisis de los argumentos que presentaron en San Lázaro aproximadamente cien especialistas en justicia laboral, entre ellos Manuel Fuentes, quien mencionó que, con la extinción de LyFC, se violenta, entre otros, el artículo 73 constitucional, el cual plantea que sólo la Cámara de Diputados puede crear o suprimir puestos, además de que la Carta Magna establece la facultad exclusiva del Legislativo en materia de electricidad.

Los amparos presentados por las y los 35 mil 800 trabajadores de LyFC activos y jubilados “no tienen la capacidad de revivir a la empresa; sólo protegen las relaciones laborales si hubiera un patrón sustituto, que sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, indicó Fuentes Muñiz.

La resolución de las más de veinte mil demandas de amparo interpuestas por las y los electricistas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tardará en promedio entre tres y cinco años. “Esta situación es tomada en cuenta por el gobierno para llevar al movimiento a un desgaste”, añadió.

Ante este escenario, las y los electricistas solicitarán ante la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Primera Región, que “se amplíe la suspensión del acto reclamado para que las y los trabajadores sigan gozando de los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, servicios que no han sido respetados y que, según la ley del instituto, deberán terminar el próximo 7 de diciembre.

No se logró que la corte reconociera el término “feminicidio”

CoIDH condena a Estado mexicano por crímenes de Campo Algodonero

Por Lourdes Godínez Leal

México, D.F., 19 nov 09 (CIMAC).- Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes fueron encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual los días 6 y 7 de noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Estos tres casos, de un total de ocho, fueron los primeros en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres. La sentencia de la corte, sin duda, sentará un precedente para la región en materia de feminicidio, pues los casos se analizaron conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (Belém Do Pará), dijo en entrevista con Cimacnoticias Karla Michel Salas, representante legal de una de las víctimas.

La abogada mexicana –quien junto con David Peña, también integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), y con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) representa legalmente a familiares de Esmeralda Monreal, una de las mujeres asesinadas– confirmó hoy que la sentencia es condenatoria y obligatoria para el Estado mexicano, “lo que representa una reparación moral para las familias y para los implicados en el tema”.

Sin embargo, aclaró que los representantes legales desconocen el sentido total de la sentencia, ya que las audiencias de la CoIDH son privadas y, por lo tanto, las sentencias se conocen hasta que se hacen públicas y se notifica a los peticionarios, lo cual ocurre entre tres y cuatro días después. “Hasta ahora, dijo, no hemos sido notificados oficialmente por la Corte”.

También precisó que esta instancia no se pronunció como tal sobre el término “feminicidio”, que era uno de los objetivos de los abogados (cimacnoticias 17 agosto 09).

Cabe recordar que los representantes legales del caso Campo Algodonero: Anad y Cladem, por Esmeralda Herrera Monreal, y la Red Ciudadana de no violencia y por la dignidad humana y el Centro para el desarrollo integral de la Mujer AC, por Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, pidieron a la Corte que se pronunciara para que, dentro de las reparaciones del daño, se prohíba expresamente a las y los servidores públicos negar la existencia del feminicidio o minimizarlo, así como culpar a las víctimas.

También solicitaron se dicte la indemnización del daño moral, material y económico para las familias de las víctimas y que haya garantías de no repetición, para lo cual solicitan medidas de carácter legislativo. A la vez, pidieron que la CoIDH se pronunciara para que el Estado mexicano se abstenga de recurrir a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para acatar su sentencia, ya que esta norma es limitativa, carece de perspectiva de género y sólo se refiere a la reparación del daño económico, cuando lo que se busca son mecanismos integrales de reparación del daño.

Asimismo, pidieron claridad en la atracción de los casos para que la Federación pueda conocer aquéllos en que se violen los derechos humanos de mujeres, y que haya un protocolo específico de investigación para los homicidios ejercidos contra ellas.

En opinión de Karla Michel Salas, la sentencia podría darse a conocer el próximo 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

EL CASO, LA HISTORIA

Los días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, ocho cuerpos de mujeres en “avanzado estado de descomposición” y con rasgos de tortura sexual.

De éstos, únicamente tres casos fueron presentados ante el sistema interamericano, ya que los demás no correspondieron a las identidades adjudicadas por las autoridades que “supuestamente las habían identificado” hasta 2006, según reveló un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense del mismo año.

Con respecto a Claudia Ivette González, su identidad permanece en la incertidumbre, toda vez que su madre no aceptó que el equipo argentino hiciera los estudios correspondientes para su plena identificación.

Por ello, sólo estos tres casos fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2006, y un año más tarde, en diciembre de 2007, por la CoIDH.

Durante estos tres años, las y los representantes de las víctimas brindaron información tanto a la CIDH como a la CoIDH.

Entre las irregularidades denunciadas por los representantes de las víctimas está la creación de los chivos expiatorios por parte del gobierno de México, la fabricación de pruebas y testigos confesos bajo tortura, así como la negligencia de funcionarias y funcionarios encargados de las pesquisas.

Destacan las detenciones de Víctor Javier García Uribe, alias “El Cerillo”, y Gustavo González Meza, alias “La Foca”, cuatro días después de encontrados los ocho cuerpos. Se suponía que ellos “eran los asesinos seriales”.

Cabe recordar que en 2003 González Mesa “murió sorpresivamente” en el penal y que, en octubre de ese mismo año (2003), García Uribe recibió sentencia condenatoria por 50 años de prisión por los ocho asesinatos.

La prueba más reciente de que al Estado mexicano no le interesa el tema fue la ratificación en septiembre pasado –por parte del Senado mexicano– de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, pese a que ha sido señalado internacionalmente como responsable de la impunidad en torno al feminicidio durante su mandato como procurador de Justicia de Chihuahua.

CLAUDIA IVETTE, ESMERALDA Y BERENICE

Durante las audiencias convocadas por la CIDH en 2006, a las que acudieron las madres de las víctimas, las mujeres detallaron el largo recorrido que hicieron para recuperar los cuerpos de sus hijas.

Claudia Ivette desapareció el 10 de octubre de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue hallada asesinada el 6 de noviembre del mismo año. El 11 de octubre, su madre, la señora Josefina González Rodríguez, la reportó como perdida ante la Procuraduría de Justicia estatal donde, según testimonió ante la CIDH en 2006, no le aceptaron el reporte por ser ya muy tarde (cimacnoticias 4 diciembre 2008).

Esmeralda desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de octubre de 2001, cuando tenía 15 años de edad, y fue hallada asesinada el 7 de noviembre del mismo año.

Su madre, la señora Irma Monreal testimonió igualmente ante la CIDH que las autoridades estatales no iniciaron pronto la búsqueda cuando la reportó como desaparecida.

“Cada vez que acudí a pedir información sobre la búsqueda de mi hija no me la daban y me mandaban a comprar el periódico para enterarme de las noticias (cimacnoticias 4 diciembre 2008).

Berenice desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 22 de septiembre de 2001, cuando tenía 17 años de edad. Su cuerpo fue hallado entre el 6 y 7 de noviembre del mismo año.

Su madre, Benita Monarrez, explicó a la CIDH que las autoridades le notificaron el hallazgo de cuatro cadáveres en Ciudad Juárez, diciéndole que uno de ellos era el de su hija (cimacnoticias 4 diciembre 2008).

DE LA CIDH A LA CoIDH

El 4 de noviembre de 2007, la CIDH presentó una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos por los asesinatos de estas tres mujeres y alegó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la “falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad”.

Falta de prevención y de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas;

falta de la debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos;

denegación de justicia y falta de una reparación adecuada fueron otros alegatos presentados por la CIDH.

En la demanda también se solicitó a la corte que declarara la violación a cinco artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a siete de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém Do Pará) en perjuicio de las tres víctimas.

En diciembre de 2007 la CoID notificó a los abogados, la admisibilidad del caso.

RECHAZAN SOLUCIÓN AMISTOSA DEL ESTADO MEXICANO

En sus intentos porque el caso no prosperara en la CoIDH, el Estado mexicano pidió el acompañamiento de la CIDH para una solución amistosa, solicitud que fue rechazada tanto por los familiares de las víctimas como por sus representantes legales.

Si bien el Estado mexicano reconoció que hubo irregularidades, sólo admitió que tuvieron lugar durante la primera etapa de la investigación, entre 2001 y 2003, y argumentó que “a partir de 2004 éstas fueron plenamente subsanadas; se reintegraron los expedientes y se reiniciaron las investigaciones”.

Asimismo destaca que se “avanzó en una profunda reforma de justicia en el estado de Chihuahua y, en particular, en Ciudad Juárez”. En el documento, el Estado mexicano señala que los familiares de las presuntas víctimas fueron reparados.

En esa oportunidad el Estado mexicano pidió a la corte declarar sin lugar el resto de las alegaciones de la CIDH y le pidió no tomar en cuenta la Convención Belém Do Pará para este caso, argumentando que éste no era de su competencia, lo que fue rechazado por la máxima instancia de justicia de la región.

El 20 de agosto y 6 de septiembre de 2008, la Comisión y los representantes de las víctimas, respectivamente, presentaron sus alegatos sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

Cabe recordar que los abogados pidieron a la corte, en noviembre de 2008, aceptar la totalidad de los casos, es decir, los relacionados con los ocho cuerpos originalmente encontrados en el predio, pero la CoIDH rechazó la petición.

El 28 y el 29 de abril pasados, la corte tuvo una audiencia pública para escuchar declaraciones de testigos, peritos de la CIDH, representantes de las víctimas y del Estado.

El pasado 12 de junio, tanto el Estado como la CIDH remitieron sus escritos alegatos finales. El 16 de junio hicieron lo propio los representantes.

Finalmente, ayer, 18 de noviembre, la corte dictó la sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, para lo cual analizó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará), lo que sienta un precedente para la región en el tema del feminicidio.