31/03/2010

Impiden en Yucatán que aborte niña de 10 años violada
por su padrastro


Rosa Santana

CHETUMAL, Q. Roo, 31 de marzo (apro).- Embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a que la tenía sometida su padrastro, una niña de 10 años, que actualmente está “bajo la protección” del DIF, fue condenada a ser madre a esa edad ante la imposibilidad legal para recurrir al aborto.

La diputada María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso estado, argumentó que la pequeña, originaria de Robirosa, una comunidad rural del estado, al tener ya casi cuatro meses de gestación queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto, que en el caso de violación es hasta los 90 días.

Añadió que tampoco se quiere poner en peligro la vida de la menor al someterla a una intervención quirúrgica.

“Es decir, que si esta niña tiene casi 4 meses de embarazo la ley no permite, de ninguna manera, que sea sometida a un aborto, precisamente porque la ley lo impide; tendría que estar en riesgo la vida de la niña, producto de ese embarazo, para que los médicos pudieran tomar una decisión”, comentó.

La legisladora señaló que eso quedó asentado en los estudios que realizaron las autoridades del DIF estatal, las cuales tomaron bajo su custodia legal a la menor “para evitar un mayor daño y que pueda ser revictimizada (sic) por los medios de comunicación” al dar conocer su identidad.

Admitió lo delicado de la situación de la menor, que padece “de origen la victimización (sic) de haber sido objeto de una violación, luego la victimización (sic) de que va a tener que ser madre a los 10 años de edad, si llega al final su embarazo; y en este momento está siendo revisada por los médicos bajo la custodia del DIF, que la está protegiendo”.

Comentó que el responsable de la violación y el embarazo puede ser castigado hasta con 30 años de prisión, pero con la agravante de ser familiar de la víctima, la pena podría llegar a 45 años, lo cual, adelantó, será solicitado formalmente por los diputados ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martha Medina Lozano, dio a conocer que Isaac Santiago Martínez, el padrastro de la menor, ya fue detenido.

“En este caso, la pena de prisión puede llegar hasta los 45 años, situación que le hemos precisado al juez penal, precisamente por la naturaleza de que se trata de un delito grave”, comentó.

Detalló que Santiago Martínez confesó haber sostenido relaciones con su hijastra, aunque alegó en su defensa que fue porque la niña se lo pidió.

“El acusado está confeso, pues dice que la niña voluntariamente aceptó tener relaciones sexuales con él. Según las declaraciones de este sujeto, no es como la niña narra de que fue a la fuerza, intimidándola con amenazas de muerte, pues insistió en que la pequeña fue la que quiso tener relaciones sexuales con él”, dijo la funcionaria.

Explicó que tal argumento no es válido porque una niña de esa edad no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad.

30/03/2010

Observaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Lamenta ONU violencia contra las mujeres en México

Anayeli García Martínez

México, D.F., 29 mar 10 (CIMAC).- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado Mexicano tipificar el feminicidio, modificar el Código de Justicia Militar, y asegurar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia.

El organismo internacional señaló también al Estado la necesidad de armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados, en consonancia con la despenalización del mismo en el Distrito Federal en 2008, y homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes estatales.

Después de que el pasado 8 y 9 de marzo, 18 expertos de la ONU examinaron el quinto informe periódico de México –presentado con un retraso de cinco años- el Comité dio a conocer sus observaciones finales, en donde lamentó que aún subsista la violencia contra las mujeres e instó al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos de las mujeres.

Entre las observaciones relativas al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Comité recomendó al Estado mexicano tipificar el feminicidio, incluso a nivel estatal y proporcionar a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creada en enero de 2008, la autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios estatales y federales.

De acuerdo con el Comité se debe garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención” (NOM-046), la cual deja en claro la obligación que tienen las instituciones de salud de practicar la interrupción legal del embarazo a las mujeres victimas de violación sexual.

A pesar de la vigencia de la NOM-046 y la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el Comité expresó su preocupación porque en muchos estados del país el aborto aún es ilegal en todas las circunstancias. Por ello recomendó al Estado mexicano armonizar la legislación sobre la interrupción del embarazo en todas las entidades y tomar medidas para que las mujeres eviten embarazos no deseados.

JUSTICIA PARA VICTIMAS DE MILITARES

Por otra parte, de acuerdo con los informes de organizaciones de la sociedad civil, la lucha contra la delincuencia organizada y el despliegue de las fuerzas militares han violentado los derechos humanos de las mujeres, por lo que el Comité destacó que el Estado mexicano debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública, pero por fuerzas de seguridad civiles y no militares.

En este sentido se pronunció porque se garantice que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos castrenses sean debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades civiles, por lo que pidió modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que éste no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos a civiles.

En el documento, el Comité señaló que se deben tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados esté en plena consonancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En particular con las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres, la creación de un mecanismo de alerta sobre la violencia por motivos de género y la sanción del acoso sexual.

Por lo anterior, los expertos acentuaron que las investigaciones de violencia contra las mujeres deben ser rápidas y eficaces, además de que es necesario castigar a los autores, en especial garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades estatales y federales. También indicaron que se deben proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las mujeres víctimas de violencia.

UN LLAMADO MÁS PARA CUMPLIR

Estas recomendaciones son un llamado más a las autoridades mexicanas para cumplir con sus obligaciones adquiridas a través de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, señaló Amnistía Internacional (AI), al instar al Estado mexicano a dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En un comunicado de prensa, el organismo internacional destacó que aunque el Comité, que vela por el cumplimiento del PIDCP, reconoció algunos avances en materia legislativa por parte de México, también identificó un incumplimiento de las recomendaciones anteriores, por lo que puntualizó una serie de medidas que el Estado debe adoptar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Además recordó que muchas organizaciones nacionales e internacionales han hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos para hacer realidad los derechos humanos en temas determinantes como la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, el avance no ha sido el esperado, señala el comunicado.

Finalmente Al enfatizó que México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones en virtud de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y recordó que el Estado mexicano deberá de presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos Humanos a más tardar el 30 de marzo de 2014.

AI insta a México a acatar fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 6

Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.

Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, tal como se define en los instrumentos internacionales, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).

Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.

Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones

El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.

El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.

AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.

Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.

Inician 30 presos ayuno en cinco penales de Chiapas

Las protestas se dan en los penales de Cintalapa, Copainalá, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Villaflores

Notimex
El Universal
Tuxtla Gutiérrez

El Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) reportó el inicio de un ayuno de 30 de sus militantes presos en cinco penales de la entidad, en demanda de su liberación.

La vocera de la organización, Sandra González Jiménez, informó que las protestas se dan en los penales de Cintalapa, Copainalá, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Villaflores.

Precisó que la mayoría se encuentra procesada por delitos del fuero común, algunos por delitos federales y estatales, y solo unos cuantos por delitos del fuero federal.

En conferencia de prensa, explicó que los delitos por los que han sido demandados y presos son homicidio, lesiones, asalto, robo con violencia, violación, homicidio calificado, asociación delictuosa y tentativa de secuestro.

Asimismo, por violación a la Ley General de Población, portación de arma de fuego, secuestro y portación de cartuchos exclusivos de la fuerza aérea, todos demandan libertad.

Los presos en ayuno en el penal El Amate de Cintalapa son Angel Hidalgo Espinosa, Pedro Ruiz Ruiz, Demetrio Gómez Ruiz, Jerónimo López Aguilar, Josué Hernández Hernández, Manuel Torres Pérez y Manuel Jiménez López.

Asimismo, Sebastián Jiménez López, Manuel Gómez Gómez, Mauricio Coutiño Morales, Enrique Coutiño Morales, Alberto Coutiño Morales, Domingo Rodríguez Ordóñez, Adrián Pérez Gómez e Isidro de la Cruz Montiel.

En el penal de San Cristóbal de las Casas se encuentran en ayuno Mariano Collazo Gómez, Manuel Gómez Hernández, Manuel Díaz López, Alejandro Díaz Sántiz, Juan Collazo Gómez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Pedro López Jiménez, Alfonso Arias Pérez, Ramón de Jesús Ruiz Rodas y Alberto Patishtán Gómez.

La vocera del Mocri, añadió que en Comitán es Manuel Valdez Gallegos, en el penal de Villaflores Cecilio Montejo Yuca y en Copainalá Eric Bautista Gómez.

En este sentido, indígenas católicos tradicionalistas de la comunidad de Mitzitón, de San Cristóbal de Las Casas, pidieron la liberación de sus compañeros presos en los penales del Amate y de esta ciudad, pues de lo contrario, advirtieron, protestarán hasta lograr su libertad.

A través de un comunicado distribuido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, los indígenas, quienes también se identifican como seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) , niegan que sus compañeros detenidos hayan cometidos los ilícitos que se les imputan.

Entre estos figuran el de tráfico de seres humanos, plagio y secuestro, entre otros ilícitos.

fml

29/03/2010

Vulnera derechos, alerta especialista En la reforma laboral se quita la estabilidad en el empleo

Es un paso a la modernidad, opina el diputado del blanquiazul Gerardo de los Cobos

La reforma laboral panista aniquila derechos que valen oro: investigador



Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 29 de marzo de 2010, p. 11

La reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón mediante legisladores del PAN legaliza la venta del trabajo por conducto de las empresas outsourcing, pone requisitos para hacer imposible el registro de nuevos sindicatos, pretende arrebatar los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, quita la estabilidad en el empleo, elimina el pago de tiempo extra y vulnera la jornada laboral de 8 horas.

Al hacer un análisis de la reforma, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho de la UNAM, señaló lo anterior y dijo que ésta propone que los trabajadores claudiquen en su reclamo de pago de salarios caídos durante huelgas prolongadas. Además, abundó, plantea que los empleados sólo podrán ser contratados de planta cuando cumplan tres años de servicio y viola el derecho de huelga, ya que impone tantas trabas que hará imposible un estallamiento.

Respecto de los señalamientos oficiales de que los cambios permitirán mayor competitividad y productividad, dijo: se están cambiando cuentas de vidrio por derechos que valen oro.

La intención de acabar con las conquistas laborales, opinó, es un objetivo del actual gobierno, el cual tiene planeado eliminar el seguro de maternidad por caro y enviar a todas las mujeres a que atiendan sus partos mediante el Seguro Popular.

Explicó que al parecer la propuesta tiene como finalidad poner una cama de oportunidad para atraer inversión privada ofreciendo salarios castigados y pérdida de derechos de los trabajadores. Asimismo, empleados dóciles que puedan ser fácilmente despedidos; que no puedan, por ejemplo, declararse en huelga, que no puedan crear nuevos sindicatos. Es una reforma anacrónica, sostuvo.

En su opinión, “es una gran mentira que no se reforma el 123 constitucional, ya que ese precepto sería violentado con toda la iniciativa. Muchos cambios son abiertamente ilegales.

Parece una burla la declaración de que el pago por hora se determinó para contratar estudiantes. Lo que está bajo esa propuesta es tener empleados muy baratos, sin pago de prestaciones ni seguridad social.

E. Méndez y R. Garduño

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo es un paso a la modernidad que permitiría evitar huelgas y si éstas estallaran resolverlas lo más pronto posible, mientras en los sindicatos la elección abierta de sus dirigentes evitaría que fuera necesaria la toma de nota, aseguró el diputado José Gerardo de los Cobos (PAN).

El abogado panista, perteneciente a El Yunque en Guanajuato, quien presentó la iniciativa hace dos semanas, reconoció que el documento fue elaborado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el contenido fue informado a Los Pinos.

En entrevista, dijo: el Presidente es del PAN y esta bancada también. Tenemos comunicación, y claro que coincidimos en los criterios torales de la iniciativa.

Ante el rechazo de los principales sindicatos del país, así como de diputados de PRI y PRD que tienen a su cargo organizaciones como la CTM, la CROC y el Sindicato de Telefonistas, aseguró: entiendo que algunos líderes tienen temor y resistencia al cambio.

Sin embargo, sostuvo que en su proyecto no hay una sola propuesta que afecte a los gremios. Aseveró: “no se puede aducir que una reforma en favor de los trabajadores sea contra los sindicatos. ¡Por Dios!, si no están de acuerdo, que rebatan los cambios propuestos.

Entiendo que no les guste que los trabajadores tengan derecho a saber en qué se usan sus cuotas, pero que me lo digan, que lo defiendan en la tribuna.

–¿Su intención es democratizar liderazgos como los del SNTE y el sindicato petrolero?

–Que se renueven con el voto secreto. Es un derecho universal que los trabajadores voten en libertad. Proponemos que haya un registro público de sindicatos, de sus estatutos, de los dirigentes, para saber quién está al frente.

–¿Por qué no propone desaparecer la toma de nota, que se usa como instrumento del gobierno para chantajear a los sindicatos?

–Con la reforma no es necesario. Hay un tabú sobre la toma de nota. Es una cuestión administrativa que no tiene peso constitucional, pero que se politiza. Si llegamos a ese esquema de elección libre, esa figura ya no tendría razón de ser.


27/03/2010

ONU pide a México eliminar el arraigo

Según el organismo, el arraigo no respeta las garantías en la detención de personas, establecidas

El Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó a México eliminar el arraigo de su marco legal, criticó que prevalezca la práctica de la tortura y que los tribunales castrenses sean los únicos que juzguen casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares, pues tendrían que ser abordados por juzgados civiles.

Según el organismo, el arraigo no respeta las garantías en la detención de personas, establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por México.

La solicitud ocurre a dos semanas de que representantes del gobierno mexicano presentaron un informe sobre el cumplimiento del pacto ante el Comité de Naciones Unidas.

Aunque el organismo reconoció los avances logrados en una ley contra la violencia de género y otra para prevenir y eliminar la discriminación, la ratificación de distintos instrumentos internacionales y la adopción de un Programa Nacional de Derechos Humanos para 2008-2012, hizo recomendaciones en torno al V Informe Periódico presentado por nuestro país.

Cuestionó deficiencias “relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sobre estos últimos instó a investigar los asesinatos, ataques y amenazas.

Respecto a los tribunales militares, conminó a México a que esa justicia “no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles”.

Denunció “la persistencia de la tortura y los maltratos” por parte de la policía, y sugirió la grabación audiovisual de los interrogatorios. (Agencias)

25/03/2010

Matan a maestro de la sección 22 en Oaxaca
El cadáver de Feliciano Villegas Hernández, profesor de primaria afiliado a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, apareció con un disparo.
Octavio Vélez y Ángeles Mariscal | La Jornada
El cadáver de Feliciano Villegas Hernández, profesor de primaria afiliado a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, apareció con un disparo en la cabeza en el fondo de un barranco del municipio de Asunción Nochixtlán, en la Mixteca oaxaqueña, luego de haber desaparecido el martes pasado. Entretanto, Raúl Barrera Ayar, miembro de la dirigencia de la sección 40 y ex candidato a senador por el Partido Nueva Alianza en 2006, habría sido secuestrado el miércoles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reportaron autoridades ministeriales.

24/03/2010

Señalamiento en audiencia pública de la CIDH efectuada el lunes en Washington

Verdadera tragedia humanitaria, las agresiones a migrantes en México

ONG han denunciado reiteradamente las violaciones a garantías de indocumentados

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de marzo de 2010, p. 38

Una verdadera tragedia humanitaria son las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que ocurren en México, aseguraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública en la que se abordó el tema; además, organizaciones civiles señalaron que desde hace más de tres años han denunciado los secuestros sistemáticos que comete el crimen organizado en contra de esas personas, con la complicidad de autoridades migratorias del país.

En dicha sesión, efectuada el pasado lunes en Washington, Felipe González, presidente de la CIDH y relator para los trabajadores migrantes y sus familias, solicitó visitar el país a fin de contar con mayor información sobre la problemática.

Con lo reportado por las agrupaciones civiles y la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de que en sólo seis meses fueron secuestradas 9 mil 758 personas, la CIDH exhortó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para prevenir estas anomalías, así como garantizar la seguridad, la vida y el trabajo de los defensores de las víctimas.

En particular, mencionó al padre Alejandro Solalinde y el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; así como al padre Pedro Pantoja y el albergue Belén, Posada del Migrante, y las asociaciones civiles Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras.

Sobre el tema, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para México, subrayó que además de que el secuestro de migrantes es una verdadera tragedia humanitaria, con ese acto se violan todos los derechos fundamentales de las víctimas, sus familias y comunidades.

Al Estado le corresponde intervenir con medidas policiacas y una política integral en la que participen los tres órdenes de gobierno para otorgar acciones de prevención y atención integral a la problemática.

Entre las agrupaciones que desde hace más de tres años han denunciado el problema están, además de las ya mencionadas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras.

Han señalado que con los secuestros también se cometen abusos sexuales, tortura física y sicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud e impunidad.

Debido a que el Estado mexicano no contestó la denuncia de las organizaciones civiles, y de hecho rechazó los calificativos de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria, quedó pendiente la entrega de un informe oficial sobre el tema.

23/03/2010

Preocupa la falta de una investigación y sanción a responsables

Condena OACNUDH amenazas contra activistas de Guerrero

De la redacción

México, 23 mar 10 (CIMAC).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el hostigamiento continuo y las amenazas en contra de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el Estado de Guerrero por sus acciones de defensa.

En un comunicado, la OACNUDH dice que es preocupante que estos actos estén relacionados con la labor de estas organizaciones que buscan el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el estado o con las labores vinculadas con las próximas audiencias previstas en los casos de Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández Ortega, que en breve serán revisados por la Corte Interamericana.

No obstante que el Gobierno Federal ha iniciado el proceso de implementación de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, la situación de riesgo prevalece en la zona y el sistema de Justicia no ha dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen.

Con lo anterior se evidencia la necesidad de crear un mecanismo nacional de protección que dote de herramientas eficaces a las autoridades competentes para garantizar las condiciones adecuadas para que las y los defensores puedan realizar sus actividades.

Es preocupante también la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas y, en consecuencia, se sancione a las personas responsables, pues esto contribuye a que la situación de riesgo no sólo prevalezca, sino que se incremente.

La impunidad de los hechos denunciados va en detrimento de la defensa de los derechos humanos de las y los habitantes del estado de Guerrero y, en particular, de los pueblos indígenas, abunda el documento.

LOS HECHOS

Ambas organizaciones de Derechos Humanos cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde abril del año pasado.

De acuerdo con información conocida por la Oficina, el 6 de marzo del año en curso Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM, habría sido objeto de actos de hostigamiento por una persona no identificada y ese mismo día, en la ciudad de Ayutla de los Libres, habría recibido en sus oficinas un anónimo que la amenazaba de muerte.

El 17 de marzo Andrea Eugenio Manuel, hermana de Obtilia e integrante activa de la OPIM, también habría sido amenazada en la ciudad de Ayutla de los Libres.

Un día antes, el 16 de marzo, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa de Comonfort, se habrían percatado de la presencia de un hombre que fotografiaba las instalaciones y al personal que entraba y salía de las mismas.

Estos actos de hostigamiento y amenazas se inscriben dentro del contexto de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en México, tal como lo refleja el informe presentado por la OACNUDH en octubre de 2009, titulado “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, concluye el comunicado.

22/03/2010

Llamado urgente de protección para Andrea Eugenio Manuel


Por Anayeli García Martínez

(CIMAC).- Ante el persistente acoso y constantes ataques contra integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -que ahora se han extendido a Andrea Eugenio Manuel, hermana Obtilia Eugenio Manuel- ambas organizaciones hicieron un llamado urgente para que se proteja la vida de estas defensoras de derechos humanos.

En un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que este 17 de marzo, un sujeto desconocido amenazó de muerte a Andrea Eugenio, defensora de derechos humanos quien ha participado activamente como traductora del me´phaa al español, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas que fueron violadas sexualmente por militares, en el 2002.

Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del Área Jurídica de Tlachinollan, dijo a Cimacnoticias que en 15 días se han dado dos amenazas en contra de ellas, por lo cual, señaló que las organizaciones tienen un temor fundado debido a la persistencia de esta “situación alarmante” donde el Estado no investiga, ni protege a las defensoras, sólo aumenta el riesgo que corren sus vidas.

Rosales Sierra también destacó que esta escalada de amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de Guerrero, se dan en la antesala de la audiencia que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a Inés Fernández Ortega en su periodo de sesiones de abril. Para el caso de Valentina se espera que sea concedida para mayo o agosto.

Por esta razón la OPIM y Tlachinollan exigieron el cese a las amenazas contra las y los defensores que han documentado y denunciado la violación sexual de Inés y Valentina, por parte de militares y el cumplimiento efectivo de las medidas provisionales que la CoIDH dictó a 107 defensores de la OPIM y de Tlachinollan, en 2009.

Por otra parte, frente a la situación de riesgo y peligro que corre la vida de Andrea Eugenio, el viernes 19 de marzo, ella presentó una denuncia ante el Ministerio Público adscrito a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero, por el delito de amenazas.

La denuncia ameritó que se abriera la averiguación correspondiente registrada ante la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Cabe recordar que su hermana Obtilia, actual presidenta de la OPIM, también ha denunciado las amenazas de muerte que ha sufrido, como la que recibió el 6 de marzo de este año, a través de un anónimo. Ese mismo día, integrantes de la OPIM observaron que un sujeto desconocido tomaba fotografías afuera de la oficina que tiene la organización en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, en Guerrero.

En este contexto, este día, diversos colectivos estuvieron presentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia para dar seguimiento a la solicitud de medidas cautelares por agresiones a las y los defensores de derechos humanos, las cuales para el caso de Obtilia y Andrea, no se han cumplido.

Aunque la CIDH dictó medidas provisionales a favor de ambas, en 2009, estas han sido insuficientes además de que no se ha identificado ni se ha hecho rendir cuentas a quienes están detrás de las amenazas y los ataques. Por ello, organismos como Amnistía Internacional han hecho llamados urgentes de seguridad para estas defensoras.

MÉXICO ; VIOLENCIA, IMPUNIDAD, INSEGURIDAD...

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ENTREVISTA CON: MAGDALENA GOMEZ.
CARGO: ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Y ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO INDÍGENA.
TEMA: ¿EL CASO DE TERESA GONZÁLEZ CORNELIO Y ALBERTA ALCANTARA JUAN SUCEDE EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS? ¿ ESTE MISMO CASO ES UNA MUESTRA DE LO QUE SUCEDE COTIDIANAMENTE EN NUESTRO PAÍS?

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ENTREVISTA CON: GUADALUPE MELENDEZ VILLEGAS
CARGO: MADRE DE ISRAEL ARZATE, ACUSADO DE SER UNO DE LOS RESPONSABLES DEL MULTIHOMICIDIO EN VILLAS DE SALVACAR, CIUDAD JUAREZ.
TEMA: QUÉ OPINA DE QUE LA PROCURADURÍA DE CHIHUAHUA ASEGURA QUE LOS DETENIDOS POR EL MULTIHOMICIDIO EN VILLAS DE SALVARCAR RECONOCEN Y ACUSAN A JOSÉ ALFREDO SOTO ARIAS, ALIAS “EL ARNOLD” COMO EL LÍDER DE LA BANDA QUE LES PAGÓ PARA ASESINAR A LOS JÓVENES EL 31 DE ENERO.

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ENTREVISTA CON: DR RENÉ JIMENEZ ORNELAS.
CARGO: COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS SOBRE VIOLENCIA SOCIAL DE LA UNAM.
TEMA: QUÉ OPINA DEL CONCEPTO “NARCOPATRIOTISMO”, RELACIONANDO CON QUE ALGUNAS BANDAS DELICTIVAS EN EL PAÍS, COMO LAS QUE OPERAN EN CIUDAD JUÁREZ, ESTARÍAN APELANDO AL NARCOPATRIOTISMO EN SUS ATAQUES AL EJÉRCITO Y EN GENERAL AL GOBIERNO FEDERAL.

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ENTREVISTA CON: AURELIO COLLADO TORRES.
CARGO: PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIA POLÍTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY.
TEMA 1: LA BALACERA OCURRIDA EL VIERNES EN MONTERREY, DONDE FALLECIERON DOS ALUMNOS DEL ITESM.
TEMA 2: LA VISITA DE HILARY CLINTON Y JANET NAPOLITANO A MÉXICO.

20/03/2010

LA Times: El fracaso de la "guerra" contra las drogas

latimes.com

How Mexico gets it wrong

Defeating the drug cartels depends not on soldiers in the street and strongman tactics but on a more transparent, effective rule of law.

By John M. Ackerman

March 16, 2010

The killing of three people linked to the U.S. consulate in Ciudad Juarez on Saturday forces a rethinking of the situation in Mexico. The government's "war on drugs" isn't working.

The violence, which has taken more than 17,000 lives over the last three years, has invaded the very fabric of Mexico's politics, government and society. It is time for the United States to transform its approach by replacing military aid and blind confidence in Mexico's sitting government with support for public institutions and broader citizen diplomacy. In the end, restoring order depends not on soldiers in the street and strongman tactics but on a more transparent, effective rule of law.

The Mexican government tries to defend its policies by minimizing its failures, arguing that 90% of the victims of the escalating violence are criminals. But this tired rhetoric is debunked almost daily by the killings of innocent journalists, human rights activists, students, housewives and maquiladora workers. A month ago, 16 hapless high school students were gunned down at a house party. After first claiming that the victims were most likely gang members, President Felipe Calderon was quickly forced to accept their innocence and issue a public apology for his comments.

Ciudad Juarez is the most violent city in the world: 2,657 homicides (almost 190 per 100,000 inhabitants) were committed during 2009. By comparison, Cali, Colombia, a city three times larger than Juarez and renowned for its urban violence, reported 1,615 homicides last year.

Two years ago, as part of the drug war, the Mexican military took over the Juarez police force, but that has only made the problem worse. The number of homicides has increased tenfold, from an average of 20 killings a month to almost 200, based on data published by Reforma newspaper. The military has proven to be lethargic in responding to emergencies and totally unprepared to investigate crimes. The constant presence of armed soldiers in the streets has worked to intimidate the population and create a generalized culture of fear rather than to scare away the criminals.

Last week, the United Nations Human Rights Commission was particularly tough on Mexico for the dramatic increase in human rights abuses related to the battle with organized crime. It asked hard questions about the use of the military for law enforcement activities and the legal immunity granted to military personnel who commit human rights abuses. It also expressed concern about the continued presence of torture and the increasing use of arbitrary pretrial detention as a strategy to combat crime. All of this while the homicide rate steadily rises.

One of the central problems with Calderon's approach to fighting the drug cartels is the lack of independent oversight of law enforcement agencies and the military. This strategy of insulation has created a breeding ground for corruption. In 2009, Mexico received a score of 3.3 out of 10 on Transparency International's Corruption Perceptions Index, tied with Rwanda and Malawi and below Guatemala and El Salvador. Independent surveys systematically reveal that more than two-thirds of the Mexican population distrusts the police. A worrisome 70% of the Mexican population is now unsatisfied with democracy itself.

But instead of creating new oversight mechanisms or strengthening existing ones, Calderon has moved in the opposite direction. A recent reform prohibits citizen access to any information handled by criminal investigators, even for years after cases have been formally closed. Another legal change prevents Mexico's National Human Rights Commission from obtaining information on how suspects are treated by law enforcement officials. Calderon has also sent a bill to Congress proposing to shut down the country's only federal anti-corruption agency. And he has proposed a law that would allow the executive branch to unilaterally declare a "state of emergency" without any congressional oversight.

When President Obama visited Africa last year, he issued a clear message against corruption and the abuse of power. "No country is going to create wealth if its leaders exploit the economy to enrich themselves, or police can be bought off by drug traffickers," he said. "Africa doesn't need strongmen; it needs strong institutions."

But Obama has turned this logic on its head in his relationship with Mexico. He rarely misses an opportunity to express his "total confidence" in Calderon's strongman tactics, and only 15% of the $1.4-billion Merida plan -- the U.S. aid package directed toward helping fight the cartels -- is earmarked for "institution-building and the rule of law." The rest is for military and technological support.

Michelle Obama's visit to Mexico next month -- her first solo visit to a foreign nation -- may offer an opportunity for the United States to emphasize nonmilitary issues in the relationship between the two nations. She would do well to complement her meeting with Mexico's first lady, Margarita Zavala, with engagement with civil society groups. A conversation with the increasingly active community of widows and orphans of the drug war, for instance, would give her a broader perspective on the situation. This sort of branching out would be warmly welcomed by the Mexican people and may hold the key to developing new bilateral strategies for reducing violence and promoting prosperity on both sides of the border.

John M. Ackerman is a professor at the Institute for Legal Research at the National Autonomous University of Mexico, editor in chief of the Mexican Law Review and a columnist for La Jornada newspaper and Proceso magazine. johnackerman.blogspot.com

Mr. John M. Ackerman

Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Director, Mexican Law Review

5622-7474 ext.1422

ackerman@unam.mx

www.johnackerman.blogspot.com

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Poder y drogas...

Destituirán al presidente del Congreso de BC, implicado en escándalo por consumo de drogas

Antonio Heras, corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de marzo de 2010, p. 27

Mexicali, BC., 19 de marzo. El presidente del Congreso del estado, el panista Víctor González Ortega, será destituido este sábado en sesión extraordinaria, en medio de un escándalo por consumo de drogas. Trascendió que después de la destitución, el pleno del Congreso aprobará la solicitud de licencia que el legislador hizo llegar esta noche.

El 20 de febrero pasado se realizo una cabalgata para conmemorar el aniversario de Mexicali, que se inició en la zona agrícola de la ciudad y en la que participó el legislador. En las primeras horas del 21 de febrero, una patrulla municipal detecto en una de las colonias de la ciudad una camioneta oficial del Congreso estacionada con la puerta del conductor abierta. En su interior había un hombre intoxicado y varias dosis de droga.

Los policías arrestaron al conductor del vehículo, quien posteriormente se identificó como el presidente del Congreso.

Al llegar a la barandilla, el diputado fue liberado y los policías municipales sancionados con una suspensión administrativa.

Hace una semana, cuando la noticia se dio a conocer en varios medios informativos, el presidente del Congreso estatal negó los hechos; sin embargo apareció un video de aquella madrugada, que lo exhibe balbuceando incoherencias y durante el cual reconoce que hay drogas en la unidad oficial.

Ante las presiones de la prensa y de sus compañeros de bancada, quienes decidieron destituirlo de la presidencia del Congreso, el legislador optó por pedir licencia a su cargo de representación popular.

Crece deserción en prepas de Sinaloa; en el ciclo anterior fue de 37.7%

Crisis, desintegración familiar, drogas, migración, entre las causas, señala funcionario de la UAS

Once por ciento de trabajadores en la entidad son jóvenes de entre 14 y 19 años, según datos de la STPS


Estudiantes de la preparatoria Zapata, en el centro de Culiacán, SinaloaFoto Leo Espinoza
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de marzo de 2010, p. 27

Culiacán, Sin., 19 de marzo. A los estudiantes de bachillerato en Sinaloa el sistema los saca de las aulas para meterlos al consumo de drogas, a los penales, a la delincuencia organizada: o bien emigran e incursionan al mercado laboral para apoyar a sus padres en su lucha por la sobrevivencia.

Jóvenes de entre 16 y 19 años de edad ingresan a estudiar la preparatoria, pero se quedan a mitad del camino. Según el Consejo Nacional de Población en la entidad hay 104 mil 406 hombres y cien mil 382 mujeres en ese rango de edad.

En el ciclo escolar 2008-2009, Sinaloa se ubicó entre los seis estados con más jóvenes (96.5 por ciento) que terminaron la educación secundaria e ingresaro a preparatoria; sin embargo, en este nivel la entidad ocupó el lugar 12 en eficiencia terminal, con 62.3 por ciento de egresados; es decir, 37.7 por ciento no terminaron el bachillerato.

Datos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPC) estatal indican que en ese ciclo se atendió a 100 mil 783 alumnos, y según la Secretaría de Educación Pública federal, la entidad tiene una cobertura en preparatoria de 62.8 por ciento.

Sobre la alta incidencia de deserción escolar, Armando Flórez Arco, director general de escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), culpa a la crisis, la desintegración familiar, las drogas, la migración y al relajamiento disciplinario.

Confusión de roles

Flórez Arco –desde su perspectiva–, expresa que el problema grave que tienen los jóvenes es la confusión de roles, pues mientras el docente va con la intención de enseñar ecuaciones de segundo grado, el teorema de Pitágoras o explicar el sistema respiratorio, el joven va en busca de amistad, ver morritas (mujeres) o pasar el rato.

Héctor Félix Delgado, jefe de Educación Media Superior e Institutos Técnicos de la SEPC, aseguró que los grados de deserción, reprobación y eficiencia terminal varían; sin embargo, ninguno tiene que ver con la falta de aulas, pues la oferta y demanda está garantizada.

En el sistema tecnológico –Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y otros– la eficiencia terminal es de entre 70 y 80 por ciento; para las autoridaes de estos planteles, la diferencia con otras escuelas es que los jóvenes tienen más horas clase y asignatura y una capacitación más especifica hacia el trabajo.

Armando Núñez Bernal, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, indica que es en el bachillerato donde hay mayor expulsión de jóvenes; es preocupante que el joven se vaya a casa sólo con los conocimientos de la secundaria y sin más opciones, apuntó.

Núñez Bernal asegura que en esta edad los jóvenes empiezan a fumar, ingerir bebidas alcohólicas y relacionarse más con el sexo opuesto, y “como padres les quitamos las manos, los dejamos a la deriva, decimos: ‘Si repruebas es tu responsabilidad’; la prepa la vemos como un entrenamiento para la vida adulta, es un propedéutico para la vida ciudadana. Es un ensayo para volar”.

Jóvenes desesperanzados

Miguel Ángel Rosales Medrano, doctor en Educación y director de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS, considera que “en muchos jóvenes ves desconcierto, les ves desesperanzados. No ven clara una expectativa de vida. Hace 40 años la sociedad les decía a sus hijos: ‘estudien para que tengan la posibilidad de un mejor nivel de vida’; hoy la educación no garantiza un buen empleo”.

De los años 70 a 1982, precisa, se dio un paso importante en la educación superior, pues tres de cada cien jóvenes que lograban cursar una carrera, se pasó a 10 o 12, pero hasta antes de los 80 la gente conseguía empleo en lo que estudiaba, pero hoy ni siquiera tener un título universitario es garantía para conseguir trabajo.

Estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), delegación Sinaloa, indican que del total de empleados en la entidad, alrededor de 11 por ciento son jóvenes de entre 14 y 19 años.

Los centros de tratamiento contra las adicciones reportan que cerca de 46 por ciento de los internos tiene esta edad y son consumidores de mariguana; 50 por ciento se intoxica con sustancias inhalables; 44.7 se inicia en el consumo de alcohol; 37 por ciento con cocaína y 40 por ciento con heroína.

Datos de la Secretaría de Salud indican que de los intoxicados por alcohol que llegan a los hospitales, 33.54 tiene de 15 a 19 años y de los accidentes que ocurren en este rango de edad 47.9 por ciento es en la vía pública y 32.8 por ciento en la escuela.

El Tutelar para Menores precisa que de los jóvenes detenidos por robo en la vía pública, 70 por ciento estaba bajo el influjo del alcohol, 40.9 con consumo de mariguana y un 17.4 con sustancias inhalables.

Mientras el Supremo Tribu-nal de Justicia de Sinaloa señala que de los delitos cometidos por adolescentes en 2008, 66.43 por ciento son patrimoniales y 15.94 del fuero federal, sobre todo relacionados con el narcotráfico.

Es necesario que en una cultura con tantos rangos de violencia, la sociedad recupere su capacidad de comunicación, pues de lo contrario el sistema seguirá expulsando a los jóvenes de las aulas y podría ocurrir una crisis más profunda, advirtió Rosales Medrano.

Represión impune...

Se demandará a la PF por daños a vehículos de los manifestantes

Cuatro de los siete detenidos en Toluca, ajenos a las movilizaciones
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 20 de marzo de 2010, p. 33

Toluca, Mex,. 19 de marzo. Este viernes fueron puestos a disposición del Ministerio Público las siete personas a quienes la Policía Federal (PF) señaló como sus atacantes y presuntos responsables de los delitos de lesiones, daños y resistencia de particulares, cometidos durante el intento de allanamiento de la subestación Estadio de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Los abogados de los detenidos dijeron que a 24 horas del incidente se pudo conocer que cuatro de los siete son ajenos al movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pasaban por el lugar cuando fueron privados de su libertad por los policías federales, tras lo cual podrán ser puestos en libertad bajo fianza tras rendir sus declaraciones ministeriales.

Entre los imputados figura José Alfredo Gómez Carvajal, quien es empleado de una vidriería cercana a la subestación Estadio y fue detenido por dejar que algunos manifestantes se resguardaran dentro del establecimiento.

Francisco Javier Mendoza Altamirano, supervisor de la firma Famsa, trataba de hacer una cobranza frente a la subestación, por avenida Venustiano Carranza, pero el agente del Ministerio Público ignoró a los representantes jurídicos de la empresa que lo identificaron y ahora tenemos que pagar por las pendejadas de los policías, reclamó su esposa.

Tampoco tienen que ver con el sindicato los transeúntes Jesús Betancourt y David Martínez Romero. Entre los detenidos sólo Juan Carlos Bolaños y Mario Pablo Sierra Casimiro participaban en la protesta.

La séptima detenida, Sonia Constantino Romero, tiene un primo en el sindicato, pero es una vecina que sólo protegió a manifestantes que huían de los gases lacrimógenos, y cuya casa fue allanada luego la refriega, explicaron los defensores.

A su vez, Gustavo Anaya Maya, subsecretario de la división Toluca del SME, dio a conocer que todos los detenidos tendrán apoyo y se contrademandará a las fuerzas federales por los daños ocasionados a unos 12 vehículos de los electricistas.

Vamos a seguir luchando. No nos dejaremos intimidar con estos actos de represión. La razón nos asiste y exigimos que se nos reintegre a nuestra fuente de trabajo, indicó.

19/03/2010

Audiencia del caso Alberta y Teresa. Su absolución dependerá de la SCJN
  • El día de hoy se realizó la audiencia de vista en la apelación en el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas del secuestro de seis AFIs

  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer ayer que atraerá el recurso de apelación interpuesto por el Centro Prodh

  • La Primera Sala de la SCJN tendrá oportunidad de evidenciar el uso indebido del delito de secuestro para criminalizar a quienes se oponen a los abusos de la autoridad

El día de hoy se realizó la audiencia de vista del proceso instaurado en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres hñahñús acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación el 26 de marzo de 2006 en la comunidad Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando estos agredían y pretendían extorsionar a algunos comerciantes. Ellas y Jacinta Francisco Marcial –exonerada en septiembre pasado de las mismas acusaciones– han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Miembros de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano –organizaciones que han asumido la defensa integral de ambas mujeres– acudieron a la diligencia realizada en el Tribunal Unitario de Circuito en el estado de Querétaro. La defensa entregó el escrito de agravios en el cual se afirma que no existió ningún secuestro y que, por lo tanto, ni Alberta ni Teresa pueden ser responsables de dicho delito.

A partir del anuncio realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estará a la espera de que el Tribunal Unitario de Circuito envíe el expediente del caso a la Primera Sala del Máximo Tribunal, donde comenzará la discusión para resolver sobre la legalidad de la sentencia que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, impusiera de manera injusta el pasado 19 de febrero de 2010.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí la oportunidad de entrar al fondo del asunto conociendo las causas que motivaron la injusta encarcelación de Alberta y de Teresa. Lejos de haber sido secuestrados, los entonces agentes federales de investigación trataron de abusar de los comerciantes del tianguis de Santiago Mexquititlán, pero al ser increpados por la comunidad –que se defendió legítimamente– ofrecieron el pago en efectivo de los destrozos y daños ocasionados.

Los ministros de la Primera Sala deberán pronunciarse sobre el uso faccioso del tipo penal del secuestro, utilizado para penalizar injustamente a quienes defienden sus derechos o piden, como Alberta y Teresa, una justificación legal a las autoridades que con prepotencia pretenden cometer abusos. Criminalizar las acciones de descontento es una práctica que de ninguna manera se ajusta a las exigencias de un estado democrático de derecho.

En la reciente evaluación del Estado mexicano por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este organismo advirtió de la injusticia que Alberta, Teresa y sus familiares sufren desde hace tres años y siete meses. También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo se pronunciaron sobre el caso destacando las graves irregularidades del sistema de justicia que afectan, sobre todo, a las mujeres indígenas pobres.

Los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano reconocemos las múltiples muestras de apoyo de sectores sociales y actores políticos que se han sumado a la campaña emprendida por ambos centros y por Amnistía Internacional para lograr la absolución de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Convocamos a seguir exigiendo su libertad reconociendo que el caso de Alberta y Teresa es un ejemplo de cómo la Procuraduría General de la República fabrica pruebas para solapar las conductas ilícitas de algunos de sus funcionarios, y de cómo éstas son avaladas por algunos juzgadores, como el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro.

Sólo si se se reconoce y se sanciona a quienes aprovechan su autoridad para acusar y condenar injustamente a personas inocentes se evitará que nuevos casos como el de Alberta y Teresa surjan en el país.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/




Sexenio de Calderón, crítico en violación
a los derechos humanos: CNDH


Verónica Espinosa

LEÓN, Gto., 18 de marzo (apro).- En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, el país vive una situación crítica por violaciones a los derechos humanos, con la reaparición de prácticas que habían disminuido o se habían erradicado “como las desapariciones forzadas”, además de la “tortura y las detenciones arbitrarias”, afirmó aquí Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Parecía una agenda que ya habíamos superado”, señaló Plascencia Villanueva, luego de inaugurar las octavas “Jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos”, en esta ciudad.

Aseveró que la falta de un mayor compromiso de los tres niveles de gobierno en el tema de los derechos humanos, ha colocado a México en una posición “bien crítica” en el ámbito internacional.

Recordó que se han expresado condenas desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa o el Congreso de Estados Unidos, así como de otros organismos no gubernamentales “que se podrían evitar”.

El titular de la CNDH insistió que la estrategia en materia de seguridad pública aplicada por el gobierno de Calderón, con el Ejército al frente y en las calles, no ha dado los resultados esperados ni en Ciudad Juárez, Chihuahua, ni en el resto del país.

“No se vale combatir delitos cometiendo otros delitos. La estrategia para luchar en contra de una delincuencia del siglo XXI debe ser acorde también a estrategias modernas que se pueden utilizar: más inteligencia, más investigación y no simplemente la fuerza”, dijo.

Por ello, añadió que es fundamental revisar las necesidades y los reclamos en materia de seguridad, “pero con una acción de gobierno que permita evaluar a corto y mediano plazo de qué manera se está actuando y si se está avanzando”.

--¿Espera que se retire el Ejército antes de que termine este sexenio?
--se le preguntó.

--Esperemos que sea lo más pronto posible, para que entonces sí haga lo que le corresponde.

A una pregunta sobre la situación de vulnerabilidad de los periodistas ante el tema del narcotráfico, Plascencia Villanueva dijo que, aunque es muy grave atentar contra la libertad de expresión y los actos de intimidación al gremio –que han derivado en homicidios y
desapariciones--, “es mucho más grave la falta de investigaciones oportunas y adecuadas para garantizar que estas agresiones no se repitan o para detener a los responsables de las mismas”.

Señaló que, en el caso de las 79 agresiones contra periodistas, documentadas por la CNDH de 2009 a la fecha, se han señalado como responsables a funcionarios de los tres niveles de gobierno, por agresiones indirectas por parte de particulares, “pero actuando con la tolerancia o la connivencia de servidores públicos”.

Indicó que la CNDH participará en la reunión que la semana próxima sostendrán la SIP y otros organismos para abordar el tema de la libertad de expresión y la situación de los periodistas en México.

La CNDH, afirmó Plascencia, busca establecer una serie de protocolos sobre el tipo de medidas que deben tomar o proporcionarse a reporteros o comunicadores que han sido objeto de agresiones o amenazas.

18/03/2010

ACCION URGENTE



2005-2015 "Década de lucha contra la impunidad"

No. de Referencia: AU- 01 - 2010 –SME

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL

ACCIÓN URGENTE

México, D.F., a 18 de marzo de 2010

solicita su intervención urgente ante la represión de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, EMS por parte de elementos del la Agencia de Seguridad Estatal ASE y policías federales, en Toluca Estado de México.

HECHOS:

Los trabajadores y trabajadoras del SME, que siguen resguardando las banderas de huelga en sus centros de trabajo, están sufriendo hoy agresiones generalizadas que han resultado ya en lesionados y detenidos.

18 de marzo de 2010. En Toluca, capital del Estado de México, en la subestación de Energía Eléctrica entre las calles de las Torres y Carranza, los trabajadores se encontraban en plantón en un campamento instalado en la banqueta enfrente a dicha subestación y, alrededor de a las 11:30hrs.del, llegaron los de la Policía Estatal ASE y Federales, lanzaron gases lacrimógenos y al parecer disparos de arma de fuego, resultando herido, de bala el sindicalista Juan Cevallos Flores, quien fue llevado al IMSS.

Además resultaron detenidos al menos seis sindicalistas y varias personas que no participaban en el plantón, quienes fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República, PGR en Toluca y, según información corroborada por los monitores de derechos humanos de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, hasta las 18:00hrs, los detenidos permanecen en las camionetas, dentro del estacionamiento de dicha delegación sin que hayan sido puestos a disposición de ninguna autoridad competente. Además se menciona que todos los detenidos presentan golpes en diferentes partes del cuerpo.

Los detenidos son: Josymar Ramírez Coyote, Edgar Acuña Coyote, Pedro Orozco Coyote, César González Coyote, Juan Carlos Bolaños Morales, Sonia Constantino Díaz, quien fue detenida dentro de una casa, y se le trasladó en una camioneta tipo pick up color café placa LUY1452, sin logotipos, resguardada por las camionetas oficiales de la ASE y policía federal.

Además resultaron lesionados, entre otros, además de Juan Cevallos Flores, José Manuel Gómez Núñez, Francisco Javier Coyote, José Francisco Núñez López, Arturo Herrera González, José Loreto Reyes, Salvador Mercado.

Los monitores de ADHEM, confirmaron que hasta la 19:00hrs, el personal del IMSS, se negaba a atender a Juan Cevallos Flores, quien al parecer requiere de cirugía en la pierna izquierda debajo de la rodilla, como consecuencia del impacto de bala.

Se tomó contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, a las 14:00hrs. Y el asunto fue turnado con el Lic. Saúl León Pasos, visitador adjunto a la región III Toluca, a quien se le solicito su intervención.

También se tiene noticia, de más agresiones a sindicalistas en los centros de trabajo de: Indios Verdes, Cerro Gordo en Ecatepec, Xochimilco, Vertiz, Bolívar, Juandhó en Hidalgo

Se reporta situación tensa en las oficinas centrales en la Verónica Anzures, por el momento no contamos con mayores detalles.

--
Área de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

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