17/02/2013

Las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas


Laura Carlsen
Directora del Programa de las Américas para el Center for International Policy en México
Adital

Hay muchas clases de guerra. La imagen clásica de un soldado uniformado despidiéndose con un beso de su mamá para arriesgar su vida en el campo de batalla ha cambiado dramáticamente. En las guerras de hoy, es más probable que la mamá será la que pierda la vida.

El Programa de Desarrollo de la ONU declara que para mediados de la década de 1990, 90% de las bajas de guerra eran civiles– en su mayoría mujeres y niños.

La guerra contra las drogas en México es un buen ejemplo de las nuevas guerras sobre poblaciones civiles que borronean las líneas entre combatientes y ponen a sociedades enteras en la línea de fuego. De las más de 50.000 personas muertas por la violencia relacionada con esta guerra, la vasta mayoría son civiles.

El Presidente Calderón afirma que 90% de las víctimas estaban relacionadas con carteles de las drogas. Pero, ¿cómo lo sabe?

En un país donde sólo 2% de los crímenes son investigados, juzgados y sentenciados, el gobierno sacó esta cifra de la manga. No hay informe oficial sobre por qué estos miles fueron asesinados. Cuando sus cuerpos son encontrados en tumbas masivas sin marcas, nadie ni siquiera sabe quiénes eran. Con violencia como norma, las ejecuciones pueden –y lo hacen- buscar como objetivos a líderes de origen popular, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, y juventud rebelde, bajo el manto de la guerra contra el narcotráfico.

No Simple Homicidio

Hay también bajas de guerra más allá del conteo de cuerpos. El número de homicidios no cuenta a los desaparecidos, los miles cuyos cuerpos –muertos o vivos- nunca son encontrados, nunca son contados. Y oculta la mutilación de vidas causadas por "daños colaterales”: la pérdida de seres queridos, familias desplazadas, daños físicos y sicológicos permanentes, huérfanos y viudas, abuso sexual, vidas vividas en temor.

Estos costos caen principalmente sobre los hombros de las mujeres –madres, hijas y hermanas – que son dejadas a cargo de la casi imposible tarea de buscar respuestas y reparación en un sistema de justicia superado por la violencia e infestado por la corrupción. A menudo son re-victimizadas por agencias gubernamentales que las ignoran, las rechazan o las hostigan cuando exigen justicia.

"Los familiares al exigir la búsqueda de nuestros hijos, enfrentamos a amenazas de todo tipo…la pérdida de patrimonio, el aislamiento familiar,” dijo Aracelli Rodríguez, una madre cuyo hijo, un joven policía, fue desaparecido en su trabajo. Dice que después de "2 anos, dos meses y seis días de su desaparición”, la Policía Federal donde estaba adscrito se niega a darles información, "La realidad es que solo tenemos palabras y papeles.”

"Me despierto y descubro que no es una pesadilla, que su ausencia es real y la impunidad también es real.”

Es raro escuchar las voces de las mujeres que cargan con los altos costos de la guerra contra las drogas. Su dolor no sale en los encabezados. Algunas necesitan anonimato para permanecer vivas. A muchas se les ha concedido medidas precautorias por parte del gobierno u organizaciones internacionales de derechos humanos, debido a las extremas amenazas que enfrentan.

Contando historias

A pesar de estas dificultades, unas 70 mujeres contaron sus historias entre lágrimas y temores en la Ciudad de México el 22 de enero. La reunión citada por iniciativa de las Mujeres Nobel reunió una delegación internacional conducida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz Jody Williams, con mujeres mexicanas víctimas de la violencia y defensoras de los derechos humanos.

Por las estadísticas incompletas, las mujeres constituyen una proporción relativamente pequeña de los asesinados en México, pero son la mayoría de ciudadanos que denuncian desapariciones, asesinatos y violaciones de los derechos humanos. Trabajan en las primeras líneas de defensa de las comunidades y derechos humanos, y por sus esfuerzos se convierten en blancos ellas mismas. En México, seis prominentes mujeres defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en los dos últimos años.

El último reporte del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU reconoció que las amenazas y especialmente "explícitas amenazas de muerte contra mujeres defensoras de los derechos humanos son una de las más importantes formas de violencia en la región, con más de la mitad procedentes de Latino América, la mayoría de las cuales (27) son de México”.

A veces son los carteles de la droga que buscan acallar a mujeres activistas. Pero un reciente estudio de las mujeres mexicanas defensoras de los derechos humanos reveló que ellas citan al gobierno (nacional, estatal y local) y a sus fuerzas de seguridad como responsables en 55% de casos de violencia y amenazas de violencia a defensoras. Entre los funcionarios gubernamentales encargados de la seguridad pública y la justicia, encuentran indiferencia, y a veces hasta amenazas de muerte y ataques. Una defensora de los derechos humanos de la mujer del estado de Coahuila explicó que buscar a un ser querido desaparecido implica "siempre tener que estar en el infierno de las instituciones, y ver la penetración de las instituciones del Estado con la propia delincuencia.”

La violencia de género, incluyendo feminicidio, se ha elevado alarmantemente en el contexto de la violencia general. El número de feminicidios en Chihuahua desde que se lanzó el Operativo Conjunto del ejército ha aumentado a 837 durante el período 2008-junio del 2011, es decir, casi el doble del total de feminicidios registrados entre 1993-2007. Las defensoras de reportan que la vasta mayoría de las amenazas y actos de violencia contra ellas incluyen violencia sexual.

No más callados

Olga Esparza, cuya hija Mónica desapareció en Ciudad Juárez en 2009, explica entre lágrimas que al gobierno simplemente no les importa. "Somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo las investigaciones, con nuestros propios recursos”. Ella agrega que los funcionarios de gobierno a menudo responden a su dolor con insultos. "Ellos dicen que a lo mejor se ha ido con el novio, o que es prostituta o drogadicta”. En su caso, como en muchos otros, no hay investigación, ni resultados, ni justicia.

Otra mujer describió cómo su trabajo con comunidades indígenas llevó a que fuera violada y torturada por agentes policiales. Ella sigue viviendo en el terror debido a amenazas contra su vida y su familia.

Alma Gómez, del Centro por los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua resumió lo que ella ve en el Centro, "Las mujeres son las víctimas invisibles riesgo ocupación militar y policiaca, violaciones tumultario por uniformados sin denunciar. Detenciones arbitrarias, buscando en encargados de los enfermos… Mitad de denuncias contra militares. Las mujeres son las víctimas invisibles, siempre estamos en riesgo en esta ocupación militar y policial. Sabemos de violaciones tumultuarias por uniformados sin denunciar, detenciones arbitrarias, mujeres que día tras día pasan buscando entre los cuarteles y las morgues a sus hijos, padres, esposos… Somos el botín de guerra en esta guerra que no pedimos y no queremos”.

La palabra "víctima” es realmente errónea para estas mujeres. Araceli Rodríguez explica, "En esta lucha por encontrar a mi hijo, me uní al Movimiento para la paz con Justicia y Dignidad. Aprendí que mi dolor lo puedo trasformar en una fuerza colectiva y así juntos ayudar a más personas tener voz a que se sepan poderosas para defender sus derechos”.

Valentina Rosendo, una mujer indígena me’phaa del Estado de Guerrero fue violada por soldados y llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella resume la razón para participar en el foro de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel: "Es muy dificl alzar la voz, pero es mas doloroso seguir callada.”

[Fuente: Cipamericas - Traducción: María Luisa Etchart].

07/02/2013

Reporte del Centro ProDH

Sididh 2.0
Feb 07, 2013 09:55 am | Sididh_master

DESCLos Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refieren a las condiciones necesarias para una vida humana digna, abreviados como DESC, estos se refieren a cuestiones básicas como la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, la tierra y el territorio. Dichos derechos, están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Mediante un comunicado de prensa, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aplaudió ayer la pronta entrada en vigor de un protocolo clave para un tratado internacional que, por primera vez, permitirá presentar quejas individuales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, colocando así todos los derechos en pie de igualdad.
Luego de las ratificaciones requeridas el pasado martes, el PIDESC entrará en vigor el  próximo 5 de mayo.
Por ello, Pillay señaló que “la entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
 “La entrada en vigor del Protocolo Facultativo permitirá colocar los derechos económicos, sociales y culturales al mismo nivel de otros derechos humanos,” dijo Pillay. “El Protocolo es una fuerte e inequívoca declaración sobre el valor de igualdad y la importancia que guardan todos los derechos humanos, así como de la necesidad de fortalecer la protección legal de los derechos económicos, sociales y culturales en particular,” añadió.
El Protocolo Facultativo fue adoptado hace cuatro años, el 10 de diciembre de 2008, por la Asamblea General de la ONU; le da al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – el órgano que monitorea el Pacto Internacional al que el Protocolo se ha añadido  – la competencia para examinar denuncias individuales o (colectivas) que reclamen violaciones de derechos protegidos en el PIDESC.
Uruguay desencadenó la entrada en vigor de este Protocolo cuando, el 5 de febrero, se convirtió en el décimo país en ratificarlo, uniéndose a Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia y España.

Mujeres, las más afectadas por la pobreza
Feb 07, 2013 09:45 am | Sididh_master

MujeresPor cada 100 personas en pobreza, 52.3 son mujeres, más de la mitad. La cifra es de 30.6 millones de mujeres. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), son personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir son pobres. Publicó Cimacnoticias
Esta línea es de 2 mil 114 pesos mensuales por persona (urbano), y mil 329 pesos en el ámbito rural, valor monetario de una canasta alimentaria de estricta subsistencia (cifras de Coneval de 2010).
Significa que el ingreso de más de 30 millones de mujeres está por debajo del valor de esta canasta alimentaria, en estas condiciones no es de extrañar que como jefas de hogar la inseguridad alimentaria severa también sea superior a la que se experimenta en la jefatura masculina, 22.1 y 16.1 por ciento, respectivamente, evidencia una  desigualdad femenina en la pobreza.
También se aprecia este fenómeno en los indicadores relativos a la seguridad social y su acceso, tanto en trabajadores pobres como no pobres, al igual que en las trabajadoras sin contrato.
Las mujeres ocupadas pobres (trabajadoras) 94.4 de cada 100 NO cuentan con seguridad social y la mitad trabajan sin contrato, situación que se repite en las trabajadoras no pobres, ahí la proporción es de 60.2 mujeres por cada 100 personas.
Situación que se agrava al considerar que más de la mitad de las trabajadoras tienen un ingreso de únicamente tres salarios mínimos; toda esta precariedad laboral explica en gran medida su condición de mayor pobreza, incluso superior a la masculina.
Este círculo se recrudece en la medida en que la brecha de género en educación sigue siendo relevante. Por cada 100 jefaturas de hogar con rezago educativo, 56.5 son de mujeres, esto implica menos herramientas para el desarrollo integral de ellas y de sus familias, es la pobreza intergeneracional.

Feb 07, 2013 09:40 am | Sididh_master

Medios convencionales
Da la razón la Corte a joven mazahua condenado a 42 años por secuestro/La Jornada Pasaron casi cuatro meses para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera la razón al joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez y quedara completamente libre de los cargos de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. En este asunto en el que quedaba en evidencia la criminalización de la pobreza y la discriminación que sufren las personas por su condición económica y origen étnico.
Caso Guerrero no está en la agenda/Reporte Índigo Para diputados y senadores el hecho de que una zona del Estado de Guerrero se haya levantado en armas no es importante. Así lo demuestran con sus agendas de trabajo. En ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión se ha tocado el tema.
Preparan ley reglamentaria para defensa de periodistas/El Universal El Senado de la República debatirá la ley reglamentaria de la reforma constitucional mediante la cual la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá delitos contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación.

Activistas comunitarios bajo amenaza en Oaxaca/Cencos  Activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el estado de Oaxaca, México, han recibido amenazas. La policía actúo el 2 de febrero contra los miembros del campamento de protesta que se oponen a la construcción de las turbinas.
Presos políticos 1dmx Guadalajara: acción urgente on line/Zapateando El pasado 1 de diciembre de 2012, movimientos sociales, en sentido pacífico y en ejercicio de su derecho al libre tránsito marcharon en repudio a la imposición de Enrique Peña Nieto. La manifestación fue reprimida por las fuerzas policíales del municipio de Guadalajara. El gobierno municipal de Guadalajara, el PRI local y la televisora, han reiterado sus intenciones de llevar presos a miembros de los colectivos sin contar con prueba alguna de los cargos que se les imputan.
Carta del #SME antes de la resolución desfavorable de la SCJN/Uniónyfuerza Son 3 años, 3 meses, y contando días que se acumulan, es el tiempo que ha durado el asedio en contra de nosotros, los electricistas del SME y nuestras familias. Por asalto militar fueron tomados nuestros centros de trabajo y desde aquella madrugada del 11 de octubre del 2009 no hemos tenido el derecho al trabajo, y sí, en cambio, hemos vivido sin garantías y en permanente peligro.

Feb 07, 2013 09:17 am | Sididh_master

 La presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien se autocalificó como “una guerrera”, dio su aval a la reforma educativa que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, pero no la que “de manera demagógica”, dijo, aprobaron en el Congreso.
“Ni amenazas ni nadie me va a intimidar para morirme así, y quiero morir con un epitafio: aquí yace una guerrera y como guerrera murió”Proceso
 Elba Esther Gordillo/Proceso

Feb 07, 2013 09:16 am | Sididh_master

Imagen del día
Yo no quiero estar aquí en Navidad, por fano maté a nadie para estar encerradousted me ve hoy aquí sentado, pero me va a volver a ver las veces que sean necesarias porque lo único que quiero es regresar para reunirme con mis padres. Este es sólo uno de los testimonios de niños indocumentados que pasan por la frontera sur del país y que son detenidos en las estaciones migratorias. La Jornada 
 Migrantes/La Jornada
Feb 07, 2013 09:05 am | Sididh_master


 
Ante la crítica situación de violencia que prevalece en la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón, como respuesta a la política de represión y hostilidad por parte del gobierno del estado y la empresa transnacional Mareña Renovable, convocamos a la Caravana Humanitaria  en apoyo al pueblo Ikoots de Álvaro Obregón que se mantiene en resistencia contra el Proyecto Eólico transnacional.
La caravana saldrá Álvaro Obregón el Domingo 17 de Febrero
Convocan: Colectivo vientos de liberación del Istmo, #Yosoy132Istmo, Radio comunitaria Totopo Juchitán, La otra radio Unión Hidalgo, Radio Zapote, Posol colectivo, Semanario la Rebelión de Tehuantepec.
Más información consulta Caravana Humanitaria


Da la razón la Corte a joven mazahua condenado a 42 años por secuestro


Hugo Sánchez Ramírez estuvo preso 5 años; estaba condenado a 42

Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2013, p. 13
Pasaron casi cuatro meses para que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera la razón al joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez y quedara completamente libre de los cargos de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por los que había sido sentenciado a 42 años de prisión por la justicia del estado de México.

El asunto llamó la atención de los ministros porque resumía lo que es un proceso judicial ilegal, en el que quedaba en evidencia la criminalización de la pobreza y la discriminación que sufren las personas por su condición económica y origen étnico.

Cuando concedieron el primer amparo contra el delito de secuestro, advirtieron que no existía justificación para que la responsabilidad penal de una persona se encuentre sustentada en pruebas insuficientes y adquiridas de manera contraria a derecho. Con la obtención de pruebas ilícitas, señalaron, se vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso y se vició todo el procedimiento, porque su presencia objetiva y sus consecuencias condujeron indebidamente a tener por acreditada la plena responsabilidad penal de Sánchez Ramírez por secuestro.

A pesar de que ambos delitos formaban parte de una misma acusación, los ministros sólo concedieron la libertad por plagio. Días después Sánchez Ramírez quedó en libertad, en razón de que los cinco años que llevaba preso le valieron para compurgar la pena por portación de arma.

Exige AI garantizar la seguridad de opositores a energía eólica en Oaxaca


Los activistas comunitarios han sido agredidos y amenazados, dice


Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2013, p. 22
Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente ante las amenazas sufridas por activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en los pueblos de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca.
En un comunicado, la organización con sede en Londres recordó que el pasado 2 de febrero la policía intentó disolver el campamento de protesta que se mantenía en la comunidad de Álvaro Obregón, con la cual bloqueaba una franja de tierra donde una empresa privada pretende construir 132 turbinas de viento.
Dicha operación, afirmó AI, se efectuó sin orden judicial y en aparente violación a un amparo emitido el 4 de diciembre de 2012, el cual ordenaba la suspensión de las obras y se negaba el acceso de la compañía al pueblo.
Tanto miembros de la comunidad como agentes de la policía dijeron haber sufrido heridas leves como consecuencia del choque, y desde entonces los uniformados han permanecido en la zona, lo que deja abierta la puerta a que de nuevo empleen fuerza excesiva para desalojar a quienes protestan.
Aparte, enfatizó, el 3 de febrero el líder comunitario Mariano López Gómez recibió una llamada telefónica amenazadora, cuyo autor podría ser un pistolero local, quien le advirtió al activista que deje de ir a Álvaro Obregón.
Además de lo anterior, AI recalcó que hay nuevos informes de amenazas contra Lucila Bettina Cruz Velázquez, beneficiaria de medidas cautelares dictadas en noviembre de 2011 por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos.
Por ello, AI exigió que el gobierno mexicano garantizar la seguridad de activistas amenazados, realizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre los autores de los actos de intimidación y solicitar el permiso de comunidades para instalar turbinas eólicas, habiéndoles dado información sobre el impacto ecológico del proyecto.

Dudan pueblos indígenas de efectividad de la Cruzada Nacional contra el Hambre


Es sólo un anuncio político al igual que otras acciones 
de gobierno, afirman

Piden dejar el asistencialismo y
alentar las actividades autogestivas

Matilde Pérez U.
 Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2013, p. 22
Los pueblos indígenas ponen en tela de juicio la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues consideran que es sólo un anuncio político y que sus metas no se cumplirán, como ha sucedido con otras acciones de gobierno.
Se preguntan por qué el impulso a esos programas, cuando es preferible alentar actividades autogestivas de producción de alimentos para dejar los asistencialismos, aseveró Franco Gabriel Hernández, coordinador general de la segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena.
La cruzada se convertirá en un programa de corto plazo si no se desarrollan otros proyectos y si el gobierno no impide la siembra de maíz transgénico, afirmó luego de anunciar que 2 mil comunicadores de México, Canadá, Estados Unidos y de Latinoamérica se reunirán en Oaxaca para analizar temas como la legislación y construcción de políticas públicas en temas informativos.
Asentó que durante dicho encuentro se construirá un plan continental de formación integral en comunicación, las estrategias y mecanismos de enlace para tener una voz que nos presente y represente ante nacionales y extranjeros como pueblos ricos en cultura, con una cosmovisión acorde con el universo, y respetuosos de la vida y la naturaleza.
En la mayoría de los países del continente, excepto Argentina y Bolivia, no hay leyes ni reglamentaciones que permitan a los pueblos indígenas ejercer el derecho a la comunicación e información.
Destacó que la comunicación indígena es un derecho reconocido internacionalmente por la Organización de Naciones Unidas y otros organismos mundiales.
Enfatizó que en la cumbre se abordarán temas que enlazan la comunicación con los derechos de los pueblos, como la defensa de territorios y bienes comunes; la construcción de políticas públicas y la participación de mujeres, así como las agresiones que enfrentan cotidianamente los periodistas.
Para los comunicadores indígenas queda muy claro que la construcción de sociedades plurales, interculturales e incluyentes no se pueden lograr si no se transforman los medios y sin la presencia de un nuevo mecanismo de información que revierta las imágenes que presentan al indio como sujeto sin cultura, obstáculo para el desarrollo y hablante de lenguas desconocidas, asentó.
Especificó que dicha cumbre se realizará en octubre; el anuncio se hace para que los interesados puedan participar; la convocatoria y formas de participación se pueden consultar en la página: comunicacionesabyayala.org.

Acción de Inmujeres, insuficiente, sobre todo en áreas indígenas: ONG


El instituto ha sido omiso en enviar observadores, dice

Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2013, p. 20
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha sido omiso en enviar observadores y etiquetar recursos en la formación de personas para prevenir la violencia contra el género, sobre todo en estados y municipios indígenas, en donde se registran altos índices de violaciones sexuales y a los derechos humanos de las mujeres, como ocurre en Guerrero, que es tierra de nadie, advirtió a La Jornada Tania Robledo Banda, directora de APIS, Fundación para la Equidad.
La directora de APIS en el Distrito Federal, asociación civil con más de tres décadas en promover los derechos a la salud y civiles de las mujeres, destacó que la violación de las turistas españolas es sólo la punta del iceberg de ese fenómeno e impunidad que priva en esa entidad.
Robledo coincidió con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para México (Cedaw, por sus siglas en inglés) en que existe un enorme agujero en la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual ha provocado que la violencia de género se invisibilice y naturalice y no pase nada.
Por ello, en octubre pasado la Cedaw (organismo de la ONU para vigilar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual suscribió el gobierno de México) censuró al gobierno mexicano por los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la referida ley, así como el lento progreso en el plano estatal en la integración de las órdenes de protección en su legislación y aplicación, para proteger a las mujeres víctimas de la violencia.
Robledo advirtió que Guerrero es uno de los estados donde se registran mayores índices de violencia contra el género, especialmente en las zonas indígenas, donde los usos y costumbres dejan en la indefensión a las mujeres.
Además de que la referida ley no se aplica adecuadamente, lo cual permite que quienes violan a las mujeres permanezcan libres, el Instituto de las Mujeres tendría que atender a quienes viven violencia familiar y de género, y no hemos tenido antecedentes de que esto suceda.
Robledo refirió que en las áreas indígenas se viven situaciones verdaderamente graves; es el caso de Ometepec, en donde una mujer reportó que fue violada por un hombre de la comunidad. Su esposo asesinó al violador y por ello fue detenido. Luego, la víctima de violación tuvo que indemnizar con 45 mil pesos a la viuda, de acuerdo con los usos y costumbres. Como no tenía el dinero, se fue a la cárcel de la comunidad con todo y su hija de tres años. Esta situación refleja claramente la indefensión y violación absoluta de sus derechos humanos. Hay decenas de ejemplos, dijo.
Pese a que se reportó ese caso ante las instancias judiciales respectivas, nadie se quiso meter, con el argumento de que se aplicaban usos y costumbres de la comunidad.
Este tipo de violaciones, destacó Robledo, tendrían que ser abordadas por el Inmujeres o el instituto respectivo a escala local, pero a la fecha no existe acercamiento ni políticas públicas para prevenir y erradicar la violación a los derechos humanos del género.

01/02/2013

Reporte del Centro ProDH

Sididh 2.0
Feb 01, 2013 09:50 am | Informacion_Prodh_MMJ

 Por: Miguel Maestro/CentroProdh
ViolenciaHuman Rigth Watch (HRW), difundió el informe mundial anual 2013 en donde señala que el Ejército y las fuerzas de seguridad en México siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos dentro de la llamada “lucha contra el crimen organizado” y casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente.
El informe detalla, que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas.
El organismo internacional, apunta que las torturas se aplican desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente, hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público (MP), y en este lapso a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.
Al respecto, HRW detalló que entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.
Una de las principales razones  por la que los abusos militares persisten, menciona el informe, es que la mayoría de las veces los casos no pueden ser comprobados, ya que estos son investigados y juzgados  por la justicia militar misma.
La investigación enfatiza, que en la oficina del fiscal militar se abrieron casi 5 mil investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, durante el cual los jueces militares condenaron a 38 militares por violaciones a derechos humanos.
Sin duda, casos como el de Hugo Sánchez Ramírez e Israel Arzate Meléndez son dos  ejemplos claros de detenciones arbitrarias, en donde se ha aplicado tortura, estos son algunos ejemplos de las víctimas del sistema de justicia penal.
Asimismo, el informe destacó que las y los defensores de derechos humanos siguen sufriendo acoso y ataques, mismos que en algunas ocasiones son perpetrados directamente por el Estado. Además,  las autoridades al saber de esta situación no prevén la protección adecuada a quienes son víctimas de estos ataques.

Feb 01, 2013 09:49 am | Sididh_master

Conferencia/CencosEn la comunidad de Ignacio Zaragoza, un poblado totonaco del municipio de Olintla, la empresa Grupo México pretende construir tres presas hidroeléctricas, señaló mediante un comunicado el Consejo Tiyat Tlali.
Este proyecto forma parte del Convenio “Energía Limpia” firmado entre el Gobierno del Estado de Puebla y Grupo México en abril del 2011, para el autoabastecimiento de las minas de dicha empresa. Desde hace varios meses, la empresa inició trabajos de exploración afectando predios de pequeña propiedad, sin la autorización de los propietarios para realizar dichos trabajos.
En este contexto, los pobladores de la comunidad Ignacio Zaragoza iniciaron un plantón para impedir el tránsito de la máquina que sin consentimiento de la población pretendía abrir camino hacia el río. Esto ha suscitado el hostigamiento a los habitantes totonacos por parte la empresa Grupo México, así como la represión por parte del presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla.
Como ya hemos publicado, el 26 de enero se realizó una reunión informativa en la comunidad de Ignacio Zaragoza, en la que estuvieron presentes el presidente municipal, el cabildo, representantes de la empresa y representantes de las autoridades estatales. Asimismo, estuvieron presentes organizaciones sociales que acudieron al llamado solidario de los habitantes que se oponen al proyecto. Al concluir la reunión los habitantes del municipio de Olintla inconformes con el proyecto hidroeléctrico, ratificaron su demanda del cese inmediato de los trabajos de exploración y el retiro de la maquinaria.
Posteriormente, como una reacción ante esta demanda, el camino fue bloqueado por un grupo de habitantes de la cabecera municipal, principalmente comerciantes y maestros, quienes agredieron y amenazaron con prender carros y golpear a miembros de las  organizaciones sociales que asistieron en acompañamiento a los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica, privándoles  de su libertad.
Lo anterior sucedió en presencia de integrantes del ayuntamiento, incluyendo al presidente municipal, así como de funcionarios del gobierno del Estado y representantes de la empresa. De esta forma impidieron la salida de 43 personas de otras comunidades cercanas y a 26  miembros del Consejo Tiyat Tlali.
Hasta este momento siguen los casos de represión en contra de pobladores del municipio de Olintla que se oponen al proyecto,  por lo cual exigen el alto inmediato al hostigamiento a habitantes de la comunidad de Ignacio Zaragoza que no quieren vender sus tierras. Más información

Feb 01, 2013 09:30 am | Sididh_master

Medios convencionales
 Niegan amparo a ejidatarios de San Sebastián Bachajón/La Jornada Un juez federal negó el amparo promovido por ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes llevan dos años demandando la devolución de tierras ocupadas por autoridades gubernamentales y grupos oficialistas locales.
Impunidad exacerba la violencia: HRW/El Universal  Ejecuciones, desapariciones y torturas forman parte del las numerosas violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad mexicana, que en su mayoría han quedado impunes, lo que provocó que la violencia se exacerbara en diversas regiones de México, de acuerdo con Human Rights Watch en su informe 2013.
Descarta Olvera alerta por feminicidios/Reforma El Gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, descartó decretar una alerta de género en Tula, pese a la ola de feminicidios registrados en esa localidad, y aseguró que, en cambio, emprenderá un trabajo integral con propuestas e iniciativas con perspectiva de género.

Amontonan a más mujeres en el penal de chowchilla/Zapateando  Hace casi dos años, en el controvertido caso Brown vs Plata, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró las condiciones en las prisiones del estado de California una violación de la Constitución que amenaza la salud física y mental de las y los presos. Uno de los motivos para su dictamen fue el hacinamiento de más de 171,000 presos y presas en California (2009).
El Barzón Nacional lanza siete propuestas de adiciones al programa contra el hambre/Cencos En conferencia de prensa, representantes de El Barzón presentaron propuestas que consideran necesarias para evitar que la Cruzada Nacional contra el Hambre propuesta por el Ejecutivo Federal se convierta en una costosa trampa.
En la indefensión, hijas e hijos de migrantes en México/Cimanoticias Las mujeres migrantes al cruzar la frontera sur de México por alguno de los 40 municipios de Chiapas que colindan con Guatemala, además de ser víctimas de secuestro, violación, asaltos, extorsión, explotación sexual y desaparición forzada, también enfrentan la indiferencia de las autoridades que les niegan el derecho a atención médica, a una identidad y a la regulación migratoria.

Feb 01, 2013 09:25 am | Sididh_master

La noche del 5 y la mañana del 6 de enero fueron sorprendidos 3 talamontes en Santiago Tepetlapa, cortando arboles de más de 500 años. Alegaban haber sido enviados por la empresa Tradecco a solicitud de la SCT. El pueblo salió rápidamente a defender su tierra. La policía federal arribó y se los llevó detenidos. Están siendo puestos en disposición del Ministerio de la Policía Federal. Tras haber hecho esperar a la comisión del pueblo que había decidido acompañar el proceso para verificar que todo sucediera acorde a la ley. La espera duró más de 8 horas sin ninguna pista de qué sucedía.
Talamontes

Feb 01, 2013 09:15 am | Analisis_Prodh_IVH

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a cinco indígenas por violaciones al debido proceso, pero sólo “para efectos” -en vez de darlo “liso y llano”, como a Florence Cassez-.
Manuel Fuentes
Ante ello, Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señaló que esto demuestra que en México las instituciones de justicia aplican un doble rasero en función del origen étnico o el nivel socioeconómico de las personas involucradas. La Jornada

Feb 01, 2013 08:41 am | Analisis_Prodh_IVH


 
La Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos es un espacio colectivo generado por las juventudes  donde se intercambian saberes y se entretejen luchas para defender  la dignidad de las personas y los pueblos.
Registrarse antes del 25 de febrero de 2013.
Informes y solicitud:
www.derechoshumanos.org.mx
Escribe a los correos: edupromo1@derechoshumanos.org.mx edupromo2@derechoshumanos.org.mx
Llama al teléfono: 56596797 Ext. 227
Derechos Humanos


Niegan amparo a ejidatarios de San Sebastián Bachajón


Reclaman tzeltales que les devuelvan tierras ocupadas
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 27
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 de enero. Un juez federal negó el amparo promovido por ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes llevan dos años demandando la devolución de tierras ocupadas por autoridades gubernamentales y grupos oficialistas locales. Los ejidatarios, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, fueron despojados violentamente por civiles con el respaldo de la fuerza pública, de tierras de uso común, para favorecer el proyecto turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Tumbalá, el 2 de febrero de 2011.
Los abogados Ricardo Lagunes Gasca y Maribel González Pedro, representantes legales de los ejidatarios, señalaron hoy que las consideraciones arbitrarias del juez José del Carmen Constantino Avendaño constituyen inequívocamente una falta de imparcialidad e independencia en su función jurisdiccional y denotan desprecio por los pueblos indígenas y por las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos.
El día de hoy, como juez séptimo de distrito, Constantino Avendaño hizo pública la sentencia definitiva, dictada este jueves, dentro del juicio de amparo promovido por el indígena Mariano Moreno Guzmán con la figura jurídica de representación sustituta de los bienes ejidales, por la privación parcial y definitiva de tierras de uso común de San Sebastián Bachajón, por parte de autoridades locales y federales, con la complicidad del Comisariado y Consejo de Vigilancia oficialistas usurpando sus funciones.
Según Lagunes y González Pedro, esta determinación es paradigmática para evidenciar que algunos juzgadores ceden ante las presiones de las autoridades que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios, y plantea el gran reto del Poder Judicial de la Federación para garantizar un cambio de mentalidad en sus funcionarios de todas las jerarquías, que permita una forma diferente de aplicar el derecho desde la perspectiva más amplia, progresista y protectora de los derechos humanos.
Moreno Guzmán, abundan los defensores, claramente señaló en su demanda que los actos reclamados constituyen una privación parcial y definitiva de tierras de uso común, es decir de derechos colectivos, precisando que la Asamblea General, máximo órgano del ejido, no otorgó su consentimiento para que los gobiernos federal y estatal tomaran posesión de las tierras en litigio, por lo que la interposición de la demanda no se sujeta a plazo alguno de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo. Ello, porque el juez consideró extemporánea la demanda.
Moreno Guzmán exhibió ante el juez el convenio del 13 de febrero de 2011 en el que las autoridades ejidales de San Sebastián, sin autorización ni consentimiento de la Asamblea, hicieron entrega de las tierras de uso común. Aunque, de facto, dichos predios “ya estaban en posesión del Estado desde el 2 de febrero, tras el desalojo violento de indígenas adherentes de la Sexta por un grupo de civiles armados”.
Durante la tramitación del juicio de amparo, la Secretaría General de Gobierno y el presidente oficialista del Comisariado Ejidal, Francisco Guzmán Jiménez, entregaron un documento que denominaron acta de asamblea. Esta fue objetada en tiempo y forma al no cumplir con los estándares establecidos por la legislación agraria y los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Fue “elaborada para simular la legalidad del ‘convenio’”.
A juicio de los defensores, dichos documentos no cuentan con validez ni constituyen un consentimiento libre, previo e informado del máximo órgano del ejido respecto de los actos de despojo. Asimismo, la actuación previa y posterior de los representantes oficialistas demuestra que no representan los intereses colectivos de su comunidad, sino que velan por los intereses del gobierno para apropiarse de ese territorio indígena y mermar el movimiento social que lo defiende.

Viola multinacional Mareña Renovables amparo en Oaxaca



Octavio Vélez A.
corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 20

Oaxaca, Oax. La multinacional Mareña Renovables intentó continuar el miércoles con las obras del parque eólico San Dionisio, en la Barra Santa Teresa, no obstante que está impedida de hacerlo desde el 6 de diciembre pasado, luego de una suspensión otorgada por el juzgado séptimo de distrito, tras una demanda de amparo que presentó el pueblo ikojts de San Dionisio del Mar, informó el coordinador general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas. Indicó que empleados entraron al terreno, apoyados por policías estatales, pero fueron interceptados por pobladores de Álvaro Obregón, Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar, quienes les exigieron retirarse.

Sindicalistas crearán frente para exigir juicio político contra la Suprema Corte


El grupo también pugnará por cambios en los rubros económico y político

Trabajadores organizan marcha del Ángel al Zócalo y manifiestan su apoyo al SME
Foto
Según los organizadores, 60 mil personas participaron en la marcha de trabajadoresFoto Yazmín Ortega Cortés
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 18
Organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Sindical Mexicano, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y decenas más de gremios sociales determinaron anoche agrupar sus luchas en un gran frente de unidad, demandar al gobierno priísta un cambio de rumbo económico y político, cese de la represión y del golpeteo contra los sectores democráticos e iniciar juicio político contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En una amplia movilización que llevaron a cabo ayer, en la que marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad de México y culminaron con un mitin al frente de Palacio Nacional, los gremios agrupados en el Frente Amplio Social señalaron que el gobierno priísta continúa la política antiobrera del anterior sexenio, tiene cooptadas las instituciones de justicia y repudiaron las reformas laboral y educativa.
Los sectores calificaron en pancartas y consignas de nefasta la actuación de la SCJN, y dieron su apoyo unánime a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Mexicana de Aviación y del sindicato minero.

Descontento de clase
Marcharon tanto los pilotos de aviación con sus uniformes, que los electricistas con sus clásicas camisetas rojas –en las que ahora se leía la palabra Justicia–, amplios contingentes de campesinos tuvieron presencia, con un enorme listado de demandas. El mayor número de trabajadores lo aportaron los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el del SME, Telefonistas, a los que se sumaron agremiados de decenas de organizaciones. Asimismo, estuvieron presentes los del movimiento de Atenco con su dirigente, Ignacio del Valle, y los infaltables del Frente Popular Francisco Villa, así como líderes del magisterio democrático.
En el mitin, los gremios acordaron fomentar la unidad, hacer a un lado los protagonismos y defender en un frente los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad que están siendo pisoteados por el régimen, según plantearon dirigentes como el del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y de la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez; del SME, Martín Esparza; de la Conorp, José Jacobo Femat, de Telefonistas y también de la UNT, Francisco Hernández Juárez, líderes de la Coordinadora Plan de Ayala, entre otros muchos oradores que tomaron la palabra.
También manifestaron rechazo unánime a la política económica y social del presidente Enrique Peña Nieto. Señalaron que su gobierno está llevando al país a una mayor situación de apremio económico. Además, ratificaron su compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir las reformas laboral y educativa, y prevenir la imposición de más proyectos neoliberales. También subieron a tribuna dirigentes como el de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Juan Carlos Díaz Chávez Morineau, para demandar una solución de parte del gobierno federal a su conflicto y que no se deje en la calle a 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación.
Esparza, a su vez, preguntó a los miles de trabajadores electricistas ahí reunidos si iban a acatar la resolución de la SCJN, a lo que el respondieron con un No unánime. Les cuestionó acerca de si iban a aceptar las nuevas liquidaciones que les ofrecían y la respuesta multitudinaria fue la misma. Luego de calificar a la Corte como la más corrupta del mundo, señaló que se someterá a este tribunal a un juicio político-popular para que el pueblo juzgue su actuación.
La resolución de este tribunal contra el SME, abre la puerta para que en el futuro, por una decisión administrativa del Ejecutivo federal, también se extingan o privaticen la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la educación pública y se mande a la calle a todos los trabajadores.
Al arranque de la movilización, el dirigente del comité ejecutivo nacional democrático de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, Artemio Ortiz, dio lectura al pronunciamiento que acordaron todos los gremios, en el que proponen que para salir de la postración del país, se tiene que transitar de un pacto político a uno social, que tenga un compromiso con la sociedad, así como crear un mecanismo de diálogo social incluyente en que estén consideradas todas las voces y que se reflejen en un Plan Nacional de Desarrollo.
En la movilización, que según sus organizadores aglutinó cerca de 60 mil trabajadores y fuentes de Seguridad Pública dijeron que eran 11 mil, marcharon gremios de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Campesina Cardenista, de los sindicatos Nacional de Mineros, Trabajadores de Nacional Financiera, la Alianza de Tranviarios, del Monte de Piedad, de Unorca (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas ), el Sindicato Independiente de Tornel, del Colegio de Bachilleres, del movimiento #YoSoy132, entre otros muchos.
Al final, quedaron en el Zócalo pancartas en las que se leía La SCJN libera a una secuestradora y condena a 16 mil 599 trabajadores.

En México hay una justicia para pobres y otra para ricos: juristas


Comentan amparo de la Corte sólo para efectos a cinco indígenas

Fernando Camacho Servín
 Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 12
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya otorgado un amparo a cinco indígenas por violaciones al debido proceso, pero sólo para efectos –en vez de darlo liso y llano, como a Florence Cassez–, demuestra que en México las instituciones de justicia aplican un doble rasero en función del origen étnico o el nivel socioeconómico de las personas involucradas, señaló Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El litigante deploró que el máximo tribunal interprete la Constitución y otras normas de manera discrecional, beneficiando a algunos con amparos que les permiten salir de inmediato de prisión cuando hay faltas al debido proceso, mientras que a otros los obliga a permanecer encarcelados mientras se corrigen las fallas en sus causas judiciales.

Los ministros se vuelven dueños de la interpretación de las leyes. Pueden hacer lo que quieran y no hay ninguna sanción contra ellos, porque gozan de fuero y sólo la Cámara de Diputados puede determinar sus responsabilidades. Se supone que deben garantizar y promover los derechos humanos, pero lo que hacen es debilitarlos por intereses de grupos, alertó.

Por todo ello, no es exagerado decir que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Hay un doble rasero que propicia la inseguridad jurídica, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión y le resta credibilidad a las instituciones.

Carla Michel Salas, también integrante de la ANAD, consideró que la justicia en México no se aplica sólo en favor de algunos grupos, sino que ha sido ineficiente para todos, sin importar si son víctimas o inculpados o si son pobres o ricos.

No sé si se decida por motivos de discriminación, no lo creo. A mí más bien me preocupa que ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o José Ramón Cossío no sean consistentes con sus votaciones en casos de violaciones al debido proceso, aseveró la abogada.

Los consistentes

En contraposición, dijo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero han sido muy consistentes en sus votaciones y sus proyectos. Me llama la atención que el ministro entrante, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y José Ramón Cossío no lo han sido con sus argumentos en el tema del debido proceso, y cómo afecta eso no sólo la forma sino el fondo del asunto. Me gustaría saber qué están pensando exactamente estos magistrados.

Sólo existen 10 defensores en lenguas indígenas



Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 9
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó criterios tendientes a garantizar a los indígenas del país su derecho al pleno acceso a la justicia, tomando en cuenta sus usos y costumbres, condición social y económica, y en general su estado de vulnerabilidad. Sin embargo, los buenos deseos del máximo tribunal chocaron con una cruda realidad: el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cuenta únicamente con sólo 10 defensores ‘‘certificados’’ en lenguas indígenas.

Esta realidad quedó plasmada en los cinco amparos que resolvieron los ministros en los que aprobaron los criterios en materia de justicia para indígenas, luego de pedir al IFDP un informe sobre la cantidad de defensores que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para que la defensa de los indígenas esté garantizada.

En un informe que envió el IFDP a la Suprema Corte, sobre la situación que hay con los defensores públicos federales que apoyan a los indígenas sujetos a proceso penal, se señala que los 10 defensores están certificados en las lenguas chinanteca, maya, purépecha, rarámuri, tzetzal, tzotzil, triqui, yaqui y zapoteco.
Compleja tarea

El propio instituto reconoce en su texto que hasta la fecha ha sido incapaz de ‘‘encontrar personas hablantes de todas las lenguas que hay en cada estado’’.

Agrega que es ‘‘un poco compleja la tarea de fomar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lenguas y cultura indígenas’’, porque lo ideal es que el defensor público hable la lengua natal y conozca las costumbres de sus defendidos.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su catálogo oficial, señala que hay en el país 68 agrupaciones lingüísticas y 365 variantes (aunque en el documento aclara que cada una debe ser tratada como una lengua distinta).

El pasado miércoles, los ministros de la primera sala resolvieron cinco amparos presentados por indígenas de Guerrero y de Chiapas (sentenciados por delitos contra la salud, homicidio e intento de violación), en los que concedieron amparo para efecto de que se les dicte nueva sentencia, en razón de que fue violado su derecho al debido proceso, entre otras cosas porque no se cumplió con el artículo segundo constitucional, el cual establece que los indígenas deberán contar con un intérprete para su adecuada defensa.

Prevalece la impunidad militar en abusos a derechos humanos: HRW


Casi ninguno de estos hechos se investiga adecuadamente, advierte el organismo
Se reportan amenazas contra activistas, ‘‘práctica generalizada’’ de la tortura, ausencia de protección a mujeres, migrantes y periodistas; menciona también ejecuciones extrajudiciales
Foto
Retén del Ejército Mexicano cerca de Navolato, SinaloaFoto Víctor Camacho

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 7

Nueva York, 31 de enero. La impunidad de las fuerzas de seguridad ante violaciones de garantías individuales cometidas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, las amenazas contra defensores de derechos humanos, la persistencia de la tortura como ‘‘práctica generalizada’’, la ausencia de protección para los derechos de las mujeres, los trabajadores, los migrantes y los periodistas, definen a México en torno a los derechos humanos, según Human Rights Watch (HRW) en su informe anual.

El capítulo dedicado a México del Informe Mundial 2013 señala que las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública incluyen ejecuciones, desapariciones y torturas, y advierte que ‘‘casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país’’. De enero de 2007 a mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) emitió informes sobre 109 casos en donde integrantes del Ejército habían cometido graves violaciones, mientras que en ese periodo recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares.

Justicia militar cuestionada

‘‘Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia’’, señala Human Rights Watch. Esos casos se investigan dentro del sistema de justicia castrense, donde la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos entre enero de 2007 y abril de 2012, pero durante ese periodo los jueces condenaron sólo a 38 integrantes de las fuerzas armadas.

El informe de HRW afirma que ‘‘la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México’’ por parte de las autoridades para obtener información y confesiones, y suele aplicarse durante el periodo en que las víctimas son detenidas arbitrariamente antes de ser presentadas a agentes del Ministerio Público. Las tácticas más comunes son golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.

El organismo señala que una razón para la persistencia de estos abusos es la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas por tortura, a pesar de que esto viola la Constitución, y por otro lado, la impunidad. ‘‘Desde 1994 solamente han sido condenados por tortura dos funcionarios federales. En contraposición a estos datos, la CNDH recibió más de 100 denuncias de esta práctica y más de 4 mil 700 de maltrato entre 2007 y 2011’’, afirma. En los centros de detención ‘‘prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene’’, y la mayoría de los reos no cuenta con seguridad básica. Citando a la CNDH, se señala que cerca de 60 por ciento de las prisiones ‘‘están controladas por la delincuencia organizada’’.

Sobre migrantes, el informe subraya que muchos de los cientos de miles que cruzan por México sufren graves abusos, tanto del crimen organizado como de autoridades u oficiales mexicanos. Informa que, según la CNDH, cerca de 22 mil migrantes son secuestrados cada año.


Libertades y derechos suprimidos

En el rubro de libertad de expresión, HRW resalta los ataques y presiones contra periodistas, sobre todo aquellos que se han dedicado a denunciar narcotráfico o que ‘‘han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades’’. Denuncia que las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente delitos contra miembros de la prensa, ni protegido a periodistas vulnerables, ‘‘lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura’’. Informa que entre 2006 y mediados de 2012, se registraron más de 630 denuncias por agresiones contra la prensa, y la fiscalía especial dedicada a este ámbito sólo ha logrado obtener una condena penal desde que fue creada en 2006.

HRW reporta que las leyes y autoridades en México ‘‘no ofrecen protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual’’. En torno a los derechos reproductivos, informa que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de una ley del Distrito Federal legalizando el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, desde entonces 16 de los 32 estados han adoptado reformas reconociendo ‘‘el derecho a la vida’’ desde la concepción, limitando así el derecho de las mujeres a la salud.

En torno a los derechos laborales, reafirma que la ‘‘actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por convenios negociados entre los sectores gerenciales y los sindicatos afines a éstos’’, y que hay serias dificultades en los esfuerzos de los sindicatos independientes. Resalta que la reforma laboral, sancionada por el Congreso en noviembre de 2012, ‘‘establece complejas condiciones para iniciar huelgas y facilita que los empleadores remplacen a sus trabajadores habituales con personal contratado a corto plazo por terceros intermediarios, lo cual atenta contra derechos sindicales y garantías fundamentales de los trabajadores’’.

El capítulo del informe se puede revisar en:
  http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113202