31/01/2011

Nuevas amenazas y hostigamiento contra integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente



· Hacemos responsables a las instancias del Distrito Federal arriba citadas de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales de los integrantes del Frente Amplio.

El pasado jueves 27 de enero por la tarde, trabajadores contratados para la demolición de las casas ubicadas en la zona expropiada en la colonia La Malinche realizaban la pinta de mantas que fueron colgadas el viernes en distintos lugares de las avenidas Luis Cabrera y San Bernabé.

El Frente Amplio refiere que tales acciones forman parte de una campaña organizada desde la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios, ambas del Distrito Federal, la Delegación Magdalena Contreras y el diputado Héctor Guijosa. Para el Frente Amplio dichas acciones tienen por objeto confrontar a los vecinos, romper los nexos de solidaridad entre los habitantes de las colonias San Jerónimo Lídice y La Malinche, y propiciar un enfrentamiento de consecuencias no previsibles, por lo que responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de cualquier situación de violencia y refrenda que seguirá utilizando los cauces legales para su labor en defensa de la Ciudad.

No pasa desapercibido para el Centro Prodh que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de la Recomendación 1/2011 determinó que debe cesar la estigmatización contra las personas que ejercen legítimamente sus derechos con relación a este proyecto y se le dé debida atención a las apersonas que hayan sido afectadas, incluyendo a los integrantes de esta organización. Recordamos que en anteriores ocasiones han sido dictadas medidas cautelares a favor de los integrantes del Frente Amplio que no han sido acatadas. Por lo anterior exigimos que el Gobierno el Distrito Federal se abstenga de incurrir en cualquier acto que represente una amenaza o violación a los derechos humanos de los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía y que el ombudsman capitalino garantice la vigencia plena de los derechos humanos y emita todas las medidas necesarias para su debida protección.

Hacemos responsables a las instancias del Distrito Federal arriba citadas de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales de los integrantes del Frente Amplio, en razón de que se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que en distintas ocasiones sin que a la fecha cese el hostigamiento en su contra. Exigimos al mismo tiempo:

Que cese todo acto de hostigamiento y amenaza en contra de los Integrantes del Frente Amplio contra la Supervía y contra el plantón permanente que encabezan en la Colonia La Malinche, en los términos de la recomendación 1/2011.

Sea retirado el cuerpo de granaderos de las inmediaciones del plantón de manera inmediata.

Se tomen las medidas necesarias, suficientes y efectivas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía.

Se investigue y se sancione con la debida diligencia a las personas responsables de las amenazas y hostigamiento en contra de de los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía.

Para ir a la Acción Urgente, haz click aquí

Reportan en Ciudad Juárez la desaparición de dos adolescentes

Conmemoran aniversario de matanza en Villas de Salvárcar
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Más de 2 mil personas acudieron ayer a la misa para recordar a las víctimas. Familiares y amigos de éstas demandaron nuevamente que se castigue a los responsables del multihomicidioFoto Alejandro Bringas
R. Villalpando y G. Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Lunes 31 de enero de 2011, p. 12

Ciudad Juárez, Chih., 30 de enero. Este domingo concluyeron las actividades conmemorativas por el primer aniversario del multihomicidio en Villas de Salvárcar, se informó que los casos de dos adolescentes incrementaron a 138 el número de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, y durante un tiroteo entre policías y presuntos robacoches dos menores resultaron heridas.

A las 15 horas el obispo Renato Ascencio León puso fin al ayuno de 24 horas y demás actos de recuerdo –organizados por familiares y amigos de los 14 jóvenes y dos adultos asesinados el 30 de enero de 2010– durante la misa oficiada en la calle donde se perpetró el ataque, en un altar lleno de veladoras, flores, fotos de las víctimas, evocaciones manuscritas y reclamos de justicia.

Anoche, ayunantes y denunciantes formaron la palabra justicia con velas encendidas en la explanada del monumento a Juárez, que lucía rodeado de pancartas alusivas a los caídos y al reclamo de que las autoridades impongan el orden.

Aproximadamente a las 11 horas, antes de levantar el campamento para ir en procesión a la misa, familiares y miembros de organizaciones civiles efectuaron un mitin para recordar que de cinco detenidos que no han sido juzgados por la matanza uno fue protegido conforme al Protocolo de Estambul.

Las más de 70 agrupaciones que participaron en las actividades indicaron que, pese a las 3 mil 200 personas asesinadas el año pasado, la respuesta oficial es pobre y el programa Todos Somos Juárez –que incluyó 160 acciones sobre seguridad, economía, trabajo, salud, educación y desarrollo social, a cargo de los tres niveles de gobierno– sólo tuvo carácter electoral.

Luis Eduardo Rodríguez denunció que los 14 jóvenes heridos en el atentado, entre ellos su hija Brisa, están en el olvido, pese al reclamo de justicia. Refirió que la joven ya no es la misma, pues reprobó seis materias en la preparatoria y sigue sin recuperar la alegría y buen ánimo que la caracterizaban.

Este domingo también se informó que una joven de 14 años y otra de 17 incrementaron a 138 el número de mujeres desaparecidas en Juárez desde 2008. La menor, Yuleibi Isabel Frayre Mendoza, se perdió el 14 de enero pasado, al salir hacia la pista de hielo de la plaza Benito Juárez; la otra, Yazmín Salazar Ponce, no volvió a casa desde el 27 de diciembre, cuando fue a solicitar empleo a una panadería del centro.

La familia de Frayre denunció el caso ante las autoridades ministeriales y se moviliza para localizarla, pero Concepción Ponce, madre de Yazmín, dijo que todo el esfuerzo corre a cargo de la familia, pues el Ministerio Público no investiga nada.

Además, la madrugada del domingo dos jóvenes de 13 y 16 años resultaron heridas durante un tiroteo entre presuntos delincuentes y policías. Una de las heridas dijo que los agentes dispararon cuando sus dos acompañantes apaleaban a un sujeto que los agredió; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación.

La miseria, en la raíz del narco, la migración y conflictos sociales, enfatiza especialista

Pese a inversión y programas, la pobreza rural persiste; piden cambiar las políticas

Grupo de trabajo propone medidas para mejorar las estrategias y el gasto para el campo

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 31 de enero de 2011, p. 20

Para atacar la pobreza rural se requiere cambiar las políticas, porque a pesar de 50 años de esfuerzos, experimentos y programas, el problema sigue allí. Ahora la crisis alimentaria, la violencia y el crimen organizado –que no son exclusivos de ciudades– hacen urgente atacar la miseria.

Así lo advirtió Julio Berdegué, coordinador del grupo de trabajo sobre Pobreza Rural y Desarrollo que impulsan Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Agricultura.

Este conglomerado propone el proyecto Conocimiento y cambio en pobreza rural, con el fin de mejorar estrategias, políticas e inversiones nacionales enfocadas a esta materia.

A pesar de las gigantescas inversiones que se han hecho contra la pobreza rural, sigue siendo un gran atraso. Tiene caras que nos asustan cada vez más, enfatizó Berdegué. Se trata, dijo, de un problema persistente y profundo; “no es sólo de dignidad humana y justicia social, sino que está en la raíz de muchas crisis de las sociedades: el narco, conflictos sociales, deterioro de recursos naturales, migración de millones de personas, conflictos políticos”.

El grupo de trabajo, formalizado hace unos días, integra a 25 miembros de los sectores público, privado, social y académico. Al mismo tiempo que se desarrolla el proyecto en México se harán otros similares en Colombia, El Salvador y Ecuador.

El proyecto

Berdegué detalló que la idea principal en cada uno de los países es que la pobreza rural es un asunto que no se resolverá mientras no se aborde con un consenso nacional. Más que hacer diagnósticos, el proyecto pondrá el acento en tratar de facilitar un diálogo de confianza.

Explicó que se seleccionaron esos cuatro países porque tienen niveles importantes de pobreza rural, y en los que, independientemente de lo que opinemos de sus políticas, hacen un esfuerzo significativo.

México ha intentado una gran cantidad de programas, proyectos y estrategias. Sin embargo, el problema está allí y no cede. Las políticas y los programas son importantes, pero no darán fruto si no repensamos en un abanico más amplio de ideas, de entendimientos, de voluntades.

En la región, la pobreza rural no está cediendo, no retrocede con la velocidad y la profundidad que necesitamos y que requieren no sólo las familias pobres, sino los países, señaló.

La pobreza rural está en la base de la desesperanza, del sentido de exclusión que millones de jóvenes mexicanos y latinoamericanos sufren, de la violencia, conflictos sociales y políticos en México y otros países.

Industriales de molinos y tortillerías se suman a la marcha contra el modelo económico

Con alza de precios, el gobierno tira de la liga de la inconformidad social, advierten

La falta de alimentos afecta a 20 millones de mexicanos; hay riesgo de colapso nacional, dicen

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La escalada de precios ha hecho inaccesible la canasta básica de alimentos, indicó la CNCFoto María Luisa Severiano
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 31 de enero de 2011, p. 21

En menos de dos meses el precio del maíz para elaborar tortillas se incrementó 50 por ciento, al cotizarse en 4 mil pesos por tonelada, y los comercializadores, entre ellos Cargill, advierten que continuará elevándose, comentó Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías.

Dichos incrementos provocaron que en ese lapso hayan quebrado 5 mil tortillerías. La industria se está volviendo insostenible, debido a que también hay que hacer frente a los aumentos a gas y gasolina, así como al decreto mediante el cual el gobierno impondrá precios en mercados libres.

La autoridad se niega a reconocer dicha alza y sigue tirando de la liga de la inconformidad social, señaló.

Informó que integrantes de la agrupación se sumarán a la marcha convocada por sindicatos, organizaciones campesinas y sociales para manifestar el descontento social por las incoherencias del gobierno y solidarizarse con las agrupaciones campesinas que se han pronunciado por ordenar la cadena productiva maíz-tortilla.

Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, advirtió que el alza en los precios de los alimentos, combustibles y energía eléctrica provoca el riesgo de un colapso nacional. La falta de comida afecta ya a 20 millones de mexicanos.

Sostuvo que a la marcha, que se realizará esta tarde, asistirán diputados y senadores de la organización. Vamos a ir al Zócalo a demandarle al gobierno, junto con sindicatos y organizaciones ciudadanas, que cumpla con los más pobres, inconformes con la escalada de precios que ha hecho inaccesible la canasta básica y que golpea al campesinado.

La marcha fue convocada por el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, en las que participan la CNC, la Central Campesina Cardenista, el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, la UNT, el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras agrupaciones sociales.

El contingente marchará del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional, donde se dará a conocer un manifiesto a la nación.

Los contingentes campesinos demandarán una reforma agropecuaria que revierta el abandono crónico del campo mediante la articulación de programas de fomento al desarrollo; castigo a los funcionarios que no apliquen los recursos asignados; cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y un presupuesto multianual.

Por la mañana, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos realizarán un plantón en la Secretaría de Desarrollo Social para exigir que se cumpla con la aplicación del presupuesto del año pasado en beneficio de los campesinos; en tanto, militantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares se manifestarán en las oficinas de Financiera Rural para exigir apoyo a los pequeños agricultores.

30/01/2011

"El gobierno no hará justicia" en el caso de Misael Núñez

30 años de un crimen impune

Al inhumar al profesor, en 1981, su madre hizo el vaticinio

Los autores intelectuales, sin proceso; los asesinos, prófugos

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Integrantes de la CNTE comenzaron los actos para recordar al profesor Misael Núñez, a 30 años de su asesinato
Foto María Luisa Severiano
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 2

A 30 años del asesinato del profesor Misael Núñez Acosta –considerado uno de los símbolos de la lucha magisterial–, los personajes señalados como autores intelectuales de su muerte, entre ellos Ramón Martínez Martín, entonces secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no han sido procesados, y desde abril de 1983 los autores materiales están prófugos.

De acuerdo con informes elaborados por las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), órganos de inteligencia del gobierno federal, ambas instancias comisionaron agentes para indagar el caso y elaboraron decenas de reportes y documentos, entre ellos un estudio del homicidio y una relación cronológica de los hechos ocurridos en torno al asesinato del profesor.

La versión oficial de lo ocurrido el 30 de enero de 1981 en Santa María Tulpetlac, estado de México, es: al filo de las 19 horas tres ex agentes de la Policía Judicial mexiquense, contratados por el SNTE para calmar a algunas personas, abrieron fuego contra tres profesores de la escuela Héroes de Churubusco y un padre de familia. Murieron el maestro Núñez Acosta y el rotulista Isidro Duarte Omaña.

Núñez Acosta tenía 33 años y era uno de los más destacados impulsores de la educación para la población de escasos recursos en la zona, y sus labores, antes de ser considerado un disidente de la dirigencia magisterial, estaban encaminadas a la gestión social. Como parte de su desarrollo sindical alcanzó la presidencia del Consejo de Lucha Magisterial del Valle de México.

En ese tiempo Carlos Jonguitud Barrios era el líder moral del SNTE; Ramón Martínez Martín, secretario general de la organización; Elba Esther Gordillo, secretaria del Trabajo y Conflictos de Educación Prescolar del gremio y al mismo tiempo fungía como diputada federal.

El profesor Darío Ayala Meza, quien resultó herido en el ataque, declaró que el móvil era político, ya que Misael era considerado muy radical por no estar de acuerdo con los líderes de la sección 36 del SNTE con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, misma que había dirigido Gordillo Morales en 1977.

La investigación documental realizada por la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas confirma que Clemente Villegas Villegas, colaborador de Ramón Martínez Martín, fue el intermediario para la contratación de Rufino Vences Peña, Jorge Mejía Pizaña y Joel Vences Hernández, El Chelo, asesinos materiales de Misael Núñez.

Los homicidas cobrarían 300 mil pesos (...) durante la mañana se dedicaron a fumar mariguana y recibieron cinco mil pesos como adelanto (...) llegaron a las 13 horas a la esquina de las calles Chihuahua y Sonora, en Santa María Tulpetlac, en Ecatepec.

Viajaban en un auto marca LeBaron color negro, con placas del Distrito Federal, y cuya identificación comenzaba con los números 729, señalan los documentos elaborados por los agentes de la DFS y la DGIPS.

Asimismo, precisan que a las 16 horas Vences Peña entró a la escuela Héroes de Churubusco para saber si estaba Núñez Acosta y la hora en que terminaría una junta con padres de familia y profesores que participarían en la movilización programada para el 2 de febrero.

A las 19 horas salieron de la escuela los profesores Misael Núñez, Darío Eduardo Ayala Meza y Daniel Campos Briseño e Isidro Duarte Omaña. Rufino Vences Peña señaló los objetivos.

“Mejía Pizaña tripulaba el auto con las luces apagadas; se colocaron a escasa distancia de los profesores y, cuando estaba a un metro de ellos, Mejía disparó una vez una pistola calibre 38 súper, pues ésta se embaló.

En cambio Vences Hernández lo hizo en cinco o seis ocasiones con una pistola calibre 45, viendo que los maestros caían, entre ellos el profesor Núñez Acosta, quien recibió dos tiros: uno en el tórax y otro en el muslo izquierdo, señalan informes gubernamentales que actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación.

Ayala Meza resultó herido, fue alcanzado por un proyectil que le perforó la cara interna del muslo derecho. Campos Briseño salió ileso, ya que iba unos pasos delante del grupo.

Una vez realizado el ataque, los homicidas se dirigieron a casa de Vences Peña, allí les entregaron 10 mil pesos a cada uno. A la mañana siguiente salieron a Puerto Ángel, Oaxaca, a bordo del mismo auto.

Para el día 31 de enero, más de 100 personas se apostaron frente a la presidencia municipal de Ecatepec y exigían la entrega del cuerpo de Misael Núñez. Al filo de las 6 horas los restos fueron llevados a la escuela Héroes de Churubusco. Ahí permaneció el féretro unas horas, padres de familia y alumnos le rindieron homenaje. También acudieron trabajadores de empresas como Alcan Aluminio, Aceros Ecatepec, Aceros Tepeyac, General Electric y Kelvinator.

Integrantes del Frente Magisterial Independiente Nacional señalaron que días antes del asesinato, la sección 36 del SNTE emitió volantes en los que amenazaba de muerte a varios dirigentes democráticos, entre ellos Misael Núñez.

La Alianza de Trabajadores de la Educación elaboró volantes en los que pide el castigo a los asesinos de Núñez Acosta, responsabilizando al secretario general del SNTE, Ramón Martínez Martín, Leobardo Varela y Elba Esther Gordillo. Fue la primera ocasión en que el nombre de la actual lideresa magisterial se mencionó como una de las autoras intelectuales del crimen.

Pasadas las 23 horas del 31 de enero, los restos de Misael Núñez fueron llevados a su casa; en el recorrido más de 500 personas acompañaron el cortejo.

El primero de febrero centenares de habitantes de Ecatepec y profesores del estado de México y otras entidades viajaron en coches, camionetas y autobuses, escoltando el féretro.

El contingente llegó al Monumento a La Raza y comenzó la caminata hacia la Escuela Normal Superior de México.

Al principio de la movilización, la DFS contabilizó más de 500 personas, al llegar a la Normal Superior sumaron más de mil 600, donde los esperaban otros tantos ciudadanos y maestros.

Los reportes gubernamentales detallan que en la Normal Superior un campesino del Valle de Toluca manifestó que el profesor Núñez Acosta luchó por su pueblo, introduciendo la educación para adultos en la región.

Antes de las 14 horas los restos de Misael Núñez fueron trasladados a Tulpetlac y luego a Ixmiquilpan, Hidalgo, de donde era originario. A las 19:45, antes de que el féretro fuera bajado a la fosa, su madre, Carlota Acosta, “pidió a los presentes que no se hiciera el minuto de silencio. Que les suplicaba mejor seguir en la lucha y no abandonarla en ningún momento hasta conseguir el triunfo con la derrota de los charros. Que justicia no pedía porque el gobierno nunca la dará. La justicia la tendremos con nuestra propia mano”.

El 2 de febrero, el subprocurador de justicia del Valle de Toluca, Raúl Maldonado Monroy, se comprometió a detener y consignar a los responsables en un término no mayor de 15 días. Aseguró que los autores no fueron policías. Dijo que el caso tenía que ver con asuntos integremiales.

Las investigaciones de la DFS y DGIPS confirmaron que fueron agentes de la Policía Judicial del estado de México.

Rufino Vences Peña, Jorge Mejía Pizaña y Joel Vences Hernández, El Chelo, regresaron al Distrito Federal 15 días después y pintaron el vehículo de color beige.

Joel y Rufino Vences fueron detenidos el 29 de junio en la carretera San Luis Potosí-Matehuala por portar armas sin la autorización correspondiente.

Ambos aceptaron haber asesinado al profesor de la escuela Héroes de Churubusco por encargo Villegas Villegas, y declararon que lo estaban buscando para matarlo porque sólo les pagó 92 mil de los 300 mil pesos prometidos por el asesinato.

Los primeros días de 1982, los tres homicidas fueron trasladados de los penales de Tlanepantla y Texcoco a la prisión de Ciudad Nezahualcóyotl, fueron sentenciados a 30 años de cárcel pero se fugaron.

El 4 de enero de 1983 fue detenido por la Policía Judicial en Nezahualcóyotl el profesor Serafín Pedraza Ortega, el contacto entre Rufino Vences y Clemente Villegas para pactar la muerte de Misael Núñez.

La reaprehensión de los tres ex agentes ocurrió a finales de 1982. Fueron enviados al penal de Texcoco. El 30 de abril de 1983 nuevamente se fugaron. Agentes judiciales del estado de México los ayudaron a escapar, indican informes oficiales.

Desde esa fecha los autores materiales de la muerte de Núñez Acosta no han sido localizados y está pendiente su sentencia de 30 años de prisión, hasta entonces la condena más alta impuesta por jueces mexiquenses.

Ramón Martínez Martín falleció hace más de cinco años, y de Villegas Villegas se desconoce su paradero desde que fue señalado como uno de los organizadores del crimen, aseguró el profesor José González Figueroa, de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización creada tras las muerte de Misael Núñez.

30 años de un crimen impune

Poco antes de la diligencia llegó una llamada de Gobernación

Gordillo compareció en 2002; luego sobrevino el carpetazo
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El 27 de noviembre de 2002, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación compareció ante la entonces Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ahí, Elba Esther Gordillo Morales se reservó su derecho a declararFoto José Núñez

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 3

Fastidiada dijo: Ya me voy. Pero Elba Esther Gordillo Morales fue detenida en seco por Marcos Castillejos, su abogado defensor, quien la reconvino: Maestra, esta es una diligencia judicial. No puede.

Ese día, 27 de noviembre de 2002, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) compareció ante los fiscales de la extinta Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), dentro de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/26/2002, en la que se le acusaba de ser una de las autoras intelectuales del homicidio del profesor Misael Núñez Acosta, ocurrido el 30 de enero de 1981. El escenario: el Auditorio México del edificio de la PGR, ubicado en avenida Reforma y la calle Violeta.

Gordillo ocupaba en 1981 la segunda posición dentro del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, tenía a su cargo la cartera de la Secretaría del Trabajo y conflictos de Educación Prescolar; Carlos Jonguitud Barrios, su promotor dentro de la estructura magisterial, fungía como líder moral de la organización, en tanto que el secretario general del gremio era Ramón Martínez Martín, quien años más tarde sería sustituido por la propia Gordillo Morales.

Dos de los asistentes a la diligencia ministerial y funcionarios de la fiscalía que pidieron el anonimato, narraron el momento en que Gordillo enfrentaba la posibilidad, muy remota, pero posibilidad al fin, de un juicio por ese crimen.

La Femospp había preparado un cuestionario de 126 preguntas relacionadas con su trayectoria en el SNTE, su relación con Jonguitud, el asesinato de Misael Núñez y sus vínculos con Ramón Martínez Martín y Clemente Villegas Villegas. También sobre otros homicidios de profesores en los estados de Guerrero y Oaxaca, y las acusaciones que pesaban en su contra por presuntamente haberse enriquecido ilegalmente con cuotas del sindicato, como si eso hubiera sido una de las causas que gestaron los asesinatos de profesores en los años 80.

Sin embargo, una hora antes de la comparecencia de la maestra, Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Femospp, recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Creel Miranda, y el interrogatorio se redujo a preguntas relacionadas con el conocimiento que tuvo acerca de la muerte de Misael Núñez y algunos otros asesinatos de docentes.

Las sillas se colocaron en forma de herradura en el centro del auditorio, de tal manera que los asistentes pudieran observar todo. Frente a los denunciantes y dispuestos cara a cara estarían por un lado Gordillo y Marcos Castillejos, y en el otro los fiscales.

“Antes de iniciar, la maestra dijo en voz alta: ‘hace frío; qué, ¿aquí nadie sirve café?’ Carrillo Prieto se levantó de inmediato para atender la petición. Alguien lo detuvo y le recordó que era el fiscal. Enseguida, el café le fue servido por una edecán. Luego comenzó la comparecencia, Gordillo Morales escuchó las acusaciones que le formularon los familiares de Misael Núñez, maestros democráticos como Teodoro Palomino, Juan José Altamirano y Ramón Couoh”.

También se le cuestionó respecto de las declaraciones que Carlos Jonguitud hizo a La Jornada el 25 de agosto, en las cuales señaló que Elba Esther contaba con grupos de control y que Misael había muerto a manos de ellos.

Carlos Jonguitud reculó tres días más tarde: no tengo pruebas ni me consta la responsabilidad que pudieran tener el grupo de la profesora Elba Esther. Sin embargo, el hecho de que le preguntaran a la dirigente sobre esas declaraciones la molestó. Igual que la presencia de los denunciantes en la sesión”, indicaron los entrevistados.

La maestra escuchó sus derechos, el contenido de las denuncias y las preguntas, pero ya el cuestionario carecía de filo.

Elba Esther Gordillo se reservó su derecho a declarar. Fue la única presunta responsable que compareció en esa investigación. Meses después el caso se desechó.

30 años de un crimen impune

Ni perdón ni olvido
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Misael Núñez Acosta durante sus años como profesorFoto Cortesía de su familia
René Ramón, corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 3

Nezahualcóyotl. Méx., 29 de enero. Junto al pueblo somos indestructibles, era la frase de lucha de Misael Núñez Acosta, y sigue vigente, sostuvieron disidentes de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ni perdón ni olvido para los homicidas materiales e intelectuales, fue la consigna de los mentores al iniciar los actos conmemorativos de su muerte en la escuela Telesecundaria 190 de la colonia Vergel de Guadalupe, en Nezahualcóyotl,

Pedro Hernández Morales, secretario de organización del Comité Ejecutivo Democrático de la sección 9, recordó que hace 31 años Núñez Acosta fundó la Coordinadora Sindical en la comunidad de Santa María Tulpetlac, en Ecatepec, por la cual se inició la lucha contra el charrismo que aún controla el SNTE.

La demanda de justicia sigue vigente, al igual que para otros 200 compañeros que en estos años han sido asesinados en la lucha por la democratización del sindicato, aclaró.

Los actos en memoria de Núñez Acosta continuarán este domingo y concluirán el sábado 5 de febrero.


El ex gobernador Elorduy autorizó el uso de la fuerza para arrebatar lote a propietario

Para aparentar legalidad, Sempra simuló comprar un terreno en BC

Un ex contralor de la trasnacional denunció sobornos a funcionarios bajacalifornianos

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Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 5

En el expediente sobre violaciones a las leyes mexicanas que la trasnacional Sempra Energy ha infligido, destaca la simulación de compra de un terreno de más de 100 hectáreas a una fallecida. En éste se establecería la zona de resguardo y protección de las comunidades aledañas a la regasificadora Costa Azul, que por su peligrosidad es la única que opera en todo el litoral de Norteamérica. Ni los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han permitido la instalación de ese tipo de industrias en sus playas.

A la par hubo una maniobra policiaca promovida por la empresa estadunidense, en connivencia con el ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy, quien autorizó el uso desmedido de la fuerza pública contra el propietario legal del terreno, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, con la que éste fue despojado de su terreno y encarcelado.

El contralor interno de Sempra, Rodolfo Michelón –quien posteriormente fue despedido injustificadamente–, denunció en medios de comunicación estadunidenses que autorizó un pago por 8 mil 200 dólares en sobornos para funcionarios del gobierno local y los policías que intervinieron en el desalojo de Sánchez Ritchie, quien se encuentra autoexiliado en el sur de California.

El pasado 26 de enero Sempra Energy descalificó la información publicada en páginas de este diario. Carece de razón y pruebas, adujo Ricardo Moreno, director de relaciones públicas de esa empresa en México. No obstante, los documentos del expediente de la trasnacional son inobjetables y revelan una vez más que la compañía se brinca las leyes del país.

La Semarnat deberá presentar informe

No sólo autoridades estadunidenses investigan las prácticas ilegales. El Congreso mexicano ya solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe claro y objetivo sobre las actividades de la trasnacional en Baja California. A ello se sumó la intervención del Congreso de ese estado, que también dará seguimiento a la denuncia contra la regasificadora Costa Azul en Ensenada, porque viola todas las disposiciones de preservación del medio ambiente en la franja costera Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada.

Sempra consiguió, con la complicidad de autoridades federales, ignorar la manifestación de impacto ambiental requerida por la Semarnat. Esta dependencia defiende a la compañía con el argumento baladí de que se trata de una empresa limpia que genera empleos. La paradójica postura del gobierno de Felipe Calderón es inexplicable, porque la empresa incumple tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente, amenaza especies marinas y terrestres en peligro de extinción, únicas en el mundo, que habitan en el área de la regasificadora.

A esos argumentos se añade el de conformar la zona de amortiguamiento de impacto, para que en caso de posibles contingencias se evite daño a las poblaciones aledañas a la planta. Esa obligación fue la que llevó a Sempra a descarrilarse y manifestar su participación irregular en el mercado de generación de energía en México.

En marzo de 2003 la firma contactó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, propietario de un terreno en el litoral de Ensenada, para hacerle una oferta de compra. De esa negociación no hubo resultados.

Pasaron casi tres años. El 31 de enero de 2006, la empresa Energía Costa Azul (propiedad de Sempra Energy) adquirió el terreno de Sánchez Ritchie a un tercero. La notaría pública número cinco, de Diego Monsiváis Franco, de la ciudad de Ensenada, oficializó la escritura número 16 mil 989, que consta en el volumen 390.

En ese documento, del que se tiene copia, se establece el contrato firmado por la señora Elodia Gómez Castañón, representada por Dinora Villafán Gutiérrez como la parte vendedora, y como adquiriente la persona moral denominada Energía Costa Azul, representada por Luis Armando Navarro Peña y Gabriela Natera.

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El engaño fue denunciado por el propio Sánchez Ritchie. Lo más grave del caso fue que, en el Distrito Federal, la delegación sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que Gómez Castañón había fallecido un año y cuatro meses antes de la firma notarial.

El documento del IMSS establece: En atención al oficio 3890016141100 P/1830, expediente GP/08/406, del 25 de julio de 2008, se informa que la hoy extinta Elodia Gómez Castañón, matrícula 24716, jubilada del instituto por años de servicio a partir del 16 de febrero de 1996, fue dada de baja de la nómina de jubilados, en febrero de 2005, por defunción el 10 de octubre de 2004.

Esa información se corrobora en un acta de defunción emitida en la ciudad de México el 10 de octubre de 2004. El documento sostiene que Gómez Castañón, de 65 años, nació en Tampico, Tamaulipas. Era casada y su domicilio se ubicaba en la calle de Siena número 90, Residencial Acoxpa Tlalpan. Murió el día antes señalado por un cúmulo de enfermedades.

El proceso de compraventa se legalizó con la intervención del notario público Diego Monsiváis, y Sánchez Ritchie enfrentó un proceso que incluyó su encarcelamiento, acusado de despojo de lo que era su propiedad.

Pasaron más de cuatro años hasta que el juez primero de lo penal, Francisco Alberto Molina Hernández, con sede en Tijuana, Baja California, decretó la inocencia de Sánchez Ritchie. El 24 de mayo de 2010 el juez argumentó: En virtud de lo ordenado por el juez séptimo de distrito en el estado, dentro del juicio de amparo número 446/2009-IV, se deja insubsistente la orden de aprehensión dictada en la presente causa penal, en que se actúa de fecha 17 de noviembre de 2009, contra el inculpado, de nombre Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, por el delito de despojo.

El mismo día el juez Francisco Molina emitió una resolución para que se restituyera la propiedad arrebatada a Sánchez Ritchie. Adjunto a la presente copias debidamente certificadas, consistentes en dictamen de topografía de fecha 29 de agosto de 2006, auto de fecha 14 de septiembre de 2006, donde se ordena la restitución provisional del inmueble motivo de la presente causa; diligencia de restitución llevada a cabo el 15 de septiembre de 2006 del inmueble de referencia; escritura pública número 16889, volumen 390, de fecha 31 de enero de 2006, elevada ante el notario público número cinco, Diego Monsiváis, y el acuerdo de fecha 16 de octubre de 2007, dictado por el juez mixto de primera instancia de Playas de Rosarito, en el cual se ordenó la restitución del inmueble multicitado en favor de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.

Para Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática, “la colusión de Sempra y la administración del entonces gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walter, para perjudicar y encarcelar a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, ha sido plenamente asumida por el ex contralor de Sempra, Rodolfo Michelón, quien al ser despedido injustamente por esa empresa manifestó haber entregado, en 2006, 8 mil 200 dólares al ejecutivo de Sempra-México Alex Ríos para realizar el pago en efectivo y sobornar con ello a funcionarios del gobierno de Baja California, previamente al desalojo de Sánchez Ritchie de su predio.

En su denuncia, Michelón presenta documentos de Sempra y manifiesta que su despido se debió a que cuestionaba y realizaba muchas preguntas en relación con las prácticas comerciales de los ejecutivos de la empresa en México y sobre una mansión de súper lujo, llamada Casa Azul, construida en un terreno contiguo a la regasificadora, valuada en más de 17 millones de dólares.

Recuerdan cientos de personas masacre en Villas de Salvárcar

Une a activistas de México y EU la demanda de No más sangre
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Justo en la malla que marca la frontera entre Anapra y Sunland Park, activistas de organizaciones sociales y religiosas se manifestaron para pedir justicia por la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida hace un año, y el cese de la violencia. Del lado estadunidense se colocaron mantas con frases como no están solos. La Patrulla Fronteriza resguardó la zona para evitar incidentesFoto Alejandro Bringas

Rubén Villalpando, Miroslava Breach y Verónica González
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 7

¡No más sangre! ¡No más impunidad! ¡No más feminicidios!, fueron algunas de las exigencias que portaron al pecho cientos de estudiantes, colonos, artistas, intelectuales, sacerdotes y seminaristas, que iniciaron un ayuno conmemorativo del primer aniversario de la matanza de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 18 personas murieron y 16 resultaron heridas.

En la protesta, que inició el sábado a las 9 horas en el Monumento a Benito Juárez, dentro de la jornada Camino a la Justicia, también participaron familiares de las víctimas, feligreses de ocho parroquias juarenses y representantes de unas 70 organizaciones de la sociedad civil, para señalar la falta de voluntad para esclarecer la masacre perpetrada el 30 de enero de 2010 durante una fiesta juvenil, por un grupo del que ocho presuntos miembros fueron detenidos.

La señora Luz Dávila –quien enfrentó al presidente Felipe Calderón por definir el suceso como un pleito de pandilleros–, cuyos hijos Marcos y José Luis Piña murieron en el atentado, hizo tañer una campana llevada del Distrito Federal en memoria de las 18 víctimas fatales, para dar inicio a las actividades que concluirán este domingo.

Dos horas después, una caravana de ayunantes marchó hacia la colonia Puerto de Anapra, vecina de Sunland Park, Nuevo México, donde tuvo lugar una ceremonia con cientos de asistentes de ambos lados de la frontera, dividida por un muro metálico construido por el gobierno estadunidense.

La jornada incluyó muestras de repudio por los asesinatos de Rubí Marisol Frayre y su madre, Marisela Escobedo, entre otros crímenes impunes. En el comunicado general, los participantes dijeron estar hartos de la violencia y las acciones de las autoridades contra el hampa, pues no dan resultados y continúa el derramamiento de sangre.

Y también: Vamos codo a codo con los padres y madres que perdieron hijos e hijas por la ineficacia del Estado para garantizar la vida, la justicia y la seguridad. No olvidamos a las mujeres desaparecidas desde 1993 y estamos aquí para decir a miles de huérfanos que esta sociedad los acoge y los cuidará...

En la capital de Chihuahua, decenas de miembros del movimiento Ciudadano por la Paz, encabezados por el ex diputado local perredista Víctor Quintana llegaron hasta la puerta del palacio de gobierno y se instalaron en ayuno con pancartas de protesta por la falta de resultados en las investigaciones del múltiple homicidio.

En otra marcha por la paz que tuvo lugar en la capital de Colima, cientos de creyentes convocados por la jerarquía católica demandaron poner alto a la violencia que produjo 170 asesinatos, ejecuciones, desapariciones y levantones durante 2010.

Jornada de ayuno por la justicia, la apuesta por métodos no violentos


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 7

Con la exigencia de que el gobierno federal modifique cuanto antes su estrategia de seguridad, que sólo ha provocado mayor violencia, un grupo de activistas de diversas organizaciones civiles dio inicio ayer a la Jornada de ayuno y reflexión por la justicia, como parte de una serie de actividades que continuarán este domingo.

La acción, realizada en el contexto del primer aniversario de la matanza de 16 personas en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, comenzó a las 10 de la mañana frente al monumento a Gandhi.

José Guadalupe Sánchez, del Centro de Estudios Ecuménicos, afirmó que la manifestación busca demostrar la efectividad de los métodos no violentos de resistencia civil para llamar la atención del gobierno, los ciudadanos y los medios de comunicación, y de esa manera frenar las muertes provocadas por la llamada guerra contra el crimen organizado.

La jornada de ayuno se realizó de manera simultánea en el Distrito Federal y Ciudad Juárez; se esperaban acciones similares en varios puntos de México, Estados Unidos, Colombia y Alemania. Estamos en un momento en el que la sociedad no aguanta más, advirtió Sánchez.

Por su parte, Mayra Rojas, de la organización de defensa de menores Infancia Común, subrayó que las mujeres y niñas constituyen un sector especialmente vulnerable en el clima de hostilidad que sufre el país, y llamó la atención sobre la cada vez más frecuente criminalización de la protesta social.

El ayuno podrá seguirse en la página www.ustream.tv/channel/ayuno-por-la-justicia.

Latinoamérica, la zona más violenta del planeta: asesor de PNUD

Implementar política de Estado que se anticipe al narco, sugiere experto
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 8

En comparación con lo que ocurrió en Colombia en los años 90 en materia de violencia ligada al narcotráfico, en México el problema está en sus inicios y, por tanto, además de apostar a la prevención, se debe poner énfasis en la previsión como política de Estado basada en acciones anticipatorias, señaló Rubén Darío Ramírez, director del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la alcaldía de Bogotá.

Al participar en el foro internacional Pensar el futuro; la prevención que México necesita, narró que en 1993 Bogotá tuvo una tasa de 80 homicidios por cien mil habitantes; hubo más de 4 mil homicidios en la ciudad dentro del proceso del conflicto armado que teníamos con la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también con el auge del narcotráfico, que penetró ciudades, gobiernos, policía, ejército y jueces.

Ha existido un proceso de cambio paulatino, que no ha finalizado, pero creo que hemos empezado la reconstrucción de una cultura de la legalidad en Bogotá, apuntó.

Agregó que en Colombia fueron asesinados siete aspirantes a la presidencia de la república, más de 5 mil policías; jueces y magistrados.

Sostuvo que aunque aparentemente se consideraba que había una política real de contención a este proceso del narcotráfico, resultaba que a la par de que los políticos protestaban por la violencia del narcotráfico por la noche recibían el dinero para evitar la extradición de los narcotraficantes.

Añadió que no solamente los políticos fueron comprados por el crimen organizado. “Los jueces también salían a los entierros de sus compañeros de trabajo mientras en las noches vendían las sentencias o las órdenes de captura. Muchos policías y militares se metieron en este proceso, en el que parecería que Colombia sería un país sin esperanza.

No se salvaron ni los sacerdotes. Mientras daban las misas en los entierros de nuestros candidatos presidenciales, también recibían los dineros para construcción de iglesias o casas que, aunque parecieran una obra benéfica, tenían el sello del narcotráfico. No se salvó ni la guerrilla, cuyos ideales supuestamente eran para una transformación de la sociedad. Fueron permeados también por el narcotráfico.

El experto advirtió que si no se pone atención a la previsión y nos quedamos solamente en el planteamiento de la prevención, se corre el riesgo de tener problemas y difíciles situaciones de gobernabilidad.

Fernando Carrión, coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y concejal del distrito metropolitano de Quito, indicó que la violencia es el fantasma que afecta a la mayor parte de los países de Latinoamérica.

Agregó que las tasas de homicidio en la región se han duplicado en los últimos cinco años, y expuso que de acuerdo con el Latinobarómetro, mientras en 2000 la seguridad era la cuarta demanda de la población, para 2005 ascendió a segundo lugar, y ahora está en primero.

México tiene una tasa promedio de 26 homicidios por 100 mil habitantes, y en la frontera con Estados Unidos, 74 por cada 100 mil, mientras en Colombia es de 34 por cada 100 mil, desglosó.

Daniel Luz, asesor de seguridad ciudadana del PNUD para América Latina y el Caribe, refirió que “si preguntamos en la calle qué países son los más afectados por la violencia, probablemente las respuestas serán Irak o Afganistán, y no es la verdad.

Los países más violentos del planeta están acá: se trata de Venezuela, Honduras, El Salvador, Jamaica y Brasil.

Señaló que “en Jamaica el peso de la inseguridad supera 5 por ciento del PIB nacional; en Guatemala, siete, y en El Salvador, 11.5 por ciento.

Desempleo y carestía, saldo de gobiernos panistas


Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 16

Los índices de pobreza, desempleo y carestía se han elevado de forma alarmante desde que el Partido Acción Nacional (PAN) gobierna en México, se advierte en un estudio elaborado por el grupo parlamentario del PRI en el Senado.

Los priístas advierten que entre 1995 y 2000 el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 4 por ciento, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) bajó a 2.15 por ciento y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, a 1.12 por ciento.

Ello, pese a que el precio promedio del barril de petróleo fue de 20 dólares en el gobierno de Ernesto Zedillo, de 32 dólares con Fox y de 67 dólares en el actual sexenio. Por lo que se refiere al índice de competitividad global, México pasó del lugar 31 que ocupó en 2009 al 66 en el 2010.

En el documento, que fue analizado durante la reunión plenaria que los senadores del PRI llevaron a cabo en La Paz, Baja California Sur, se destaca que los precios de los alimentos y los energéticos se dispararon en la pasada década. Así, de 1999 a 2009, la tarifa promedio de la electricidad aumentó 133 por ciento y el diesel 130.8 por ciento, este último de 1999 al 2010.

Se detalla que el PRI dejó el precio del diesel en 3.9 pesos, al llegar Fox a la Presidencia subió a 4.4 pesos y a finales de 2010 llegó a 9 pesos. En el caso de la gasolina Premium, su costo se elevó en ese mismo periodo en 90.5 por ciento y la Magna en 81.25 por ciento.

Con base en cifras oficiales, el documento del PRI señala también que la tortilla elevó su precio 190 por ciento de 2002 a la fecha, mientras que otros alimentos como frijol, aguacate y plátano se encarecieron 86, 88 y 80 por ciento, respectivamente, en los pasados cuatro años.

De enero de 2008 a enero de 2009, el índice de precios de la canasta básica se incrementó en casi 100 por ciento.

Asimismo, entre 2006 y 2008, la tasa de desocupación se elevó de 2.2 a 5.4 por ciento, mientras que en ese mismo periodo, la población nacional en pobreza alimentaria creció en 3.7 millones.

Durante la reunión plenaria de los senadores del PRI, el coordinador Manlio Fabio Beltrones advirtió que hay una nueva escalada de precios que Felipe Calderón y sus funcionarios no quieren reconocer. Mientras la economía y la política económica no entreguen más y mejores bienes en la mesa de cada familia, los supuestos éxitos del gobierno son para las estadísticas, no para la sociedad, recalcó.

Demandan a Congreso y partidos detener la "imposición" de los medidores digitales

Organizaciones reprochan a legisladores su indiferencia ante altas tarifas eléctricas

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Agrupaciones defensoras de usuarios del servicio eléctrico denunciaron que existen más de 100 mil quejas por tarifas excesivas, durante una asamblea realizada en el auditorio del SMEFoto Víctor Camacho
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 17

Agrupaciones defensoras de los usuarios del servicio eléctrico apremiaron a legisladores y partidos políticos a atender los numerosos reclamos de eliminar la tarifa doméstica de alto consumo y a detener la imposición de medidores digitales.

Apuntaron que es necesaria en todo el país una política tarifaria social con el fin de que paguen más quienes más consumen.

Durante la tercera asamblea nacional de la asociación civil En Defensa de Usuarios de la Energía Eléctrica –la cual, según informaron, ya se convirtió en un movimiento nacional–, Fernando Amezcua, del Sindicato Mexicano de Electricistas, afirmó que existen más de 100 mil quejas documentadas por tarifas excesivas y problemas de suministro, de las cuales unas 60 mil han sido interpuestas por los afectados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Agregó que se formaron organizaciones en todo el país que informan a la población sobre el problema, por lo que el número de quejas puede ser mayor.

El movimiento de afectados denunció la indiferencia de los partidos políticos y de los integrantes del Poder Legislativo para emprender acciones que terminen con el drama que viven los usuarios domésticos y comerciales por las altas tarifas.

“Hemos sostenido entrevistas con los legisladores, pero lo más que llegan a plantear es el problema de los cobros excesivos.

“No están interesados en entrarle al tema de (aplicar) la tarifa social como un derecho de los ciudadanos ni en mantener el subsidio existente antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Tampoco les interesa revertir la tarifa doméstica de alto consumo, y mucho menos están interesados en pronunciarse públicamente en contra de los medidores digitales de prepago de luz, que es el negocio personal del empresario Alejo Peralta, señaló el comité de la asociación civil.

Denunció la privatización que está operando de la industria eléctrica, que es un bien de la nación.

En la asamblea, celebrada en el auditorio del SME, las voces de los inconformes fueron la constante. Decenas de asistentes portaban fotocopias de recibos de luz que integraron a los expedientes –según refirieron algunos inconformes– de las quejas interpuestas ante la Profeco por los excesivos e injustificados cobros de la Comisión Federal de Electricidad.

La usuaria Teresa de Jesús Alejos denunció que antes de la extinción de LFC pagaba entre 500 y 600 pesos bimestrales por el servicio para su negocio de abarrotes. Tras la desaparición, agregó, “primero me bajaron la tarifa, luego regresó a 500 pesos, después subió a 2 mil y de la noche a la mañana me llegó un recibo de 34 mil pesos.

“Fui a las oficinas a quejarme, y sólo me dijeron que estaba bien; (ante la respuesta) dejé de pagar y me amparé para evitar que me suspendan el servicio.

Hace un mes fue un grupo de trabajadores a decirme que me van a quitar los medidores, pero, ¿con qué les pago? Yo no barro el dinero con la escoba y tengo de pagar medicinas y alimentos. Otros asistentes presentaron denuncias semejantes.

Retraso oficial en protección a periodistas


Fernando Camacho Servín e Irene Sánchez, corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 14

Los organismos oficiales de protección a periodistas, como el comité consultivo instalado el 3 de diciembre pasado, aún no han diseñado una estrategia integral para evitar que los comunicadores sean agredidos. Ni siquiera tienen claridad sobre su presupuesto y sus facultades, advirtieron activistas de organizaciones sociales.

Omar Rábago, del colectivo especializado en libertad de expresión Artículo 19, recordó que dichas iniciativas se han impulsado desde hace por lo menos tres años; muchas inspiradas en el modelo colombiano, pero pasando por alto aspectos básicos como los fondos para pagar los requerimientos de medidas cautelares.

No estamos tan contentos de cómo quedó el comité (consultivo para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación). Tendría que haber una estrategia integral que atienda no sólo las consecuencias, sino las causas de la violencia, y en ello el problema de fondo es la impunidad, advirtió.

Además de tener una clara falta de coordinación entre el gobierno federal y los locales, dijo, el mecanismo gubernamental deja a la buena voluntad de estos últimos si los periodistas son protegidos o no, y las amenazas contra ellos son asuntos urgentes que deben resolverse pronto.

El coordinador del programa de libertad de expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública, Juan Carlos Romero, afirmó que la simple existencia de órganos de protección ya es un avance, aunque en su formación nunca se tomaron en cuenta las observaciones de los comunicadores.

(Nuestras sugerencias) se fueron a la basura. Parece que la iniciativa se hizo más por coyuntura, y el resultado fue un documento insuficiente, rápido y torpe. Ni siquiera se asignó un presupuesto específico, ni se definieron facultades, lamentó.

Sistema de alerta

En Culiacán, Sinaloa, representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión anunciaron un sistema de alerta para periodistas del país, que consiste en una línea telefónica de emergencia y un seguro de vida. En el encuentro nacional de seguimiento a la protección de los medios y sus comunicadores en el ejercicio del periodismo se emitió el protocolo de seguridad para las instalaciones de radio y televisión. El gobernador Mario López Valdez advirtió que en Sinaloa no permitirá que la vida de los periodistas, de sus familias y la integridad de las empresas para las que laboran sean amenazados ni por políticos, por el crimen organizado ni por nadie que se vea afectado por la libertad de expresión.

Mañana, marcha en demanda de cambio en el modelo económico

Urgente, la unidad contra la embestida neoliberal, advierte el Congreso Social
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 17

Integrantes de los gremios minero, telefonista y electricista, así como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de agrupaciones campesinas, indígenas y populares, expresaron su respaldo a la marcha que se realizará mañana en demanda de un cambio de modelo económico y político. Anunciaron la realización del tercer encuentro del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente y de una jornada nacional e internacional contra los ataques al sindicalismo.

En conferencia de prensa, dichas organizaciones –aglutinadas en el Congreso Social– expresaron que es urgente que se unan todos los sectores afectados por la política neoliberal.

Debemos expresar nuestro descontento de manera organizada y con objetivos claros. Ya no bastan las luchas aisladas; hay que presentar un solo frente contra la política del gobierno, señaló José Luis Hernández, del Sindicato Mexicano de Electricistas.

A su vez, Enrique Fabela, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), demandó hacer un esfuerzo unitario, ya no podemos seguir luchando desde diferentes trincheras, hay que poner por delante lo que nos unifica, que es luchar por un nuevo país, que los niveles de pobreza se abatan, que no haya desempleo ni afectación de los derechos de los trabajadores ni crisis alimentaria y energética.

La lucha es por un nuevo proyecto de país, por lo que no hay tiempo para luchar de manera aislada. Apremia este esfuerzo unitario para detener la ofensiva oficial y evitar que el gobierno ceda espacios a las mafias y al narcotráfico, agregó.

Apuntó que las manifestaciones en México coinciden con los esfuerzos del sindicalismo internacional, pues del 14 al 19 de febrero federaciones de trabajadores realizarán jornadas de protesta en varios países.

Clemente Félix Lara, del sindicato minero, confirmó el anuncio. Dijo que las federaciones internacionales de Trabajadores de la Industria Metalúrgica; de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química, Energía y Minas, y de Trabajadores del Transporte, así como la Global Union, iniciarán a mediados de febrero manifestaciones –a las cuales México se sumará– en demanda del cese de las acciones antisindicales.

Armando Valverde Ruiz, de la CNTE, también pidió la unidad de todos los trabajadores y sectores sociales.

Reivindicó la lucha de 31 años de la coordinadora magisterial por la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la defensa de la enseñanza pública, el rechazo al presupuesto educativo 2011 y las reformas en el sector.

Insistió en que debemos detener la embestida neoliberal y las reformas estructurales, y llamó a sumarse a la megamarcha, que por cuarto año consecutivo realizará el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de los Trabajadores. La movilización partirá este lunes del Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo.

El Congreso Social realizará su tercer encuentro los días 5 y 6 de febrero en las instalaciones del STRM de Cuernavaca, Morelos, y prevé que asistan afiliados de más de 10 entidades en las que cuenta con representaciones.

29/01/2011

Aumentó en el país el riesgo para desempeñar la libertad de prensa, asevera relatora


Asesorará ONU a México para brindar protección a periodistas

Ese ejercicio profesional es castigado por la violencia, impunidad y brutalidad del narco, afirma

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 29 de enero de 2011, p. 5

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, advirtió al gobierno federal que el ejercicio periodístico en México es castigado por la violencia, la impunidad, intolerancia política y brutalidad de los cárteles de la droga.

Al respecto, la relatora nos ha advertido que el poder del crimen organizado y de las mafias trasnacionales han aumentado sustancialmente el riesgo para el ejercicio de la prensa libre en México, señaló Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).

El gobierno mexicano ha firmado diversos convenios con embajadas y agencias de la Organización de las Naciones Unidas para impulsar el proceso de consultas que derive en una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia para los medios de comunicación.

El 3 de diciembre pasado, fue instalado el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la libertad de expresión, así como las garantías de vida e integridad física de quienes se dedican a esta labor.

El funcionario dijo que a través de los estudios que se realicen en los próximos meses, el Estado mexicano contará con información para elaborar políticas públicas y de seguridad en favor de quienes ejercen la labor periodística.

Este viernes fue presentado en Gobernación el proyecto Consulta estatal para una estrategia nacional de fortalecimiento a la seguridad y justicia para medios de comunicación en México. A esta ceremonia asistió el embajador de Alemania en México, Edmund Duckwitz, y Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ambas instancias brindarán financiamiento por 1.6 millones de pesos y diversos apoyos en especie tales como asesoría, seminarios de capacitación y datos acerca de la protección para el trabajo periodístico, esto es, qué hacer, cómo reaccionar y cómo reducir el riesgo ante las amenazas.

En entrevistas posteriores, ambos invitados manifestaron su acuerdo por las medidas para el combate al crimen organizado, incluido el patrullaje de efectivos militares en zonas urbanas y la iniciativa para crear mandos únicos policiales en los estados.

Seguramente hay una situación de violencia que se vive hoy en día en el país; hay respuestas importantes y contundentes que el gobierno y la sociedad civil están dando, consideró Mazzitelli.

Los informadores habían acudido a cubrir el funeral de Samuel Ruiz

Policías de San Cristóbal de las Casas amagan a reporteros; presentan queja
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Agentes municipales de San Cristóbal interrogan a los periodistasFoto La Jornada

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 29 de enero de 2011, p. 5

San Cristóbal de las Casas, 28 de enero. Policías municipales agredieron y detuvieron a varios periodistas, entre ellos los fotógrafos Víctor Camacho y Moysés Zúñiga, enviado y colaborador, respectivamente, de La Jornada. Esto ocurrió la madrugada del jueves, mientras transitaban en un vehículo particular en las inmediaciones de la plaza central de esta ciudad, luego de concluir la cobertura informativa de los funerales del obispo emérito Samuel Ruiz García.

Agentes al mando del comandante Adonai Robledo les cerraron el paso poniendo delante de su vehículo una Pick up Dodge, placas DA-62-622, con número PC-35, y detrás la patrulla Nissan, modelo Tiida, placas DPD 55-35, con número PC-26. Eran las 2 de la mañana, a media cuadra de la catedral, sobre la calle Guadalupe Victoria.

También fueron agredidos los reporteros Carlos Herrera y Manuel de la Cruz. Los comunicadores son corresponsales de las agencias Efe, Ap y Afp, así como los periódicos Cuarto Poder, Expreso, Mirada Sur y La Foja Coleta, entre otros medios.

Los periodistas refieren que, sin identificarse como agentes del orden, los agresores empezaron a interrogarlos respecto a su origen, destino y oficio. Los cuestionamientos no fueron respondidos por los detenidos, quienes pidieron que primero se les informara qué falta habían cometido.

Los uniformados acusaron a los cuatro periodistas, bien conocidos en Chiapas, de burlarse de la autoridad y amenazaron con trasladarlos a la base de la policía municipal, pero desistieron cuando los fotógrafos dispararon sus cámaras para documentar las evidencias del ataque.

Posteriormente, más de una decena de profesionales de medios estatales y nacionales enviaron una carta pública al gobernador del estado y a la alcaldesa de San Cristóbal, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde expresan: Siendo México de los países donde la labor de los periodistas es considerada de las más arriesgadas por la cantidad de homicidios, detenciones y secuestros en contra del gremio, no es infundada la sospecha de premeditación en la agresión contra quienes, aun cargando sus instrumentos de trabajo, fueron detenidos en el perímetro donde habían permanecido desarrollando su labor durante al menos 48 horas en un acto con la presencia de decenas de agentes de vigilancia y seguridad de los tres niveles de gobierno.

Añaden que aun si los policías sancristobalenses desconocían quiénes eran los detenidos, la situación es “de igual forma preocupante, ya que son muchos los ciudadanos que por trabajo, asuntos familiares, de recreo y turismo transitan por la madrugada y están expuestos a sufrir lo que vivieron nuestros compañeros.

“Tenemos conocimiento de la lamentable situación en distintas entidades y regiones mexicanas donde la inseguridad ha restringido de facto o incluso oficialmente, libertades de tránsito, expresión y trabajo, pero hasta este momento no considerábamos la primera cuadra de esta ciudad dentro de dichas circunstancias”, sigue la carta al gobernador Juan Sabines Guerrero.

Por lo anterior pedimos a usted tomar cartas en el asunto e informarnos de los resultados o, en su defecto, informarnos si hay medidas de excepción, horarios de toque de queda o territorios en Chiapas donde debamos asumir el ejercicio de nuestra profesión bajo nuestro propio riesgo.

ONG: usa la PGR a testigos protegidos con fines políticos


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 29 de enero de 2011, p. 6

El programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) se ha convertido en una herramienta del gobierno para golpear a rivales políticos y ajustar cuentas con medios incómodos, en vez de constituirse como un mecanismo eficiente de investigación judicial, alertaron organizaciones sociales.

Sergio Méndez, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que los testigos de dicho esquema, más que protegidos, son anónimos, por lo que sus dichos carecen de legalidad, e incluso podrían ser contrarios a la Constitución.

En el caso de las acusaciones contra el candidato priísta a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve –por sus supuestos vínculos con el narcotráfico–, como en el llamado michoacanazo y los ataques contra el semanario Proceso, la PGR hace un uso ilícito de las afirmaciones supuestamente realizadas por los testigos.

Además, al violar el principio de confidencialidad bajo el cual tendrían que regirse todas las averiguaciones previas, las autoridades ponen en riesgo la eficacia de la investigación judicial, lo cual va en contra de cualquier sistema que se precie de ser moderno y democrático, y atenta contra las garantías de los involucrados.

Por su parte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró deplorable que una figura jurídica como la de testigos protegidos esté siendo utilizada con fines político-electorales, ya que eso contribuiría más a alimentar la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones.

Los comicios del próximo domingo en Guerrero, añadió, son la muestra más reciente de que el programa de la procuraduría en vez de servir para el combate a los grupos del crimen organizado, está contribuyendo ahora a ahondar el déficit democrático que tiene el país, regresando a situaciones que muchos pensaban ya superadas.

En un entorno social dominado por el narcotráfico, golpear a rivales políticos con herramientas en teoría legales es preocupante, no sólo por el enrarecimiento que eso provoca en los comicios, sino por la eventual falta de certidumbre en las instituciones judiciales.

Aplicar únicamente represión conduce al fracaso, no a la solución

Prevención y programas sociales, la mejor opción contra violencia juvenil: expertos
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 29 de enero de 2011, p. 8

Expertos en seguridad, prevención de la criminalidad e intervención con jóvenes coincidieron en que la mejor estrategia para revertir la violencia es invertir en prevención y en programas sociales, antes de optar por la mano dura o por estrategias de choque.

En el contexto de la realización del foro internacional Pensar en el futuro; la prevención que México necesita, Irvin Waller, director del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad de Ottawa y presidente de la Sociedad Mundial de Criminología, descartó que el camino sea sólo la represión, es decir, el uso de la fuerza policiaca o militar como única herramienta.

Según el experto la opción es la inversión social, la realización de diagnósticos de la situación, contar con liderazgos políticos y aplicar luego una represión inteligente, la cual –dijo– debe ser focalizada y con base en un análisis minucioso de la situación, pero también destacó que es primordial destinar la misma cantidad de recursos tanto a la prevención como al combate policiaco de la delincuencia.

En entrevista posterior, Waller señaló que para superar una situación como la que se tiene en México “debe haber una política inteligente que se focalice sobre las causas que originaron el problema, con lo cual en un plazo de alrededor de cinco años se podrían tener algunos resultados importantes en la reducción de tasas de homicidio y victimización; en mi libro Menos represión, más seguridad expongo que si sólo se aplica una acción de represión esto lleva al fracaso, y aquí los resultados (de la lucha contra el narcotráfico) indican que no es un éxito”.

Añadió que en México la represión es muy clara, pues el Ejército está en la calle, hay muchos más policías y se ha incrementado la encarcelación en más de 100 por ciento en los últimos 10 años, y especificó que aunque él no está en contra de la utilización de la fuerza pública para combatir el crimen, en estos casos lo que se debe aplicar es una represión inteligente.

Ernesto Rodríguez, director del Centro Latinoamericano sobre Juventud, resaltó la importancia de dejar de estigmatizar a los jóvenes, pues dijo que actualmente ser joven y excluido es percibido por autoridades y población como sinónimo de delincuente, cuando los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo.

Añadió que debe haber una paridad en el gasto de prevención y mano dura y lamentó la ausencia en los países de la región de liderazgo para abordar el tema.

Carlos Alberto Cruz, fundador y director de la Asociación Civil Cauce Ciudadano (de México) lamentó que no existan programas de desarrollo para los jóvenes y aseguró que las experiencias que tiene la organización en las áreas en que trabaja, entre ellas Ciudad Juárez, Monterrey y la zona conurbada del valle de México, es que la mayor parte de los jóvenes se unen a la bandas por miedo; para no ser agredidos por sus miembros, y dijo que 62 por ciento de los pandilleros duros (los más violentos) han sido víctimas de abuso sexual en la infancia.

Marco Antonio Castillo, experto en temas de prevención de pandillerismo y delincuencia organizada juvenil, afirmó que las políticas represivas en contra de los jóvenes no dan resultado para inhibir la violencia, pero sí los espacios de educación alterna.