14/06/2014

Nos defenderemos ante la servidumbre de hidrocarburos, advierten campesinos


El gobierno, ciego y sordo frente a un país que se descarrila

Laura Poy Solano
 Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13

Líderes campesinos advirtieron que de consumarse el despojo de tierras de cultivo ejidales y particulares en favor del capital privado y las empresas trasnacionales para imponer la servidumbre de hidrocarburos, como se proyecta en las leyes secundarias en materia energética, se generará un movimiento colectivo de resistencia mediante comités de defensa de la tierra.

El gobierno federal está ciego y sordo frente a un país que se descarrila, pero si continúa con su estrategia de imponer, la advertencia es clara: defenderemos la tierra a sangre y fuego

La decisión de las comunidades, lejanas a un Congreso que no las ve ni las oye, está tomada. Las trasnacionales como Shell y Halliburton, y cualquier otra, deben saber que no serán campos petroleros, sino campos de batalla, afirmaron.

En entrevista por separado, Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, consideró un atropello del Senado la inminente aprobación de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que contempla la expropiación de tierras comunales y particulares para la exploración de yacimientos, que podrán ser entregadas a las empresas que realicen estas tareas.

El gobierno está actuando de forma autoritaria en favor del gran capital y de las firmas que vendrán a intentar despojarnos de nuestra tierra. Lo previmos, pero hemos advertido que ante una reforma que atropella y despoja a los ejidatorios, comuneros y pequeños propietarios, vamos a organizar comités de defensa de la tierra.

Nuestro mensaje es claro, dijo, en este país la tierra se va a defender a sangre y fuego; a cualquier costo. Si el gobierno quiere, en harás de servir al capital, facilitar inversiones extranjeras que atropellan derechos adquiridos por los campesinos, éstos legítimamente tendrán derecho a defenderla a como dé lugar.

Recordó que en marzo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante diversas organizaciones del sector a que la propiedad social de la tierra no se tocaría, y estos son los resultados.

Por su parte, Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, advirtió que de consumarse la aprobación de este marco normativo, vendrá una resistencia muy grande de los pueblos, ejidos y comunidades.

Reconoció que pese a la promesa del senador prísta Emilio Gamboa de que se respetería la propiedad social de la tierra, no se está cumpliendo, porque es evidente que el gobierno ya tomó una definición, pero nosotros como organizaciones también la tenemos para defender la tierra y los recursos naturales. Las empresas no van a pasar en los predios comunales y ejidales.

En tanto, Alfonso Ramírez Cuella, dirigente de El Barzón, señaló que la intención del PRI y del PAN es aplicar un despojo absoluto contra los campesinos, que afectará grandes extensiones de tierra, y además se destruye toda la procuración de justicia en materia agraria y ambiental.

Buscan legalizar despojo de tierras también en el sector de electricidad


Senadores agregan al plan de Peña figura de expropiación en favor de extranjeros o nacionales

Intenta el PRD que no aplique en propiedades de indígenas

Sería muy grave, señala Bartlett


Foto
Alejando Encinas, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Fernando Mayans, Zoé Robledo y Miguel Barbosa, entre otros legisladores, durante la discusión de las leyes secundarias en comisiones del SenadoFoto José Antonio López

Andrea Becerril
 Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2014, p. 13

La pretensión de despojar a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes en los que haya yacimientos de petróleo y gas se extendió también para el caso de instalaciones eléctricas.

En el proyecto de dictamen de nueva ley para ese sector, dado a conocer por los presidentes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, se señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.

La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida, junto con otras modificaciones.

En el capítulo VII, título segundo, del proyecto de dictamen se autoriza a las trasnacionales eléctricas a negociar con los dueños de los predios la contraprestación que les deberán pagar por rentar o comprar los terrenos donde construirán instalaciones de electricidad, generadores o ductos, pero el valor de los terrenos se acordará con un organismo oficial, de acuerdo con la Secretaría de Energía, no con los propietarios.

Al respecto, la senadora Dolores Padierna, del PRD, dijo que su bancada tiene reservados todos los artículos de la ley de hidrocarburos donde se establece el despojo de tierras, y lo propio hará en el caso de la industria eléctrica. Vamos a proponer cambios y que se señale expresamente que tales disposiciones no se aplicarán a superficies ocupadas por pueblos y comunidades indígenas

Por su parte, su homólogo Manuel Bartlett, del PT, dijo que sería gravísimo que tales normas se aprueben, ya que rompen el sistema de propiedad social.

Entre las modificaciones hechas a la propuesta original de Peña Nieto está precisamente que procederá la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica.

Se resalta en el proyecto de dictamen que las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

Que la Federación y los gobiernos de los estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal contribuirán al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

Asimismo, define que las empresas nacionales y extranjeras podrán acordar la adquisición, uso, goce, servidumbre o afectación de la modalidad idónea para el desarrollo de su proyecto eléctrico, entre ellas el arrendamiento, ocupación superficial, comodato, compraventa y permuta.

La contraprestación comprenderá pago en efectivo o en especie, o el compromiso de contratación del propietario o titular del bien o derecho de que se trate.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) mediará entre el afectado y la empresa contratista, y podrá sugerir la forma de adquisición o uso de los terrenos o propiedades donde se habrá de construir estructura eléctrica. Además, en caso de que el propietario no acepte los avalúos particulares, este instituto será el encargado de fijarlos.

Voces ciudadanas en la OEA




Miguel Concha

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que pronto cumplirá 20 años de acompañar con éxito a las etnias me’phaa, na savi, nauas y ñomndaa de la Costa Chica de Guerrero, en sus arduas luchas contra el oprobio y la discriminación, informó la semana pasada que, durante la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que con el importante tema central del desarrollo con inclusión social tuvo lugar en Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio anteriores, las organizaciones nacionales e internacionales participaron en la preparación y desarrollo del diálogo con el secretario general de la OEA, y del diálogo con jefes de delegación de distintos países y el propio secretario general, en los que se presentaron pronunciamientos de la sociedad civil, del sector privado y del gremio de los trabajadores.

Dada la importancia de su contenido, por conducto de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, compartió el pronunciamiento de los pueblos indígenas, una declaración del grupo de organizaciones de derechos humanos, un comunicado sobre la conmemoración de los 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y un pronunciamiento sobre la Declaración de Haití, aprobada en la cuarta Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el pasado 27 de mayo, en relación con la autonomía e independencia del sistema interamericano.

Teniendo en cuenta su actualidad, claridad, brevedad y contundencia, me parece importante destacar el pronunciamiento de los pueblos indígenas y, si hay espacio, algunos puntos de los grupos de derechos humanos. Partiendo de la base de que tienen una identidad propia y conservan en todo o en parte sus propias instituciones, y de que existen desde antes de las colonias española y portuguesa, y son además titulares de derechos inherentes que les vienen de sus propios pueblos, historia y culturas milenarias, y están reconocidos en el derecho internacional y en las constituciones de los estados a los que pertenecen, los representantes de los pueblos aborígenes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, Perú, Panamá, Paraguay, México y Canadá demandaron a la Asamblea General que instara a los estados miembros de la OEA a cumplir con las siguientes obligaciones: a respetar sus territorios como elemento esencial para su propia existencia como pueblos, así como la integridad e intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario; a respetar su derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas frente a toda actividad, proyecto e iniciativa de desarrollo, más aún si se quiere que sea inclusivo; a detener la violencia y la criminalización de líderes y lideresas indígenas que se oponen a actividades extractivas o de infraestructura dentro de su territorio; a detener la ocupación militar y policial de sus territorios ancestrales; a evitar que los estados usen la fuerza pública o apoyen la seguridad de empresas para imponerles megaproyectos que ponen en riesgo su integridad biológica, cultural y espiritual; a cumplir las sentencias, resoluciones, medidas cautelares y todo tipo de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a respetar los derechos de los pueblos indígenas, y a abrir un proceso de consulta y diálogo sobre el proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas para su pronta aprobación.

Pidieron también garantizar su plena y efectiva participación en el proceso de la asamblea y en todos los espacios de la OEA, e impulsar junto con ellos la realización el año próximo de la quinta Cumbre de los Pueblos Indígenas, previo a la séptima Cumbre de las Américas. Los grupos de derechos humanos coincidieron en la importancia de adoptar políticas efectivas y dirigidas a la eliminación de la pobreza y la desigualdad, respetuosas de todos los derechos humanos, reconociendo su interdependencia e indivisibilidad. A propósito de la niñez y la adolescencia, declararon que es también indispensable contar con un sistema de promoción y protección con enfoque de derechos y responsabilidad adolescente y juvenil digno y eficaz, para lo cual se requiere garantizar y facilitar su derecho a la participación en la discusión de políticas y programas integrales, incluidas las asambleas generales de la OEA.

Añadieron que es fundamental garantizar la protección integral contra toda violencia que los agreda, y rechazar el uso de una imagen criminalizadora construida por los medios masivos de comunicación. Exigieron a los estados que no los repriman y cesen en sus intentos de reducir la mayoría de la edad penal de niños, niñas y adolescentes. Rechazaron la criminalización y judicialización contra defensoras y defensores de derechos humanos en la región, y urgieron a los estados a valorar y reconocer públicamente su labor, así como a adoptar medidas efectivas para su protección, eliminando la impunidad de los crímenes en su contra.

Las organizaciones de derechos humanos consideraron que las políticas empleadas para responder a los problemas de las drogas y la delincuencia organizada, de corte punitivo y de militarización han resultado ineficaces, con altos costos económicos y miles de víctimas asesinadas, desaparecidas y torturadas, y en encarcelamientos masivos e inhumanos; campesinos e indígenas reprimidos y criminalizados; desplazamientos forzados; graves violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia; criminalización de cultivadores y usuarios de drogas, y políticas de inteligencia que violan la privacidad. Urgieron, por tanto, a los estados a que cambien el sentido de sus políticas de drogas y de lucha contra el crimen organizado, y centren sus esfuerzos en respuestas alternativas, innovadoras y con un abordaje integral y respetuoso de los derechos humanos.

Una organización internacional, siete regionales y 66 nacionales reclamaron también instituciones y políticas eficaces contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, más allá de la firma de instrumentos y la elaboración de leyes.

10/06/2014

Reporte del CentroProDH





*Centro Prodh hace un llamado para cumplir la Constitución y los instrumentos internacionales
Imagen retomada de InternetImagen retomada de Internet
México, DF, 9 de junio. Hoy se cumplen tres años de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que trasformó el sistema de protección de derechos humanos (DH) y que representó el cambio constitucional más importante en décadas para la protección de los derechos fundamentales.
Al respecto el Centro Prodh señaló, que a tres años hay retos significativos para su debida implementación y vigencia. “Vemos con preocupación la resistencia sistemática de Poder Judicial a juzgar con una perspectiva que incorpore los más altos estándares de derechos humanos. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y las de fuente constitucional conforman una red de derechos que están al mismo nivel sin relación de jerarquía. Este criterio no ha permeado a una gran mayoría de los operadores judiciales y que, lejos de ello, se niegan a implementar la reforma en sus competencias y jurisdicciones”.
Mencionaron que en el caso de Claudia Medina Tamariz, caso acompañado por el Centro Prodh y por Amnistía Internacional, el Poder Judicial de la Federación ha sido renuente a atender a sus obligaciones en torno a la tortura. Ello a pesar de que es evidente su vinculación con la única prueba originada en este marco de ilicitud y de violaciones a sus derechos humanos.
Asimismo, a la organización le preocupa que desde el Poder Legislativo se intente acotar y desnaturalizar el alcance de la reforma, ya que diversas iniciativas han buscado introducir una jerarquía entre constitución y tratados internacionales de derechos humanos, en una pretensión regresiva de la reforma; o bien acotar la interpretación judicial respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Por otra parte, el Centro Prodh señaló que no se ha legislado sobre la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, lo que implica procesos extenuantes para las víctimas que como Jacinta FranciscoAlberta Alcántara y Teresa González, que tuvieron que esperar seis años para lograr una reparación insuficiente, que aún hoy el Ejecutivo se niega a cumplir.
Cabe recordar que la reforma de derechos humanos de 2011 modificó 11 artículos de la Carta Magna y transformó la esencia de la Constitución, al reconocer los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo, estableció la obligación de todas las autoridades del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.
El Centro Prodh hizo un llamado a las y los juzgadores a respetar y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y con ello cumplir con los ordenamientos constitucionales y los contenidos en los instrumentos internacionales. “Queremos confiar en su compromiso con los más altos estándares que son el complemento perfecto de la ‘autonomía judicial’. Sólo en un país donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos –tarea primordial de los jueces, magistrados y ministros–, podremos percibir que en verdad comenzamos a caminar hacia el respeto y la justicia”, finalizó el comunicado.

Jun 10, 2014 08:50 am | Analisis_Prodh_NSA

*A 20 años de la adopción de la Convención, únicamente 15 de 35 países la han ratificado
"Lxs desaparecidxs nos faltan a todxs" / Foto: Olivia Vázquez“Lxs desaparecidxs nos faltan a todxs” / Foto: Olivia Vázquez
México, DF, 9 de junio. En el contexto del 20 aniversario de la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), organizaciones civiles nacionales e internacionales hicieron un llamado —a través de un comunicado de prensa— a las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para universalizarla, ya que únicamente 15 de 35 países la han ratificado.
La sociedad civil instó a los Estados miembros de la OEA a generar las legislaciones pertinentes que contribuyan a la investigación y erradicación de la práctica. Asimismo, instó a los gobiernos a cumplir con las sentencias y recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano (SI) en los casos de desaparición forzada, especialmente en el reconocimiento de la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos, ya que las víctimas y familiares quedan en un estado de completa indefensión.
El hecho de que las naciones adopten los estándares internacionales en materia desaparición forzada también incluye el pleno acceso a los archivos militares y/o policiales, la reivindicación de la memoria de víctimas y sus familiares, la generación de bancos genéticos para la búsqueda e identificación, la realización del derecho a la verdad y la protección efectiva de familiares y personas defensoras que acompañan los casos.
En este sentido, las organizaciones destacaron también el papel fundamental dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para la erradicación y prohibición de la desaparición forzada en el continente y pidieron que los organismos del SI continúen atentos para lograr la mayor protección posible ante esta práctica.
Asimismo, con motivo del 20 aniversario de la adopción de la CIDFP, la sociedad civil rindió tributo a los millares de personas desaparecidas en el continente y refrendó su compromiso con las y los familiares y víctimas por la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Firmaron el comunicado la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Global Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica, Honduras, México, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Brasil y Ecuador.


Medios convencionales
Vigilarán marcha por “El Halconazo” mil 940 policías, 110 patrullas y un helicóptero/Proceso La marcha por el 43 aniversario de la matanza del 10 de junio de 1971 será custodiada por mil 940 policías, 110 patrullas y un helicóptero, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF). Con esa fuerza humana y material, dijo en un comunicado, se buscará evitar la alteración al orden público, conflictos vehiculares, vandalismo y la comisión de ilícitos.
La mayoría de los mexicanos no se ha sumado al desarrollo/La Jornada En México ha aumentado la desigualdad social, sostuvo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y explicó que mientras en el país hay sectores que pueden competir a escala internacional y tienen productividad creciente, la mayoría de la población no ha podido integrarse al desarrollo.
Estos son los municipios con mayor “ambiente de violencia”, según Segob/Animal Político A través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación hizo pública la lista de los municipios con mayor “ambiente de violencia”, incluye nueve alcaldías de Chihuahua, seis de Tamaulipas, cinco de Morelos, cuatro de Guerrero, tres de Sinaloa, una de Colima y otra más de Oaxaca, en las cuales, de 2013 a la fecha, se han cometido un total de 2 mil 674 homicidios dolosos, es decir, 12% de los 21 mil 837 asesinatos registrados en México durante el periodo referido.
Huyen más de 250 personas de la violencia en San Miguel Totolapan,Guerrero/La Jornada Más de 250 personas abandonaron sus comunidades en el municipio de San Miguel Totolapan, debido a la violencia en esa localidad de la Tierra Caliente; se instalaron provisionalmente en la cabecera municipal de Ajuchitlán del Progreso y luego buscaron refugio en poblados de Iguala, Tecpan de Galeana y del estado de Morelos.
Temacapulín: “Que lo sepa el gobierno, no nos vamos a salir”/Desinformémonos “Siempre hemos luchado por la vía legal y apegados a derecho, pero ellos se burlan de la Suprema Corte. Ellos hacen sus leyes como un chaleco a su medida. Yo soy vieja pero me he vuelto una vieja rebelde y entiendo a los pueblos autónomos, porque si queremos caminar legalmente no nos dejan. Que sepa el gobierno: no nos vamos a salir, palabra de una vieja”, afirmó la señora Mary Chuy durante la Temacarava, recorrido organizado para constatar el incumplimiento de las autoridades al ordenamiento legal que impide elevar la cortina de la presa El Zapotillo más allá de 80 metros.
Se confirma “simulación de Estado” con cárcel a periodista Carmen Olsen/Revolución Tres Punto Cero Un nuevo y vergonzoso episodio de agresiones a periodistas culminó con el auto de formal prisión, que el Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC), dictó contra la directora del sitio rosaritoenlanoticia.info, Carmen Olsen, el pasado 5 de junio por supuestos ultrajes a la autoridad, situación que esta mañana durante el programa de Carmen Aristegui, fue denunciada por la organización no gubernamental Artículo 19, donde pidieron que se le otorgaran todas las medidas de protección dentro de la cárcel.
Procuraduría y SSP lideran recomendaciones de la CEDH/Plumas Libres En el primer semestre del año, la Procuraduría y la Secretaria de Seguridad Pública se mantienen en primer lugar con 7 recomendaciones cada una por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su presidente Luis Fernando Perera Escamilla, informó que también dos ayuntamientos recibieron recomendaciones “no recuerdo ahorita los nombres en este momentos”.
Alista Senado 87 cambios a iniciativa energética/Variopinto Los senadores comenzarán este martes en comisiones con el debate del proyecto de dictamen en materia energética, el cual promueve que la Secretaría de Energía elija el modelo de contratación correspondiente a cada licitación en materia petrolera. El Senado de la República prepara un total de 87 modificaciones al primer paquete de reformas energéticas enviadas por el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

Retomada del Informante de San LuisRetomada del Informante de San Luis
“No queremos más políticas asistencialistas, sino asegurar la prosperidad de los pequeños y medianos agricultores”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón. En vísperas del encuentro nacional, hoy, de diversas agrupaciones en la ciudad de México para analizar aspectos de la problemática del sector rural.
“Esta es una lucha por salir de la pobreza y reducir la enorme desigualdad que se vive en todas las comunidades rurales y en las zonas urbanas. También se trata de dar fuerza al reclamo de millones de consumidores agobiados por el abuso de los altos precios de los alimentos básicos, de detener la proliferación de la comida chatarra y de poner un alto a los monopolios que controlan las semillas, los fertilizantes, el acopio y la comercialización”, asentaron en la convocatoria del encuentro. La Jornada

Jun 10, 2014 08:08 am | Analisis_Prodh_NSA

Imagen del día
Llevan casi seis años ejercitando la memoria en las calles el primer sábado de cada mes. Iniciaron en septiembre de 2008 visitando cada vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de enero pasado decidieron cambiar la estrategia y ahora van a plazas y espacios públicos para que la gente los escuche.
Son integrantes del colectivo Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México y del Comité Eureka! y salen a contar una historia que muchos no conocen: la de los desaparecidos políticos en nuestro país. Subversiones
Foto: Ana Valentina López de Cea Foto: Ana Valentina López de Cea






Seminario NacionalSeminario Nacional
Convoca: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Propósito: presentar elementos metodológicos para la planeación estratégica, el fortalecimiento organizacional y la formulación de proyectos a través del marco lógico, así como intercambiar experiencias y generar estrategias de sostenibilidad financiera.
Fechas: Primer módulo 31 de julio, 1 y 2 de agosto | Segundo módulo 28, 29 y 30 de agosto | Tercer módulo: 9, 10 y 11 de octubre
Para solicitar más información se puede llamar al teléfono 01 (55) 5546 8217 extensión 102 o escribir al correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx
Más información dar clic AQUÍ

Foro “México ante la CEDAW”
InvitaciónInvitación

Asiste al encuentro con experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Cuándo: 13 de junio de 2014.
Dónde: Centro Cultural del México Contemporáneo | Leandro Valle 20 Centro, México, DF.
El cupo es limitado, te tienes que registrar al siguiente correo:adriana@consorcio.org.mx
¡No te lo pierdas!

Ante la ONU, gobierno de Peña achica cifra de desaparecidos


Destacado

Familiares de desaparecidos marchan al Senado. Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Las cifras sobre desaparecidos que maneja el gobierno de Enrique Peña Nieto en nada corresponden con las que recibió en marzo último la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el arranque del sexenio, el gobierno peñista admitió la existencia de 27 mil desaparecidos; sin embargo, el 22 de mayo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en el Senado únicamente 8 mil casos.

Y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la administración de Peña Nieto reconoció que de 2006 a 2013 se abrieron 291 expedientes por desaparición forzada, 99 radicados en el fuero federal y el resto en procuradurías de los 21 estados donde este delito está tipificado.

A las cifras manejadas por la actual administración federal, se agrega el desglose que dio el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el 21 de mayo: De la lista que la administración de Peña Nieto recibió de Calderón, de 26 mil 121 víctimas de desaparición, 15 mil 541 “no eran víctimas, sino personas que se habían ido y luego regresaron, pero las autoridades no estaban al tanto”, sino hasta que funcionarios de las procuradurías locales se pusieron en contacto con las familias; hasta el 15 de mayo de este año se encontraron sin vida 789 personas y el número de personas no localizadas era hasta esa fecha de 13 mil 195.

Pero además existen cifras del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien el 20 de mayo dijo que tiene el registro de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables de 2005 a la fecha”.

Ninguna de esas cifras se consignan en el reporte que el gobierno de Peña Nieto entregó a la ONU.

El informe entregado al grupo de expertos que da seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por México en 2010 reconoce que por este delito de “carácter pluriofensivo” sólo hay seis sentencias condenatorias, ninguna de ellas referida a hechos ocurridos durante la “guerra contra el narcotráfico” ni mucho menos durante el actual sexenio.

El documento de 47 fojas, turnado por la Cancillería mexicana al Comité contra las Desapariciones Forzadas el 11 de marzo y difundido un mes después, será analizado en la Séptima Sesión de dicho comité en septiembre próximo. En marzo de 2015 el organismo de la ONU emitirá sus observaciones y recomendaciones a México.
Bajo el apartado 10, titulado “Datos estadísticos sobre denuncias y sentencias sobre desapariciones forzadas” la información que proporciona el gobierno federal se concentra en dos párrafos, 73 y 74: “En el ámbito federal, entre 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República inició un total de 99 averiguaciones previas  por el delito de desaparición forzada de personas”  en tanto que “las procuradurías Generales de Justicia en las entidades iniciaron un total de 192 averiguaciones previas, en el mismo periodo”.

En un apartado más adelante el documento enuncia los estados que han tipificado el delito de desaparición forzada –concebida en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como aquellas que “sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”– en sus códigos penales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
En Guerrero y Chiapas hay leyes especiales.

Sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta y setenta, el informe se refiere a los 292 casos reconocidos en la recomendación 26/2001 de la CNDH, que dio pie a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 con Vicente Fox y desaparecida en la víspera de que Felipe Calderón tomara posesión en 2006.

No ofrece datos sobre cuántas averiguaciones dejó abierta la FEMOSPP sólo que ellas están a cargo de la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, y que los 292 casos de la recomendación, están siendo atendidos por el “Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la década de los sesenta y setenta”.

El informe cita seis sentencias por desaparición forzada en el ámbito federal, emitidas de 2005 a  2010. Todos se refieren a hechos atribuidos a agentes federales, cinco cometidos entre 2002 y 2005, y uno en 1977, que fue consignado por la extinta Femospp.

08/06/2014

Reporte del Centro ProDH



*Familiares de las 49 víctimas exigieron a EPN cumplir con promesa de investigar y sancionar a responsables
Por Olivia Vázquez Herrera

#JusticiaABC | Foto: Olivia Vázquez H.#JusticiaABC | Foto: Olivia Vázquez H.
México, DF, 5 de junio. El incendio en la Guardería ABC que en 2009 terminó con la vida de 25 niñas, 24 niños y que dejó a más de 70 con lesiones, pudo ser evitado “si el gobierno hubiera exigido a los dueños el cumplimiento de normas de seguridad para establecer la guardería, si no se hubiera desentendido de su obligación de otorgar bienestar integral a la niñez y si hubiera hecho cumplir las leyes y tratados internacionales de derechos de la infancia”, denunciaron madres y padres de las víctimas.
Integrantes de Movimiento Cinco de Junio (conformado por padres, madres y familiares) así como activistas, organizaciones y sociedad solidaria marcharon en silencio del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, expresaron que el incendio “no fue un accidente sino un crimen de Estado”, ya que las autoridades forman parte de una red de corrupción que busca beneficio económico: “Nos encontramos ante un sistema que ya no sólo roba dinero sino que también roba vidas”, manifestó Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las niñas que perdió la vida en la Guardería ABC.
Las y los asistentes a la Marcha Solemne de los 49 en el Distrito Federal pasaron lista por cada uno de las niñas y niños que no debieron morir en el incendio; y exigieron, con las fotografías de las víctimas frente a Palacio Nacional, a Enrique Peña Nieto cumplir su promesa de campaña de investigar y sancionar a las y los responsables.
Las y los integrantes del Movimiento Cinco de Junio evidenciaron la falta de interés del actual gobierno por hacer justicia a los 49 niños y niñas fallecidos en la guardería, ya que aún no han tenido respuesta del mandatario, quien en distintas ocasiones se ha negado a recibirlos en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ante la negativa, algunas y algunos miembros anunciaron además que realizarán una huelga de hambre hasta que Peña Nieto atienda sus exigencias.
También precisaron que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya reconoció que existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aún no ha obligado a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar a ex funcionarios como Ernesto Gándara (ex presidente municipal de Hermosillo), Eduardo Bours (ex gobernador de Sonora), Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam (ambos ex directores del IMMS), por mencionar algunos de los implicados.
Asimismo, las y los familiares señalaron que, aunque su lucha influyó para la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su reglamento —vigentes desde 2011 2012 respectivamente—, aún existe un gran influyentismo, no solo en Sonora, sino en todo el país, “y nos consta que la tragedia puede repetirse, pues hay guarderías en peores condiciones”, advirtió Luis Carlos Santos, integrante del Movimiento Cinco de Junio.
Finalmente, las madres y los padres de los 49 niños y niñas así como las y los activistas, intelectuales y artistas que les acompañan en su lucha, hicieron un llamado a la sociedad para que exija justicia no sólo por la muerte de las víctimas de la Guardería ABC sino por todas las niñas y niños que han perdido la vida en situaciones similares, y sobre todo, para que demanden a las autoridades la garantía que no volverá a ocurrir un siniestro de tales magnitudes.


Por Luis Eliud Tapia Olivares (@eliudtapia) | Opinión
Jacinta saliendo delTFJA |Foto: César Martínez LópezJacinta saliendo delTFJA |Foto: César Martínez López
Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena hñähñú (otomí) fue pionera en exhibir ante la opinión pública, las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia en México que discrimina a las personas por ser pobres e indígenas. Hoy también es pionera en trazar el camino para que personas que fueron víctimas de este sistema penal que fabrica culpables como le sucedió a ella, sean reparadas.
Resulta paradójico que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –sí, un tribunal que resuelve asuntos que pareciera que no tienen nada que ver con derechos humanos–, el que reconozca que todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a prevenir, garantizar, respetar y reparar violaciones derechos humanos tal como prescribe el artículo 1º de la Constitución Federal. Dichos deberes además son oficiosos, es decir, la autoridad debe actuar con independencia del seguimiento que hagan las víctimas de los procesos.
No es menor esta resolución, pues permite que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado. La importancia del caso de Jacinta es que al sumarse al ya resuelto para sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sienta jurisprudencia para la reparación del daño. Con ello la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se convierte, a través del TFJFA en un instrumento para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en términos de reparaciones a violaciones a derechos humanos.
Ahora bien, el TFJFA ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que repare el daño a Jacinta Francisco Marcial por los daños materiales y morales que le causaron autoridades pertenecientes a dicha dependencia. Asimismo, el Tribunal fue claro en señalar que la PGR debe disculparse públicamente ante Jacinta, por los mismos medios que ocupó para exhibirla como una peligrosa delincuente.
Debe precisarse además que debido a que el 20 de noviembre pasado el mismo Tribunal falló a favor de Alberta Alcántara y Teresa González prácticamente en los mismos términos que lo hizo hoy, la sentencia emitida a favor de Jacinta constituye jurisprudencia en relación a la reparación del daño a favor de personas injustamente encarceladas, por lo que todos los tribunales administrativos federales del país se encuentran obligados a aplicarla.
Finalmente, es importante indicar que ahora la pelota está del lado de la PGR, es decir, se encuentra constreñida a acatar la sentencia en sus términos y cerrar la brecha que existe entre el discurso proveniente del gobierno mexicano que pregona reparar violaciones a derechos humanos y la verdadera aplicación de tal discurso a la realidad.
En este sentido cabe recordar que el mismo procurador ha tenido expresiones públicas recientes en las que ha reconocido que “de nada sirve que exista un nuevo sistema penal, ni que se construyan edificios, laboratorios, patrullas, camionetas, si todavía existen funcionarios que no cambian una mentalidad y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos que derivan en situaciones molestas e injustas”.
Por ello esperaríamos que la PGR tuviera un gesto en favor de la ciudadanía y los derechos humanos al evitar presentar un recurso dilatorio en un caso tan evidente de injusticia como el de Jacinta.
Por parte del Centro Prodh no nos queda más que expresar nuestro agradecimiento a Jacinta y su familia por la confianza depositada. Cabe destacar que los primeros que defendieron los derechos de Jacinta fueron sus familiares, quienes nunca la abandonaron y todo el tiempo –incluso en las circunstancias más difíciles– reivindicaron su inocencia y lucharon por su libertad. Ese es el ejemplo que inspira nuestro trabajo diario.
*Este texto fue publicado inicialmente en la sección deOpinión de La Silla Rota


Medios convencionales
Así pierde la autoridad a los desaparecidos… luego de localizarlos/Animal Político En México, las autoridades omiten practicar análisis forenses de ADN a los cuerpos hallados, pese a que podrían ser de alguna de las miles de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. Las desapariciones en la administración de Enrique Peña Nieto, caso de Bárbara; una joven cuyos restos fueron hallados tres semanas después de su rapto, sin que las autoridades los analizaran, y por tanto, pasó un año y medio sin que fuese identificada.
Absuelven a siete indígenas mazahuas… cuatro años después/Proceso La justicia federal ordenó la liberación de siete indígenas mazahuas del estado de México que fueron detenidos en el sexenio pasado por la Policía Federal, acusados de formar parte del cártel de Los Zetas. El juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México decretó la absolución bajo el principio de la duda razonable.
Asesinan a dirigente indígena en Puebla/La Jornada Antonio Esteban Cruz, presidente del Comité Regional del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular en la comunidad Cuauhtapanaloyan, municipio de Cuetzalan del Progreso –en la Sierra Norte de Puebla–, fue asesinado a balazos el miércoles en el paraje El Rincón, en la ribera del río Apulco.
México es un país terrible para ser niño: infanticidios, violaciones, bullying y obesidad prenden focos rojos/Sin Embargo Infanticidios, violaciones, bullying y obesidad son algunas de las agresiones más graves que sufren los niños mexicanos. En los últimos días se han reportado diversos casos que evidencian la falta de atención de las autoridades federales y estatales hacia los menores, así como las trágicas consecuencias que estas omisiones provocan.
Puebla, donde el ejército resguarda a las empresas/Desinformémonos La utilización del ejército en comunidades poblanas para imponer por la fuerza la construcción del gasoducto, perteneciente al Proyecto Integral Morelos, pretende enviar el mensaje de que “no hay marcha atrás”, pero las comunidades ratifican su negativa a la obra y fortalecen su organización sin caer en provocaciones, evalúa Miriam Vargas, activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
En sus mochilas, mujeres migrantes cargan temores y esperanzas/Cimacnoticias A su paso por el albergue “La Sagrada Familia” en esta ciudad tlaxcalteca, la Caravana por el Diálogo Migrante, encabezada por el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, que acompaña a 60 personas (26 mujeres –cinco de ellas transgénero–, 11 niñas y niños, y 23 hombres) de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, exigió seguridad al gobierno mexicano y soluciones para abatir lo que llamó una “tragedia humanitaria”.
La transición del petroleo mexicano/Variopinto Dentro de la reforma energética, la comercialización del crudo que generen las empresas privadas, extranjeras principalmente, estará sometida a un periodo de transición en que Petróleos Mexicanos se hará cargo, pero después la asumirán comercializadores particulares, mediante concursos de licitación. Es decir, esa facultad también dejará de ser exclusiva de la paraestatal.
Libres 7 supuestos narcos mazahuas/La Silla Rota Siete personas pertenecientes a la etnia mazahua fueron absueltos de los delitos de narcomenudeo y portación de armas sin licencia y para uso reservado a las Fuerzas Armadas. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Juicios Penales Federales en el Estado de México determinó que no había elementos suficientes para mantener privados de su libertad a los siete mazahuas que fueron detenidos, por lo que se procedió a dictar sentencia absolutoria.

Jun 06, 2014 08:25 am | Analisis_Prodh_NSA

Imagen retomada de honduras tierra libreImagen retomada de honduras tierra libre
“Estoy huyendo de Migración, de la Policía Federal, se nos nota que somos migrantes, nos detienen y nos exigen dinero. Lo poco que traemos se nos acaba. Tenemos que viajar en el tren que es un riesgo bastante grande. Yo lo hice y camino a Oaxaca fui secuestrado por los maras. Me bajaron del tren y me hicieron mucho daño: 26 machetazos me dieron. Aquí ando por voluntad de Dios”, dijo Emerson Javier Arias, hondureño acompañados por Alejandro Solalinde. La Jornada



El 2 de junio del 2014 se venció el plazo para impugnar la Ley anti marchas de Quintana Roo. El titular de la CNDH Raúl Plascencia declaró el 20 de Mayo del 2014 ante la Cámara de Senadores que revisaría la ley y la posibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad. No lo hizo.
A través de este video el Frente Por la Libertad de Expresión conformado por 10 organizaciones de la sociedad civil exigen a la CNDH una respuesta por esta falta de actuación.
Firman: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social


Fotograma del videoFotograma del video

Jun 06, 2014 08:00 am | Analisis_Prodh_NSA


 
Seminario – Taller. Convención de Belem do Pará, 20 años. CEDAW, 35 años.
Cartel del Seminario - TallerCartel del Seminario – Taller
Impartido por la Dra. Alda Facio. Jurista, especialista en Género y Derechos Humanos de las Mujeres y experta del Grupo de Trabajo de la ONU s0bre la discriminación contra la Mujer.
Cuándo y dónde: 9, 10 y 11 de junio, en el Salón Verde, edificio A, 2do. piso del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Horario: De 10:00 a 18:00 horas.
Convocan: Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados LXII Legislatura, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y JASS -Asociadas por lo Justo.
Se expedirá constancia.

Venta Especial de arte por Wirikuta

Productos a la ventaProductos a la venta
Venta de piezas de arte pieza de arte con descuentos hasta del 40%. Con el donativo se apoyará la colecta de fondos que se destinan a gastos del Consejo Regional Wixarika para la Defensa de Wirikuta
Dónde: Buscapié Café (Avenida Monterrey 225 B, Col. Roma Norte).
Para ver la galería de productos, da clic aquí

Madres llevarán caso ABC ante la justicia internacional



   Años de lucha y organización les dan fortaleza ante impunidad

Estela y Julio César, padres de “Yeye”, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC |  


A cinco años de la tragedia de la Guardería ABC ocurrida el 5 de junio de 2009 en esta ciudad, la capacidad de organización de madres y padres ha dado mucho de qué hablar.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio se registró como asociación civil y emprendió una cruzada nacional, para obligar a todas las estancias infantiles públicas y privadas a ajustarse a una política nacional de cuidado infantil.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo.-

La experiencia vivida en carne propia les dio energía para trabajar por meses en una propuesta de iniciativa de ley general, sin precedentes en México, pues cada sistema de las llamadas guarderías se guiaba por su propio reglamento.

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, expedida el 24 de octubre de 2011, fue el resultado de un profundo compromiso con la niñez que en la forma más auténtica nació en estas madres y padres.

Por su parte, la organización Manos Unidas emprendió la tarea de exigir personalmente a Felipe Calderón, así como al entonces candidato, hoy presidente Enrique Peña Nieto, para que retomaran su responsabilidad en la impartición de justicia.

A través de la Procuraduría General de la República (PGR) han insistido para que se sepa qué fue lo que pasó exactamente para que se produjera un incendio de esas proporciones, destruyendo la Guardería ABC, junto con la vida de sus hijas e hijos.

La diferencia en las versiones ha sido pública. Mientras varios peritajes dicen que el siniestro se produjo por un sobrecalentamiento en un aparato de enfriamiento, otros dicen que fue provocado por una persona que habría sido contratada para ese fin, y cuyo objetivo no era la estancia infantil, sino la bodega de Hacienda contigua al local.

Sin embargo, no ha sido eso lo que ha retrasado la justicia, sino el litigio de cada uno de los acusados, quienes han contratado despachos de abogados de renombre nacional para salir absueltos del caso.

Por ahora son dos los dueños de la guardería que han sido exonerados: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, y Antonio Salido Suárez, por no tener la “obligación” del cuidado de las y los niños, pues “sólo eran socios capitalistas”.

Por su parte, tres supervisoras del IMSS fueron detenidas y estuvieron temporalmente en el Centro de Readaptación Social Número 1 de Hermosillo: Irma Crescencia Díaz, Delia Botello y Yadira Barreras, quienes ahora están libres.

Funcionarios mencionados en la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara; Juan Molinar Horcasitas –ex titular del IMSS–, y Carla Rochín Nieto –ex coordinadora nacional de Guarderías del IMSS–, entre otros, ni siquiera fueron llamados a declarar.

Peor aún, la Organización de las Naciones Unidas otorgó un premio por el programa de estancias infantiles a Felipe Calderón en julio de 2012, ante lo cual madres y padres protestaron enérgicamente afirmando que ese premio está “manchado con la sangre de nuestros hijos”.

PICAR PIEDRA

En los tres años recientes también se han diversificado las formas de difundir el caso. El documental “ABC nunca más”, de Pedro Ultreras, fue el primero en su género en internacionalizar la situación de las familias y las secuelas en sus vidas.

Se estrenó en Nueva York con la presencia de las y los protagonistas, y después continuó con otras proyecciones en la Cineteca Nacional para después ser incluido en la cartelera comercial de varias ciudades de México.

En tanto, los impulsores de la nueva ley de estancias infantiles, conocida como Ley 5 de Junio, continuaron la cruzada nacional impulsando el reglamento a la Ley General, detenido por Calderón, quien finalmente lo publicó el 24 de abril de 2012, aunque fuera del tiempo estipulado y presionado por la movilización del Movimiento 5 de Junio.

Pero no se quedaron ahí. De inmediato empezaron a impulsar las leyes estatales, siendo la de Sonora la primera. Aquí también se dio el cabildeo con la comisión encargada de dictaminar la ley, pues ante lo novedoso de la misma, el Congreso local discutía cuestiones intrascendentes para las madres y los padres, mientras que lo verdaderamente profundo no se plasmaba en el texto.

Al mismo tiempo iniciaron el acercamiento con las nuevas autoridades del IMSS para iniciar la implementación de la nueva norma en las estancias infantiles del instituto.

Se convirtieron en vigilantes a través del ejercicio ciudadano de contraloría social que empezó a ser parte de sus labores, para lo cual recibieron capacitación de académicas interesadas en el tema de la justicia social.

Campañas en redes sociales y entrega de folletos a usuarias de estancias infantiles formaron parte de la difusión.

Con las marchas de aniversario, la sociedad sonorense hizo suyo el caso ABC. La concurrencia de alrededor de 20 mil personas en cada una de ellas nos habla de lo insólito que pueden resultar los movimientos sociales ante una afrenta de este tamaño. La lección que nos deja es conocer lo que puede llegar a provocar una sola cosa: la indignación.

Las formas de manifestarse tanto de personas afectadas como de grupos solidarios también se hicieron presentes.

En el tercer aniversario la sorpresa mayúscula la dio una asociación de transporte que decidió destinar el área de publicidad de 50 camiones urbanos para honrar a cada una de las 49 niñas y niños fallecidos, y uno más al grupo completo.

Ver esos rostros amplificados por las calles de Hermosillo era el recordatorio puntual de la justicia denegada.

Los anuncios espectaculares fueron otra de las herramientas utilizadas por madres y padres para echar en cara a las autoridades que ellos no tendrían límite en su exigencia de justicia. Y aunque esa estrategia fue propia del primer aniversario, algunos padres continuaron con ella en los siguientes años.

En ese contexto de impunidad y lucha, más de 12 madres de niñas y niños fallecidos decidieron embarazarse de nuevo y hoy cuentan con un nuevo integrante de la familia, e incluso con dos. Pero su nueva organización familiar no ha disminuido su deseo de justicia.

Por el contrario, esto les ha dado más energía y sobre todo un poco de felicidad ante tanta tristeza y desencanto. Saben que la lucha será larga y que lo más probable es que se defina ante organismos internacionales.

Y es que madres y padres han llegado a la conclusión de que la justicia ha sido denegada en México. Cumplirán con el requisito de ir a todas las instancias necesarias para robustecer su expediente, pues la única sentencia para que haya justicia vendrá de fuera y eso será lo único que premiará su paciencia.