23/07/2017

México: el país más impune en materia de desaparición forzada


By Zósimo Camacho @zosimo_contra

Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias

Al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del último año del sexenio pasado, de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300.
Las recomendaciones han sido emitidas, en su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero también, por otras nueve instancias de la Organización de las Naciones Unidas: el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sus Causas y Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la  Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak –que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista–, que recibió 68.
Oficialmente, México reconoce 30 mil 942 personas desaparecidas (forzadas o no) o extraviadas, como reportó la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi 7 mil son menores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de las víctimas aseguran que la cifra total real es superior, pues muchos de los casos no se denuncian.
Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de 2010 y hasta el 30 de abril pasado. Supo de la situación mexicana, conoció el caso de los 43, visitó el país, se reunió con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de derechos humanos, con funcionarios de los tres niveles de gobierno de México y emitió recomendaciones.
A pesar de ser cauto, su evaluación es clara: México ha faltado en todo. “En general, el Estado [mexicano] ha fallado en sus respuestas en materia de verdad, justicia y reparación”.
Pero no es estridente. En entrevista con Contralínea, señala que no se puede generalizar la actuación de todos los servidores públicos. “Hay muchas autoridades a nivel estatal como a nivel de la Federación, y a nivel de los tres Poderes del Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial], que tienen voluntad de hacer las cosas bien, desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El problema es con dos tipos de funcionarios: aquellos “que están implicados en desapariciones forzadas” y aquellos “que no tienen voluntad política para tratar las necesidades de las víctimas de desapariciones forzadas”.
La primera recomendación que hizo a México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue el de reconocer la dimensión del problema, recuerda el abogado Santiago Corcuera Cabezut.
El maestro en derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y quien fue presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada hasta junio pasado, sentencia: “si  no se reconoce la dimensión del problema no se van a seguir las recomendaciones que las instancias internacionales le hacen al destinatario”.
Y es que el gobierno mexicano, lejos de aceptar las recomendaciones de las instancias internacionales, las descalifica y cuestiona la integridad y la capacidad de las organizaciones que las emiten.
En entrevista con Contralínea, Corcuera Cabezut explica el comportamiento del Estado mexicano con una analogía: “Es como un paciente que va al médico por alguna afectación. El médico le dice que tiene una grave enfermedad y que debe seguir un tratamiento; pero el paciente se enoja con el médico, le dice que exagera, y va a ver a su abogado para preguntarle si las recomendaciones apuntadas son de carácter obligatorio”.
?¿Esa falta de voluntad política tiene su origen en que podría haber funcionarios implicados en la desaparición forzada? –se le pregunta a Corcuera Cabezut.
?No lo sé. No sé qué piensan: si se sienten agredidos, dolidos… no lo sé. Lo que sí puedo juzgar es la reacción que exteriorizan: es la descalificación de las instancias internacionales que les formulan recomendaciones y la negación del problema. Y ante tales actitudes, no habrá solución para el problema.

“El Estado mexicano no se va a hacer el harikiri”, dice sin ambages el luchador social Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).


“El Estado mexicano no tiene el deseo de que se conozca la verdad de los desaparecidos porque él mismo está implicado. Va a seguir protegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los posible porque no se sepa cuáles son esas cadenas de transmisión que mueven la necesidad de protegerse entre unos y otros, sean militares, policías y civiles”, señala el luchador social que demanda la presentación de personas que fueron desaparecidas desde las décadas de 1960, 1970 y 1980, el periodo de la Guerra Sucia.
A decir de Julio Mata, basta un hecho para corroborar que no hay voluntad política de las autoridades mexicanas para que se conozca la verdad y se haga justicia en materia de desapariciones políticas: hoy y durante la “alternancia”, cuando por 2 sexenios detentó el Poder Ejecutivo Federal el Partido Acción Nacional (PAN), se mantiene la negativa de abrir los archivos del Ejército Mexicano.
Entrevistados por separado, los especialistas coinciden en que hay una condición para que no se haga justicia en materia de desapariciones y también para que sigan ocurriendo estos crímenes considerados de lesa humanidad: la impunidad.
Para Julio Mata, si hay algo que caracteriza a las desapariciones que hoy ocurren en México con las del periodo de la Guerra Sucia es la impunidad. “El Estado es responsable”, señala. Incluso reitera esa responsabilidad para los casos en los que no se consideran desapariciones forzadas: “Ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia, el Estado mexicano es responsable”.
Desde 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano autorización para realizar una visita de trabajo para revisar los avances en el combate a este crimen. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han respondido al organismo internacional.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto el Comité contra la Desaparición Forzada como el Consejo de Derechos humanos (ambos de la Organización de las Naciones Unidas) tuvieron que recomendar “enérgicamente” al Estado mexicano que reconociera la competencia del propio Comité contra la Desaparición Forzada para formularle recomendaciones.
Muchas otras “sugerencias” vendrían para que las autoridades mexicanas pusieran en práctica las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales.
Sólo en materia de investigación de casos de desaparición, el Estado mexicano recibió 30 recomendaciones en lo que va del sexenio. La mayoría de ellas, formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la que investigó la desaparición de forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Además de las recomendaciones en materia de investigación, el Estado Mexicano recibió “sugerencias” para acatar el régimen internacional de protección; adecuar el marco legislativo para atender la desaparición de personas (en general, y en particular la desaparición forzada); clarificar la situación legal de las personas desaparecidas y de sus allegados; construir un registro único nacional de personas desaparecidas confiable y útil; generar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas sin dilaciones y de oficio; para reformar la jurisdicción militar en la materia; de protección y apoyo a las familias y personas que denuncian, participan o defienden casos de desaparición; establecer un registro de personas privadas de la libertad; garantizar el derecho a la libertad personal (entre otros asuntos, derogar la figura del arraigo); prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; otorgar particular atención a las desapariciones de mujeres; sancionar en la legislación la desaparición de niñas y niños; instrumentar un programa especial con respecto de las desapariciones de la Guerra Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y garantizar el derecho a la reparación.
Sobre este último apartado, la primera recomendación de 2015 –formulada por el Grupo de Expertos Independientes– señala que el Estado mexicano debe “concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos”.

La segunda se refiere a otorgar una reparación integral “y transformadora” a las víctimas. “Toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada debe contar con reparaciones tales como: medidas de rehabilitación, satisfacción, compensación, restitución si es el caso, y garantías de no repetición. Con base en los estándares internacionales de derechos humanos se deben reparar los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los daños inmateriales (medidas simbólicas) y el daño al proyecto de vida”.

A pesar de ir a contracorriente y de la falta de voluntad de los funcionarios, los familiares de los desaparecidos no tienen otra opción que seguir exigiendo al Estado mexicano justicia.
A decir de Corcuera Cabezut, las demandas a las autoridades “deben ser, uno, que reconozcan la dimensión del problema; dos, que pongan en práctica todas y cada una de las recomendaciones que las instancias internacionales han hecho con el fin de ir superando poco a poco la gravísima crisis humanitaria en la que el país está sumergido, donde hay práctica generalizada de la tortura, donde en muchas regiones del país pudieran estarse presentando desapariciones generalizadas y donde muchas de las cuales se trata de desapariciones forzadas (es decir, cometidas por agentes estatales]”.
Zósimo Camacho

19/07/2017

Policía de Aureoles dispara a hombre de la tercera edad; “le dieron en el pulmón y la bala le salió por el pecho”


By Emma Martínez

Celia Morales Maldonado se encontraba en su casa, ubicada en una de las calles principales de la comunidad de Arantepácua, Michoacán. Mientras realizaba sus actividades diarias, su esposo Francisco Jiménez, de 65 años, se encontraba justo a lado de su domicilio en su taller de carpintería.
Pasado del medio día comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego y de inmediato vieron como la gente salía de sus casas y corría en dirección a los cerros, mientras huían, gritaban que los policías estaban entrando a las casas y disparando con armas de fuego, narra Celia a Revolución TRESPUNTOCERO.
“Yo cerré mi casa porque tuve mucho miedo. Estaban disparando a quien le tocara. La gente sí salió de su casa primero a preguntar qué estaba pasando y a quién disparaban, pero en lugar de recibir respuesta comenzaron a agredir a todo aquel que se acercara a saber qué era lo que pasaba. 
Mi esposo falleció durante ese ataque. Él tiene un hermano que vive en la entrada de la comunidad, al oír que habían balazos, me dijo que iba a ir a ver que estuviera bien, que no le hubiera hecho nada la policía. Sin embargo conforme fueron pasando las horas me preocupó que no regresara”, relata Celia.
Por lo que Celia salió a buscar a Francisco y después de caminar durante un rato lo encontró en una parcela, su cuerpo estaba boca a bajo. Tenía un disparo en la espalda. “Le dieron en el pulmón y la bala salió por el pecho”, señala.  Agrega, “nosotros seguimos pidiendo justicia porque hasta ahorita nadie nos ha dicho nada. No nos informan qué está pasando. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea castigo a los culpables”. 
Celia reclama la nula respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que aun cuando visitaron la comunidad, se entrevistaron con los pobladores y reunieron material para avalar una recomendación y darles el respaldo a las familias de las víctimas de muerte y los heridos, esto no ha sucedido. 
“¿Cómo es posible que el gobierno así nada más por nada más mande a su gente a matar a los nuestros?. No fue uno, fueron más. Yo quiero que haya una búsqueda y que me digan quiénes le dispararon a mi esposo, es lo único que estoy pidiendo”, puntualiza Celia. 
En Arantepacua, Michoacán, la población hizo un acto de protesta a las afueras de la comunidad, después que 38 de sus compañeros fueran detenidos de manera arbitraria, luego de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno estatal con respecto a un acuerdo para la paz entre comunidades. 
Como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, en abril pasado, luego de ser detenidos los 38 comuneros fueron llevados a la fiscalía regional de Morelia.  Y aunque la población conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, no cedieron.
Por lo que el segundo paso fue realizar una protesta en la carretera, a donde llegaron más de 700 soldados con armas, quienes, a decir por los testigos, sin mediar palabras dieron inicio a la represión, entraron a la comunidad y agredieron a las familias dentro de sus casas. Donde dejaron heridos, pero también se cometió la ejecución extrajudicial de cuatro pobladores, a quienes les dispararon por la espalda, mientras corrían para esconderse de la violencia.
Por su parte, José Jiménez quien también es familiar de una víctima de ejecución por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, señala que “ese día el pueblo determino apoyar a los compañeros que habían sido detenidos de manera injusta. Así es como llega la policía de manera agresiva e irrumpe en la población, sin ningún protocolo. 
Cuando no había por parte de la comunidad un acto violento ni irregular. Hubo balazos y fue por eso que la gente comenzó a huir de manera despavorida, así es como obtienen el control total de la comunidad y es así como invaden las casa, a fuerza de golpes y amenazas”, describe Jiménez a Revolución TRESPUNTOCERO.
Mientras se desarrollaba un caos de miedo y de terror, indica Jiménez, no se conocía quienes había sido heridos y masacrados y es después de las cuatro de la tarde cuando se reorganiza el pueblo. Y se acordó salir a caminar para identificar a quienes necesitaran ayuda.
“Desafortunadamente fuimos encontrando muertos. En este caso fueron dos familiares míos. Los dos fueron asesinados por arma de fuego. Uno de mis familiares fue encontrado muerto en la entrada de la comunidad, y la otra persona era Luis Gustavo, el menor al que ejecutaron cuando intentaba escapar.
De entrada los hechos fueron tristes, dolorosos y había una impotencia y desesperación. Todos estábamos llorando por ver la manera en que habían acabado con la vida de nuestra gente, nuestros familiares. Hay coraje intenso al no poder hacer nada”, indica Jiménez. 
José Jiménez comenta que a su primer familiar lo encontró en un patio baldío, donde piensa, se quiso resguardar para pasar desapercibido por los policías. “La persona era mi tío y tenía un balazo en la espalda. Sin vida y bocabajo así lo encontramos”. 
“No entendimos por qué si el gobierno está para protegernos envió a sus policías a asesinar a nuestra gente, sin saber cuál era la razón de tanta saña, por eso el pueblo quedó desolado en aquel momento, todos querían huir por el mismo temor, que no era para menos.
Aunque Derechos Humanos vino e investigó todo el caso, no sirvió de nada. Hasta ahorita no ha sacado ningún tipo de resultado en la investigación mucho menos emitido ninguna recomendación”, añade José.
Sobre el caso,  Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO “hubo varios heridos de bala en los brazos, en los pies, en la espalda pero que se salvaron de morir, más los cuatro muertos. También hubo golpeados”, esto por parte de la policía de Silvano Aureoles, pero también se ha dado a conocer que al lugar llegó la Policía Federal y el ejército.
La comunidad sigue con la duda de lo que pasó, nunca se esperó esta acción. Nosotros solamente queremos que se dé con los culpables porque estos son crímenes de lesa humanidad, añade Simón. Quien además afirma que si el gobernador fuera digno debió de retirarse de su cargo. 
“Pero sabemos que tiene grandes compromisos e intereses con la cúpula. Por lo que vamos a exigir que ahora sí se respeten los acuerdos internacionales y las leyes que protegen a nuestro pueblo de ejercernos bajo usos y costumbres”, agrega.
Cabe señalar que la comisión que representa a la comunidad ha ido con los diputados ha exigir que intervengan en la búsqueda de justicia, ya que, menciona Simón, “ellos son representantes del pueblo y ahí hay una comisión de seguridad y de atención a las comunidades indígenas por lo que deben hacer algo”, puntualiza Simón. 

Familia Sarabia, entre los espiados por Moreno Valle; Meztli estaba siendo espiada minutos antes de su muerte


A semanas del homicidio de Meztli Sarabia, hija del líder social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, este martes el medio de comunicación e-consulta dio a conocer una serie de personajes públicos en Puebla han sido espiados, en la lista figura la familia Sarabia.
Quienes después del homicidio de Meztli han recibido amenazas de muerte, tanto para la esposa de Simitrio como para sus hijos. De acuerdo a la información del reportero del medio, existe una lista donde se puede observar que el espionaje se realizó por medio de llamadas telefónicas, correos, y mensajes de whatsapp, los cuales fueron intervenidos ilegalmente. En la información se da a conocer el número de archivos que existen de cada uno, y el tiempo de grabación de cada objetivo.
“En el top ten de las intervenciones telefónicas efectuadas por la oficina o los nidos de espionaje a cargo de Joaquín Arenal, pero que operaron bajo el amparo del gobierno de Moreno Valle, figura la esposa del líder de la 28 de Octubre, Rita Amador López, con 40:48 horas”, versa un fragmento de la publicación.
Luego de conocer dicha información, Rita Amador, Dirigente General de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, fue entrevistada en exclusiva por Revolución TRESPUNTOCERO y repudió el hecho. Además dijo, “ya habíamos denunciado el espionaje pero no teníamos manera de comprobarlo. Porque cada vez que marcaban me cortaban las llamadas, habían zumbidos de grabaciones, se escuchaba el eco. Nosotros sí sabíamos que nos estaba grabando pero tampoco estuvimos tan seguros. Ya este martes que lo dan a conocer en un medio, hasta con fechas y tiempos, no hay otra cosa que repudiar esa acción”.
Además, señala que es una clara intromisión a la vida privada. “Por supuesto que no me parece correcto y eso para nosotros debe ser una línea de investigación en el caso de la muerte trágica de Meztli. Porque finalmente deben de saber los movimientos de las personas si son quienes estuvieron infiltrándose y conociendo datos.
Cabe señalar que cuando yo puse las denuncias sobre las amenazas de muerte que yo recibí, nadie hizo nada y me seguían llamando por teléfono y les proporcionamos los números, claramente no investigaban criminales sino a las propias víctimas, lo que hacíamos en nuestra vida cotidiana”, declara Rita Amador.
Quien a su vez comenta que desde el 2014, con respecto Moreno Valle hubo una cerrazón, no había diálogo pero si una represión que cada vez se recrudecía más, con la intención de causar terror cada vez más a la familia. “En nuestra organización hubo despojos, gente golpeada cuando nos quitaron las áreas de trabajo en vía pública. También secuestraron a un compañero lo golpearon, hubo gente cooptada, a quienes les dieron las tareas del trabajo que nos correspondían.
“Hicieron y usaron todo con tal de destruir a la UPVA 28 de octubre. Ese es el fin, la intención es acabar con la organización, puesto que es un referente de resistencia porque no nos dedicamos a ninguna actividad ilícita y tampoco somos criminales como lo han tratado de hacer ver en diferentes momentos”, declara Rita Amador.
La líder, reitera que lo que vieron durante los últimos tres años del gobierno de Rafael Moreno Valle fue una cuestión de hostigamiento, despojo, de terror. Sin diálogos solamente imposición, oídos sordos a las peticiones. “Hasta este momento si no logramos conocer lo que realmente pasó con respecto al homicidio de Meztli, nosotros creemos que el gobierno de Rafael Moreno Valle continúa”, insiste.
Con respecto a las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle, la líder comenta que, “se ha vanagloriado siempre de tener mano dura. Aquí en Puebla deja el recuerdo del homicidio de un menor con una bala de goma. Hubo personas que por presentar una cartulina o decir no a la ruta articulada, fueron encarcelados.
Aquí en Puebla, exceptuando a quienes benefició Moreno Valle de alguna manera, todos los demás nunca tuvimos voz. Él siempre se quiso adelantarse a las políticas que se están aplicando a nivel nacional, para ser tomado en cuenta a la hora de querer ser candidato a la República. Yo pediría que todo mundo volteara la vista hacia Puebla. Para que vean en la pobreza, inseguridad y endeudamiento que nos dejó. Basta imaginar que si así tiene un pedacito del país en estas condiciones, qué no va a pasar en todo el país, donde va tener mano dura para todo”, sentencia Rita Amador.
Además, señala que el crimen creció grandemente en Puebla. Ahora mismo a nosotros nos han amenazado, a mi hijos que no están conmigo. También a los hijos de otro compañero que está preso. Es decir, vivimos una plena impunidad e inseguridad, comenta.
Rita reitera que la 28 de Octubre es una organización social legalmente constituida y no tienen ningún nexo con ningún criminal, por lo cual exigirán a las autoridades lo reconozcan, puesto que han sido en distintas ocasiones, los mismos gobiernos quienes relaciones a la organización con distintos grupos ya sea delictivos o armados.
En cuanto al tema del pronunciamiento de la Fiscalía, órgano que a las horas de asesinada Meztli Sarabia, señalaron que la línea de investigación era nexos por narcomenudeo, la familia aclaró que “el argumento de ellos para decir que la 28 está involucrada con el crimen es porque dicen que hermanos y padre están sujetos a proceso por narcomenudeo.
Pero se les olvida decir que hemos ganado amparo tras amparo, porque no ha habido ninguna forma para demostrar que ellos cometieron dichos delitos. Ya se ganaron los amparos pero los mantienen detenidos y esas cosas no las dicen. En definitiva tratan de criminalizarla a ella ya muerta”, agrega Rita.
Quien exige a la Fiscalía rinda cuentas y avances en el caso, pero también en el hecho del casi levantamiento del que en su momento fue víctima Meztli, por parte de judiciales, ya que en aquel tiempo también la amenazaron y le pusieron la pistola en la cabeza, indica la líder social.
“Ellos nos dicen que eso no es una línea de investigación, porque eso es otra cosa. Si ya hubieran investigado y comprobado que no fueron judiciales entonces sí tendríamos que ver otras maneras, pero como nunca lo investigaron sigue vivo y debe ser una línea de investigación, igual que ahora lo debe ser este nuevo hallazgo que nos estuvieron espiando.
Es decir sabían todos los movimientos de ella, a dónde salía y dónde estaba ubicada en el momento de su muerte. Porque justo en el momento que la mataron ella estaba llamándonos a nosotros. Colgó y en unos minutos la mataron. Entonces si estaba siendo espiada las autoridades deben de saber y deben tener esa línea de investigación, por lo que exigimos justicia. Hasta el momento no nos han dado avances”, puntualiza Rita Amador

18/07/2017

Policía de Aureoles dispara por la espalda a un menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza

El menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza



Con miedo, porque los elementos ya se encontraban invadiendo casas, golpeando y disparando en contra de la población, apresuró el paso, pero eso no fue suficiente cuando le dieron alcance. Le dispararon por la espalda, como a otras tres víctimas.
En aquel momento, mientras la violencia se desarrollaba dentro y en los alrededores de la comunidad, el maestro Francisco Hernández, se encontraba apoyado la manifestación. Y comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que en ningún momento la policía se acercó a dialogar, como lo indica el protocolo en este tipo de casos. “Llegaron y de inmediato comenzaron los empujones, comenzaron a disparar.
Muchas veces los policías vienen con sus escudos y macanas, pero esta vez los más de 700 elementos venían armados y todos disparaban. A mí me mataron a mi sobrino, quien era como un hijo para mí. A Luis Gustavo lo mató un grupo de policías que se burlaron de él al momento de su muerte”.
Francisco ya estaba enterado que había muertos y heridos y aunque le avisaron que su sobrino Luis Gustavo se encontraba dentro de los fallecidos no podía creerlo. Hasta que lo vio con un impacto de bala en la espalda.
“Después del disparo Luis Gustavo todavía se estaba arrastrando. Seguía luchando por su vida y llegaron los policías y le dieron el tiro de gracia. También tenía fuertes golpes, según la doctora que lo revisó cuando él ya se encontraba muerto. No le dejaron de dar patadas en distintas partes”, asevera Francisco.
A Luis Gustavo lo encontraron alejado de la comunidad, ya que como gran parte de los pobladores intentó huir a los cerros para poder resguardarse. Sin embargo lo alcanzaron. “Nosotros tenemos coraje contra los policías, contra el gobierno por el asesinato de mi sobrino quien era estudiante, no era un delincuente y venía de la escuela. Esto nunca lo vamos a superar”, añade Francisco.
Para los familiares de las cuatro víctimas de ejecución extrajudicial perpetrada por la policía del perredista Silvano Aureoles, exigir justicia y ejercer su libertad de expresión y manifestación no es irrumpir ni molestar a las autoridades que no solamente no les han dado respuesta alguna ante las ejecuciones, sino que las han mantenido en silencio, a casi cuatro meses de los hechos.
La semana pasada pobladores de Aratepacua, no irrumpieron como se mencionó en medios (aclara Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales), “ejercimos nuestra libertad de expresarnos para pedir justicia, la que se nos ha negado”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.
En el acto, donde se encontraba presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, pidieron la renuncia del mismo, por lo ocurrido en abril pasado cuando elementos policiacos entraron a la comunidad de forma violenta y asesinaron a cuatro personas, todas ellas con tiros por la espalda.
A inicios de abril pasado, un grupo de aproximadamente 40 habitantes viajaron a Morelia para sostener pláticas con autoridades, con el fin de mantener la paz y respetar los acuerdos firmados con la población de Capácuaro. Ahí consiguieron un acuerdo.
Por lo que regresaron a su población. Sin embargo, al poco tiempo de esto, fueron detenidos por la policía estatal por transitar en un vehículo ‘’robado’’, señalaron los elementos.
“Nosotros habíamos entregado un documento que indicaba cómo podíamos arreglar sin violencia la situación con la otra comunidad. Parecía que todo había llegado a buen término, sin embargo al regreso nos detienen. Incluso cuando salimos de nuestra comunidad, antes de llegar a Pátzcuaro, había un filtro de seguridad pero no entendíamos a qué se debía eso, si solamente fuimos a dejar un papel.
Fue después cuando a 38 comuneros nos detuvieron injustamente. Nos llevaron a la fiscalía regional de Morelia. Estábamos sorprendidos porque no esperábamos eso. Nos insultaron, nos comenzaron a acusar, fabricaron delitos. Y nos retuvieron tres días”, narra Simón Jiménez Morales.
Ante los hechos esa misma noche la comunidad conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, Además de pedir se les indicara cuál era el motivo de la detención. Sin embargo, se asegura, el gobierno no quiso ceder.
Por lo que la comunidad optó por ejercer otra medida de presión. Y se manifestó en la carretera. Desde el día 5 de abril se comenzó exigir la libertad de los comuneros. Sin embargo lejos de haber solución, más de 700 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad.
Se asegura, que no fueron a dialogar para que se desbloqueara la carretera. Llegaron abrieron fuego, se metieron a las casas y violentaron a quienes ahí se encontraban. Cabe señalar, que cuando detuvieron a los comuneros, de acuerdo al testimonio de Simón Morales, los encerraron en un autobús les aventaron balas de goma y gas lacrimógeno.
“Nunca nos permitieron abrir las ventanas. Ahí nos estamos ahogando. Nos arrinconaron en el mismo autobús y ya no nos permitió hablar. Cabe señalar que hubo compañeros que resultaron golpeados”, indica Simón.
En tanto, la población ha denunciado a este medio que el gobierno de Silvano Aureoles no se acercó a entablar algún tipo de diálogo con las familias, ni con nadie de la comunidad. A su vez señalan que aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asistió al lugar de los hechos e hizo una investigación exhaustiva, los meses han pasado sin que se conozca si la institución emitirá una recomendación o no.
Francisco relata que aún cuando se comunicó con personal de la CNDH, interesado en los siguientes pasos a dar, “no me contestaron bien. La persona, de nombre Rodolfo, se molestó y le dije que no nos había hablado así cuando llegó a la comunidad”. Estas reacciones por parte de la CNDH resultan, para la comunidad, “lo mismo que el gobierno pues vienen de su parte. A lo mejor solamente nos están espiando y viendo qué estamos haciendo nosotros”, señala Francisco.
Por su parte, Claudia Hernández, tía de Luis Gustavo, da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO que en la comunidad la población se encontraba confiada que jamás una situación violenta como la pasada llegaría a ocurrir, “porque el Secretario de Seguridad dice que su personal está avalado con conocimientos para cuidar a los ciudadanos.
Ese día antes que entraran, sobrevoló la zona un helicóptero, tal vez estaba revisando cuáles eran los puntos para entrar y en qué condiciones estaba la comunidad. Después se comenzaron a escuchar muchos balazos. Por eso se avisó que las clases quedarían suspendidas. Esto también aplicó en el colegio de bachilleres, a donde asistía Luis Gustavo.
Mi sobrino todavía trató de luchar por su vida, y aún así los policías lo maltrataron y lo golpearon y le dieron dos disparos en la cabeza. Le dieron el tiro de gracia. Nosotros como familia también quisimos ir a los cerros pero vimos como a muchos les estaban dando alcance allá y nos quedamos en nuestras casas”, indica Claudia.
Quien a su vez, narra que muchos de los policías iban lanzando disparos al aire. Hora y media más tarde de los hechos violentos, una llamada telefónica les informó que Luis Gustavo aparecía dentro de los fallecidos.
Mientras Claudia y su familia recogían el cuerpo del menor de edad, escucharon distintos testimonios de familias que coincidían en que la policía entró a la casas por la fuerza. Detuvieron hombres y se los llevaron, en tanto a las mujeres las dejaron golpeadas, mientras robaban algunas cosas de valor de los domicilios.
Además de las cuatro personas fallecidas, se sumaron heridos dentro de los cuales habían niños y personas de la tercera edad. También se llegó a documentar casos de mujeres embarazadas que derivado del impacto del suceso tuvieron abortos espontáneos. Los daños psicológicos también afectaron a los niños, quienes, asegura Claudia, viven con miedo y pánico cada vez que ven un policía.
“Todas las familias de los caídos pedimos justicia. No es justo que el mismo gobierno sea quien haya provocado este hecho y ahora se quiera lavan las manos. No perdimos cualquier cosa por eso esta masacre no puede quedar impune”, puntualiza Claudia, quien como las demás víctimas sigue en espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de alguna autoridad, sin que hasta el momento esto suceda.