27/12/2011

Reportan matanza de civiles en Valle de Juárez; autoridades locales no confirman


Por: Fecha: diciembre 27, 2011 - 15:12

Una supuesta matanza de civiles en un poblado de El Valle de Juárez llamado “El Mimbre” fue reportada como versión en redes sociales, pero autoridades locales dijeron no poder confirmar los hechos.

Desde hoy a las 14:00 horas aproximadamente, a través de las redes sociales, se difundió mensaje en el que se alerta sobre un supuesto ataque de un grupo paramilitar al poblado, asentado en el Valle de Juárez, a unos 40 minutos al oriente de Ciudad Juárez y a 10 minutos del destacamento militar apostado en Guadalupe Distrito Bravos.

Marisela Reyes, hermana de la activista Josefina Reyes, asesinada el año pasado en el Valle, fue quien difundió que “comandos armados paramilitares vestidos de militares están disparándole a la gente en el poblado del El Mimbre en el Valle de Juárez y quemando ranchos”, según el activista Gero Fong.

En la denuncia difundida en Facebook, Fong indica que “ella ha puesto la denuncia pero que no se la quieren recibir, porque dicen que se tiene que poner en Ciudad Juárez”.

El mensaje finaliza: “Es urgente movilizarse para ayudar a la gente que en este momento esta siendo masacrada”.

Versiones posteriores indican que “a las 2:00 PM llegaban vehículos no oficiales de agrupaciones armadas al lugar, por la brecha de El Mimbre y por las antenas del Canal 44″.

“No se ha recibido apoyo ni protección, la policía no se movilizó a favor de los pobladores”, según la información divulgada por la red.

Vecinos exigen presencia inmediata autoridades estatales para que les brinden inmediata protección. También se informa que se ha presentado la denuncia pertinente, pero ésta no fue aceptada.

Una fuente de la policía local consultada dijo que se ha recibido de la Secretaría de Gobernación una petición para investigar los hechos, respondiendo a los mensajes que circulan en las redes sociales.

Sin embargo, dijeron, oficialmente no están confirmados aún hechos de violencia en la comunidad.

“Siguen subiendo trocas con gentes armadas al pueblo de El Mimbre, unos vestidos de militar y otros de civil, por la brecha de El Mimbre y por las antenas del Canal 44. La ayuda aún no llega, la policía no hace nada”, indica uno de los mensajes.

La información no ha sido por ninguna autoridad de momento, sin embargo, el mensaje ha cobrado auge dentro de las redes como Facebook y Twitter en #elmimbre.

Marisela es hermana de Josefina Reyes, una activista que fue asesinada en enero de 2010, tras encabezar varias protestas contra presuntos abusos de soldados mexicanos en el Valle de Juárez, una de las áreas afectadas por la violencia del narcotráfico.

Los ataques en contra de su familia no han cesado desde entonces: su hermano Rubén fue asesinado por desconocidos en agosto de 2010 y apenas la semana pasada fueron localizados los cadáveres de otros dos hermanos (María Magdalena y Elías) y una cuñada que habían sido reportados como desaparecidos semanas antes.

La casa de la madre de Josefina fue incendiada mientras realizaba protestas para exigir la localización de sus dos hijos y su nuera Luisa.

Reportan ciudadanos, a través de su cuenta en Twitter, que en El Mimbre, Chihuahua, se ha dado una matanza a pobladores de esa región, donde hombres armados (algunos ataviados con uniforme militar y otros de civil) le disparan a los pobladores y queman casas, tomando en su poder esa localidad mexicana.

con información en twitter: HT #elmimbre

México tiene primer lugar en agresión sexual contra las mujeres: ONU

México tiene primer lugar en agresión sexual contra las mujeres:  ONU
Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44 por ciento, le sigue Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28 por ciento.

Nuestro país tiene el primer lugar en agresión sexual contra las mujeres, según datos de 2010 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Un estudio comparativo mundial de este organismo sobre mujeres que han sufrido violencia sexual señala que México destaca con 44 por ciento, le sigue Costa Rica con 41, República Checa con 35 y Dinamarca con 28 por ciento.

En contraste, los más bajos son Azerbaiyán, Francia y Filipinas con cuatro, cinco y seis por ciento, respectivamente.

Luciana Ramos Lira, especialista en sicología de la UNAM, dijo que el reporte de la ONU revela que más de cuatro de cada diez mujeres mexicanas han padecido ataques que incluyen comportamientos abusivos de diferente intensidad y consecuencias, desde tocamientos indeseados hasta violación.

La Secretaría de Salud estima que en el país ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año; es decir, una cada cuatro minutos, aunque a la fecha no existe una atención integral a las víctimas porque no se da seguimiento efectivo a los casos.
Esto ocasiona que sólo uno de cada diez casos de violencia sexual contra mujeres en América Latina sea castigado por la justicia, según cifras de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

A escala nacional existe una alta cifra negra de victimización delictiva, (85 por ciento), pues sólo 15 por ciento de los delitos son registrados por las autoridades y de éstos exclusivamente un cinco por ciento se pone a diposición de un juez.

En México no existen estadísticas exactas que permitan dar cuenta de un panorama más claro, aunque es innegable que existen aproximaciones a partir de las encuestas, como la realizada por el Instituto de Salud Pública.

CIDH exhorta a países a difundir datos de salud

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió el pasado miércoles un informe en el que exhorta a los Estados americanos a adecuar sus ordenamientos jurídicos relacionados al acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva para derribar las diversas barreras que enfrentan las mujeres en el continente.

La CIDH diagnosticó que “particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres que habitan en zonas rurales y las migrantes son quienes enfrentan mayores obstáculos en su acceso a información sobre salud sexual y reproductiva’’.

El documento elaborado con el apoyo de España y Finlandia indicó que “en algunos casos las barreras son de tal magnitud que pueden constituir violaciones a los derechos de las mujeres a la integridad personal y vida privada y familiar y a vivir libres de violencia y discriminación.

La CIDH dijo que recibió reportes sobre barreras tales como el acceso limitado a conocer los servicios de planificación familiar a pesar de una alta necesidad insatisfecha así como “la tergiversación en la información en materia reproductiva proporcionada por servidores públicos con fines disuasivos’’

Con información de Lilian Hernández

Acusan a ejército de robar y torturar a menores en municipio indígena de Guerrero



Por:
Fecha: diciembre 27, 2011 - 12:12

Unos 50 efectivos del 48 Batallón de Infantería del Ejército incursionaron de forma violenta en la comunidad El Carmen, municipio de Xochistlahuaca, donde saquearon casas, golpearon a los habitantes y destruyeron cultivos, derribaron puertas, detuvieron a un joven y torturaron a un indígena menor de edad, supuestamente en busca de armas, denunciaron habitantes del poblado.

El comisario municipal, Ángel Maceda Navarrete, explicó que los hechos ocurrieron a la una de la madrugada del miércoles 21 de diciembre, apagaron las luces de la comisaría del pueblo y se metieron a las casas, entre ellas, la de la señora Lucina Salazar Ramírez donde golpearon la puerta hasta que la tumbaron y también dañaron una parte de la lámina.

Su hijo, Luis Maceda Salazar, de 24 años, fue detenido por los militares y trasladado a Acapulco. sus familiares sólo saben que está en Acapulco detenido, en el Ministerio Público federal pero desconocen los motivos.

A esta vecina, continuó el comisario, “no sólo le robaron 52 mil pesos, sino que torturaron a uno de sus nietos, de 13 años, con una bolsa de plástico que le colocaban en la cabeza, y luego lo metían en una pileta de agua en una casa deshabitada, y le preguntaban dónde estaban las armas”.

Los soldados revisaron toda la casa donde causaron destrozos, tiraron muebles, camas, y se robaron 52 mil pesos que tenía guardados la señora Lucina porque había vendido un terreno, señaló el comisario.

Con el ruido que hacían los soldados, el joven Donaldo Maceda Ramírez de una casa cercana se asomó para saber qué sucedía pero al verlo los militares también lo golpearon “le pusieron el pie en la nuca, le dijeron que lo iban a matar; les contestó que no tenía nada que ver pero lo golpearon, le dijeron que se despidiera de su carrera porque se lo iba a llevar la chingada”.

El joven Donaldo Maceda presentó una queja en la Codehum contra los soldados por la agresión que recibió, que quedó asentada con el número 726/Codehum-crch/084/2011-11. Donaldo estudia en Chilpancingo y estaba de vacaciones en su casa, dice el comisario.

Indicó que los soldados preguntaban por otros habitantes del pueblo, como su hermano Santiago Maceda, y Filogonio Díaz, a quienes no encontraron, por lo que dijo que hay temor entre la población. El comisario negó que haya armas en el poblado.

Ayer acudieron a Chilpancingo para denunciar los hechos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum) y pedir su intervención para que se sancione a los militares y se den garantían a los habitantes de El Carmen, comunidad ubicada a unos 60 kilómetros de Ometepec.

26/12/2011

Ernesto Zedillo, “principal responsable” de matanza de Acteal


Mujeres sobrevivientes acusan al ex Presidente y otros políticos


Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 26 dic 11 (CIMAC).- El ex presidente Ernesto Zedillo es el principal responsable de la matanza de 45 indígenas –33 de ellos mujeres– en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, advirtieron sobrevivientes de esa masacre agrupados en la organización civil “Las Abejas”.

“Que no salga de la cárcel quien tiene las manos manchadas de sangre”, dijo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, durante la ceremonia religiosa por el 14 aniversario de ese crimen en la comunidad del municipio de Chenalhó, al referirse a la liberación ordenada por la SCJN de 35 paramilitares confesos de haber participado en los hechos.

Las y los sobrevivientes expresaron que entre los “autores intelectuales” de la masacre están, además de Zedillo, Emilio Chuayfett, en ese entonces secretario de Gobernación, y el general Enrique Cervantes, ex secretario de la Defensa Nacional.

Señalaron también al ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; el general Mario Renán Castillo –ex comandante de la séptima región militar–; Homero Tovilla Córdova, ex secretario de Gobierno; Uriel Jarquín Gálvez, también ex secretario de Gobierno; Joaquín Enrique Hernández, ex coordinador de Seguridad Pública, y David Gómez Hernández, ex subprocurador de Justicia Indígena en Chiapas.

“Nosotros les decimos a los paramilitares liberados y a los que aún siguen presos: ‘Llevarás tus manos manchadas de sangre inocente, de niños y niñas, mujeres embarazadas que tu cuerno de chivo y machete les quitó la vida’”, dijo María Vázquez Pérez, una de las sobrevivientes.

Cabe recordar que como autores materiales de la matanza fueron identificados 77 hombres con nombre, apellido y dirección.

La violación sexual, método de tortura castrense


Elementos militares en Ensenada, Baja California. Foto: AP / Guillermo Arias
Elementos militares en Ensenada, Baja California.
Foto: AP / Guillermo Arias

La denuncia presentada por Miriam Isaura López Vargas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es contundente, pues documenta que los abusos sexuales por parte de militares están previstos en un manual de tortura del Ejército. Lo mismo sostiene la abogada Silvia Vázquez Camacho, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien incluso se lanza contra el gobierno federal porque, dice, su discurso sobre el respeto a los derechos humanos simplemente es falaz.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La violación sexual a mujeres como método de tortura sigue siendo una práctica recurrente entre los miembros del Ejército, según la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por una mujer de Ensenada, Baja California.

El jueves 15, el mismo día que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el “acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano” ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Valentina Rosendo Cantú, la indígena guerrerense que en 2002 fue objeto de abuso sexual por elementos del Ejército, Miriam Isaura López Vargas presentó su querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Su denuncia va dirigida contra soldados de la II Región Militar de Baja California y funcionarios de la PGR “por actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual”. Los hechos, asegura, ocurrieron en las instalaciones castrenses de esa entidad en febrero pasado.
El jueves 15 Poiré afirmó que el agravio a Valentina Rosendo era uno de esos “casos aislados que no representan la política del Estado mexicano”. Y Miriam Isaura, de 28 años, dio los detalles de las vejaciones que sufrió ante la agente del Ministerio Público de la Fevimtra, Jazmín Mendoza Sánchez.

Dijo que fue detenida por soldados que la torturaron y abusaron sexualmente de ella, y tras amenazarla la obligaron a declarar en contra de 10 integrantes del 67 Batallón de Infantería, a quienes la justicia militar acusó de recibir dinero del crimen organizado para dejar pasar cargamentos de droga.

Miriam relata que permaneció 80 días en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México y que el 26 de abril fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, para ser procesada por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio. El 1 de septiembre pasado el juez décimo de Distrito, José Neals André Nalda, la absolvió de los cargos.

De los abusos sufridos por Miriam en los cuarteles militares de Ensenada y Morelos, en Tijuana, la CNDH tomó nota en marzo pasado, cuando el marido de la detenida, Alfonso Ladrón de Guevara Bravil, relató su caso a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización pidió el apoyo del ombudsman nacional para que documentara la queja.

Una vez libre, Miriam, quien había decidido olvidar el agravio, se sintió amenazada nuevamente por militares, según cuenta a Proceso:

“Desde los primeros días de diciembre he visto a militares rondar por mi casa; un día llegaron unos soldados armados en un carro militar a tocarme la puerta y a gritarme que saliera. Tengo mucho miedo, porque cuando me obligaron a señalar a militares, dos de ellos me amenazaron delante de los agentes del MP. Me dijeron que cuando salieran iban a ir por mí y por mi familia; temo por mis hijos y por mi esposo.

“Mi miedo es grande desde antes de que me detuvieran. Yo mandé un correo a la Sedena para denunciar a un coronel que estaba en el retén Loma de Oro, porque era muy prepotente conmigo cuando pasaba por ahí. Creo que de ahí viene todo.”

Para Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CMDPDH, el caso de Miriam López Vargas “es una prueba de que la violación sexual como mecanismo de tortura está legitimada por el Ejército y que ese es su método de investigación”.

Peor aún: “Lo que le ocurrió a Miriam demuestra lo que le ocurre a las personas que tienen el valor de denunciar los abusos de los militares”.

Los primeros acosos

El 10 de enero último, semanas antes de que la detuvieran, Miriam Isaura López envió un correo electrónico a la cuenta atn.ciudadana@mail.sedena.gob.mx para denunciar a elementos del 67 Batallón de Infantería y a su responsable, un coronel del que, dice, nunca supo su nombre:

“Me siento acosada por el personal que labora en ese puesto de control, continuamente he recibido amenazas por parte de dicho personal, porque según me tienen de consigna por orden de dicha persona (el coronel)”, quien le decía que ella era narcotraficante. El día 24 de enero la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena informó a Miriam que había iniciado “una investigación para resolver lo que conforme a derecho proceda”.

La abogada Vázquez Camacho insiste: “El caso de Miriam refleja que el Ejército ha ido intensificando sus métodos de tortura, por lo que la CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CNDH han documentado un patrón de tortura en instalaciones militares desde 2009”.

Ese patrón, que consiste en golpes, intentos de asfixia con bolsa de plástico, intentos de ahogamiento por ingesta de agua, toques eléctricos y amenazas de muerte a los detenidos, es descrito a detalle en la recomendación 87/2011 de la CNDH publicada el martes 20.

La abogada señala que desde 2009 ambas organizaciones han documentado siete casos de tortura en instalaciones militares de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Felipe, Baja California, y que representan al menos 52 víctimas. En todos los casos, dice, “hay evidencias de que los tormentos fueron atestiguados y solapados por agentes del MP federal y castrense, así como personal del servicio médico militar”.

El nombre de Miriam López Vargas fue mencionado por primera vez el 11 de febrero pasado en el diario Reforma en una nota en la que se informaba que había sido detenida por soldados en el retén de La Loma al “intentar transportar cinco kilos de mariguana”.

Diez meses después de su detención, el jueves 15, Miriam dio su versión a la agente de la Fevimtra. Declaró que aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 2 de febrero de 2011, mientras transitaba en su vehículo por calles céntricas de Ensenada, fue abordada por dos hombres armados, vestidos de civil y con pasamontañas, quienes descendieron de una camioneta Silverado blanca.

Según la denuncia penal que interpuso ante la Fevimtra, de la que Proceso tiene copia, Miriam fue obligada a pasarse al asiento trasero, donde uno de los hombres le cubrió los ojos con vendas; y cuando ella gritó para llamar la atención, le colocó una pistola en la sien derecha y la amenazó con volarle la cabeza.

Dijo que fue trasladada a las instalaciones del cuartel militar de Ensenada, donde al tratar de defenderse de sus agresores, uno de ellos, al que identificó como Eduardo Villarreal, le cortó la muñeca izquierda con un cuchillo. Poco después la trasladaron al cuartel Morelos, de Tijuana, donde permaneció hasta el 9 de febrero, donde fue torturada con el patrón tradicional mencionado en líneas anteriores.

En su denuncia, Miriam relató que se desvaneció en dos ocasiones y que fue asistida por una mujer vestida de militar, a quien pudo reconocer porque le quitó la venda de los ojos.

La tortura

En el certificado médico integrado en el expediente que se le siguió a Miriam López Vargas aparece una nota firmada por la doctora Eva Lorena Rodríguez Hernández, médico de la II Región Militar, que instruye la utilización del salbutamol porque la víctima “padecía asma desde los cuatro años”. Eso es mentira, comenta la entrevistada.

También expone que perdió la noción del tiempo por estar vendada de los ojos. Aunque recuerda que los primeros días llegaron a las instalaciones militares la defensora de oficio Sayda Rafaela Román López y María Dolores Moreno Calderón, así como un agente del MP de apellido Nieto –“quien padece vitíligo”; los tres la obligaron a firmar documentos sin que pudiera leerlos, mientas otras personas le tomaron huellas dactilares y fotografías.

Después de los abusos, Miriam fue llevada ante Nieto y Román López, quienes, dice, le mostraron fotos de militares con sus nombres y le entregaron un texto que tenía que aprenderse para inculpar a 10 militares a quienes presuntamente les había entregado dinero para pasar droga por el retén Lomas de Oro.

Miriam fue confrontada con los soldados. Recuerda que en cada declaración la obligaban a firmar documentos. Dos de los inculpados la amenazaron; le dijeron que si los acusaba, cuando salieran libres la iban a buscar, según declaró ante la Fevimtra.­

Relató también que los militares la videograbaron para que repitiera un texto autoinculpatorio: “Si me equivocaba, me pegaban en la parte de atrás de la cabeza”; también le mostraban fotos de sus hijos y de su esposo para amedrentarla.

El 26 de abril, luego de 80 días de arraigo, Miriam fue trasladada a Tijuana y de ahí a Ensenada, donde fue puesta a disposición del Décimo Juzgado de Distrito acusada de transportar cinco kilos de mariguana, cargos de los que fue absuelta.

La versión de los militares no concordaba con un parte informativo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Ensenada (C4), presentado por la defensa de Miriam. El documento tenía información de ciudadanos que observaron cuando fue detenida.

Miriam creyó que todo había terminado cuando recuperó su libertad y decidió no denunciar a los militares que la agredieron. Pero cambió de parecer cuando familiares de los soldados a los que ella presuntamente implicó y que fueron procesados en el fuero castrense comenzaron a intimidarla.
Pero lo que la decidió a presentar su denuncia ante la Fevimtra fue la presencia de una camioneta blanca similar a la que usaron sus aprehensores en las inmediaciones de su domicilio. El clímax llegó el martes 6, cuando soldados armados a bordo de un vehículo militar azotaron la puerta de su casa y le gritaban que saliera.

“Entendí que si quería proteger a mi familia no podía quedarme callada, que no era justo lo que hicieron conmigo y que no quería que otra mujer sufriera lo que a mí me pasó”, dice Miriam.

En su denuncia, firmada también por la psicóloga Daniela Michelle Cisneros Vargas, de la Procuraduría de Víctimas del Delito, Miriam pide a la Fevimtra “que se garantice mi seguridad correspondiente al caso, a fin de que garanticen mi integridad y la de mi familia”; también, que se actúe en contra de los funcionarios mencionados en su declaración y quienes resulten responsables.
Miriam López expone: “Quiero que se limpie mi nombre, porque me tacharon de narcotraficante y se demostró que no es cierto, pero ante todo quiero justicia, que castiguen a quienes abusaron de mí y que ya no vuelvan a molestarme”.

Y Silvia Vázquez Camacho, la abogada de la CMDPDH, insiste: “Una vez más se demuestra en el caso de Miriam que el abuso sexual sigue formando parte del manual de tortura del Ejército”.

24/12/2011

En 21 meses, 74 mil denuncias ante el Ejército

El nivel de confianza ciudadana se catapultó con el esquema Nosotros sí Vamos; así, en ciudades como Monterrey y Lázaro Cárdenas comenzó a haber reportes anónimos de actos ilícitos cuando antes no se hacían.

México • El nivel de confianza ciudadana en el Ejército aumentó en los 21 meses recientes, gracias al esquema Nosotros sí Vamos, impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A partir de que el Ejército prometió atender cada una de las denuncias contra el crimen organizado, para lo cual ofreció confidencialidad y la facilidad de hacerlo por internet, ha recibido 122 mil 125 reportes en todo el país.

De esos, en el periodo comprendido de 2006 al primer trimestre de 2010, la Sedena tenía registradas más de 47 mil 703 denuncias anónimas.

Sin embargo, de marzo de ese año hasta el 1 de diciembre pasado, es decir, en 21 meses la cifra fue de 74 mil 422, es decir, un aumento de 56 por ciento.

Mandos militares dijeron a MILENIO que las denuncias más recurrentes son por la presencia de hombres armados, tráfico de drogas y la instalación de casas de seguridad. “Se logró permear en la confianza de la población hacia las fuerzas armadas a nivel nacional”, dijeron.

El reporte puntualiza que en medio del recrudecimiento de la violencia en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, la población optó por delatar de manera anónima a los delincuentes.

Precisamente el municipio neoleonés de Escobedo es donde más denuncias se han hecho, mientras Monterrey revirtió el registro de cero denuncias que tenía en 2010, al igual que el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, considerado uno de los principales centros de operación de La Familia.

Mientras, Ciudad Juárez, una de las urbes más peligrosas y en la que existe una disputa entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, apenas registra 23 quejas interpuestas ante militares, sólo tres más de las que había el año pasado.

El documento de la Sedena señala que la tendencia de las denuncias anónimas, que asume como una herramienta de gran utilidad, mantiene un “vertiginoso” ascenso durante la presente administración en las 12 regiones castrenses en las que está divido el territorio nacional.

De acuerdo con el informe de la Defensa Nacional, el mayor número de reportes ciudadanos corresponde a Tamaulipas con 17 mil 947, entidad en la que el cártel del Golfo y Los Zetas disputan el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De ese total, 14 mil 134 quejas se presentaron en Reynosa, 2 mil 433 en Matamoros y mil 380 en Nuevo Laredo, municipios que integran la denominada Frontera Chica, que es una de las rutas clave para el trasiego de droga y donde se libra una guerra entre los antiguos aliados.

En Nuevo León, donde también operan ambas organizaciones criminales, la cifra llegó a 17 mil 870 denuncias, aunque Escobedo concentra 16 mil 778.

El cuartel general de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, ciudad que este año vivió uno de los mayores episodios de violencia contra la población civil con el incendio del casino Royale que dejó 52 muertos, tiene mil 92 denuncias.

Autoridades de la Sedena comentaron que se trata de un caso emblemático en que los repor-
tes eran nulos, pues hasta el 1 de marzo de 2010 “había cero denuncias” en ese cuartel.

Una situación similar ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde tampoco había ninguna denuncia y ahora hay 39 en la guarnición militar instalada en ese puerto.

La capital Morelia, a través de su cuartel general de la 21 Zona Militar, ha recabado 5 mil 48 reportes de actividades ilícitas en esta región donde operaba La Familia, cuya escisión actualmente se hace llamar Los Caballeros Templarios, luego de la caída y muerte de algunos de los líderes de la organización criminal.

El cuartel de Guadalupe, Zacatecas, tiene 7 mil 125 denuncias, mientras que el de San Luis Potosí 2 mil 882. Minatitlán, en Veracruz, que se caracterizó este año por la aparición de decenas de ejecutados por parte de los denominados Matazetas,recabó 2 mil 579 delaciones y El Lencero mil 361.

El impulso

Aunque se trata de un esquema impulsado por la Sedena en las 12 regiones militares al inicio del sexenio, el general de división Sergio Aponte Polito catapultó en 2008 la difusión del sistema de denuncia anónima con una frase: “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”.

Al 1 de diciembre de 2011, la dependencia recabó un total de 122 mil 125 reportes sobre actividades ilícitas, de las que 96 mil 705 se presentaron mediante correos electrónicos y números telefónicos de los cuarteles y guarniciones.

Mientras 25 mil 420 se recibieron en el sistema Línea de Denuncia Ciudadana que incluye el número telefónico gratuito desde cualquier parte del territorio nacional 018008324771 y el correo denuncia.sdn@mail.sedena.gob.mx.

Según datos de la Sedena, al 1 de marzo de 2010 se registraron 47 mil 703 denuncias a nivel nacional y para el 1 de marzo de 2011 el número llegó a 86 mil 796 previos.

El 10 de marzo de 2009, el Ejército abrió por primera vez la línea telefónica con cobertura nacional para que de manera anónima y gratuita la ciudadanía denuncie hechos o personas relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia.

“La indolencia, la complicidad o en el mejor de los casos la insensibilidad, obstruyen y limitan la justicia”, sostuvo entonces el instituto armado. Para los militares “la denuncia ciudadana es el instrumento auténtico y legal que eleva considerablemente los resultados positivos en esta lucha que afecta a la juventud y al pueblo de México”.

Incautan 229 toneladas de químicos

••• El gobierno federal ha decomisado durante 2011 más de mil toneladas de precursores químicos que ingresaron por las aduanas del país y presuntamente estaban destinadas a los cárteles para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el tráfico de este tipo de drogas ha cobrado un auge que representa un mercado potencial de 53 millones de consumidores en el mundo, sólo detrás del de marihuana.

Los narcotraficantes se han inclinado a la producción de estos narcóticos debido a que las rutas para su trasiego son más cortas y la materia prima necesaria para su producción es en muchos casos legal y de fácil acceso.

La Marina Armada de México informó ayer que fueron aseguradas más de 229 toneladas de monometilamina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El origen de los contenedores es del Puerto de Shangai, China y tenían como destino final el Puerto Quetzal, Guatemala. La sustancia química asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. (México. Ignacio Alzaga)


23/12/2011

Ese es el único camino que nos llevará a la paz, advierte el obispo Raúl Vera durante una misa

Ni Calderón ni Sabines quieren hacer justicia por la masacre en Acteal, señala Las Abejas

Después de 14 años de los 49 asesinatos no se ha castigado a ningún autor intelectual ni material

Foto
Integrantes de la organización civil Las Abejas marchan hacia Acteal para conmemorar 14 años de la matanza de 49 indígenas a manos de paramilitares, perpetrada el 22 de diciembre de 1997Foto Moysés Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 11

Acteal, Chis., 22 de diciembre. Al conmemorarse la masacre ocurrida en este paraje de las serranías de Chenalhó un día como hoy hace 14 años, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que defender la justicia es el único camino que nos puede llevar a la paz. Recordó que en esos años, mientras el presidente Ernesto Zedillo tendía una mano a los insurrectos zapatistas con los diálogos de San Andrés, con la otra organizaba muerte y destrucción para las comunidades indígenas de Chiapas.

A su vez, la organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, declaró en su mensaje durante la concurrida ceremonia civil y religiosa que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia, más que burlarse de nuestra organización y lucha. Ellos para nada quieren la justicia, la paz, la libertad, y continúan con las políticas de los gobiernos anteriores, y todavía peor.

Homenaje al jTotic

Vera López, quien recibió un homenaje especial de Las Abejas, que lo llaman jTotic (en tzotzil), expuso con nitidez: “Ante el panorama que vivimos en el país, de una guerra abierta por el Presidente en turno, donde las principales víctimas las pone el pueblo mexicano nuevamente, como aquí en Chiapas, no importa la justicia. En esta supuesta guerra contra el crimen organizado se vuelve a utilizar al Ejército, que sigue violando derechos humanos y realiza ejecuciones extrajudiciales, y sus crímenes permanecen impunes”.

Las policías –continuó– son cómplices de quienes cometen robos, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas; los criminales tienen aliados dentro de los tres niveles de gobierno: federal, estatales y municipales; de lo contrario no contarían con la protección que mantiene impunes 98 por ciento de sus crímenes.

El prelado católico de Saltillo, quien era obispo aquí junto con Samuel Ruiz García en el momento de la masacre, resumió que hace 14 años, víctimas de la guerra de baja intensidad del gobierno mexicano, que tenía como principales actores a los grupos paramilitares, armados y pagados por él mismo y entrenados por el Ejército, fueron asesinadas 49 personas: nueve varones, 16 niños y adolescentes, 20 mujeres y cuatro no nacidos, en el vientre de su madre.

Acompañado por el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, Vera habló este mediodía teniendo a un lado dos grandes lonas con los nombres impresos de todos los asesinados el 22 de diciembre de 1997, y la otra, de los autores intelectuales y materiales del crimen: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los generales Enrique Cervantes y Mario Renán Castillo. Son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal, había afirmado Las Abejas minutos antes.

Según el prelado dominico, la averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR) fue preparada de tal manera que aún ahora no se puede juzgar a los autores intelectuales, y los materiales lograron su excarcelación con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El crimen permanece impune –dijo– pues la PGR consideró que cada uno de los asesinos vino por su cuenta, y no como delincuentes asociados constituyendo un grupo paramilitar”. Además, la indagación de la SCJN en 2010, que permitió la excarcelación de más de 40 paramilitares, solamente se basó en los expedientes de la PGR, pues no fueron convocados los sobrevivientes.

Esos grupos armados atacaban los pueblos para expulsarlos de sus parajes, saqueaban e incendiaban sus casas, robaban sus pertenencias, el producto de sus cosechas y sus escasas cabezas de ganado. Destruían sus dispensarios y hacían gala de violencia contra sus templos. De los saqueos, desapariciones forzadas y asesinatos de los paramilitares también fueron responsables los militares y la policía estatal, que se establecían en las comunidades con la excusa de que en esos parajes había violencia.

Vera López explicó que la estrategia de comntrainsurgencia gubernamental pretendía “quitarle el agua al pez’”, siendo el pez los insurrectos, milicianos y bases zapatistas, y el agua el tejido social. La acción paramilitar, conducida por el Ejército, buscaba impedir que las comunidades proporcionaran cualquier tipo de apoyo a los insurrectos, por eso no podían producir alimento ni conformar cualquier clase de organización que potenciara al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Dicha estrategia se proponía anular cualquier organización que fortaleciera a los insurrectos, por eso se fueron contra Las Abejas, que ni eran bases zapatistas ni estaban en una actitud violenta, sino que eran pacifistas, y no obstante vivir como desplazados, estaban organizados para reivindicar derechos y generar conciencia ante las injusticias que aquí se vivían desde antes del inicio del movimiento armado.

Agradeció a Las Abejas porque sigue resistiendo los abusos tanto del gobierno estatal como del federal, conserva la memoria de este crimen abominable y reaviva nuestra conciencia para, el día de hoy, defender la justicia.

La mesa directiva de la organización tzotzil, adherente de la otra campaña, puntualizó que la conmemoración no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático.

En referencia al proceso civil que se sigue contra el ex presidente Zedillo en cortes estadunidenses, aclaró que Las Abejas sí quiere que sea castigado por su responsabilidad en este crimen de Estado, pero no que se profanen el respeto y la memoria que merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos. En el acto entregaron a Vera López un bastón de poder al servicio del pueblo, un poder no corrupto ni impune.

Comisiones estatales de DH podrían ser cómplices de abusos: activistas


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 10

La disfuncionalidad, apatía y falta de compromiso con las víctimas que muestra la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en el país puede terminar convirtiéndolas no sólo en elefantes blancos, sino también en cómplices de abusos, advirtieron activistas de organizaciones independientes, a propósito del informe dado a conocer el miércoles pasado sobre este tema por la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Jorge Fernández, encargado del área de defensa integral del colectivo Indignación –con sede en la comunidad de Chablekal, Yucatán–, señaló en entrevista con La Jornada que la comisión de derechos humanos de la entidad se ha caracterizado por no hacer labor de confrontación con las autoridades, ni documentrn agravios contra la ciudadanía, como le correspondería hacer.

Hemos denunciado casos de tortura, pero ellos los recatalogan. Además, sus recomendaciones son totalmente vacuas, no exigen medidas de reparación del daño, ni castigo a los responsables ni garantías de no repetición. Cuando llegan a emitir alguna, es luego de uno o dos años de que ocurrió una violación a las garantías individuales, y para entonces ya es irreparable, lamentó.

En este escenario, lo menos grave es que terminen siendo elefantes blancos, porque en el peor de los casos se han vuelto cómplices de los abusos, avalándolos por inacción.

En el caso de Yucatán, la comisión estatal no ha emitido recomendaciones por el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y se negó con argumentos eclesiales a emitir una acción de inconstitucionalidad por las reformas contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, recordó.

Por separado, Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), asentada en Monterrey, indicó que la comisión estatal de Nuevo León hace mucha publicidad de los cursos que imparte a policías y estudiantes, pero ante problemas tan graves como las 60 muertes en penales que hemos documentado este año, los 128 casos de desaparición forzada y los actos sistemáticos de tortura, ni una palabra.

Aunque admitió que no conoce los detalles de la labor del actual ombudsman de la entidad, porque simplemente no hay información sobre ella, la religiosa afirmó que en los 18 años de existencia de Cadhac, sólo uno de los titulares de la comisión estatal de derechos humanos se atrevió a alzar la voz ante los abusos de un grupo de policías ministeriales, y le fue muy mal.

Ambos activistas coincidieron en que, para adoptar un rol verdaderamente activo, los organismos públicos de derechos humanos deben tener una autonomía real frente al Ejecutivo y el Legislativo locales, nombrar como titular a un personaje con capacidad y experiencia en la materia, e iniciar una relación más cercana con los diversos sectores de la sociedad civil.

El organismo recibió más de 20 mil expedientes de queja; en promedio, mil 700 por mes



Sedena, la entidad gubernamental con más demandas ante la CNDH en 2011

Del 1º de enero al 19 de diciembre acumuló mil 626; le siguió el IMSS (mil 601) y el INM (mil 279)

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 10

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la entidad gubernamental que recibió más demandas en contra en este año fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mediante un comunicado, el organismo detalló que del 1º de enero al 19 de diciembre de 2011 la CNDH recibió más de 20 mil expedientes de queja, para un promedio de mil 700 al mes, por irregularidades como prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de atención médica, violación a los derechos de los migrantes, uso arbitrario de la fuerza y allanamiento ilegal de morada, entre otras.

En total, la Sedena acumuló mil 626 quejas en su contra, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, mil 601), y el Instituto Nacional de Migración (INM, mil 279).

En la lista también figuran el organismo de prevención y readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública federal (766 denuncias), la Policía Federal (746), la Procuraduría General de la República (728), la Secretaría de Educación Pública (624), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (540), la Secretaría de Marina (472) y la Comisión Federal de Electricidad (244).

La entidad en donde se presentó el mayor número de quejas fue el Distrito Federal, con 2 mil 162, seguida de Veracruz (693), estado de México (669), Michoacán (500), Chiapas (489), Tamaulipas (433), Baja California (400), Oaxaca (373), Sonora (339), Chihuahua (324) y Guerrero (295).

Del total de demandas recibidas, 10 mil 392 se refieren a presuntas violaciones a los derechos humanos. En 5 mil 641 de ellas, se realizaron orientaciones directas; en 4 mil 766 se remitieron a organismos locales de derechos humanos y en 386 se presentaron recursos de inconformidad por omisión o dilación en el trámite de quejas, de acuerdo con la numeralia de la CNDH.

En cinco años, 14 activistas asesinados

Por otra parte, el organismo que dirige Raúl Plascencia Villanueva informó que de 2006 a 2011 ha registrado el asesinato de 14 defensores de derechos humanos y la desaparición de uno, por lo que urgió a redoblar esfuerzos para terminar con la impunidad y que las investigaciones sobre dichos crímenes se efectúen de manera completa, objetiva e imparcial.

Tan sólo en lo que va del presente año, agregó, ha abierto 50 expedientes por presuntos agravios en contra de activistas de organizaciones independientes, sobre todo por la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, la legalidad, la integridad, la seguridad personal, la libertad, la propiedad y la posesión.

Por todo ello, la CNDH llamó a crear las condiciones adecuadas para que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades con total seguridad y libertad; se les brinden medidas cautelares cuando sea necesario, y se le dé atención a quienes ya han sido víctimas de amenazas, violencia o intimidación.

A las autoridades no les interesa el bienestar del pueblo: activistas



Repudia el Movimiento por la Paz que persista la impunidad de paramilitares
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 11

Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) realizaron ayer una manifestación frente a la sede del gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, para repudiar que después de 14 años de la masacre de Acteal, no se ha castigado a los responsables materiales ni intelectuales de dicho crimen.

Con pancartas, cruces de madera teñidas de rojo y máscaras de cartón en forma de calaveras, los activistas anunciaron que apoyan la demanda que actualmente enfrenta en Estados Unidos el ex presidente Ernesto Zedillo, a quien señalaron como uno de los principales responsables de la matanza.

Luego de entregar un documento a funcionarios de la representación de Chiapas, Jorge González de León, uno de los organizadores del acto –realizado al mismo tiempo que se llevaba a cabo una ceremonia luctuosa en Acteal–, lamentó que el asesinato de 49 hombres, mujeres y niños a manos de grupos paramilitares siga siendo un crimen impune.

Nos encontramos una gran indiferencia ante la aplicación de la justicia y la ley. Las autoridades siguen siendo omisas y no les interesa el bien de la población, sino sus proyectos políticos. No es posible que llevemos 14 años de impunidad ante un acto tan cobarde y terrible, lamentó.

Por otra parte, aunque no saben quién o quiénes son los responsables de la demanda civil que interpusieron contra Zedillo en Estados Unidos –y a la cual el ex mandatario deberá responder en los primeros días de 2012–, el activista manifestó su apoyo a estas acciones, porque pueden ayudar a que se castigue a los responsables de la matanza.

Alberto Solís, también miembro del MPJD, subrayó que lo sucedido en Acteal el 22 de diciembre de 1997 fue uno de los momentos más emblemáticos y terroríficos que hemos vivido, y externó su solidaridad con la organización civil Las Abejas, cuyos miembros siguen siendo hostigados y amenazados.

Luego de más de una década de la matanza –dijo–, es lamentable la liberación de los autores materiales y que ninguno de los autores intelectuales haya sido realmente investigado. Son 14 años de impunidad que ya no se pueden permitir, y que hoy se suman a una situación generalizada de violencia.

Es evidente el fracaso de la política gubernamental, afirma la Cioac en balance anual



Cierra 2011 con desempleo mayor al 20% y 26 millones de pobres en el agro

Sequías, heladas y aumento de la dependencia alimentaria, otros problemas en el sector

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 20

Con una tasa de desempleo en el sector rural superior a 20 por ciento, 26 millones de pobres y concentración de los programas con mayores recursos en mil 200 productores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa, concluye este año, asentó Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac).

Al realizar un balance de las políticas para el campo, expuso que es evidente el abandono del campesinado y la sobreprotección gubernamental hacia las grandes empresas y agricultores exitosos.

Creció la dependencia alimentaria, precarizó la economía campesina y las sequías, heladas y exceso de lluvias en diversos estados dejaron pérdidas de cosechas y un consecuente aumento de precios de la canasta básica. Se están rebasando los límites de descansar la salida de la crisis en los trabajadores, campesinos e indígenas.

Es evidente el fracaso de la política gubernamental: el programa especial concurrente se concentró en algunas regiones y algunos productores; rompieron cadenas alimentarias, como el sistema de la soya, debido a las importaciones; aumento de la inseguridad; violencia contra luchadores sociales; salarios reducidos e incrementos de los costos de producción lo revelan.

Durante los pasados 25 años la economía creció menos de 3 por ciento y este año no fue diferente, pues no se superó el modelo de no más de 2 por ciento anual. El crédito es caro y prácticamente inexistente en el sector rural, su costo es tres veces más caro que en Estados Unidos.

Destacó que hay investigaciones que alertan sobre la enorme concentración de los recursos para el campo en pocos productores. El 10 por ciento de los agricultores más grandes concentran 80 por ciento del programa ingreso objetivo; 60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos, 55 por ciento para el desarrollo rural y 45 por ciento del Procampo.

En el caso de los beneficios que reciben las grandes empresas, el dirigente mencionó, a manera de ejemplo, que hace tres años se destinaron alrededor de mil millones de pesos a Cargill, Minsa, Bachoco, ADM México y Compañía Nacional Almacenadora, subsidiaria de Maseca Gruma.

Esto no cambió en 2011 ni se pretende modificar para el próximo año ya que los programas para apuntalar la comercialización de los productos agropecuarios siguen teniendo un fuerte peso en el PEC.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas al PEC de la Cámara de Diputados sostuvo que la afirmación gubernamental de que en esta administración se ha aprobado el gasto rural más alto de la historia es “una falacia.

El gasto real entre 1990 y 2010 pasó de 402 mil millones de pesos a 269 mil millones (a pesos de 2002), es decir, hay una caída de 33 por ciento que no se recuperará con los 305 mil millones de pesos de presupuesto para 2012.

Advirtió que la solución no es reducir el gasto social y aumentar, como algunos sugieren, el gasto hacia lo productivo. Eso no es garantía de crecimiento, pues los gastos se han orientado a bienes privados. Seguir sacrificando a la población más pobre y cargar sobre su espalda las fallas de los mercados y la falta de astucia de los dirigentes del neoliberalismo es arriesgar la estabilidad social.

22/12/2011

Absurdo judicial

Alejandro Solalinde, sacerdote. Foto: Benjamin Flores
Alejandro Solalinde, sacerdote.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace pocos días, en un hecho que podría ser bizantino y hasta hilarante si no fuera porque sucedió en México, el sacerdote diocesano Alejandro Solalinde Guerra debió comparecer ante funcionarios del Ministerio Público Federal para responder a una insólita acusación en el marco del despilfarro procesal más burdo que hayamos visto en los últimos tiempos.

Resulta que, con diligencia súbita, algún celoso burócrata tomaba a pie juntillas la seguramente prolija pesquisa de algún otro agente del orden público y, urgido por hacer justicia “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, como se suele invocar en circunstancias tan serias, aparejó papeles y acusó al padre Solalinde de maltratar y abandonar a un migrante guatemalteco.

México es la patria de origen del mayor número de migrantes que viajan a Estados Unidos, la mayoría indocumentados. Los datos provenientes del vecino país indican que los mexicanos son casi un tercio del total de habitantes nacidos en el extranjero que habitan la Unión Americana. La cifra oficial de detenidos allá por su situación irregular superó el medio millón de personas el año pasado, de las cuales el 83% fueron mexicanas.

Por su parte, México absorbe cada año un gran número de migrantes (documentados, indocumentados, refugiados y víctimas de tráfico). En la literatura especializada y en los informes internacionales México es el país de origen, destino y tránsito de migrantes tal vez más prominente del planeta y presenta uno de los panoramas migratorios más complejos del mundo. Pero también en la historia de América Latina México ha sido un generoso país de asilo para el resto de las naciones de la gran patria.

Por todas estas razones y circunstancias históricas, no es exageración decir que aquí está el epicentro global de todos los desafíos que implica el abordaje contemporáneo de la migración.

A su manera y ciertamente sin buscarlo, el padre Solalinde ha devenido en símbolo de cientos de otros actores que, de forma sencilla y práctica, han marcado un eje fundamental del tenso debate político sobre este tema, que es el aspecto humanitario.

México aún no logra diseñar e implementar una política enfocada a reducir los riesgos de las y los migrantes indocumentados en tránsito, y no está de más traer a colación que, durante su última visita al país, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes se declaró “conmocionado” por los crecientes abusos contra migrantes, especialmente contra los de origen centroamericano, e hizo notar que el empleo de fuerzas militares en el manejo de flujos migratorios está prohibido por la legislación federal y la ley internacional.

El riesgo de secuestro para los migrantes en territorio mexicano es por demás preocupante; basta una revisión a los informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar la abrumadora cifra de más de 18 mil migrantes que se reportan como víctimas de ese delito, así como de extorsión, tortura, desaparición y muerte. Es una realidad cotidiana que al parecer sólo nos abofetea cuando las cifras se disparan. De hecho la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi Pillay, tuvo ese sinsabor precisamente cuando se encontraba en Puerto Vallarta asistiendo al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo el año pasado, mientras que el país se cimbraba ante la noticia del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas.

Dentro de tal contexto, lo importante es validar y respaldar pública e insistentemente las tareas humanitarias que desarrollan las organizaciones mexicanas e internacionales de ayuda a los migrantes en México y fuera de México. Estoy convencido de que tras la reunión que habrían sostenido el padre Solalinde y la procuradora general de República, Marisela Morales, a solicitud de ella, podremos dejar de lado esa práctica tan común en América Latina de acusar a los pájaros de dispararles a las escopetas. l

*Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con Calderón, 14 activistas y defensores humanos asesinados

Con Calderón, 14 activistas y defensores humanos  asesinados
Valentina Rosendo Cantú, una indígena tlapaneca de 17 años de edad, fue violada por dos soldados del Ejército mexicano mientras seis más observaban la agresión. El caso quedó en la impunidad por más de ocho años.


En México se tienen registrados 14 homicidios de activistas y defensores humanos de 2006 a 2011, y tan sólo este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha abierto 50 expedientes por presuntos agravios cometidos en su contra, informó el organismo nacional.

Por medio de un comunicado indicó que es necesario "crear condiciones adecuadas para que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades con total seguridad y libertad. Su labor de promoción y protección de los derechos fundamentales es indispensable para la conformación de una sociedad más democrática, donde impere el respeto a la ley".

Detalló que en lo que va de este año la CNDH ha abierto 50 expedientes por presuntos agravios cometidos contra defensores de derechos humanos y activistas, y entre los principales motivos de queja destacan: "la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad, a la seguridad personal, a la libertad, a la propiedad y posesión".

Informó que hay un registro de 14 homicidios de 2006 a 2011 y la desaparición de un activista en 2009, "por lo que es importante abatir la impunidad y redoblar esfuerzos para que las investigaciones de estos hechos se efectúen de manera completa, objetiva e imparcial".

Recordó en este contexto la obligación legal que tienen los servidores públicos de cumplir con la implementación de las medidas cautelares en casos donde se encuentre en riesgo la integridad de los defensores, sus familias y organizaciones.

Revista EMET - Agencia El Universal

De 300 familias asentadas en la zona costera de Xayacalan, sólo quedan treinta



Fracasaron las fuerzas de seguridad para enfrentar a criminales en Ostula

De los dirigentes comunales de esa región de Michoacán sólo queda vivo Santos Leyva

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 7

La minuta de la última reunión que sostuvieron las autoridades federales y del estado de Michoacán con los líderes comunitarios de Ostula para intentar frenar la acción criminal de los grupos armados que asuelan la región costera, el pasado 28 de noviembre en Morelia, lleva al calce las firmas vacilantes de Trinidad de la Cruz Crisóstomo y Santos Leyva, septuagenarios líderes del movimiento indígena nahua que por décadas mantuvieron vivo el anhelo de recuperar los territorios que les habían sido despojados en las riberas del municipio de Aquila.

Santos Leyva fue presidente de bienes comunales. Su hijo, Pedro Leyva, destacó en el liderazgo en años recientes y había llevado la causa a otros espacios de resistencia, como el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 6 de octubre fue asesinado. Resultó la víctima número 27 del implacable proceso de exterminio que padece ese pueblo que había resuelto, tres años antes, fundar un nuevo centro poblacional, al que bautizaron Xayacalan (Lugar de las máscaras), derivado de su danza ritual de los xayakates.

Santos Leyva, ya mayor, con la vista cansada y una sucesión de duelos en el corazón, es el único que queda vivo de toda una generación de autoridades comunitarias que han caído una tras otra.

El último en ser asesinado fue Trinidad de la Cruz, firmante de la minuta. Tenía 73 años. Había sobresalido por su activismo en favor de las guardias comunales que se integraron, siguiendo el modelo de las policías comunitarias de San Luis Acatlán. Fue secuestrado, torturado y muerto apenas ocho días de la reunión referida. Él es el número 28.

Dicha minuta revela la incapacidad de las fuerzas de seguridad federales y locales para hacer frente a las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico que disputan el control de la región.

Díganos qué es lo que van a hacer

A la reunión que se celebró en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán asistieron funcionarios de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, del Ministerio Público Militar de la 21 Zona Militar y del gobierno de Leonel Godoy.

Ahí, don Trini y don Santos explicaron que las incursiones de caravanas de tres o cuatro vehículos con hombres fuertemente armados no había cesado. Identificaron las comunidades de donde salían: La Placita (donde radican los presuntos propietarios que disputan las tierras a los indígenas en tribunales agrarios), El Faro, Aquila, Chayacalan, Rancho Los Mendoza y La Playa.

Expresaron que las medidas cautelares emitidas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a cuatro paisanos desaparecidos y proteger la vida de otros amenazados no habían tenido ningún efecto. Y pedían expresamente que cuerpos de seguridad combinados y rotativos –para evitar la corrupción, hicieron hincapié– realizaran rondines, ofreciendo además garantías a las guardias comunales. Para resolver estas peticiones se estableció otra mesa de negociación.

Esta instancia ya no fue a ningún lado. Es público cómo fue asesinado ocho días después don Trini.

Con nombres y apellidos

Algo similar sucedió en septiembre. Pedro Leyva asistió a una audiencia con la relatoría de la CIDH para evaluar los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares que había ordenado el organismo interamericano en septiembre de 2010. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación. La intervención de los representantes de Ostula fue dura. Afirmaron que el Estado mexicano había sido omiso; que a las 11 muertes y una desaparición forzosa, que se contaban ya al momento de la emisión de las órdenes de protección, se habían sumado en un año 16 asesinatos y tres desapariciones más. Identificaron ante las autoridades presentes a los principales perpetradores de estos crímenes, con nombres y apellidos.

Las autoridades alegaron que el Ministerio Público no podía actuar si la comunidad no presentaba denuncias. Los representantes de la comunidad demostraron que sí habían levantado demandas pero que la procuraduría estatal sólo tenía abiertas tres averiguaciones previas. Señalaron que por la inseguridad imperante tenían que trasladarse hasta el Ministerio Público de Coahuayana, donde, sospechaban, las autoridades estaban coludidas con los delincuentes. Y tenían un ejemplo irrebatible: uno de los cuatro desaparecidos de la comunidad es el adolescente Enrique Domínguez, de 17 años, que fue levantado cuando iba camino a Coahuayana con varios familiares a darle seguimiento a la denuncia por la desaparición de otros tres.

Díganos qué es lo que van a hacer, habría exigido Pedro Leyva. Los representantes de la CIDH constataron que las autoridades no habían presentado ningún avance positivo en sus obligaciones.

Después de la reunión en Gobernación, Pedro Leyva asistió a una de las asambleas de los lunes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el local de Servicios y Asesoría para la Paz, (Serapaz). De ahí volvió a Xayacalan, con la idea de estar de regreso el 14 de octubre, ya que él integraba el grupo que iba a dialogar con el presidente Felipe Calderón por segunda vez en el castillo de Chapultepec. Fue abatido el 6 de octubre.

Hoy en día la población de Xayacalan está diezmada. De las 300 familias que se habían asentado en la zona costera quedan 30; las demás se han exiliado en los pueblos vecinos. No queda vivo ningún dirigente, excepto Santos Leyva. Incluso sus representantes y abogados viven con medidas extremas de seguridad, lo que les impide estar presentes en las oficinas del Ministerio Público y en los juzgados, exigiendo la justicia que se les niega.

Don Trini fue enterrado el 10 de diciembre, pero no en sus tierras, sino en la vecina playa La Ticla. Ahí sí, fuertemente custodiado por elementos del Ejército. Los días 11 y 17 de diciembre, superando el miedo, la comunidad realizó dos asambleas y pidió que la Marina entrara de inmediato a hacer rondines. El domingo 18, después de años de ausencia, entró a Xalacayan el primer pelotón de marinos.

Eso sólo resuelve la situación más crítica, aplaca un poco el miedo. Pero falta la solución de largo plazo. Mientras, no hay la certidumbre necesaria para que comuneros y gobierno puedan continuar con el proceso agrario.

Conmemoran Las Abejas la masacre de Acteal con jornada de resistencia







Catorce años después exigen castigar a los responsables

Hermann Bellinghausen


Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 7

San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de diciembre. La conmemoración del decimocuarto aniversario de la masacre de Acteal, convocada por la Sociedad Civil Las Abejas, ha durado ya dos de los tres días programados en Yabteclum, municipio de Chenalhó, donde las cinco zonas de la organización tzotzil iniciaron este martes unas jornadas de ayuno y oración; también de memoria de la resistencia, de conocimiento del actual proceso de violencia en nuestro país.

Las familias de Las Abejas recibieron esta tarde a la caminata contra la violencia de Estado, por la paz, la memoria y contra la impunidad, que partió de San Cristóbal la madrugada de ayer, unos ratos a pie y otros rodando en carros, al modo de las antorchas guadalupanas. En tanto, en Acteal se congregaron desde el martes grupos de indígenas católicos de Simojovel, Chenalhó, Pantelhó y Mitontic.

Como cada año en estas fechas, y cada día 22 de todos los meses de los pasados catorce años, Las Abejas recuerdan a sus 45 muertos de 1997 y siguen demandando justicia y respeto por parte de las autoridades, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

En nombre de la organización, Antonio Gutiérrez sostuvo que en nuestro país la justicia se sigue concesionando únicamente a los amigos y socios de los gobernantes en turno. Mencionó la responsabilidad en los hechos de los entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Todas las procesiones convergerán este miércoles en el crucero de Majomut, a la altura de la base militar, para dirigirse a Acteal y culminar la rememoración con la acostumbrada oportunidad de Las Abejas para la denuncia y la solidaridad, manifestándose también contra la impunidad de norte a sur en nuestro país y el acelerado proceso de militarización, paramilitarización y descontrol social, como deliberada estrategia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Condena la UE las agresiones contra activistas


Karina Avilés
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 8

La delegación de la Unión Europea (UE) en México condenó firmemente a los responsables de los recientes ataques, secuestros y asesinatos de defensores de derechos humanos en el país.

En un comunicado, se refirió a la agresión contra Norma Andrade, el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, y los asesinatos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de la Cruz Crisóstomo.

La UE expresó su confianza en que las autoridades sigan haciendo todo lo posible para identificar, detener y juzgar a los responsables de los crecientes ataques y amenazas contra defensores de los derechos humanos, así como su disposición a trabajar con ellas con el propósito de fortalecer el respeto a las garantías. Manifestó su solidaridad con el pueblo y, en especial, con los familiares de las víctimas.

Agregó que la UE toma nota de la declaración de la Secretaría de Gobernación del pasado 8 de diciembre, al repudiar estos hechos, y confió en que el gobierno mexicano seguirá trabajando para la puesta en marcha efectiva del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.

Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue baleada el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Marcial Bautista y Eva Alarcón, presidente y coordinadora de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, están desaparecidos desde el 7 de diciembre. Y el mismo día, el líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóstomo fue encontrado muerto en el municipio de Aquila, Michoacán. Nepomuceno Moreno fue asesinado el pasado 30 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

Serán un fracaso si desaprovechan reforma constitucional en la materia: Gloria Ramírez



Sin nexo real con los ciudadanos, mayoría de comisiones de derechos humanos: ONG

Casi todos los ombudsman estatales han sido omisos en el acompañamiento a las víctimas de abusos

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 22 de diciembre de 2011, p. 10

Después de 20 años de que fueron creadas, la gran mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en México carecen de una vinculación real con los ciudadanos, no tienen perspectiva de género, no hacen análisis de los problemas en sus entidades ni formulan propuestas para resolverlos, señaló Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).

Durante la presentación del informe El sistema ombudsman mexicano a debate, la activista advirtió que si dichos organismos no aprovechan la reforma constitucional de derechos humanos para transformarse, podrían perder toda credibilidad y terminar siendo un gran fracaso.

El estudio, realizado desde 2004 en 12 entidades de la República, monitorea la actuación de los organismos públicos de derechos humanos en rubros como la forma de designación de su titular, el nivel de participación ciudadana y su obediencia a los convenios internacionales, entre otros.

Una de las principales conclusiones del mencionado trabajo es que la gran mayoría de los ombudsman estatales han sido omisos en el acompañamiento de las víctimas de abusos, y no han aprovechado la reforma constitucional de junio de este año para tener un rol más activo.

Se descubrió, además, que los avances o retrocesos en cada comisión dependen en gran medida de la buena voluntad de su titular, y no de una política institucional en la materia, y que los organismos en cuestión no tienen un margen de independencia y autonomía real frente a los gobernadores.

“El del ombudsman sigue siendo un cargo a expensas de temas políticos, que se decide en lo oscurito, y donde no se exige experiencia para ocuparlo. Además, tampoco hay parámetros de certidumbre de las recomendaciones que emiten”, deploró Ramírez, también coordinadora de la cátedra de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En la mayoría de las entidades del país no hay reglas claras para nombrar a quien dirigirá la comisión estatal de derechos humanos ni tienen evaluaciones o proyectos de trabajo claros para justificar su presupuesto, rendir cuentas y avanzar en la resolución de las problemáticas regionales, dijo.

Entre los temas que los ombudsman locales han dejado de abordar –añadió– está el de la violencia contra las mujeres, ya que entre sus funciones no se incluye la elaboración de propuestas con perspectiva de género y la promoción de los derechos sexuales y reproduc- tivos, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera reconocen la existencia del feminicidio como delito.

El sistema es muy costoso; tiene muchos desafíos y ha perdido credibilidad. Puede fortalecerse, o extinguirse como institución ciudadana. Después de 20 años de que fueron creadas, tienen más retrocesos que avances, y pueden terminar siendo un gran fracaso, alertó.

Por todo lo anterior, la presidenta de la AMDH urgió a las comisiones estatales de derechos humanos a armonizar su actuación con la reforma constitucional en la materia, establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de diálogo con la sociedad civil, someterse a auditorías independientes e incluso aplicar figuras como la revocación de mandato de su titular.

IFAI ordena hacer público el número de fosas clandestinas



El Instituto Federal de Acceso a la Información ordena buscar y hacer pública información relacionada con el número de tumbas clandestinas encontradas en todo el país, luego de que la Procuraduría General de la República se negara a proporcionar información. Hace sólo unos días, el IFAI también ordenó a la PGR dar acceso a los videos de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu

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México, DF (Notimex).- El pleno del IFAI resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) busque y entregue información estadística relacionada con el número de fosas clandestinas encontradas en territorio mexicano.

En respuesta a la solicitud de información de un particular, quien pidió conocer la cifra de fosas encontradas en las 32 entidades del país, el IFAI también determinó que se debe informar sobre la cantidad de cuerpos exhumados en esos sitios de diciembre de 2006 a mayo de 2011.

El particular pidió además conocer el número de pruebas de identificación de ADN realizadas por peritos de la PGR, encargados de la aplicación de exámenes de reconocimiento.

Asimismo solicitó el costo total en moneda nacional de los análisis que resulten de la identificación del ácido desoxirribonucléico (ADN) y otros métodos de reconocimiento de los cuerpos, además del gasto promedio por cuerpo exhumado.

En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) agregó que el particular también solicitó conocer cuántos cuerpos exhumados de las fosas han sido reconocidos oficialmente por familiares, a los cuales se les puede adjudicar una identidad oficial.

De igual forma, cuántos servicios médicos forenses hay en todo el país, cuál es su capacidad operativa y el gasto representativo por atender a los cuerpos exhumados; la descripción general de donde las fosas son halladas, así como el sexo y edad de los cuerpos a los que fue posible identificar.

La Procuraduría respondió, respecto al primer punto, que la información es inexistente, mientras que del segundo señaló que sólo cuenta con datos de 2010 y 2011; en ese sentido precisó que el año pasado hizo un total de 474 estudios de ADN y de enero a mayo de 2011, mil 156.

El solicitante se inconformó con la respuesta proporcionada para los numerales uno, dos, tres, cuatro y siete, por lo que presentó recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de Jacqueline Peschard Mariscal.

Después de un profundo análisis de cada punto, la comisionada presidenta del instituto decidió con el pleno rechazar la respuesta de la PGR y le instruyó poner a disposición del recurrente la información estadística solicitada, con el grado de desglose en que se encuentre.

No obstante, el pleno determinó que en caso de que la dependencia no cuente con la información para el periodo del 1 de diciembre de 2006 a 2009, deberá declarar formalmente su inexistencia.

Hace sólo unos días, el IFAI también ordenó a la PGR dar acceso a los videos de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Mediante dos solicitudes de información, un particular requirió las imágenes de estos hechos ocurridos en 1994, informó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

La PGR había indicado que las solicitudes no eran el medio idóneo para acceder a información de las averiguaciones previas y pidió acudir a la agencia del Ministerio Público, por lo que el particular presentó un recurso de revisión.

El asunto fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, quien encontró el informe de la investigación elaborado por la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio.

En el documento se indica la existencia de 13 videos, entre ellos uno de la Policía Judicial Federal que registró, en audio y video, el momento del atentado del 23 de marzo de 1994.

Además, la ponente localizó una solicitud de información al Archivo General de la Nación, en abril del 2010, en la que se requirió acceso al material sobre el caso Colosio.

Respecto del caso Ruiz Massieu, el IFAI confirmó que la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial de Seguimiento.

En el informe del proceso se indica que el caso se consideró agotado respecto de los autores intelectuales, por lo que la comisión quedaría a la expectativa para actuar en cuanto hubiera evidencias o acontecimientos significativos.

El pleno del IFAI consideró que la difusión de los videos no puede entorpecer la actuación del Ministerio Público y ordenó entregarlos.