30/07/2012

Demanda ciudadana inaplazable

Juicio político a Felipe Calderón

Colectivo La Digna Voz


Ante la iniciativa que tutela Felipe Calderón para vetar la Ley General de Víctimas –desatendiendo arbitrariamente la aprobación unánime de dicha Ley en las cámaras alta y baja–, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, responde: “Calderón insiste en la negación de las consecuencias de su guerra; el presidente se opone a buscar un camino para la paz y justicia para México”. Más tarde, en una carta abierta dirigida al hombre que alcanzó la presidencia en 2006 por capricho de los magistrados del TEPJF, el poeta escribe: “Por desgracia, Sr. Presidente [sic], la forma en que el Ejecutivo ha asumido esos compromisos lo único que ha hecho es ofendernos y reiterarnos el desprecio que usted tiene por las víctimas y la patria” (Proceso). Lo que para todo México constituía inequívocamente una treta para ganar tiempo, para Javier Sicilia parecía tratarse de una demanda ciudadana en proceso de efectuarse formalmente. El hombre del escapulario, cuya ingenuidad no pocas veces desconcierta, imaginó que el gobierno de Calderón publicaría en tiempo y forma la referida Ley.
Si bien sus cálculos fracasaron aparatosamente, cabe reconocer que las declaraciones sucesivas del dirigente del MPJD gozaron de cierto pulso. En efecto, Calderón se negará hasta la tumba a reconocer las consecuencias de su guerra. Se trata de la bandera-divisa de su sexenio; sin la reivindicación de esta política, su paso por la presidencia se vería como un lienzo en blanco. Calderón prefiere los trazos en rojo de una guerra inicua, al blanco inmaculado de la nada. Es inútil recordarle su “desprecio por la patria”. Su condición de traidor data desde el día que usurpó el poder e inauguró un 11 de diciembre de 2006, tras un llamado de auxilio a Estados Unidos, la “guerra contra el narcotráfico”, figura desestabilizadora altamente mortífera que exporta Washington a los países cuyos gobiernos solicitan su “desinteresada” ayuda.
Otra vez yerra Javier Sicilia cuando señala: “…Calderón aceptó sacrificar este país para proteger a los 23 millones de adictos que siguen consumiendo drogas en Estados Unidos”. Corrección: en México, la guerra se instrumentó con el objeto de cancelar el cambio político por la vía de los canales institucionales. Fue el recurso a la mano para dotar de factibilidad a un régimen desprovisto de legitimidad e incluso de legalidad, salvo la coactiva que cultiva el Estado cada seis años para afianzar el omnímodo poder de la clase gobernante –que no dirigente–. La militarización de México es un signo del carácter golpista del calderonato. La instauración de un entorno de impunidad (en México 98.76% de los delitos quedan impunes) es otro aspecto sintomático de la calidad delictiva de la saliente administración.
Ante el formidable volumen de pruebas que existe para alentar una demanda que afinque responsabilidades penales al presidente, cabe exhortar a Javier Sicilia a que rectifique su estrategia, y se sume resueltamente a la iniciativa ciudadana que acude a la Corte Penal Internacional para solicitar un juicio penal en contra de Felipe Calderón. La demanda ya se encuentra en la etapa de procesamiento. Pero sólo con una presión mediática significativa se conseguirá que se atienda el caso. No se negocia con una persona acusada por el delito de traición a la patria: se le persigue con todos los recursos que provee la inteligencia y la ley, aunque esta última fuere sesgada e ineficaz.
El artículo 123 del Código Penal Federal establece:
Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
  1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
  2. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México.
La moneda está en el aire. Los muertos reclaman memoria; los vivos justicia.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2012/07/juicio-politico-felipe-calderon-demanda.html

23/07/2012

NUEVO MENSAJE DE ALTA GRAVEDAD DE PARTE DE L@S ZAPATISTAS DE SAN MARCOS AVILÉS


Favor de difundir y circular

Compañeras y compañeros del mundo,

Reciban fuerte abrazos de parte de Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York.

Por este medio damos a conocer un nuevo y sumamente urgente videomensaje de parte de l@s Zapatistas de la comunidad en resistencia de San Marcos Avilés.

En este mensaje nuestr@s herman@s de dicha comunidad chiapaneca nos cuentan con palabras y rostros llenos de emoción y rabia la historia de la pesadilla en que están viviendo actualmente. Esta pesadilla inció después de que se abrió su escuela autonóma en el año 2010. Principalmente, denuncian las constantes agresiones y terror que perpetúan los grupos de choque que son parte y brazo de los partidos políticos donimantes en la región. Ellos buscan aplastar al movimiento Zapatista y su lucha por la justicia, dignidad, y autonomía.

Además, en este videomensaje, envían l@s compañer@s Zapatistas de San Marcos Avilés a todo el mundo unos mensajes dirigidos, en especial, a las mujeres, a los presos políticos, y a los pueblos dignos de todos los países. Nuestr@s herman@s hacen un llamado a que se movilize la solidaridad y apoyo nacional e internacional en su pro, ya que se siguen aumentando las amenazas y agresiones de modo alarmante.

Después de la producción de este videomensaje, especialmente en los últimos días, han ocurrido más amenazas hacia las bases de apoyo zapatistas en San Marcos Avilés por parte del grupo de choque de partidistas locales. Este grupo dijo que secuestrará a los autoridades comunitarios zapatistas, y así, desplazará a fuerza a las bases de apoyo del ejido. A l@s las que denuncian estos actos de agresión y hostigamiento, este grupo ha dicho, además, que l@s meterá a la carcel si siguen denunciando. Por todo esto, se teme un pleno desalojo forzado de la comunidad, al nivel del de 2010.

Aquí les va el enlace a este videomensaje, que es, por supuesto, para ampla difusión:

http://www.youtube.com/watch?v=rY-8CBt3Vkg

¡JUSTICIA Y LIBERTAD POR LOS ZAPATISTAS DE SAN MARCOS AVILES!
¡QUE VIVA EL EZLN!


Con amor y solidaridad,

Movimiento por Justicia del Barrio
La Otra Campaña Nueva York

Actividades III Aniversario Luctuoso Fermín Mariano Matías

Jefes de información, reporteros de la fuente y/o gráficos
Presente:

Invitación a rueda de prensa:

Martes 24 de julio, 10 AM
Lugar: Café-galeria “La Casa de las Conchas”
9 oriente No. 210.
Centro Histórico de Puebla.
Puebla, México.

En el marco del III Aniversario Luctuoso del luchador social Fermín Mariano Matías, joven destacado como atleta, alfabetizador, científico y humanista, fue detenido-desaparecido el 25 de junio en Puebla y presentado sin vida hasta el 27 de julio de 2009 en Tlaxcala. Durante un mes las autoridades de ambos estados ya tenían conocimiento de lo sucedido, sin embargo se negaron a dar información a los propios familiares; fue por la presión de organizaciones sociales, populares y personalidades a nivel nacional e internacional que nos entregaron su cuerpo sin vida, daremos a conocer las actividades a realizarse.

Invita:

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo-Puebla

Familia Mariano Matías
Familia Mendoza Ríos
Colectivo Nahui Ollin

Contacto: puebla.fnls@gmail.com

________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
Facebook: reddh dh
Twitter: @Reddh_mex
Skype: reddh.mex

15/03/2012

Grupo de Trabajo de la ONU, insta al Estado mexicano a tipificar desapariciones forzadas.

Sididh 2.0
Mar 15, 2012 10:41 am | Informacion_Prodh_MMJ

Desapariciones Forzadas ONUEl día de ayer, Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en conferencia desde Ginebra Suiza presentó el informe en esta materia a autoridades de Gobierno mexicano, medios de comunicación y sociedad en general, desde las instalaciones de la Oficina del Alto Comisionado en México.

El informe reconoce los esfuerzos realizados por México en materia de derechos humanos, incluida la lucha contra las desapariciones forzadas, así como los desafíos planteados por la compleja situación actual en materia de seguridad pública que tiene lugar en el marco de la lucha contra el crimen.

Los integrantes del Grupo de trabajo, representado por Dulitzky, así como reconocieron dichos esfuerzos, también recalcaron que “la impunidades un patrón crónico demostrado por la ausencia de las investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas, sin una adecuada”.

En este sentido el Grupo de Trabajo en su informe formula 33 recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta los grupos en situación de especial vulnerabilidad.

“El Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”, dijeron, así como de igual manera hicieron referencia a que no puede enfrentarse esta desafiante situación ignorando el respeto de los derechos humanos, no pueden adjudicarse únicamente al crimen organizado las desapariciones forzadas, sin una adecuada y completa investigación penal.

El Grupo de trabajo insta a Estado mexicano a tipificar el delito de desaparición forzada en todos los códigos penales de todos los Estados de la República.

También en la mesa se encontraba, Blanca Martínez, integrante del FUUNDEC (Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos y desaparecidas en Coahuila) advirtió al grupo de trabajo la serie de irregularidades en los procedimientos para abrir investigaciones sobre desapariciones forzadas en México, “papeleo que no garantiza la investigación y búsqueda de las víctimas” dijo.

Tanto el Grupo de trabajo como la FUUNDEC, coinciden en que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de Justicia Penal, ni en los Ministerios Públicos, la policía o las fuerzas armadas, debido a la falta de compromiso en los casos de desaparición forzada y los insuficientes esfuerzos para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables y para brindar reparaciones.


Mar 15, 2012 10:38 am | Analisis_Prodh_SAA

Trabajo Sexual Derecho Laboral

Reportaje de Desinformemonos / Jaime Montejo

Ciudad de México. Durante el recorrido de conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, el señalamiento era el mismo por parte de trabajadoras sexuales curtidas durante veinte, diez o cinco años en la lucha callejera por la defensa de su territorio: “¿Por qué no nos toman en cuenta? En la tele hablan mucho de las chicas que ganan diez mil pesos al día, ya quisiéramos ganar siquiera mil. ¿Por qué la diputada Rosy Orozco dice esas cosas sin tomarnos en cuenta, sin habernos escuchado?”.

Dice Rocío: “Dicen en la tele que somos un grupo vulnerable, pero nos chingan como si no lo fuéramos, como si fuéramos delincuentes, cuando a nadie hacemos daño”. Y Mérida responde que deberían estar unidas “porque nos quieren chingar, y también debemos ser solidarias cuando muere una de nosotras y apoyarnos para que no se vaya a la fosa común y no pelearnos entre nosotras.”

Una y otra vez, la expresión de rebeldía de trabajadoras sexuales que no saben “dejarse chingar por la autoridad”: “Estamos dispuestas a ver a la diputada para que nos tomen en cuenta. Ella qué sabe de nuestros dolores y angustias. Algunas de nosotras llevamos dos días sin trabajar y cuando nos ocupamos con un cliente, hasta le cobramos menos para llevarnos algo de dinero a nuestra casa.”

En La Merced

Un día como cualquier otro en La Merced. El comercio ambulante, la venta a cuenta gotas en los aparadores de las zapaterías y tiendas naturistas, los camiones bajando y llevando pasaje de un lado a otro de la calle Corregidora. La parada de microbuses despachando unidades hacia el oriente y ciudad Neza, en el Estado de México. Mujeres mazahuas ofreciendo verduras y alguna fruta de temporada. Los cargadores del mercado de flores, yendo y viniendo, con uno que otro viaje de alimentos. Teporochos perdidos en su cruda realidad. Policías haciendo su agosto con los clientes de las trabajadoras sexuales y una que otra rezandera, haciendo limpias para que la suerte regrese y haya abundancia en el talón.

Es la “Candelaria de los patos”, donde una trabajadora sexual de 62 años de edad y 20 en la defensa de la esquina, comenta que debe un año de renta y como ya está grande ya casi no trabaja y por eso quiso vender dulces en la calle, donde la policía se los quitó del lado de la Cuauhtémoc y en el juzgado cívico le cobraron una multa de quinientos pesos, y hasta que vendió sus cosas entre los detenidos pudo salir: “Si no hay trabajo aquí y no me dejan vender, entonces qué hago?”, platica entre lágrimas y pena.

Rubí, trabajadora sexual de 35 años, denuncia que hay muchos policías sobre Corregidora que espantan, roban y extorsionan a los clientes de sus compañeras y no detienen a los ladrones de la zona: “De nada sirve tenerlos si lo único que hacen es quitarnos el pan de nuestra boca”.

Magdalena, quien “se para” en la zona desde los doce años (desde temblor de 1985), afirma que ellas y sus compañeras están dispuestas a defender su trabajo, ya que “un salario mínimo no nos alcanza para salir adelante con los gastos de nuestros hijos”.

Perla, por su parte, relata que a varias de sus amigas las han corrido de sus trabajos “decentes”, porque “no nada más vivían del talón” y algunas “nuevas” han sido despedidas por recortes de personal en las empresas donde laboraban. Afirma que hay mucha desesperación porque el dinero no les alcanza y dice que cómo es posible que sigan cerrando los hoteles donde trabajan, ya que eso ha hecho que haya más competencia entre ellas, “apiladas en los pocos lugares que nos están dejando para ganarnos la vida honestamente”.

Frente al hotel Veracruz se escuchan voces en un pequeño mitin que congrega a las chicas de ese tramo de banqueta: “Hoy es su día compañeras, el día en el que se conmemora a las mujeres que luchan contra la explotación y aquí en la Merced, la movilización contra la explotación sexual se remite a 1993, cuando Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, sembró las primeras semillas contra la extorsión de los inspectores de vía pública y las madrotas autorizadas por el Departamento del Distrito Federal y el Conasida”, señalan con coraje Rosa Icela y Elvira Madrid, a las mujeres más jóvenes que desconocen la historia de lucha de las trabajadoras sexuales independientes de madrotas, partidos políticos y funcionarios públicos.

“Pregonar que la esquina es de quien la trabaja, nos ha costado muertas, detenciones, palizas y amenazas de los verdaderos dueños del talón, no los padrotes de Puebla y Tlaxcala que pululan por todos lados, sino de la clase política que ha gobernado la ciudad y ahora no tiene empacho en pretender borrarlas de un solo golpe”, advierten las fundadoras de Brigada Callejera, organización que se ha distinguido por movilizarse con trabajadoras sexuales contra la prostitución forzada, la extorsión y la prostitución infantil desde hace más de 20 años.

Las trabajadoras sexuales que han participado en la defensa de la calle en La Merced, como Margarita, comparten con sus compañeras más jóvenes o recién llegadas, que ellas se paran y creen que todo está bien, pero que ha costado sacrificio, marchas y plantones para que las dejen trabajar en paz y que cuando llegue el momento, ellas también tienen que apoyar, porque de este trabajo salen adelante con sus familias.

Este 8 de marzo las trabajadoras sexuales visitadas agradecen el obsequio solidario de su tira de tres condones Encanto®, la postal que dice que “El puño de la mujer, atenta contra el poder”, y unos chocolates para celebrar a las compañeras que se ganan la vida dignamente en las esquinas de La Merced, y que la defienden contra los proyectos de limpieza social del gobierno perredista de Marcelo Ebrard.

Mérida, trabajadora sexual veterana de las movilizaciones desde hace veinte años, invita a sus compañeras a hacerse la prueba de detección del VIH/SIDA a conciencia “y no como antes cuando el gobierno nos obligaba a hacerlo”. Las invita a pasar a la clínica de Brigada Callejera con el dentista o para que les hagan su colposcopia y papanicolaou; que no se olviden que pueden terminar su primaria como ella lo hizo; ya que allá “nos tratan con amor, cariño y afecto”.

En esta jornada no faltaron las mujeres de apenas veinte años que preguntan: “¿qué métodos anticonceptivos nos recomiendan ustedes, a nosotras las que trabajamos en esto?”, a lo que Rosa Icela Madrid les responde que el cuerpo de cada mujer es diferente, por lo que se les recomienda asistir a una consulta gratuita para que cada quién evalúe lo que les conviene.

Las compañeras que hicieron la visita dieron más de 50 pláticas sobre el uso del condón y entre risas y albures, lo colocaron con los pechos y la boca y compartieron varios tips para que el cliente termine más rápido “y no les de lata en el cuarto”.

En la clínica de Brigada Callejera se celebró la lucha de las mujeres por su autonomía, con una campaña de salud donde participaron trabajadoras sexuales, mujeres de otros gremios y vecinas del centro histórico, en los servicios de atención dental, consulta psicológica, aplicación de pruebas rápidas de VIH/SIDA, papanicolaou y acupuntura.

Irene, Fabiola, Rosalía y Emiliana, relataron que en otro lado les han hecho sus pruebas de detección del VIH/SIDA y no les entregan sus resultados y tampoco el dinero que les prometieron por participar. También dijeron que hay clientes que piden el servicio y no les pagan y la policía delegacional de la delegación Venustiano Carranza, no hace nada para evitar que eso siga sucediendo.

María, indígena oaxaqueña, ex trabajadora sexual que hoy es auxiliar de salud en la clínica de Brigada Callejera, dijo estar complacida ya que “las chicas recibieron muy bien el mensaje que Rosa y yo les llevamos”.

Para finalizar la jornada del 8 de marzo, Mérida concluye: “se habla de no violencia a la mujer y de respetarla, pero a nosotras las trabajadoras sexuales nos tienen como esclavas y las autoridades nos maltratan porque no respetan sus leyes y reglamentos.”

Mar 15, 2012 10:32 am | Sididh_master

Medios convencionales

Reprochan desdén en desapariciones / Reforma, El gobierno de México no ha hecho lo suficiente para erradicar las desapariciones forzadas, señalaron especialistas de la ONU al presentar el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Organizaciones civiles aseguraron que hay más de 3 mil casos de desaparición forzada desde 2006.

ONU: justicia, inequitativa para indígenas / El Universal, En sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial llamó a México a armonizar a nivel nacional la legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, al tipificar como delito la discriminación en su contra.

Realizarán marcha de Chiapas al DF para exigir liberación de presos políticos / La Jornada, Organizaciones campesinas, sindicales y de derechos humanos anunciaron la realización de una marcha-caminata demoniminada “Por la libertad, la justicia y el desarrollo” para exigir la libertad de los presos políticos de la entidad. Asimismo, se solidarizarán con las otras luchas del país.

México perdió 107 mil habitantes en 2011 por movimientos migratorios: Inegi / La Jornada, Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, la pérdida de población por migración en el último año ha sido la más baja, en comparación con cifras presentadas desde el 2006.

Organismo internacional recomienda a México implementar mecanismo de protección para defensores y periodistas / Cencos, El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas presentó su Informe de Misión a México, en el cual identificó a defensores y periodistas como grupos vulnerables a violaciones a sus derechos humanos.

Redes de trata, detrás de feminicidio en Chihuahua / Cimac, Tan sólo en el primer trimestre de este año han sido asesinadas 60 mujeres en el estado de Chihuahua, mientras que las redes de tratantes de personas operan ante la inacción de autoridades estatales y federales, denunció la organización Justicia para Nuestras Hijas.

Veracruz enfrenta nueva ola de privatizaciones y daños ambientales / Zapateando, Levantar la veda al río La Antigua abriría la discusión sobre las vedas en todo el país, se dijo durante la conferencia de prensa sobre las presas en Veracruz, en el marco del Día Internacional de Acción


Mar 15, 2012 10:31 am | Analisis_Prodh_SAA

Imagen del día

Normal Rural Vasco de Quiroga

Fotos: Iván Sánchez / La Jornada Michoacán

En un hecho que recuerda la tragedia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hasta la madrugada de hoy, policías estatales y federales de Tiripetío, Michoacán, permanecían en la periferia de la Normal Rural Vasco de Quiroga, esperando la orden para ingresar al plantel.

Mientras tanto, al menos 300 estudiantes demandan la asignación de plazas a los egresados e incremento al monto de becas

Al menos 300 alumnos colocaron una pipa de diesel de 20 mil litros a la entrada de la institución y debajo de los autobuses retenidos pusieron colchones rociados de gasolina para incendiarlos si entran los uniformados.

Los normalistas demandan asignación automática de plazas a los egresados de las ocho escuelas de la entidad, incremento al monto de las becas y de la matrícula, que es mayor de 650 alumnos sólo en Tiripetío.


Mar 15, 2012 10:30 am | Analisis_Prodh_SAA

Desaparición Forzada NOEn el Informe de la visita que realizara a México el año pasado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, especialistas señalaron que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para erradicar las desapariciones forzadas:

“Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”. “Recomendamos que el gobierno considere el retiro de las fuerzas armadas como una forma de prevención de las desapariciones, pero la prevención no se limita a esto, sino que tiene que ser una política integral”.



un ojo al gato transparencia

Iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas se presenta hoy ante el Pleno del Senado

Justicia no impunidadTras 25 sesiones de trabajo a lo largo de cuatro meses, entre organizaciones de la sociedad civil y representantes del Senado de la República, se presentará hoy ante el Pleno de la Cámara alta la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Respaldada por más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicana busca crear un mecanismo de prevención y protección con aras a garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas frente al riesgo cada vez mayor que enfrentan por ejercer sus labores. El Centro Prodh, quien ha formado parte de este proceso de construcción de la iniciativa, seguirá atento a la evolución del mismo y confía en su pronta aprobación.

1er Encuentro Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca

Primer Encuentro Maíz Oaxaca

Este sábado 31 de marzo, de las 9 a las 17 horas en el Jardín Etnobotánico en el Centro de Oaxaca, se llevará a cabo este encuentro, con el objetivo de analizar la problemática actual del maíz en Oaxaca y construir acciones colectivas de lucha. Para mayores informes, escribe a colectivoaxaca@yahoo.com.mx o llama a los teléfonos: (951)51 3 60 23 o (951) 539 20 40.

Grupo de trabajo recabó "información creíble" sobre abusos

¿Leyes = seguridad?
Hay complicidad y hasta injerencia del gobierno en desapariciones forzadas: ONU
Foto
Funcionarios de la PGR, SSP federal y enviados de la ONU siguieron atentos la videoconferencia de Ariel DulitzkyFoto Notimex

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2012, p. 3

El gobierno mexicano no puede culpar a los grupos de la delincuencia organizada de ser los únicos responsables por los casos de desaparición forzada que ocurren en el país, ya que buena parte de ellos son cometidos por sus propias fuerzas de seguridad, en medio de una impunidad crónica que genera aún más desconfianza entre las víctimas y sus familiares.

Así lo afirmó Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, quien ayer presentó el informe de dicho organismo luego de la visita realizada a México del 18 al 31 de marzo del año pasado.

En videoconferencia desde la ciudad de Ginebra, Suiza, el especialista advirtió que una gran cantidad de desapariciones forzadas son cometidas por la delincuencia organizada, pero no todas se le pueden atribuir a ella, puesto que la desaparición del Estado en las desapariciones forzadas también está presente.

Aunque reconoce que el país enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública, el grupo de trabajo advirtió que esta situación ha servido de pretexto para que diversos cuerpos de seguridad cometan desapariciones forzadas, o permitan que grupos de delincuentes las realicen.

Los especialistas de Naciones Unidas dijeron haber recabado información creíble sobre detenciones cometidas por elementos militares en contra de civiles, quienes fueron llevados a instalaciones castrenses, haciendo uso de conceptos jurídicos demasiado amplios como flagrancia equiparada, que permiten tener bajo arresto a una persona durante varias horas e incluso días tras haber cometido un ilícito.

La mayoría de estos casos ha ocurrido en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, y en ellos los soldados han realizado interrogatorios haciendo uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los redactores del informe subrayaron también que no hay mecanismos de supervisión del uso de la fuerza de policías y soldados; el arraigo es usado como elemento auxiliar en muchas desapariciones forzadas; el juicio de amparo es insuficiente como defensa, y la mayoría de los abusos son juzgados por cortes militares, quienes no tienen la imparcialidad necesaria para garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, advirtieron que la impunidad sigue siendo el reto principal de las autoridades, ya que los agentes del Ministerio Público se niegan a atender denuncias de desapariciones forzadas; criminalizan a los familiares de las víctimas al relacionarlos sin pruebas con la delincuencia organizada, o los amenazan para que no exijan una investigación adecuada.

La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas para resolverlos, concluyeron.

Por todo lo anterior, el grupo de trabajo emitió una serie de recomendaciones al gobierno de México, entre las cuales está reconocer la magnitud del problema para poderlo dimensionar, crear un banco de datos al respecto, tipificar la desaparición forzada en todas las entidades del país, hacer que todos los casos sean enviados a la justicia civil y no a la militar y crear un programa nacional de búsqueda.

Tras escuchar el informe, representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República afirmaron que ambas dependencias están trabajando para erradicar la desaparición forzada y atender a las víctimas, pero la activista Blanca Martínez, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fundem), reprobó la actuación del gobierno en esta materia.

Luego de Semana Santa, diputados pretenden aprobar plan de Calderón que incluye detenciones en "caso de urgencia" y da manga ancha a militares

¿Leyes = seguridad?
PRI y PAN avalan proyecto que socava al Poder Judicial
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En caso de prosperar el dictamen aprobado por PRI y PAN en San Lázaro se legalizará la realización sin orden judicial de cateos, revisiones de personas y vehículos, levantamiento y revisión de cadáver y las operaciones encubiertas, entre otras actividadesFoto Víctor Camacho
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2012, p. 2

Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron ayer en lo general el dictamen de la iniciativa de Felipe Calderón para expedir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que incluye detenciones en caso de urgencia y un sistema de investigación contra la delincuencia organizada que acepta el cateo de domicilios por denuncia anónima sin orden judicial, revisión y grabación de personas, sus pertenencias y vehículos.

El dictamen justifica la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) integre un cuerpo de agentes infiltrados, especialmente entrenados y facultados para ello, como método de investigación en las estructuras de las bandas criminales, que tampoco requiere orden judicial.

No se consideran las detenciones de urgencia en los delitos financieros conocidos como de cuello blanco.

A petición del presidente de la comisión, Humberto Benítez Treviño (PRI), el documento fue aprobado en lo general y se abrió un espacio de dos semanas para que los diputados presenten observaciones, pero la intención de priístas y panistas es votar íntegra la reforma de Calderón, una vez que no pudieron aprobar la Ley de Seguridad Nacional.

Como ocurrió con esta última, ambas fracciones quieren aprobar el Código Federal de Procedimientos Penales en el pleno después de la Semana Santa, para evitar movilizaciones sociales, como ocurrió con la oposición a la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con una evaluación que el Partido del Trabajo (PT) realizó, al proyecto que circuló la noche del martes entre los integrantes de la comisión, el nuevo código tiene la misma intencionalidad que la ley de seguridad de permitir la intervención del Ejército y la Marina en la persecución del crimen organizado, debido a que se faculta al Ministerio Público Federal (MPF) a solicitar la intervención de los tres órdenes de gobierno en operativos contra la delincuencia organizada.

El dictamen define que el Ministerio Público Federal no solicitará a un juez orden de aprehensión cuando se cometan delitos graves e inclusive cuando exista la tentativa punible de los ilícitos.

Tales detenciones se justifican en el artículo 215 del código, que indica: “sólo en casos urgentes, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: el imputado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en el artículo 264 de este código; exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y por razón de la hora.

A su vez, el artículo 264 se refiere a que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa –esto es, invariablemente– en el siguiente catálogo de delitos: homicidio doloso, secuestro, trata de personas, los cometidos con medios violentos, piratería, terrorismo, genocidio, evasión de presos, ataques a las vías de comunicación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, robo, robo calificado, sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos, robo de vehículo, desaparición forzada de personas, contra la seguridad de la nación y contra la salud.

El dictamen resalta que la prisión oficiosa no será impugnable por los detenidos o sus defensores y sólo podrá ser revocada si el juez considera que el auto de vinculación a proceso o la acusación se haya formulado por una clasificación jurídica distinta.

Asimismo, incluye un capítulo denominado técnicas de investigación, en el cual se enlistas las actuaciones policiacas o las que solicite el MPF a otras fuerzas: la revisión de personas, corporal e inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada, las operaciones encubiertas, la entrevista a testigos y las demás en las que no se fije control judicial.

Las madres de Ciudad Juárez buscan a sus hijas en el desierto… o en la morgue



Por: - marzo 14 de 2012 - 20:59


Ciudad Juárez (México), 14 mar (EFE).- Las madres de la población mexicana de Ciudad Juárez buscan en el desierto o en la morgue a sus hijas desaparecidas o secuestradas, una situación que recuerda la tragedia vivida en los años noventa, que dejó entre sus habitantes heridas aún no cicatrizadas.

El desierto del Valle de Juárez, un conjunto de pueblos agrícolas situados a las afueras de la ciudad, fronteriza con EE.UU., se ha convertido en un cementerio clandestino de mujeres asesinadas y en lo que va de año se han encontrado al menos 13 cuerpos.

El pasado 7 de febrero, agentes de la Fiscalía General de Chihuahua realizaron un rastreo tras una llamada anónima que alertaba del hallazgo de restos humanos en el suroeste del poblado de San Ignacio, un pequeño municipio dentro del Valle de Juárez.

Las autoridades encontraron los restos de cuatro jóvenes mujeres, algunas desaparecidas desde 2010. Días más tarde se hallaron los restos de otras cinco personas en distintas zonas del mismo poblado.

“En lo que va del 2012 han sido encontrados 9 cuerpos, es decir, restos óseos pertenecientes a nueve cuerpos y hay tres cuerpos probables más, pero de estos no estamos seguros si son de jovencitas también”, dijo el portavoz de la Fiscalía, Carlos González.

“De estos nueve cuerpos confirmados, los familiares han ya identificado a cuatro. Los demás siguen sin identificar”, agregó. A todos ellos se añade un cadáver encontrado en las últimas horas.

El periodista español Javier Juárez, quien ha cubierto los feminicidios en Ciudad Juárez desde hace varios años, afirma que los grupos dedicados al secuestro de mujeres jóvenes han elegido esta zona por el hermetismo que mantienen los residentes.

“Es una zona que ha sido controlada por narcotraficantes, es un lugar muy hermético y difícil de acceder. En nuestras investigaciones hemos encontrado incluso una casa de seguridad donde presuntamente se mantiene cautivas a las mujeres secuestradas”, dijo Juárez a Efe.

Para Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, dedicada a apoyar a las madres con hijas asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, esta es una situación que “lamentablemente” se veía venir.

“En los últimos años la situación de violencia criminalizada había opacado la de la violencia contra las mujeres. Este nuevo capítulo nos confirma una situación que estábamos previendo que podría suceder”, explicó.

En la década de los noventa Ciudad Juárez vivió una etapa tenebrosa en la que desaparecieron centenares de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas aún en paradero desconocido. Ahora, para algunos, el panorama puede ser peor.

“La situación actual es aún más grave de la que ocurrió en la década de los 90″, afirmó Juárez.

“En los últimos cuatro años -añadió- hemos visto la desaparición de cerca de 200 adolescentes, según nuestros datos. Las autoridades dan una cifra mucho menor, pero entre el conteo paralelo de las familias y de nosotros, hablamos de entre 160 y 200″.

El 23 de febrero pasado, María García, madre de Jessica Peña, desaparecida en 2010, recibió una llamada de la fiscalía: su hija había estado en la morgue desde aquel año y necesitaban que la identificara.

La indignación de la mujer, que llevaba dos años buscando a su hija, la llevó a velar los restos de Jessica frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir una disculpa del gobernador y una explicación.

“Hay cuerpos que han permanecido hasta 3 años en la morgue”, denuncia Marrufo, para añadir que ello les causó gran “indignación” porque mientras las madres “buscaban día y noche a sus hijas, los restos ya estaban en la morgue escondidos”.

La Fiscalía de Chihuahua afirma trabajar de cerca con los padres de familia y organizaciones civiles para evitar que los cuerpos queden “olvidados” en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

“Lamentablemente se han ido entregando restos óseos de acuerdo a como se van dando las identificaciones. Pero para esto hemos estado muy de cerca con los padres y organizaciones”, comentó González.

“Incluso hace un mes se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos un listado con una base de datos genética para cruzar información y agilizar la entrega e identificación”, agregó.

Para las madres, la entrega de los restos de sus hijas asesinadas les ha dejado un sentimiento ambivalente: por un lado, alivio, porque la búsqueda ha terminado y, por otro, la certeza de que sus hijas fueron asesinadas.

Para otras madres sigue la tragedia: desde 1993 siguen abiertos 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la Fiscalía, pero el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas cree que pueden llegar a 200. EFE

Habrían enviado el mensaje con una persona del ejido Candelaria; oficialmente lo niegan



Autoridades ambientales amenazan a tres comunidades de Montes Azules para echarlas

Les dan una semana para salir de las tierras que ocupan; en caso contrario, entrarían policías

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 15 de marzo de 2012, p. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 14 de marzo. Autoridades ambientales reiteraron amenazas de desalojo contra las comunidades San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, en Montes Azules, aunque no lo admiten oficialmente. El director regional, Francisco Javier Jiménez González, y el director de la reserva de la biosfera, Julio César Romi Cortez, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “mandaron a una persona del ejido Candelaria, quien llegó hasta los tres poblados con la encomienda de dar el recado de estos dos funcionarios diciendo: ‘que los tres pueblos sólo tienen una semana a partir del lunes 12, de aceptar el pago y salirse de las tierras que están ocupando, que de no hacerlo están listas las policías federal y estatales para desalojarlos’”.

Esto lo denunció la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-UUID), a la que pertenecen esos poblados, ubicados dentro de la llamada zona lacandona, con cuyas autoridades de bienes comunales llegaron a un acuerdo directo, entre comunidades, que ahora los funcionarios pretenden violentar. Se sabe que el gobierno e inversionistas privados planean impulsar proyectos turísticos y otros negocios permitidos por la ley dentro de la selva reservada. Y para eso, las poblaciones indígenas estorban.

Firmada por la presidenta de la ARIC-UUID, Vicenta Méndez Ruiz Salvador Lorenzo, la denuncia expresa: Tras más de 35 años de conflictividad agraria entre los bienes comunales zona lacandona (BCZL) y los tres poblados asentados en terrenos de la zona, llegamos a un acuerdo de conciliación que terminó con el conflicto agrario y el reconocimiento por parte de los BCZL de las posesiones de nuestros tres poblados.

En consecuencia, las autoridades ejidales de la zona lacandona solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria que, conforme a lo establecido en la ley agraria, en su artículo 93, procediera a expropiar sus terrenos y entregarlos a los hermanos tzeltales y tzotziles de los tres pueblos.

Los dos grupos hemos caminado conjuntamente exigiendo justicia, y hasta el momento sólo hemos encontrado omisiones y amenazas de desalojar a los tres pueblos. La última, refieren, llegó el 11 de marzo.

Ante ésta, violatoria de los artículos 1, 2 y 27 de la Constitución Política, la ARIC-UUID responsabiliza a los secretarios federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en general al Estado mexicano, por las acciones que han venido implementado, como las amenazas y las omisiones en las que han incurrido al no dar respuesta a la solicitud de regularización vía la expropiación agraria, conforme a los acuerdos alcanzados.

La organización advierte: No permitiremos un desalojo más, el derecho y la razón nos asisten como pueblos indígenas y conforme a nuestros derechos humanos. Además, les recordamos, somos descendientes y herederos del pueblo maya, que habitó y vivió de estas tierras desde antes de la colonización.

Guadalajara y el luto humano: La historia de “Adriana”, de 13 años, víctima de… la miseria



Por: - marzo 15 de 2012 - 0:00


La familia de Adriana llegó desde Oaxaca a Guadalajara huyendo de la pobreza. La adolescente dio un importante paso: ingresó a la escuela, pero a punto de concluir el sexto grado desapareció. Para la psicóloga y activista por los derechos humanos Belinda Aceves, que la conoció, lo más probable es que haya sido vendida o cedida por la familia a cambio de una dote, según una arraigada costumbre de la Sierra Mixteca.

GUADALAJARA, JAL. (Proceso).- Adriana es el nombre ficticio de una adolescente real de 13 años, que en noviembre pasado salió de la escuela Niño Artillero, de la colonia Ferrocarril de Guadalajara, pero no volvió a su casa. Lo más probable es que haya sido vendida o “casada” por la fuerza con un hombre que tiene cuatro o cinco veces su edad.

Tenía justamente los años en que algunas muchachas de San Martín de las Peras, Oaxaca –de donde proviene Adriana–, son ofrecidas por sus familias a cambio de una dote que varía mucho (entre 8 mil y 10 mil pesos). Es una costumbre que comparten algunas comunidades indígenas de la Sierra Mixteca.

Hace cinco meses Adriana dejó de acudir a la escuela, donde cursaba el sexto grado. Desde entonces no se sabe de ella, pero familiares, maestros y autoridades educativas, que conocen este caso y otros parecidos, prefieren no hablar para evitar meterse en problemas, denuncia la psicóloga Belinda Aceves Becerra, de la Academia Jalisciense de los Derechos Humanos (AJDH).

Dice que la adolescente tenía cerca de cinco años de residir en esta colonia del Sector Juárez de Guadalajara y cuatro de asistir a la mencionada primaria. La madre de Adriana perdió la vida en su intento de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos por el desierto de Baja California.

Al buscar a la familia de Adriana por la calle Ganso, de la colonia Ferrocarril, el reportero no reconoce su ciudad. Por aquí nadie quiere hablar con desconocidos. Un hermano de la muchacha confirma el dato de su desaparición y el de la muerte de su madre, pero se niega a decir más. Sólo una niña de nueve años identificada como su hermana responde algunas palabras a pesar de todo.

–¿Cómo se fue tu hermana? ¿Tú la viste? ¿Ella sola desapareció o qué pasó? –se le plantea.

–No, lo que pasa es que mi papá se la llevó. Mi papá nos dijo que iba a regresar el lunes, pero no era cierto, ella ya nunca volvió.

–¿Cómo te sientes al pensar que ya no tienes a tu hermana?

–No sé, a veces la extraño mucho –dice para cerrar la conversación.

Los ojos de la niña evaden la mirada del reportero. No es para menos, si se considera que ella misma vive el mismo riesgo que Adriana, como observa una mujer adulta que conoce del caso.

Por ese rumbo predominan las casuchas improvisadas. Generalmente el baño consiste en una letrina donde a duras penas cabe una persona y su entrada es cubierta por una cortina o una bolsa negra de plástico. No existen las divisiones: la recámara es parte de la cocina y del comedor; los alimentos se sirven sobre una destartalada mesa, aunque en casi en todas las viviendas hay refrigerador, estufa y televisión, que les regaló el DIF Jalisco.

En una de las viviendas llama la atención una bolsa de plástico transparente que pende de un hilo clavado al techo. Es el lugar más seguro posible para guardar los dulces y los chicles que los niños venden en los cruceros durante el día. “Hay veces que las ratas se tragan lo chicles y por eso los ponen ahí”, dice uno de los pequeños comerciantes.

Suele verse también en muchas casas montones de ropa en desorden, como si quienes la usan acabaran de desempacarla o ya se alistaran para meterla en una bolsa para irse en unas horas. En la calle corretean gallinas enanas y perros callejeros.

Aquí hacen su vida como pueden cientos de mixtecos, otomíes e integrantes de otras etnias. Esta es la colonia donde se tramó el destino de Adriana

LA VIDA EN EL GUETO

La psicóloga Belinda Aceves explica que la pequeña Adriana se “esfumó” igual que muchas otras adolescentes, que son vendidas por sus propios familiares:

“No quiero creer que esto que le pasó a la niña pueda ser en realidad un acto inhumano de compraventa. Entiendo que el asunto es muy delicado y que ninguna autoridad educativa o Ministerio Público quiere entrarle, porque está la familia de por medio. El fenómeno habla de un movimiento de niñas que se intercambian como si fueran cosas o animales. Por desgracia todo eso se arrastra desde sus comunidades, en una acción tutelada o impulsada desde el interior del seno familiar, en el llamado apartado de usos y costumbres”.

No es el primer caso, asegura: “Sabemos, porque así nos lo han comentado, y por boca de los propios parientes, que en ocasiones las jovencitas son ofrecidas en cifras que pueden ir de 8 mil hasta 100 mil pesos, y que es una suma que se paga por la dote. Esta situación permite entrever un submundo que saca a flote la violación a los derechos de los niños y las niñas, en medio de un problema que contraviene todos los tratados internacionales firmados por México en pro de la infancia”.

Para muchos migrantes, dice la entrevistada, la capital jalisciense es “el pequeño norte”, ya que decenas de familias huyen de la miseria en sus comunidades de origen en estados como Oaxaca, Michoacán, guerrero o el Sureste del país. Así llegan a distintos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara:

“Ahí encuentras a quienes dejan sus pueblos y pretenden llegar a Estados Unidos, pero que se atoran y se quedan aquí. Luego descubres que sus casas son a final de cuentas el mejor retrato de sus vidas, siempre improvisadas y hundidas en la más grande de las miserias.

“Llegas a esa viviendas y en efecto hay un refrigerador que les donó el DIF, pero el aparato es un adorno porque en su interior sólo encuentras una Coca-Cola, unos cuantos jitomate y dos o tres huevos. No tienen más comida, esas familias llevan la vida al día y los alimentos se consiguen a partir del trabajo callejero que hacen los adultos y los niños.

Esto explica por qué la colonia Ferrocarril es un gueto. Los policías no entran aquí porque tienen miedo, y algunos maestros de primaria truenan porque sus alumnos huelen mal, asisten de manera irregular a las clases, los grupos tienen alta deserción, los niños no aprenden y están llenos de piojos.

“Adriana es un caso representativo de lo que se vive en la zona. A partir de la información que tenemos en la AJDH, le digo que hay cuando menos otras 15 niñitas que estarían en riesgo de enfrentar la misma suerte. Además detectamos que en la zona metropolitana de Guadalajara hay cuando menos 2 mil infantes, entre niños y niñas indígenas, que viven en las colonias Ferrocarril, en San Juan de Ocotán (Zapopan), en San Martin de las Flores (Tlaquepaque), en Tonalá y en el Retiro (Guadalajara)”.

La mayoría de los indígenas son excluidos del desarrollo de la gran metrópoli y tienen problemas para insertarse en la educación formal, en medio de la discriminación sutil o brutal, sostiene la psicóloga. El primer punto de contacto de los indígenas con ese entorno hostil es la escuela pública:

“Ahí ellos descubren que no son bienvenidos y que, si acaso encuentran espacios disponibles, tienen el problema de la falta de intérpretes, porque sólo hablan su dialecto o idioma original, o que no hay traductores. A los maestros les molesta que vayan sucios, que no lleven el uniforme.

“Como psicóloga, para mí lo importante es presentar un caso como el de Adriana para denunciar todo el fenómeno. Lo grave, lo denigrante para nosotros como sociedad es que esto, que le pasa a la niña, ocurre en una franja de ciudad donde los derechos de los infantes son letra muerta, los menores de piel oscura viven procesos de exclusión y la problemática que se detecta en lo social y en lo educativo ocurre en la segunda ciudad más importante de México, a menos de cuatro kilómetros de distancia del centro, a 15 minutos del lugar en donde se ubica la presidencia municipal de Guadalajara o el Palacio de Gobierno ”.

Relata que hace menos de cinco años la zona fue visitada por Emilio González Márquez “cuando él era candidato del PAN al gobierno de Jalisco. Entonces tuvo la ocurrencia de tocar a la puerta de la casa de una familia indígena para estar bajo el techo de un hogar pobre, quiso sentir qué significaba habitar en la colonia Ferrocarril. Pero al paso del tiempo se olvidó de todo. Hoy ya no recuerda el día que intentó dormir y desayunar como pobre”.

Justamente es este olvido el que combate la entrevistada: “El tema es una historia que nos debería quemar la cara de vergüenza, porque ocurre a un lado de la zona industrial, muy cerca de donde se concentran varios de los más grandes medios de comunicación y de donde se ubica el principal mercado de abastos del centro-occidente del país, la central que surte de productos agrícolas a varios estados del norte. Esto duele en el alma y por ello me atrevo a denunciar la situación que ocurre contra los indígenas, en especial porque este problema golpea a las mujeres, concretamente a jovencitas como Adriana”.

DISCRIMINACIÓN PROFUNDA

Asegura que la sociedad mexicana todavía es renuente a visualizar lo que significa ser menor de edad y ser indígena:

“Seguramente el hombre que se quedó con Adriana ya descubrió que es una niña, que sabe poco del mundo de los adultos, que no se le da la lectoescritura, que no conoce las sumas de dos cifras y no sabe dividir o multiplicar”.

Por desgracia, señala, algunos tecnócratas piensan que su falta de destreza es discapacidad intelectual “o que los conocimientos de los niños indígenas sólo pueden ser medidos por una prueba psicológica llamada Wisc-RM Weschler, sin tomar en cuenta el grave factor de discriminación y exclusión contra ellos”.

Por eso Aceves cuestiona: ¿en qué indicador dentro de los tabuladores establecidos por la Secretaría de Educación sale retratada la escuela de Adriana? ¿Dónde se describen las condiciones en que ella asistía a clases? “Que me digan cómo les explico a mis compañeros del sistema educativo que nuestros planteles son grises y sombríos, que no hay material y que hasta hace poco faltaban sillas para sentar a los niños”.

Por desgracia, dice, la discriminación “corre por la estructura mental de muchos de los que somos maestros. ¿Cuántos no hablamos ni diez palabras de mixteco o de cualquier otra lengua?, ¿cuántos no entendemos que los niños indígenas que llegan a nuestras escuelas se ven obligados a soportar a un profesor que se la pasa cinco horas hablando en español?”

Cita el caso de una niña de primer grado cuyos familiares la llevaban a clases con la ropa mojada con tal de cumplir con el requisito del uniforme:

“Nunca olvidaré en mi vida la carita de la niña que descubrí llegando a clases antes de las ocho de la mañana, en pleno temporal de fríos, con todo el uniforme empapado, porque la familia entendía que de esa manera la niña era igual a sus compañeritas. Desde entonces me quedó claro que un uniforme seco o mojado no garantiza el hecho de que el maestro logre entender las necesidades afectivas de una niña mixteca y también me queda claro que la ausencia de Adriana es un asunto que hay que denunciar para obligarnos a poner los pies sobre la tierra”.

Afirma que a ella la problemática de la comunidad indígena le sirvió para entrar en contacto con Adriana. “Ella duró cuatro años en la escuela; aquí la conocí y aprendí a quererla. Desayunábamos juntas, el menú eran frijoles aguados o tacos de soya, con la tortilla del número tres. Después descubrí que la tortilla tiene niveles y calibres, y que la número diez es la que usan los birrieros” (las más gordas).

“Adriana me buscaba durante el recreo para que le prestara los juegos que yo uso en las dinámicas escolares; ella siempre me pareció una niña muy tierna que me decía: ‘Maestra, hace unas semanas me di cuenta que a la chiquita se la llevaron engañada a su pueblo de origen y que la casaron con un hombre mayor, creo que de 65 años, y le dijeron que iba a ir a cuidar a su abuelita a Estados Unidos y que ganaría mucho dinero, pero que no era cierto’”.

La Secretaría de Educación Jalisco tiene definido un perfil para atender a niñas o niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE), pero todo ese esquema es sólo un discurso ante la realidad que enfrentamos; no se atiende qué pasa con las niñas a las que su propia familia vende. Este problema se escapa de las manos de las autoridades, porque cuando saben que por cualquier razón el niño o la niña ya no va a clases sólo, se le llama a su casa cuatro o cinco veces. Ahí queda todo”.

Belinda Aceves aclara que hay menores indígenas a quienes sí les va bien en los planteles públicos, así como maestros que han tenido la sensibilidad necesaria para entender el problema.

“La crítica que ofrezco es con el ánimo de defender y fortalecer el trabajo que se hace desde la escuela pública, misma que carece de material y de recursos adecuados. Entiendo que esta es la opción para atender a los niños que ahora salen del estado que vio nacer al expresidente Benito Juárez, un indio mixteco, igual que Adrianita.

“Me llena de orgullo tener el contacto con esta comunidad y me siento convencida de que la escuela pública fortalece la democracia, los derechos y la justicia a pesar de sus fallas o de las terribles cosas que conocemos a través de ella”, concluye la psicóloga.

14/03/2012

LA MARINA: EJECUCIÓN, TORTURA, DESAPARICIÓN FORZADA…


Foto: Sanjuana Martínez.

MONTERREY, NL. “El martes cumplió 41 años. ¿Cómo lo festejamos? Llorando. Tiene ocho meses desaparecido”. La voz de Isabel García Acosta de 64 años se corta, el nudo en la garganta no le permite seguir hablando. Su rostro refleja una infinita tristeza y una profunda desolación. Las lágrimas surcan sus mejillas. Toma la foto enmarcada que tiene en el regazo, se la lleva al pecho, la abraza con fuerza. Entra en trance y habla con Martín Rico García: “Hijito de mi corazón esperábamos un regalo: volver a verte en tu cumpleaños. Éramos tan alegres. Ahora vivimos en la tristeza, en el llanto. ¿A dónde te llevaron? ¿Dónde te tienen?”.

El 5 de junio del año pasado, la Marina Armada de México secuestró a su hijo. Aquella mañana varios hombres uniformados, usando el chaleco de la Marina llegaron a su vivienda en vehículos oficiales de esa institución castrense, entraron a su casa sin orden de cateo y se llevaron a Rico García sin orden de aprehensión. Desde entonces no lo volvieron a ver, a pesar de que existen videos y fotografías que comprueban el secuestro y la desaparición forzada perpetrados por la Marina.

“Eran como las seis y media de la mañana. Primero entraron a mi casa, violaron todas las chapas de las puertas, pero nunca preguntaron por alguien, nunca dijeron un nombre de nadie. Me puse mala, padezco diabetes. Me subí al segundo piso y vi que los marinos tenían a mi nieto en medio de la calle sin zapatos. Nunca pensé que se fueran a llevar a mi hijo, así sin decirnos por qué, sin mostrar ningún papel”, cuenta doña Isabel.

Y la interrumpe su nuera, María de los Ángeles Díaz de León: “Después de su casa, los marinos entraron a la nuestra porque somos vecinos. Estábamos dormidos. A mi esposo lo levantaron de la cama y lo sacaron del cuarto, se lo llevaron cuatro marinos, así como estaba en pijama. Uno me dijo: “Déme un cambio de ropa para su esposo”.

Martín Rico García trabajaba en su taller de soldadura, allí mismo en casa. También se dedicaba a comprar y vender coches. La Marina no hizo ningún cargo criminal contra él, ni dio explicaciones sobre un supuesto delito, simplemente lo secuestró.

Doña Isabel añade: “La Marina para mi es la peor de todas las instituciones. Yo les dije que se identificaran, ellos solamente contestaron que eran de la Armada de México. Les dije: ‘Díganme a quien buscan, yo aquí no tengo hombres, estoy sola, vivo sola en mi casa’. ¿Qué respeto pueden ustedes exigir de mi, si entran así a mi casa, violando desde el portón de afuera, hasta el fondo?”.

Mientras los marinos permanecían en la casa de doña Isabel apareció una camioneta marca Chrysler tipo Durango con placas estadounidenses y un hombre bajo y les dijo: “Allí no, en esa casa no, es en la privada”. Por eso, la madre de Rico García dice que todo tiene que ser un terrible error o bien una acción producto de una llamada anónima: “¿La ley como trabaja? La Marina no trabaja limpiamente, porque según está combatiendo el crimen organizado y es a lo que vienen, a cometer crímenes. ¿Por qué la Marina se presta a la venganza con llamadas anónimas? La ley no se debe de prestar a eso”.

Desde su desaparición, los familiares de Rico García y otros 10 hombres secuestrados en Nuevo Laredo en los primeros días del mes de junio del año pasado, han sostenido reuniones con funcionarios de Gobernación, la Procuraduría General de la República, incluso con representantes de la Armada de México, pero no ha habido resultados, según cuenta doña Isabel: “Esperábamos tener alguna razón, que nos dijera dónde los tienen. Qué nos digan por qué se los llevaron, qué nos digan qué hizo mi hijo, de qué le acusan. Siempre agarran personas que supuestamente andan en la delincuencia organizada y las presentan para que sean castigados. ¿Por qué a nosotros no nos dijeron ni una palabra?”.

Luz María añade: “Nomas nos dicen que van a investigar. Y no salen de eso. Nos dicen que están investigando, pero en realidad nada más nos están dando largas. No nos dicen en dónde los tienen. Nada. Y realmente nadie quiere hacer nada porque se trata de la Marina”.

La Armada de México les envió recientemente una carta donde reconoce que tuvo contacto con los desaparecidos: “Personas que refirieron que eran obligados, bajo amenazas, a trabajar para el grupo delictivo Los Zetas, motivo por el cual se les invitó a colaborar para que proporcionaran información del área, en forma voluntaria; se les ofreció protección durante la estancia de las fuerzas navales en ese lugar. Así, fueron trasladados al poblado de Miguel Alemán, Tamaulipas, por su seguridad”.

Lo realmente sospechoso para las víctimas es que la Armada de México declara que los desaparecidos –a quienes llama “presuntos agraviados”– fueran llevados a Miguel Alemán, supuestamente “por su seguridad”, y después fueran dejados en las “inmediaciones de la Central Camionera”, según dice la Marina en la carta, para que los secuestrados “se transportaran con destino a Nuevo Laredo”.

Las víctimas señalan que resultan inverosímiles los argumentos de la Marina, ya que si quería resguardar a los ahora desaparecidos y protegerlos por su seguridad, es absurdo que los haya dejado en una central camionera en Miguel Alemán, Tamaulipas, un lugar conocido por ser “foco rojo” de la violencia y los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

Doña Isabel se muestra enfadada porque la institución castrense subestima su inteligencia: “Me siento muy decepcionada del gobierno de Felipe Calderón porque nos prometió paz, pero desde que él está hemos tenido más dolor, más lágrimas. Yo le pido a nuestro gobierno, más bien, ya no le pido, le exijo que nos devuelvan a nuestros hijos. Calderón no tiene consideración porque no sabe lo que se siente tener a un hijo desaparecido. Tiene todos sus manjares en su mesa para sus hijos y nosotros, ¿qué? ¿Por qué la ley viene a hacernos este daño?”.

Añade: “Si tuviera enfrente a nuestro Presidente le diría que mejor dejara de ser Presidente, porque para gobernar una nación se necesita sabiduría. ¿Él cuántas almas ha dañado? ¿Cuántos muertos ha habido por su causa? Si él no sabe gobernar, si ya no haya qué hacer, es mejor que diga ya no puedo. Allí está. Él ha de tener su casa rodeado de escoltas que lo cuidan, pero yo digo una cosa: quien anda con la verdad no teme. ¿A que le teme Calderón?”.

Doña Isabel continúa con su monólogo: “Yo no sé ninguna letra porque no fui a la escuela, pero sí sé que cuando alguien se pone a hacer algo necesita saber. Gobernar una nación no es cosa de juego. En lugar de hacerle bien a la nación, está matando al país, nos está matando. Si estas palabras pudieran llegar a nuestro Presidente, con todo respeto, porque yo soy temerosa a Dios, la ley se puso por Dios, pero no para que fuera corrupta, sino para que hiciera su deber: amar a la nación, no odiarla. ¿Qué amor puede tener Calderón por México? Una institución como la Marina que viene a matarnos o a quitarnos a nuestros hijos. Le digo yo a mi gobierno, con esa autoridad, mejor déjenos gobernarnos solos”.

Martín Rico García y María de los Ángeles Díaz de León tienen tres hijos que ahora se encuentran sumidos en la tristeza y la depresión. Lo más difícil para ella ha sido sostener innumerables reuniones con funcionarios de distintas dependencias sin obtener ningún resultado, porque sencillamente nadie está buscando a los desaparecidos. Pero lo que realmente le duele es la forma en que la Marina juega con sus sentimientos: “Un representante de la Armada de México viene a decirnos puras mentiras, incluso no cuidan la información porque en la carta nos dicen que se llevaron a mi marido un día 4, cuando a mi esposo lo desapareció la Marina el día 5 de junio. Nosotros lo único que queremos es saber de él, que nos digan dónde está, dónde lo tienen, que nos lo regresen. ¿Ocho meses sin saber de él? Si hizo algo que lo pongan a disposición de la autoridad”.

Doña Isabel tiene siete hijos: cinco hombres y dos mujeres, unos 30 nietos y una bisnieta; pero su corazón está con el hijo que le falta: “Aunque tenga muchos hijos, hace falta el que no está, mi Martín. Tengo muchos dientes, pero me hace falta el que se me cayó y por eso me lo pongo. Así los hijos, todos son necesarios”.

Foto: Sanjuana Martínez.

¿SE LES FUE LA MANO?

Del 1 al 23 de junio del año pasado, la Marina se llevó a 15 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denuncia Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Por miedo a represalias y por haber sido amenazados, sólo ocho familias aceptaron dar los nombres de los desaparecidos: José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillen Martínez, Joel Díaz Espinoza y Arturo Guevara Arenas.

Ana Gómez Rivera, hermana de Usiel Gomez Rivera, cuenta que el secuestro por parte de elementos de la Marina se dio en plena calle de la colonia Mirador, ya que se lo llevaron afuera de una farmacia. Eran las diez de la noche cuando su hermano iba con su cuñada y al salir del negocio fue interceptado por hombres usando el chaleco con la leyenda Marina. Usiel se intentó defender y exigió que le dijeran de qué lo acusaban, pero los marinos le dispararon con una pistola eléctrica y se desmayó. Su esposa fue testigo de todo.

La desaparición forzada de todos está integrada en la denuncia en la Averiguación Previa Penal Número: AP/PGR/TAMPS/NC/1994-III/2011, realizada ante la Procuraduría General de la República. Ana, hermana de Usiel, insiste: “Lo levantaron de la farmacia. Iba con mi cuñada y ella les dijo: ‘¿por qué se lo llevan, qué delito cometió?’. Y ellos nunca contestaron nomás lo secuestraron. Es una desaparición forzada”.

En este caso, como en todos, las versiones de la Marina fueron contradictorias: “Primero nos dijeron que ya los habían ubicado, después se retractaron, luego aceptaron… Lo que ellos están diciendo no es una respuesta correcta para nadie de nosotros, porque todos sabemos que es mentira. Una y otra vez se están equivocando”.

Añade: “Ya me cansé de todas las mentiras que están diciendo, ya quiero que nos digan que hicieron con ellos, si se les fue la mano… si ya pasó eso que no queremos escuchar, si los mataron, que nos digan, o al menos que nos los entreguen, que se los achaquen a cualquiera, lo típico que sabe hacer la Marina, pero que nos los entreguen”.

La desesperación y la angustia se reflejan en su cara: “Quiero que acaben con tanta mentira y digan lo que es, que nos digan la verdad, porque todos sabemos que lo que ellos están diciendo son puras mentiras. Son hasta tontos, así como van, se equivocan y se contradicen siempre”.

Y de manera contundente añade: “Sigo y seguiré exigiendo que me lo entreguen. Seguiremos hasta que ellos aparezcan”.

Ana está sentada en la oficina de Raymundo Ramos, un hombre comprometido con los derechos humanos que fundó el comité hace más de 10 años. Para él, está claro que se trata de desapariciones forzadas por parte de la Marina. Considera que la forma del secuestro fue allanando domicilios de manera ilegal. Y dice que tienen informes de que los secuestrados fueron trasladados a campamentos clandestinos de detención habilitados como prisiones ilegales y centros de tortura ubicados en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Los familiares de los desaparecidos tomaron fotos y videos de los marinos llevándose a los hombres a quienes concentraron en el Hotel Santa Mónica de Nuevo Laredo. Allí los tuvieron una noche y posteriormente se los llevaron a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, concretamente en Hidalgo, Coahuila. En ese lugar, la Armada de México tiene un campamento que, según testimonios, es utilizado como prisión clandestina.

Foto: Sanjuana Martínez.

POR LA MISMA SENDA QUE EL EJÉRCITO

La Campaña Contra la Desaparición Forzada ha señalado en su último comunicado, que en México han desaparecido alrededor de 3 mil personas desde marzo de 2006 a manos de policías federales, el Ejército y la Marina.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército es la institución con mayor número de denuncias por violaciones a las garantías individuales, con alrededor de 6 mil casos.

De diciembre de 2006 a diciembre de 2011, la CNDH ha abierto 82 expedientes sobre abusos militares con 33 civiles asesinados; 225 más sometidos a tortura; 20 personas violadas sexualmente (17 mujeres y tres hombres), además de tres desapariciones forzadas.

También están los casos de cinco niños asesinados (tres de ellos de uno, tres y seis años de edad), así como las torturas a las que fueron sometidos otros 10; la violación de dos menores y los abusos sexuales contra otras dos.

En el reporte “Quejas y Recomendaciones” se establece que se comprobó la participación de 252 soldados involucrados en violaciones de derechos humanos, pero sólo 19 fueron condenados. De los 33 asesinatos cometidos por militares sólo siete fueron resueltos, pero los 225 casos de tortura documentados, las 20 violaciones sexuales y las desapariciones forzadas permanecen en la impunidad.

La justicia militar no está dando los resultados que la Secretaría de la Defensa dice; por ejemplo, en estos casos 168 militares fueron exonerados y ninguno de los 19 altos mandos involucrados en asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, enfrentó un proceso judicial ni siquiera en la justicia militar.

En su último informe anual presentado en enero pasado, la CNDH informó la muerte de 43 personas ajenas a la delincuencia organizada. Son los daños colaterales perpetrados por las fuerzas del Estado, y señaló que las denuncias contra la Marina han “aumentado exponencialmente” con 997 casos de violaciones a los derechos humanos, que van desde ejecución extrajudicial, torturas y desaparición forzada: “De 20 a 40 quejas que se recibían hace cinco años, ahora se reciben alrededor de 600 sobre temas graves”, dijo el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.

En torno a las desapariciones forzadas de hombres en Nuevo Laredo a manos de la Marina, Amnistía Internacional emitió un comunicado solicitando a Felipe Calderón la presentación con vida de los mismos: “La policía y las fuerzas de seguridad, incluidas unidades del Ejército y la Marina, detienen habitualmente sin orden judicial…”.

Para Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, el caso de los hombres desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo requiere urgentemente atención: “La negación del involucramiento de la Marina no es adecuada y es evidente que la justificación no es suficiente para deslindarse de una investigación. Se ha emitido una solicitud de información con urgencia porque estas personas podrían estar siendo sometidas a tortura o a algo peor. El caso requiere de una investigación más profunda e inmediata”.

La desaparición forzada de Diego Omar Guillen Martínez de 23 años, trabajador de un puesto de tacos, a manos de miembros de la Armada de México, es uno de los casos incluidos en la denuncia ante la PGR. Su esposa Yadira Alejandro Martínez cuenta que el secuestro ocurrió el 4 de junio del año pasado: “Eran las cuatro de la mañana. Rompieron la cerradura. Entraron a nuestro cuarto y lo sacaron de la casa, junto con mi suegro que estaba en la otra habitación. A mi suegro lo dejaron, pero a mi esposo se lo llevaron. Les dije: ‘¿A dónde los llevan?’ Y uno me contestó: ‘Después vaya a investigar’”.

A Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez, los marinos le dieron 400 pesos para que arreglara la chapa de la puerta principal que le arrancaron al entrar a la fuerza y secuestrar a su esposo José Fortino Martínez Martínez, el 5 de junio del año pasado. Ella y su cuñado Alejandro Gil persiguieron a los marinos y les hicieron fotos y videos para demostrar cómo se llevaron a José Fortino. Las imágenes muestran a los elementos de la Armada de México con los desaparecidos, mientras los mantenían recluidos en el Hotel Santa Mónica.

También en el caso del hijo de María Cruz Camarillo Pérez hay testimonios y pruebas. José Cruz Díaz Camarillo trabajaba en su taller de tatuajes cuando un comando de marinos arribo al lugar y se lo llevaron.

Tanto Yadira como Oralia Guadalupe dicen ya no confiar en las versiones de la Marina y ambas señalan: “¿Confianza de que los vamos a encontrar? Sí claro, pero sólo confiamos en Dios. Estamos orando”.