29/03/2009

Determinan 70 ONG programa en favor de la liberación de los presos de Atenco


Ángeles Cruz Martínez

Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.

De manera particular, los asistentes resaltaron la urgencia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa sean trasladados a un centro de readaptación social (Cereso) y dejen el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Rechazaron que a los líderes sociales se les equipare con delincuentes peligrosos, como secuestradores o narcotraficantes. Rosa Nelly, quien crió a Galindo Gochicoa, denunció que desde octubre pasado las autoridades del penal decidieron cancelar al abogado el permiso de visita.

Además, denunció que los presos padecen hostigamiento, pues en varias ocasiones, durante la noche, se realizan inspecciones a las celdas. Los policías entran con perros y tiran al suelo sus pertenencias, acusó.

La represión se agudizó el pasado 16 de marzo, cuando los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y el sacerdote Miguel Concha intentaron visitarlos. “No les dieron de comer ni los dejaron salir de sus celdas”, señaló Rosa Nelly.

En el transcurso de la reunión, Rodolfo Inés Cuéllar, detenido en el reclusorio Molino de las Flores, se comunicó telefónicamente para enviar, en representación de todos los detenidos, un saludo y un agradecimiento a la asamblea, en lo que fue un emotivo mensaje.

Al encuentro asistieron, además, Adolfo Gilly, el general Francisco Gallardo, los hermanos Cerezo y Dolores González, de Serapaz, entre otros. Los abogados de las 12 personas que continúan privadas de su libertad en la prisión Molino de las Flores y el Altiplano dieron cuenta de los procesos a que fueron sometidos los campesinos y las sentencias dictadas. “Todos son presos políticos”, afirmaron los litigantes.

Como parte de los acuerdos, la asamblea emitió un pronunciamiento de solidaridad con el cantante Manu Chao, a quien también reconocieron el papel que ha desempeñado al denunciar en todos los lugares a que llega las violaciones a los derechos humanos.

A su vez, los representantes de organizaciones civiles ofrecieron realizar actos de difusión en sus respectivas localidades y con ello promover la campaña con que se busca relanzar la exigencia por la liberación de los detenidos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión todavía pendientes y la revocación y anulación de las sentencias.

La campaña, de la que forman parte académicos, intelectuales, actores, obispos y organizaciones civiles, también exige que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los perseguidos y detenidos, y se castigue a los responsables de las violaciones a esas garantías básicas. De igual forma, demandan que se detenga la criminalización de los movimientos sociales en el país.

Entre las próximas actividades del plan de acción destaca, del 28 de marzo al 28 de abril, la realización de la campaña nacional de difusión. El 18 de abril se llevará a cabo una caravana motorizada hacia el penal Molino de las Flores para visitar a los nueve “presos políticos”. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución.

El 19 de abril se efectuará una segunda asamblea de organización de la campaña, y el 3 de mayo un acto político cultural en San Salvador Atenco, justo cuando se cumplen tres años del operativo policiaco ordenado por el gobierno contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

28/03/2009

Debe conocerse “a fondo” la verdad histórica, dice el rector luego de la exoneración a Echeverría


Mantendrá la UNAM exigencia de que se aclare la matanza de estudiantes: Narro

">El Consejo Universitario recuerda que la sociedad aspira al respeto irrestricto del estado de derecho

El ex presidente Luis Echeverría, durante una conferencia de prensa ofrecida en su domicilio el 9 de julio de 2002">
Laura Poy Solano

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, afirmó que mantendrá una “permanente exigencia” para que se esclarezcan los hechos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y se conozca “a fondo la verdad histórica”.

Lo anterior, luego de que se dio a conocer la decisión de un tribunal colegiado de exonerar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez del delito de genocidio, con lo que quedó absuelto de los cargos que le imputó la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Al respecto, el Consejo Universitario, reunido en su primera sesión anual, emitió un pronunciamiento en el que destaca que a más de 40 años de los “indignantes acontecimientos en que muchos fueron masacrados”, y reitera su exigencia de “continuar las investigaciones ministeriales y judiciales, a fin de que la sociedad mexicana conozca la verdad histórica de los hechos y se castigue a los responsables”.

Asimismo, recordó a las autoridades de procuración y administración de justicia su obligación de actuar con la “atingencia y celeridad que plantea el reclamo histórico de una colectividad que espera que tales hechos no permanezcan impunes”.

Por ello, consideró que el esclarecimiento de sucesos “lamentables y dolorosos”, como los ocurridos el 2 de octubre de 1968, así como las condiciones que los propiciaron, es tarea fundamental frente a una sociedad que aspira al respeto irrestricto del estado de derecho y de los derechos humanos.

Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, destacó que es “muy grave que se acepte que hay genocidio, pero sin culpables, porque, en mi opinión, que no es de jurista, creo que (Echeverría) es culpable”.

Calderón's Ambassador to Canada has Blood on his Hands

Calderón's Ambassador to Canada has Blood on his Hands

Francisco Barrio Terrazas, Mexico's new ambassador to Canada, assumed the cushy diplomatic posting on February 26th, 2009. He had previously served as mayor of Ciudad Juarez, known as the Murder Capital of North America, and later as governor of Chihuahua state.

That's right ladies and gents.

Representing the regime of Felipe Calderón in Canada is a man who governed a city where more four hundred women have been killed since 1993. Many of the women killed were sexually assaulted first. Barrio Terrazas refused to call for an investigation until 1998.

"We can't accept that Canada, a model country that's culture is based on the respect of human rights and rule of law, could shelter a person who tolerated the murder and rapes of women and girls," reads a statement concerning Barrio Terrazas' appointment from May our Daughters Come Home, a women's group based in Juarez.

As if that weren't bad enough (because it certainly is), Barrio Terrazas has an equally distinguished past as governor of Chihuahua:

"During the Fox administration, the drug cartels penetrated the federal police and the security apparatus in Mexico in unprecedented levels, when (Barrio Terrazas) was the man in charge of making sure the federal bureaucracy operated without fraud, waste and abuse," Tony Payan from the University of Texas at El Paso told the Canadian Press.

Currently, there are over 12,000 soldiers and police occupying Ciudad Juarez. More than 2,000 people have been murdered in Juarez since early 2008, and during January and February of 2009, there were five murders a day in the city of 1.7 million.

Photo: Barrio Terrezas relaxes in Ottawa with Michaëlle Jean while Chihuahua burns.

EN CANADÁ SE TRIPLICARON LAS SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS POR MEXICANOS

EN CANADÁ SE TRIPLICARON LAS SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS POR MEXICANOS
Como consecuencia de la guerra entre los carteles de la droga en México, en cuatro años los mexicanos pasaron a ser los mayores solicitantes de asilo en Canadá. Según documentos obtenidos por el periódico de Montreal La Presse, entre 2005 y 2009 el número de solicitudes procedentes de México casi se triplicó, alcanzando el número récord de 9.456 peticiones. Los datos de la Agencia canadiense de servicios fronterizos destacan también que México desplazó a Colombia como principal país de origen de solicitudes de asilo. Según las autoridades canadienses, este incremento de solicitudes tiene relación directa con la violencia vinculada a los narcotraficantes mexicanos. Muchos solicitantes mexicanos indicaron a las autoridades canadienses que esa violencia les empujaba a solicitar asilo en Canadá.

ABOGADOS CRITICAN RECHAZO CANADIENSE A SOLICITUDES DE REFUGIO DE CIUDADANOS MEXICANOS
Grupos de abogados de derechos humanos y de refugiados acusaron al ministro de la Inmigración de Canadá de no entender la amenaza que enfrentan miles de mexicanos que buscan refugio en el país. El ministro, Jason Kenney, dijo recientemente que más demandantes mexicanos intentan abusar del sistema canadiense de inmigración. El funcionario destacó que el 90 por ciento de los solicitantes de refugio fueron rechazados por esa razón. Pero las entidades de abogados sostienen que la mayoría de los postulantes huye de la violencia y abusos en México, producidos por el comercio ilegal de drogas. La Agencia de Servicios de Frontera de Canadá vinculó a la violencia de los cárteles de la droga al pronunciado incremento en el número de mexicanos que tramitan refugio. Funcionarios canadienses se preparan para más pedidos por parte de los mexicanos que viajan a través de Estados Unidos, en lugar de volar en forma directa hacia Canadá. Los ciudadanos de México no necesitan visa para ingresar a Canadá.



Mexico's human rights record blasted

Despite bid to combat violence, torture, sex abuse, arbitrary arrests on the rise, watchdog report states
Feb 11, 2009 04:30 AM

FOREIGN AFFAIRS REPORTER

Mexico's human rights efforts are falling short of its good intentions, says a report by Amnesty International.

"There is ingrained impunity for human rights violations," said Rupert Knox, a Mexico researcher with the London-based organization. "The government talks about rights in general terms. But what's lacking is a dynamic commitment that has some impact on the ground."

Arbitrary detention, torture, sexual violence and unlawful killings by security officials have escalated during government security operations to combat violent criminal gangs, said the report, tabled this week as the United Nations Human Rights Council in Geneva reviews Mexico's human rights performance.

Although the government's list of "positive initiatives and reforms is good news," there was no information about how to end the rights violations, and the impunity that goes with them, it said.

Mexico has not commented on the report, but it has taken steps to reform its police forces by creating new procedures for training and screening police recruits. More....

27/03/2009

Propone Obama a Carlos Pascual como embajador en México



Redacción
Nacional
Viernes 27 de Marzo, 2009

La administración del presidente Barack Obama designó a Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México, por lo que solicitó al gobierno mexicano su beneplácito para este nombramiento.De 50 años, Pascual nació en Cuba, emigró a EU con sus padres, y es un diplomático de carrera con rango de embajador que conoce de cerca el funcionamiento de seguridad de la Casa Blanca.

El embajador designado es un experto del departamento de Estado en el diseño de planes para estabilizar y reconstruir sociedades que han vivido conflictos.

El presidente Obama busca que el nuevo embajador –de origen cubano-americano– sea ratificado por el Senado, ya que desde hace dos meses la legación estadunidense en México permanece vacante por la salida de Tony Garza, mientras se prepara una visita del presidente norteamericano a este país.El diplomático fue embajador de Estados Unidos en Ucrania en el 2000 y después coordinador para Reconstrucción y Estabilización en el Departamento de Estado. Actualmente es vicepresidente y director de estudios de Política Exterior en Brookings Institution.

La administración del presidente Barack Obama designó a Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México, por lo que solicitó al gobierno mexicano su beneplácito para este nombramiento.De 50 años, Pascual nació en Cuba, emigró a EU con sus padres, y es un diplomático de carrera con rango de embajador que conoce de cerca el funcionamiento de seguridad de la Casa Blanca.

El embajador designado es un experto del departamento de Estado en el diseño de planes para estabilizar y reconstruir sociedades que han vivido conflictos.

El presidente Obama busca que el nuevo embajador –de origen cubano-americano– sea ratificado por el Senado, ya que desde hace dos meses la legación estadunidense en México permanece vacante por la salida de Tony Garza, mientras se prepara una visita del presidente norteamericano a este país.

El diplomático fue embajador de Estados Unidos en Ucrania en el 2000 y después coordinador para Reconstrucción y Estabilización en el Departamento de Estado. Actualmente es vicepresidente y director de estudios de Política Exterior en Brookings Institution.


26/03/2009

Militaristic posturing in MexicoBy

March 25, 2009

HILLARY CLINTON should take advantage of this week's visit to Mexico to openly question the Mexican government's failing human rights record. President Felipe Calderón has centered his anti-drug strategy almost exclusively on the use of the military. If the United States wants to support a lasting peace south of the border, it should complement its military support with demands to respect basic civil liberties.

Since taking power, Calderón has engineered armed crackdowns in 10 states and set up military checkpoints throughout the country. He has sent 40,000 troops to patrol urban centers, with almost 10,000 posted in the border city of Ciudad Juárez. Two of the highest federal police commanders are now military officers, and a dozen prosecutors and police chiefs in Mexico's states are also members of the armed forces. Read more....

Dr. John M. Ackerman
Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Director, Mexican Law Review
5622-7474 ext.1422
ackerman@unam.mx
www.johnackerman.blogspot.com

Crece violencia contra las y los defensores de DH en Guerrero

Estado pretende desactivar organizaciones indígenas

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 25 marzo 09 (CIMAC).- Las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos en Guerrero se han incrementado en los últimos meses: Obtilia Eugenio Manuel presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me`phaa (OPIM) recibió el pasado 17 de marzo tres mensajes en su teléfono celular advirtiéndole que “le va a pasar lo mismo que a Raúl (Lucas) y a Manuel (Ponce)”, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos cadáveres fueron hallados el pasado 20 de febrero con visibles huellas de tortura.

Los mensajes advierten también que aunque tenga el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y otras organizaciones, eso no la salva de que “le atraviesen las balas”.

Las amenazas también han recaído sobre Cuauhtémoc Ramírez, esposo de Obtilia, a pesar de que ambos cuentan con medidas cautelares sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, y de han tenido el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz.

La pareja ha tenido que abandonar la región y el estado, pero los demás integrantes de la OPIM permanecen en sus comunidades en estado de gran vulnerabilidad, informó hoy Abel Herrera, director de Tlachinollan, quien agregó que las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos 20 días.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde más de 111 organizaciones de derechos humanos y diversas OSC brindaron su apoyo al Centro Tlachinollan, Herrera señaló que también Guadalupe, esposa de Raúl Lucas, y su hermana Carmen fueron amenazadas de muerte el pasado 26 de febrero, cuando en Acapulco ésta última fue interceptada por un sujeto quien la sujetó violentamente de los brazos y le advirtió que próximamente las iban a matar, a ellas y al hijo de Raúl, “por andar de bocones”.

La más reciente amenaza ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando ocho integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, fueron seguidos por tres hombres que viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado, color azul, placas UN88768, en el tramo de la carretera de Ayutla-Tecoanapa y donde los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.

Ante estas evidencias, se dijo en la conferencia, es un hecho que en todo el país, pero en particular en Guerrero defensoras y defensores de derechos humanos carecen de condiciones para ejercer su labor, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad física, y se cuenta con la falta de procuración de justicia de la propia Procuraduría del estado, aunado a la ausencia de investigación por parte de las autoridades.

Por eso, dijo Herrera, la escalada mayor de esta violencia son las autoridades que no investigan los delitos, poniendo a defensoras y defensores en una situación de vulnerabilidad, se les criminaliza y les dicen que “hacen campañitas” para desprestigiar a las instituciones. Ocurre sobre todo en las zonas más pobres, como la región de Ayutla y la zona de la Montaña de Guerrero.

A este respecto, el director de Tlachinollan dijo que esto ha representado el cierre de la oficina de Ayutla, lo cual, sin embargo, dijo a Cimacnoticias, no significa claudicar o abandonar los casos de la zona, sino dejar por el momento el espacio por cuestiones de seguridad.

Herrera destaco que las autoridades federales y estatales son las que están obligadas a brindar las garantías para que ellos sigan en Ayutla, y si no lo hacen querrá decir que tienen una responsabilidad para no garantizar el trabajo de las y los defensores.

LAS DEFENSORAS

Ante la pregunta de si existe alguna medida particular para proteger a las mujeres integrantes de Tlachinollan, Herrera explicó que la presencia de las mujeres defensoras de los derechos humanos en Tlachinollan ha sido fundamental, destacó que la fuerza de las mujeres en Ayutla ha sido imprescindible y muy valiosa porque han sido ellas las que han dado la batalla.

Asimismo dijo, han preferido que ellas no sigan realizando su trabajo como lo venían haciendo solas y sin acompañamiento, y por tanto su labor tiene que considerarse con mucha reserva, porque hay precedente que se han venido dando agresiones a las mujeres de Ayutla, como parte de una estrategia de mayor intimidación y de querer sobre todo desmovilizar y desalentar la fuerza de las mujeres en la lucha de los derechos humanos.

INTENTAN DESACTIVAR A ORGANIZACIONES

Todos estos actos de violencia, asesinatos e intimidación, consideró el Director de Tlachinollan, tienen como fin desactivar a las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas, acabar con su lucha, presencia, visión y sobre todo con su derecho a ser pueblos indígenas.

Herrera recordó que la masacre del Charco; las violaciones por parte de militares a las indígenas tlapanecas, Inés y Valentina en 2002; los 30 casos de esterilizaciones forzadas a indígenas mixtecos y tlapanecos, así como las amenazas a las defensoras y defensores del pueblo Me`phaa integrantes de la OPIM y la OFMP.

El asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce “es una forma de querer arrodillar a los pueblos indígenas”, dijo Herrera, ellos “se encontraban en las listas negras del Ejército, debido a su labor desde la masacre de el Charco y las denuncias que venían realizando en contra de elementos del Ejército por el abuso y violaciones realizadas en la región de Ayutla.

Por su parte, Edgar Cortéz, secretario técnico de la Red todos los derechos para todas y todos, que integra a más de 64 organizaciones de derechos humanos, recordó que la anterior Alta Comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, decía que la situación de las y los defensores es un termómetro de cómo están los derechos humanos en un país.

Consideró que lo que hoy padecen las y los defensores de los derechos humanos, deja claro que en este país y en este momento, con la lucha contra el narcotráfico, delincuencia organizada, se les ve como un enemigo, como un obstáculo que dificulta la estrategia gubernamental de construir “seguridad”.

Por ello, las organizaciones presentes en la conferencia exigieron al Estado cumpla con los compromisos internacionales de proteger a las y los defensores.

En la conferencia estuvieron también, Mayra López, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Ernesto López, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); Darío Ramírez, director de Artículo 19; Brisa Maya Solís, directora de Cencos, y Jorge Romero, director del Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR).

25/03/2009

Cerco gubernamental contra los defensores de DH Tlachinollan



Este ambiente hostil contra los defensores y defensoras de derechos humanos es propiciado por las mismas autoridades estatales y municipales que nos criminalizan y atacan

-->El cerco gubernamental contra los defensores de derechos humanos
Difusión Cencos México D.F., 24 de marzo de 2009
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos y comprometemos en la promoción, la defensa y el disfrute de los derechos humanos de la población más desprotegida del estado, en esa medida los defensores y defensoras, empezamos a experimentar la animadversión y el golpeteo de las autoridades que no están dispuestas a cumplir con su responsabilidad primordial de proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Esta actitud hostil se expresa en la desatención a nuestros planteamientos, en ignorar nuestro trabajo, descalificarnos y criminalizarnos.

La mayoría de las autoridades estatales y municipales actúan con prepotencia y con un sentimiento revanchista ante los planteamientos que hacemos en torno a casos de violaciones a derechos humanos. Piensan en automático que nuestras intervenciones, están motivadas por intereses partidistas. No conciben que nuestro trabajo esté inspirado en una causa universal que está más allá de interese económicos y políticos, por el contrario se nos denigra y se forjan concepciones erróneas sobre lo que hacemos, como el hecho de catalogarnos como defensores de delincuentes, como lucradores sociales, protectores de la delincuencia organizada y como parapetos de organizaciones guerrilleras.

Todos estas visiones se construyen dentro de las esferas de un poder omnímodo e impune, que no tolera el trabajo de los defensores de derechos humanos y mucho menos acepta que las organizaciones civiles hagamos públicas sus actuaciones ilegales y que actúen con transparencia y honestidad.

Este trabajo a pesar des estar respaldado por la o­nU, es una actividad de alto riesgo en nuestro país y en nuestro estado. La crispación política que vivimos, el ambiente de inseguridad, la narcoviolencia y la militarización, son indicadores alarmantes de un retorno a la época más oscura y siniestra que se tienen memoria, como la guerra sucia. Más allá de las formalidades y los discursos plagados de verborrea democrática, la realidad es que la alternancia política no ha significado una transformación de las estructuras gansteriles del poder, mucho menos un desmantelamiento del autoritarismo político y de todo su aparato represor.

La libertad económica promovida por el neoliberalismo, es la libertad que restringe los derechos y las libertades ciudadanas. La libertad económica requiere leyes que protejan los grandes intereses financieros y de una clase política dócil y alineada al paradigma del libre mercado. Lo más importante para este modelo político es contar con un aparato represivo que contenga el malestar de la sociedad.

La falta de legitimidad de las autoridades y sobretodo la implantación de políticas públicas contrarias a los intereses de la población mayoritariamente pobre, nos ha colocado en una situación de confrontación permanente, por la lucha de intereses de clase antagónicos, que hacen imposible la solución pacifica de los conflictos, debido a que las ambicione del gran capital nunca van a coincidir con las aspiraciones legitimas de la clase trabajadora. En este contexto donde la tendencia unipolar del sistema neoliberal quiere seguir dominando y sometiendo a las mayorías empobrecidas, hacen inviables los principios democráticos de justicia, igualdad, equidad, libertad y solidaridad entre todos los pueblos.

Ante la imposibilidad de cumplir con estas demandas, los gobiernos han recurrido al uso del ejército mexicano para que puedan suplantarlos ante la debilidad política de las autoridades civiles. Esta situación permite que tanto el ejército como las fuerzas policiacas vuelvan por sus fueros para imponer la ley del terror, como sucedió en la guerra sucia, una época que muchos creíamos difícil de reeditar en tiempos de la derecha empresarial.

Los autores de la represión al quedar impunes vuelven a recobrar fuerza y a levantar vuelo para continuar con sus tareas clandestinas de hacer el trabajo sucio contra los que luchan por la transformación de las instituciones.

A los ciudadanos nos toca padecer las formas de cómo ejercen el poder las autoridades y soportar a una burocracia que se ha enquistado dentro de instituciones obsoletas. ¿Qué institución pública se hace eco del sentir ciudadano y es capaz de atender y resolver sus demandas legitimas? ¿Hay alguna institución gubernamental que experimente que la ciudadanía esté dispuesta a defenderla porque sabe que vela por sus intereses? ¿Qué dependencia pública puede ufanarse de que cuenta con el respaldo y la confianza de la población?

El desencanto ciudadano radica en la traición que la clase gobernante le propinó al movimiento social que lo cooptó, lo dividió y lo intenta someter y desmantelar. La nueva muralla de la nueva clase política en estos tiempos de crisis, también le ha sabido abrir las puertas a la delincuencia de cuello blanco y a todas las manifestaciones del crimen organizado, que alimenta los negocios de la economía criminal. Estas fuerzas oscuras son parte orgánica de un sistema político que lucra con el tema de la transición política y vive de las rentas que le deja la corrupción y la impunidad. En esta telaraña de intereses inconfesables donde se desdibujan los grandes anhelos de la sociedad que se organiza desde abajo, los luchadores sociales o los defensores y defensoras de derechos humanos, apareceremos como disruptores del status quo y como actores incómodos para los mercenarios de la política.

En la región de Ayutla se expresa con mayor nitidez la estrategia gubernamental de amenazar, perseguir, torturar, detener, desaparecer y ejecutar a defensores indígenas, que en medio de su pobreza han sabido organizarse para defender sus derechos. Son ellos los que aparecen en la línea de fuego, los que han sufrido torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales como las de El Charco y las de Raúl Lucas y Manuel Ponce, violaciones sexuales como las de Inés y Valentina; esterilizaciones forzadas; también sufren amenazas de muerte como las que enfrenta desde hace seis años Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez; son víctimas de la fabricación de delitos, como los casos de Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, Manuel Cruz y Raúl Hernández, los cinco presos de conciencia de la OPIM, que el pasado 19 de marzo, 4 de ellos alcanzaron su libertad.

La libertad de los 4 Me phaa es una conquista más del movimiento de los derechos humanos en Guerrero, pero por desgracia esto ha generado reacciones contrarias en el mismo gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justica, al seguir enviando mensajes amenazantes de que no cejará en su intención de criminalizar a los indígenas que fueron declarados inocentes. Coincidentemente los grupos de poder en la región de Ayutla que se encargaron de fabricar estos delitos, volvieron a reactivar sus métodos delincuenciales, difundiendo en la comunidad de El Camalote, que la libertad de los cuatro compañeros la pagaran con su vida. A la compañera Obtilia le volvieron a enviar varios mensajes a su celular para recordarle que en cualquier momento le va a pasar algo, como sucedió con Raúl y Manuel.

Este ambiente hostil contra los defensores y defensoras de derechos humanos es propiciado por las mismas autoridades estatales y municipales que no reconocen y más bien criminalizan y atacan todos nuestros esfuerzos para que la justicia sea una realidad en la Montaña de los olvidados. Las visiones reduccionistas y cargadas de animadversión de la clase política y los cuerpos de seguridad, así como la indiferencia, la falta investigaciones sobre las amenazas a defensores son mensajes claros desde las altas esferas del poder de no reconocer y respetar nuestro trabajo como defensores.

En Guerrero vemos cómo las autoridades se colocan en la trinchera contraria de los defensores de derechos humanos y se empeñan en denostarnos desde diferentes frentes para acallar nuestras voces, para contener por la fuerza nuestras luchas y por ende, para que claudiquemos por la causa de los derechos de los indígenas y campesinos. En estas circunstancias difíciles vemos muy lejos a las autoridades para que asuman con gran responsabilidad su compromiso de garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Falta voluntad política para desmantelar todo el tinglado de intereses políticos y económicos oscuros que prefieren hacer la guerra los indígenas en lugar de que llegue la justicia y la paz donde reina la muerte, la violencia, la pobreza y la impunidad.

23 de marzo de 2009

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

México, entre los países más impunes en violencia contra periodistas

Revela reporte Impunidad en homicidios 2009

Por Leticia Puente Beresford/corresponsal

Nueva York, 24 marzo 09 (CIMAC).- En todo el mundo, los ataques contra los medios y la libertad de expresión tienen como sus mayores víctimas a reporteras y reporteros locales que cubren temas sensibles, como crímenes, corrupción y seguridad nacional en sus países, asegura el reporte "Getting Away With Murder 2009" ("Impunidad en homicidios 2009") que preparó el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ), con sede en esta ciudad.

Según el Reporte, México está considerado como uno de los 14 países más peligrosos para ejercer el periodismo y resalta: los carteles de la droga son intocables, reporteras y reporteros están a expensas del crimen organizado, lo que ha convertido al país en uno de los más peligrosos en todo el Continente Americano.

Expone también dicho informe su preocupación por el flagrante "índice de impunidad" que se registra en 14 naciones, incluido México. Para CPJ, no solo es alarmante el índice de la impunidad, sino que en por lo menos 14 países que analiza, las y los periodistas son asesinados y los homicidas están libres.

"Impunidad en homicidios 2009" destaca el crimen cometido en contra de Alejandro Fonseca Estrada, reportero de radio acribillado a balazos en Villahermosa, Tabasco. Uno más de la lista de seis aún sin resolver en la última década.

Además, en México siete periodistas siguen sin ser localizados, desde 2005. Se sospecha han muerto y no han sido incluidos en el index del Impunity Index Raiting que es de 0.05 casos de periodistas caídos o caídas sin resolver en un radio de un millón de habitantes. El año pasado, el índice fue de diez en un radio de 0.068.

Así, México se ubica en el décimo primer lugar, Brasil en el 15 y Colombia en el 5.

OTROS PAÍSES

Colombia, históricamente, es uno de los países donde más periodistas han caído por su trabajo, pero la situación mejoró al reducirse el índice de crímenes y al obtener la justicia importantes condenas.

No así en Siri Lanka y Pakistán, donde las ya letales condiciones para la prensa se deterioraron aún más el último año y, según el Índice de Impunidad, las y los periodistas caen con frecuencia en cumplimiento de su labor y los gobiernos han fracasado en resolver crímenes.


En Colombia 16 fallecieron y cinco en Brasil, todos impunes, indicó el informe. Así, la violencia que se ejerce en contra de periodistas en América Latina sigue sin resolverse.

En tanto Joel Simon director ejecutivo del Comité destacó que "los resultados de nuestra investigación indican que el fracaso en la solución de los asesinatos de periodistas perpetúa aún más la violencia contra el periodismo", y añade "los países que integran esta lista vergonzosa solo dejarán de figurar si se comprometen a hallar justicia".

El listado, que se localiza en su página
www.cpj.org, incluye a países de todo el mundo, clasificándolos con base en número de homicidios de periodistas sin solución en porcentaje de la población del país, entre 1999 y el 2008.

Entre los casos no resueltos se consideran aquellos en que no hubo condenas y figuran en la lista los países donde hay por lo menos cinco casos no resueltos.

Por lo que hace a Brasil, de recién ingreso, con cinco casos sin resolver este año, entre ellos el asesinato del periodista investigador Luiz Carlos Barbon Filho, de 37 años, que había comprobado corrupción en las filas policiales. Pero la Comisión dice que Brasil ha logrado algo de progreso, al llevar a juicio a cuatro policías y a otro hombre en el caso de Barbon Filho.

Cabe destacar que en Colombia no se han asesinado periodistas desde el 2006, y que recientemente se condenó a los culpables en el homicidio del comentarista radial José Emeterio Rivas. Pero los asesinatos de 16 periodistas en la década pasada siguen sin solución.

Entre otros países mencionados en la lista figuran Irak, país que la encabeza con 88 periodistas asesinados desde la invasión de Estados Unidos en el 2003.

Otro que se menciona en la lista negra es Sierra Leona, con nueve periodistas asesinados, cuyos casos siguen sin resolverse desde enero del 1999, durante la guerra civil. Y Somalia con seis casos impunes desde la década pasada.

En Sri Lanka al menos siguen sin resolverse los casos de nueve periodistas asesinados. En Filipinas son por lo menos 24 homicidios no resueltos; 16 en Rusia desde 1999; siete en Afganistán: diez en Pakistán, siete en la India, siete en Bangladesh y cinco en Nepal.


09/LBP/LAG/GG

Ombudsman mexicano insta a retirar al ejército de tareas de seguridad


Derechos Humanos Nota publicada el 25/03/2009 - 07:38 hs.
MÉXICO-DDHH

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, instó al gobierno mexicano a fijar un plazo determinado para que las policías locales regresen a sus funciones.El Ombudsman de México, José Luis Soberanes, exhortó al mandatario Felipe Calderón a definir las estrategias para que las fuerzas castrenses dejan de participar en labores de seguridad publica.

La recomendación llegó ante el incremento de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por parte de efectivos militares.

El Presidente de la CNDH llamó al Gobierno Federal a fijar un plazo límite para que los cuerpos de seguridad locales reciban una capacitación adecuada y, de este modo, retornen a sus labores.

Soberanes Fernández destacó que una de las funciones esenciales del Estado es construir un entorno social pacífico y tranquilo.

Explicó que este entorno social “no es el de la paz de los sepulcros, sino el de la vida social ordenada y regida por leyes que se respetan”.(PÚLSAR)

Alejandro Pacheco (Red de Corresponsales)25/03/2009

24/03/2009

Más de mil 200 quejas contra militares durante 2008 en México


Derechos Humanos Nota publicada el 23/03/2009 - 17:20 hs.
MÉXICO-DDHH

Organizaciones mexicanas defensoras de los Derechos Humanos informaron que en los últimos dos años han aumentado 6 veces las denuncias contra militares por violaciones a garantías individuales. Son 6 las ONGs de México que denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un incremento de las denuncias en contra de las fuerzas castrenses mexicanas.

De acuerdo al informe presentado a la CIDH por los organismos defensores, en el 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) registró 182 querellas en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA). por presuntas violaciones las garantías individuales.Para el año 2008, las quejas por los mismos motivos sumaron un total de mil 230.

El documento afirma que en 28 casos se registraron muertes como consecuencia de los atropellos.

El reporte detalla que las presuntas violaciones a los derechos humanos consistieron en "cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas”.

Las ONGs mexicanas señalaron que hasta el momento no existen datos sobre alguna sentencia condenatoria a militares por violaciones graves a los derechos humanos.

Ls códigos mexicanos de Justicia Militar permiten que "cualquier delito cometido por militares sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito".
(PÚLSAR)

Alejandro Montaño (Red de Corresponsales)
23/03/2009
Informe detalla que en México 4 periodistas
fueron asesinados en 2009
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que en los primeros seis meses del año han ocurrido al menos 8 atentados graves contra periodistas mexicanos.De acuerdo al informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) "En los últimos seis meses las cifras de agresiones y muertes a periodistas van en aumento".

El reporte agrega que, durante 2009, se cometieron 4 crímenes contra comunicadores mexicanos y 8 atentados graves.

El texto añade que "la impunidad persiste en los asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación".

El expediente asegura que: "El aumento en agresiones contra medios y periodistas -mexicanos- en los últimos años ha provocado un alto nivel de autocensura".

La SIP, sostuvo además que "el crimen organizado -mexicano- ha amenazado a medios de comunicación para que no publiquen información" y "por temor a las represalias de los grupos delictivos solo se manejan las informaciones oficiales".

El organismo defensor de la libertad de prensa reconoce a los estados mexicanos de Tamaulipas (norte), Chihuahua (norte), Veracruz (sureste) Oaxaca (sureste) y Michoacán (suroeste) como los de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo.

La organización advirtió que en México "persisten los intentos por controlar a medios independientes de parte de algunos gobiernos estatales y municipales a través de boicots publicitarios".

Citó como ejemplo al diario AM del estado mexicano de Guanajuato (centro), que ha sufrido por dos años la cancelación de la publicidad del gobierno estatal.
(PÚLSAR)

Alejandro Montaño (Red de Corresponsales)20/03/2009

22/03/2009

Indigenous prisoners still unfairly held

Mexico: Charges against four Indigenous prisoners of conscience dropped, but one still unfairly held

18 March 2009

Amnesty International today welcomed the decision to drop the charges against four Indigenous human rights defenders, who have been imprisoned for nearly a year in Guerrero State, but called for the release of the remaining defender who is still being held on fabricated charges.

“It is time for the authorities to recognise that the prosecution case against these Indigenous defenders is politically motivated and based on unreliable and fabricated evidence in order to punish them for their legitimate work promoting the rights of their community,” said Susan Lee. Leer Mas....

México: Retiran cargos contra cuatro indígenas presos de conciencia, pero uno continúa detenido injustamente

COMUNICADO DE PRENSA

18 de Marzo de 2009

Amnistía Internacional celebró hoy, 18 de marzo, la decisión de retirar los cargos penales contra cuatro indígenas defensores de los derechos humanos quienes llevan casi un año encarcelados en el estado de Guerrero, e hizo un llamado por la liberación del defensor que permanece detenido bajo cargos fabricados.

Nunca hubo suficientes pruebas para justificar el encarcelamiento de estos indígenas defensores de los derechos humanos,” dijo Susan Lee, directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional. “La decisión de retirar los cargos en su contra es una noticia muy positiva, el siguiente paso urgente es acabar con la detención y juicio injusto contra Raúl Hernández.”

Ya ehora de que las autoridades reconozcan que el juicio en contra de estos indígenas defensores de los derechos humanos tiene una motivación política, está basado en pruebas fabricadas y poco fiables, y busca castigarlos por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos de su comunidad,” dijo Susan Lee. Leer mas

ONU, Derechos Humanos

El informe del gobierno mexicano a la ONU no refleja la situación real de los derechos humanos

9 febrero 2009

Según Amnistía Internacional, un informe del gobierno mexicano sobre el estado de los derechos humanos en el país no refleja la realidad sobre el terreno.

Presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el informe no se reconoce la frecuente falta de aplicación o impacto de las políticas del gobierno mexicano, como tampoco se reconoce el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país Leer Mas...

Informe alternativo de Derechos Humanos


México: Amnistía Internacional publica un informe alternativo para el Consejo de Derechos Humanos
9 febrero 2009

El gobierno mexicano está dando a la ONU una valoración incompleta de la situación de los derechos humanos en el país, según un informe alternativo presentado por Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando éste examina, el 10 de febrero, la actuación del país latinoamericano.

Según Amnistía Internacional, el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país. Leer mas...