30/06/2011

Suspenden a juez para investigar súbita riqueza de su secretario de acuerdos



MÉXICO, D.F., (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a partir de este jueves al juez noveno de distrito en materia administrativa con sede en el Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, para facilitar la investigación que se realiza en ese juzgado por el súbito enriquecimiento de uno de sus subordinados, a quien le detectaron en una sola cuenta bancaria movimientos por 432 millones de pesos en un lapso de dos años.

“Se adoptó esta medida de manera cautelar en ejercicio de las facultades que le otorga el Consejo de la Judicatura Federal, la Constitución política y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como las demás normas en la materia”, señaló la CJF en un comunicado.

La medida de apremio, añadió, entrará en vigor a partir de hoy y se mantendrá durante el tiempo que resulte necesario para agotar la investigación y emprender las acciones que resulten necesarias.

No obstante, el CJF aclaró que dicha suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad del juez en algún delito y que se trata solamente de una medida cautelar adoptada por ese organismo en ejercicio de sus facultades para velar por la disciplina y la operación en tribunales y juzgados federales.

Hasta el momento, el CJF sólo ha presentado querella contra el secretario de Acuerdos del juzgado noveno, Esiquio Martínez Hernández, a quien –de acuerdo con datos obtenidos en la Procuraduría General de la República– hallaron dos casas que adquirió en fechas recientes, a precios de entre 800 mil y un millón de pesos, así como dos vehículos que compró en casi 300 mil pesos. Dichos bienes nunca fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales.

La alerta sobre el enriquecimiento ilícito de Martínez Hernández fue emitida por la Secretaría de Hacienda en 2010, cuando la dependencia detectó depósitos en efectivo hasta por 54 millones de pesos en las cuentas bancarias del secretario de Acuerdos del juez Álvaro Tovilla, quien por cierto fue el responsable de acusar de desacato al exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por el caso del predio conocido como “El Encino”, que culminó con el desafuero del tabasqueño

El CJF emplazó al funcionario judicial a acreditar la procedencia de sus bienes y el origen del dinero en sus cuentas bancarias, sin que éste pudiera comprobar la legalidad de sus ingresos, por lo que fue consignado y encarcelado por un juez federal el pasado 27 de mayo.

Posteriormente, el pasado jueves 2, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en la ciudad de México, Ricardo Delgado Quiroz, dictó a Esiquio Martínez Hernández el auto de formal prisión, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

El organismo debería desaparecer; veo impotencia oficial, señala



Trabajen con seriedad y no regateen cifras de plagios, dice el cura al instituto

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 30 de juni
o de 2011, p. 5

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha estado asociado desde siempre con los secuestros de trabajadores indocumentados en Veracruz y otras entidades, por lo que debería desaparecer cuanto antes, afirmó Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, quien llamó a las autoridades a trabajar con seriedad para resolver el plagio de al menos 80 indocumentados en la comunidad veracruzana de Medias Aguas, en vez de regatear cifras y negar lo ocurrido.

Los secuestros no han parado. Veo la impotencia del gobierno federal para pararlos y veo el grado de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada en Veracruz, que ya es descarado, lamentó el sacerdote, quien interpretó el nuevo plagio como un desafío de los criminales contra las instituciones encargadas de detenerlos.

El reto es directo y es muy preocupante que se atrevan a hacer esto faltando tan poco para que llegue el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas), Rodrigo Escobar, y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Navi Pillay).

Aunque en esta ocasión todavía no hay indicios de que agentes del INM hayan estado detrás del secuestro de los 80 migrantes en Medias Aguas, Solalinde consideró que dicho acto es igualmente responsabilidad del organismo, ya que éste debe cuidar la seguridad de los indocumentados desde el momento en que entran al país.

Descomposición

El religioso manifestó de nuevo su petición de que el INM desaparezca, tomando en cuenta su nivel de descomposición, e insistió en que muchos de sus integrantes son cómplices de la delincuencia organizada para secuestrar a miles de migrantes al año.

Ante la negativa del gobierno veracruzano a admitir el nuevo secuestro, aseveró que las pruebas de ello están ahí y llamó a las autoridades a investigar y resolver el crimen, en vez de fingir que no ha pasado nada y regatear las cifras al respecto.

México, territorio minado para quienes buscan el sueño americano, advierte el Colef

Demanda la CNDH al gobierno brinde seguridad a los albergues de migrantes

La guerra al crimen organizado detonó la ola de secuestros y asesinatos de esas personas: PRI

Fernando Camacho, Laura Poy, Ciro Pérez Silva y Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 7

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que varios albergues para migrantes en el país han sido amenazados por grupos criminales, por lo que llamó al gobierno federal a concederle de inmediato medidas cautelares a dichos centros para evitar que las personas que trabajan y permanecen en ellos sufran daños irreparables.

Mediante un comunicado, el organismo mencionó entre las casas afectadas a Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas; Casa de la Caridad, en San Luis Potosí; Nazaret, Casa del Migrante, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Casa del Peregrino Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila, y de forma muy reiterada, Casa Belén Posada del Migrante, en Saltillo.

La CNDH recordó que de enero de 2010 a la fecha, ha insistido para que las autoridades brinden protección a dichos centros humanitarios y se les garantice las condiciones adecuadas para realizar su labor.

Mientras tanto, especialistas del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que México se ha convertido en territorio minado para los migrantes, ante la escalada de violencia, extorsión, secuestro y homicidios en su contra. Además, alertaron que la creciente corrupción de las instituciones públicas encargadas de garantizar su seguridad es punto clave para que se pueda secuestrar a 80 personas y no pase nada.

En entrevista por separado, señalaron que la ola de violencia que afecta al territorio nacional también impactó las rutas migratorias, pues miles de indígenas jornaleros que se desplazaban desde entidades del sur hacia el norte del país han optado por la migración internacional, ante el elevado riesgo de extorsión, secuestro y muerte que representa trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos.

Jorge Mercado Mondragón, sociólogo de la UAM y especialista en migración, destacó que no sólo hay violaciones a los derechos humanos de ciudadanos centroamericanos indocumentados en su ruta por alcanzar la frontera norte, sino también hay miles de connacionales desplazados que son invisibles para las autoridades estatales y federales, y quienes lo han perdido todo al huir de la violencia.

Germán Vega, catedrático del Colef, aseguró que la profunda corrupción imperante en el Instituto Nacional de Migración (INM) favorece un estrecho vínculo entre funcionarios de este organismo y el crimen organizado, pues enfatizó que pese a que la extorsión y la trata de personas es un fenómeno presente desde hace muchos años en la ruta migratoria, el crecimiento de la violencia, que implicó llegar al homicidio, es relativamente reciente.

Mientras tanto, para la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) esta permanente desaparición, secuestro y asesinato de migrantes, que se ha denunciado insistemente, es consecuencia del error que cometió el gobierno federal al declarar la guerra al crimen organizado sin contar con una estrategia.

Dijo que el INM, tal como ocurrió hace seis meses en San Fernando, Tamaulipas –donde fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos–, evidencia nuevamente la incompetencia gubernamental, ahora con el secuestro de 80 personas indocumentadas en la comunidad de Medias Aguas, Veracruz.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó se esclarezca el secuestro de por lo menos 130 migrantes centroamericanos en Veracruz, y condenó la falta de investigación al respecto por parte del gobierno federal.

Lucio Borreguin, secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del partido del sol azteca, señaló que este asunto refleja el caos real en que se encuentra el país, mientras el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguran que no hay ningún problema y que todo está bien.

Pagan impuestos y revitalizan las comunidades a donde llegan: ONG

Los indocumentados trabajan más que nadie y son perseguidos y hostigados

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 9

Pese a trabajar más que nadie, pagar impuestos y revitalizar las comunidades a donde llegan, los migrantes mexicanos y centroamericanos siguen siendo perseguidos y hostigados en Estados Unidos, por lo cual integrantes de diversas organizaciones exigieron al gobierno de Barack Obama que frene ya las redadas y crímenes de odio contra dicha población, al tiempo que llamaron a votar por Alejandro Encinas en las elecciones por la gubernatura del estado de México.

En conferencia de prensa, Ricardo Juárez, representante de Mexicanos sin Fronteras, advirtió que el clima de xenofobia y racismo va creciendo en Estados Unidos, luego de la aprobación de una nueva ley antinmigrante en Carolina del Sur, que se suma a otras similares promulgadas en Arizona, Texas, Alabama, Georgia y Florida.

A pesar de que esas iniciativas son contrarias no sólo a los acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos, sino también a la propia legislación local, los partidos Republicano y Demócrata han adoptado una actitud cínica para sacar provecho electoral del tema, dijo.

Frente a ello, el gobierno de Felipe Calderón ha asumido una postura tibia y sumisa, y en los hechos ha replicado la misma estrategia antinmigrante para frenar a los trabajadores indocumentados que provienen de Centroamérica y otros lugares del continente.

Por lo anterior, Juárez llamó a votar por el aspirante de la coalición Unidos Podemos Más a la gubernatura del estado de México, el perredista Alejandro Encinas, por considerar que fue el único candidato que se manifestó en favor de los migrantes mexiquenses en Estados Unidos.

Doble moral

Por su parte, María García Hernández, del Movimiento Binacional por los Migrantes, puso de relieve la doble moral con la que se conducen muchos sectores del país vecino, puesto que al mismo tiempo que criminalizan y persiguen a los indocumentados, necesitan de su mano de obra para mantener a flote su economía.

Las leyes xenófobas, dijo, ya han generado pérdidas millonarias en la agricultura y el sistema bancario, ya que los mexicanos son uno de los grupos de población que más consumen y más dinero envían fuera del país, y al mismo tiempo son quienes menos prestaciones tienen y están más expuestos a la precariedad laboral.

Alfredo López, consejero del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Dallas, Texas, llamó a Obama a impulsar verdaderamente una reforma migratoria que regularice la situación de millones de personas que viven y trabajan sin documentos en Estados Unidos, y a emitir una orden ejecutiva para frenar las redadas.

Primitivo Rodríguez Oceguera, de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, lamentó a su vez que haya un ambiente de acoso, discriminación y racismo contra los migrantes latinoamericanos, a pesar de que son ellos quienes más aportan con su trabajo al desarrollo del país, reactivan diversas comunidades y pagan impuestos de forma directa e indirecta.

Calderón busca evitar demandas




Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 13

Afirmar que la guerra contra el narcotráfico no ha dejado víctimas, daños materiales ni pérdidas económicas –como hizo la procuradora general de la República, Marisela Morales, en un informe a la comisión Permanente del Congreso– implica no sólo ignorar a los 40 mil muertos que ha arrojado dicha estrategia de seguridad pública, sino también llegar al nivel del absurdo.

Señalaron lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideraron que el objetivo del gobierno con ese documento es prepararse desde ahora para anular cualquier demanda futura contra los responsables de los fallecimientos que ha dejado la lucha contra el crimen organizado.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, consideró lamentable la postura de la PGR, ya que supone desconocer por completo la realidad del país, a las 40 mil personas muertas como consecuencia de esta guerra y el número creciente de desapariciones forzadas.

La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Agnieszka Raczynska, coincidió en que el informe de Morales Ibáñez busca minimizar los datos.

Instituto de defensoría presenta informe de labores



Defensores públicos ganaron 68.5% de casos de 2010 a mayo pasado

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 14

Los defensores públicos lograron, entre 2010 y mayo de este año, sentencias favorables para sus defendidos en 68.5 por ciento de los casos que litigaron ante juzgados y tribunales federales, señala el informe de labores 2010-2011 presentado este miércoles por el magistrado Alejandro Roldán Velázquez, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

En los casos que han representado los asesores jurídicos de la institución ante juzgados y tribunales civiles, administrativos y fiscales, así como de algunos derivados de causas penales federales, lograron que 68.5 por ciento de las sentencias definitivas que obtuvieron fueran favorables para sus representados, lo que habla de un alto grado de efectividad en el derecho constitucional de justicia para los ciudadanos, puntualiza el informe.

El funcionario refirió que durante el periodo que abarca el informe, el IFDP otorgó más de 43 mil 731 servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensoría de oficio en juicios de materia civil, penal, administrativa y laboral.

En su informe, presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal, Roldán Velázquez destacó que la labor del IFDP desempeñó una labor especial en el nuevo servicio que se otorga en materia de secuestros, donde los asesores en materia penal se convierten en abogados que apoyan a víctimas y sus familiares durante todo el proceso legal, y coadyuvan con el Ministerio Público.

Esta función fue encomendada a personal del IFDP por el Congreso, mediante la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, que entró en vigor el 28 de febrero de 2011.

El magistrado refirió que de abril a mayo de este año se atendió a 172 víctimas de plagio. Detalló que a la mayoría (169) se le proporcionó atención directa durante el proceso de averiguación previa, sin importar que un grupo importante de estas personas son de origen centroamericano e ingresaron al país sin documentación, y a tres más se les apoyó en la solicitud de la reparación del daño.

Agregó que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, en el Distrito Federal se ha solicitado la intervención de asesores jurídicos en 11 casos, como representantes del demandado y/o de los terceros afectados en juicios de esa materia.

Explicó que los abogados del IFDP también están preparados para atender las demandas de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la ley de 1973 que busquen recuperar el dinero de sus ahorros de vivienda no ejercidos en el Infonavit.

Los asesores jurídicos, explicó, han ganado en favor de los usuarios de menores recursos 764 casos de forma definitiva y se espera sentencia favorable en otros 3 mil 575 juicios de amparo.

Roldán Velázquez dijo que se prevé que haya más solicitudes de juicios de amparo en este tema después de la jurisprudencia que asentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La declaración, en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Acepta México que protege sólo a 20 de 107 defensores de garantías individuales

Deplora especialista la actitud omisa del gobierno ante el trabajo de los activistas

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 20

El gobierno mexicano admitió el pasado martes, durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sólo ha brindado medidas de protección a 20 de los 107 defensores de garantías individuales –entre ellas la indígena Inés Fernández–, que requieren dicho mecanismo en el estado de Guerrero.

Así lo advirtió Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien señaló que las autoridades del país han mostrado de manera reiterada su falta de interés por la seguridad de los activistas.

En conversación telefónica desde Costa Rica, la especialista señaló que, a este paso, México se va a convertir en un cliente regular de la Corte, y recordó que en 2010 el organismo emitió tres sentencias contra el gobierno del país, por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por soldados en 2002, y por los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados y encarcelados de manera injusta en 1999.

Nos sorprende que la Secretaría de Gobernación mencione ahora que sólo ha brindado medidas de protección a 20 de los 107 defensores y defensoras que las necesitan en el estado de Guerrero. Es preocupante, porque todas esas personas deberían estar protegidas para continuar con su trabajo, indicó.

La actitud omisa de las autoridades mexicanas ha sido tan grave, acusó, que únicamente han apoyado con teléfonos celulares a algunos de los activistas amenazados, quienes han sufrido decenas de nuevos actos intimidatorios en su contra, sin que ninguna institución los proteja.

En un par de meses, diversas organizaciones de derechos humanos presentarán más observaciones ante la CIDH para documentar la falta de acción de México en la defensa de los activistas, informó Nuño, quien consideró que la reiterada negativa del país a cumplir con las sentencias en su contra es una muestra clara de su falta de compromiso al respecto.

Aunque el propio gobierno ha admitido que las amenazas en contra de varios defensores obedecen a su demanda de justicia, no ha hecho nada para protegerlos. Es importante que cumpla las sentencias de la CIDH y, además, que garantice la seguridad de estas personas y modifique el fuero militar, recalcó.

Más allá del caso de los 107 activistas guerrerenses, en la audiencia del martes se abordó el tema de los tres miembros de una familia que fueron víctimas de desaparición forzada por parte de soldados, en diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

Los cargos: cohecho, tráfico de influencias y delito contra la administración de justicia


Presentan denuncia penal contra Onésimo Cepeda, un ministro y tres magistrados

El abogado Xavier Olea cumple su advertencia de llevar a tribunales a funcionarios del PJF

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En imagen de archivo, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, enfrenta una acusación por un presunto fraude de 130 millones de dólaresFoto José Antonio López

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 30 de junio de 2011, p. 21

El abogado Xavier Olea Peláez cumplió este miércoles su advertencia de presentar ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva; del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls, y de los tres magistrados que integran el octavo tribunal colegiado en materia penal en la ciudad de México.

Según consta en la querella a la que tuvo acceso La Jornada, los servidores públicos del Poder Judicial Federal (PJF) y el prelado fueron acusados de incurrir presuntamente en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la administración de justicia.

El lunes de la semana pasada, en conferencia, cuatro días después de que el octavo tribunal colegiado penal emitió una sentencia que cerró cualquier posibilidad de llevar a prisión a Cepeda por el caso del presunto fraude de 130 millones de dólares, Olea insistió en que altos funcionarios del PJF intercedieron en ese litigio para evitar que el prelado fuera a la cárcel.

Olea sostuvo entonces que denunciaría penalmente a altos funcionarios del PJF. Además, el penalista sumó en ese momento a su acusación pública el nombre de Margarita Beatriz Luna Ramos. Sin embargo, en la querella que presentó anoche excluyó a la ministra entre los inculpados, y sólo la mencionó a manera de contexto de la denuncia.

En aquella conferencia, Olea sostuvo que en este asunto existe un concilio chiapaneco de intereses, opinión que dijo tener luego de que vio una imagen en un periódico de circulación nacional donde aparece el obispo abrazado por Alejandro Luna (sobrino de la ministra Luna Ramos e hijo del magistrado del Tribunal Electoral Alejandro Luna Ramos), oriundos del estado de Chiapas.

También, ese mismo lunes, en respuesta a los señalamientos que hizo el abogado –lo mismo que había ocurrido cuatro días antes, cuando Olea aseguró que el ministro Sergio Valls, también de origen chiapaneco, intercedió en favor de Cepeda–, la SCJN emitió un comunicado para desmentir y desacreditar al penalista.

La Corte señaló que reprueba y lamenta que el abogado, quien representa a la parte que acusó al obispo, recurra a litigar en los medios lo que en su momento no se pudo probar en los tribunales.

En ese contexto Olea acudió ayer a la PGR para interponer la denuncia penal, que en los próximos días deberá ser ratificada ante los fiscales del caso.

En entrevista, Olea Peláez dijo que no pretende desprestigiar a la Corte, pero la PGR deberá investigar e interrogar a los ministros para que se aclaren estas situaciones que tienen tufo a corrupción y tráfico de influencias.

29/06/2011

La memoria intentaba no repetir historias

Hace 16 años, la Matanza de Aguas Blancas

El 28 de junio de 1995, más de 60 campesinos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que viajaban por carretera en dos camiones, fueron interceptados en el vado de Aguas Blancas por agentes de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Diez minutos después llegaron otros campesinos que, junto con los primeros, fueron obligados a descender del camión y tirarse en el piso. En ese momento, los policías comenzaron a disparar, matando a 17 personas e hiriendo gravemente a muchas otras. Después de obligar a los campesinos sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías sembraron armas a los muertos, con el objetivo de fundamentar la versión de que se había producido un enfrentamiento. Los campesinos de la OCSS se dirigían a Atoyac de Álvarez a exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien se encontraba como desaparecido desde el 24 de mayo de 1995.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido distintas recomendaciones en las que afirman que en el suceso de Aguas Blancas se violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. A 16 años de la Matanza de Aguas Blancas, el Estado mexicano no ha completado la investigación ni ejercido la acción penal correspondiente en contra de los perpetradores; tampoco ha indemnizado de manera adecuada a las víctimas sobrevivientes ni a los familiares de las personas ejecutadas.


En el contexto de violencia que se vive en México, donde hay más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos, cobra especial énfasis el recuerdo de esta masacre. Desde los datos y la reflexión que arroja la memoria histórica, es importante luchar para que la impunidad no aliente la repetición de los hechos y, al contrario, el Estado mexicano se responsabilice de resarcir de manera integral los daños y de brindar garantías de no repetición de los hechos.

Hoy, la Desaparición Forzada

  1. La Marina

Este lunes, el Secretario General de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, envió una carta pública al presidente Felipe Calderón, en la que expresó su preocupación por las presuntas desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetuadas por elementos de la Secretaría de Marina entre el 1 y el 5 de junio del 2011.


Según la información recabada por AI, cuando se realizaron las detenciones los miembros de la Marina no presentaron orden de aprehensión ni explicaron los motivos de su actuar. Aún a pesar de las quejas y querellas que los familiares de las víctimas han presentado ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ningún elemento de la Secretaría de Marina ha logrado establecer el lugar en el que se encuentran los detenidos.


Considerando que “la falta de progreso en las investigaciones y la continua desaparición de los afectados arroja graves dudas sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”, AI pide al gobierno de Calderón tomar medidas urgentes para establecer el paradero de las personas detenidas. Asimismo, le solicita al mandatario dar órdenes presidenciales de forma clara y pública, para que la detención ilegal y la desaparición forzada no sean toleradas por ningún elemento de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad en México.

(Consulta aquí la carta completa)

  1. El Ejército
Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante originario de Cuernavaca, Morelos, fue detenido el 1 de mayo por la policía municipal de esa localidad. Después de cubrirle la boca con cinta adhesiva, lo entregaron a miembros del Ejército mexicano. Desde entonces, su esposa y otros familiares han intentado localizarlo, pero las autoridades han negado saber dónde se encuentra detenido. Amnistía Internacional teme que haya sido víctima de desaparición forzada y pide la emisión de acciones urgentes, pues dada la situación del país, este tipo de delitos rara vez se investigan y se sancionan. Si no se exige su inmediata localización, es probable que Jethro y su familia se queden sin recursos para acceder a la justicia.

Los maquinistas son cómplices, aseguran

Viacrucis del migrante

A punta de R-15 los bajaron del tren: testigos del secuestro

Narran los detalles del rapto de al menos 80 personas denunciado por el cura Solalinde y negado por las autoridades

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Los migrantes secuestrados el viernes pasado se trasladaban sobre el tren denominado La bestia. Salieron de Ixtepec, Oaxaca, y fueron interceptados en Medias Aguas, VeracruzFoto Notimex
Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 2

El tren salió de Ixtepec, Oaxaca, a las 9 de la mañana con 250 centroamericanos y chiapanecos a bordo. La mayoría estuvieron en el albergue Hermanos en el Camino que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde. Alrededor de las 14 horas llegaron a Medias Aguas, Veracruz, donde ya eran esperados por varios sujetos que a mentadas de madre los obligaron a descender.

Así lo declararon dos personas que también realizaban el viaje, pero alcanzaron a esconderse de los individuos que portaban armas R-15 y con amenazas subieron a decenas de sus compañeros a varias camionetas.

Los testigos alcanzaron a ver tres vehículos que se encontraban del lado que ellos bajaron del tren pero no saben nada de lo que ocurrió del otro lado.

Los testimonios de los migrantes que se salvaron, actualmente en resguardo para garantizar su seguridad, resultaron fundamentales para evidenciar las violaciones a derechos humanos que de manera cotidiana se cometen en contra de ciudadanos de otros países que buscan llegar a Estados Unidos, señaló Solalinde.

En entrevista puntualizó que de los 250 migrantes que abordaron el tren el pasado viernes 24, sólo 131 aceptaron proporcionar sus datos personales en el albergue. Por eso se conocen sus identidades, edad, lugares de origen y otros datos que Solalinde ya entregó a los consulados de los países en cuestión: 46 a El Salvador, 40 a Honduras, 39 a Guatemala y seis a Nicaragua.

A partir de las declaraciones de los migrantes, el sacerdote también comprobó que los maquinistas Marcelino Rasgado Altamirano y Aurelio Vázquez Salgado son copartícipes del plagio múltiple, pues no hicieron la parada donde acostumbran, sino que se siguieron de largo hasta la intersección con la línea que procede de Tenosique, Tabasco, y Coatzacoalcos, Veracruz. Se detuvieron justo donde se encontraban los delincuentes.

De acuerdo con la versión de los testigos, no hubo detonaciones de armas de fuego. Los sicarios se comunicaban con claves y en repetidas ocasiones mencionaron el número 28, aparentemente cuando se referían a niños y mujeres que también iban en el tren.

Para el director de Hermanos en el Camino la evidencia es contundente respecto de la participación de los maquinistas y, de hecho, ante las dudas expresadas por policías de Veracruz que el lunes estuvieron en el albergue en busca de información, les presentó el testimonio de un migrante que les relató cómo en otra ocasión anterior, los conductores del tren pusieron a un grupo de migrantes donde estaban los secuestradores.

No es la primera vez, afirmó Solalinde e incluso dijo que se les conoce (a los trabajadores del tren) por su participación en el trasiego de drogas y tráfico de migrantes a los que también extorsionan.

Todavía más, los dos migrantes que el pasado viernes lograron ocultarse de los secuestradores se volvieron a encontrar con los maquinistas, quienes los invitaron a quedarse en Veracruz, pues ahí podrían trabajar. Por suerte, indicó el sacerdote, decidieron regresar a Ixtepec y presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Respecto a la posición de las autoridades de Veracruz que el lunes mismo negaron que hubiera ocurrido el secuestro, el activista dijo que es lo normal. Mientras Gerardo Buganza sea el secretario general de gobierno la entidad va a estar muy mal, pero ahí están las evidencias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 9 mil 758 secuestros de migrantes en 2009, de los cuales una tercera parte ocurrieron en Veracruz.

Para 2010 la cifra se elevó a más de 11 mil plagios y nuevamente una tercera parte ocurrieron en la entidad que encabeza el priísta Javier Duarte. Eso no es una coincidencia, apuntó.

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Viacrucis del migrante

Sin respuesta del gobierno, la ola de agresiones

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 3

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, en el primer semestre del año, 400 quejas por violaciones a las garantías básicas de los migrantes, problemática que va al alza, sin que exista de parte del gobierno federal la respuesta para prevenir estos ilícitos, afirmó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.

Respecto de la denuncia presentada por el albergue Hermanos en el Camino, sobre el secuestro de al menos 80 migrantes en Medias Aguas, Veracruz, indicó que la CNDH inició una investigación de oficio, y personal del organismo está en Ixtepec, Oaxaca, desde el pasado lunes, con la finalidad de recabar las evidencias.

En entrevista, luego de la presentación del libro Indicadores sobre el derecho a la salud en México, Plascencia comentó que el plagio de los ciudadanos centroamericanos y chiapanecos es reflejo de una problemática todavía pendiente de resolver. Hace falta reforzar la seguridad pública y garantizar la protección de las personas en las zonas donde ocurren delitos como los secuestros.

Recordó que el pasado 22 de febrero, la CNDH presentó un informe en el que señala los lugares donde se presentan tales ilícitos y Veracruz es uno de ellos.

Sin embargo, ante la postura inicial del gobierno del estado de negar la veracidad de la denuncia presentada por el albergue Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde, el ombudsman advirtió que esa es la primera parte del problema a resolver, que las autoridades reconozcan su existencia.

Es el caso también de la trata de personas y sus variantes, como son la explotación sexual, laboral y el tráfico de personas. Señaló que todavía hace falta mucho trabajo para hacer visible esta situación y realizar acciones que lleven a actuar en contra de los responsables. Indicó que es muy importante la reacción ante la comisión de ilícitos, pero más todavía que se impulsen acciones para prevenirlos.

Otro aspecto de la problemática es la impunidad que prevalece en el país. Recordó que sólo 15 por ciento de las víctimas de delito en el país presenta una denuncia formal, y de éstas menos de 10 por ciento de los procesos concluye con una sentencia penal. Es necesario, indicó, actuar para que se realicen las investigaciones y se sancione a los responsables.

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Viacrucis del migrante

El gobernador de Veracruz se reunirá con el cura Solalinde el próximo viernes

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El sacerdote Alejandro Solalinde sostuvo que con base en testimonios de testigos del rapto en Medias Aguas, Veracruz, se puede afirmar que los maquinistas, plenamente identificados, son cómplices del ilícito, pues detuvieron el tren en un lugar inusual para hacer paradas. En tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, accedió a reunirse con el curaFoto María Meléndrez Parada y Notimex

Andrés Timoteo Morales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 4

Jalapa, Ver., 28 de junio. El gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunirá el viernes primero de julio con el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, quien denunció el fin de semana pasado que 80 migrantes centroamericanos que viajaban en el tren llamado La bestia fueron secuestrados por grupos ligados al crimen organizado en la comunidad de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz.

En un comunicado, el gobierno informó que el encuentro servirá para unir esfuerzos en la misma lucha, la protección, el cuidado y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes porque son personas que van en busca de una mejor vida.

El gobernador señaló que no son los veracruzanos quienes los agreden o atentan contra sus derechos, sino los grupos delincuenciales que se aprovechan de la necesidad y recordó que en Amatlán de los Reyes, mujeres de la comunidad La Patrona, movidas por valores humanos y religiosos, se quitan el pan de la boca para dárselo al migrante que pasa montado en el tren en busca de la conquista del sueño americano.

Más allá de que como gobierno estatal nos corresponda o no atender este fenómeno, en Veracruz trabajamos de la mano de la Federación para salvaguardar a los migrantes y propiciar un ambiente de seguridad para quienes transitan por nuestras tierras, apuntó Duarte de Ochoa.

El secretario general de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, había dicho que no se tenía reporte oficial del secuestro; sin embargo, el gobernador anunció hoy el encuentro porque Veracruz está atento y ocupado por los migrantes y en coordinación con el gobierno federal se trabaja para que quienes transitan por la entidad reciban el respeto que merecen, señaló.

Duarte de Ochoa resaltó que uno de los compromisos de su administración es velar por los derechos de los migrantes, porque no son delincuentes, porque son personas que van en busca de una mejor vida, en busca de mejores condiciones para su familia.

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Viacrucis del migrante

Una puñalada de autoridades, negar en vez de investigar, critican religiosos

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 4

La Dimensión Pastoral de Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó el nuevo secuestro masivo de migrantes ocurrido el viernes pasado en Veracruz, denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, y también rechazó lo comentado por el secretario de gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, quien puso en entredicho lo reportado por el religioso.

En entrevista, Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, señaló que el hecho de que el citado funcionario veracruzano refiera que la información no sería verídica, se enmarca en las reacciones que suelen tener las autoridades ante estos hechos, y que es negarlos en lugar de investigarlos, como es su responsabilidad.

La religiosa señaló que este tipo de comentarios constituye una puñalada para el trabajo pastoral que nosotros estamos haciendo, porque justamente estas actitudes son las que han hecho que el secuestro de migrantes y las masacres aumenten y que ni se identifique ni se castigue a los responsables.

Estamos bastante preocupados porque el secretario de gobierno de Veracruz sale a decir en medios de comunicación que Solalinde está diciendo mentiras, y que no es cierto, que eso no pasa y le pide al cura que por favor rectifique... lamentamos este tipo de autoridades que por negligencia o ignorancia no quieren entrar al asunto y en lugar de asumirlo como debieran, lo desmienten, lo critican.

Gutiérrez Valderrama exhortó también al gobierno federal a dejar de considerar el tema de los flujos migratorios como un asunto de seguridad nacional, pues ello además de criminalizar la migración contribuye a la impunidad de los atentados de que son víctimas por parte de la delincuencia organizada e instó también a los gobiernos locales y a los de Centroamérica a dejar de ser omisos.

“Otra vez una petición a la autoridad de que deje de ver el tema de migrantes desde la perspectiva de la seguridad nacional; veámoslo desde la seguridad de la persona. La migración, desde hace años, es considerada como tema de seguridad nacional, por eso están los operativos y las estaciones migratorias, que no han solucionado el fondo del problema que es la situación económica que hace que la gente salga, y en esto los países de Centroamérica no le dan alternativas a su gente, no les cumplen”.

También llamó al gobierno federal a expedir lo antes posible el reglamento de la nueva normatividad migratoria, pues dijo que sin éste es una ley muerta, el Ejecutivo se está tardando en emitir el reglamento y urgimos también a que éste vaya de acuerdo con la visión humana y humanista que ellos dicen tener.

Comentó también que los defensores de los derechos de los migrantes no cejarán en denunciar los abusos que se comentan en contra de éstos, aunque se quiera desprestigiar nuestra lucha y la autoridad moral de quienes la encabezan.

Fueron detenidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina; ésta lo niega


Pide AI a Calderón se investigue la desaparición de seis personas más

Desde hace un mes se desconoce su paradero

El organismo envía al Ejecutivo testimonios y fotos que evidencian los hechos ocurridos entre el primero y 5 de junio en Nuevo Laredo

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 7

Aministía Internacional (AI) solicitó ayer al presidente Felipe Calderón que inicie una investigación civil para dar con el paradero de seis personas que fueron detenidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina, y de quienes a casi un mes se desconoce su paradero.

El secretario general del organismo, Salil Shetty, envió una carta dirigida al Ejecutivo en la cual plantea la existencia de testimonios y fotografías que evidencian las desapariciones forzadas registradas entre el primero y 5 de junio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Diversas autoridades han tomado conocimiento de las denuncias de familiares y amigos de los desaparecidos. El pasado día 15, solicitaron ayuda al gobernador de la entidad, Egidio Torre Cantú, a fin de que los jóvenes sean presentados y sometidos a juicio si es que cometieron algún delito.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre el caso y de igual forma se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, nada se ha resuelto.

Ante esta situación, ayer Amnistía Internacional subrayó que como comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas, la cadena de comando termina en el presidente Felipe Calderón. Él ordenó a esas fuerzas participar en el combate contra la delincuencia organizada y es el último responsable de cualquier abuso cometido contra los derechos humanos.

Por ello, agregó, le corresponde a Calderón garantizar que se conozca el paradero de las personas y que los tribunales civiles se encarguen de hacer rendir cuentas a los responsables de las desapariciones de José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Caramillo, Joel Díaz Espinoza, Martín Rico García, Diego Omar Guillen Martínez y Osiel Gómez Rivera.

En cuatro de estos casos, personal no uniformado de la Marina sacó a los hombres de sus casas y los transportó en vehículos oficiales. En una ocasión familiares siguieron al convoy hasta las puertas de una base militar cercana, indicó AI.

No obstante, en días pasados la Secretaría de Marina rechazó que sus elementos hayan participado en tales aprehensiones. En cambio, fuentes de la dependencia mencionaron que la supuesta presencia de marinos en los hechos estaría vinculada con el uso de uniformes apócrifos de la Armada y recordaron que hace unas semanas se decomisaron algunos en Coahuila.

La información con que cuenta Amnistía Internacional sobre el caso es que los detenidos fueron interrogados con respecto a la posesión de drogas y armas, pero nunca se mostró una orden de arresto u otra justificación para su detención.

Además, una organización de derechos humanos en Nuevo Laredo ha recibido durante este mes reportes de otras ocho desapariciones forzadas que los familiares no han denunciado por miedo a represalias.

Destacó que a pesar de las denuncias presentadas ante autoridades locales y nacionales, el paradero y las condiciones en las que se encuentran los detenidos continúan sin conocerse. De acuerdo con las familias, la investigación iniciada por la PGR tampoco ha mostrado avances significativos.

El organismo internacional recordó que México se ha adherido a varios tratados internacionales para poner fin a las desapariciones forzadas, pues constituyen una grave violación al estado de derecho y pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.

México se enfrenta a una compleja situación de seguridad, pero eso nunca justifica que las autoridades cometan o ignoren serias violaciones a los derechos humanos, señaló Javier Zúñiga, asesor especial de AI.

Y concluyó: El presidente Felipe Calderón Hinojosa debe enviar un mensaje fuerte y claro de que las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas no serán toleradas en México.

El Ejecutivo federal no consideró a partidos, sindicatos e iglesias



Juristas califican de incompleta la iniciativa en torno a lavado de dinero

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 11

Jueces de distrito en materia penal y abogados consultados por La Jornada coincidieron en que si bien es un esfuerzo necesario para combatir a la delincuencia organizada, la iniciativa de ley del Ejecutivo federal contra el lavado de dinero –presentada a finales del año pasado y aún pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión– omite a actores fundamentales en la lista de sujetos obligados a reportar al gobierno sus operaciones financieras.

Asimismo, los expertos aseguraron que la reforma puede generar una inmensa base de datos imposible de analizar a detalle y amenaza con minar el secreto profesional a que están obligados miles de proveedores de asesoría legal y contable.

Rodolfo Garza, abogado; Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas; Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, y jueces federales entrevistados por este diario criticaron la no inclusión de actores como partidos, sindicatos e iglesias, en la larga lista de sujetos obligados a informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre operaciones bancarias en efectivo.

La iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue enviada por el presidente Calderón al Senado de la República en agosto de 2010.

Después de analizar el contenido de la iniciativa, Miranda Esquivel refirió que se trata de un esfuerzo positivo, pero insuficiente, pues no se explica por qué dentro de los sujetos obligados no están los partidos políticos y las iglesias. Hay razones de interés público para incluir a esos sectores en la fiscalización de sus recursos.

Agregó que la no obligación de esas organizaciones de reportar operaciones podría hacerlas vulnerables a estrategias de lavado de la delincuencia organizada en temas como las campañas electorales, donde es sabido que se manejan grandes cantidades de efectivo.

Para Rogelio Garza, abogado con más de 20 años de experiencia en litigios relacionados con casos de delincuencia organizada, de aprobarse esa iniciativa en los términos en que fue presentada creará un mundo de reportes y de información que nadie, ningún país, está listo actualmente para enfrentar.

La iniciativa que se encuentra en el Senado propone que sea obligatoria la entrega de reportes mensuales a la SHCP sobre las operaciones realizadas por todos los abogados, contadores, joyeros, agentes y desarrolladores inmobiliarios, dueños de casinos, casas de empeño, galerías de arte y empresas de traslado de valores, blindadores de vehículos, notarios y corredores públicos.

El abogado Reyes Peralta, quien encabeza una de las pocas organizaciones nacionales integradas por penalistas, recordó que esta propuesta de ley enlista 47 operaciones distintas que abarcan casi todas las que realizan estas empresas y profesionistas, pero no detalla cuáles serían los montos, características, modalidades o frecuencia de las operaciones que se tendrían que reportar a Hacienda, pues estos detalles quedarían a juicio del Ejecutivo federal en el reglamento respectivo.

De su lado, dos jueces encargados de resolver procesos penales federales indicaron que de las miles o millones de operaciones reportadas, muy pocas podrán tener el efecto de sustentar un proceso penal por lavado de dinero, donde se tiene que probar toda la cadena de ocultamiento del origen de recursos.

La propuesta del Ejecutivo incluye multas hasta de 100 mil días de salario mínimo, o 500 mil pesos, o entre 10 y 100 por ciento del valor de operación, en casos de omisión de reporte o ejecución de operaciones prohibidas. Además, pretende imponer hasta cuatro años de prisión por participar o permitir operaciones prohibidas, y hasta ocho años por falsear reportes o información (delito grave).

Finalmente, los juristas consultados por este diario avalaron el tema de las sanciones.

Amenazas a integrantes de la Iniciativa Frontera Norte de México


Cierra por inseguridad un centro para migrantes en Nuevo Laredo

Foto
El sacerdote Miguel Concha y Gabriela Morales, durante la conferencia de prensaFoto María Luisa Severiano

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 10

Ante la falta de seguridad para sus integrantes, el 24 de junio dejó de funcionar la Iniciativa Frontera Norte de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuya misión era documentar las violaciones a garantías fundamentales de que son víctimas mexicanos deportados de Estados Unidos, tanto en aquel país como en territorio nacional.

Durante casi ocho meses, las organizaciones integrantes del proyecto esperaron respuestas de las autoridades a sus peticiones de protección. Hubo diálogo, pero ninguna acción concreta, ni siquiera para cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante.

En conferencia de prensa, la activista comentó que el 27 de mayo tuvo lugar una reunión con representantes gubernamentales para ver cómo cumplir con las medidas cautelares. Pero el problema ya era grave, porque varios participantes de la iniciativa habían sido amenazados, víctimas de robo y agresiones cerca de sus domicilios.

Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que las agresiones en contra de defensores de los derechos humanos van en aumento. En 2009 se reportó un caso, en 2010 fueron tres, pero en lo que va de 2011 ya suman siete denuncias. Recordó que la semana pasada reinició actividades el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlalchinollan, la que también por falta de seguridad cerró sus puertas hace dos años.

Concha Malo dijo que el aumento de la inseguridad y la presencia de grupos del crimen organizado en todo el país ha generado un contexto complejo y adverso para el trabajo de los defensores de derechos humanos, porque la guerra emprendida por el gobierno federal en contra de la delincuencia, además de ser errónea, provocó reacciones que las autoridades no habían previsto.

Entre ellas, que los grupos delictivos incursionaran en secuestros y extorsiones para subsistir. En este escenario, los migrantes se vuelven blanco fácil por la derrama económica que generan en su tránsito por territorio nacional. Refirió información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según la cual durante seis meses de 2009 se registraron casi 10 mil secuestros y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijo que funcionarios públicos estaban involucrados en su plagio.

Finalmente, sobre la situación de la Iniciativa Frontera Norte, Gabriela Morales explicó que las agrupaciones participantes se mantendrán con sus actividades de asistencia humanitaria y asesoría jurídica a los migrantes. Sólo a la Casa del Migrante en Nuevo Laredo llegan 50 personas a diario en busca de algún apoyo.

Los nueve reclamantes reciben el respaldo jurídico del Colectivo de Abogados Zapatistas

Atenquenses excarcelados reclaman al gobierno mexiquense reparación del daño

Nos conocimos en el penal, ninguno era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Foto
Óscar Hernández, Juan Estrada e Inés Rodolfo Cuéllar dieron a conocer la demanda presentadaFoto Jesús Villaseca

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 16

Nueve de los excarcelados del penal Molino de Flores, Texcoco –quienes sin ser integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco fueron acusados de secuestro equiparado y condenados a más de 30 años de prisión–, interpusieron un reclamo de pago de daños físicos y morales al gobierno del estado de México, la Procuraduría General de Justicia local, la Agencia de Seguridad Estatal y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

Con el respaldo del Colectivo de Abogados Zapatistas, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Román Adán y Jorge Alberto Ordóñez Romero, Julio César Espinosa Ramos y Édgar Eduardo Morales Reyes demandaron un pago de 8 millones de pesos para cada uno, luego de estar encarcelados poco más de tres años y salir libres tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otorgar un amparo a todos los presos del frente.

El 24 de junio los originarios de diversos pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco interpusieron los requerimientos fundamentados en la recomendación que el 26 de enero de 2006 emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fuimos tratados con barbarie; encarcelados injustamente, y nuestras familias fueron sometidas a revisiones denigrantes para poder visitarnos en el penal.

En conferencia de prensa, cinco de los nueve demandantes explicaron que fueron detenidos durante los enfrentamientos de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra con la policía del estado de México y municipal el 3 de mayo de 2006, cuando los atenquenses se solidarizaron con un grupo de floricultores a quienes se les impidió vender su mercancía.

Inés Rodolfo Cuéllar, comerciante, narró que fue detenido cuando los uniformados entraron al domicilio de Manuel González, en San Salvador Atenco. Narciso Arellano, albañil, comentó que regresaba de su trabajo al momento de ser aprehendido.

Cada uno recordó que durante su detención fue golpeado y hasta amenazado de muerte. Nos conocimos en el penal; ninguno era integrante del frente. No podemos quedar callados, pues perdimos nuestros trabajos y ahora nos ven con recelo porque estuvimos encarcelados, aunque nunca se comprobó ningún delito, mencionaron.

En el forense del DF, de 120 cadáveres sólo han identificado 18



Entrega la SIEDO los restos de un chiapaneco hallado en San Fernando

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 13

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) entregó los restos de otra supuesta víctima de Los Zetas que fue hallada en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en abril pasado. Con éste suman 18 los cuerpos identificados de un total de 120 que fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Distrito Federal.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que entregó el cuerpo de una víctima procedente de Chiapas, que se encontraba entre los cadáveres hallados en San Fernando.

Así, agregó, son 18 los cuerpos que han sido entregados a sus familiares en el Distrito Federal, luego de ser identificados mediante diferentes estudios periciales como protocolos de necropsia, perfiles genéticos, dictámenes de odontología, antropología, criminalística de campo, necrodactilia, fotografía y video, que forman parte del seguimiento a la investigación que se integra por esos hallazgos”.

Desde el pasado 2 de abril, cuando la investigación de los hechos fue atraída por la PGR, existe estrecha colaboración con las procuradurías de los estados con la finalidad de lograr la identificación de más víctimas.

Servicios periciales de la PGR ha obtenido más de mil 500 muestras genéticas de personas que han reportado la desaparición de un familiar en al menos 15 entidades de la República, y que suponen que entre las víctimas de Los Zetas en San Fernando estarían sus parientes.

Entre las procuradurías que han enviado muestras genéticas a la PGR están las de Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí, debido a que integrantes de Los Zetas detenían autobuses que iban a Reynosa al considerar que en ellos viajaban personas que se sumarían al cártel del Golfo, con el cual disputan el control de territorios desde diciembre de 2009, y cuando consideraban que eran rivales, los asesinaban.

Informa sobre las acciones aplicadas para proteger a víctimas



Comparece México ante la Corte Interamericana por abusos castrenses

De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 18

El gobierno de México compareció ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informarle sobre el estado en que se encuentra la implementación de las medidas de protección ordenadas en favor de víctimas de abusos de militares.

Son dos casos: el primero, de la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, que fue violada por soldados, y el segundo, el de la joven Rocío Irene Alvarado Reyes y varios familiares, quienes fueron detenidos sin orden de arresto por la milicia en diciembre de 2009, en Buenaventura, Chihuahua, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

En la audiencia, las víctimas y sus representantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano presentaron a la Corte sus consideraciones sobre el cumplimiento que se ha dado a las medidas de protección ordenadas en favor de los beneficiarios en ambos asuntos, y ésta se pronunciará próximamente sobre lo argumentado por las partes.

En un comunicado, la cancillería informó que las autoridades mexicanas refrendaron su disposición a continuar implementando las acciones que sean necesarias para proteger la integridad de los beneficiarios en los casos analizados. De manera particular, enfatizaron la instauración próxima del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.

De igual manera reiteraron su firme compromiso de garantizar los derechos y libertades de las personas sujetas a su jurisdicción, de conformidad con sus obligaciones internacionales.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez, y el subprocurador de asuntos internacionales, Jorge Alberto Lara Rivera.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas señala la responsabilidad del Estado por omisión


Alertan sobre riesgo de desplazamiento forzado en municipio chiapaneco de Chilón

Exige el cese de las amenazas, el hostigamiento y el despojo contra bases de apoyo zapatistas

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de junio. Las amenazas de expulsión y de muerte contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad San Marcos Avilés, municipio de Chilón, denunciadas la noche del lunes, alcanzan proporciones alarmantes por segunda ocasión en menos de un año. El 9 de septiembre de 2010, las familias zapatistas fueron desplazadas durante más de un mes por ejidatarios afiliados a los partidos políticos PRI, PRD y PVEM. Los mismos son responsables de las nuevas agresiones.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señala la responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.

El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.

Las 170 personas desplazadas de San Marcos Avilés en septiembre pasado, regresaron el 12 de octubre. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica. Cabe recordar que las primeras agresiones se desencadenaron en agosto pasado, cuando los zapatistas construyeron una escuela, dentro del sistema educativo rebelde autónomo zapatista.

El 9 de septiembre, 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente, con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.

El Frayba documentó entonces que las viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.

Desde entonces, el centro ha informado en varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta del gobierno.

Aún cuando la población desplazada decidió retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6 de abril de este año se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.

No parecen hechos aislados. Similares situaciones de hostigamiento por parte de grupos partidistas se están suscitando en los municipios autónomos zapatistas Lucio Cabañas y Comandanta Ramona, y en ejidos de adherentes de la Otra Campaña como Jotolá y San Sebastián Bachajón, todo esto en el municipio oficial de Chilón.