13/08/2017

Reconoce Naciones Unidas los 23 años de labor del centro de derechos Tlachinollan


Es un trabajo de muy alto nivel en la defensa de los derechos humanos, señala

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Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, elogió la labor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo un reconocimiento a la labor realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan durante los 23 años de labor que hoy se conmemoraron en esta ciudad, el corazón de la Montaña Alta de Guerrero.
El representante de la ONU asistió como invitado especial a la presentación del informe del organismo no gubernamental: Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones.
El de Tlachinollan, dijo, es un trabajo de muy alto nivel, muy profesional en la defensa de los derechos humanos, como lo testimonian los informes. El de ahora lo veremos con mucho interés, porque es más ambicioso y más innovador quizá que los precedentes.
Eso significa que todavía los temas de violencia e impunidad están presentes. Desde los años 90 no se resuelven, permanecen con nosotros y ahora algunos, como son el ataque a las tierras y el territorio (en referencia a la lucha de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las empresas mineras), son más dramáticos.
Sostuvo que la labor de Tlachinollan es importante, porque se dedica a muchas áreas relevantes de los derechos humanos, como es el caso emblemático de los 43 (estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa), pasando por los temas de impunidad y violencia, hasta los derechos económicos y sociales, como es la garantía a la consulta, al agua, a la alimentación y a una vivienda digna.
Insistió en que lo importante es que se está creando una tradición de un trabajo comprometido y profesional que es reconocido a escala nacional e internacional, porque incluso esta labor de Tlachinollan ya ha sido premiada mundialmente varias veces. Les deseamos mucho apoyo y quiero reiterar nuestro apoyo y admiración.
Miguel Nieva, consultor forense internacional y parte del Equipo Argentino de Antropologías Forense, expresó: Sólo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros de Tlachinollan y las organizaciones que trabajaron en esto, pero en especial para los papás (de los 43 desaparecidos), que sin la confianza de ellos no se hubiera podido sacar este trabajo. Su confianza fue fundamental para realizar nuestra labor.
Bernabé Abraham Gaspar, en nombre de los padres de los 43 estudiantes, pidió a los asistentes que se unan a la lucha por la presentación de sus hijos. A tres años de su desaparición, el gobierno no ha dado una solución satisfactoria. Por eso del 15 al 26 de septiembre llevaremos una jornada nacional de lucha por los miles de desaparecidos en el país.
Desaparecen a los maestros
Abel Barrera Hernández, presidente de Tlachinollan, se refirió al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No llegan los maestros porque los desaparece el gobierno. Porque los ejecuta el gobierno en la Autopista del Sol, porque son los hijos de la lumbre y del fuego; somos rayo, maíz, cultura y resistencia. Somos dignidad y el orgullo de un país pisoteado por la sangre de jóvenes que quisieron germinar como la milpa.
Ustedes, dijo Barrera Hernández a los familiares de los 43 desaparecidos, que han soñado con sus hijos maestros, sin pretenderlo, son ahora los maestros de los derechos humanos. En su clamor de justicia ahora está la gran trinchera de México de pelea por los derechos humanos, así con el emblema de sus hijos en el pecho, encarando el poder, desde (Enrique) Peña Nieto hasta el procurador, y allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Son ustedes, recalcó, los que abrieron ese camino para que la asistencia jurídica llegue a México y sea luz para poder iluminar esta sombra, donde gobierna el Estado, con verdades solamente para decir que existe muerte, que existe silencio, penumbra, la nada, que domina el caos y que gobierna la delincuencia.
Al acto asistieron representantes de Amnistía Internacional y de organizaciones no gubernamentales y sociales, quienes al término del evento llevaron a cabo una marcha que culminó en el zócalo de Tlapa.

Foto Sergio Ocampo, Sergio Ocampo Arista
Corresponsal ,Periódico La Jornada
Domingo 13 de agosto de 2017, p. 14, Tlapa de Comonfort, Gro.

09/08/2017

La PGR sólo ha resuelto ocho de 57 recomendaciones sobre Ayotzinapa


Se anuncia programa de atención a víctimas en Guerrero

Periódico La Jornada

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha resuelto ocho de las 57 observaciones o recomendaciones que el organismo emitió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y el resto están en vías de hacerlo.
El ombudsman anunció también el inicio de un programa de atención a víctimas para el estado de Guerrero.
Entrevistado en esta capital aseguró: ‘‘Hemos hecho tres reportes a la PGR del caso Ayotzinapa; en el primero se hicieron 32 observaciones, de las cuales 26 fueron a la procuraduría y el resto (seis) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reconstruir el tejido social, así como al gobierno municipal y a la Fiscalía del estado.
Dijo que en el segundo reporte se mencionó que al menos ‘‘a dos elementos de la Policía Federal se les debe abrir una investigación; es una línea importante que se debe impulsar, junto con el reporte al que se le debería poner atención a la policía (municipal) de Huitzuco, y pedimos que se investigara’’.
Un tercer informe fue en relación con ‘‘el joven (Julio César Mondragón) que perdiera la vida, que había sido desollado o carcomido por la fauna. De las 57 observaciones enviadas a la PGR, apenas ocho están en vías de cumplimiento’’, reiteró.
Mencionó además que han exigido al gobierno estatal y federal la aprehensión de los policías federales y municipales de Huitzuco. ‘‘Es una línea que se debe agotar exhaustivamente, y es una línea importantísima que se debe de investigar; ese es uno de los pendientes’’.
González Pérez consideró que el tema de las desapariciones no debe quedar al margen, pese al próximo proceso electoral. ‘‘Es un tema tan lacerante, en donde el país ha estado exhibido tanto a escala nacional como internacional; no deben de privar los procesos electorales, sino los de los derechos humanos; a los familiares que están aquí y a las familias y su dolor; no sólo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino los de Coahuila, Querétaro o Sinaloa’’.
Manifestó que en el caso de las desapariciones, ‘‘el Distrito Federal (sic) no dio información al respecto, lo mismo que Jalisco, y algunos la dieron parcialmente’’. En relación con la propuesta de que en Guerrero se declare una emergencia humanitaria, el ombudsman nacional expresó: ‘‘Creo que más bien se debe exigir a los estados mayor atención para el respeto a los derechos humanos y evitar las desapariciones. El caso de Chilapa nos preocupa, a pesar de que hemos pedido medidas cautelares para evitar más muertes’’.
Finalmente, anunció que se está trabajando con las iglesias, las universidades, los colectivos, en un proyecto que se denomina Guerrero es Primero, el cual ‘‘es un trabajo coordinado desde la sociedad civil para poder apostarle a un territorio sin violación a los derechos humanos’’.
En el foro participaron el Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria; el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, así como el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, y organizaciones no gubernamentales.

Lucha contra la desaparición forzada: un grito de esperanza



Abel Barrera*
Guerrero, a pesar de la violencia que nos azota por los grupos de la delincuencia, los cuales cuentan con la complicidad de autoridades locales y corporaciones policiacas, es una fuente de inspiración en toda América Latina. Fue el primer estado en legislar sobre desaparición forzada, también en esta entidad sureña se formó una comisión de la verdad y actualmente la lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se ha transformado en referente nacional que, en medio del dolor y el sufrimiento, son un grito de esperanza.
Guerrero representa también un estado donde prevalece un gobierno caciquil y en el que la presencia militar ha causado estragos, al grado de que las más de 700 desapariciones de 1970 son parte de las desapariciones actuales, porque todas son desapariciones continuadas y sólo dejarán de serlo cuando se dé con el paradero de los ausentes.
Con un lenguaje sencillo pero muy preciso y contundente, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones, lamentablemente el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos.
La corrupción acendrada y la falta de rendición de cuentas son factores que también contribuyen a la desaparición forzada, son técnicas de terror que buscan acallar a quienes levantan la voz y se empeñan en sepultar la verdad.
Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida advirtió Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios en el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que organizó Tlachinollan en el marco de su 23 aniversario.
El incremento de las desapariciones y las desapariciones forzadas (en las que participan elementos del Estado) lacera e indigna a nuestro país. La estrategia de seguridad pública que privilegia la militarización de nuestro territorio hoy deriva en 32 mil personas desaparecidas, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), aunque existe un subregistro que no permite conocer la realidad de este problema a escala nacional.
La presencia de familiares y colectivos de los estados de Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y de las diferentes regiones de Guerrero son una luz que nos guía en este sendero marcado por la violencia. Su lucha tenaz está marcando un nuevo rumbo en nuestro país por la forma en que las mismas familias se han colocado no sólo en el centro del debate, sino como las protagonistas del cambio, como el eje articulador de las luchas y las agendas centradas en las víctimas.
La sociedad mexicana debe unirse a la lucha por las personas desaparecidas en nuestro país, tenemos que poner un alto rotundo que obligue a parar este delito que día a día lastima a las familias afectando cada vez más a las y los jóvenes, es el llamado que hizo Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla desaparecido desde el 25 de agosto de 1974.
Al dolor de las decenas de familias se unieron las 43 madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a casi tres años de la desaparición de sus hijos esperan que las autoridades federales cumplan con el cronograma de trabajo para el avance de las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta misma sintonía Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), resalta la importancia de que el gobierno mexicano reconozca la dimensión de la problemática de la desaparición forzada como paso primario para su erradicación y solución.
Reitera que se deben desarrollar políticas de prevención; de investigar diligentemente la desaparición de personas para poner fin al patrón crónico de impunidad.
Es importante que se garantice el acceso efectivo a la justicia y se concreten todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrara a las personas desaparecidas. Lo más importante para familiares y colectivos es la reafirmación del compromiso por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para seguir caminado juntos para la erradicación de personas desaparecidas.
Por su parte el Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue muy enfático “al afirmar que no podemos hablar del respeto y la vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones en México. Emplazó a las autoridades a dar cumplimiento en sus responsabilidades para que familiares y amigos de víctimas tengan conocimiento de lo sucedido. Se comprometió a contribuir en la búsqueda de la verdad, a la reparación de los derechos de víctimas.
Los testimonios y denuncias de las familias y colectivos es la fuerza que nos empuja para continuar en las batallas contra el dolor y el miedo, y para juntar las voces y las historias, porque los desaparecidos son nuestros desaparecidos, porque los desaparecidos son de todos. Porque esta lucha es la lucha por la vida, porque el clamor de México de vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los encontraremos, es un aprendizaje luminoso que ha cruzado el umbral del dolor individual al dolor colectivo y de construir un proceso organizativo donde las mujeres son claves que no solamente han levantado la voz e increpado al poder, sino que son la fuerza del cambio, son el grito de nuestra esperanza.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Podría haber más de 30 mil desaparecidos en México: ONU


‘Fundamental’’, que el Congreso apruebe la ley contra la desaparición forzada

Periódico La Jornada

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que en los años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos (en México) ascendió a 30 mil personas, más los que no son contados por las estadísticas; estamos hablando de muchos más’’.
Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el Congreso de la Unión) apruebe la ley general contra la desaparición forzada’’. Propuso además que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el país.
Jan Jarab participó en el Foro sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que se inició este martes en Chilpancingo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Ahí, todos los participantes coincidieron en la exigencia de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de desaparición forzada.
Grave impunidad
El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década reciente ‘‘es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas clandestinas– que tiene en puerta la Organización de las Naciones Unidas.
Calificó de grave ‘‘el tema de desaparición (tanto) como el del reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen registros confiables’’. Señaló que el estado de Guerrero es una entidad con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una de las entidades con mayor número de desapariciones en el país y ocupa el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen los estados de Nuevo León y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora con 12.
El ombudsman, quien recordó el referente histórico de las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: ‘‘No permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia’’.
En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ‘‘que ponga a México bajo la lupa en el tema de las desapariciones’’.
Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó que desde 2002 México ratificó en la Coridh este problema.
Sin embargo, agregó, ‘‘el camino ha sido lento y con tropiezos, ya que la tipificación de 2001 –como la Coridh nos lo hizo notar en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 2009– está mal, ya que los legisladores no pudieron ni siquiera copiar adecuadamente la definición contenida en la declaración de la ONU de 1992 sobre desapariciones forzadas’’. Planteó que ahora se debe hablar de hallazgos efectivos, no de búsquedas que no producen resultados.
A su vez, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que se eligió al estado de Guerrero ‘‘porque representa la continuidad’’ de ese delito en México.
‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta entidad.’’