31/08/2010


Tabasco, también cementerio de migrantes
Armando Guzmán

VILLAHERMOSA, TAB., 31 de agosto (Proceso).- La hondureña Kenia Carolina Gálea Gómez, de 28 años, se despidió de su madre y de sus dos niños, y anunció que se iba a Estados Unidos. A mediados de julio salió de su país y el día 21 llegó a casa de su hermana Martha, que vive en Palenque, Chiapas.

Ahí se quedó 12 días. Como el tren pasa cerca, conoció a tres hombres y dos mujeres que iban de paso y decidió continuar con ellos el viaje al norte, aunque su hermana no estuviera de acuerdo.

El viernes 6, Kenia se encaramó en el ferrocarril. Dos días después, el domingo, fue violada y asesinada cerca de la estación que está en la ranchería Buenavista-Apasco de Macuspana, Tabasco. La mataron a garrotazos junto con el también hondureño José Antonio Calderón Orellana, de 31 años, y el tabasqueño Héctor López López, originario de la comunidad y quien al principio se creyó que era otro centroamericano ilegal.

El hondureño Elkin Donaldo Padilla Flores, de 28 años y único sobreviviente del grupo, relató ante el Ministerio Público de Macuspana que un grupo de hondureños llegaron a El Ceibo, Guatemala, y por allí entraron a México. En Palenque conocieron a Kenia, volvieron a subir al tren y siguieron la ruta a Estados Unidos con otros 500 centroamericanos, aproximadamente.

El domingo 8 por la noche, él se bajó con Kenia y Calderón Orellana en la estación de Buenavista-Apasco porque ella se sentía mal. Querían conseguirle medicinas. Entonces se les unió el tabasqueño Héctor López.

Alrededor de las 11 de la noche, cinco sujetos vestidos de negro les salieron al paso y gritaron que era un asalto, al tiempo que arremetían con garrotes y tubos. Los despojaron de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias. Los amarraron y les asestaron garrotazos y tubazos en la cabeza. A Kenia le bajaron los pantalones, la violaron y la tiraron sobre la vía del ferrocarril.

Elkin Donaldo logró desatarse y buscó ayuda. Encontró una patrulla y guió a los policías hasta los cadáveres de Kenia, José Antonio y Héctor. Los habían molido a palos.

El martes 10, Hilario Aldama Corral reclamó el cadáver de su cuñada Kenia en la agencia del MP de Macuspana para trasladarla a Honduras y sepultarla. Narró que Kenia era madre soltera y que sólo pretendía llegar a Estados Unidos para trabajar. Él se enteró del crimen porque su suegra, Martha Elena Gómez, le avisó por teléfono desde Honduras.

El mismo día se presentó Andrés López a reclamar el cadáver de su hermano Héctor, de cuya muerte se enteró en los medios de comunicación. Ignora por qué andaba con los centroamericanos, pero dijo que vivía en la ranchería Buenavista-Apasco, era soltero, salía frecuentemente de casa y a veces no llegaba a dormir.

En cuanto a José Antonio Calderón Orellana, fue identificado con una credencial.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDHT), José Manuel Argáez de los Santos, señala que este hecho confirma “la situación atroz” que enfrentan los migrantes centroamericanos ilegales en México, en la cual “no sólo están involucradas autoridades municipales sino también de migración”.

Dice que la comisión estatal no ha documentado un caso similar, pero tiene abiertas 42 quejas desde 2008 hasta la fecha, de las cuales 10 se presentaron este año contra policías municipales de Tenosique, Balancán y Macuspana –que están en la ruta hacia Estados Unidos–, por abuso, extorsión y maltrato a centroamericanos internados ilegalmente en el país. La CNDH tiene abiertas otras 40 quejas en Tabasco contra agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por las mismas causas.

El ombudsman tabasqueño asegura que, de acuerdo con testimonios de migrantes, la delincuencia organizada recluta a pandillas locales y las infiltra entre grupos de centroamericanos para que observen quiénes son secuestrables por la cantidad de dinero que llevan o por las llamadas telefónicas que hacen a sus familiares en Estados Unidos. Ya en territorio mexicano, los plagian y extorsionan a las familias.

Lo grave es que cuentan con la complicidad de autoridades. En Tenosique, ejemplifica, los secuestros de migrantes ocurren en el día y en la estación del ferrocarril “que está enfrente de las oficinas del INM”.

Argáez de los Santos cuenta que, en abril pasado, agentes de migración hicieron una redada de indocumentados cerca de la estación Buena Vista-Apasco, en una iglesia y en casas donde los migrantes suelen descansar:

“En vez de proporcionarles seguridad y vigilancia (a los indocumentados), se metieron a la iglesia y a las propiedades privadas, y con macanas eléctricas los sacaron y golpearon”. La queja contra los agentes del INM se ventila en la CNDH por tratarse de la autoridad federal.

Como resultado de ese acoso, prosigue, “la frontera sur es tierra de nadie. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de dar seguridad a quienes se internan en territorio nacional, independientemente ....

Reporte del Centro ProDH

El caso de Alberta y Teresa

y la violación a la presunción de inocencia

Liliana Zaragoza/Centro Prodh

El pasado 26 de agosto, en el marco de la presentación editorial de cinco libros del Proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Iniciative, se llevó a cabo una tarde de páneles bajo el nombre: "Violar la presunción de inocencia ¿cuánto cuesta? Insumos para un México con Justicia", en la Casa del Risco de la Ciudad de México.

Alberta y Teresa, mujeres ñhañhú de Querétaro, presentaron sus testimonios, acompañadas de Gabriel, esposo de Teresa, y Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con la moderación de Carlos Puig, periodista de W Radio.

Los hechos

El representante del Centro Prodh narró cómo el 26 de marzo de 2006, seis agentes federales de investigación (AFI) llegaron al poblado de Santiago Mezquititlán, Querétaro, al tianguis dominical, en el que estas personas realizaron una serie de hostigamientos, abusos y daños contra el pueblo; no estaban en servicio n i uniformados. Entre los puestos, estaba el que atendía Gabriel -esposo de Teresa y hermano de Alberta- y ellas le ayudaban.

Los habitantes comenzaron a manifestar su molestia y exigir la reparación de los daños puesto que los agentes ocasionaron destrozos y maltrato de mercancías. Por ello, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestro: se dijo que habían retenido, secuestrado y pedido el rescate de seis Agentes Federales de Investigación, quienes por cierto, estaban armados. El Centro Prodh asumió la defensa de las mujeres acusadas y sentenciadas por los hechos: primero de Jacinta y luego de Alberta y Teresa.

En septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad. La Procuraduría General de la República mandó conclusiones no acusatorias. Siguió el caso de Alberta y Teresa, quienes permanecían los mismos días en prisión; el Prodh asumió su defensa después de la segunda sentencia del juez Rodolfo Pedraza del IV Distrito del Estado de Querétaro, mismo que es conocido por el Centro por casos de criminalización como el de la señora Conchi, que fue encarcelada por ofrecer agua para beber a migrantes centroamericanos.

Sus días contados desde adentro

Puig preguntó a Alberta y Teresa, a quienes sarcásticamente llamó "las mujeres más peligrosas de México", cómo fueron esos años de cárcel y cómo se vive adentro. Alberta comentó que cuesta mucho estar en la cárcel, por el pago al abogado, los gastos que se generan dentro y el traslado para que su familia llegara al reclusorio, a 2 horas de su casa.

Teresa habló sobre sus compañeras en el Cerezo: las que se mostraron solidarias desde el principio y las que las discriminaron por ser indígenas, cosa que se fue modificando con el tiempo. Hizo hincapié en cómo muchas siguen adentro y están pagando por cosas de las que fueron inculpadas y no cometieron, tal como les sucedió a ellas, como el caso de una mujer también indígena de un pueblo cercano al suyo que tenía a su niña adentro. Teresa ingresó a prisión con 8 meses y medio de embarazo. Permanecieron ahí 3 años y 8 meses.

Sobre estar privadas de su libertad, cuenta que no le podían decir a sus familias que no estaban bien; incluso, cuando las visitaban diputados y otras personas, ella les decía: "como quisiera que ustedes tan sólo un día pasaran aquí para que vieran lo que nosotras sufrimos de estar adentro, porque no es sólo estar ahí sino que es no estar con nuestras familias", y agregó que varios sólo las iban a ver para ganar posición afuera. El tiempo que ahí pasaron perdieron a varias personas que querían mucho y de las que nunca pudieron despedirse.

Gabriel contó sobre la experiencia de tener a su familia en la cárcel: "Se venía el día de visita y uno se preguntaba: ¿Cómo le haré hoy? ¿Dónde sacaré dinero para visitarlas? ¿Dónde conseguiré un trabajo? Porque tienes que tener uno temporal para poder ir de arriba para abajo. ¿Cómo tocar puertas si nadie te las abre? Eso fue muy difícil."

Su liberación

La Suprema Corte llevó el caso de estas mujeres a la primera sala. El 28 de abril de 2010 fueron absueltas de todos los cargos y desde ese día gozan de su libertad.

"El regreso ha sido difícil, sobre todo por la adaptación al pueblo, volver a trabajar y pagar lo que debemos mientras estuvimos en la cárcel" dice Alberta, mientras que Teresa habla sobre las familias: "cuando estábamos allá, les preguntábamos que cuánto gastaban y se quedaban callados porque no querían preocuparnos"; fue aún más complicado para ella por tener a su hija pequeña creciendo a su lado, encerrada.

La reparación del daño

Nula. Así es como denuncia Andrés Díaz a esta cultura de la que carece México. Más en casos en los que hubo un error judicial o proceso penal; en el de Alberta y Teresa, aún no la hay por resultar finalmente absueltas. Afirma que fueron dos sentencias: "no solamente la injusta averiguación previa por parte del Ministerio Público, de la Federación y los AFIs, sino dos sentencias que el juez consideró diciendo: -bueno, sí hay elementos para que haya un delito de secuestro y ellas son responsables-, con lo cual la Suprema Corte en su primera sala tuvo que enmendar la plana."

El Centro Prodh intentará la reparación mediante el recurso de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que entró en vigor en 2005 y se ha tenido reformas hasta el 2009. "No sólo se acota a la cuestión monetaria; una reparación debida al daño debe contemplar la investigación y sanción a los responsables que hicieron estas violaciones a los derechos humanos y también que se empape la ley de la presunción de inocencia", concluyó el abogado.


Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/

Reporte del Centro ProDH



Testimonios de los sobrevivientes de las minas de carbón de Pasta de Conchos

El pasado 20 de mayo del presente año, la Organización Familia Pasta de Conchos, entregó un informe complementario sobre Pasta de Conchos en las Oficinas de la OIT, en el que probamos que el siniestro en la Mina 8, no fue un hecho aislado, sino el resultado de la sistemática negligencia del Gobierno Mexicano en la aplicación de las leyes y reglamentos que deben regular la exploración y explotación del carbón.

Ese mismo día, se siniestraba otra mina de carbón, el pocito conocido como Vertical 4, en donde fallece Jesús García Ayala, y es rescatado con vida, Francisco Castillo Zamora –aquí presente-, quien trabajaba con ese mismo patrón desde los 16 años. Se trabajaban turnos de 11 y 12 horas, pagados a destajo. Francisco ganaba 400 pesos diarios. Del pago semanal, se les "descontaban 10 pesos por tonelada" a cada trabajador, para que tuvieran dinero al ser "despedidos". En la devolución del dinero retenido, se "incluía el aguinaldo". Es decir, con su propio salario se auto-liquidan y auto-pagan aguinaldo. La mayoría de los trabajadores eran traídos de San Luis Potosí y no estaban capacitados para minería del carbón; vivían en una casa rentada por el mismo patrón, comprometido en proporcionar los alimentos para los trabajadores que venían fuera, pero que para el miércoles ya no los había. Ellos ponían lo que faltaba cuando tenían el dinero o se quedaban dos días sin comer. La persona que les preparaba los alimentos también era pagada por los trabajadores. Trabajan menores de edad, prueba de ello, es el mismo Francisco. Sin baños, ni regaderas, ni agua potable; ni un ingeniero responsable; ni mapas. Ante la llegada de los inspectores de la STPS, los menores de edad eran escondidos en el monte o se les daba el rato libre; removían la fortificación de la mina para aparentar que la estructura estaba acorde con las normas y terminada la inspección, volvían a separarla. Nunca tuvieron acceso a las actas de inspección, emplazamientos o actas de verificación porque se las negó el Delegado del Trabajo de la STPS en Coahuila. No estaban sindicalizados, ni se hizo presente el sindicato en el siniestro.

En la clínica del IMSS de Nueva Rosita, en donde fue internado Francisco, se le diagnostica la ruptura de 7 costillas y lastimado el oído izquierdo. Para evitar "la salida de líquido", se le manda reposo absoluto. Se le negó la atención al desvío de la columna vertebral y de los hombros, con el argumento de que "eso era de nacimiento". Fue dado de alta a los 15 días y se le incapacitó por 28. Cada vez que las incapacidades se le terminaban, tenía que ir para "rogar" que no lo mandaran a trabajar porque no podía ni sostenerse de pie. Al agotarse los 51 días de incapacidades, Francisco se presentó con su patrón Jorge García y fue despedido. No fue liquidado conforme a derecho y de los "descuentos a su salario de 10 pesos por cada tonelada" que se les hace y que el pagó en la semana en que se siniestró, el patrón le descontó "los gastos que había hecho por su accidente". Francisco, de 25 años, salió de la entrevista con el patrón con 1,500 pesos por 9 años de trabajo. Ese mismo día fue dado de baja en el IMSS. Desde esta semana, por gestiones independientes, está siendo nuevamente valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Ciudad de México, debido a que además de las 7 costillas rotas, tiene fractura de cráneo y oído interno del lado izquierdo; pérdida de audición en un 50% y escucha de ruidos; desviación de la columna vertebral que le impide agacharse, estar de pie o sentado por mucho tiempo; dolor agudo en el pecho y estómago; desviación en el eje de los hombros (en el siniestro, un golpe en la clavícula izquierda le dejó un hombro más levantado); y el pecho le "truena" cuando gira la cabeza. La próxima semana será valorado en el Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes.

El pasado 30 de julio, como informamos, se inundó el pocito Boker. Fueron rescatados, ese mismo día, 12 de los 14 mineros atrapados. Dos de ellos, José René Pérez Zúñiga –aquí presente- y Marco Antonio Cruz Martínez, fueron ingresados en la clínica del IMSS de Nueva Rosita, Coah. Gracias a la solidaridad y esfuerzo de las cuadrillas de rescate de AHMSA, de otras empresas, de los mineros de la región y de sus propios compañeros de trabajo, el 6 de agosto, luego de una semana, fueron rescatados, Ramón Sánchez Arellano y Plutarco Ruiz Loredo –aquí presente. Lamentablemente, Ramón falleció. Plutarco, fue ingresado al IMSS de Nueva Rosita. Como lo denunciamos en su momento, el pocito el Boker, no tenía planos, ni un ingeniero responsable, ni condiciones de seguridad, ni dotaba a los trabajadores de equipo personal de seguridad, y trabajan menores de edad desde los 13 años. No estaban sindicalizados, ni se hizo presente el sindicato en el siniestro. Los trabajadores nunca vieron a los inspectores de la STPS. Al momento del siniestro, los trabajadores no estaban dados de alta en el IMSS. Horas después del siniestro, el patrón los da de alta como lo permite el sistema, con 3 ó 4 días previos a la fecha de la alta, con un salario en pantalla de 75.53 pesos y en la hoja que les entregan a los sobrevivientes con 110 pesos, cuando ellos ganaban semanalmente entre 1,600 y 1,900 pesos.

En la Clínica del IMSS de Nueva Rosita, donde fue atendido José René, se le determinó únicamente fractura en 5 costillas, el mismo viernes 30 que ingresó. El sábado por la noche "una enfermera" le comunicó que ingresaría a cirugía para ser operado de las costillas. René se negó debido a que sabía que las costillas no se operan. No vuelve a ver a ningún doctor hasta el lunes en que es dado de alta. Sin embargo, debe permanecer un día más porque debe esperar a que "la ambulancia de Barroterán –el poblado más cercano a La Florida donde él vive-, haga un traslado para "aprovechar el viaje". A pesar de quejarse de dolor en la espalda, se le negó la atención al problema de la columna con el argumento de que "era desgaste natural". Se le incapacitó por 28 días. Desde esta semana, por gestiones independientes, está siendo nuevamente valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Cd de México, y se ha identificado que además de las 5 cotillas rotas, es diabético e hipertenso. La próxima, será atendido en el Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes.

La Clínica del IMSS de Nueva Rosita, donde fue atendido Plutarco después de estar 7 días atrapado en el Pocito Boker, lo da de alta y lo envía al psiquiatra en Monclova "porque reiteradamente habla de lo que le pasó". Desde que Plutarco ingresó a la Clínica del IMSS, pidió ser pensionado debido a que es la tercera vez que sufre un siniestro en pocitos de carbón –ha sobrevivido a la caída de un cable de acero desde una altura de 80m que al quitarse de dónde estaba afortunadamente sólo le lastimó las manos; sobrevivió también a una explosión de gas de metano. Se le dijo que la única opción que tenía para ser pensionado era convencer al psiquiatra de que había quedado mal de sus facultades. Se le otorga una incapacidad por 28 días, en los cuales quedan incluidos los 7 días que estuvo atrapado en el socavón. El psiquiatra, de la misma manera que hicieron con los sobrevivientes de Pasta de Conchos, le administró sedantes para que estuviera dormido y "se relajara". Por gestiones independientes, Plutarco está siendo valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Cd de México.

Este es el resultado de la negligencia de la Delegación Federal en Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), debido a que sus inspectores mienten en las inspecciones sobre las condiciones de las minas y pocitos de carbón y dejan que las empresas les mientan sin verificar la información otorgada. La PROFEDET de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque no da la asesoría a los trabajadores para evitar la afectación de sus derechos, ni personal jurídico que los atienda, lo que permite que se liquiden con 2 mil 500 pesos renunciando a sus derechos. La Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas y su delegación en Coahuila que se niegan permanentemente a transparentar la información sobre las concesiones y se niegan a sancionar a quienes violentan sus propias normas y reglamentos. La SEMARNAP que otorga permisos ambientales sin verificar ni sancionar jamás a ninguna empresa por el enorme daño ecológico de la región carbonífera. El Instituto Mexicano del Seguro Social que otorga pensiones de 2,600 pesos a viudas con tres hijos y no sanciona a los patrones quienes permanentemente la defraudan. Las Clínicas del IMSS de la región carbonífera –La Florida, Barroterán, Progreso y Nueva Rosita-, que niegan el derecho a la salud de manera sistemática a los mineros del carbón y sus familias. El Gobierno del Estado de Coahuila, que por medio de PRODEMI compra el carbón a los dueños de los pocitos y lo vende a Comisión Federal de Electricidad obteniendo ganancias que no se sabe a qué se destinan. La CFE que determina con el Gobierno de Coahuila, a empresas mineras del carbón para las carbo-eléctricas, sin importar si son legales, si saquean a la nación con minas clandestinas, sin importarle la muerte y el sufrimiento de los que deberían ser sus trabajadores debido a que nadie más utiliza ese carbón. La H. Cámara de Senadores que tiene Convenios por ratificar ante la OIT desde hace 50 años. La H. Cámara de Diputados, la H. Cámara de Senadores, la STPS y la Secretaria de Energía, que han impulsado y aprobado la iniciativa de algunas empresas mineras del carbón para la venta del gas asociado al carbón. Vender el gas asociado al carbón, no hace más seguras las minas, sino las utilidades de las empresas, las cuales están obligadas por ley a ventilar las minas de carbón. Han aprobado los Reglamentos y se otorgan las concesiones sin que exista ni siquiera una norma de seguridad e higiene para quienes harán ese trabajo; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tarda más de un año en emitir Recomendaciones de expedientes que ya tiene concluidos. Los sindicatos que son de protección y que ni siquiera conocen los trabajadores y al sindicato minero que en ningún caso documentado, tiene voluntad ni ingerencia para la defensa de los trabajadores.

Durante estos cuatro años y medio desde el siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hemos sostenido que nuestro acompañamiento a las familias que deciden rescatar la memoria y la dignidad de su familiar fallecido en las minas de carbón, tiene como único fin, exigir al Estado cumplir con su obligación de tutelar y proteger los derechos de los mineros del carbón y sus familias, precisamente, para que a los mineros del carbón se les garanticen condiciones laborales dignas. La negligencia, la corrupción y las complicidades de Grupo México, empresas y patrones de la región carbonífera con el Gobierno, es la misma en todos los casos. De ello da cuenta el informe que entregamos en mayo pasado a la OIT. Nos complacemos en informar que la OIT ha respondido y dicho que acepta el informe presentado por nuestra organización sobre la situación que guarda la región carbonífera del pasado 20 de mayo del presente año como un nuevo Reclamo contra el Gobierno Mexicano.

La Organización Familia Pasta de Conchos celebra y agradece la valentía de Francisco Castillo, sobreviviente del Pocito Vertical 4, de José René Pérez y Plutarco Ruiz, sobrevivientes del pocito el Boker, por haber tomado la decisión de emplazar al Gobierno Mexicano para que responda por lo que ellos, los mineros siniestrados y que sobreviven a la voracidad de las empresas y la negligencia del Estado, viven de manera cotidiana en las minas y pocitos de carbón en Coahuila.

A una voz, ¡Rescate ya!

Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com


Raúl Hernández libre

El 27 de agosto se recibió la noticia de la liberación del preso de conciencia Raúl Hernández quien llevaba más de dos años encarcelado en el estado de Guerrero, detenido bajo cargos fabricados.

El defensor de derechos humanos fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1° de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero. Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato, no se tomaron en cuenta. Amnistía Internacional hizo campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.

Éste caso ilustra la vulnerabilidad en que se encuentran quienes defienden derechos humanos en México: detenciones indebidas y encarcelamiento por cargos penales falsos, acosos, intimidaciones, amenazas e incluso homicidios.


Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

Exigen acciones a Calderón

Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 14

La comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario emplazó al jefe del Ejecutivo federal para que en su Informe de gobierno del próximo primero de septiembre incluya un reporte preciso, detallado y completo de la investigación que realiza en torno a la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Él es el responsable último de la Procuraduría General de la República, de la investigación política que se realiza en la Secretaría de Gobernación y del funcionamiento de las fuerzas armadas en este país, entonces es quien debe decir dónde tienen a los desaparecidos y por qué razón no los han presentado ante las autoridades competentes, como recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresó Enrique González Ruiz, integrante de la comisión.

Durante la presentación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada dijo que también exhorta a la CNDH a que por escrito haga público el estado en que se encuentra su recomendación 7/2009, dirigida a la Secretaría de Gobernación; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, solicitándoles la presentación con vida de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, desaparecidos el 24 de mayo de 2007.

Consideró fundamental que la CNDH informe la situación que guarda su recomendación, no sólo porque menciona que Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz fueron detenidos y desaparecidos, sino también porque derivado de ese hecho se recomendó también un conjunto de medidas que apuntan hacia el fenómeno de la no repetición.

Emprenderán campaña nacional para combatir el flagelo

Es absoluta la impunidad en los casos de desaparecidos: ONG

Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 14

Organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas de desaparición forzada manifestaron que en el país la impunidad en esos casos es de ciento por ciento, ya que hasta el momento no existe un solo sancionado por los más de 3 mil posibles hechos de desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, que el Estado por acción, omisión o aquiescencia ha cometido en contra del pueblo mexicano.

Al anunciar la campaña nacional contra la desaparición forzada, indicaron que los esfuerzos de miles de familiares y de organizaciones en América Latina han logrado avances en la búsqueda de justicia y la presentación con vida de los desaparecidos.

“La supuesta guerra desatada contra el narcotráfico ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. La cifra de más de 28 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos sigue creciendo, y la respuesta del Estado es infame: los asesinatos –argumenta– fueron víctimas de fuego cruzado y los desaparecidos, levantados por la delincuencia organizada.

Hoy todo lo que sucede en el país es, según el gobierno, responsabilidad del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, argumento falaz que se colapsa ante el análisis mismo de la impunidad en la omisión de acción del propio estado en contra de estas prácticas, explicó Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.

En el encuentro, representantes de los comités Monseñor Romero y Cerezo, entre otros, hicieron un llamado a la unidad y a la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del país.

Como parte de su campaña, anunciaron la integración de una base de datos para casos de desaparición forzada, que pueda ser utilizada por todas las organizaciones interesadas en estos casos.

Durante la misma, agregaron, darán seguimiento y exigencia al cumplimiento de la sentencia del caso de Rosendo Radilla Pacheco –líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido ilegalmente en agosto de 1974 en un retén militar y quien fue visto por última vez en el ex cuartel militar de ese municipio– porque se trata de un caso sumamente importante, por la posibilidad que implica de terminar por fin con la impunidad en nuestro país en materia de desaparición forzada.

La campaña, que será acompañada de foros para generar iniciativas en materia legislativa, no pretende generar falsas expectativas, pero sí realizar actividades concretas que puedan verse reflejadas de herramientas para responder de manera oportuna ante un crimen como la desaparición forzada, sostuvo.

Declara obligatorias las recomendaciones de la CIDH

Proyecto de dictamen de la Corte declara ilegal el fuero militar

Los ministros discutirán hoy el documento relacionado con el caso Radilla

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 14

El Poder Judicial de la Federación (PJF) –incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales y juzgados– está obligado a cumplir la recomendación que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, e incluso garantizar que en caso de que un militar sea acusado ante la justicia federal por delitos cometidos en contra de civiles, sea juzgado por la justicia civil.

Señala lo anterior el proyecto de dictamen elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, el cual será discutido hoy por el pleno del máximo tribunal del país, en el que se indica de facto la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el que se ha basado la justicia castrense para juzgar a los soldados acusados de cometer delitos en agravio de la población civil.

Y es que, explicaron fuentes judiciales, el artículo 57, fracción segunda del código castrense, indica que son delitos contra la disciplina militar y, por tanto, que se deben juzgar en el fuero de guerra los asuntos en que concurran militares y civiles.

En un hecho sin precedente, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia decidió, por cuenta propia, ordenar en mayo pasado una consulta a trámite para determinar cuáles serían las medidas que tendría que adoptar el PJF respecto de la sentencia de la CIDH que declaró en 2007 la responsabilidad internacional del Estado mexicano en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, en la que existen testimonios de que fueron militares los últimos que tuvieron contacto con él.

Entre las diversas recomendaciones que emitió la CIDH había señalamientos puntuales que tienen que ver con el PJF.

Le tocó conocer del caso a José Ramón Cossío Díaz, quien señala que, de conformidad con la sentencia, el PJF debe cumplir las siguientes medidas de reparación: imponer límites de la jurisdicción militar y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, crear un programa de formación sobre el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada de personas y adecuar las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En su proyecto, Cossío subraya que el gobierno mexicano debe comprometerse a garantizar la no repetición directamente relacionada con las violaciones en que incurrió el Estado mexicano. La medida está dirigida a evitar que los hechos que generaron la responsabilidad internacional se vuelvan a repetir.

Recuerda el documento, al que tuvo acceso La Jornada, que la CIDH no ordena a los tribunales mexicanos ajustar todas sus decisiones a la jurisprudencia del sistema interamericano, únicamente insta a la adecuación de las interpretaciones constitucionales y legales referidas a la jurisdicción militar.

Y agrega que, en tanto no exista una situación que lo exija o lo ordene una instancia internacional reconocida por México, es deseable homologar interpretaciones para avanzar de manera uniforme en la protección de los derechos humanos.

En el caso Pacheco Radilla, la CIDH indica que es inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar que ha servido de fundamento a la justicia castrense para juzgar en el fuero de guerra a los soldados acusados de cometer delitos en contra de la población civil durante operativos de seguridad pública.

En Nuevo León cada día levantan a 20 personas, aseguran

Me llaman necia por exigir que me devuelvan a mi hijo

Sanjuana Martínez / II

Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 13

Como cada mañana, Gloria Aguilera Hernández despidió con un beso a sus dos hijos y a su esposo. Nunca imaginó que aquel beso que les dio el 26 de septiembre de 2008 sería el último. Los tres, trabajadores de tránsito de Monterrey, desaparecieron ese mismo día. Fueron levantados y ahora forman parte de la fría estadística de las 3 mil desapariciones forzadas registradas durante la administración de Felipe Calderón.

La vida de doña Gloria dio un vuelco brutal. De la confusión inicial pasó al deseo de morir. Pensó que se volvía loca sin ellos. Creyó por un momento que su caída al abismo de la depresión la llevaría muy pronto a la tumba. Pero transformó su profundo dolor en coraje, en lucha, en esperanza. Y se hizo una promesa: los encontraré. Los voy a buscar hasta el final.

Desde entonces se ha consagrado a ellos. Lleva dos años infatigables de pelea: “Con tanto escándalo por las celebraciones del bicentenario, me pregunto si los mexicanos tenemos libertad. ¿Cuál libertad? No hay libertad si la gente tiene miedo de salir a la calle. No hay libertad si un día sales y sabrá Dios si regreses a tu casa. Cada día desaparecen personas porque las levantan muchas veces sin motivo alguno, como a mis hijos y a mi esposo. Quiero justicia y tengo derecho a que alguien me escuche”, dice en entrevista con La Jornada, mientras muestra las fotos de Giovanni, de 26 años; Julián Edwin, de 27, y su esposo Julián Urbina Torres, de 47 años.

La práctica sistemática de la desaparición forzada existe en México desde 1969, cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación en la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Tan sólo en Nuevo León cada día desaparecen 20 personas, según reportes de las distintas corporaciones policiacas, afirma Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac), que encabezó una manifestación para protestar por el aumento en las desapariciones en esa entidad y en otras desde que Felipe Calderón decidió emprender una guerra contra los cárteles de la droga.

Doña Gloria está acompañada por otras madres, sobrinas, hermanas y esposas de desaparecidos. Todas usan camisas negras con la leyenda al frente: ¿Dónde están? Y en la espalda: Queremos ver sus caras. En el plantón que realizaron en la explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno de Monterrey, colocaron ropa de los desaparecidos con sus nombres y también fotografías.

Llora todo el tiempo. Se limpia las lágrimas con un pañuelo de papel. En una bolsa de plástico trae documentos y fotografías. Señala: “todo lo que está haciendo el Presidente es puro teatro. Nos dicen que nos defenderán la Marina y el Ejército. Mentira. Nadie nos defiende. Nunca encuentran a los que matan, a los que hacen los levantones, a los que hacen los narcobloqueos. Será porque todos andan en lo mismo. Calderón tiene dos hijos, pero no se los van a secuestrar como a los míos. Nunca sabrá lo que es este dolor”.

Aquel 26 de septiembre por la tarde de hace dos años, Giovanni fue levantado del módulo de licencias del parque Tucán, ubicado en la colonia Valle del Infonavit. Fueron varios hombres –según señaló un testigo–, que se lo llevaron en la camioneta del joven. Horas después su hermano Julián Edwin y su padre, agentes de tránsito también, fueron levantados.

Doña Gloria interpuso una denuncia ante la ProcuraduríaGeneral de Justicia de Nuevo León, pero nunca investigaron: “fue mi nuera la que por medio del Nextel de uno de mis hijos ubicó, gracias a la ayuda de la compañía de teléfonos, las llamadas que los delincuentes hicieron cuando los levantaron”.

Según el reporte, tuvieron un recorrido desde la Carretera Nacional, hasta Guadalupe. Si ella pudo averiguar inmediatamente el lugar de donde salieron las llamadas, ¿por qué los ministeriales no hicieron nada? Si hubieran actuado rápidamente, de esa manera habrían localizado al menos a uno de mis hijos, dice sin poder contener el llanto.

Añade: esta desesperación que sigo sintiendo es lo más grande que existe en el mundo. No saber dónde están, cómo están, si los tratan bien. No sé cómo sigo viviendo. Cada día es un tormento.

Levantado sin motivo

A Raymundo Cepeda Gorena lo levantaron de su casa. En dos taxis un grupo de hombres llegó a la colonia Valle Verde, donde vivía con su madre, y se lo llevaron. Ocurrió el 5 de agosto del año pasado. Estaba con un amigo en la puerta. Es el único testigo, y tenemos un retrato hablado de quienes se lo llevaron, pero el muchacho Enrique Marmolejo no ha querido dar más datos a la policía. Seguramente por miedo, dice Socorro Gorena Ontiveros, madre del desaparecido.

Porta una pancarta verde con su foto: éste es mi hijo, devuélvanmelo. Raymundo era empleado del ISSSTE desde hace 24 años y también vivió en Estados Unidos una temporada, donde realizó diversos trabajos. Tenía un año de haber regresado a Monterrey. No sé por qué se lo llevaron. Él era un muchacho decente. He luchado cada día por encontrarlo. Y voy a ir hasta el fin del mundo a buscarlo.

Socorro ha acudido a todas las instancias gubernamentales y policiacas, y nadie ha sido capaz de darle el acceso a la justicia, a la cual tiene derecho: Yo estoy como si fuera el primer día. Nadie ha hecho nada. Tal vez porque somos pobres. Si mi hijo fuera rico ya lo hubieran encontrado. A nuestros hijos no los encuentran ni muertos ni vivos. Tenemos la esperanza de que estén vivos, pero si no, queremos que nos digan dónde dejaron sus cuerpos. A quienes se los llevaron les pido, les ruego que me digan dónde está. Es lo único que les pido.

Los familiares no han recibido el apoyo ni siquiera de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, que les ha ofrecido la ayuda desde el primer momento, se muestra indignada ante la indiferencia gubernamental y la falta de acción de las autoridades policiacas y judiciales: lo que estamos viviendo es gravísimo. Y el problema es mucho más de lo que nos imaginamos. Un miembro de la Armada nos informó que ellos estaban recibiendo 20 casos de denuncias diarias, pero la cifra es mucho mayor. Hay un descrédito total de las instituciones, que no hacen nada.

Maximina Hernández Maldonado tiene siete hijos, uno de ellos desaparecido. José Everardo Lara Hernández fue levantado el 2 de mayo de 2007. Era policía y fue escolta de Dionisio Herrera Duque, ex alcalde de Santa Catarina, pero al observar cosas raras pidió su cambio porque no le gustaba la forma de ser y de hacer del munícipe. Poco después de que le concedieron el cambio laboral, desapareció.

“Fue como todos los levantones, nomás se lo llevaron al salir de su trabajo. Algunos compañeros le comentaron quiénes fueron. El ex alcalde sabe. Todos son una mafia. Ellos lo desaparecieron, pero la policía no me hace caso. De hecho, me dicen que soy una necia. Así me llaman. ¿Usted cree? Necia por exigir que me devuelvan a mi hijo. Pues voy a seguir luchando y voy a seguir siendo necia”, dice Maximina.

En la misma situación se encuentra Julia Ramírez Camacho, tía de José René Luna Ramírez, de 23 años, desparecido el mismo día que José Everardo. Ambos eran amigos y policías de Santa Catarina. Mi sobrino también fue escolta del ex alcalde. Ellos saben dónde están, y queremos que nos los entreguen, señala.

El derecho a la libertad en Nuevo León está en peligro, afirma Consuelo Morales, mientras se escucha el grito de los manifestantes: Rodrigo Medina, renuncia y regrésalos con vida. Explica que hay múltiples testigos que han entrevistado y afirman que los levantones son realizados por policías municipales, estatales y federales o por elementos del Ejército, no sólo por el crimen organizado:

Estos familiares están cansados de acudir a las autoridades y no les hacen caso; por eso estamos decididos a acudir a instancias internacionales, que no es la panacea, pero es la única rendijita que nos queda, porque las mismas policías y militares son cómplices y entregan a los desaparecidos. En todos los casos, después de una desaparición viene una tortura. Es una invitación a la reiteración del delito.

Para los familiares, las autoridades no están haciendo nada, por complicidad, corrupción o incapacidad. El Estado ha sido extremadamente negligente en cuestión de desapariciones forzadas. Mientras haya la impunidad y la corrupción vigente, esta espiral de violencia continuará.

Por esa razón las quejas ciudadanas se han incrementado este sexenio, dice la CNDH

Falta preparación a militares en materia de derechos humanos, advierte Plascencia

El ombudsman se manifiesta por un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Martes 31 de agosto de 2010, p. 9

En lo que va del sexenio las quejas ciudadanas en contra del Ejército y diversas corporaciones dedicadas a la seguridad pública se han incrementado de manera importante, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raul Plascencia, quien se manifestó por un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado que permita fortalecer a las policías.

Atribuyó a la falta de preparación de los soldados en materia de derechos humanos una parte del incremento en las denuncias en su contra. También se refirió al asesinato del alcalde de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal, y a la ejecución de 72 migrantes en esa misma entidad: El incremento de la violencia se refleja en agresiones contra los presidentes municipales y migrantes. Es muy importante que en el tema de la prevención del delito, del reforzamiento de la estrategia por parte de los tres ámbitos de gobierno, la sociedad pueda recuperar parte de esta seguridad que se ha venido perdiendo poco a poco.

Falta atención al problema de los migrantes

Asimismo, el ombdusman pidió mayor atención al problema de los migrantes en México, pues consideró que es una situación que involucra a cerca de 500 mil indocumentados que cruzan por el país cada año. Dijo que las estimaciones de la CNDH indican que semestralmente se registran 10 mil secuestros, con fines de extorsión, o sufren hechos como los ocurridos recientemente en Tamaulipas, donde se asesinó a 72 personas.

Entrevistado durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE), Plascencia consideró cumplida la recomendación emitida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en relación con el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dijo que legalmente sólo hay dos opciones: aceptar o rechazar el recurso, por lo que los señalamientos del Ejército a una parte de la recomendación son razonables en el contexto del cumplimiento general.

Hicieron (la Sedena) algunas puntualizaciones, como por ejemplo que tendrían que correrse todos los trámites judiciales antes de sancionar a un militar; evidentemente tendría que diseñarse toda una estrategia de capacitación para los elementos castrenses a fin de aplicarla. Estaremos sumando esfuerzos para ello, señaló.

Al referirse a los planteamientos del presidente Felipe Calderón, en torno a las críticas a los militares por sus funciones en el combate al crimen organizado, Placencia expresó: Todos estamos claros del compromiso que tienen los servidores públicos de observar la ley, pero también de cumplir con los deberes que nos atañen a todos.

–¿Estaría usted por el regreso a los cuarteles?

–Npsptros estamos porque se establezca una policía debidamente capacitada que pueda hacerse cargo de esta función, y que este trabajo de apoyo que está llevando a cabo el Ejército vaya muy de la mano con la capacitación de policías. Se debe seguir capacitando para tener la policía que se requiere, que es la autoridad que deberá hacerse cargo.

Por otra parte, Plascencia rechazó que la mayor parte de las quejas que se promueven ante la CNDH sean de familiares de delincuentes. Esto no es así; quienes acuden a la CNDH son víctimas del delito, personas que han sido agredidas por la delincuencia y que en muchas ocasiones vuelven a ser victimados por servidores públicos que no atienden su denuncia.

Aseveró que ha conversado en varias ocasiones con el presidente Felipe Calderón, a quien le ha externado la preocupación que existe en torno a la observancia de los derechos humanos en esta lucha contra el crimen.

Por otra parte, consideró muy importante que la Cámara de Diputados apruebe las reformas que en su momento avaló el Senado relacionadas con los alcances de las recomendaciones de la CNDH. Es importante, dijo, porque revitalizaría las funciones de la institución y obligaría a aquellos servidores públicos que rechazaran un recurso de esta naturaleza a explicar públicamente las razones por las cuales no lo admiten.

29/08/2010

Recuerdan 32 años del ayuno contra la impunidad

Foto
HUELGA HISTORICA Ignacio del Valle y Rosario Ibarra, frente a la Catedral Metropolitana, durante el acto en que se conmemoró el 32 aniversario de la huelga de hambre efectuada por madres de desaparecidos políticos José Antonio LópezFoto Foto
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 29 de agosto de 2010, p. 16

Este sábado se conmemoró el 32 aniversario de la histórica huelga de hambre realizada frente a la Catedral por varias madres de desaparecidos políticos, considerada una de las manifestaciones públicas más importantes contra la impunidad del Ejército durante la guerra sucia de los años 70 y 80 del siglo pasado.

En el acto, efectuado en el mismo lugar donde se llevó a cabo el 28 de agosto de 1978, estuvieron Rosario Ibarra de Piedra, quien encabezó a las madres en aquel año, los luchadores sociales Ignacio del Valle y su hija América, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y activistas de otras organizaciones sociales, así como familiares de desaparecidos durante el actual gobierno.

Rodeada por activistas del Comité Eureka, Ibarra hizo un breve recuento de la negra historia de la desaparición en este país, que tuvo en el secuestro del profesor guerrerense Epifanio Avilés Rojas, en 1969, uno de sus primeros episodios.

Ahí comenzó, manifestó la senadora perredista, una dura persecución contra luchadores sociales de todo el país y militantes de organizaciones armadas o pacíficas, quienes fueron torturados, desaparecidos o asesinados por la extinta Dirección Federal de Seguridad, el Ejército o diversos grupos policiacos.

A pesar de la cerrazón gubernamental, recordó, la lucha del Frente Nacional contra la Represión logró recuperar con vida a 147 desaparecidos, sacó de prisión a mil 500 personas, detuvo órdenes de aprehensión contra otras 2 mil e hizo posible el regreso de decenas de exiliados mediante la ley de amnistía que decretó José López Portillo días después de la huelga de hambre de las madres.

Ello se logró, resaltó, no por concesión del gobierno, sino por la movilización popular, que en nuestros días debe seguir, porque los abusos, la violencia y la corrupción oficial no han terminado.

Ya estoy vieja y cansada, pero no me rindo y voy a seguir peleando todo el tiempo que sea posible. A mí me arrancaron a un hijo que quise entrañablemente. Hagamos conciencia de que si queremos cambiar este país todos tenemos que poner algo de nuestra parte, expresó Ibarra entre aplausos y consignas de Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

En entrevista aparte, la legisladora llamó a movilizarse para evitar que la llamada guerra contra la delincuencia siga provocando levantones, esa palabra vulgar y soez que enmascara el delito de desaparición forzada y cuyas víctimas muchas veces son civiles inocentes.

28/08/2010

Empresarios, irresponsables; gobierno, omiso: diputados

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 3

El cierre de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) enturbia aún más las condiciones económicas del país porque fue resultado de la irresponsabilidad administrativa de los concesionarios, cobijada por la omisión del gobierno federal, reprocharon diputados de PRI y PRD.

Para los legisladores consultados, el gobierno federal está obligado a dar una explicación al pueblo ante el desmoronamiento del sistema aeronáutico.

Aarón Irízar (PRI) señaló: de nueva cuenta la ciudadanía adoptó el papel de espectador que observa el desmoronamiento de un área estratégica para la soberanía nacional. Es aberrante que empresarios y gobierno estén coludidos en la quiebra de una empresa tan relevante.

Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia, refirió que el tema de las concesiones y la venta de empresas públicas al sector privado ha propiciado un problema muy serio para el país.

No es cualquier tema, porque se trata de servicios públicos. No sólo tiene que ver con un asunto de una venta de concesión pública, sino de la ausencia de planeación estratégica y la falta de un marco normativo en la materia.

Recordó que en la mayoría de los países la política aeronáutica es esencial para la soberanía nacional, e incluso se han implementado programas que van más allá de 2050, “porque saben de la relevancia que tiene este tema.

Aquí en México cada sexenio surge una ocurrencia. Es urgente emprender el camino de una norma legislativa que acote los excesos de las empresas y la impunidad de muchos funcionarios.

Para Mauricio Toledo (PRD), el caso de Mexicana es representativo de la ineficiencia administrativa, el irresponsable manejo de las finanzas y la ausencia de visión de las autoridades: primero privatizaron y malbarataron la empresa, y lo mínimo que espera el pueblo de México es que se apliquen sanciones, no sólo a los ex propietarios, sino a los funcionarios que actuaron en connivencia con ellos.

La inseguridad en socavones continúa siendo la constante, señala

El gobierno mexicano no aprendió nada de la tragedia minera: Cereal


Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 19

En México, a diferencia de lo que sucede en otras naciones, la explosión en la mina de Pasta de Conchos no dejó ninguna lección al gobierno federal ni a empresarios ni al gobierno de Coahuila, lamentó el jesuita Carlos Rodríguez, coordinador de procesos educativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), quien aseguró que las condiciones de inseguridad en los socavones de carbón del país, así como la indiferencia de las autoridades laborales ante el problema, continúan siendo la constante.

En conferencia de prensa, en la que también estuvieron Plutarco Ruiz y René Pérez, sobrevivientes del siniestro en el pozo El Boker; Francisco Castillo, de Vertical 4; Sofía García, esposa de Plutarco Ruiz; Cristina Auerbach, de Familia Pasta de Conchos, y el abogado laboral Manuel Fuentes, se hizo hincapié en que a más de cuatro años de la explosión en Pasta de Conchos nada ha cambiado, pues no hay mejora en las condiciones de seguridad ni castigo a los culpables.

La diferencia con siniestros mineros en China, Colombia y ahora en Chile es que en esos países las autoridades hablaron con la verdad, pero en México se inventan hipótesis para justificarlos. En otras naciones se toman medidas para reforzar la seguridad y se aplican sanciones. Ahora, en Chile, está el presidente (Sebastián Piñera). Pero aquí, nunca, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se presentaron. La única similitud es que los siniestros hacen evidente que la situación de los mineros del carbón es insegura, trabajen en el país que trabajen.

El clérigo criticó que al no sancionarse a las mineras por el riesgo que hacen correr a los trabajadores, se les hace fácil no cumplir la ley e incluso saben que les es más barato pagar multas que proteger a los trabajadores.

Manuel Fuentes indicó que en el país es más fácil clausurar por incumplimiento de ley una miscelánea o una lavandería que una mina. Ello pese a que el riesgo que se corre en estas últimas, al no tener seguridad, es muy superior a lo que pueda derivarse por violar la ley en otros espacios donde el trato –coincidieron– sigue siendo inhumano.

Carlos Rodríguez comentó que los casos de Ruiz, Pérez y Castillo fueron denunciados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se espera respuesta.

Recordó que el pasado 20 de mayo la organización Familia Pasta de Conchos entregó un informe complementario en las oficinas de la OIT sobre lo ocurrido en el socavón. En éste se ofrecen pruebas de que el siniestro no fue un hecho aislado, sino resultado de la sistemática negligencia del gobierno mexicano.

Los medios deben rendir cuentas: Corral

Menciona particularmente a los electrónicos, favorecidos con licitaciones gubernamentales

Critica también la falta de transparencia de la Cofetel, el Congreso, partidos y sindicatos

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 18

El diputado del PAN Javier Corral se pronunció por obligar a la rendición de cuentas a los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, cuando son favorecidos con licitaciones de bienes y servicios gubernamentales, que involucran millonarios recursos del erario.

Los medios de comunicación deben ser sujetos de escrutinio, de obligaciones de transparencia e información, dijo Corral, luego de criticar la falta de claridad del comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, respecto de la licitación 21 del espectro de la banda de 1.7 Ghz que se asignó a Nextel-Televisa.

En su ponencia en la mesa La nueva agenda del derecho de acceso a la información, en el último día de trabajos de la séptima edición de la Semana Nacional de Transparencia, Corral advirtió que en respuesta a su solicitud de información para conocer el voto de los comisionados sobre la ganga de la licitación 21, Mony de Swaan respondió que entorpece las actividades del órgano regulador y pone en riesgo las decisiones de ese colegiado.

Corral advirtió que uno de los pendientes de la transparencia es precisamente la resistencia de Cofetel a develar puntos centrales: Una reunión de carácter secreto. Nadie conoce las motivaciones reales de los dos únicos votos a favor del pleno (para avalar la licitación 21), de un total de cinco. No sabemos por qué se opuso el comisionado Rafael del Villar al votar en contra; por qué el cuarto comisionado que estuvo ahí dijo que no podía participar en la votación y abstenerse. Esas deliberaciones y votos constituyen procesos confidenciales a los intereses del Estado.

En su propuesta de hacer sujetos obligados de la transparencia a los medios de difusión electrónicos, incluyó a los partidos, sindicatos y al propio Congreso de la Unión, el cual “exigió la transparencia que fraguó la ley y no se ha aplicado rigor a sí mismo. El buen juez –dijo– por su casa empieza”.

Pedro Joaquín Coldwell, senador del PRI, coincidió con la perredista Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en que para iniciar una nueva etapa en la agenda del derecho a la información es necesario concretar los temas pendientes.

Objetan en el IFE criterios del tribunal electoral sobre libertad de expresión

Aprueba el consejo general sancionar a candidato de Acción Nacional de Tabasco


Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Sábado 28 de agosto de 2010, p. 17

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar a un candidato panista en Tabasco, al partido y a la empresa radiofónica Oye, que lo entrevistó nueve ocasiones, derivó en cuestionamientos de los consejeros sobre los alcances de los criterios impuestos por los magistrados en materia de libertad de expresión. Si los aplicamos estrictamente todo tenderá a ser propaganda y no tenemos criterios claros de ver, ironizó Arturo Sánchez.

Durante la sesión del consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE), el acatamiento de la sentencia centró gran parte del debate. El consejero Benito Nacif consideró que la orden de los magistrados es ahora sancionar a los comunicadores, porque el concepto de propaganda política se extiende a las entrevistas. Creo que es un precedente peligroso y se deben revisar esos criterios, porque en la democracia mexicana los periodistas deben realizar su labor en total libertad.

En contraste, el consejero Alfredo Figueroa advirtió que era preciso ponderar los alcances de la sentencia, pues es necesario reconocer los abusos en que incurren algunos partidos al tratar de hacer pasar como entrevistas lo que en realidad es propaganda electoral. Por ello llamó a sus colegas a valorar realmente la necesidad de atender ese fenómeno en función de las diversas aristas del problema.

Finalmente, como ocurre prácticamente en los acatamientos de sentencias del TEPJF, se votó de forma unánime por las sanciones que pidieron los magistrados. Algunos consejeros, como Marco Antonio Baños y Marco Antonio Gómez Alcántar, justificaron los fundamentos de los magistrados al enfatizar que un medio de información que entrevista nueve ocasiones a un candidato es excesivo y por ello cae en el rubro de propaganda.

Sin embargo, Sánchez fue uno de los más críticos de la decisión del TEPJF, “porque vamos a tener que acabar midiendo el rating de la estación para ver cuánta gente pudo haber escuchado esto y medir el impacto de una o nueve entrevistas. Después de este criterio tendríamos que trabajar de oficio, contar entrevistas y evaluar si eso es propaganda electoral y sancionar al medio, los candidatos y los partidos, porque de lo contrario cómo operaríamos criterios como ese”.

El debate derivó en consenso entre la mayoría de los consejeros electorales e incluso de los partido políticos en la necesidad de que el Congreso defina con mayor precisión criterios sobre el tema o, en su caso, el propio IFE, con las resoluciones del TEPJF vaya construyendo a nivel reglamentario un criterio aplicable más sólido, de cara a las elecciones de 2012.

Para el perredista Rafael Hernández, de las sentencias del TEPJF no se desprende una certeza plena sobre el tema de la diferencia entre la libertad de expresión y la propaganda electoral, y si los partidos políticos y el IFE no se sientan a clarificar este tema, quién sabe hacia dónde nos esté llevando esto. No conviene que estemos en este litigio en 2012, concluyó.

27/08/2010

América Latina condena el asesinato masivo y exige justicia

Ecuador exige protección especial para el único sobreviviente


Georgina Saldierna y Laura Poy; Ángeles Mariscal,
Rubén Villalpando y Carlos García, corresponsales; y agencias
Periódico La Jornada
Viernes 27 de agosto de 2010, p. 5

Gobiernos y parlamentarios latinoamericanos, así como organismos multilaterales de la región y agrupaciones sociales, condenaron el asesinato de 72 migrantes y exigieron que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.

En México la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que personal de la dependencia y de las embajadas de Ecuador, Brasil, El Salvador y Honduras viajaron a Tamaulipas para iniciar la identificación y el traslado de los cuerpos, tarea que será difícil dado que la mayoría de quienes intentan llegar a Estados Unidos se deshacen de sus identificaciones.

A la condena se sumaron los embajadores acreditados en México que pertenecen al Grupo de América Latina y El Caribe, quienes en una reunión matutina conocieron ayer de los hechos y manifestaron su solidaridad con los países y las familias de las víctimas, sostuvo uno de los diplomáticos presentes en el encuentro.

El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, transmitió a su homóloga mexicana, Patricia Espinosa, el pesar de su gobierno por el horrorosos crimen que acabó con la vida de 72 personas. Durante una reunión con la funcionaria en Caracas, señaló que es necesario castigar a los grupos que realizan esas acciones y ofreció la cooperación de su país en la investigación de los hechos.

En tanto, el gobierno de Honduras solicitó a las autoridades de México esclarecer con la mayor celeridad posible las circunstancias en que perdieron la vida los 72 latinoamericanos, además de que realice el mayor esfuerzo para frenar abusos, extorsiones y violaciones de garantías de que son objeto los migrantes en su paso rumbo a Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Tegucigalpa, el ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Mario Canahuati, anunció que el vicecanciller Alden Rivera viajó a Tamaulipas para apoyar los trámites de connacionales. Resaltó que se habilitó la primera planta del inmueble de la cancillería para que sus compatriotas acudan a despejar dudas sobre algún familiar que pudiera estar entre las víctimas.

Autoridades ecuatorianas cuestionan difusión de imagen

Las autoridades de Ecuador pidieron a la administración mexicana que brinde la mayor protección al joven ecuatoriano sobreviviente de la masacre.

Es cuestionable que la imagen de nuestro compatriota esté en todo el mundo, cuando se trata del testigo de un acto del crimen organizado, subrayó la titular de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), Lorena Escudero.

La Senami pidió a sus ciudadanos que informen al organismo si algún pariente que haya tratado de emigrar sin documentación en las dos semanas recientes está desaparecido, con la finalidad de determinar indicios sobre las identidades de los 72 masacrados.

En San Salvador, la Asamblea Legislativa guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, mientras el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Juan Daniel Alemán, exigió respeto a la vida y seguridad de las personas, tras demandar a las autoridades responsables que realicen una exhaustiva investigación que lleve al esclarecimiento de este condenable hecho.

Nidia Díaz, diputada del Parlamento Centroamericano, demandó a los organismos internacionales su intervención y dijo que una masacre de esta magnitud constituye un delito de lesa humanidad. En tanto, el vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Francisco Darío Lobo, consideró que para hacer justicia en este caso se podría llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Tapachula, Chiapas, organizaciones que trabajan con migrantes originarios de Honduras, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Argentina y Colombia, denunciaron que las violaciones a los derechos humanos de este sector, lejos de disminuir continúan siendo práctica constante y en crecimiento, derivada de la ausencia de una política migratoria integral.

Activistas del Centro de Derechos Humanos del Migrante en Ciudad Juárez criticaron que la administración calderonista actúe con una doble cara, ya que mientras reclama al gobierno estadunidense respeto a los migrantes mexicanos, en el territorio nacional los centroamericanos que ingresan sin documentos son víctimas de violaciones a los derechos humanos, muertes, robos, extorsiones y secuestros, y no se hace nada al respecto.

Por su lado, ministros y representantes de Honduras, El Salvador y Ecuador, asistentes a la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, lamentaron el asesinato de los 72 migrantes y demandaron que la agenda de seguridad y combate a la violencia se aborde como tema integral.

Senadores del PRD exigen la renuncia de la directora del INM

Políticos, religiosos y académicos repudian la masacre


Andrea Becerril, Roberto Garduño, Mariana Norandi,
Carolina Gómez y Georgina Saldierna; Leopoldo Ramos, corresponsal.
Periódico La Jornada
Viernes 27 de agosto de 2010, p. 4

En medio de la condena generalizada al asesinato de 72 migrantes de varios países de Centro y Sudamérica por integrantes del crimen organizado en un rancho de Tamaulipas, el grupo parlamentario del PRD en el Senado aseguró que este hecho es el resultado más trágico de la incapacidad y complicidad de autoridades federales, estatales y municipales encargadas de garantizar la seguridad de toda persona que se encuentre en territorio nacional, y demandó la renuncia de la responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero.

Partidos, legisladores, académicos y religiosos condenaron el multihomicidio. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, calificó el suceso de repugnante. Sostuvo que la sociedad debe decir a una sola voz que no se puede continuar con estos niveles de violencia. El país entero tiene que rechazar esto; no hay manera de justificar algo así bajo ninguna circunstancia”.

En entrevista, el rector expresó: uno piensa que tocamos fondo y, de repente, aparecen cosas como éstas, que lastiman derechos fundamentales y la vida de personas inocentes que están en busca de una situación mejor que en sus lugares de origen, que aspiran a un futuro mejor para ellos y sus familias.

El coordinador saliente de los senadores del PAN, Gustavo Madero, manifestó que esa matanza revela la gravedad con que actúa la delincuencia organizada. Lo sucedido en Tamaulipas nos hace redoblar la convicción de que en la lucha contra el crimen hay que cerrar filas y dar soluciones más contundentes para avanzar en el combate al narcotráfico”.

Por otra parte, los senadores perredistas se comprometieron a revisar el marco jurídico que involucra a los migrantes y a presentar una iniciativa que dote a México de una ley específica que haga compatibles conceptos como seguridad, migración y derechos humanos.

El primer acuerdo de los senadores perredistas –que realizan su octava reunión plenaria en Contepec, Michoacán, con miras al próximo periodo de sesiones– fue exigir que se revise el funcionamiento del INM, ya que en lugar de beneficiar a los migrantes contribuye a vulnerar sus derechos y a generar un clima de hostilidad y, en ocasiones, de abierta persecución. Hoy, México paga el precio de la ausencia de una política migratoria integral.

En un pronunciamiento leído por el senador Arturo Núñez, la bancada perredista advierte que la ejecución del grupo de migrantes constituye una preocupante muestra de la profunda crisis de inseguridad e ingobernabilidad que padece el país, donde cada vez son más las víctimas de la violencia y de la errónea estrategia gubernamental de lucha contra la delincuencia. Además, solicitó a la CNDH que investigue el caso.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, la arquidiócesis de México y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, también condenaron la matanza.

Vera aseveró que el asesinato es un acontecimiento significativo de holocausto que pone en riesgo la estabilidad de las relaciones diplomáticas del país. Descartó que se trate de un hecho aislado y sostuvo que más bien corresponde a un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que los condena la política migratoria.

Vera exigió que el crimen no quede sólo en las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que propicie medidas que erradiquen todas las condiciones de inseguridad y evite que verdaderas masacres se cometan en completa impunidad.

Dijo que el asesinato masivo de Tamaulipas es una muestra clara de que la política migratoria del Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos, que tiene como consecuencia que esta dolorosa migración de supervivencia deje de tener esperanza y futuro para estos pueblos empobrecidos.

Padece el gobierno de "ineficiencia institucional", lamenta el PRI

Iniciativa con tres años de retraso: PRD

Andrea Becerril, Enrique Méndez, Roberto Garduño e Israel Dávila,
Viernes 27 de agosto de 2010, p. 9

Mientras que senadores del PRD consideraron positivo que, aunque con tres años de retraso, el presidente Felipe Calderón decida enviar su iniciativa sobre lavado de dinero al Congreso, legisladores del PRI aseguraron que el gobierno federal ya cuenta con instrumentos para combatir este delito, pero no lo hace por ineficiencia institucional.

A su vez, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ponderó la iniciativa presidencial y dijo que es un tema central para combatir con éxito al crimen organizado.

De igual forma, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que cualquier medida que se tome para eficientar la seguridad pública que demanda la población es digna de reconocimiento.

Los senadores perredistas Tomás Torres y Minerva Hernández, reunidos en Contepec, Michoacán, señalaron que una de las iniciativas, la ley de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, está ya dictaminada. Incluso, en noviembre del año pasado se iba a votar, pero el PRI puso objeciones de última hora.

Que se indaguen fortunas

Por su parte, el también senador René Arce propuso que se investigue en concreto las fortunas surgidas en los últimos 20 años, de personajes que difícilmente podrían explicar el origen de los muchos negocios y dinero que tienen. Sostuvo que en los últimos años se han lavado entre 250 mil y 300 mil millones de dólares a través de la banca, de casas de bolsa y que también han ido a parar al pago de campañas políticas y hasta a la creación de medios de comunicación en el interior del país.

Por otra parte, en Ixtapan de la Sal, donde están reunidos en plenaria los diputados priístas, Alfonso Navarrete criticó la ineficiencia del gobierno federal para combatir al crimen organizado. Al conocer el envío de la iniciativa presidencial en materia de lavado de dinero, el legislador dijo que revisarán el proyecto del Ejecutivo para evitar que la medida no sea una más de las que ha anunciado por su desesperación de que las instituciones encargadas de contener al crimen no han cumplido.

También, indicó, se tendrá cuidado en que no se pretenda aplicar acusaciones de delincuencia organizada a pequeños comerciantes y contribuyentes, así como a ciudadanos que utilizan dólares en sus transacciones.

El sistema financiero cada vez está más contaminado con recursos de procedencia ilícita, y es indudable la enorme mediocridad para aplicar las leyes que ya tienen en la materia para combatir al lavado de dinero, dijo Navarrete en entrevista.

En San Lázaro, el el vicecoordinador de los diputados panistas, Alberto Pérez Cuevas, reconoció que si los legisladores no hacemos lo que nos corresponde, quizá estaremos viendo situaciones de mayor impacto, porque lo que quiere la delincuencia es tratar de paralizarnos a través del temor. Dijo que los cárteles de la droga son las empresas, es el dinero, son los recursos invertidos los que les dan fortaleza, y mientras no saquemos adelante ese combate frontal al lavado de dinero, está siendo un poco limitado el combate y no da todos sus resultados. Hacemos un llamado para que las diversas fuerzas reciban esta iniciativa, la analicen, la discutan en el seno de sus propias bancadas.

Desinterés del gobierno en la reforma penal: magistrados

Lamentan ausencia de Calderón en el encuentro de procuradores


Gustavo Castillo García
Periódico La JornadaDurango, Dgo., 26 de agosto. La aplicación de la reforma de justicia penal está en riesgo ante la falta de recursos y también por la carencia de compromiso del gobierno federal para apoyar a procuradurías y organismos encargados de impartir justicia, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo.

Durante el acto inaugural del décimo Encuentro de Procuradores y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Campos dijo: Lamento mucho que el señor Presidente de la República no haya tenido un espacio en su agenda para venir a este encuentro. En entrevista posterior agregó que es de lamentarse la falta de interés del presidente Felipe Calderón, ya que en este acto se reúnen nada más y nada menos que quienes tenemos la muy alta responsabilidad de juzgar 97 por ciento de los delitos que se cometen en el país.

Las declaraciones del magistrado se hicieron minutos antes de que sus homólogos analizaran la aplicación de la figura del arraigo en la investigación de delitos que no son considerados de delincuencia organizada; las necesidades y problemas que tienen para implementar la llamada justicia para adolescentes, y el combate al narcomenudeo.

Durante la inauguración del encuentro, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Javier Molina Ruiz, quien acudió en representación de Arturo Chávez Chávez, pidió que se apriete el paso en materia de justicia para adolescentes y que cada quien asuma cabalmente el papel que le corresponde en el tema. También demandó “responsabilidad compartida para combatir eficazmente el narcomenudeo”.

Cárceles, escuelas del crimen

En tanto, el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, afirmó que México no padece una crisis de seguridad y de violencia, sino “enfrenta una firme lucha a favor de la paz, la seguridad y el estado de derecho.

Se trata de una batalla contra un fenómeno complejo que no es exclusivo de alguna región o estado, ni de nuestro país. Es un fenómeno multifactorial e internacional, dijo. El mandatario estatal pidió a los procuradores y presidentes de tribunales pasar de la inercia de repartir culpas a la cultura de asumir responsabilidades.

En ese contexto, los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia trabajan para alcanzar acuerdos y que se sancione de la misma manera en todos los estados a los narcomenudistas y también a los jóvenes menores de edad que cometan delitos, a fin de que las penas sean acordes con el ilícito.

Durante el primer día de trabajos, los asistentes analizaron la posibilidad de que la figura de extinción de dominio, que ya se aplica en siete entidades, se extienda a todo el país para mejorar el combate al crimen organizado, de acuerdo con versiones recogidas entre los asistentes, entre ellos el procurador de Durango, Daniel García, y el de Quintana Roo, Francisco Alor.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, declaró que la implementación del nuevo sistema de justicia penal y la puesta en marcha de justicia para adolescentes están en riesgo, porque no vemos ninguna situación de verdadera cooperación ni compromiso para dotar a las procuradurías, a los poderes judiciales y defensorías públicas de los recursos que puedan garantizar con éxito su aplicación.

Apuntó que el gobierno ha venido manejando con absoluta irresponsabilidad el tema de las cárceles, porque las prisiones para adultos y los centros de internamiento para jóvenes son verdaderas escuelas del crimen, donde los custodios no tienen profesionalización, capacitación ni equipamiento.

Criticó los Diálogos por la Seguridad que ha organizado la Presidencia, porque no tienen sentido si no van acompañados de políticas realistas. Se tiene que ir a fondo y ello implica dar autonomía presupuestaria a los poderes judiciales, a las procuradurías y por supuesto dar sustento financiero a todas estas medidas, ya que no se pueden seguir atendiendo solamente con discursos.

Concluyó que a los tribunales superiores no ha llegado presupuesto para los juicios orales. No es posible que este año se tenga un presupuesto para apoyar estos juicios de 700 millones de pesos y que 400 millones sean para gasto corriente y los otros 300 millones se repartan entre las procuradurías, los estados y las defensorías de oficio.