30/05/2010

Por Proceso la CNDH se dobla ante García Luna

Jorge Carrasco Araizaga

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardó nueve meses en responder a la queja presentada por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, acerca del intento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de asociar a Proceso con el cártel de La Familia michoacana. Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal, considera que al desechar la queja el responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Andrés Calero Aguilar, sólo confirma que la CNDH es una “institución inocua”. Y advierte: al avalar la actuación de la SSP legitima las violaciones a los derechos humanos.

MÉXICO, D.F., 30 de mayo (Proceso).- En tiempos de agresión sin precedentes contra la prensa en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló los actos de intimidación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a Proceso.

El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva decidió archivar la queja presentada por la revista en agosto de 2009 a raíz de que la dependencia a cargo de Genaro García Luna mostró ejemplares del semanario en una conferencia de prensa y en un video como parte de los implementos con que ha operado el cártel del narcotráfico conocido como La Familia michoacana.

Para la CNDH, la SSP sólo cumplió con sus atribuciones informativas cuando la Policía Federal –adscrita a la SSP– incluyó ejemplares de cuatro ediciones de Proceso al presentar a la prensa, el 29 de julio del año pasado, a seis detenidos identificados como una célula de esa organización delictiva.

Al día siguiente, la secretaría distribuyó un video editado en el que uno de los detenidos subraya el interés de uno de los liderazgos de La Familia… en allegarse ejemplares de la revista.

El semanario promovió la queja por considerar que, con esos actos, la SSP violó los derechos humanos de sus integrantes y directivos y puso en riesgo su integridad física.

Para desechar la queja, la CNDH argumentó que lo hecho por la SSP fue un mero “acto de difusión” que no tuvo ningún efecto legal, pues el Ministerio Público federal no le dio ni a las revistas ni al video el carácter de instrumentos u objetos del delito en la indagatoria consignada al Juez Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1752 de la revista Proceso, ya en circulación.

29/05/2010

Alertan sobre grupos delictivos que los secuestran para cobrar dinero

Reportan desaparición de 14 guanajuatenses que intentaban llegar a Estados Unidos

Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 32

Guanajuato, Gto., 28 de mayo. Catorce migrantes oriundos de esta entidad, entre ellos cuatro mujeres, desaparecieron en su travesía a la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, informó el secretario de Desarrollo Social y Humano (SDSH) del estado, Miguel Márquez.

El 8 de marzo pasado, ocho hombres del municipio de San Diego de la Unión, así como cuatro mujeres y dos varones de San Luis de la Paz, salieron rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas con la intención de cruzar la franja fronteriza, y hasta ahora nada se sabe de ellos, comentó el funcionario.

Respecto a los oriundos de San Diego de la Unión se presume que fueron interceptados durante su trayecto, pues sus familiares recibieron una llamada telefónica, horas después de su partida, aparentemente de policías federales y desde entonces no han tenido comunicación con ninguno de ellos, dijo Márquez.

Agregó que los familiares de los migrantes interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y hasta el momento la SDSH no tiene información sobre el avance de la investigación.

Se coordinó la elaboración de un boletín, en el que incluyeron los datos y fotos de los desaparecidos y se distribuyeron entre las oficinas de atención a migrantes de otros estados, comentó.

Los migrantes desaparecidos de San Diego de la Unión son Felipe de Jesús Tapia Frías, Jaime Rodríguez González, Javier García Campos, Humberto Cantero Hernández, Luis Balderas Hernández, Juan Balderas Tapia, Mauricio Rodríguez González y Miguel Balderas Pérez.

Denuncian negligencia de la PGJEM en las indagatorias

Marchan mil personas en Ecatepec; exigen aclarar homicidio de profesor

Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 31

Ecatepec, Méx., 28 de mayo. Más de mil profesores y estudiantes de 15 escuelas de nivel básico y preparatorias, así como padres de familia, marcharon por el centro de este municipio para exigir a la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) esclarecer el asesinato del profesor Edmundo Nava Mota Álvarez, ocurrido hace tres años.

Desde temprano, los manifestantes se apostaron en la vía Morelos, cerca del puente de Fierro, en la carretera federal Texcoco-Lechería y la vía López Portillo.

Con pancartas en las que se leía Justicia y Detengan al asesino del profesor Edmundo Nava, los contingentes marcharon varios minutos hacia el centro del municipio. La circulación de la vía José López Portillo, la avenida Insurgentes y la vía Morelos fue interrumpida. Luego se congregaron frente a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, con sede en Ecatepec, donde realizaron un mitin.

Una comisión integrada por Francisco Nava, hermano del profesor ultimado, entregó al subprocurador Felipe Muñoz Vázquez un documento en el que exigieron dar celeridad para cumplir con la orden de captura contra el responsable del homicidio.

La comisión denunció la negligencia con la que ha actuado la PGJEM en las indagatorias y esclarecimiento de la muerte de quien fue profesor de la preparatoria 115, en esta localidad.

Más tarde, el contingente volvió a marchar por las calles del primer cuadro y después se apostaron en la explanada principal del palacio municipal. Durante varias horas, profesores y alumnos realizaron una protesta cívico cultural que incluyó bailes folcloricos y danzas prehispánicas.

Los profesores Francisco Nava, Adriana Gaytán y Gabriel Ángeles demandaron a las autoridades ministeriales y a la policía municipal desplegar mayor vigilancia en las 15 escuelas adheridas a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata para combatir a los distribuidores de droga en las inmediaciones de los colegios.

Recordaron que el 28 mayo de 2007, el profesor y luchador social Edmundo Nava denunció ante las autoridades la existencia y el modus operandi de vendedores de drogas al menudeo en los alrededores de la preparatoria 115, ubicada en Ecatepec, de la cual era director. Expusieron que por ese motivo fue asesinado.

Algunas escuelas cuyos maestros y alumnos se unieron a la protesta fueron la preparatoria 115, la Emiliano Zapata, Miguel Silveira Taboada, Simón Bolívar, Leona Vicario y Colectivos Frida Khalo y Misael Núñez Acosta.

Otros activistas han sufrido atentados o torturas y todo ha quedado impune, dice

Ocho asesinados en este sexenio por defender el medio ambiente: Cemda

A tres inspectores los mataron por descubrir un laboratorio de drogas sintéticas, asegura la PGR



René Ramón y Silvia Chávez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 29 de mayo de 2010, p. 31

Nezahualcóyotl, Méx., 28 de mayo. Al menos cinco ambientalistas y tres funcionarios del gobierno federal vinculados con la inspección de áreas naturales protegidas han sido asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y otros han sido torturados, informó Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien demandó esclarecer todos estos homicidios.

El jueves 20 de mayo, recordó, fueron asesinados Juan García Xingu y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y Valentín Reyes García, empleado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como el poblador Isidro Luna Alonso, cuando investigaban el daño ambiental presuntamente provocado por la compañía canadiense Genco Resources en Temascaltepec, a 60 kilómetros al sur de Toluca, estado de México.

Alanís Ortega criticó que la Profepa no tenga un delegado en el estado de México ni un subprocurador jurídico.

Larga lista de agresiones

El asesinato de estos tres funcionarios y su guía se suma a toda una lista de atentados contra activistas en territorio nacional, agregó.

Recordó que en 2006 fue asesinado Francisco Quiñónez, por su lucha contra la minera Peña Colorada, en Jalisco; y Aldo Zamora, en 2007 por defender las Lagunas de Zempoala, ubicadas entre los estados de México y Morelos.

A Dante Valdez lo ultimaron en 2008, en Chihuahua. Ese mismo año, Fernando Mayén tuvo la misma suerte por su lucha contra el relleno sanitario de Jilotzingo, estado de México. Mientras Mariano Barca, quien era opositor a la minera Blackfire, de origen canadiense, fue asesinado en 2009 en Chiapas .

Otros activistas, víctimas de tortura o que han salido vivos de atentados, tampoco han recibido justicia como Rodolfo Montiel, cuyo caso se litiga actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cristóbal Martínez Robles fue torturado y secuestrado en 2009 en Lomas de Mejía, Cuernavaca, agregó en su declaración.

Ante estos atropellos y el clima de inseguridad creciente, los defensores de causas sociales y la ciudadanía exigimos el esclarecimiento de todos estos hechos que en su gran mayoría han quedado en la impunidad, exigió el presidente del Cemda.

Gustavo Alanís exigió que se garantice la seguridad de los funcionarios públicos que llevan a cabo labores de defensa del medio ambiente, así como la de aquellas personas de la sociedad civil que día a día denuncian actos violatorios de la legislación ambiental y otros que van en contra de los recursos naturales.

El caso Pérez Cazales

El recuento que hizo Alanís Ortega no incluyó a Miguel Pérez Cazales, secuestrado, torturado y asesinado el 31 de octubre pasado en Morelos, en un caso que fue relacionado con intereses antagónicos a su defensa del área natural protegida del Texcal.

Respecto a los asesinatos del guía y los tres inspectores ambientales, el delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de México, Pedro Guevara Pérez, informó el martes pasado que este ataque podría estar vinculado al hallazgo de un laboratorio de drogas sintéticas.

A cuatro o cinco kilómetros del sitio en que aparecieron los cadáveres de los servidores públicos y el guía se halló una instalación clandestina con precursores químicos para la presunta elaboración de metanfetaminas y es probable que las víctimas pagaran con su vida por descubrirla, indicó.

27/05/2010





Avanza audiencia sobre Valentina Rosendo en CoIDH

• Tras rendir su testimonio ante la CoIDH dijo sentirse animada y confiada de alcanzar justicia; pidió al Estado la dejen vivir en paz.

México D.F., 27 de mayo de 2010 (Sididh con información de  Tlachinollan y Cencos).- Valentina Rosendo Cantú declaró hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, al que responsabiliza de la violación sexual de la que fue víctima el 16 de febrero de 2002 cometida por miembros del Ejército. La audiencia tiene lugar en Costa Rica  a lo largo del día de hoy. El acceso a la justicia, la militarización y el fuero militar son los temas de fondo por los que el Estado mexicano se sienta ante la Corte por segunda vez en menos de dos meses.

En sus primeros comentarios después de presentar su testimonio ante la Corte IDH, Valentina afirmó sentirse animada y confiada de alcanzar justicia. Durante su testimonio recalcó su exigencia al Estado mexicano de que la dejen vivir en paz con su hija y su familia.

Valentina Rosendo, indígena de la etnia mee phaa, tenía 17 años de edad cuando un grupo de militares la encontraron lavando ropa en el río de la comunidad Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Los soldados la interrogaron sobre dónde se encontraban "los encapuchados", la golpearon y, posteriormente, la violaron.

Valentina sufrió varios tipos de violencia, argumenta su defensa; violencia sexual, política e institucional pues también fue víctima de negligencia por parte de los médicos que le dieron una atención no adecuada. Después de caminar ocho horas para encontrar la atención, a Valentina le realizaron los estudios necesarios para comprobar la violación un mes y medio después lo que frustró esta prueba. En contra de su voluntad, la denuncia que presentó ante las autoridades civiles fue traspasada al fuero militar, sin que hasta el momento se haya procesado ni castigado a ningún responsable de la violación. Seis años y seis meses después de estos hechos, Valentina se presentará ante la CoIDH buscando justicia.

Las violaciones sexuales y ataques por cuestiones de género han sido calificadas como un mecanismo de tortura por la defensa de Valentina, representada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM) y Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), ya que las agresiones vinieron acompañadas de solicitudes de información. El fuero militar ha sido, en la práctica, un instrumento para encubrir las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y no se ha respetado la voluntad de la víctima de que el caso sea llevado por las instancias civiles de justicia. Al respecto, la CoIDH ya dictaminó que el Estado mexicano debe reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y adecuarlo a los estándares internacionales, esto a propósito del caso Rosendo Radilla.

El caso de Valentina Rosendo ha ido de la mano con el de Inés Fernández Ortega. La audiencia en el caso de Inés Fernández tuvo lugar el pasado 16 de abril de 2010 en Lima, Perú, y está pendiente de sentencia. No sólo los aspectos de verdad y acceso a la justicia son centrales en estos casos. Las reparaciones solicitadas por la defensa durante la audiencia del caso de Inés Fernández recogieron las conclusiones de los peritajes psicosocial y antropológico que se presentaron, y hacen énfasis en el componente colectivo de la misma. Resulta indispensable, entre otras cosas, que se den garantías de no repetición de los hechos, ya que las comunidades me phaa de Ayutla de los Libres rechazan la presencia del Ejército en la región.

El caso se suma a otros ya abordados en la CoIDH, como el de Campo Algodonero, Rosendo Radilla e Inés Fernandez. El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera, tendrá una audiencia pública a finales de agosto del presente año. La mayor parte de estos casos están relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército en Guerrero, con excepción de Campo Algodonero (sobre el que ayer se presentó un libro) que trata sobre tres feminicidios en Ciudad Juárez.


AI presenta Informe 2010

Amnistía Internacional presentó el día de hoy su Informe 2010 en el que analiza la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo. En el documento que puede ser consultado en la web, se destaca que la brecha en la justicia global condena a millones de personas a sufrir abusos. El organismo internacional señala que si bien nadie debe actuar por encima de la ley, muy a menudo, quienes cometen los peores tipos de abusos contra los derechos humanos no comparecen ante la justicia. De igual manera afirma que los dirigentes mundiales deben hacer mucho más para proteger los derechos de las personas. El Informe 2010 de Amnistía Internacional pone al descubierto algunos de los más graves abusos cometidos en todo el mundo.

En cuanto al apartado específico de México, pone énfasis en el creciente número de abusos por parte de militares y policías en contra civiles, así como en la situación de violencia contra las mujeres y los migrantes. Mención aparte merece la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y periodistas.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/
--
Se incrementan actos de intimidación contra periodista Laura Castellanos. Allanan su casa.
El reciente allanamiento a la casa de Castellanos se une a la larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia.
Article 19

En un clima marcado por la violencia y la impunidad, la periodista Laura Castellanos continua siendo objeto de actos de intimidación a causa de sus reportajes sobre grupos armados y movimientos radicales. El acoso de la periodista pone en evidencia la urgente necesidad de que el Estado Mexicano instrumente un mecanismo de emergencia para proteger a los periodistas en riesgo.

El reciente allanamiento a la casa de Castellanos se une a la larga línea de actos de intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo electrónico y constante vigilancia. Castellanos estaba en Paris cuando sucedió el incidente el pasado 10 de Mayo, al estar promoviendo su último libro titulado “México Armado”. Castellanos es una renombrada periodista freelancer de investigación actualmente trabajando para la Revista Gatopardo, con más de 20 años de experiencia investigando principalmente temas relacionados grupos armados y movimientos radicales que operan en México, así como lo relacionado con derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Castellanos explicó a ARTICLE 19 que, cada vez que aparecía en los medios para promover su libro o presentar alguna investigación, generalmente un incidente de seguridad tiene lugar durante los siguientes días. “Soy consciente que el objetivo es intimidarme y silenciarme”, dijo Castellanos. “Ya que he decidido continuar mi trabajo, lo que realmente me preocupa es el hecho de la intensidad de cada acto ha incrementado gradualmente”.

ARTICLE 19 ha incluido a Castellanos en su programa de protección a periodistas y el equipo de abogados ha iniciado acciones legales, incluyendo una demanda y una investigación clara, para que ella pueda continuar informando al público sin temor. Un informe reciente de ARTICLE 19 titulado “Agresiones a la Libertad de Expresión en México” muestra que, en el 2009, 65.5% de todos los casos de agresión a periodistas fueron perpetrados por agentes del Estado y 28% los llevaron a cabo miembros del Ejercito u otras instituciones militares y policiacas. Independientemente de este hecho y de las recurrentes declaraciones hechas por las autoridades, el Estado Mexicano todavía no ha implementado un mecanismo de seguridad para proteger a periodistas y personas que defienden derechos humanos que están siendo amenazadas.

ARTICLE 19 llama al Estado Mexicano a proteger y defender a los periodistas, especialmente cuando estos difunden información vital para el público como es el caso de Laura Castellanos. Además, llamamos al Estado Mexicano a que, de acuerdo con el derecho internacional, se abstenga de intervenir en el flujo de información y, a que capacite de manera adecuado a los miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de seguridad para que protejan el derecho a la libertad de expresión bajo su jurisdicción.

Castellanos ha publicado dos libros, “México Armado: 1943-1981”, el cual contextualiza el proceso de radicalización de los grupos políticos durante la segunda mitad del Siglo Veinte, y “Corte de Caja” que contiene una amplia entrevista con el Subcomandante Marcos, líder militar del EZLN, (el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional), un grupo armado operando en el sureste de la región, en la cual habla sobre la continua estrategia de contra-insurgencia emprendida por Estado. Esta fue la última entrevista concedida por el líder rebelde desde 2007.

Castellanos fue la primera reportera en publicar un testimonio con nombre y apellido de un miembro de las fuerzas armadas en relación con las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante las décadas de los 70 y 80 en contra de disidentes políticos. El trabajo de Castellanos es considerado un punto de referencia para los medios, estudiantes y grupos de derechos humanos que abogan por el derecho a la verdad respecto a los eventos de la llamada “guerra sucia”.

NOTAS PARA EDITORES:

- Para mayor información contactar: Ricardo González, ricardo@article19.org , +52 55 1054 6500

- ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
Amnistia Internacional
Crecen abusos de Ejército y policía contra los civiles

Ejecuciones, desaparición forzada y tortura, entre los delitos denunciados

En México sigue muy arraigada la impunidad, revela en su informe anual


La organización detalla en su informe el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares en tareas policiacasFoto Ap
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 2

En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.

La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que en México continúa muy arraigada la impunidad en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 siguen paralizadas.

AI mencionó que familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.

Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro.

Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción.

Por otra parte, AI precisa que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.

Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.

Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos confirmados de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.

La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.

En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia.

La Sedena reconoció en mayo del año pasado que se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio.

De igual manera, enfatiza que en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura.

Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.

Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.

En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban.

AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.

Violaciones sexuales e impunidad militar en Guerrero

Abel Barrera Hernández*

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me’ Phaa, fue torturada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano mientras lavaba su ropa en un arroyo cercano a Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, en pleno corazón de la Montaña de Guerrero. En ese tiempo Valentina contaba con 17 años y tenía dos años de casada con Fidel Bernardino, con quien procreó a su hija Yenis.

El día de la agresión sexual, Valentina salió de su casa como a las dos de la tarde. Mientras lavaba, la abordaron ocho soldados del Ejército Mexicano, que traían a un civil amarrado de las manos. Entre amenazas e insultos la empezaron a interrogar: ¿Dónde están los encapuchados? Al tiempo que le mostraban la fotografía de una persona le exigían que dijera cómo se llamaba. Un militar le apuntó con su arma y le dijo: ¿Por qué no hablas? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco?

En seguida le mostraron una hoja de papel donde estaban escritos varios nombres que le fueron leyendo. Apareció su esposo Fidel y el de Ezequiel Sierra, quien en ese entonces era autoridad municipal de Barranca Bejuco e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT). Para los militares las 11 personas que leyeron eran de Barranca Bejuco y andaban con los encapuchados.

El silencio de Valentina irritó a los militares y de manera cobarde uno de ellos la golpeó con su arma en el estómago. Valentina cayó sobre las piedras y perdió el conocimiento por unos instantes. En ese momento el mismo militar la agarró de los cabellos y la siguió increpando: ¿Por qué dices que no sabes nada? ¿Qué no eres de Barranca Bejuco? Postrada sobre las piedras mojadas, el militar le amenazó con matarla si no decía quiénes eran los encapuchados. La golpeó nuevamente en la cara y la sometieron para que un militar la violara. Esto mismo hizo otro militar, mientras los otros seis se apostaron alrededor de ella, para hacer más cruento su sufrimiento.

Valentina después de esta atrocidad corrió semidesnuda hacia el pueblo, y entre sollozos pudo llegar a la casa de sus suegros para refugiarse en los brazos de su cuñada, y esperar la llegada de Fidel.

Desde aquella fecha Valentina ha luchado contra el Ejército y el aparato de justicia a riesgo de su propia vida. Pidió el apoyo de la autoridad comunitaria, quien se lo negó por temor a sufrir alguna represalia. Acudió con la OPIT para interponer la queja ante las comisiones de derechos humanos y la denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres. Desde el día que se interpuso la denuncia, el Ministerio Público declinó su competencia para turnarla al fuero militar, que en los hechos ha sido sinónimo de impunidad.

Otro caso de violación sexual sucedió el 22 de marzo de 2002 en la comunidad de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Se trata de Inés Fernández Ortega, una indígena del pueblo Me’Phaa, que fue violada en el interior de su casa por un militar. El testimonio que Inés presentó al Ministerio Público narra que como a las tres de la tarde del día 22 de marzo, 11 militares se metieron sin permiso al patio de su casa. Ella recuerda que se encontraba en su cocina preparando agua fresca para sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, cuando vio que ocho de los militares empezaron a recoger la carne de res que su esposo había tendido sobre unas cuerdas en su patio. En lugar de gritar a los militares para que no se robaran la carne, prefirió esconderse en su cocina. Hasta ahí llegaron tres militares que la encañonaron y la increparon: ¿Dónde fue a robar carne tu marido? ¿Vas a decirnos adónde fue o no vas a hablar? ¿Ustedes son narcotraficantes? Inés no pudo contestar nada porque no habla español.

Uno de los militares la agarró de las manos y la obligó a tirarse al suelo. Inés fue inmediatamente sometida, por la fuerza del militar y por las armas que la encañonaban. Sin que les importara la presencia de sus pequeños hijos (que lloraban al ver a su madre tirada en el piso), un guacho se abalanzó sobre ella para violarla. Los otros dos militares se encargaron de proteger al violador y de correr a los niños.

Noemí, la hija mayor de Inés, testificó que el militar que abusó de su mamá portaba en su uniforme una insignia del 41 batallón de infantería. Ella corrió a la casa de su abuelo para refugiarse con sus hermanos. Ante el temor de perder la vida, el abuelo optó por cerrar su casa, mientras Inés era ultrajada por los militares.

Ante este hecho deleznable Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, pidió el auxilio del comisario municipal para interponer la denuncia. Acudieron también a la oficina de la OPIT para presentar la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia en el Ministerio Público el 24 de marzo de 2002. De nueva cuenta la historia de la impunidad se repitió: el Ministerio Público dejó en manos de la justicia militar la investigación del caso.

Tanto Inés como Valentina fueron violadas por elementos del Ejército en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Desde la masacre de El Charco, acaecida el 9 de junio de 1998, donde el Ejército asesinó a 11 indígenas, no ha cesado la persecución contra los miembros de la OPIT ni de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Las mujeres se han transformado en el blanco de ataque para causar terror y destruir la organización comunitaria.

Ante la falta de garantías para acceder a la justicia en nuestro país, Inés y Valentina acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó remitir los dos casos ante la Corte Interamericana. El caso de Inés Fernández fue abordado en la audiencia del 15 de abril realizada en Lima, Perú, mientras que en el caso de Valentina, la corte tiene programada una audiencia para este 27 de mayo en San José, Costa Rica.

Son las mujeres indígenas las que están dando la batalla a riesgo de su seguridad y de su vida para romper el muro de la impunidad causada por el fuero militar.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

El amparo a los presos de Atenco

Adolfo Gilly

Marcha de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones, el pasado día 4, en demanda de la liberación de los detenidos en mayo de 2006 en AtencoFoto José Carlo González

Llevan ya cuatro años encarcelados en el penal de Molino de las Flores nueve presos de San Salvador Atenco. Cuatro años, así nomás porque sí. El mayor de ellos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, tiene 42 años. Es el único de esos nueve que pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando en aquel inicio de mayo de 2006 cayeron sobre la indefensa población de Atenco las fuerzas represivas de los gobiernos federal y del estado de México y golpearon, vejaron, violaron y mataron. Pero Inés Rodolfo no estaba en la calle: lo sacaron de su casa, a él y a su mujer, y allí también fueron los destrozos y los golpes.

Los otros ocho tienen entre 23 y 32 años de edad. Son pobladores de Atenco o de los pueblos vecinos: artesanos, albañiles, trabajadores. No pertenecían a ninguna organización. Allá estaban porque allá vivían, como todos los atenquenses y sus vecinos. Se los llevaron entre los cientos de golpeados y apresados. Les tocó la mala suerte de que a ellos los dejaran en la cárcel, en virtud de un proceso plagado de fallas procesales y falsos testimonios copiados unos de otros, sustentado en una acusación: secuestro equiparado.

Esta figura penal significa que la retención por unos momentos de funcionarios municipales que querían impedir con prepotencia que los floristas vendieran, como siempre, sus flores en el mercado del lugar –retención con la cual, además, ninguno de estos presos tuvo nada que ver– se equipara a un secuestro, como el de Diego Fernández de Cevallos, por ejemplo, para no mencionar otros hechos siniestros de la marea criminal que azota a México y, desde el Presidente abajo, tiene a sus autoridades en la atonía y el desconcierto.

Tan se equipara, que los jueces de sentencia condenaron a los nueve presos de Molino de las Flores a 31 años y 11 meses de cárcel cada uno. Les fue mejor que a los otros tres apresados entonces, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano. A Ignacio le echaron una condena de 112 años seis meses de cárcel, a Felipe y Héctor tan sólo 67 años seis meses a cada uno. Por qué, además, están en esa cárcel y no con los otros nueve, nadie aún lo ha explicado bien a bien.

* * *

Como cualquier jurista o cualquier persona sensata puede saber, utilizar el Código Penal de este modo significa vaciar de significado toda la legislación penal, si con tanto arbitrio ésta puede usarse según los casos y los dictados del poder; y a todo el edificio de procedimientos legales de la justicia, pensado para asegurar la aplicación equilibrada de aquella legislación.

El proceso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado, en calidad de amparo directo. De la Suprema Corte depende ahora en este caso, como en el pasado en tantos otros, que sea restablecida la validez de la legislación penal; y que ésta no sea utilizada, como sucede tantas veces, como instrumento de la política, de la corrupción o del dinero.

En el clima de incertidumbre y miedo que vivimos todos en México; en este territorio sin ley donde estamos entre el fuego cruzado de narcos, militares, paramilitares y simples asaltantes solitarios, restablecer el imperio de la justicia en este caso que se ha vuelto ejemplar no sería poca cosa. No hará que se detenga la guerra; no hará aparecer al día siguiente a los desaparecidos de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y para qué seguir la lista; no podrá contener el proceso de delicuescencia de los poderes federales y estatales y de sus agencias del Ministerio Público; no hará temblar a Enrique Peña Nieto, que en Atenco ya se salió con la suya y tiene hoy otros casos truculentos por los cuales responder.

Haría simplemente algo muy sencillo: encender una luz de sensatez y equilibrio en alguno de los poderes del Estado; hacer comenzar a pensar que hay alguna puerta a la cual se puede tocar en demanda de justicia; hacer saber a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los litigantes, a los desamparados, que allá en algunos casos alguien vela y quiere resolver en justicia.

* * *

Todo esto que digo, lo sé, suena a ilusión azul o a inocencia jurídica ante la real y verdadera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no. Estoy diciendo que por algún lado es preciso dar pasos, aún pequeños, para detener la guerra interior de un aparato estatal descontrolado que creía que podía encarcelar, secuestrar, golpear, matar, sin que esa onda se le revirtiera y entrara como marea negra en la resolución de sus propios conflictos.

Si no entienden que el reciente secuestro entre ellos de uno de ellos es una tragedia de todos –incluidos los que abominan de la víctima–, es porque han perdido la noción elemental de que se ha llegado al punto en que, si no hay una norma de justicia al alcance de todos, la justicia no existe para nadie. Entonces es la violencia desnuda la que decide desde el menor conflicto entre escolares o entre vecinos, hasta el mayor entre quienes ejercen el poder político o detentan el económico.

Estuvimos el pasado 20 de mayo en el penal de Molino de las Flores, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, visitando a los presos de Atenco. En otra nota referiré nuestras conversaciones con ellos, sus esperanzas y sus opiniones; y nuestra entrevista a la salida con el director del penal y con el subdirector de Readaptación Social del gobierno del estado de México, licenciado Miguel Ángel Estrada Valdez, que a pedido nuestro tuvieron la atención de esperarnos las dos horas que duró la visita a los presos. Será bueno referir cómo éstos viven el encierro; y también nuestras solicitudes a los dos funcionarios.

Pero antes otra urgencia se impone: decir, insistir, repetir que, es cierto, el amparo y la libertad para los 12 presos de San Salvador Atenco no podrá reparar los cuatro años de su vida que les robaron en el encierro a ellos y a sus familias; pero podrá hacer cesar la flagrante injusticia de que son víctimas y dar validez ejemplar a esa figura única del sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo.

Sería un mensaje de distensión y sensatez y, sobre todo, un acto de justicia. ¿Será?

26/05/2010

Se recrudece acoso gubernamental contra el IFAI
Daniel Lizárraga

México, D.F a 26 de mayo (apro).- Al final de la sesión pública de hoy miércoles, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), encabezados por su presienta, Jacqueline Peschard, emitirán un pronunciamiento en contra del gobierno de Felipe Calderón por las recientes maniobras legales que frenan la apertura de archivos oficiales, la transparencia en el uso del erario y la rendición de cuentas sobre decisiones trascendentes para el país.

Ayer martes, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) obtuvo una suspensión provisional contra una resolución del IFAI otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que, por lo pronto, detendrá el fallo de los comisionados, que ordenaba revelar los nombres de más de 559 mil personas y empresas favorecidas con la cancelación de créditos fiscales.

La Tercera Sala Regional Metropolitana admitió a trámite un juicio de nulidad promovido por el SAT y le concedió la suspensión. Esto significa en términos prácticos que la resolución del IFAI sobre este controvertido tema fue enviada a la congeladora, según se desprende de información publicada por el diario Reforma en su edición impresa.

Desde hace tres semanas, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –uno de los amigos más cercanos Felipe Calderón- buscó opciones para no cumplir con la resolución del IFAI en el sentido de abrir los archivos con los nombres de las personas a quienes se les cancelaron créditos fiscales por 73 millones 900 mil pesos.

Cordero hizo consultas con los abogados de Hacienda. La primera intención fue seguir con un amparo ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Pero ante la posibilidad de perder por este camino –como ha sucedido con otras instancias de Gobierno-, se estudiaron otras alternativas hasta que, finalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) les mostró la llave para cerrar la puerta.

El pasado fin de semana, la PGR consiguió una suspensión provisional por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no entregar una investigación ya concluida contra la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, en la que decidieron no ejercitar acción penal.

Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.

Desapariciones forzadas: impunidad constante del estado mexicano

En el marco de la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, las organizaciones suscritas condenamos las desapariciones forzadas que el Gobierno mexicano, en distintas épocas, ha cometido e incentivado en contra de aquellas personas con ideologías contrarias al régimen gubernamental.

Las desapariciones forzadas no han finalizado con el simple paso del tiempo. Si bien la época conocida como "Guerra Sucia", caracterizada por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia en contra de movimientos estudiantiles y armados ha finalizado, la brutalidad de aquellas épocas no ha disminuido. En los últimos años se han llevado a cabo múltiples desapariciones forzadas atribuibles a diferentes órganos del Estado, sin que hasta la fecha existan investigaciones creíbles o explicaciones fehacientes.

El desinterés proveniente de los órganos de procuración de justicia, caracterizado por las nulas investigaciones y la falta de diligencia en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la "Guerra Sucia", han provocado que las fuerzas armadas puedan seguir operando bajo el mismo cobijo de impunidad que impera hasta el día de hoy. Aun con la entonces "Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado" (FEMOSPP), que tras varios años de ineficacia desapareció en 2006, el Estado mexicano demostró que no está interesado en el respeto a los derechos humanos en el país, contribuyendo con ello al detrimento del "Estado de derecho" al que tanto alude en instancias internacionales.

Aunado a la nula respuesta del Estado para resolver las desapariciones forzadas de personas en la historia reciente del país, éstas continúan sucediendo. Bajo el contexto de la llamada "guerra contra el crimen organizado", el gobierno federal y el Ejército mexicano han sido los responsables directos o indirectos de múltiples e ilegales privaciones de la libertad de personas cuyo paradero no se conoce hasta la fecha. Estos actos, cuando son cometidos de forma sistemática, como en el caso mexicano, han sido calificados por distintos instrumentos internacionales, que México ha firmado y ratificado, como "delitos de lesa humanidad".

A los casos no investigados por parte del Gobierno y que por lo tanto permanecen en la impunidad, deben sumarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurridas hace tres años por su explícita disidencia del Gobierno, por ser miembros del EPR. También es actual la desaparición en Michoacán del líder social Francisco Paredes Ruiz, ocurrida hace casi tres años sin que a la fecha se sepa algo sobre su paradero.

De la misma forma, la sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno. Sin embargo, aún en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y sanción de los responsables. Ejemplo de lo anterior, es el caso de los desaparecidos en el estado de Coahuila, cuyos familiares entregaron un documento la semana pasada al Gobierno quien no ha movilizado a sus procuradurías, fuerzas armadas ni aparatos de inteligencia para su búsqueda, como sucede en otros casos.

Ante este marco de impunidad constante y creciente represión estatal, exigimos al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la erradicación de la desaparición forzada de personas; la tipificación adecuada de este delito en los ámbitos federales y comunes; el esclarecimiento de los casos y la sanción a los responsables de estos hechos; así como la reparación a las víctimas y sus familiares.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente Sentencia contra México por el caso de Rosendo Radilla, sostuvo: "la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea capaz de garantizar el reestablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad." (Párr. 212). Además, en junio de 2009 se llevó a cabo el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en donde México fue examinado por este órgano internacional y señalado por las repetidas violaciones a los derechos humanos en función de los crímenes cometidos, su nula investigación y los candados que existen para acceder a la justicia, como lo es el fuero militar.

Un país que no conoce su historia y no repara los daños ocasionados a las víctimas, está condenado a la impunidad.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/


25/05/2010

Guerrero: denuncian 242 desapariciones forzadas en un lustro
Ezequiel Flores Contreras

CHILPANCINGO Gro., 24 de mayo (apro).- Integrantes del “Comité de familiares y amigos de asesinados, secuestrados y desaparecidos en Guerrero” informaron que, de 2005 a la fecha, han documentado 25 secuestros, 242 desapariciones forzadas y mil 388 asesinatos en la entidad.

En el contexto de la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, destacaron que 33 personas han sido reportadas como desaparecidas de enero a abril de este año.

En un comunicado, señalaron que la situación de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero es resultado de la política gubernamental que protege los intereses de los ricos y grandes empresarios, “entre ellos, los narcotraficantes”.

La falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, acusan, no es resultado sólo de la “ineficacia e incapacidad” de los órganos gubernamentales, sino del hecho de que la misma delincuencia está siendo organizada “desde el Estado”, y advierten que, “por acción, omisión o contubernio”, el gobierno de Zeferino Torreblanca es responsable de esta situación.

Al respecto, el coordinador de la organización social Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, dijo que la institucionalización de un Estado policiaco-militar, con el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada, es una realidad que padece el pueblo mexicano.

Dijo que las acciones que realiza el Ejército y Policía Federal en las calles han intensificado y recrudecido “la represión como política de seguridad”, rebasando así de manera ilegal el fuero a soldados y policías.De esta forma, indicó, el Estado otorga total impunidad a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes.

Pese a ello, anunció, el Comité seguirá impulsando acciones contra la desaparición forzada, entre ellas, pugnar por una “Campaña nacional contra la desaparición forzada”, con el objetivo de revertir la insensibilidad y miedo de la sociedad, lograr el reconocimiento de los desaparecidos en la conciencia pública, así como preservar la vida y la libertad de los ciudadanos del país.

Gobierno federal deja sin poder al IFAI; comisionados anuncian amparo

Daniel Lizárraga

MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), una instancia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emitieron una sentencia inédita, mediante la cual se erigieron como la última instancia para decidir la apertura o cierre de archivos oficiales y transparentar la información del erario, colocándose a sí mismos por encima del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En respuesta, los comisionados del IFAI anunciaron que impugnarán la decisión del TFJFA mediante un amparo que podría terminar en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante siete años, los comisionados del IFAI han tenido la última palabra en materia de transparencia. El hecho de que las resoluciones de los comisionados tuvieran por ley la categoría de “inapelables e inacatables”, obligaba a los funcionarios a rendir cuentas sobre su trabajo y el uso del erario sin poder apelar a los tribunales.

A lo largo de ese tiempo, los funcionarios y algunas instancias de gobierno –primero durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón-- probaron suerte tramitando amparos para no entregar los documentos requeridos por ciudadanos y periodistas. No obstante, siempre perdieron ante los juzgados federales.

Ante esta muralla imposible de superar en las instancias del Poder Judicial Federal, el gobierno cambió su estrategia para presentar sus inconformidades –llamados juicios de nulidad-- ante el TFJFA.

La diferencia entre ambos es que mientras el segundo pertenece por completo al gobierno el primero goza de autonomía respecto del mandatario en turno.

Durante el pasado fin de semana, el TFJFA --cuyos magistrados los nombra directamente el presidente-- admitieron una demanda tramitada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el IFAI por obligarlos a entregar fotocopias de una averiguación previa ya concluida sobre investigaciones contra la exjefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles.

Durante tres años, el gobierno de Calderón y, específicamente, la PGR, presentó 15 juicios de nulidad contra resoluciones del IFAI, sin éxito alguno. Pero su suerte cambió el pasado fin de semana cuando el TFJFA se declaró competente para revisar y, en su caso, revocar las decisiones de los comisionados.

Los comisionados encabezados por su presidenta, Jacqueline Peschard Mariscal manifestaron su “enérgico rechazo” a la decisión ilegal del TFJFA.

Mediante un comunicado, las comisionadas Peschard, y María Marván calificaron de “ilegal” la actuación del TFJFA, y advirtieron que “constituye una clara amenaza al derecho de acceso a la información”.

Con la resolución del TFJFA, “queda muerto” el derecho de acceso a la información para la persona que hizo una solicitud a la PGR, aseguró, por su parte, la comisionada Marván.

De manera particular, las comisionadas manifestaron su extrañeza por la decisión del TFJFA de admitir y resolver este caso, aun cuando el mismo Tribunal había desechado previamente otros 30 casos, por considerar que no era competente para conocerlos.

Además, las comisionadas recordaron que existe la palabra empeñada del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien aseguró que el gobierno federal no busca establecer una instancia revisora de las resoluciones del IFAI.

México: Temor por seguridad e integridad personal de detenidos víctimas de malos tratos en Chiapas y en Nayarit.




Caso MEX 250510

Malos tratos en detención/ Traslados en incomunicación/ Hostigamiento/ Temor por seguridad

 

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

 

Descripción de la situación

 

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones de fuentes confiables entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre los malos tratos en detención, los traslados incomunicados y en secreto a diferentes hospitales y el temor existente por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez1 y Raibel López Morales, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), quienes estando en detención en penales del Estado de Chiapas adelantaron una huelga de hambre desde el 29 de marzo de 2010 hasta el 20 de mayo de 2010. La OMCT también manifiesta su preocupación por la seguridad e integridad personal del Sr. Francisco Jiménez Pablo2, quien también adelantó una huelga de hambre en el Penal de Tepic, Estado de Nayarit.

 

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 8 de mayo de 2010, los Sres. Cecilio Montejo Yuca y Miguel Sánchez Méndez fueron sacados del penal de Villa Flores, su lugar de detención, y permanecieron desaparecidos durante cerca de 20 horas hasta que fueron encontrados en el Hospital "Vida Mejor" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sin que ninguna persona fuera informada sobre su paradero. Según las denuncias, durante las 20 horas en que los Sres. Cecilio Montejo Yuca y Miguel Sánchez Méndez estuvieron desaparecidos, fueron amenazados, golpeados y hostigados para que abandonaran su huelga de hambre. Además se ha informado que les fue restringido el consumo de agua.

 

De acuerdo con las mismas informaciones, el Sr. Eric Bautista Gómez también fue trasladado incomunicado desde el penal de Copainala y posteriormente fue localizado el 9 de mayo de 2010 en el Hospital Regional de Tapachula, rodeado de seis custodios, después de haber permanecido cerca de 24 horas sentado y sin dormir. Según las denuncias, el Sr. Eric Bautista Gómez fue golpeado durante su traslado por miembros de un grupo conocido con el nombre de "Grupo Lobo", cuerpo de la Policía Estatal Preventiva especializado en los traslados carcelarios en Chiapas. Durante este tiempo también fue hostigado para que abandonara su huelga de hambre y se le restringió el consumo de agua.

 

Asimismo, se ha informado que el Sr. Raibel López Morales quien se encontraba detenido al igual que el Sr. Eric Bautista Gómez en el Penal de Copainala, fue trasladado al hospital en secreto. El Sr. Raibel López Morales fue encontrado el 10 de mayo de 2010, luego de permanecer más de 48 horas desaparecido, en el Hospital de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, encadenado a una camilla.

De acuerdo con las informaciones, el Sr. Raibel López Morales también fue golpeado por el "Grupo Lobo" durante su traslado al hospital y fue hostigado para que desistiera de su huelga de hambre. Posteriormente, el 18 de mayo de 2010 el Sr. Raibel López Morales fue de nuevo trasladado del hospital regional de San Cristóbal de las Casas al penal No 5 sin avisar a sus familiares, y en ese lugar fue confinado a una celda de castigo.

 

De otra parte, el 19 de mayo de 2010, en horas de la madrugada, el Sr. Cecilio Montejo Yuca fue sacado del hospital "Vida Mejor" de Tuxtla Gutiérrez y llevado con rumbo desconocido, por lo que se temía que fuera nuevamente golpeado como durante el anterior traslado. Finalmente fue encontrado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tapachula, Chiapas.

 

Las informaciones señalan que desde que iniciaron su pasada huelga de hambre, los detenidos Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez y Raibel López Morales, así como en otro lugar el Sr. Francisco Jiménez Pablo, fueron víctimas de malos tratos y amenazas por parte de los custodios y de los directores de los penales en los que han estado realizando la mencionada huelga. En particular las víctimas han denunciado amenazas que se agudizaron después de que los detenidos denunciaron su situación ante el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional, que realizó una visita a los penales de Villa Flóres y Copainala. Además se ha denunciado que una persona que se presentó en el hospital como representante del gobierno le ofreció al Sr. Miguel Sánchez Méndez: dinero, escuela para sus hijos y algunos regalos más, si de esta manera renunciaba  a su huelga y se deslindaba de la organización MOCRI.

 

Por otra parte, la OMCT también ha recibido información sobre la situación de hostigamiento a que viene siendo sometido el Sr. Francisco Jiménez Pablo, quien realizó también una huelga de hambre en el penal de máxima seguridad de Tepic, en Nayarit, con el fin de solidarizarse con los detenidos en huelga de hambre en Chiapas y de sensibilizar a las autoridades hacia la libertad de los presos detenidos en Chiapas. De acuerdo con las informaciones, el Sr. Francisco Jiménez Pablo es obligado a pasar lista cada tres horas, no se le permite dormir y, al igual que a los otros detenidos que realizaron la huelga de hambre, lo hostigaban enviando otros presos a comer frente a él en su celda, aun cuando existe un comedor para ello. Además se ha denunciado que el penal de Nayarit es considerado como un penal de castigo debido a las preocupantes condiciones de detención allí existentes.

 

El Secretariado Internacional de la OMCT se encuentra preocupado por las alegaciones de golpes y malos tratos de que fueron víctimas los Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez y Raibel López Morales estando en detención y durante su posterior traslado incomunicados y en secreto a los hospitales, y manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad personal de los mismos.

 

A este respecto, la OMCT solicita a las autoridades estatales y federales que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de las personas aquí mencionadas y recuerda que México es un Estado Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). De acuerdo con estos dos instrumentos: "(…) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (…)", y además, según el artículo 13 de la Convención Contra la Tortura: «Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. ».

 

Acción solicitada

 

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

 

i.                     tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez, Raibel López Morales y Francisco Jiménez Pablo;

ii.                   llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial acerca a las alegaciones de malos tratos infligidos y demás abusos cometidos contra los Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez y Raibel López Morales y que el resultado de la investigación se haga público con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii.                  poner fin a todo acto de hostigamiento en contra de los Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez, Raibel López Morales y Francisco Jiménez Pablo;

iv.                 otorgar una adecuada reparación a los Sres. Celio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez y Raibel López Morales;

v.                   de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México.

 

Direcciones

 

·         Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: + 52  55 527 72 376  + 52 55 27 89 11 13, E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

·         Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08

E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

·          Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont, Secretaría de Gobernación. Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MEXICO Fax: + 52 55 5093 3414 E-mail: secretario@segob.gob.mx

  • Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, E-mail: dcabeza@segob.gob.mx
  • Dr. José Antonio Guevara, Titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. Paseo de la Reforma 99 P.H. Col. Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, México.

E-mail: jguevara@segob.gob.mx

·         Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx

·         Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

E-mail: correo@cndh.org.mx

  • Licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República,

E-mail:  ofproc@pgr.gob.mx

  • Sr. Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Presidente del Consejo de la Judicatura,

E-mail: presidencia@cjf.gob.mx  

·                     Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx Fax: + 52 961 618 80 88 +52 961 618 80 56

  • Licenciado Juan Carlos Moreno Guillen, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez. Tel. +52 961602 8980 y 602 8981, Lada sin costo: 01 800 55 28 242 E-mail: cdh@cdhchiapas.org.mx

 

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

 

Ginebra, 25 de mayo de 2010

 

Agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado en su respuesta.



1 Se ha denunciado que los cinco detenidos Sres. Cecilio Montejo Yuca, Miguel Sánchez Méndez, Eric Bautista Gómez y Raibel López Morales estarían en prisión bajo pruebas pre-fabricadas. Se ha denunciado también que todos ellos, pero en particular los Sres. Eric Bautista Gómez y Francisco Jiménez Pablo continúan detenidos y víctimas de hostigamiento y malos tratos como una forma de persecución y hostigamiento contra el MOCRI. Para el caso del Sr. Eric Bautista Gómez ver antecedentes de su situación en los Llamados Urgentes OMCT: MEX 080409, emitido el 8 de abril de 2009, y su seguimiento MEX 080409.1, emitido el 22 de abril de 2009.

2 El Sr. Francisco Jiménez Pablo fue detenido, según las denuncias de manera violenta, el 7 de abril de 2010, cuando fue convocado a una reunión con funcionarios del gobierno federal en la ciudad de México, D.F. Ver Llamado Urgente del Observatorio: MEX 005/0410/OBS 048, emitido el 16 de abril de 2010.