13/08/2017

Reconoce Naciones Unidas los 23 años de labor del centro de derechos Tlachinollan


Es un trabajo de muy alto nivel en la defensa de los derechos humanos, señala

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Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, elogió la labor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo un reconocimiento a la labor realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan durante los 23 años de labor que hoy se conmemoraron en esta ciudad, el corazón de la Montaña Alta de Guerrero.
El representante de la ONU asistió como invitado especial a la presentación del informe del organismo no gubernamental: Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones.
El de Tlachinollan, dijo, es un trabajo de muy alto nivel, muy profesional en la defensa de los derechos humanos, como lo testimonian los informes. El de ahora lo veremos con mucho interés, porque es más ambicioso y más innovador quizá que los precedentes.
Eso significa que todavía los temas de violencia e impunidad están presentes. Desde los años 90 no se resuelven, permanecen con nosotros y ahora algunos, como son el ataque a las tierras y el territorio (en referencia a la lucha de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las empresas mineras), son más dramáticos.
Sostuvo que la labor de Tlachinollan es importante, porque se dedica a muchas áreas relevantes de los derechos humanos, como es el caso emblemático de los 43 (estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa), pasando por los temas de impunidad y violencia, hasta los derechos económicos y sociales, como es la garantía a la consulta, al agua, a la alimentación y a una vivienda digna.
Insistió en que lo importante es que se está creando una tradición de un trabajo comprometido y profesional que es reconocido a escala nacional e internacional, porque incluso esta labor de Tlachinollan ya ha sido premiada mundialmente varias veces. Les deseamos mucho apoyo y quiero reiterar nuestro apoyo y admiración.
Miguel Nieva, consultor forense internacional y parte del Equipo Argentino de Antropologías Forense, expresó: Sólo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros de Tlachinollan y las organizaciones que trabajaron en esto, pero en especial para los papás (de los 43 desaparecidos), que sin la confianza de ellos no se hubiera podido sacar este trabajo. Su confianza fue fundamental para realizar nuestra labor.
Bernabé Abraham Gaspar, en nombre de los padres de los 43 estudiantes, pidió a los asistentes que se unan a la lucha por la presentación de sus hijos. A tres años de su desaparición, el gobierno no ha dado una solución satisfactoria. Por eso del 15 al 26 de septiembre llevaremos una jornada nacional de lucha por los miles de desaparecidos en el país.
Desaparecen a los maestros
Abel Barrera Hernández, presidente de Tlachinollan, se refirió al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No llegan los maestros porque los desaparece el gobierno. Porque los ejecuta el gobierno en la Autopista del Sol, porque son los hijos de la lumbre y del fuego; somos rayo, maíz, cultura y resistencia. Somos dignidad y el orgullo de un país pisoteado por la sangre de jóvenes que quisieron germinar como la milpa.
Ustedes, dijo Barrera Hernández a los familiares de los 43 desaparecidos, que han soñado con sus hijos maestros, sin pretenderlo, son ahora los maestros de los derechos humanos. En su clamor de justicia ahora está la gran trinchera de México de pelea por los derechos humanos, así con el emblema de sus hijos en el pecho, encarando el poder, desde (Enrique) Peña Nieto hasta el procurador, y allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Son ustedes, recalcó, los que abrieron ese camino para que la asistencia jurídica llegue a México y sea luz para poder iluminar esta sombra, donde gobierna el Estado, con verdades solamente para decir que existe muerte, que existe silencio, penumbra, la nada, que domina el caos y que gobierna la delincuencia.
Al acto asistieron representantes de Amnistía Internacional y de organizaciones no gubernamentales y sociales, quienes al término del evento llevaron a cabo una marcha que culminó en el zócalo de Tlapa.

Foto Sergio Ocampo, Sergio Ocampo Arista
Corresponsal ,Periódico La Jornada
Domingo 13 de agosto de 2017, p. 14, Tlapa de Comonfort, Gro.

09/08/2017

La PGR sólo ha resuelto ocho de 57 recomendaciones sobre Ayotzinapa


Se anuncia programa de atención a víctimas en Guerrero

Periódico La Jornada

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha resuelto ocho de las 57 observaciones o recomendaciones que el organismo emitió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y el resto están en vías de hacerlo.
El ombudsman anunció también el inicio de un programa de atención a víctimas para el estado de Guerrero.
Entrevistado en esta capital aseguró: ‘‘Hemos hecho tres reportes a la PGR del caso Ayotzinapa; en el primero se hicieron 32 observaciones, de las cuales 26 fueron a la procuraduría y el resto (seis) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reconstruir el tejido social, así como al gobierno municipal y a la Fiscalía del estado.
Dijo que en el segundo reporte se mencionó que al menos ‘‘a dos elementos de la Policía Federal se les debe abrir una investigación; es una línea importante que se debe impulsar, junto con el reporte al que se le debería poner atención a la policía (municipal) de Huitzuco, y pedimos que se investigara’’.
Un tercer informe fue en relación con ‘‘el joven (Julio César Mondragón) que perdiera la vida, que había sido desollado o carcomido por la fauna. De las 57 observaciones enviadas a la PGR, apenas ocho están en vías de cumplimiento’’, reiteró.
Mencionó además que han exigido al gobierno estatal y federal la aprehensión de los policías federales y municipales de Huitzuco. ‘‘Es una línea que se debe agotar exhaustivamente, y es una línea importantísima que se debe de investigar; ese es uno de los pendientes’’.
González Pérez consideró que el tema de las desapariciones no debe quedar al margen, pese al próximo proceso electoral. ‘‘Es un tema tan lacerante, en donde el país ha estado exhibido tanto a escala nacional como internacional; no deben de privar los procesos electorales, sino los de los derechos humanos; a los familiares que están aquí y a las familias y su dolor; no sólo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino los de Coahuila, Querétaro o Sinaloa’’.
Manifestó que en el caso de las desapariciones, ‘‘el Distrito Federal (sic) no dio información al respecto, lo mismo que Jalisco, y algunos la dieron parcialmente’’. En relación con la propuesta de que en Guerrero se declare una emergencia humanitaria, el ombudsman nacional expresó: ‘‘Creo que más bien se debe exigir a los estados mayor atención para el respeto a los derechos humanos y evitar las desapariciones. El caso de Chilapa nos preocupa, a pesar de que hemos pedido medidas cautelares para evitar más muertes’’.
Finalmente, anunció que se está trabajando con las iglesias, las universidades, los colectivos, en un proyecto que se denomina Guerrero es Primero, el cual ‘‘es un trabajo coordinado desde la sociedad civil para poder apostarle a un territorio sin violación a los derechos humanos’’.
En el foro participaron el Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria; el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, así como el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, y organizaciones no gubernamentales.

Lucha contra la desaparición forzada: un grito de esperanza



Abel Barrera*
Guerrero, a pesar de la violencia que nos azota por los grupos de la delincuencia, los cuales cuentan con la complicidad de autoridades locales y corporaciones policiacas, es una fuente de inspiración en toda América Latina. Fue el primer estado en legislar sobre desaparición forzada, también en esta entidad sureña se formó una comisión de la verdad y actualmente la lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se ha transformado en referente nacional que, en medio del dolor y el sufrimiento, son un grito de esperanza.
Guerrero representa también un estado donde prevalece un gobierno caciquil y en el que la presencia militar ha causado estragos, al grado de que las más de 700 desapariciones de 1970 son parte de las desapariciones actuales, porque todas son desapariciones continuadas y sólo dejarán de serlo cuando se dé con el paradero de los ausentes.
Con un lenguaje sencillo pero muy preciso y contundente, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones, lamentablemente el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos.
La corrupción acendrada y la falta de rendición de cuentas son factores que también contribuyen a la desaparición forzada, son técnicas de terror que buscan acallar a quienes levantan la voz y se empeñan en sepultar la verdad.
Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida advirtió Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios en el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que organizó Tlachinollan en el marco de su 23 aniversario.
El incremento de las desapariciones y las desapariciones forzadas (en las que participan elementos del Estado) lacera e indigna a nuestro país. La estrategia de seguridad pública que privilegia la militarización de nuestro territorio hoy deriva en 32 mil personas desaparecidas, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), aunque existe un subregistro que no permite conocer la realidad de este problema a escala nacional.
La presencia de familiares y colectivos de los estados de Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y de las diferentes regiones de Guerrero son una luz que nos guía en este sendero marcado por la violencia. Su lucha tenaz está marcando un nuevo rumbo en nuestro país por la forma en que las mismas familias se han colocado no sólo en el centro del debate, sino como las protagonistas del cambio, como el eje articulador de las luchas y las agendas centradas en las víctimas.
La sociedad mexicana debe unirse a la lucha por las personas desaparecidas en nuestro país, tenemos que poner un alto rotundo que obligue a parar este delito que día a día lastima a las familias afectando cada vez más a las y los jóvenes, es el llamado que hizo Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla desaparecido desde el 25 de agosto de 1974.
Al dolor de las decenas de familias se unieron las 43 madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a casi tres años de la desaparición de sus hijos esperan que las autoridades federales cumplan con el cronograma de trabajo para el avance de las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta misma sintonía Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), resalta la importancia de que el gobierno mexicano reconozca la dimensión de la problemática de la desaparición forzada como paso primario para su erradicación y solución.
Reitera que se deben desarrollar políticas de prevención; de investigar diligentemente la desaparición de personas para poner fin al patrón crónico de impunidad.
Es importante que se garantice el acceso efectivo a la justicia y se concreten todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrara a las personas desaparecidas. Lo más importante para familiares y colectivos es la reafirmación del compromiso por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para seguir caminado juntos para la erradicación de personas desaparecidas.
Por su parte el Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue muy enfático “al afirmar que no podemos hablar del respeto y la vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones en México. Emplazó a las autoridades a dar cumplimiento en sus responsabilidades para que familiares y amigos de víctimas tengan conocimiento de lo sucedido. Se comprometió a contribuir en la búsqueda de la verdad, a la reparación de los derechos de víctimas.
Los testimonios y denuncias de las familias y colectivos es la fuerza que nos empuja para continuar en las batallas contra el dolor y el miedo, y para juntar las voces y las historias, porque los desaparecidos son nuestros desaparecidos, porque los desaparecidos son de todos. Porque esta lucha es la lucha por la vida, porque el clamor de México de vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los encontraremos, es un aprendizaje luminoso que ha cruzado el umbral del dolor individual al dolor colectivo y de construir un proceso organizativo donde las mujeres son claves que no solamente han levantado la voz e increpado al poder, sino que son la fuerza del cambio, son el grito de nuestra esperanza.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Podría haber más de 30 mil desaparecidos en México: ONU


‘Fundamental’’, que el Congreso apruebe la ley contra la desaparición forzada

Periódico La Jornada

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que en los años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos (en México) ascendió a 30 mil personas, más los que no son contados por las estadísticas; estamos hablando de muchos más’’.
Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el Congreso de la Unión) apruebe la ley general contra la desaparición forzada’’. Propuso además que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el país.
Jan Jarab participó en el Foro sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que se inició este martes en Chilpancingo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Ahí, todos los participantes coincidieron en la exigencia de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de desaparición forzada.
Grave impunidad
El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década reciente ‘‘es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas clandestinas– que tiene en puerta la Organización de las Naciones Unidas.
Calificó de grave ‘‘el tema de desaparición (tanto) como el del reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen registros confiables’’. Señaló que el estado de Guerrero es una entidad con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.
En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una de las entidades con mayor número de desapariciones en el país y ocupa el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen los estados de Nuevo León y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora con 12.
El ombudsman, quien recordó el referente histórico de las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: ‘‘No permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia’’.
En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ‘‘que ponga a México bajo la lupa en el tema de las desapariciones’’.
Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó que desde 2002 México ratificó en la Coridh este problema.
Sin embargo, agregó, ‘‘el camino ha sido lento y con tropiezos, ya que la tipificación de 2001 –como la Coridh nos lo hizo notar en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 2009– está mal, ya que los legisladores no pudieron ni siquiera copiar adecuadamente la definición contenida en la declaración de la ONU de 1992 sobre desapariciones forzadas’’. Planteó que ahora se debe hablar de hallazgos efectivos, no de búsquedas que no producen resultados.
A su vez, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que se eligió al estado de Guerrero ‘‘porque representa la continuidad’’ de ese delito en México.
‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta entidad.’’

23/07/2017

México: el país más impune en materia de desaparición forzada


By Zósimo Camacho @zosimo_contra

Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias

Al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del último año del sexenio pasado, de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300.
Las recomendaciones han sido emitidas, en su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero también, por otras nueve instancias de la Organización de las Naciones Unidas: el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sus Causas y Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la  Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak –que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista–, que recibió 68.
Oficialmente, México reconoce 30 mil 942 personas desaparecidas (forzadas o no) o extraviadas, como reportó la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi 7 mil son menores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de las víctimas aseguran que la cifra total real es superior, pues muchos de los casos no se denuncian.
Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de 2010 y hasta el 30 de abril pasado. Supo de la situación mexicana, conoció el caso de los 43, visitó el país, se reunió con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de derechos humanos, con funcionarios de los tres niveles de gobierno de México y emitió recomendaciones.
A pesar de ser cauto, su evaluación es clara: México ha faltado en todo. “En general, el Estado [mexicano] ha fallado en sus respuestas en materia de verdad, justicia y reparación”.
Pero no es estridente. En entrevista con Contralínea, señala que no se puede generalizar la actuación de todos los servidores públicos. “Hay muchas autoridades a nivel estatal como a nivel de la Federación, y a nivel de los tres Poderes del Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial], que tienen voluntad de hacer las cosas bien, desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El problema es con dos tipos de funcionarios: aquellos “que están implicados en desapariciones forzadas” y aquellos “que no tienen voluntad política para tratar las necesidades de las víctimas de desapariciones forzadas”.
La primera recomendación que hizo a México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue el de reconocer la dimensión del problema, recuerda el abogado Santiago Corcuera Cabezut.
El maestro en derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y quien fue presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada hasta junio pasado, sentencia: “si  no se reconoce la dimensión del problema no se van a seguir las recomendaciones que las instancias internacionales le hacen al destinatario”.
Y es que el gobierno mexicano, lejos de aceptar las recomendaciones de las instancias internacionales, las descalifica y cuestiona la integridad y la capacidad de las organizaciones que las emiten.
En entrevista con Contralínea, Corcuera Cabezut explica el comportamiento del Estado mexicano con una analogía: “Es como un paciente que va al médico por alguna afectación. El médico le dice que tiene una grave enfermedad y que debe seguir un tratamiento; pero el paciente se enoja con el médico, le dice que exagera, y va a ver a su abogado para preguntarle si las recomendaciones apuntadas son de carácter obligatorio”.
?¿Esa falta de voluntad política tiene su origen en que podría haber funcionarios implicados en la desaparición forzada? –se le pregunta a Corcuera Cabezut.
?No lo sé. No sé qué piensan: si se sienten agredidos, dolidos… no lo sé. Lo que sí puedo juzgar es la reacción que exteriorizan: es la descalificación de las instancias internacionales que les formulan recomendaciones y la negación del problema. Y ante tales actitudes, no habrá solución para el problema.

“El Estado mexicano no se va a hacer el harikiri”, dice sin ambages el luchador social Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).


“El Estado mexicano no tiene el deseo de que se conozca la verdad de los desaparecidos porque él mismo está implicado. Va a seguir protegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los posible porque no se sepa cuáles son esas cadenas de transmisión que mueven la necesidad de protegerse entre unos y otros, sean militares, policías y civiles”, señala el luchador social que demanda la presentación de personas que fueron desaparecidas desde las décadas de 1960, 1970 y 1980, el periodo de la Guerra Sucia.
A decir de Julio Mata, basta un hecho para corroborar que no hay voluntad política de las autoridades mexicanas para que se conozca la verdad y se haga justicia en materia de desapariciones políticas: hoy y durante la “alternancia”, cuando por 2 sexenios detentó el Poder Ejecutivo Federal el Partido Acción Nacional (PAN), se mantiene la negativa de abrir los archivos del Ejército Mexicano.
Entrevistados por separado, los especialistas coinciden en que hay una condición para que no se haga justicia en materia de desapariciones y también para que sigan ocurriendo estos crímenes considerados de lesa humanidad: la impunidad.
Para Julio Mata, si hay algo que caracteriza a las desapariciones que hoy ocurren en México con las del periodo de la Guerra Sucia es la impunidad. “El Estado es responsable”, señala. Incluso reitera esa responsabilidad para los casos en los que no se consideran desapariciones forzadas: “Ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia, el Estado mexicano es responsable”.
Desde 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano autorización para realizar una visita de trabajo para revisar los avances en el combate a este crimen. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han respondido al organismo internacional.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto el Comité contra la Desaparición Forzada como el Consejo de Derechos humanos (ambos de la Organización de las Naciones Unidas) tuvieron que recomendar “enérgicamente” al Estado mexicano que reconociera la competencia del propio Comité contra la Desaparición Forzada para formularle recomendaciones.
Muchas otras “sugerencias” vendrían para que las autoridades mexicanas pusieran en práctica las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales.
Sólo en materia de investigación de casos de desaparición, el Estado mexicano recibió 30 recomendaciones en lo que va del sexenio. La mayoría de ellas, formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la que investigó la desaparición de forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Además de las recomendaciones en materia de investigación, el Estado Mexicano recibió “sugerencias” para acatar el régimen internacional de protección; adecuar el marco legislativo para atender la desaparición de personas (en general, y en particular la desaparición forzada); clarificar la situación legal de las personas desaparecidas y de sus allegados; construir un registro único nacional de personas desaparecidas confiable y útil; generar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas sin dilaciones y de oficio; para reformar la jurisdicción militar en la materia; de protección y apoyo a las familias y personas que denuncian, participan o defienden casos de desaparición; establecer un registro de personas privadas de la libertad; garantizar el derecho a la libertad personal (entre otros asuntos, derogar la figura del arraigo); prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; otorgar particular atención a las desapariciones de mujeres; sancionar en la legislación la desaparición de niñas y niños; instrumentar un programa especial con respecto de las desapariciones de la Guerra Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y garantizar el derecho a la reparación.
Sobre este último apartado, la primera recomendación de 2015 –formulada por el Grupo de Expertos Independientes– señala que el Estado mexicano debe “concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos”.

La segunda se refiere a otorgar una reparación integral “y transformadora” a las víctimas. “Toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada debe contar con reparaciones tales como: medidas de rehabilitación, satisfacción, compensación, restitución si es el caso, y garantías de no repetición. Con base en los estándares internacionales de derechos humanos se deben reparar los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los daños inmateriales (medidas simbólicas) y el daño al proyecto de vida”.

A pesar de ir a contracorriente y de la falta de voluntad de los funcionarios, los familiares de los desaparecidos no tienen otra opción que seguir exigiendo al Estado mexicano justicia.
A decir de Corcuera Cabezut, las demandas a las autoridades “deben ser, uno, que reconozcan la dimensión del problema; dos, que pongan en práctica todas y cada una de las recomendaciones que las instancias internacionales han hecho con el fin de ir superando poco a poco la gravísima crisis humanitaria en la que el país está sumergido, donde hay práctica generalizada de la tortura, donde en muchas regiones del país pudieran estarse presentando desapariciones generalizadas y donde muchas de las cuales se trata de desapariciones forzadas (es decir, cometidas por agentes estatales]”.
Zósimo Camacho

19/07/2017

Policía de Aureoles dispara a hombre de la tercera edad; “le dieron en el pulmón y la bala le salió por el pecho”


By Emma Martínez

Celia Morales Maldonado se encontraba en su casa, ubicada en una de las calles principales de la comunidad de Arantepácua, Michoacán. Mientras realizaba sus actividades diarias, su esposo Francisco Jiménez, de 65 años, se encontraba justo a lado de su domicilio en su taller de carpintería.
Pasado del medio día comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego y de inmediato vieron como la gente salía de sus casas y corría en dirección a los cerros, mientras huían, gritaban que los policías estaban entrando a las casas y disparando con armas de fuego, narra Celia a Revolución TRESPUNTOCERO.
“Yo cerré mi casa porque tuve mucho miedo. Estaban disparando a quien le tocara. La gente sí salió de su casa primero a preguntar qué estaba pasando y a quién disparaban, pero en lugar de recibir respuesta comenzaron a agredir a todo aquel que se acercara a saber qué era lo que pasaba. 
Mi esposo falleció durante ese ataque. Él tiene un hermano que vive en la entrada de la comunidad, al oír que habían balazos, me dijo que iba a ir a ver que estuviera bien, que no le hubiera hecho nada la policía. Sin embargo conforme fueron pasando las horas me preocupó que no regresara”, relata Celia.
Por lo que Celia salió a buscar a Francisco y después de caminar durante un rato lo encontró en una parcela, su cuerpo estaba boca a bajo. Tenía un disparo en la espalda. “Le dieron en el pulmón y la bala salió por el pecho”, señala.  Agrega, “nosotros seguimos pidiendo justicia porque hasta ahorita nadie nos ha dicho nada. No nos informan qué está pasando. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea castigo a los culpables”. 
Celia reclama la nula respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que aun cuando visitaron la comunidad, se entrevistaron con los pobladores y reunieron material para avalar una recomendación y darles el respaldo a las familias de las víctimas de muerte y los heridos, esto no ha sucedido. 
“¿Cómo es posible que el gobierno así nada más por nada más mande a su gente a matar a los nuestros?. No fue uno, fueron más. Yo quiero que haya una búsqueda y que me digan quiénes le dispararon a mi esposo, es lo único que estoy pidiendo”, puntualiza Celia. 
En Arantepacua, Michoacán, la población hizo un acto de protesta a las afueras de la comunidad, después que 38 de sus compañeros fueran detenidos de manera arbitraria, luego de llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno estatal con respecto a un acuerdo para la paz entre comunidades. 
Como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, en abril pasado, luego de ser detenidos los 38 comuneros fueron llevados a la fiscalía regional de Morelia.  Y aunque la población conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, no cedieron.
Por lo que el segundo paso fue realizar una protesta en la carretera, a donde llegaron más de 700 soldados con armas, quienes, a decir por los testigos, sin mediar palabras dieron inicio a la represión, entraron a la comunidad y agredieron a las familias dentro de sus casas. Donde dejaron heridos, pero también se cometió la ejecución extrajudicial de cuatro pobladores, a quienes les dispararon por la espalda, mientras corrían para esconderse de la violencia.
Por su parte, José Jiménez quien también es familiar de una víctima de ejecución por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, señala que “ese día el pueblo determino apoyar a los compañeros que habían sido detenidos de manera injusta. Así es como llega la policía de manera agresiva e irrumpe en la población, sin ningún protocolo. 
Cuando no había por parte de la comunidad un acto violento ni irregular. Hubo balazos y fue por eso que la gente comenzó a huir de manera despavorida, así es como obtienen el control total de la comunidad y es así como invaden las casa, a fuerza de golpes y amenazas”, describe Jiménez a Revolución TRESPUNTOCERO.
Mientras se desarrollaba un caos de miedo y de terror, indica Jiménez, no se conocía quienes había sido heridos y masacrados y es después de las cuatro de la tarde cuando se reorganiza el pueblo. Y se acordó salir a caminar para identificar a quienes necesitaran ayuda.
“Desafortunadamente fuimos encontrando muertos. En este caso fueron dos familiares míos. Los dos fueron asesinados por arma de fuego. Uno de mis familiares fue encontrado muerto en la entrada de la comunidad, y la otra persona era Luis Gustavo, el menor al que ejecutaron cuando intentaba escapar.
De entrada los hechos fueron tristes, dolorosos y había una impotencia y desesperación. Todos estábamos llorando por ver la manera en que habían acabado con la vida de nuestra gente, nuestros familiares. Hay coraje intenso al no poder hacer nada”, indica Jiménez. 
José Jiménez comenta que a su primer familiar lo encontró en un patio baldío, donde piensa, se quiso resguardar para pasar desapercibido por los policías. “La persona era mi tío y tenía un balazo en la espalda. Sin vida y bocabajo así lo encontramos”. 
“No entendimos por qué si el gobierno está para protegernos envió a sus policías a asesinar a nuestra gente, sin saber cuál era la razón de tanta saña, por eso el pueblo quedó desolado en aquel momento, todos querían huir por el mismo temor, que no era para menos.
Aunque Derechos Humanos vino e investigó todo el caso, no sirvió de nada. Hasta ahorita no ha sacado ningún tipo de resultado en la investigación mucho menos emitido ninguna recomendación”, añade José.
Sobre el caso,  Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO “hubo varios heridos de bala en los brazos, en los pies, en la espalda pero que se salvaron de morir, más los cuatro muertos. También hubo golpeados”, esto por parte de la policía de Silvano Aureoles, pero también se ha dado a conocer que al lugar llegó la Policía Federal y el ejército.
La comunidad sigue con la duda de lo que pasó, nunca se esperó esta acción. Nosotros solamente queremos que se dé con los culpables porque estos son crímenes de lesa humanidad, añade Simón. Quien además afirma que si el gobernador fuera digno debió de retirarse de su cargo. 
“Pero sabemos que tiene grandes compromisos e intereses con la cúpula. Por lo que vamos a exigir que ahora sí se respeten los acuerdos internacionales y las leyes que protegen a nuestro pueblo de ejercernos bajo usos y costumbres”, agrega.
Cabe señalar que la comisión que representa a la comunidad ha ido con los diputados ha exigir que intervengan en la búsqueda de justicia, ya que, menciona Simón, “ellos son representantes del pueblo y ahí hay una comisión de seguridad y de atención a las comunidades indígenas por lo que deben hacer algo”, puntualiza Simón. 

Familia Sarabia, entre los espiados por Moreno Valle; Meztli estaba siendo espiada minutos antes de su muerte


A semanas del homicidio de Meztli Sarabia, hija del líder social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, este martes el medio de comunicación e-consulta dio a conocer una serie de personajes públicos en Puebla han sido espiados, en la lista figura la familia Sarabia.
Quienes después del homicidio de Meztli han recibido amenazas de muerte, tanto para la esposa de Simitrio como para sus hijos. De acuerdo a la información del reportero del medio, existe una lista donde se puede observar que el espionaje se realizó por medio de llamadas telefónicas, correos, y mensajes de whatsapp, los cuales fueron intervenidos ilegalmente. En la información se da a conocer el número de archivos que existen de cada uno, y el tiempo de grabación de cada objetivo.
“En el top ten de las intervenciones telefónicas efectuadas por la oficina o los nidos de espionaje a cargo de Joaquín Arenal, pero que operaron bajo el amparo del gobierno de Moreno Valle, figura la esposa del líder de la 28 de Octubre, Rita Amador López, con 40:48 horas”, versa un fragmento de la publicación.
Luego de conocer dicha información, Rita Amador, Dirigente General de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, fue entrevistada en exclusiva por Revolución TRESPUNTOCERO y repudió el hecho. Además dijo, “ya habíamos denunciado el espionaje pero no teníamos manera de comprobarlo. Porque cada vez que marcaban me cortaban las llamadas, habían zumbidos de grabaciones, se escuchaba el eco. Nosotros sí sabíamos que nos estaba grabando pero tampoco estuvimos tan seguros. Ya este martes que lo dan a conocer en un medio, hasta con fechas y tiempos, no hay otra cosa que repudiar esa acción”.
Además, señala que es una clara intromisión a la vida privada. “Por supuesto que no me parece correcto y eso para nosotros debe ser una línea de investigación en el caso de la muerte trágica de Meztli. Porque finalmente deben de saber los movimientos de las personas si son quienes estuvieron infiltrándose y conociendo datos.
Cabe señalar que cuando yo puse las denuncias sobre las amenazas de muerte que yo recibí, nadie hizo nada y me seguían llamando por teléfono y les proporcionamos los números, claramente no investigaban criminales sino a las propias víctimas, lo que hacíamos en nuestra vida cotidiana”, declara Rita Amador.
Quien a su vez comenta que desde el 2014, con respecto Moreno Valle hubo una cerrazón, no había diálogo pero si una represión que cada vez se recrudecía más, con la intención de causar terror cada vez más a la familia. “En nuestra organización hubo despojos, gente golpeada cuando nos quitaron las áreas de trabajo en vía pública. También secuestraron a un compañero lo golpearon, hubo gente cooptada, a quienes les dieron las tareas del trabajo que nos correspondían.
“Hicieron y usaron todo con tal de destruir a la UPVA 28 de octubre. Ese es el fin, la intención es acabar con la organización, puesto que es un referente de resistencia porque no nos dedicamos a ninguna actividad ilícita y tampoco somos criminales como lo han tratado de hacer ver en diferentes momentos”, declara Rita Amador.
La líder, reitera que lo que vieron durante los últimos tres años del gobierno de Rafael Moreno Valle fue una cuestión de hostigamiento, despojo, de terror. Sin diálogos solamente imposición, oídos sordos a las peticiones. “Hasta este momento si no logramos conocer lo que realmente pasó con respecto al homicidio de Meztli, nosotros creemos que el gobierno de Rafael Moreno Valle continúa”, insiste.
Con respecto a las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle, la líder comenta que, “se ha vanagloriado siempre de tener mano dura. Aquí en Puebla deja el recuerdo del homicidio de un menor con una bala de goma. Hubo personas que por presentar una cartulina o decir no a la ruta articulada, fueron encarcelados.
Aquí en Puebla, exceptuando a quienes benefició Moreno Valle de alguna manera, todos los demás nunca tuvimos voz. Él siempre se quiso adelantarse a las políticas que se están aplicando a nivel nacional, para ser tomado en cuenta a la hora de querer ser candidato a la República. Yo pediría que todo mundo volteara la vista hacia Puebla. Para que vean en la pobreza, inseguridad y endeudamiento que nos dejó. Basta imaginar que si así tiene un pedacito del país en estas condiciones, qué no va a pasar en todo el país, donde va tener mano dura para todo”, sentencia Rita Amador.
Además, señala que el crimen creció grandemente en Puebla. Ahora mismo a nosotros nos han amenazado, a mi hijos que no están conmigo. También a los hijos de otro compañero que está preso. Es decir, vivimos una plena impunidad e inseguridad, comenta.
Rita reitera que la 28 de Octubre es una organización social legalmente constituida y no tienen ningún nexo con ningún criminal, por lo cual exigirán a las autoridades lo reconozcan, puesto que han sido en distintas ocasiones, los mismos gobiernos quienes relaciones a la organización con distintos grupos ya sea delictivos o armados.
En cuanto al tema del pronunciamiento de la Fiscalía, órgano que a las horas de asesinada Meztli Sarabia, señalaron que la línea de investigación era nexos por narcomenudeo, la familia aclaró que “el argumento de ellos para decir que la 28 está involucrada con el crimen es porque dicen que hermanos y padre están sujetos a proceso por narcomenudeo.
Pero se les olvida decir que hemos ganado amparo tras amparo, porque no ha habido ninguna forma para demostrar que ellos cometieron dichos delitos. Ya se ganaron los amparos pero los mantienen detenidos y esas cosas no las dicen. En definitiva tratan de criminalizarla a ella ya muerta”, agrega Rita.
Quien exige a la Fiscalía rinda cuentas y avances en el caso, pero también en el hecho del casi levantamiento del que en su momento fue víctima Meztli, por parte de judiciales, ya que en aquel tiempo también la amenazaron y le pusieron la pistola en la cabeza, indica la líder social.
“Ellos nos dicen que eso no es una línea de investigación, porque eso es otra cosa. Si ya hubieran investigado y comprobado que no fueron judiciales entonces sí tendríamos que ver otras maneras, pero como nunca lo investigaron sigue vivo y debe ser una línea de investigación, igual que ahora lo debe ser este nuevo hallazgo que nos estuvieron espiando.
Es decir sabían todos los movimientos de ella, a dónde salía y dónde estaba ubicada en el momento de su muerte. Porque justo en el momento que la mataron ella estaba llamándonos a nosotros. Colgó y en unos minutos la mataron. Entonces si estaba siendo espiada las autoridades deben de saber y deben tener esa línea de investigación, por lo que exigimos justicia. Hasta el momento no nos han dado avances”, puntualiza Rita Amador

18/07/2017

Policía de Aureoles dispara por la espalda a un menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza

El menor; se arrastró para salvar su vida y le colocan dos tiros en la cabeza



Con miedo, porque los elementos ya se encontraban invadiendo casas, golpeando y disparando en contra de la población, apresuró el paso, pero eso no fue suficiente cuando le dieron alcance. Le dispararon por la espalda, como a otras tres víctimas.
En aquel momento, mientras la violencia se desarrollaba dentro y en los alrededores de la comunidad, el maestro Francisco Hernández, se encontraba apoyado la manifestación. Y comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que en ningún momento la policía se acercó a dialogar, como lo indica el protocolo en este tipo de casos. “Llegaron y de inmediato comenzaron los empujones, comenzaron a disparar.
Muchas veces los policías vienen con sus escudos y macanas, pero esta vez los más de 700 elementos venían armados y todos disparaban. A mí me mataron a mi sobrino, quien era como un hijo para mí. A Luis Gustavo lo mató un grupo de policías que se burlaron de él al momento de su muerte”.
Francisco ya estaba enterado que había muertos y heridos y aunque le avisaron que su sobrino Luis Gustavo se encontraba dentro de los fallecidos no podía creerlo. Hasta que lo vio con un impacto de bala en la espalda.
“Después del disparo Luis Gustavo todavía se estaba arrastrando. Seguía luchando por su vida y llegaron los policías y le dieron el tiro de gracia. También tenía fuertes golpes, según la doctora que lo revisó cuando él ya se encontraba muerto. No le dejaron de dar patadas en distintas partes”, asevera Francisco.
A Luis Gustavo lo encontraron alejado de la comunidad, ya que como gran parte de los pobladores intentó huir a los cerros para poder resguardarse. Sin embargo lo alcanzaron. “Nosotros tenemos coraje contra los policías, contra el gobierno por el asesinato de mi sobrino quien era estudiante, no era un delincuente y venía de la escuela. Esto nunca lo vamos a superar”, añade Francisco.
Para los familiares de las cuatro víctimas de ejecución extrajudicial perpetrada por la policía del perredista Silvano Aureoles, exigir justicia y ejercer su libertad de expresión y manifestación no es irrumpir ni molestar a las autoridades que no solamente no les han dado respuesta alguna ante las ejecuciones, sino que las han mantenido en silencio, a casi cuatro meses de los hechos.
La semana pasada pobladores de Aratepacua, no irrumpieron como se mencionó en medios (aclara Simón Jiménez Morales, Representante de bienes comunales), “ejercimos nuestra libertad de expresarnos para pedir justicia, la que se nos ha negado”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO.
En el acto, donde se encontraba presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, pidieron la renuncia del mismo, por lo ocurrido en abril pasado cuando elementos policiacos entraron a la comunidad de forma violenta y asesinaron a cuatro personas, todas ellas con tiros por la espalda.
A inicios de abril pasado, un grupo de aproximadamente 40 habitantes viajaron a Morelia para sostener pláticas con autoridades, con el fin de mantener la paz y respetar los acuerdos firmados con la población de Capácuaro. Ahí consiguieron un acuerdo.
Por lo que regresaron a su población. Sin embargo, al poco tiempo de esto, fueron detenidos por la policía estatal por transitar en un vehículo ‘’robado’’, señalaron los elementos.
“Nosotros habíamos entregado un documento que indicaba cómo podíamos arreglar sin violencia la situación con la otra comunidad. Parecía que todo había llegado a buen término, sin embargo al regreso nos detienen. Incluso cuando salimos de nuestra comunidad, antes de llegar a Pátzcuaro, había un filtro de seguridad pero no entendíamos a qué se debía eso, si solamente fuimos a dejar un papel.
Fue después cuando a 38 comuneros nos detuvieron injustamente. Nos llevaron a la fiscalía regional de Morelia. Estábamos sorprendidos porque no esperábamos eso. Nos insultaron, nos comenzaron a acusar, fabricaron delitos. Y nos retuvieron tres días”, narra Simón Jiménez Morales.
Ante los hechos esa misma noche la comunidad conformó un comité de negociación, para solicitar la libertad de sus compañeros ante las autoridades de gobierno, Además de pedir se les indicara cuál era el motivo de la detención. Sin embargo, se asegura, el gobierno no quiso ceder.
Por lo que la comunidad optó por ejercer otra medida de presión. Y se manifestó en la carretera. Desde el día 5 de abril se comenzó exigir la libertad de los comuneros. Sin embargo lejos de haber solución, más de 700 elementos de la policía estatal irrumpieron en la comunidad.
Se asegura, que no fueron a dialogar para que se desbloqueara la carretera. Llegaron abrieron fuego, se metieron a las casas y violentaron a quienes ahí se encontraban. Cabe señalar, que cuando detuvieron a los comuneros, de acuerdo al testimonio de Simón Morales, los encerraron en un autobús les aventaron balas de goma y gas lacrimógeno.
“Nunca nos permitieron abrir las ventanas. Ahí nos estamos ahogando. Nos arrinconaron en el mismo autobús y ya no nos permitió hablar. Cabe señalar que hubo compañeros que resultaron golpeados”, indica Simón.
En tanto, la población ha denunciado a este medio que el gobierno de Silvano Aureoles no se acercó a entablar algún tipo de diálogo con las familias, ni con nadie de la comunidad. A su vez señalan que aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asistió al lugar de los hechos e hizo una investigación exhaustiva, los meses han pasado sin que se conozca si la institución emitirá una recomendación o no.
Francisco relata que aún cuando se comunicó con personal de la CNDH, interesado en los siguientes pasos a dar, “no me contestaron bien. La persona, de nombre Rodolfo, se molestó y le dije que no nos había hablado así cuando llegó a la comunidad”. Estas reacciones por parte de la CNDH resultan, para la comunidad, “lo mismo que el gobierno pues vienen de su parte. A lo mejor solamente nos están espiando y viendo qué estamos haciendo nosotros”, señala Francisco.
Por su parte, Claudia Hernández, tía de Luis Gustavo, da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO que en la comunidad la población se encontraba confiada que jamás una situación violenta como la pasada llegaría a ocurrir, “porque el Secretario de Seguridad dice que su personal está avalado con conocimientos para cuidar a los ciudadanos.
Ese día antes que entraran, sobrevoló la zona un helicóptero, tal vez estaba revisando cuáles eran los puntos para entrar y en qué condiciones estaba la comunidad. Después se comenzaron a escuchar muchos balazos. Por eso se avisó que las clases quedarían suspendidas. Esto también aplicó en el colegio de bachilleres, a donde asistía Luis Gustavo.
Mi sobrino todavía trató de luchar por su vida, y aún así los policías lo maltrataron y lo golpearon y le dieron dos disparos en la cabeza. Le dieron el tiro de gracia. Nosotros como familia también quisimos ir a los cerros pero vimos como a muchos les estaban dando alcance allá y nos quedamos en nuestras casas”, indica Claudia.
Quien a su vez, narra que muchos de los policías iban lanzando disparos al aire. Hora y media más tarde de los hechos violentos, una llamada telefónica les informó que Luis Gustavo aparecía dentro de los fallecidos.
Mientras Claudia y su familia recogían el cuerpo del menor de edad, escucharon distintos testimonios de familias que coincidían en que la policía entró a la casas por la fuerza. Detuvieron hombres y se los llevaron, en tanto a las mujeres las dejaron golpeadas, mientras robaban algunas cosas de valor de los domicilios.
Además de las cuatro personas fallecidas, se sumaron heridos dentro de los cuales habían niños y personas de la tercera edad. También se llegó a documentar casos de mujeres embarazadas que derivado del impacto del suceso tuvieron abortos espontáneos. Los daños psicológicos también afectaron a los niños, quienes, asegura Claudia, viven con miedo y pánico cada vez que ven un policía.
“Todas las familias de los caídos pedimos justicia. No es justo que el mismo gobierno sea quien haya provocado este hecho y ahora se quiera lavan las manos. No perdimos cualquier cosa por eso esta masacre no puede quedar impune”, puntualiza Claudia, quien como las demás víctimas sigue en espera de algún tipo de pronunciamiento por parte de alguna autoridad, sin que hasta el momento esto suceda. 

29/06/2017

Matan a Meztli Sarabia, activista en Puebla


 (Audios y videos)

"Dile a Simitrio (su padre) que no se ande pasando de huevos" y le dispararon en el Mercado Hidalgo de Puebla.
Este jueves fue asesinada Meztli Sarabia Reyna, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio.
De acuerdo con La Jornada de Oriente, el asesinato ocurrió en las oficinas de la UPVA, al interior del Mercado Hidalgo, donde entró un grupo de cuatro personas con gorras y preguntaron por la hija de Simitrio. Meztli les respondió y dijo que ella era por quien preguntaban.
Entonces lanzaron una advertencia: “dile a Simitrio que no se ande pasando de huevos” y le dispararon.
Esto, de acuerdo con lo que confirmó Tonatiuh Sarabia, hermano de Meztli y asesor jurídico de la agrupación, en entrevista para La Jornada de Oriente.
Tonatiuh informó que su hermana recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro más en el abdomen

La agresión se registra el mismo día del careo de uno de los integrantes de la “28 de Octubre”, y hermano de la agredida, Xihuel Sarabia Reyna, quien es considerado preso político desde hace dos años por defender el derecho al trabajo.
Desde abril pasado, 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integran la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos alertaron de las amenazas de muerte contra la defensora Meztli Sarabia Reyna.
Esto han informado hasta ahora las autoridades del estado y familiares de la activista:






28/06/2017

Reporte del CentroProDH




Jun 28, 2017 09:00 am | Sididh_master

* El apoyo técnico anunciado por la PGR podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos, consideran.

Ciudad de México, 28 de junio de 2017. La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción expresó ayer que la investigación sobre el espionaje a periodistas y activistas debiera abordar esta conducta “desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales”.

Las organizaciones que conforman la plataforma respaldaron el trabajo que realizan las personas que hasta ahora aparecen como víctimas de intrusión en sus comunicaciones privadas por medio del software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos para el combate al terrorismo y el crimen organizado. Consideraron que el grupo de apoyo técnico anunciado el día de ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) “se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos”.

La plataforma lamentó la perversión del uso de la inteligencia que se endereza contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales “probablemente para intimidarlos y hacerlos desistir de sus respectivos trabajos, lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias”.

Sobre la compra de software de espionaje y su uso malicioso, señalaron que el hecho es una evidencia de corrupción pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas.

Por todo ello instaron a las autoridades a acciones tales como establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, alegando que estamos “ante la paradoja que el Ejecutivo (PGR) debe investigar al mismo Ejecutivo”. También llamaron a establecer mecanismo de seguimiento puntual para agotar todas las líneas de investigación. Pidieron investigaciones internas en los órganos de control de la SEDENA, CISEN y la Visitaduría General de la PGR para determinar qué funcionarios tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y también demandaron la transparentación de los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico.

Finalmente pidieron al Congreso el inicio de un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, así como el establecimiento de controles que eviten el uso indebido como en este caso así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con el fin de garantizar el acceso a la información de la adquisición y uso de esta tecnología.


Jun 28, 2017 08:40 am | Sididh_master

Medios convencionales

Buscan aplicar nueva prueba de ADN / El Economista Familiares del periodista michoacano, Salvador Adame Pardo, cuyo cuerpo fue localizado calcinado, señalaron inconsistencias en la investigación de la Procuraduría del estado, por lo que solicitaron una nueva prueba genética para la identificación de los restos.

Demoran dependencias información, reclama CNDH / Reforma El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reclamó ante la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, la falta de atención de los servidores públicos respecto de las solicitudes de información que les presenta ese órgano.

Les niegan acceso al expediente de Lesvy Berlín Rivera, acusan abogados / LaJornada El equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), que encabeza la defensa de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio –quien apareció muerta en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo– no ha podido acceder a la primera parte del expediente de investigación sobre esos hechos, con lo que se obstaculiza el derecho de acceso de las víctimas a la justicia y la verdad.

Contra PGR, 90% de denuncias de tortura / Excélsior La Procuraduría General de la República (PGR) concentra 90 por ciento de las averguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por el delito de tortura cometido por servidores públicos de los gobiernos estatales y federales entre el 1 de enero de 2007 y junio del.presente año

Medios Alternativos

Policías municipales detienen, golpean y amenazan al periodista Rubén Pat en Quintana Roo / SinEmbargo Rubén Pat, director del semanario Playa News, fue detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, Quintana Roo, el pasado domingo.

Convocan pueblos originarios a rebeldía frente a políticas depredadoras como las Zonas Económicas Especiales / Página3 Los pueblos originarios y organizaciones sociales convocan a “legitimar el derecho a la rebeldía para defender su territorio frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto (de Enrique Peña Nieto) que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.

15 mil mdp costó el nuevo sistema de justicia, pero solo 15% de detenidos caen por investigación / AnimalPolítico Desde que se puso en marcha el nuevo sistema penal acusatorio en México, el  85 % de las personas consignadas ante los jueces federales, son presentadas por delitos cometidos en flagrancia y no por una investigación policial o ministerial que haya llevado a su captura.

Exigen castigo y desaparición de Fonatur por destrucción de manglar Tajamar / Desinformémonos El movimiento “Salvemos Manglar Tajamar” exigió que el gobierno federal desaparezca el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que castigue a los responsables de la destrucción de los humedales en el polígono, luego de que un tribunal en Quintana Roo ordenara la reconstrucción de la zona afectada y obligara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a abstenerse de ejecutar la autorización para remover el manglar de Tajamar y construir el proyecto “Malecón Cancún”.+

El Indicio que vincula fosas de Tierra Blanca, Santa Fe y el Rancho El Limón / PlumasLibres Existe un indicio en la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016, que presenta una relación entre la fosa de Colinas de Santa Fe y el rancho El Limón, campos de exterminio presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y elementos de la Secretaría deSeguridad Pública (SSP).


Jun 28, 2017 08:30 am | Sididh_master

En el predio Tamarindo, ubicado en la carretera Tuzamapan-Jalcomulco, se instaló el campamento de defensa “Centinelas del Río” el 20 de enero de 2014.

Han pasado tres años y cinco meses desde entonces y la lucha permanece porque los pobladores no permitirán la construcción de la presa que les quitará el agua y que ha sido el sustento de varias generaciones. La lucha es contra la empresa brasileña Odebrecht, que en 2013 manifestó la intención de crear una hidroeléctrica en el río Los Pescados, perteneciente a la cuenca de La Antigua.

“Apelamos a que las autoridades nos escuchen, nos apoyen y consideren nuestras necesidades, todos necesitamos del agua, algunos vivimos del turismo, otros del campo, otros más de la pesca, para todos es indispensable mantener el río que ha sido nuestro soporte desde generaciones atrás”, expusieron. Reiteraron que continuarán con su lucha hasta que tengan en mano un documento firmado por las autoridades que les asegure que no se construirá la presa.

* Lea la nota completa en DiarioDeXalapa.

Jun 28, 2017 08:20 am | Sididh_master

¡Ahí está el detalle!

Increíble, la respuesta dada por el gobierno a sus espiados con una tecnología llamada Pegaso que solo el gobierno federal o sus agencias pueden tener. Les piden que entreguen para su revisión precisamente los teléfonos espiados.

En vez de iniciar una averiguación interna de quién usó el sistema en los casos denunciados, el gobierno se voltea hacia los agraviados pidiéndoles una colaboración que redondea el agravio: la entrega precisamente de la prenda que el gobierno ha espiado.

Vivir bajo la sospecha de ser espiado es la emoción represiva característica de los estados policíacos. México no es un estado policíaco, pero una buena parte de sus ciudadanos viven su vida cotidiana como si lo fuera.

*Lea el artículo completo en Milenio.


Jun 28, 2017 08:10 am | Sididh_master

Imagen del día

Tres cuerpos fueron encontrados en las labores de investigación realizadas en los predios alejados de la zona urbana desde que reportaran, el pasado lunes, el cuerpo semienterrado de una persona.

La primera exhumación se realizó en un predio situado a 500 metros de la zona de “La Piedrera”, tras lo cual, a 60 metros de la primera, fue excavada una segunda fosa con el apoyo de una máquina retroexcavadora. Fruto de los trabajos se dio con tres cuerpos sin vida en el mismo número de fosas clandestinas.

*Con información de LineaDirecta.


Jun 28, 2017 08:00 am | Sididh_master

 

 

Presentación “Huellas de la memoria”

Fecha: miércoles, 28 junio de 2017 a las 10:00 horas

Lugar: Oficina de la Fundación Heinrich Böll México, José Alvarado 12, Colonia Roma, CDMX

Presentan: 

  • Alfredo López Casanova, curador de la obra
  • Ana Enamorado, madre que busca a su hijo desaparecido en Jalisco, México
  • Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo que busca a su padre desaparecido en Puebla, México
  • Dawid Bartelt, Fundación Heinrich Böll México
  • Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la C