30/01/2014

Promoción de programas federales en Chiapas provoca división entre pueblos


Enviados negocian hasta con bebidas alcohólicas, denuncian


Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 30 de enero de 2014, p. 20
Nuevo Jerusalén, Chis. 29 de enero.

División en los pueblos, incluso entre familias. Promesas consumistas y ofensivas. Reparto de cheques. Condicionamiento de programas. Amenazas veladas y no tanto. Incluso, los enviados federales que promueven el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Registro (FANAR, sucesor del Procede) se presentan a negociar ofreciendo bebidas alcohólicas, como ocurrió a fines de 2013 en Joltulijá, hermosa comunidad con dos lagunas de peligroso potencial turístico.

“Llegaron a ofrecer un pomo de trago para los comisariados, que lo rechazaron diciendo ‘¿qué no ven que lo que estamos tratando es que la gente deje de beber y ustedes nos vienen a ofrecer alcohol?’”, relata un hombre mayor de dicha comunidad. Somos de mayoría en resistencia, pero unos cuántos a nuestras espaldas solicitaron las titulaciones del gobierno, que lo que busca es despojarnos. Su presión es grande, por el interés de turismo. Llegan con ministerios públicos y para asustarnos nos dicen que van a solicitar el Ejército para que aceptemos. De hecho, llegó un destacamento de la Armada, pero ante el rechazo de los indígenas se retiró.

Los indígenas señalan como responsables directos de esta escalada a la visitadora agraria Rita Guadalupe Medina Septién y al abogado Juan René Rodríguez, ambos de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, acompañados por funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN). No han sido recibidos en Arroyo Granizo, La Arena, San José Guadalupe y Limonar, pero sí en Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal, a donde llegaron en octubre. Como huella de su paso, los funcionaros dejan división, a veces con falsos tintes religiosos pues suelen aceptar programas las personas de confesión evangélica. Si los que se oponen resultan católicos (y no pocos presbiterianos), las diferencias quedan garantizadas: Ya hubo pleitos, hasta entre hermanos. Dividen a las autoridades ejidales. Se amenazan entre ellos.

Se presentaron en Nuevo Francisco León desde septiembre, “a platicar sobre el FANAR, prometiendo apoyos, créditos, que aunque ya debamos dinero, podemos ir a Elek­tra a comprar refrigerador. ‘No hay desventajas, se pueden recibir muchos proyectos del gobierno’, nos dijeron”.

La sucesión de testimonios tienen la fuerza de la reiteración, la confirmación de por qué las comunidades en la selva Lacandona norte rechazan los procedimientos de titulación y regularización agraria que impulsa el gobierno. Muchas de ellas se encuentran, al menos en parte, dentro de la llamada zona de amortiguamiento de la reserva de Montes Azules. Durante muchos años los gobiernos han tratado de limitar sus derechos territoriales, o arrebatárselos. Cabe mencionar que en esta zona también hay numerosas bases de apoyo zapatistas, que de por sí rechazan cualquier intromisión gubernamental, no reciben programas y defienden su territorio.

Pero como dice una mujer de Lacanjá Tzeltal, la presión gubernamental ha servido para unir a católicos y presbiterianos, muchos priístas han dejado su partido por causa del FANAR. No hay acuerdo pero ya midieron la tierra, que no se ha entregado. Todavía lo podemos detener. Ya muchos se están arrepintiendo.

Los enviados gubernamentales advierten que las escrituras viejas ya no sirven. Además, condicionan la escrituración y programas como Procampo a la aceptación del FANAR. Violan la Ley Agraria ya que sin realizar convocatoria para la aprobación del programa, implementan las reglas de FANAR. Sus acciones fuera de la ley han causado división.

Los inconformes de Nuevo Francisco León y Lacanjá Tzeltal demandaron a la Procuraduría Agraria respeto a nuestros derechos agrarios y que no se condicionen los programas a cambiar nuestro régimen ejidal.

Solicitó la CIDH a México información sobre el dictamen de la ley de manifestaciones públicas


Los datos se pidieron desde el 16 de enero y deben entregarse a más tardar el sábado

La iniciativa aún no se discute en el pleno de la Cámara de Diputados, sólo se aprobó en comisiones

Georgina Saldierna, Fernando amacho y Enrique Méndez
 Periódico La Jornada
Jueves 30 de enero de 2014, p. 21

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano entregar toda la información que considere relevante sobre el dictamen con el que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, y lo emplazó a responder a más tardar para el próximo sábado, 1º de febrero.

En un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Cámara de Diputados que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo llegar una comunicación a la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde hace la petición.

El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Felipe Solís Acero, solicitó que los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión entreguen en breve la información que estimen oportuna de dicho dictamen, el cual prohíbe a los ciudadanos u organizaciones presionar a cualquier autoridad a realizar cualquier manifestación no autorizada, así como limitar las movilizaciones a un horario y en vías no primarias.
Informó que la CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual deberá presentar antes del 1º de febrero.

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente se turnó el oficio a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y al Senado para que respondan.

El 10 de diciembre, con el respaldo del PRI y PVEM, Acción Nacional logró que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa del panista Jorge Sotomayor, a quien el PRD señala como integrante de El Yunque y del Opus Dei.

Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara no puso el dictamen a discusión del pleno, por lo que forma parte de los 30 dictámenes que se espera debatir en la primera semana del periodo de sesiones que inicia el sábado.

El PRI quiere proteger al gobierno: López Suárez

Consultado sobre el emplazamiento, el diputado Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el dictamen no ha sido promovido por el PRI, porque la CIDH ya inició la investigación y muy probablemente quiere proteger al gobierno de Enrique Peña Nieto de las críticas internacionales.

Refirió que en diciembre Amnistía Internacional presentó un recurso ante la CIDH, porque el proyecto del PAN, avalado por el PRI-PVEM, es violatorio de los derechos humanos y trata de justificar una represión abierta, a quien por causas de disidencia política u opinión distinta al Estado pueden ser amenazados y coartados en los libertades de manifestación y de expresión.

Por su parte, Elena Tapia Fonllem (PRD), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, insistió que la iniciativa del PAN “atenta contra las libertades fundamentales y pretende restringirlas, antes que favorecer su ejercicio.

La Cámara de Diputados debe atender la solicitud de la CIDH y allegarse de elementos que conduzcan a desechar el dictamen pues el Congreso, como parte del Estado mexicano, está obligado a cumplir y promover con el régimen internacional de los derechos humanos, declaró.

22/01/2014

Reporte Centro ProDH


SIDIDH 2.0
Jan 22, 2014 08:45 am | Analisis_Prodh_NSA

Imagen retomada de Internet
México, DF.- Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, capítulo México, elaboró 14 temáticas que enmarca las principales violaciones a derechos humanos durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.
La organización señaló que el Gobierno mexicano ha obtenido pocos avances, comparado con los pendientes que dejó la administración pasada de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narcotráfico",  pues persisten  los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías; el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos; las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
 En cuanto a la militarización y el abuso de militares, el informe detalla que México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116.
Asimismo, HRW señala que es común que en el país se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. Las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de Estambul. Entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Impunidad por abusos militares y policiacos tanto del sexenio pasado como de hoy: "el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto."
En cuanto a migrantes el texto señala que cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad,  sin embargo, las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para protegerles, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos.
Sobre las y los defensores de derechos humanos, se destaca la persecución y las agresiones, las cuales a menudo están asociadas con su oposición a "megaproyectos" de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias, incluido el testimonio de testigos o el rastreo de comunicaciones de teléfonos celulares, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, no se dictaron condenas en ninguno de estos casos".
Respecto a la desaparición forzada, el informe detalla que a comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una 'grave crisis humanitaria'— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
En junio de 2013, la CNDH indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
Ante ello, la organización enfatiza que "es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos".
"En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas…", puntualiza la publicación.
El informe también incluye los apartados: libertad de expresión/agresiones a periodistas, violencia de género, condiciones carcelarias, discriminación, derechos laborales, entre otros.

CDH Paso del Norte exige liberación de detenidos torturados por caso "coche bomba"

Jan 22, 2014 08:35 am | Analisis_Prodh_NSA

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Chihuahua, Ciudad Juárez.- En carta abierta dirigida al titular de la Procuraduría General de la República (PGR),  el Centro de Derechos Humanos (CDH) Paso del Norte exige el cumplimiento de un acuerdo (de octubre de 2013) en relación a la liberación y la tortura contra los acusados por el caso "coche bomba".
Las y los  derechohumanistas refieren el compromiso asumido por la PGR: "con uno de estos peritajes que saliera positivo, sería suficiente para reconocer si el resto de los acusados fueron torturados, por lo tanto estaríamos en la posibilidad de un desistimiento de la acción penal por parte de la institución que usted dirige, o en su caso, conclusiones no acusatorias."
En su parte más sustancial, el comunicado firmado por el director de esta organización, el Pbro. Oscar Enríquez Pérez, informó que "el día 8 de enero del 2014 fuimos notificados a través del juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, del resultado del peritaje practicado a Víctor Manuel Rentería, el cual salió positivo".
Esto implica un nuevo caso en donde la justicia en Chihuahua es cuestionada por un caso de tortura documentado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta vez cometido por policías federales. Cabe destacar que la recomendación 75/2011 fue aceptada por el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Ahí el origen del acuerdo que ahora debe de ser cumplido por la autoridad federal.
La carta puntualiza una serie de exigencias, entre las que destaca la petición para establecer fechas para la libertad de los hoy procesados.

Este 22 de enero los medios destacan
Jan 22, 2014 08:30 am | Analisis_Prodh_NSA
Medios convencionales
El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Rodríguez Matha, desechó  "por notoria improcedencia" el amparo que promovió un grupo de 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes contra la Reforma Energética. De acuerdo con fuentes judiciales, la demanda contra la Reforma Energética fue desechada porque la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril, señala que este recurso "es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución".
"Resultados graduales" y 56 detenciones. Ese era el anuncio que daban en Morelia, Michoacán el gobierno federal y estatal justo a las 7:00 de la noche del martes. Pero casi tres horas antes, las comunidades de Cancita, El Carrizo y la Cofradía eran testigos de un enfrentamiento entre autodefensas y presuntos miembros de Los Caballeros Templarios.El enfrentamiento se dio en la carretera que va de Parácuaro a Apatzingán.
Este miércoles se cumplen cinco días del retorno (temporal, según los indígenas desplazados) al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, pero aún no existen condiciones de seguridad para volver definitivamente. Las familias desplazadas abandonaron el poblado hace seis meses por agresiones y falsas acusaciones de las autoridades priístas del ejido.
El Gobierno del Distrito Federal vigilará los espacios públicos, dijo Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno, al referirse a la llegada de más integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al campamento del lado poniente del Monumento a la Revolución. "Esperamos que respeten lo acordado de no invadir espacios que se han ganado y se mantendrá la vigilancia policiaca en el lugar para que no extiendan su bloqueo", dijo Serrano.


Porque la represión es el fantasma que acompaña a Enrique Peña Nieto y parece perseguirlo más allá de su mandato, siendo uno de los elementos más grandes que indignaron a la oleada juvenil que en 2012 tomo las calles, recordando ese viernes negro en la Universidad Iberoamericana donde el entonces candidato declaraba que asumía plenamente la responsabilidad de lo sucedido en Atenco, el amplio rechazo de la sociedad mexicana a ese personaje y el surgimiento de #YoSoy132 parecen ser la antesala de diversos procesos sociales que pueden dar un paso más allá de la resistencia.
A poco más de un año de que la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial del Feminicidio, esta instancia no ha realizado acciones parlamentarias para revertir los asesinatos de mujeres en México. Tras la demanda de grupos civiles que pidieron que desde el Legislativo se creara una comisión investigadora, el 21 de diciembre de 2012 se creó la Comisión Especial del Feminicidio pero desde su instalación, con tres meses de retraso y con sólo cinco integrantes, no ha tomado medidas contra este flagelo.
El Tribunal Permanente de los Pueblos y la guerra de contrainsurgencia en Chiapas/Kaos en la red Minerva Guadalupe Pérez López tenía 19 años cuando, el 20 junio de 1996, fue detenida en la comunidad de Miguel Alemán (Chiapas), mientras iba a visitar a su padre enfermo. Según testimonios, fue encerrada en una casa donde durante tres días fue golpeada y violada repetidamente por más de treinta hombres, que luego la llevaron al campo para descuartizarla. Minerva sigue desaparecida, al igual que otras 36 personas de las comunidades alrededor de los poblados de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, víctimas de la violencia del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia entre 1995 y 1999.

Jan 22, 2014 08:20 am | Analisis_Prodh_NSA

Javier Sicilia pide que se desarme a criminales no a autodefensas. Foto: Francisco Cañedo
"Es un mal necesario, es una paradoja. Yo estoy en contra de las armas, pero estoy más en contra de la indefensión. Yo estoy de acuerdo que la gente se arme para defenderse, no se puede tolerar que el gobierno permita que la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, les secuestren a sus hijas, que se las descuarticen, ni modo. Ojalá pidiéramos desarmar no a las autodefensas, sino a los criminales. Ojalá detrás de esto pudiéramos hacer un control absoluto de las armas, ese es el tema, ahí está la solución del problema", dijo Sicilia líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), durante la presentación del informe #No+Armas #NoMoreGuns. Sin embargo

Jan 22, 2014 08:10 am | Analisis_Prodh_NSA
Imagen del día
Autodefensas anuncian más decomisos a los templarios en Antúnez. Unos 80 integrantes de las autodefensas irrumpieron en el poblado La Huerta, de unos 500 habitantes. En la incursión, que duró unas tres horas, retuvieron a dos hombres a los que acusaron de pertenecer al cártel enemigo de Los Caballeros Templarios y decomisaron fusiles, chalecos, radios y otros materiales en viviendas. 24 horas

Foto: Proceso

Jan 22, 2014 08:00 am | Analisis_Prodh_NSA

  

Campaña
Convoca: Tochan Nuesta Casa
¿Qué es lo que más extrañas cuando estás fuera de casa?
Colabora con alguna donación en especie ¡Construyamos una hogar sin fronteras!
Alimentos: leche en polvo, azúcar, café, aceite, alimentos no perecederos (un extractor de jugo)
Higiene: rastrillos, jabón, detergente y artículos de higiene personal.
Contacto: Raquel Johnson | johnsorh2214@gmail.com | 55-15-8600 y 04455-4874-9475

Convocatoria: Escuela para defensoras y defensores jóvenes de derechos humanos

Invitación
Convoca: Centro de Dderechos Humanos Fray Vitoria
La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos es un espacio colectivo generado por las juventudes, donde se intercambian saberes y se entretejen esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos.
Registrarse antes del 26 de febrero de 2014 | Tener entre 18 y 29 años.
Contacto: edupromo1@derechoshumanos.org.mx | edupromo2@derechoshumanos.org.mx | 56596797 ext.227
Más información

El IMDHD invita a lanzamiento de campaña "Artículo 1 constitucional" 

Campaña
Desde finales de 2012 el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia inició un proyecto a tres años en torno a la Reforma Constitucional en materia de DH, que tuvo lugar en el Congreso Mexicano, en junio de 2011.
Con siete organizaciones más en varios estados del país, el proyecto ha representado una serie de acciones como la realización de un Seminario con expertos internacionales, capacitación a organizaciones, estudiantes y servidores públicos, análisis de las legislaciones locales, entre otras.
La presentación pública de la campaña será el 27 de febrero en el Museo Memoria y Tolerancia.
Contacto: (55) 5271-7226 | www.imdhd.org | Más información

Defiende tus derechos humanos, diseña un cartel

Imagen de convocatoria

Convoca: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Apertura de convocatoria: 1 de febrero de 2014.
Puntos para participar: Registro|brief y marco referencial|Diseño 50X70 en RGB y JPG

Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez

Estamos ubicados en:
Serapio Rendón 57b
Col. San Rafael
Del. Cuauhtemoc




Han muerto 75 mineros después del crimen en Pasta de Conchos


Junto con Cereal y el Centro Pro denuncian la inseguridad laboral

Foto
La Familia Pasta de Conchos realizó su misa mensual en memoria de los mineros fallecidosFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de enero de 2014, p. 17

Suman ya 75 los mineros muertos después del homicidio industrial de Pasta de Conchos, la mayoría de estos fallecimientos fueron en minas de carbón, en los llamados pocitos y cuevas, incluso este fin de semana, cerca del poblado de Cloete, municipio de Sabinas, Coahuila, murió de asfixia provocada por aplastamiento el trabajador Jesús Castro Vázquez, de 37 años, en una cueva de carbón.

En la misa mensual que desde hace casi ocho años se realiza frente a la sede de Grupo México, la organización Familia Pasta de Conchos, acompañada del Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), informó de este nuevo deceso y denunció que Castro Vázquez laboraba para la familia Los Lares, quienes no afilian a sus empleados en al Seguro Social, no cuentan con registro ante la Secretaría de Hacienda, ni están dados de alta ante ninguna autoridad.

La organización indicó que Jesús Castro Vázquez, “originario de Zacatecas, fue trasladado grave al hospital civil, donde perdió la vida, mientras que el Ministerio Público se limitó a tomar el nombre de los dueños de la cueva, pero no hizo nada, no fueron llamados y tampoco inició investigación alguna”.

La organización planteó que esta muerte se suma a las más de 75 posteriores a Pasta de Conchos. En 2013, dos de las cuatro muertes en la minería del carbón ocurrieron en cuevas y la de este fin de semana, es la tercera, después de que se prohibieran los pozos.

Demandaron que, de frente al octavo Memorial del Siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de Rubén Moreira investigue y sancione a los responsables de la muerte de Jesús Castro Vázquez y de todos los mineros fallecidos por la operación ilegal de minas, pozos y cuevas en la región carbonífera.

En tanto, la Familia Pasta de Conchos relanzará su campaña Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. Además, los próximos 18 y 19 de febrero acudirá a la ciudad de México una delegación integrada por los familiares de Pasta de Conchos, mineros sobrevivientes, trabajadores en activo y huérfanos de los caídos.

Esta organización también se entrevistará con diputados y senadores de la 62 Legislatura el 18 de febrero próximo y tomarán acciones para dar seguimiento al oficio enviado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, a la Procuraduría General de la República, sobre la realización de un nuevo peritaje que dé mayor certidumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos de los mineros, sin poner en riesgo la integridad física o la vida de los rescatistas o en su caso dar continuidad a la averiguación previa correspondiente.

Débil aplicación de la ley propicia que proliferen autodefensas: HRW


El gobierno de Peña Nieto ha mantenido una posición 
‘‘ambigua e improvisada’’, 
señala


José Miguel Vivanco, durante una conferencia de prensa ofrecida el 21 de febrero de 2013
Foto Marco Peláez
Agencias
Foto
 Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 3

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ayer su informe mundial 2014, en el cual asegura que la ‘‘débil aplicación de la ley’’ en México contribuyó al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa ciudadana en algunas regiones. Además, señala las fallas del Estado mexicano y los pocos avances que ha tenido para resolver asesinatos, desapariciones forzadas y torturas realizadas por militares y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada.

Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que el gobierno mexicano ha mantenido una posición ‘‘ambigua e improvisada’’ respecto de este fenómeno que ha surgido en Michoacán y otras entidades, el cual podría convertirse en un ‘‘‘Frankenstein incontrolable’’.

En conferencia ofrecida en Washington, reportada por la agencia Dpa, Vivanco señaló que por la actuación que han tenido las autoridades federales frente a las autodefensas ‘‘da la impresión de que el gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus posiciones frente a un hecho que es de la mayor gravedad’’.
Tema ‘‘de segundo orden’’

Subrayó que ‘‘no hay una política clara en materia de seguridad pública por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto’’. Por el contrario, dijo, han prevalecido ‘‘grandes ambigüedades en este tema y eso ha permitido una gran incertidumbre respecto de cuál es la posición del gobierno federal frente a un fenómeno de la mayor gravedad como es el surgimiento de autodefensas, un cáncer que ha padecido Colombia durante varias décadas’’.

Advirtió incluso que para el gobierno federal este ha sido un tema ‘‘de segundo orden’’ y por eso la respuesta ‘‘ha estado muy por debajo de las expectativas. Hasta ahora, como los derechos humanos, no ha sido prioritario. Lo están enfrentando como una crisis, pero no como una política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local e intervenir de una manera profesional sin que se generen violaciones a los derechos humanos’’, dijo Vivanco.

Sobre la posibilidad planteada en México por dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de que el general colombiano Óscar Naranjo sea uno de los creadores de los grupos de autodefensa en Michoacán, Vivanco dijo que ello es ‘‘absurdo’’. Opinó que los señalamientos carecen de fundamento, pues no hay ninguna evidencia que comprometa al citado general. Al contrario, dijo, tanto en Colombia como en México, Naranjo ha advertido del peligro que representa la figura del paramilitarismo o de las autodefensas.

En el informe de HRW, el cual se dio a conocer ayer en Berlín, el organismo aborda diversos temas, como el del sistema de justicia penal que –señaló– no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, lo cual responde a diversas causas, principalmente la corrupción, la falta de capacitación y recursos, así como la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.

Se refirió a la promulgación de la Ley General de Víctimas, así como al hecho de que a la fecha no se ha emitido el reglamento correspondiente. Esa es la débil respuesta que ha dado el gobierno mexicano al tema y lo que de acuerdo con el organismo internacional explica el surgimiento de las autodefensas.

Resaltó que aunque desde el inicio de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la existencia de graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y la desaparición de más de 26 mil personas desde 2007, ha tenido pocos avances en los juicios de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la actual administración.

Dice que el sistema de justicia militar no es objetivo y por lo tanto, los soldados acusados de violaciones a derechos humanos permanecen impunes. La evidencia: entre diciembre 2006 y mediados de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por elementos del Ejército y emitió recomendaciones sobre 116 casos.

Casi nunca, indicó HRW, los militares que cometen estos abusos son llevados ante la justicia. Y es que la supuesta solución se queda en el ámbito de la Procuraduría de Justicia Militar. Esta instancia inició más de 5 mil 600 investigaciones entre enero de 2007 y mediados de 2013. Sin embargo, hasta octubre de 2012 sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos.

Familiares de desaparecidos son quienes investigan

Respecto de las desapariciones, el reporte plantea que lo común en México es que ni policías ni agentes del Ministerio Público adopten medidas básicas de investigación para encontrar a las personas o identificar a los responsables de su desaparición. Con frecuencia, agrega, se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos. HRW señala como una falla la carencia de una base de datos nacional de personas desaparecidas y de los ‘‘miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos en fosas comunes’’.

De igual forma, se refiere a la persistencia de métodos de tortura para obtener confesiones de personas detenidas arbitrariamente y a las cuales, a menudo, se les mantiene incomunicadas en bases militares y otros centros de detención clandestinos.

Por otra parte, el informe se refiere a la sobrepoblación, falta de higiene e inseguridad en las cárceles; las limitaciones a la libertad de expresión, sobre todo respecto de temas vinculados con la delincuencia; la violencia de género; la falta de respeto a los derechos reproductivos de las mujeres, y la situación de los migrantes víctimas de graves abusos en su recorrido por territorio nacional.

Alcaldes de izquierda piden incluir sus municipios en plan contra el hambre


Algunos son de alta marginación, sostiene edil de Tuxpan

Alma E. Muñoz
 Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 7

El coordinador de los alcaldes de izquierda en Michoacán y edil de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, afirmó que ninguno de los 32 municipios que gobierna el PRD están incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a pesar de que algunos tienen alto índice de marginación.

En entrevista, el alcalde perredista señaló que si no hay justicia social en el estado no habrá paz. Resaltó que en distintas reuniones han demandado a las autoridades federales y locales, entre ellas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una verdadera atención social.

Creemos que es buena la presencia militar y federal (para recuperar la seguridad), pero la guerra no se acaba con las armas: requerimos atención, programas sociales, que entren las distintas dependencias al estado y estén en verdadera coordinación, aseguró.

Paredes Correa dijo que no reciben beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre ayuntamientos como Turicato y Lázaro Cárdenas, y creemos que como estrategia para garantizar justicia y hacer llegar programas sociales debemos estar incluidos.

Por otra parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confió en que la estrategia de seguridad para Michoacán no se trate sólo de acciones fulgurantes, sino que sirva para restablecer la normalidad.
Entrevistado en la sede nacional perredista, consideró positivo que se blinden los límites del estado para evitar que los grupos criminales que operan en Michoacán migren a otras zonas.

Explicó que esa medida debe ir acompañada de acciones políticas, sociales y económicas. De lo contrario, agregó, corremos el riesgo de que esto sea una suerte de acciones fulgurantes que terminen de agotarse mañana o pasado mañana y se regrese de nuevo al escenario vivido durante mucho tiempo en la entidad. No hay que cantar victoria, sostuvo.

Legítimo, el surgimiento de autodefensas, sostiene Sicilia


Es la respuesta ante la ineficiencia del gobierno, afirma

Presentan informe sobre cómo llegan armas a México desde EU


Fernando Camacho Servín 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 8

El surgimiento de grupos de autodefensa en el país es un mal necesario y una opción absolutamente legítima ante la ineficiencia de las autoridades para brindar paz y seguridad a la población, afirmó Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Al participar en la presentación del informe #No+armas-#Nomoreguns –en el cual se detalla la forma en que llegan armas de fuego de Estados Unidos a México, prácticamente sin ningún control–, Sicilia lamentó la terrible paradoja de que aunque la existencia de estos artefactos genera más inseguridad, se han convertido en alternativa necesaria para muchos ciudadanos.

Si hubiese control de armas no tendríamos una población en autodefensa. Pero si no lo están haciendo (las autoridades), ¿qué podemos hacer? Ni modo, es un mal necesario, la gente tiene que defenderse, lamentó.
Agregó que el recurso de los grupos de autodefensa es absolutamente legítimo. Estoy en contra de las armas, pero estoy mucho más en contra de la indefensión. No se puede tolerar que en nombre de un gobierno que no ha cumplido su razón de ser, que es dar paz y seguridad a los ciudadanos, la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, le secuestren a sus hijas, las violen y las descuarticen.

Sicilia recalcó: Estoy de acuerdo en que la gente se arme para defenderse. Ni modo. Mientras no se limiten las armas, la población tiene que defenderse, por desgracia. O controlamos las armas y el Estado vuelve a recuperar su condición de garante de la paz y la justicia, o el único camino que le dejarán a la gente es la resistencia armada.

En la presentación del informe –elaborado con base en filtraciones de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés)– se da a conocer una base de datos donde constan 2 mil 921 armas de 79 tipos distintos que ingresaron a México desde aquel país entre 2006 y 2010, muchas de las cuales sirvieron para cometer ilícitos.

Según el estudio, unas 60 mil armas entran mensualmente al país –a un ritmo de 2 mil diarias–, provenientes en su mayoría de las más de 9 mil armerías que hay en la frontera sur de Estados Unidos y las cientos de exposiciones y ferias que se organizan todo el año, en las cuales se puede adquirir arsenal prácticamente sin ningún requisisto.

La mitad de ellas (50.33 por ciento) fueron adquiridas en el estado de Texas, un tercio en Arizona (29.17) y dos de cada cinco fueron decomisadas después en Sonora y Tamaulipas.

El estudio señala que en 40.5 por ciento de los casos las armas fueron decomisadas por posesión ilegal y en 14 por ciento parece haberse demostrado el uso de la misma en un homicidio.

El informe señala que el tiempo transcurrido entre la compra y el decomiso del arma fue de más de un año, en promedio.

Además, la mayoría de las personas a las que les retiraron las armas eran jóvenes de entre 20 y 34 años; el 14.6 por ciento de los delitos que se cometieron con las armas descritas en la base de datos fueron homicidios.

Urgen alimentos para desplazados de la Montaña por la tormenta Manuel


La situación de los campamentos, deplorable, afirma párroco


Carolina Gómez Mena
 Periódico La Jornada
Miércoles 22 de enero de 2014, p. 10

Cientos de familias de la Montaña de Guerrero afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel aún sufren hambre, sed y frío, afirmó Melitón Santillán, párroco de Malinaltepec, quien precisó que la Cruzada Nacional contra el Hambre, aunque se ha hecho presente en los campamentos de damnificados, no lo ha hecho con la periodicidad ni el apoyo adecuados, y sostuvo que en esa zona se requiere con urgencia maíz, frijol y arroz.

El clérigo hizo un llamado al gobierno a no olvidarse de la Montaña, pues aunque ya pasaron cuatro meses de los estragos causados por el huracán y la tormenta, muchas familias siguen damnificadas, sin expectativas de ser reubicadas en viviendas definitivas y de comenzar a sembrar tierras, como lo hacían antes de las afectaciones climatológicas.

Indicó que así como están las cosas llegarán las lluvias de junio y los refugiados seguirán en los campamentos del Tepeyac, donde viven 145 familias, Filo de Acatepec (34), Unión de las Peras (105), Moyotepec (300), La Lucerna (150), San Juan de las Nieves (150) y El Paraíso Anexo de Moyotepec (30).

Agregó que la situación de los refugiados es deplorable, debido a que no cuentan con ningún servicio sanitario ni agua potable, las viviendas son improvisadas, construidas con troncos y plásticos, y en el mejor de los casos con láminas de cartón o aluminio que el gobierno u organizaciones de la sociedad civil han enviado a los campamentos y que no son adecuados para afrontar las bajas temperaturas y menos para las lluvias.

Santillán indicó que como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre en ocasiones han llegado alimentos, pero algunos son del tipo denominado comida chatarra.

21/01/2014

El pueblo nahua de Aquila crea nuevo grupo de autodefensas


‘No nos armamos antes por temor a las represalias del crimen’’

‘‘Durante 12 años padecimos el abandono de los distintos gobiernos’’

Ernesto Martínez E., Javier Santos y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 20 de enero de 2014, p. 10

El pueblo nahua de Aquila, Michoacán, se levantó en armas con un nuevo grupo de autodefensa para combatir a la delincuencia organizada y como resultado de que sus integrantes padecieron durante los pasados 12 años el abandono de los gobiernos federal y estatal, según se explicó en un comunicado.

‘‘No apoyamos a la guardia comunitaria que surgió el 24 de julio de 2013, porque teníamos miedo a las represalias del crimen’’, comentaron los inconformes, quienes determinaron ‘‘organizar nuestro grupo de autodefensa para expulsar al crimen organizado de nuestra localidad; así también invitamos a la demás gente del municipio a levantarse para que nunca más vuelvan a sentir miedo ni pagar cuotas’’.

Se acota en el escrito que la cabecera municipal de Aquila es botín de la delincuencia, sobre todo porque ésta sabe que la empresa Ternium, que extrae hierro en la zona, paga regalías mensuales a 401 comuneros.
De igual manera, se acusó al presidente municipal priísta Juan Hernández Ramírez de estar involucrado con el crimen, de lo cual sería prueba el que huyó cuando se formó el primer grupo de autodefensa y regresó al cargo después de que se aprehendió a 45 guardias comunitarios, entre ellos al líder Agustín Villanueva, el 14 de agosto pasado.

Según el comunicado, el alcalde obtuvo su cargo en ‘‘elecciones fraudulentas’’ con apoyo de Los caballeros templarios.

El escrito sostiene que cuando la guardia comunitaria fue desarticulada, delincuentes auspiciados por los gobiernos municipal y estatal decidieron ‘‘exterminar a los comuneros de Aquila’’, pero ‘‘cada día son más las personas que deciden expulsar a los criminales de sus regiones, lo cual ha ocasionado que los templarios emigren a zonas aledañas, en particular a nuestra localidad, incrementado la ola de violencia en Aquila’’.

Se advierte que la lucha de las autodefensas continuará hasta que caiga Federico González, El Lico, jefe de plaza en la región de Aquila y Coahuayana; asimismo, se asegura que el alcalde Juan Hernández fue invitado a sumarse al movimiento, pero se negó y abandonó a la población. ‘‘Nuestro movimiento de autodefensa nace como una necesidad social contra el crimen organizado, busca restablecer el orden y la paz para nuestra gente. Invitamos a las demás localidades, rancherías y comunidades del municipio de Aquila a sumarse a nuestra lucha, pues sólo buscamos el bienestar y la paz social’’, se acotó.

De su lado, autoridades de Jalisco instalaron retenes en comunidades de la zona limítrofe con Michoacán, para evitar el arribo de grupos criminales. El fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, consideró que el equipo humano y armamento con que su personal cuenta para brindar seguridad a poblados colindantes con Michoacán son suficientes, pero no descartó hallarse en estado de alerta.

Mientras, 15 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero se manifestaron ayer en el asta bandera de Acapulco, frente al Parque Papagayo, para exigir paz en Michoacán. Los inconformes, en su mayoría aspirantes a enfermeras, mostraron cartulinas contra la violencia en la entidad michoacana, así como de repudio al Ejército Mexicano y su intervención en esa entidad.

Por privatizadora, productores desaprueban la reforma del campo


El cambio ayudará a revertir las importaciones, según la CNC

Matilde Pérez U.
 Periódico La Jornada
Lunes 20 de enero de 2014, p. 19

La anunciada reforma profunda del campo causó posturas divergentes entre la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la Confederación Nacional Campesina (CNC). La primera desmintió que la reforma coadyuve, como afirma el gobierno, a detonar la productividad y competitividad de campesinos e indígenas; lo que se pretende es la privatización fast track de los recursos naturales; la segunda expuso que ayudará a revertir el aumento de las importaciones de alimentos.

La ANEC asentó que la del campo es complemento de la reforma energética, pues ayudará a acelerar la entrega de concesiones mineras, petroleras y de gas mediante la fractura hidráulica (fracking), recursos que se localizan en ejidos y comunidades. El anuncio no responde a la demanda generalizada del sector productivo alimentario de un cambio a las políticas de libre comercio y privatización impulsadas en las últimas tres décadas. Además, su contenido permanece en secreto.

Consideró que la reforma anunciada el 6 de enero por el presidente Enrique Peña Nieto contiene lo que quieren los representantes de los agricultores ricos, los monopolios y las corporaciones de Estados Unidos y Canadá. Es una contrarreforma agraria.

Para la CNC será un instrumento para aumentar la productividad. Es lamentable que 77 por ciento de la tenencia de la tierra esté en manos de propietarios de menos de cinco hectáreas, cuya mayoría utiliza métodos de producción tradicionales, realidad que es un reto a superar con la reforma profunda al campo.

El país, expuso Gerardo Sánchez García, dirigente de la CNC, requiere un aumento de la producción de alimentos para cumplir con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de producir siquiera las tres cuartas partes de los alimentos que pide la población.

En la Cumbre de Ministros de Agricultura, realizada en Berlín, Alemania,  Jesús Aguilar Padilla, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sostuvo que la citada reforma será un instrumento que coadyuvará a detonar la productividad y competitividad de los pequeños productores.

A los 60 ministros y viceministros de diversas naciones explicó que se fortalecerá la diversidad, sustentabilidad y productividad de la agricultura para un combate más eficaz contra la pobreza alimentaria.