31/03/2011

Murió la Vía Express


  • Organizaciones sociales y líderes de opinión ya habían advertido que la evidencia y argumentos de técnicos y especialistas a escala local e internacional les daban la certeza de que esta propuesta haría más grave aún el problema de la movilidad.
  • El Gobierno del Estado de Jalisco carece de políticas públicas reales y viables en materia de movilidad urbana sustentable.
Por inviabilidad financiera y falta de información, según refiere el periódico Mural, las comisiones de Hacienda y Desarrollo Urbano de la ciudad de Guadalajara dictaminaron en contra de la construcción del proyecto de la Vía Express, que fue una iniciativa enviada por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para construir una avenida de peaje en la zona metropolitana de Guadalajara.
Ciudad Para Todos, organización civil especialista en movilidad urbana en Guadalajara, publicó en su portal de seguimiento a medios escritos varios desplegados de periódicos locales respecto a la muerte del proyecto de la Vía Express.
Los diputados del tricolor de ambas comisiones y uno del PRD votaron a favor del dictamen que rechaza el puente de 23 kilómetros que impulsa el Gobierno del Estado, en la sesión conjunta de las dos comisiones, ante la abstención de los legisladores del PAN.
En el boletín entregado por los diputados priistas, argumentan que en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo estatal no se adjuntaron documentos contundentes y concluyentes para determinar la viabilidad, así como no se justifican los beneficios ni costos del proyecto.
"A la fecha el Gobierno del Estado carece de políticas públicas reales y viables en materia de movilidad urbana sustentable. Caprichos y obsesiones sin la inspiración de quienes gobiernan Jalisco, quienes han construido su Gobierno con ocurrencias. Lamentablemente la planeación brilla por su ausencia en el proyecto de la Vía Express", concluyeron los legisladores del PRI en el comunicado entregado tras la sesión.
Únicamente hace falta por dictaminar la Comisión de Vialidad, misma que es presidida por Enrique Aubry, quien a decir de Marco Barba, presidente de la de Desarrollo Urbano se unirá a lo expresado por los priistas.
Milenio Diario por su parte subrayó la participación de Patricia Retamoza, quien explicó que rechazaron la iniciativa porque fue un proyecto falto de claridad, pernicioso para la imagen y desarrollo de la zona metropolitana y que dejó dudas sobre el financiamiento.
Retamoza recordó que la obra requería una inversión de 6,500 millones de pesos, de los que dos terceras partes saldrían de un crédito y el resto de inversión privada.
Posteriormente el dictamen recién emitido y el de Asuntos Metropolitanos, quien ya había rechazado la Vía Express en meses anteriores, será llevado al Pleno para que todos los diputados lo voten.
De acuerdo a lo emitido el día de ayer por la organización GDL en Bici, el punto de inflexión fue el 22 de septiembre de 2010, cuando ciudadanos instalaron el auto-maceta como un símbolo de la reivindicación del espacio público sobre el automóvil. A ello se sumaron los activistas sociales, urbanistas y asesores técnicos del gobierno, empresarios y sus organismos de representación; gremios de profesionales, universidades y poco a poco más ciudadanos.
GDL en Bici refiere que “los argumentos parecían no ser suficientes para desechar el proyecto. Las propuestas se trabajaron en largas mesas donde ciudadanos, empresarios y técnicos llegaron a consensos”.
Varias organizaciones y líderes de opinión firmaron un comunicado que denunció: “La evidencia y argumentos de técnicos y especialistas a escala local e internacional nos dan la certeza de que esta propuesta, lejos de ser una solución, hará más grave aún el problema de la movilidad: se ha demostrado que apostar por solucionar la movilidad sólo por medio de infraestructura para el automóvil ha generado una ciudad deteriorada, con graves problemas derivados como altos niveles de contaminación ambiental, afectaciones a la salud pública, pérdida de espacios públicos y la oportunidad de mejor convivencia ciudadana, así como un incremento en las distancias entre los lugares generando ineficiencia e inseguridad”.

Conferencia de prensa sobre el plantón en la presa El Zapotillo
El día de mañana 1 de abril de 2011 a las 10:30AM se efectuará una conferencia de prensa por parte del Comité Salvemos a Temacapulín y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos en el Centro Nacional de Comunicación Social. Representantes de ambas instancias informarán sobre el plantón que han instalado para detener la construcción de la presa El Zapotillo, y en general sobre la situación que está viviendo Temacapulín.
Cencos: Medellin 33, Colonia Roma. Distrito Federal, México.


Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

Representa más del doble de lo autorizado, señala ONG

Más de $18 mil 880 millones, el gasto del gobierno en publicidad desde 2006


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 16

El gobierno federal ha gastado en lo que va del sexenio más de 18 mil 800 millones de pesos en publicidad, más del doble de lo que se aprobó oficialmente, sin que hasta el momento existan reglas claras para la asignación de esos recursos.

Así lo advirtieron los creadores de la página de Internet www.publicidadoficial.com, quienes señalaron que el presidente Felipe Calderón ha dedicado una cantidad exorbitante de dinero, superior a mil 120 millones de pesos, para promover los resultados de la guerra contra el crimen organizado, por ejemplo.

Omar Rábago, oficial adjunto de la organización Artículo 19, subrayó la necesidad de saber con exactitud cómo se manejan los recursos de la publicidad oficial, ya que hasta el momento ese rubro no está controlado por ninguna legislación en particular ni es susceptible de ser investigado.

Lo anterior ocurre, dijo, a pesar de que el artículo 134 constitucional señala que el dinero del Estado no debe utilizarse para difundir el nombre de ningún político o funcionario.

Actualmente hay “gran cantidad de anuncios que en realidad no informan nada, sino que promueven la figura de varios políticos, al mismo tiempo que se le quitan recursos a medios críticos, como Proceso o Contralínea”, afirmó.

Diego de la Mora, investigador de la organización Fundar, señaló que el presupuesto de comunicación erogado por el actual gobierno federal se ha ejercido de manera superflua, y llamó a que el Poder Legislativo defina reglas claras para esta actividad.

Desde que Calderón llegó a la Presidencia, señaló, ha habido un aumento exponencial del gasto en publicidad, hasta de 784 por ciento en relación con el sexenio de Vicente Fox.

La opacidad predominante en este rubro, alertó, hace que continúe la relación viciada del gobierno con la mayoría de los medios de comunicación: premia con nuevos contratos a quienes obedecen, y castiga a quienes lo critican al retirarles el dinero de esa partida.

Durante un debate posterior, Aleida Calleja, directora de legislaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, aseveró que aunque no hay ningún código oficial de asignación de esos recursos, es sabido que los medios electrónicos acaparan 70 por ciento de la publicidad, mientras periódicos y revistas deben conformarse con las migajas.

El periodista Javier Solórzano lamentó que siga vigente la frase de no pago para que me peguen, acuñada por el ex presidente José López Portillo, y coincidió en señalar que deben existir criterios públicos sobre la forma en que dichos recursos se reparten.

La discrecionalidad va de la mano de las intenciones políticas, y en ese proceso se dañan la libertad de expresión y la pluralidad informativa en los medios”, sostuvo.

Juez federal lo encuentra culpable de corrupción de menores y pornografía infantil

Condenan a Succar Kuri a 13 años de prisión y a reparar el daño moral

La sentencia no es definitiva; el procesado puede impugnarla

Deberá pagar 350 mil pesos a cada una de las menores afectadas

Aún enfrenta cargos por violación equiparada y estupro

Foto
El 15 de julio de 2006, Jean Succar Kuri arribó al hangar de la Procuraduría General de la República, en la ciudad de México, después que las autoridades de Estados Unidos aprobaron su extradiciónFoto José Antonio López

Alfredo Méndez y Hugo Martoccia
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 13

El pederasta Jean Succar Kuri fue sentenciado este miércoles, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, después de un proceso que lleva más de cinco años. La condena, que aún no es definitiva y puede ser impugnada por el procesado, fue dictada por el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Cancún, Quintana Roo, Gabriel García Lanz.

Succar Kuri está internado en la cárcel de Cancún, donde aún enfrenta procesos del fuero común por violación equiparada y estupro.

Por la tarde, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el material probatorio que obra en el proceso penal se consideró suficiente para tener por demostrado plenamente en su comisión el delito de pornografía infantil, así como el de corrupción de menores, y la plena responsabilidad penal de Jean Touma Hanna Succar Kuri.

El órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados agregó que “a lo anterior se suma la circunstancia de que obran agregadas al proceso copias certificadas de diversos procesos penales seguidos ante autoridades judiciales del fuero común contra el sentenciado Succar Kuri, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de violación, corrupción de menores y otros, cometidos en agravio de diversos menores de edad.

“En lo relativo a las penas que le fueron impuestas, se consideró que en el caso se actualizaba un concurso ideal de delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal Federal, por lo cual se le aplicó la pena correspondiente al delito que merece la mayor sanción, es decir, al de pornografía infantil; sanción que se aumentó en una mitad.

“Se consideró también que el grado de culpabilidad que le correspondía a Succar Kuri es el equidistante entre la media y la máxima, por lo cual se le impuso la sanción de 13 años un mes y 15 días de prisión, y multa de 85 mil 837 pesos.

Es así que se condenó a Jean Succar Kuri al pago de la reparación del daño moral ocasionado a las menores, por lo cual deberá pagar a cada una de las afectadas la cantidad de 350 mil pesos, puntualizó el CJF.

En entrevista con La Jornada, el abogado de las víctimas, Xavier Olea Peláez, dijo que la ampliación de la pena se debe a que existe la concurrencia de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Comentó que la sentencia tiene que ver con el abuso cometido contra siete menores de edad (entre ellos un varón), a los cuales Succar Kuri manipuló para llevarlos a su casa, les mostró material pornográfico, los hizo posar desnudos o con trajes de baño, y compartió las imágenes con otras personas.

El abogado Olea Peláez explicó que el delito de corrupción de menores se generó porque el inculpado abordaba a infantes y adolescentes en lugares públicos, los llevaba a su casa, en la zona hotelera de Cancún, y les ofrecía dinero y regalos.

El delito de pornografía infantil se configuró porque se probó que Succar Kuri, junto con su esposa Gloria Pita, tomaba fotografías y videos de los menores, y además les hacían ver otros videos de contenido sexual. El empresario de origen libanés también distribuyó correos electrónicos con esas imágenes.

Por la noche, en conferencia de prensa en Cancún, Xavier Olea dijo que la sentencia contra Succar Kuri es ejemplar, porque se le pone un alto a las personas que practican el delito de la pederastia.

No obstante, Olea denunció que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo está demorando el proceso y pretende desvirtuar las pruebas que presenta la defensa de los menores.

Agregó que el juez tercero de lo penal, Víctor Manuel Echeverría Tun, quien lleva los procesos contra Succar por violación equiparada, cerrará la etapa de instrucción de esos litigios el próximo 9 de mayo.

El caso contra Succar Kuri se inició en 2004, cuando Edith Encalada (en ese tiempo menor de edad) denunció las vejaciones a las que había sido sometida por el libanés desde que era niña.

En 2005 la periodista Lydia Cacho publicó Los demonios del edén, un reportaje en el que puso al descubierto la protección que Jean Succar Kuri recibía de políticos y empresarios, entre ellos Kamel Nacif Borge, conocido en el sector empresarial como El rey de la mezclilla.

En ese libro la comunicadora documentó la existencia de una red internacional de pederastas y de pornografía infantil que era liderada por Succar desde Cancún.

La publicación del libro le valió a Lydia Cacho múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, pero también una denuncia penal que se tramitó ante las autoridades del estado de Puebla, gobernado hasta hace dos meses por el priísta Mario Marín.

La grabación de una llamada telefónica privada entre el gobernador Marín y Kamel Nacif (divulgada por la periodista Blanche Petrich en 2006), reveló que entre el político y el empresario hubo colusión dolosa para afectar a Lydia Cacho como represalia por la publicación de su libro.

La comunicadora quintanarroense fue detenida por policías poblanos ese mismo año y después de permanecer varias horas en una cárcel municipal de Puebla recuperó su libertad, pero fue sometida a un largo proceso penal del que salió absuelta.

Tras causar una ola de indignación pública, el caso de la detención de Lydia Cacho llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de varios meses de analizar el asunto, y apenas con una mayoría de seis votos contra cinco, determinó (en noviembre de 2007) que no se violaron las garantías individuales de la periodista.

La de ayer fue la primera de varias sentencias condenatorias que se irán acumulando contra el pederasta Succar Kuri, advirtió el penalista Olea Peláez.

Explicó que no habrá pena corporal que resarza el grave daño que este sujeto causó a decenas de menores de edad.

"Ya comenzó a funcionar la aplanadora", denuncia el petista

No pasará la reforma laboral, advierte Muñoz Ledo a PRI-AN


Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 19

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, en acuerdo con Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde, anunció que el 18 de abril próximo culminará la labor de dictaminación de las iniciativas de reforma laboral, con el fin de llevar un documento consensuado entre esas fuerzas al pleno de San Lázaro para modificar la Ley Federal del Trabajo.

El petista Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la Comisión del Trabajo y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, denunció que la mancuerna PRI-PAN pretende aplastarnos en el proceso de dictamen; es una burla y ya comenzó a funcionar la aplanadora.

Con enojo, recriminó a Armando Neyra –líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de México– haber anunciado que el 18 de abril finalizarán las labores en la comisión encargada de dictaminar más de cien iniciativas, y que será la última presentada por el PRI la que prevalezca como eje de la nueva propuesta de ley.

En la reunión de esta mañana (ayer), que no fue televisada y transcurrió en el sigilo de un encuentro privado, le pregunté a priístas y panistas si el 18 de abril no coincidía con la fecha que el secretario del Trabajo (Javier Lozano) ubicó como plazo perentorio para aprobar la reforma, y simplemente me dijeron que era una coincidencia. Es inadmisible que pretendan engañarnos de una forma tan burda.

Agregó: “están decididos a plancharnos, porque menosprecian la Constitución e insisten en que no habrá violación de la norma; así, ¡por sus huevos!, pretenden resolver en tres días las graves contradicciones que contiene la iniciativa del PRI. Nosotros en el Partido del Trabajo pedimos la comparecencia de Javier Lozano y no la aceptaron. También presenté tres puntos para evitar el albazo y todos votaron en mi contra.

Esto ellos lo tiene muy dominado. Están con Javier Lozano y ya forman parte del pacto entre la oligarquía de la CTM y los empresarios; hasta cuentan con un sacerdote que los va a casar: Javier Lozano. ¡No vamos a permitir, aunque esto sea lo último que hagamos, que se apruebe una reforma laboral tan voraz como la que ellos impulsan!

Muñoz Ledo insistió en que la aprobación de una reforma laboral a modo de los intereses del tricolor y del gobierno federal romperá el orden parlamentario, y así será si siguen aplastando a la minoría.

También adelantó que en caso de continuar amagando ambos partidos con aplastar la oposición legislativa, el Movimiento Regeneración Nacional impedirá tal felonía, y se acudirá al frente de la movilización popular de Andrés Manuel López Obrador.

Ellos están propiciando un conflicto parlamentario. Nos preocupa también que los medios de comunicación ignoren deliberadamente el estado en el que se encuentra un tema tan sensible e importante para la sociedad. La laboral es la iniciativa más importante que se presente en la actual legislatura. Desde ahora decimos que no habrá un mayoriteo imbécil entre el PRI y el PAN. Un mayoriteo soberbio que representaría uno de los peores golpes de la población en general.

En conmemoración de su día internacional realizaron una mesa de debate

Inician campaña para promover el respeto a los derechos de las empleadas del hogar

Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 20

Las trabajadoras del hogar de Latinomérica realizarán una campaña para lograr que los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acepten el convenio y la recomendación que se propuso en la pasada Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, y que promueve el respeto a sus derechos.

A 23 años del primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar, dijo a La Jornada que con miras a esta discusión, realizarán este viernes un foro internacional con representantes de la OIT, funcionarios federales y trabajadoras del hogar de América Latina, con el título de Trabajo digno para las trabajadoras del hogar.

En marzo de 2008, el consejo de administración de la OIT decidió incluir en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2010 y 2011 el punto de trabajo decente de los y las trabajadoras del hogar. En junio del año pasado se llevó a cabo el primer debate con miras a la adopción de un convenio complementado por una recomendación.

En la reunión de junio próximo se espera la aprobación de una norma internacional que indique sus derechos como cualquier otro trabajador. Durante la mesa de debate titulada Trabajo del hogar, experiencias latinoamericanas, organizada por el CACEH, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Fundación Friedrich Ebert a propósito de la conmemoración, este miércoles, del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, representantes de esas agrupaciones y académicos coincidieron en señalar la importancia de homologar los derechos de quienes se dedican al trabajo del hogar, invisibilizado por los patrones culturales, a los de todos los trabajadores.

Para Bautista, después de 23 años de conmemorar este día, los desafíos siguen siendo la organización propia de las trabajadoras del hogar y posicionar el tema en la agenda política, si bien se ha avanzado en la sensibilización para incluir la discusión del tema en el ámbito legal.

Los colectivos sostienen la demanda universal de los derechos al contrato de trabajo, días feriados, vacaciones, jornadas laborales de ocho horas, seguridad social, descanso semanal, indemnización, salario digno y justo, además de libertad sindical, entre otros.

De acuerdo con el CACEH, muchas trabajadoras domésticas reciben entre 60 y 80 pesos diarios si son externas y alrededor de 2 mil pesos mensuales si viven en casa del empleador.

De unas 300 observaciones, acapara 141; la mayoría permanecen sin acatarse

Juárez, a la cabeza en recomendaciones recibidas por abusos y asesinatos de mujeres
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2011, p. 22

Ciudad Juárez, Chih., 30 de marzo. Organismos no gubernamentales (ONG) internacionales que defienden los derechos humanos han emitido 141 recomendaciones para las autoridades de Ciudad Juárez, dio a conocer la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez. Indicó que muchos de estos documentos tienen relación con los feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres, y que para el total de las autoridades mexicanas se han emitido unas 300 recomendaciones, es decir, Juárez recibió casi la mitad de los escritos relacionados con abusos contra mujeres.

Durante un taller informativo y de exhorto a las autoridades mexicanas, sobre todo a los gobiernos estatal y municipal, por las constantes recomendaciones que hacen organismos internacionales por los abusos, discriminación y desaparición de mujeres, Ramírez sostuvo que los tres niveles de gobierno están obligados a dar seguimiento e informar sobre los avances de las recomendaciones de ONG internacionales.

Nosotros vemos que el gobierno cumpla con las recomendaciones, y nos encontramos con muchas ausencias y obstáculos, con una cultura institucional que se va más a la simulación que al cumplimiento; en estos cuatro años de trabajo hemos descubierto cómo se incumple, quiénes son los responsables, y cómo se pueden cumplir, dijo Gloria Ramírez.

“Ciudad Juárez es considerada la ciudad que más recomendaciones internacionales ha tenido, particularmente por la violencia de género y feminicidios, por lo que buscamos con metodología y reglamentos propuestas por discutir en cada una de las instituciones de los tres niveles de gobierno”, dijo.

Señaló que la Secretaría de Gobierno estatal es responsable de seguir el cumplimiento a los compromisos de proteger a mujeres, mediante el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto de las Mujeres, así como de la Fiscalía General del estado.

Aseguró que las recomendaciones que el gobierno no cumple se relacionan con que atiende a las mujeres únicamente a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, aunque todo el estado tiene la obligación de atender las recomendaciones.

Mientras, funcionarios estatales encabezados por el gobernador César Duarte Jáquez se reunieron con madres y familiares de mujeres desaparecidas para dar a conocer que se constituyó la Unidad Especializada en Feminicidios.

Duarte Jáquez afirmó que los hechos violentos que involucran a mujeres son lamentables, y es necesaria la unidad para poder enfrentar las problemáticas que ofenden a la ciudadanía.

El mandatario reconoció la lucha de Norma Ledezma por hallar a su hija desaparecida Paloma Angélica Escobar Ledezma, y ofreció que la Unidad Especializada en Feminicidios fortalecerá la investigación en espera concluir con la violencia, la falta de respeto y la impunidad con las que se agrede a mujeres.

El fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas, ofreció su aprecio a la labor de investigación que han hecho mujeres durante años, para esclarecer los casos de sus hijas desaparecidas o asesinadas. Sabemos el dolor de las personas que han perdido a seres queridos, que llevan un duelo necesario, pero estamos para solidarizarnos, para atender a sus demandas, dijo.

30/03/2011

Legisladores en San Lázaro la califican de "absurda y grotesca"

La propuesta de Duarte, tontería

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 9

Diputados de PRI, PAN y PRD expresaron su repudio a la propuesta del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, de obligar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a realizar un servicio militar obligatorio de tres años. ¡Es una verdadera tontería!, expresó el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI).

Además, el ex ministro Juventino Castro y Castro (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que imponer a los jóvenes servir tres años en el Ejército sería un atentado en contra de ellos.

A quien le guste, que tome la opción militar y al que no, que la deseche. Pero no se puede forzar que tomen el servicio de las armas; no obligatoriamente, acotó.

Los legisladores resaltaron que la obligación constitucional del Estado mexicano es ofrecer alternativas de desarrollo, educación y empleo a la juventud, y anticiparon que cuando llegue a la cámara, la iniciativa será rechazada, porque no ofrece una opción, sino constituye un castigo a jóvenes que sólo son víctimas del fracaso de las políticas públicas.

El vicecoordinador del PAN, Alberto Pérez Cuevas, expresó que pertenecer al Ejército no debe ser una imposición y sostuvo que primero deben resolverse las causas por las cuales los jóvenes no estudian ni trabajan. Mandarlos al Ejército no es un beneficio, sino una sanción. La obligación es que sí tengan dónde estudiar y dónde trabajar, dijo.

Enrique Ibarra (PT), secretario de la Comisión de Defensa, afirmó que una reforma de ese carácter agregaría un eslabón más a la barbarie de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. La iniciativa del señor Duarte es absurda, grotesca y demuestra cómo algunos gobernantes pierden el más básico sentido común y de sensatez.

Ramírez Marín insistió en que quienes se enlistan en el Ejército lo hacen por vocación. Si empezamos a ofrecer el ingreso a sus filas como alternativa de trabajo y no como oportunidad vocacional, cometeríamos un error muy grave: enviaríamos a la juventud a cumplir algo que no quiere, con lo que no está de acuerdo, que no es su aspiración de vida y llenaríamos al Ejército de inconformes que desertarían en la primera ocasión.

El legislador priísta evaluó que obligar a los jóvenes a enrolarse en las fuerzas armadas constituiría además un peligro para la seguridad nacional. Imagínense a soldados que no quieren serlo, que sólo están ahí para ocupar su tiempo. De ninguna manera puede usarse al Ejército como alternativa si no se estudia ni se trabaja’, reprochó el legislador.

También, el coordinador del PRD, Alejandro Encinas, definió como una ofensa a los jóvenes que se les ofrezca ser militares, porque no se les pudo dar un empleo o un lugar en las universidades. Es responsabilidad del Estado ofrecer estudio y trabajo a los mexicanos, y por ese incumplimiento del gobierno y de las empresas no se puede querer militarizar el desempleo y la deserción escolar, expuso.

Encinas Rodríguez consideró finalmente que la iniciativa del gobernador de Chihuahua, César Duarte, violaría los derechos humanos y constitucionales de los jóvenes.

Senadores rechazan militarizar ninis

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 9

Senadores de PRD y PAN rechazaron la iniciativa del gobernador de Chihuahua, César Duarte, de que haya servicio militar obligatorio durante tres años para los jóvenes, como forma de ofrecer oportunidades de empleo y capacitación a los llamados ninis.

El presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones, comentó que “habría que analizar la iniciativa, porque lo correcto es no dejar de atender ese fenómeno que de verdad existe y es preocupante: la llamada generación nini”.

El coordinador panista, José González Morfín, advirtió que los jóvenes lo que necesitan es que haya fuentes de trabajo, escuelas y canchas deportivas para desarrollarse intelectualmente y practicar actividades benéficas para su salud, no una militarización que ya en otros países ha sido nefasta”.

El perredista Carlos Navarrete rechazó la salida propuesta por Duarte y preguntó si se evaluó ya cuánto va a costar una medida de ese tipo. Consideró que se requieren miles de millones de pesos a fin de que las fuerzas armadas tengan instalaciones, maestros, uniformes y todo lo que significa atender a los jóvenes. Mejor trasladen esos recursos a la Secretaría de Educación Pública, sugirió el legislador del sol azteca.


No está garantizada la seguridad de quienes purgan una condena, advierte el ombudsman

Existen condiciones deplorables en los 431 penales del país: Raúl Plascencia

Integrar al Ejército a ninis no es una alternativa para resolver la violencia, señala en Durango

Saúl Maldonado y Sergio Ocampo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 10

Los 431 centros penitenciarios que existen en el país se encuentran en condiciones deplorables y no resuelven la problemática en su interior, que impide garantizar la seguridad de quienes purgan una condena, afirmó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, consideró que integrar al Ejército Mexicano a jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) no es una alternativa para ese sector de la población.

Entrevistado ayer a su llegada al Congreso de Durango, donde asistió al tercer informe anual del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Carlos García Carranza, el ombudsman nacional habló sobre la inseguridad en las cárceles, que operan en condiciones inadecuadas. Aseguró que los 431 reclusorios de México se encuentran en situaciones deplorables, tienen una infraestructura inconveniente y no garantizan condiciones de seguridad para quienes purgan una condena en ellos, además de que no existe una atención por parte del Estado a esta situación.

En el caso particular de Durango, manifestó que la situación que se presenta en los dos penales de la entidad es similar a los del resto del país. En cuanto a violaciones de derechos humanos, manifestó que debido a la inseguridad que se vive en Durango, hay una situación de vulnerabilidad en este tema, mismo que afecta en forma severa a la población en general.

Plascencia Villanueva afirmó que no sólo existe un problema de inseguridad en el interior de los centros penitenciarios, sino también en el exterior, pues el combate a la delincuencia provoca asimismo que los ciudadanos vivan inseguros. Por ello, pidió que pronto se revise la estrategia para combatir a la delincuencia organizada y se garantice mayor seguridad a la sociedad.

En otro tema, sobre la medida propuesta por el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de enviar a los jóvenes de 18 años en adelante que ni estudian ni trabajan, llamados ninis, a las filas del Ejército para que colaboren tres años en las tareas militares, el presidente de la CNDH dijo que esto no contribuye a resolver la situación y tampoco resolverá la violencia en el país.

La mejor alternativa es siempre la educación, la formación de valores, la promoción de actividades deportivas y culturales dirigidas a los jóvenes, dijo.

Guerrero: 110 quejas contra militares

Por otro lado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) documentó 906 quejas durante 2010, de las cuales cuales 178 fueron remitidas a la CNDH, y de ese total, 110 fueron en contra del Ejército Mexicano, dio a conocer este martes el presidente del organismo, Juan Alarcón.

Destacó que, según la Procuraduría de Justicia de Guerrero, entre 2005 y 2010 se registraron en la entidad 202 secuestros; 11 periodistas y 447 mujeres murieron en situaciones violentas, y el número de desaparecidos fue de 170.

Alarcón Hernández presentó ayer el informe anual de la Coddehum, y recordó que en el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo, que termina el próximo jueves, murieron violentamente los diputados Jorge Bajos Valverde y Armando Chavarría Barrera, de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, lo mismo que varios alcaldes y un número considerable de dirigentes partidistas, principalmente del PRD, defensores de los derechos humanos como los indígenas Raúl Lucas y Manuel Ponce.

Finalmente destacó que durante 2010 se emitieron 153 recomendaciones, de las cuales 70 se giraron a autoridades municipales; 45 de ellas a la Procuraduría de Guerrero; 29 a la Secretaría de Educación estatal; nueve a la Secretaría de Salud; siete a Seguridad Pública; una al gobernador; otra para la Secretaría de Gobierno, e igual número para seis dependencias de la entidad.

Ese ingreso no alcanza para cubrir satisfactores básicos: ONG

Perciben los mexicanos el segundo salario mínimo más bajo de AL
Angélica Encisco L.
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 13

Los mexicanos perciben el segundo salario mínimo más bajo de América Latina, y sólo 18.3 por ciento de la población –19.5 millones de personas– obtiene ingresos suficientes y cubre sus satisfactores de salud, educación, vivienda, servicios, alimentación y seguridad social. El resto enfrenta alguna carencia y casi 49 millones –según datos de 2008– sufrían algún grado de inseguridad alimentaria.

El planteamiento del presidente Felipe Calderón acerca de que mejoró el nivel de vida de los más pobres, porque tienen acceso a refrigeradores o televisores, habla más de que ha crecido el crédito al consumo, pero eso no significa que se cubran los derechos humanos sociales, sostuvo Jimena Marot, del Observatorio de Política Social y de Derechos Humanos.

De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2008 había 36 millones de personas en pobreza multidimensional con al menos tres carencias sociales y no tenían ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. En pobreza extrema había 11.2 millones de personas.

En cuanto a salud, educación, vivienda, servicios, alimentación y seguridad social, al menos 77 por ciento de la población tenía una carencia, señala el Coneval, y ubica a 18.3 por ciento como población no pobre y no vulnerable.

Entre 1995 y 2010 el índice del salario mínimo cayó alrededor de 30 por ciento y, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, pese a una baja inflación (sobre todo en años recientes) el Estado mexicano no ha podido o no se ha comprometido a restablecer cuantitativamente el nivel en que debería fijarse el salario mínimo, indica un análisis del observatorio.

Refiere que hasta junio de 2009 las personas sin un ingreso mínimo de mil 40 pesos en el ámbito urbano y de 773.65 pesos en el rural para comprar la canasta básica, no podían dar cobertura a sus necesidades mínimas de alimentación. “En términos reales, la gente hace 40 años podía comprar una canasta cuatro veces más grande que ahora –en variedad o cantidad de productos y servicios– con un salario mínimo”, agrega.

México aparece con el segundo salario más bajo de América Latina –sólo el de Uruguay es menor–, y está cerca de Bolivia y Nicaragua. En cambio, Paraguay, Argentina y Costa Rica tienen mínimos que superan dos y tres veces al mexicano. Esto es de suma relevancia, ya que a falta de seguridad social y otros derechos no cubiertos, el salario mínimo se convierte prácticamente en el único mecanismo para la satisfacción de necesidades elementales, como salud y educación.

Agrega que, según datos del Banco de México, la inflación de alimentos y bebidas ha sido de 21.2 por ciento desde enero 2008, lo cual refleja que, lejos de la estabilización de los precios posterior a la crisis alimentaria, se experimentó un aumento constante, aunque no en igual magnitud.

En cuanto al aumento reciente en los precios de los alimentos, los datos indican que desde junio de 2010 éstos han crecido 5.2 por ciento. Y si se toman en cuenta las previsiones de agencias internacionales, la tendencia continuará.

La población enfrenta una transición nutricional con prevalencias simultáneas de problemas de desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad, indica el documento Dimensiones de la seguridad alimentaria del Coneval.

Gabino Cué acude a Washington para expresar a la CIDH su interés por cooperar en la materia

Intenta justificar el lento avance en la investigación de violaciones a las garantías básicas

Los planes para proteger los derechos humanos son de largo aliento, dice la SRE
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En Washington, autoridades del gobierno federal trataron de justificar ante la CIDH la falta de resultados en materia de protección a los derechos humanos. La imagen corresponde a una protesta de Amnistía Internacional frente a la representación del estado de Guerrero en el DF para exigir en 2010 la liberación del activista Raúl HernándezFoto José Antonio López
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 15

Washington, 29 marzo. El gobierno de México presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avances en el desarrollo de legislación y reformas, cuyo objetivo es elevar a rango constitucional todos los tratados y normas internacionales de derechos humanos, además de fortalecer las capacidades nacionales y estatales para investigar y reparar casos de abusos y violaciones.

A la vez, los representantes diplomáticos mexicanos acompañaron al nuevo gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien expresó a la CIDH su interés en resolver casos de derechos humanos pendientes en su entidad, en un hecho calificado como casi sin precedente, en donde un gobierno estatal solicita presentar sus planes sobre el tema ante una entidad internacional (el primero fue el gobierno de Chiapas, hace un año).

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en conferencia de prensa aquí, aseguró que los avances para consolidar en México mecanismos, normas y procedimientos en torno a los derechos humanos han cambiado de manera fundamental en los 12 años anteriores.

Interrogado acerca de la falta de impacto de todos estos avances en la investigación, fiscalización y enjuiciamiento de casos de violaciones de derechos humanos por elementos de las fuerzas de seguridad pública, Gómez Robledo afirmó que estos esfuerzos son de largo aliento y agregó que los casos que se investigan pueden parecer poco ante el volumen (de denuncias), pero esto es parte de un proceso de largo plazo que se realiza en una situación muy compleja, en referencia a la actual batalla contra el crimen organizado.

Invitó a que se comparen los esfuerzos de México con lo que ha ocurrido en circunstancias parecidas en otras latitudes, donde en situaciones parecidas, más bien se han cerrado las puertas a procesos para fortalecer en los ámbitos legislativo e institucional las normas y mecanismos para defender los derechos humanos y las garantías individuales.

Argumentó que el gobierno mexicano ha extendido invitaciones a organismos internacionales de derechos humanos a múltiples visitas (incluyendo la actual de un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU) e incluso a instalar oficinas en el país, como es el caso del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gómez Robledo enfatizó que no sólo hay mayor rendición de cuentas, sino sobre todo mayor transparencia al abordar los temas de derechos humanos, incluyendo una apertura cada vez mayor de las instituciones castrenses en torno a este rubro. A la vez, hay más acceso que nunca a la información, nutriendo con ello una cada vez más activa participación e interlocución de la sociedad civil con las autoridades sobre derechos humanos.

Por estos avances, junto con las reformas constitucionales pendientes ante el Congreso y los estados, pronosticó que en los próximos años se verán los efectos concretos de todo esto, incluyendo la investigación y aplicación de la ley en cada vez más casos.

Gómez Robledo subrayó que ha habido cambios fundamentales, entre ellos el hecho que desde 2000 las violaciones de derechos humanos no son resultado de una política de Estado. Señaló que ante la situación complicada de la actual lucha contra el narcotráfico, se está haciendo todo para capacitar a las fuerzas de seguridad publica en torno a los derechos humanos, como también investigar y reparar violaciones que ocurren y con ello poco a poco construir un estado de derecho. Afirmó que el otro cambio en los pasados 12 años es la creciente participación de la sociedad civil, y que esta es el mejor garante de estos avances. Lo importante, sin evadir los problemas actuales, añadió, es ver hacia dónde apuntan las cosas con todos estos esfuerzos y logros.

Exigen al gobierno federal cesar la persecución de sus miembros

ONG denuncian hostigamiento judicial contra activistas chiapanecos
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 16

Los centros de derechos humanos Digna Ochoa, Fray Matías de Córdova y Ordóñez y Fray Bartolomé de Las Casas manifestaron en Chiapas su preocupación por el hostigamiento judicial a los integrantes del centro Digna Ochoa. De manera específica a su director Nataniel Hernández Núñez y otros abogados de la misma institución. Sobre ellos pesan cargos federales que más bien maquillan lo que de hecho es persecución en su contra por realizar su trabajo en las comunidades.

Ante evidencias de que se trata de un proceso artificial, los organismos civiles denuncian que en el expediente jurídico aparece la resolución de un juez en Tapachula que “es una reproducción del pliego de consignación elaborado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en la ciudad de Arriaga, la cual se fundamenta en ‘declaraciones’ de policías, que resultan ser formatos acomodados para fabricar el delito”. Y precisan: En el expediente penal existen declaraciones idénticas, incluso con los mismos errores de redacción.

Los organismos de derechos humanos (con sedes en Tonalá, Tapachula y San Cristóbal de las Casas) recuerdan que el pasado día 15, Hernández Núñez y su hermana Jazmín realizaban una diligencia en el juzgado cuarto de distrito en Tapachula, asistiendo jurídicamente a pobladores de la comunidad Nicolás Bravo II (municipio de Mapastepec), quienes habían sido detenidos por la Policía Federal Ministerial (PFM).

Hernández permaneció en la ciudad tratando de averiguar el motivo de estas detenciones. Esa noche, mientras investigaba la situación de los detenidos en los juzgados de distrito, se le acercaron agentes de la PFM y lo interpelaron: Tú eres Nataniel, somos de la AFI y hay una orden de aprehensión. El aludido “les informó que contaba con un amparo, pero la agente federal del MP Griselda Flores de León indicó a los policías: ‘Es él, llévenselo, su amparo no sirve’”.

El defensor fue trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de la República en Tapachula. Los agentes lo interrogaron, que si era dirigente de alguna organización que esté en contra del gobierno, y lo remitieron al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3, en la misma ciudad. Allí le informaron, a su ingreso, que su acusador era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por hechos ocurridos el 22 de febrero en Pijijiapan. Cabe recordar que en aquella ocasión, los abogados del centro Digna Ochoa fueron encarcelados durante 10 días, luego de observar una protesta del Consejo Regional Autónomo de la zona Costa, adherente de la otra campaña.

Los cuatro detenidos de Mapastepec fueron liberados la mañana del día 16, y horas después Hernández, sólo que bajo caución y pagando multa. El día 18, el juez de la causa penal José Luis Zaya Roldán decretó auto de formal prisión en contra suya, por lo que seguirá el proceso en libertad bajo caución, yendo a firmar cada martes ante el juzgado. El MPF añadió el infundado cargo de extorsión, que es del fuero común, por lo que existe el riesgo que sea nuevamente detenido el defensor tonalteco.

Los centros de derechos humanos manifestaron preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo. Exigieron al gobierno federal cumplir con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión u obstrucción al trabajo de los defensores de derechos humanos en Chiapas, y honrar sus obligaciones contraídas en tratados internacionales.

Amagan con cerrar definitivamente la empresa en caso de que no se aclare el caso

Diputados reprochan a Sempra la irregular construcción de regasificadora en Ensenada

Funcionarios de la trasnacional se reunieron en privado con legisladores

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Actualmente la planta regasificadora se encuentra cerradaFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 16

La comisión especial de diputados federales encargada de investigar a la trasnacional Sempra Energy se reunió en privado con funcionarios de la empresa a los que reprochó haber instalado en medio de la opacidad y la irregularidad la planta regasificadora Costa Azul en el litoral de Ensenada, Baja California.

Los legisladores reprobaron las violaciones a la ley que se han documentado por parte de la trasnacional y de las autoridades del gobierno de Baja California, entre ellos el ex gobernador panista Eugenio Elorduy. Los legisladores advirtieron que no habrá marcha atrás en la determinación de cerrar la empresa si se confirman las anomalías que se han detectado y documentado en los pasados tres meses.

El encuentro privado –del cual se tiene grabación– fue ríspido y propició el enojo de los siguientes funcionarios de la trasnacional: Tania Ortiz Mena, vicepresidenta de asuntos externos de Sempra Energy; Cristina Kessel, directora de asuntos gubernamentales de Sempra Energy; Alex Ríos, director de asuntos legales; Ricardo Moreno, director de relaciones públicas; David Cobb, vicepresidente de operaciones; Álvaro Muñoz, gerente de operaciones, y José Antonio Ortega, director general de Especialistas Ambientales, filial de Sempra.

Fue Alex Ríos quien reconoció los riesgos en la operación de la planta regasificadora: “Se hizo un análisis en el que se evaluó desde el punto cualitativo de riesgo qué pasaría si esto no funciona para evaluar y tomar decisiones pertinentes (sic). Se estudió el sitio que tiene características particulares, pues es una bajada hacia el mar y no se abre hacia las poblaciones. Está en una picada, situación que es favorable para cualquier tipo de accidente que pudiera presentarse.

Se hizo un estudio cualitativo sobre cuál es la probabilidad de los eventos, y se analizó la zona de impacto. ¿Qué pasaría y hasta dónde llegaría ese impacto? Los eventos que pudieran suceder son incendio o una explosión. En el caso del incendio, que es de un impacto llamado radiante, la probabilidad de que ocurra un acto en los tanques es extraordinariamente remota. En el caso de una explosión, el lugar más crítico de la planta es la zona de los vaporizadores.

En su turno, el diputado priísta Francisco Moreno Merino reprochó a Tania Ortiz Mena –quien se mostró despectiva con esta diario, que fue el que reveló la opacidad de la trasnacional– si entendía a qué obedecía su presencia en el Congreso.

Ortiz Mena replicó: Sí. Absolutamente. Llevo trabajando diez años en Sempra.

–¿Usted ha recibido algún tipo de beneficio por parte de Sempra? ¿Sabe que se están investigando actos de corrupción?

–Lo que le puedo decir es que nosotros en todo momento hemos cumplido al pie de la letra con la legislación aplicable, en todos los sentidos, federal, estatal y municipal, y a la fecha hemos oído historias como la de Rodolfo Michelon, por cierto un ex empleado que salió en un recorte de más de 130 personas. Decidió demandar a la empresa, y yo en diez años que llevo representándola le garantizo que en ningún momento, en ninguna reunión, y lo digo enfáticamente, he visto absolutamente ninguna negociación indebida, todo se ha hecho con absoluto cumplimiento a derecho.

–¿No han violado ningún reglamento estadunidense ni mexicano? –insistió con ironía el diputado Moreno.

–¡Absolutamente no!

–¿Absolutamente? –le reprochó el diputado.

–Lo que buscamos es la congruencia con un ordenamiento estatal que se llama Cocotren (Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada), que lo que buscaba básicamente era ordenar el desarrollo de la costa. Nosotros nos fuimos muy cerca de Ensenada y se nos criticó porque no nos quedamos cerca de Rosarito. Porque el Cocotren sólo ubicaba esa zona donde nos establecimos nosotros. La terminal tiene alrededor de 100 empleados. Tenemos 400 empleados en México, todos ellos mexicanos y a mí no me parece que sean pocos.

José Narro Céspedes, diputado del sol azteca que ha seguido el tema de la corrupción de Sempra, también ironizó con sus preguntas: ¿usted señala que han cumplido con la norma?

Claman justicia en el asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega

Alto a la guerra
demandan miles a Calderón en Cuernavaca

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Ofrendas, mensajes y protestas contra la violencia, ayer en CuernavacaFoto Rubicela Morelos

Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 7

Cuernavaca, Mor., 29 de marzo. Más de 500 personas marcharon por el centro de esta ciudad para exigir al presidente Felipe Calderón que ponga un alto a la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 40 mil muertos, porque a diario aumenta la violencia, la inseguridad y el número de víctimas inocentes, como el joven Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y novelista Javier Sicilia, colaborador de La Jornada y la revista Proceso.

La movilización, en la que participaron integrantes de organizaciones no gubernamentales e intelectuales, se inició en la iglesia de El Calvario, a las 17 horas, y concluyó en la plaza de armas, donde tuvo lugar un mitin.

Ahí, el escritor Francisco Rebolledo López reprochó a Calderón que haya iniciado una guerra absurda, estúpida, que nadie declaró; la declaró un señor frustrado, porque nunca pudo comprobar que ganó las elecciones de 2006, y que de un plumazo ha dejado a 44 mil mexicanos sin empleo al desaparecer Luz y Fuerza del Centro.

Emplazó a las autoridades federales y estatales a esclarecer el crimen contra Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado junto con los de otras seis personas en un vehículo abandonado la mañana del lunes en el fraccionamiento Las Brisas, del municipio de Temixco, y castigar a los responsables de los asesinatos.

Tuve el honor de conocer a Juan Francisco, un ser bello, un ser noble, un gran futbolista; además era hijo de un gran hombre: Javier Sicilia, un gran poeta, premio nacional de poesía, un luchador incansable por las causas de este país; y su madre, una mujer que sólo ha hecho el bien, y el pago es torturar a este muchacho, matarlo, asfixiarlo y meterlo a una cajuela, manifestó.

Al gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, lo emplazó a que en una semana presente a los verdaderos responsables de este horror, o que renuncie al cargo si no puede solucionar este caso.

En la plaza de armas, los manifestantes unieron sus manos para lanzar consignas como Ni un muerto más, Queremos vivir, Ni una muerta más. En la entrada principal del palacio de gobierno colocaron una ofrenda floral y veladoras.

La noche del pasado lunes, en dos puntos de la ciudad aparecieron sendas narcomantas con mensajes del cártel del Golfo, en los que se deslinda del asesinato de las siete personas y aseguran que ellos no matan a gente inocente. Culparon del crimen múltiple a 12 personas, entre ellas al presunto propietario de un bar llamado Amores Perros, a quienes acusan de pertenecer al cártel del Pacífico Sur.

Desprotegidos, los ciudadanos que colaboran, señalan ONG

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 5

El asesinato de siete personas en Morelos, aparentemente en represalia por haber denunciado actos del crimen organizado, demuestra que las autoridades no protegen a quienes deciden colaborar con ellas en el señalamiento de los delincuentes, lamentaron activistas de organizaciones sociales.

Sergio Méndez, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que hay una responsabilidad directa del gobierno en la protección de la gente que presenta denuncias, lo cual desgraciadamente no se cumple.

No es la primera vez que quienes denuncian con mucha valentía cívica son asesinados de forma tan artera. Las autoridades son responsables de lo que ocurrió con estos jóvenes, y queda claro que están infiltradas y compradas por el crimen organizado, apuntó.

Si no se garantizan condiciones mínimas de seguridad, “no se le puede exigir a los ciudadanos que tengan una cultura de denuncia. Es preocupante que el gobierno solicite la participación de la gente de manera incluso frívola, cuando Marisela Escobedo y miembros de la familia Reyes han sido ejecutados” por señalar las actividades de los criminales.

Pedir que se fomente la denuncia es un discurso hueco, cuando es evidente que las autoridades están infiltradas. Cuando alguien denuncia, se pone de cierta forma en manos del Estado, y éste tiene la responsabilidad de protegerlo, subrayó.

Por su parte, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, coincidió en que no hay garantías de seguridad para las personas que se atreven a interponer una denuncia, lo cual propicia las condiciones de impunidad.

Lo vemos claramente con los casos de las compañeras de Chihuahua, que son madres de niñas y mujeres asesinadas. Ellas han denunciado y llevado estos casos ante la justicia y al final del día también se vuelven víctimas, lamentó. Es muy preocupante, dijo, que las autoridades exhorten a la ciudadanía a señalar a la delincuencia, pero no les brinden protección.

Lo hicieron mediante una llamada telefónica a la 24 Zona Militar; su identidad fue filtrada

Ejecutados en Morelos habían denunciado a narcomenudistas

Entre las siete víctimas se halla Juan Francisco Sicilia, el hijo del poeta y novelista Javier Sicilia

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Intelectuales, universitarios e integrantes de organizaciones civiles se concentraron en el zócalo de Cuernavaca para exigir justicia por el multihomicidio perpetrado el pasado lunesFoto Rubicela Morelos

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 5

La Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJM) se encargará de investigar los asesinatos de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y novelista Javier Sicilia. Según las primeras investigaciones, no existía vinculación entre cuatro de las víctimas, y los otros tres pertenecían a una misma familia.

Para las autoridades, una de las líneas de investigación a seguir tiene que ver con la formulación de denuncias que los occisos habrían realizado de manera telefónica a la 24 Zona Militar con sede en la capital morelense, y en cuyo caso se debió mantener en el anonimato la identidad de todos ellos, indicaron funcionarios federales y locales.

El Ministerio Público del fuero común inició la averiguación previa por el delito de homicidio, con el registro SC01/2689/2011, y en las primeras diligencias tomó conocimiento de los señalamientos que apuntan a que las identidades de los asesinados fueron reveladas a sus victimarios tras denunciar cuestiones de narcomenudeo en la capital morelense, situación que también fue señalada por los presuntos homicidas a través de un narcomensaje.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que colaborará con las autoridades de Morelos, y aunque realizará algunas diligencias, presuntamente el Ministerio Público actuará bajo el mandato de las autoridades locales sin atraer el caso al fuero federal; por ello solamente se inició un acta circunstanciada con el folio PGR/MOR/EV/066/2011.

Funcionarios locales señalaron que mediante las investigaciones en torno al caso de Juan Francisco Sicilia, de 24 años de edad, se han obtenido pistas relacionadas con su presencia en un bar de la zona centro de Cuernavaca, y su permanencia en el lugar durante varias horas; después se perdió su rastro hasta que su cuerpo fue localizado al filo de las seis de la mañana del lunes pasado en la calle Tampico, de la colonia Las Brisas, dentro de un vehículo en el cual había otros seis cadáveres, uno de los cuales no había sido identificado hasta el cierre de esta edición.

Las otras víctimas, supuestamente ultimadas por un grupo del crimen organizado, fueron María del Socorro Estrada, de 44 años, empleada de un hotel y habitante de Temixco; Jaime Gabriel Alejo Cadena, de 25 años, comerciante y vecino de la colonia Delicias; Álvaro Jaimes Aguilar, empleado de seguridad privada y avecindado en Temixco; Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes –sobrinos de Álvaro–; el primero estudiante, el otro empresario, y vecinos también de la colonia Delicias.

Fuentes cercanas a la familia Sicilia Ortega indicaron que solicitarán a las autoridades federales un mayor involucramiento, inclusive, la atracción del caso por parte de la PGR.

Aumentan en el continente agresiones contra activistas


Fernando Camacho y Karina Avilés
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de marzo de 2011, p. 15

En los recientes cuatro años han ocurrido más de 2 mil agresiones contra defensores de derechos humanos en el continente americano –aunque dicho número podría ser mucho mayor-–, y los países que más denuncias acumulan son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú, en ese orden.

Así lo advirtió Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien detalló algunos de los puntos más importantes que se abordaron en el 141 periodo de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en la ciudad de Washington.

En dichos foros, una veintena de organizaciones civiles mexicanas presentaron un amplio balance de la situación de derechos humanos en el país, en particular de las amenazas que ha traído consigo la guerra contra el narcotráfico, y de la persistencia de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada y la tortura.

Desde 2007 se registraron unos 2 mil ataques contra defensores de derechos humanos, en todas sus modalidades, incluyendo asesinatos, amenazas, intimidaciones, secuestro, violación sexual y detenciones ilegales, pero me adelantaría a decirte que hay un gran subregistro, porque muchas veces estos casos no se documentan, afirmó Alejandra Nuño en entrevista telefónica con La Jornada.

Una de las principales exigencias de las organizaciones denunciantes es que la CIDH actualice el informe especial que dio a conocer en 2006 sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, tomando en cuenta que hoy día los defensores no son amenazados únicamente por los gobiernos o los grupos de delincuentes, sino también por las empresas trasnacionales.

En la misma sesión de audiencias, diversas organizaciones de derechos humanos expusieron el caso de las siete mujeres que fueron condenadas a prisión en Guanajuato por abortar y acusadas de homicidio con sentencias de más de 25 años.

29/03/2011

23 organizaciones denuncian más de 2000 violaciones contra defensoras y defensores de DH en América Latina


  • Correspondientes a 11 países, las OSC describen una situación alarmante y exigen la creación de un mecanismo efectivo para su protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Comunicado de prensa/Washington D.C, 29 de marzo de 2011

El clima de inseguridad en el que trabajan defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 organizaciones de la sociedad civil de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas. Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).
Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así, 46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.
En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.
Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) / Washington Office on Latin America (WOLA) /
Para leer sobre la participación del Centro Prodh, Centro en audiencias sobre seguridad y defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington haz click aquí


Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

ONG documentan desapariciones forzadas, tortura e intimidación

Denuncian ante la CIDH ola de abusos policiacos y militares

Representantes del gobierno evadieron responder directamente los cargos

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La Secretaría de Marina ha redoblado la vigilancia en Acapulco, Guerrero, puerto en el que aumenta la violencia y las violaciones a los derechos humanos de civilesFoto Notimex

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 29 de marzo de 2011, p. 14

Washington, 28 de marzo. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones deplorables de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policiacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácter informativo, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).

Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba ocupar cualquier espacio público y privado.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va en el camino correcto en lo que es una lucha larga que continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual no había otra alternativa. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hay ninguna derogación de derechos ni medidas de excepción. Resaltaron la transparencia con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.