31/10/2010

Ahora la violencia viene del gobierno y de la delincuencia, señalan ONG

Calderón sigue criminalizando la protesta, dice Édgar Cortez


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 6

El ataque sufrido el viernes por estudiantes de Ciudad Juárez a manos de la Policía Federal, mientras realizaban una marcha pacífica, demuestra la tendencia del actual gobierno a criminalizar la protesta social y pone a los jóvenes entre los fuegos del crimen organizado y el de las autoridades, lamentaron defensores de derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló en entrevista con La Jornada que los disparos realizados por los agentes, que dejaron un herido grave, son muestra de cómo las manifestaciones de descontento social son criminalizadas por las autoridades.

En vez de reconocer el derecho a disentir como una forma de la democracia, el gobierno de Felipe Calderón lo ve como una amenaza o un intento de subversión, y en esa medida trata a los ciudadanos como delincuentes, en vez de enfocar sus energías contra los verdaderos criminales.

Tenemos un Estado que usa la violencia con mucha facilidad, y lo que en esta ocasión lo hace un símbolo de mayor alerta es que ahora esta violencia es múltiple: viene del gobierno y también de la delincuencia, advirtió.

En la escalada de agresiones ocurridas en los últimos días –afirmó– es probable que influya la lógica que Calderón mismo ha dado al tema de la inseguridad, al calificarlo como una guerra, porque en todo enfrentamiento armado quienes sufren las peores consecuencias son los civiles.

Este ya es un escenario de abierta confrontación, y si el gobierno federal sigue empecinado en una política que no ha dado resultados, las cosas no van a cambiar, lamentó.

Por su parte, Andrés Díaz, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró inaudito que una marcha pacífica de estudiantes sea baleada, tomando en cuenta el clima de violencia que de por sí ya se vive en Ciudad Juárez y el resto del país.

Es urgente –dijo– que el gobierno investigue a profundidad la agresión de los policías y, sobre todo, que modifique su estrategia de seguridad para que los civiles, quienes son vistos como simples daños colaterales, dejen de pagar las consecuencias de una guerra que nunca pidieron.

Reprochan evangélicos agresiones en centros de ayuda


Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 6

Ante las matanzas ocurridas en centros de rehabilitación de drogas y alcohol, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas (Confraternice) reprochó al gobierno federal no brindar mayor protección a quienes buscan dejar los enervantes e incluso abandonar las filas del narcotráfico.

Arturo Farela, presidente nacional de Confraternice, lamentó que el gobierno esté más preocupado por canalizar recursos “ilimitados a una guerra de medianos resultados, a una lucha que ya no está legitimada ante la opnión pública y que duele por los daños colaterales”, que a los programas de rehabilitación.

Afirmó que los evangélicos luchan contra la delincuencia con dardos certeros, no con armas, y añadió que cada día cientos de personas que estaban inmersas en las filas del crimen ahora son cristianos que están en proceso de restauración en cientos de centros de rehabilitación evangélicos.

Lamentó que en lo que va del sexenio muchos de estos espacios hayan sido objeto de ataques de la delincuencia en Chihuahua, Ciudad Juárez y Tijuana, y que recientemente hayan sido agredidos empleados de un centro de lavado en Tepic, los cuales asistían a un centro de rehabilitación cristiano evangélico.

Dijo que en repetidas ocasiones han recibido promesas de apoyo del gobierno federal respecto a poner mayor vigilancia policiaca afuera de los centros, lo que hasta el momento no se ha concretado.

Señaló que el gobienro debe escuchar las propuestas ciudadanas para combatir el crimen organizado y que la acción de los centros de rehabilitación no cesará.

Creció 600% el número de mujeres asesinadas por el narco en tres años

En lo que va del sexenio han sido ejecutadas 30 mil personas

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 8

El número de mujeres que han sido asesinadas por el crimen organizado durante esta administración federal se ha incrementado en casi 600 por ciento de enero de 2007 a octubre de este año, al pasar de 93 a 650 casos, de acuerdo con cifras obtenidas del Gabinete de Seguridad Nacional.

Sin embargo, las estadísticas obtenidas de la Secretaría de la Defensa Nacional difieren. La Sedena considera que ha ido en aumento el número de casos de mujeres asesinadas por criminales al pasar de 3.4 por ciento a más de 6 por ciento del total de personas ultimadas, pero, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estima que representan 1.9 por ciento de las ejecuciones.

En los primeros 30 días de octubre de este año, se han registrado mil 20 ejecuciones en el país, con lo cual ya suman 9 mil 970 homicidios dolosos cometidos por el crimen organizado en este año.

Las estadísticas oficiales del Cisen refieren que durante esta administración han sido privadas de la vida por grupos delincuenciales 30 mil 55 personas, pero la Sedena ha contabilizado 25 mil 897 homicidios de ese tipo. La diferencia, según las fuentes consultadas, estriba en que dependencias como la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aportan datos de casos no confirmados.

Las fuentes consultadas señalaron que mientras en 2006 se contabilizaron 73 mujeres asesinadas o ejecutadas, en 2007 la cifra aumentó a 93, para 2008 se registraron 106 homicidios contra mujeres y en 2009 se reportaron 341 muertes; del primero de enero al 30 de octubre de este año se han registrado 650 casos.

La explicación gubernamental al aumento de la violencia de género es que en años recientes es cada vez mayor el número de mujeres que participan en operaciones de lavado de dinero, narcomenudeo y hasta sicariato.

Existen casos en los que, supuestamente, mujeres han sido ejecutadas por deudas con los grupos que las abastecen de droga para distribuirla al menudeo o bien por haber utilizado recursos de la venta de enervantes.

En los pasados 30 días la cifra de policías asesinados en el año por grupos criminales aumentó de 545 a 638, mientras la estadística de soldados y marinos ultimados pasó de 48 a 52 durante este mes de octubre.

Jóvenes, la mayoría de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, dice antropólogo

En Monterrey, desasosiego en centros de rehabilitación y desintoxicación

Las matanzas, en sitios clandestinos o religiosos que no cumplen normas y el Estado no revisa



Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 7

Brandon grita desde la tribuna: Tengo miedo, compas. Esto se pone de la chingada. Nos están matando. Cuando consumo siento chido, ando pacheco, bien loco. Hago cosas que no quiero. Luego me siento mierda. Vienes aquí para estar limpio y seguro. ¿Qué pedo? Vale verga.

Apenas tiene 17 años, lleva una gorra de beisbol y ropa holgada. Está frente a una veintena de sus compañeros. Sigue hablando con vivacidad y premura. Es la hora de la terapia en grupo, de la clase de literatura y expresión en el centro de tratamiento y desintoxicación Puerto Seguro, ubicado en Monterrey.

El ambiente está enrarecido. No es para menos. Las matanzas de jóvenes esta semana, con saldo de 42 muchachos en rehabilitación asesinados en Tijuana, Ciudad Juárez y Tepic, espantan a cualquiera. Los padres de familia, con temor y sicosis, nos están hablando preocupados por los internos, pero les explico que esas masacres han sucedido en lugares clandestinos o religiosos que no cumplen con las normas de aceptación de pacientes y tratamiento de desintoxicación. Son centros que el Estado no está revisando, afirma en entrevista Carlos Loera, director general del centro.

La Secretaría de Salud sostiene que en México existen mil 800 centros privados de rehabilitación, aunque reconoce que carece de un padrón depurado para determinar cuántos cumplen la normativa internacional de tratamiento.

Con el aumento vertiginoso de las adicciones también han surgido cientos de centros de rehabilitación clandestinos que carecen de protocolos de internamiento y no son controlados por las autoridades sanitarias. Éstos aceptan a cualquiera, muchachos que se internan para esconderse, porque vienen huyendo del crimen organizado. En cambio, nosotros sólo admitimos a jóvenes que vengan acompañados por algún familiar. La norma 028 así lo dice, comenta Loera al referirse a la disposición que incluye las reglas para los centros de rehabilitación mexicanos sometidos a una constante supervisión del Estado.

A falta de políticas gubernamentales que atiendan a 7 millones de jóvenes ninis, esta población se ha convertido en parte de la tropa desechable del crimen organizado, dice el antropólogo social Lorenzo Encinas. Los matan porque son desertores, traidores. Es la venganza de sangre, señala.

Miedo

Antonio tiene 23 años, tres hijos con distintas mujeres y un síndrome de abstinencia que le quita el sueño y la estabilidad emocional. Está sentado y mueve sus piernas constantemente. Tiene tatuajes en una mano y en el brazo derecho. Confiesa su miedo por las matanzas: “Está feo. Tengo miedo. Uno viene a recuperarse, y luego pa’ que te maten. Muchos de los muertos son gente que se andaba escondiendo. Ni modo”.

Cuenta su historia: Empecé a drogarme a los 10 años, a consumir mariguana con mi papá. Luego conocí las pastillas sicotrópicas, la cocaína en polvo y en piedra. Después fui conociendo más drogas, como el resistol, el tolueno, las pastillas. Y así, bastantes cosas. Intentaba conseguir diferentes para ver qué se sentía, hasta el momento de andar bien loco, de ya no querer ir a la escuela.

Abandonó la primaria en cuarto año. Me sentía ingobernable. Me creía hombre. No le hacía caso a nadie. Todos los días me la pasaba drogado. Desde la mañana hasta la noche. No comía, no me bañaba. No llegaba a la casa a dormir en varios días. Mi mamá me buscaba en la calle. Yo siempre andaba picándome.

Así llegó a pertenecer a la pandilla Los Vele, de San Pedro 400, colonia marginada que está en medio del llamado municipio más rico de México. Cuando no conseguía dinero compraba tolueno a 20 pesos, y si las cosas iban bien, piedra a 120 pesos. Siempre andaba drogado, haciendo daño a la gente, robando para conseguir más sustancia.

Antonio llegó a Puerto Seguro luego de varias recaídas. La última duró solamente dos meses limpio y regresó al centro en agosto pasado. Caí otra vez. Siempre busco a mi papá. Se dedica a la venta de drogas y tiene una tiendita. Siempre voy y lo busco, y ahí me drogo. ¿Qué necesito para salir de esto? Voluntad para ya no buscar a mi papá. Él consume y también mi hermano de 19 años que está en el penal. Mi hermana no, aunque esta vez que anduve fuera me dijeron que la habían visto con droga. Mi mamá vive con su pareja y nosotros con mis abuelos. A mí nunca me ha gustado tener padrastro.

Recuerda que lo más feo que le ha pasado es haberle pegado a su madre: También me arrepiento mucho de haberle dado droga a mi hermano cuando estaba chiquillo. Tendría como unos 10 años.

En sus 13 años de adicción ha cruzado varias veces la línea de la muerte. Ha sido narcomenudista: Me dio miedo. Los batos me sacaron de la casa. Mi abuela y mi hermana la llevaron. Las golpearon y las encerraron en un cuarto. Me miraban en la calle y a cada rato me golpeaban. ¿Quiénes? Ellos, los distribuidores. Los mismos policías te venden la droga. Pero ya no quise tener problemas. Mi mamá me trajo. Vivía como indigente, en la calle. Y ya la hice. Llevo tres meses aquí.

El hoyo negro

Lorenzo Encinas lleva años trabajando con pandillas y asegura que en la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón, los jóvenes son las mayores víctimas. “Por cada capo importante que capturan mueren hasta 60 jóvenes. Cada joven ejecutado trae una carga enorme de desatención del Estado. No hay una política pública para ese tipo de grupos. Y el narcotráfico, como empresa, ha sido muy eficaz y ha arropado a los jóvenes, cosa que no han hecho otras empresas ni el gobierno”.

Las matanzas en centros de rehabilitación y contra los jóvenes en proceso de desintoxicación suceden, según Encinas, porque los muchachos se relacionaron con las organizaciones delictivas por consumidores, narcomenudistas o sicarios, y ahí conocieron el modus operandi y la información interna de la banda. El hecho de conocer la estructura de las organizaciones los convierte en víctimas de la sospecha en el momento en que quieren salir. La traición es motivo de muerte. Muchos, cuando eran adictos, cometieron delitos y eso los convierte en rehenes, afirma.

Gonzalo lleva 14 semanas sin consumir drogas. Es uno de los internos de Puerto Seguro. A base de mucho ejercicio, meditación y terapia sicológica ha podido rehabilitarse. Empezó a drogarse a los 25 años con cocaína y finalmente se inició en la piedra. Esta es su segunda vez en el centro. Expresa: “Duré un año limpio, pero me separé de mi grupo y eso me afectó. Comencé a descuidar el programa. Recaí. Como drogadicto piensas que todo el mundo te quiere hacer daño. Aquí nos enseñan a valorarnos, a salir adelante, a querernos”.

Divorciado, cocinero de profesión, Gonzalo está encargado de la alimentación de los 30 internos del centro. Disfruta su trabajo con otros dos ayudantes: Hay miedo. Tenemos miedo. Nervios por las matanzas. Cuando regresé sabía que los estaban matando en los centros de rehabilitación o iban y los sacaban de los lugares para asesinarlos. Me dio mucho miedo. Empecé a derrotarme. Toqué fondo. Al final tomé la decisión de volver. Llegué aquí por propio pie. Y aquí voy a seguir. Me siento muy seguro a pesar de todo. Me siento más seguro aquí que en las calles. Además, ¿a dónde nos vamos a ir si queremos rehabilitarnos, si queremos una nueva oportunidad de vida?

Desde hace 15 años Carlos Loera trabaja con jóvenes en rehabilitación. Conoció los submundos de la droga y por eso los entiende a la perfección: “Conocí el pozo. Sé cómo está allá abajo. Es más fácil para mí meterme al mundo del joven y decirle: ‘si quieres salir yo te puedo ayudar, porque ya estuve aquí abajo. El pozo es agradable al principio, después te das cuenta que es un infierno’”.

Los cárteles de las drogas han logrado base social entre los jóvenes consumidores o bien pertenecientes a pandillas sin trabajo, sin recursos y sin posibilidad de estudiar ni expectativas a futuro. Comenta Encinas: “La cuestión aquí pasa por el dinero, por las millonarias cantidades que mueve el narcotráfico. La vida de un joven en México no vale nada. Pero ellos, por sí solos, nos están demostrando que son capaces de organizarse y obtener dinero, sólo que desde la ilegalidad. Adquirieron visibilidad de esta manera. Estas matanzas muestran una ritualización de su vida. Esta generación de ninis es el hoyo negro y ya se activó el mecanismo de autodestrucción”.

Denuncia Cocyp la "detención indebida" de 8 campesinos

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 8

La Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), denunció que la madrugada de ayer ocho integrantes de la agrupación campesina fueron detenidos de manera indebida por elementos de las policías estatal y federal en los poblados de Rincón Chamula, La Sidra y Pueblo Nuevo, los tres pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

José Jacobo Femat, presidente de la Cocyp exigió al gobernador Juan Sabines y al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez la libertad de sus compañeros y calificó la detención como arbitraria ya que no se presentaron órdenes de aprensión por parte de la Policía Federal, la Agencia Estatal de Investigación o la policía sectorial del gobierno del Estado.

Apuntó que fueron sustraídos de sus domicilios de forma violenta y hasta el momento no han sido presentados ni por las autoridades judiciales del estado ni de la PGR.

A tribunales civiles, militares que violen derechos humanos

Iniciativa del PRD declara imprescriptible la desaparición forzada

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 9

La desaparición forzada de personas no ha sido erradicada del país; por el contrario, aumentó en los pasados seis años en que se intensificó la participación del Ejército en el combate al narcotráfico. Los casos denunciados en ese periodo son aproximadamente 100, por lo que es urgente legislar para elevar las sanciones para quien cometa ese delito de lesa humanidad, se advierte en la iniciativa sobre fuero militar, de la fracción del PRD en el Senado.

A diferencia de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a Xicoténcatl, la de los perredistas señala que la desaparición forzada de personas no prescribe, no es sujeta de amnistía ni perdón y los responsables tendrán penas hasta de 50 años, además de la inhabilitación definitiva para ocupar un cargo público.

Otra de las diferencias de fondo es que la eliminación del fuero militar no es sólo para los casos de desaparición forzada, sino que toda violación de derechos humanos de civiles cometida por elementos de las fuerzas armadas debe ser juzgada en tribunales del fuero común, comentó el senador René Arce.

Integrante de la bancada perredista, dijo que es un asunto muy delicado, “porque la experiencia amarga de la guerra sucia de los años 70, se está repitiendo, sobre todo a partir de 2006, con la entrada de lleno del Ejército en tareas de seguridad pública, sólo que ahora las desapariciones forzadas de personas cometidas por agentes del Estado, se esconden bajo el término de levantones.”

Con ello se busca encubrir las desapariciones como parte del delito de privación ilegal de la libertad que se tipifica como secuestro y es cometido por la delincuencia organizada, recalcó Arce.

En la exposición de motivos de la iniciativa perredista, se advierte que tan sólo en Guerrero hay denuncias de 650 desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70. En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, se denunciaron 18 casos en todo el país y en este sexenio la cifra se ha elevado, ya que tan sólo en Coahuila hay registro de 81 desaparecidos, la mayoría por militares.

Hasta el momento, recalcó Arce, no se ha logrado fincar responsabilidades a autores materiales e intelectuales, ni hay acceso a la justicia para los familiares de las víctimas de desaparición forzada, porque la regulación dejó de lado factores como la continuidad del delito.

La iniciativa establece la imprescriptibilidad de la desaparición forzada y la reparación material y sicológica del daño a las víctimas y sus familiares por medio de cambios a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y de Justicia Militar, así como las leyes orgánica del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se tipifica a la desaparición forzada como delito grave y por tanto no es susceptible de perdón, indulto o amnistía, ni se considerará de carácter político para efectos de extradición. Serán agravantes la tortura y violencia sexual contra la víctima, el asesinarlo, y ocultar el cadáver.

Recuento semanal de la guerra contra el crimen


Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 8

En poco más de una semana, en México se registraron 290 ejecuciones; entre los casos de mayor impacto se encuentran:

Jueves 21. Pistoleros asesinan a un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la Presa Falcón, en Tamaulipas. Ese día 30 personas más fueron ejecutadas en el país.

Sábado 23. En una fiesta, 14 jóvenes son asesinados en Ciudad Juárez. Entre las víctimas había una mujer embarazada, y de los 20 heridos uno era un bebé.

Domingo 24. Policías del estado de Coahuila, asesinaron en Saltillo a tres civiles, dos hombres, uno de ellos menor de edad, y su madre. En Acapulco, aparecieron siete hombres ejecutados. Un grupo de sicarios asesinó a 14 integrantes de un centro contra las adicciones.

Martes 26. Un comando atacó las instalaciones de la Policía Municipal de Los Ramones, Nuevo León. Los 14 uniformados de esa comunidad renunciaron a sus cargos.

Jueves 28. Un comando atacó camiones que transportaban a trabajadores de maquiladoras, quienes habían terminado su jornada: tres era mujeres. Según la versión del gobierno estatal, los agresores abrieron fuego porque los conductores no detuvieron sus unidades en un narco-retén.

Viernes 29. Policías federales abrieron fuego contra jóvenes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El saldo fue un joven herido.

Sin excavar, 99% del área en que sepultaron a Radilla, dicen



Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 16

Chilpancingo, Gro.,30 de octubre. Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación en México (Afadem), lamentó que no se haya excavado en todo el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez con la finalidad de encontrar el paradero de los desaparecidos en la guerra sucia de los años 70.

Faltó excavar en 99 por ciento del terreno, dijo tras ser informada el viernes que concluyó la segunda etapa de la búsqueda encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Ya terminó, pero no se encontró nada. Nosotros pedíamos que se excavara en otras áreas. Dijo que los representantes de la PGR no le entregaron ningún informe sólo terminaron la diligencia y ya, no informaron si van a continuar las excavaciones en otros puntos de lo que fue el cuartel. Todo quedó muy vago.

No obstante, dijo que familiares de los desaparecidos darán seguimiento a las diligencias que se lleven a cabo, estamos dispuestos a continuar.

La segunda parte de las excavaciones inició el 19 de octubre –la primera fue en julio de 2008– en el ex cuartel donde se presume están los restos de cientos de desaparecidos. Los trabajos se realizaron en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.

29/10/2010

Hay incapacidad para frenar crímenes, afirman

Opinión de expertos, activistas y Narro


Elizabeth Velasco, Emir Olivares y Alfredo Méndez, con información de Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 4

Las recientes matanzas en Tepic, Ciudad Juárez, Tijuana y el Distrito Federal –cinco en una semana– demuestran la incapacidad del gobierno para frenar la violencia, lo cual alimenta la impunidad y causa miedo entre la gente, al volver cotidianos los crímenes, sobre todo contra jóvenes.

En ello coincidieron organizaciones de derechos humanos; José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un funcionario de Naciones Unidas y especialistas en temas de seguridad.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la debilidad de las instituciones pone en evidencia su incapacidad para investigar y juzgar hechos tan graves como las masacres, y el nivel de corrupción que hay entre autoridades y el crimen organizado.

No nos interesa que Felipe Calderón exprese su indignación, sino que actúe y haga funcionar las instituciones, enfatizó Cortez, quien pidió no sugerir que los jóvenes muertos eran criminales, sin que haya primero una investigación seria.

Magdy Martínez-Solimán, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México, advirtió que estos ataques pretenden generar miedo en la sociedad, aunque descartó que puedan afectar el desarrollo y la inversión.

Tras participar en la presentación de un informe sobre migración, el funcionario descartó cualquier intervención de los cascos azules en México, porque no es un país que esté en guerra.

En respuesta a quienes minimizan las ejecuciones de decenas de jóvenes, considerándolos parte de la delincuencia, el rector de la UNAM afirmó que no deben ser criminalizados pues el problema es que como sociedad no les damos opciones. Esa es la realidad.

Narro sostuvo que una sociedad que derrota a sus jóvenes, es una sociedad que se derrota a sí misma, y desafortunadamente es lo que nos está pasando. Hay que reflexionar porque algo estamos haciendo muy mal colectivamente y debemos revertirlo.

Integrantes de Contracorriente, agrupación conformada por estudiantes de la UNAM, aseguraron que la violencia contra la juventud muestra una estrategia de Estado para acallar a ese sector y eliminar a todos aquellos que carecen de oportunidades.

Martín Barrón, especialista en temas de seguridad nacional, sostuvo que el gobierno de Calderón no variará su estrategia mientras los actos de violencia no toquen a los grupos oligárquicos que dominan el país.

Cuestionan legisladores de oposición la táctica del gobierno de Calderón

Exigen esclarecer los hechos y cambiar el marco jurídico


Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 4

Diputados y senadores condenaron los asesinatos masivos de jóvenes en Baja California, Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal. Legisladores de ambas cámaras, pertenecientes a PRI, PRD y PT afirmaron que estos hechos confirman que urge revisar la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico.

Ante la ola de ataques, en los que la mayoría de los agredidos han sido jóvenes, la Cámara de Diputados emitió ayer una condena a las masacres y guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de estos atroces acontecimientos.

El presidente de la Cámara, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, demandó el esclarecimiento de los crímenes, y planteó al Poder Legislativo la urgencia de perfeccionar el marco jurídico contra grupos delictivos.

En tribuna, el diputado yucateco expresó que esa cámara se solidariza con familiares de las víctimas e instó a las autoridades a trabajar en el pronto esclarecimiento de los sucesos que lastiman a la sociedad.

Estos hechos deben ser motivo para reflexionar en la necesidad de perfeccionar y mejorar el marco jurídico que permita hacer frente de manera contundente al crimen organizado como condición esencial de una vida civilizada y justa en el país.

Senadores del PRI y del PRD advirtieron que las masacres de jóvenes en diversos estados del país muestran que el crimen organizado no se intimida con la acción del Ejército, por lo cual es urgente revisar la actual estrategia contra el narcotráfico y aplicar esquemas que sí funcionen.

El panista Santiago Creel llamó a legislar sobre temas como lavado de dinero, para pegarle al motor de la delincuencia.

Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, dijo que es necesario darle integralidad a la lucha contra el tráfico de enervantes, pero para ello primero hay que tener una estrategia.

El priísta agregó que no se puede seguir aprobando leyes, a ver si esta cuaja o si funciona. Por ejemplo, señaló que la Ley de Seguridad Pública tiene instrumentos que aún no se echan a andar, como el de prevención, inteligencia y certificación.

Pedro Vázquez González, coordinador del PT, apuntó que la mayor vulnerabilidad social se encuentra en el sector juvenil. Ellos son nuestro futuro, desafortunadamente están siendo hoy vilmente masacrados, y demandó el esclarecimiento de lo sucedido en Chihuahua, en Nayarit y en el Distrito Federal.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Rubén Moreira, expuso que se debe revisar si la estrategia es la correcta. A mi juicio, hay una fuerte deficiencia. El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, consideró que el llamado del secretario de Gobernación, José Francisco Blake, a cerrar filas en el combate al crimen organizado es cosa mediática y nosotros no nos vamos a prestar a eso.Indicó que no hay voluntad política del gobierno federal para superar la situación del país, pues se requiere, en principio, cambiar la política económica imperante.

En entrevista, el senador expresó su preocupación porque el crimen organizado haya rebasado a las autoridades, formando estados paralelos y en algunos casos hasta con más poder. Resaltó que México es un Estado fallido: aquél que no puede defenderse a sí mismo, mucho menos tiene capacidad para defender a la sociedad o garantizar a las familias su patrimonio, impulsar educación, salud, vivienda y combate a la pobreza extrema.

Por temor a sufrir ataques, centros contra adicciones limitan sus tareas

Se niegan a dar atención clínica a narcomenudistas; carecemos de seguridad, señalan

Afloran las quejas durante el séptimo Encuentro Nacional de Consejos Estatales en Puerto Vallarta


Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 5

Puerto Vallarta, Jal., 28 de octubre. “No nos toca dar atención clínica a narcomenudistas adictos. No estamos listos, carecemos de personal y sobre todo de condiciones de seguridad”, afirmaron coordinadores de los Centros Nueva Vida, del norte del país. De esta manera afloró el temor de los especialistas en el tratamiento de adicciones a ser víctimas de la delincuencia organizada, como ya se ha visto en varios estados.

Hoy se inició en esta ciudad el séptimo Encuentro Nacional de Consejos Estatales contra las Adicciones, donde los servidores públicos plantearon incluso la posibilidad de revertir las disposiciones legales aprobadas en 2009 a nivel federal para combatir el narcomenudeo y asegurar el ingreso de adictos a terapias de rehabilitación.

Y es que en algunas entidades federativas apenas se está dando la discusión en los congresos locales sobre las modificaciones legales que deben hacer para cumplir con el ordenamiento federal. En otros el procedimiento ya concluyó y están en la fase de instrumentación, lo que también fue criticado por los especialistas, pues no se tomó en cuenta las necesidades de quienes trabajan con los usuarios de drogas ilegales.

Los responsables de programas estatales de la zona norte de la República utilizaron todos los argumentos a su alcance para justificar su rechazo a proporcionar el servicio a narcomenudistas: desde que la mitad de los Consejos Estatales contra las Adicciones (CECA) carecen del respaldo jurídico y administrativo que les garantice autonomía y capacidad de gestión, hasta que su rezago se ha hecho todavía más evidente al surgir los Centros Nueva Vida.

Estas unidades clínicas, creadas durante esta administración con parte del dinero decomisado al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, cuentan con la infraestructura para la atención de adicciones. Se les asignó un determinado número de profesionales y su operación depende de los gobiernos estatales.

A la fecha se han construido 322 Centros Nueva Vida y se ubican en las zonas de alto consumo de drogas.

Luego de la inauguración del encuentro, los participantes se dividieron en mesas de trabajo para analizar los avances y retos actuales de sus programas. Los de la región norte, en particular la zona fronteriza, hicieron patentes sus temores y llamaron a reactivar las acciones para el control de adicciones.

Advirtieron sobre el crecimiento del consumo de sustancias ilegales, incluso entre los niños, para los que prácticamente no existen ofertas de atención y tratamiento. También está la necesidad que presentan las comunidades indígenas, tanto las originarias en cada entidad como las que llegan de otros lados.

Es de tal magnitud el miedo de los expertos en el manejo de adicciones, que incluso criticaron que el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) los hubiera trasladado de la ciudad de Guadalajara a este puerto por vía terrestre, luego de la conclusión de la 12 Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fuimos un blanco perfecto para los delincuentes. Si ya hemos visto que van a los centros de atención y matan a todos, cómo no se les ocurrió que nos ponían en riesgo. Hubo falta de criterio, acusó uno de los funcionarios asistentes.

Luego de dos horas de discusión, Simón Tavera, director de Sistemas Gerenciales de Conadic, a quien le tocó coordinar los trabajos de esta mesa, comentó sobre la necesidad de que los CECA elaboren una propuesta que les permita realizar su trabajo con las condiciones mínimas de seguridad. Entre otras, comentó que no siempre debe ser necesario que los pacientes acudan a los centros de tratamiento, sino que existan estrategias de atención comunitaria.

A su vez, Joel Chávez Rivera, secretario técnico del CECA Jalisco, uno de los organismos con autonomía jurídica que este año dispuso de un presupuesto de 70 millones de pesos, reconoció que los centros de atención deben contar con personal especializado en el manejo de adictos, sean nuevos consumidores o con una patología severa.

Sin desestimar el problema de la inseguridad, el funcionario recordó que en el caso de los Centros Nueva Vida les corresponde recibir a usuarios primarios, aquellos que reportan un bajo consumo y no requieren de internamiento.

En cambio, las personas con una patología severa causada por una adicción crónica deben ser tratados en organizaciones civiles y Centros de Integración Juvenil, con infraestructura y experiencia en estos casos, apuntó.

Inútiles, recriminaciones Calderón-Fox

No es hora de culparse sino de definir responsabilidades: legisladores


Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 7

Legisladores de varios partidos señalaron que ante la violencia, las recriminaciones en torno a si en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se enfrentó y enfrenta de forma correcta al crimen organizado, están de más. Algunos coincidieron en señalar que no es momento de repartir culpas, sino de definir y repartir responsabilidades.

En el Senado de la República, los panistas Santiago Creel y Felipe González dijeron que no es bueno para el país que el presidente Calderón y su antecesor Fox se confronten en torno a la seguridad. En tanto, priístas y perredistas advirtieron que el Ejecutivo federal se tardó mucho en denunciar cómo dejó el país el guanajuatense.

Luego de que Calderón Hinojosa acusó a Fox de no actuar a tiempo en contra del narcotráfico, Creel Miranda señaló que no es momento para que los dos personajes tengan un debate público, sino para cerrar filas con el Presidente en la estrategia que está siguiendo y que es distinta a la de su predecesor.

Resaltó que ambos han puesto todo su empeño y su decisión en combatir el crimen organizado y pidió a sus correligionarios dejar de lado sus diferencias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín (PRI), advirtió que es ocioso buscar en el pasado a los responsables de la situación de inseguridad, porque el enemigo al que enfrentamos no otorgará tregua.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el diputado priísta dijo que es momento de que cada quien cumpla con su responsabilidad para hacer frente a la violencia.

Señaló que la división entre los políticos da mayores oportunidades a la delincuencia organizada y añadió que con un trabajo conjunto se podrá hacer frente a este enemigo del Estado mexicano. Remarcó que no es momento de buscar culpables, sino de definir responsabilidades.

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, estimó que Fox hizo caso omiso a los focos rojos; de ahí que sea responsable por omisión del crecimiento del crimen organizado.

Agregó que a Calderón Hinojosa se le hizo tarde para explicar cómo encontró el país en 2006 y las omisiones graves del presidente anterior. Espero que haya por lo menos una sanción política pública en contra de Fox Quesada.

El también senador René Arce (PRD) apuntó que Calderón está siguiendo la vieja conseja de que cuando no se puede con las cosas, hay que echarle la culpa al anterior.

A su vez, el priísta Francisco Labastida Ochoa criticó que Vicente Fox disminuyó a la mitad el presupuesto para seguridad pública, desmanteló el Cisen y en su sexenio el tráfico de drogas hacia Estados Unidos creció escandalosamente.

Finalmente, el senador hidalguense Jesús Murillo Karam (PRI) destacó que más que reparto de culpas debe haber reparto de responsabilidades.

La ciudad chihuahuense, abandonada y sin gobierno en una guerra que no es nuestra, dice Elizabeth Flores

Pastoral obrera juarense

repudia la muerte de humildes empleadas de maquiladoras

Cobardes e incomprensibles, las matanzas en Tijuana, Juárez y Tepic: Rivera Carrera


Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 10

Norberto Rivera Carrera lamentó profundamente los cobardes e incomprensibles asesinatos de decenas de personas inocentes en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic, y en general las muertes que en el país han llenado de luto y de dolor a las familias y causado estupor y motivado la condena de toda la sociedad mexicana.

Imploró en el nombre de Dios a los autores de estos execrables delitos, que cesen de asesinar, secuestrar, torturar y extorsionar a tantas personas inocentes, entre las cuales hay mujeres, niños y jóvenes que apenas inician sus vidas.

Aseguró que estos asesinatos no tienen ninguna justificación. Son crímenes cuya sangre clama justicia al cielo, y Dios no es sordo ante el sufrimiento y los gritos de los inocentes.

Les recordó a quienes cometen estos actos inhumanos, que el día de su muerte deberán dar cuenta delante del Señor de estos gravísimos pecados que tanto dolor y desolación van dejando en nuestro atribulado país.

Llamó a que nadie ceda ante las instigaciones del crimen organizado, que son contrarias a Cristo y a su Evangelio de vida eterna, y agregó que la nefasta y ensangrentada actividad del crimen es un camino de perdición y condenación eterna.

Exhortó a que no sucumbamos al miedo de contrarrestar el mal y confió en la ayuda de la Virgen de Guadalupe para que alcancemos y construyamos la paz que tanto anhelamos.

Aparte, el Centro de Pastoral Obrera de Ciudad Juárez, dirigido por Elizabeth Flores, lamentó que una guerra que no es nuestra siga arrebatando vidas, y en tal sentido condenó los asesinatos de cinco trabajadoras de maquiladoras la madrugada de ayer.

Sin acabar de entender por qué nos están matando, sin comprender por qué niños, jóvenes, mujeres, ciudadanos comunes son el blanco de asesinos, hoy (ayer), en este absurdo cruel, les arrancan la vida a cinco obreras humildes que regresan de trabajar de noche en una maquiladora y dejan heridos a otros compañeros, señaló Flores en un escrito. Se nos acaban las palabras y nos desborda la indignación y el dolor de una comunidad abandonada, amenazada y sin gobierno.

La CIDH fija plazo de 48 horas para proteger a 2 activistas

Exige al gobierno aplicar medidas cautelares


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 29 de octubre de 2010, p. 12

El gobierno mexicano reconoció la necesidad de dialogar con grupos de la sociedad civil para diseñar y poner en marcha un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, ya que hasta ahora no se ha avanzado en dicha tarea a pesar de las recomendaciones internacionales, afirmó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En la audiencia pública que sostuvieron ayer representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se logró también que esta instancia emplazara a México a que en 48 horas aplique medidas cautelares para proteger a las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, de Tijuana, Baja California.

Mediante un comunicado, la CMDPDH señaló que la titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, admitió que periodistas y miembros de ONG enfrentan una situación de riesgo debido a la falta de implementación eficaz de medidas de protección.

Las 11 organizaciones presentes en la audiencia, realizada en la ciudad de Washington, describieron los actos de hostigamiento, agresiones físicas, amenazas, asesinatos y desapariciones que padecen quienes se dedican a ambas profesiones, y lamentaron que el Estado mexicano no haga nada por evitar esta situación.

Tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la CIDH y otras instancias internacionales han recomendado al gobierno que impulse un mecanismo de protección, pero hasta el momento no ha habido seguimiento a dichos llamados.

Mayra López Pineda, del área de comunicación de la CMDPDH, enfatizó en entrevista que la CIDH dio 48 horas a México para que aplique medidas cautelares de emergencia a favor de Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez, defensoras de derechos humanos que denunciaron la tortura de 25 policías de Tijuana a manos de militares, en mayo de 2009, y han sido amenazadas de muerte por ello.

El mes siguiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH recomendaron al gobierno que protegiera a ambas activistas y a sus familiares, pero éste no hizo nada para acatar la observación, recordó López Pineda.

Esperamos que el pronunciamiento de hoy sirva para que el Estado mexicano tome medidas efectivas ya, y que tengamos precedentes para proteger a los defensores de derechos humanos, puntualizó.

28/10/2010

Reporte del Centro ProDH




Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal

  • La iniciativa para reformar el fuero militar, enviada por Felipe Calderón al Senado el 18 de octubre, constituye un buen ejemplo del grado de compromiso gubernamental con los derechos humanos.
  • Los cambios propuestos son cosméticos, modifican algunas circunstancias pero no van a fondo para poner fin a las condiciones estructurales que posibilitan y alientan la comisión de violaciones de derechos humanos.

Luis Arriaga/Centro Prodh a 27 de octubre de 2010, IX Foro de Derechos Humanos ITESO

1.-  Abusos militares

Destaca, en primer lugar, como fuente de violaciones a los derechos humanos el despliegue del ejército como parte de la estrategia sexenal de seguridad pública, aunque la Secretaría de la Defensa ha manifestado ya que se prolongará la participación militar más allá de este sexenio. Organizaciones civiles y organismos internacionales se han pronunciado reiteradamente sobre esta participación exigiendo que se consolide la seguridad como tarea de las instancias civiles y que el ejército y la armada retornen (inmediata o gradualmente) a sus cuarteles para desempeñar exclusivamente las tareas asignadas en la Constitución.

Alrededor de agosto de 2009, en el contexto de una solicitud hecha a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Frente Cívico Sinaloense, el Centro Prodh y Fundar, se dio un amplio debate sobre la aplicación del fuero militar a los delitos cometidos por personal castrense contra civiles. Este uso inconstitucional del fuero, reconocido en el artículo 13 de la Constitución pero ampliado indebidamente en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, ha propiciado la impunidad en numerosos casos de abusos militares rigurosamente documentados por las organizaciones civiles en México. La solicitud hecha a la Suprema Corte tenía que ver con un caso específico: el asesinato de cuatro civiles, que viajaban en una camioneta y no iban armados, al pasar por un retén cuya señalización era deficiente; los militares abrieron fuego contra ellos. Las investigaciones y el proceso de los militares fueron realizados ante las instancias castrenses, lo que generó opacidad e intimidó a las familias. Fueron la opacidad y la falta de acceso a la justicia las que condujeron a buscar que el caso fuera visto por la justicia civil.

Al mismo tiempo que el debate, en el que voces importantes señalaron la necesidad de realizar una adecuación a los estándares democráticos, el Ejecutivo federal ejerció presión sobre los magistrados de la Corte a fin de no revisar el asunto planteado. El desenlace no fue favorable: los magistrados optaron por señalar que no había interés jurídico por parte de los solicitantes (la esposa de una de los civiles asesinados).Se perdió con ello una valiosa oportunidad para poner alto a la impunidad.

Las sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado al Estado mexicano la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Ha sido esta la razón de la iniciativa presidencial arriba indicada. Pero en lugar de acabar radicalmente con la práctica de procesar a miembros del ejército en su propio fuero la propuesta solamente excluye de éste tres delitos: desaparición forzada, violación y tortura. Tampoco excluye a las autoridades militares del proceso por lo que deja vía libre para la reclasificación de los delitos o para la realización deficiente de investigaciones.

La participación de instancias civiles y militares en los casos de abusos cometidos por estos últimos, con ciertas ventajas para las autoridades castrenses, abre un margen de arbitrariedad que en la práctica se traduce en la persistencia de la impunidad. Por lo tanto, la única manera de sancionar eficientemente a los perpetradores de violaciones de derechos humanos consiste en restringir el fuero de guerra a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar, es decir, excluir de éste todos los delitos.

Ante la Corte Interamericana se encuentra actualmente en proceso el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Los abusos cometidos por los militares contra ellos no se limitan a los tres de la iniciativa de Felipe Calderón. Fueron detenidos arbitrariamente, es falso que hayan sido detenidos en flagrancia, además fueron presentados con mucha dilación ante una autoridad civil, la cual, por ser el nuestro un país marcadamente estamentado, suele sujetarse casi siempre a lo que le ordenan los estamentos privilegiados, por encima de lo que establecen las leyes. De ser aprobada la reforma presidencial no se podría sancionar en el fuero civil a los militares que detuvieron a Rodolfo y Teodoro. Con ello la impunidad seguiría siendo el rasgo principal en la actuación de los militares.

Los abusos, según las estadísticas que el Centro Prodh realiza a partir de la información publicada en algunos medios, no se limitan a los tres de la iniciativa presidencial. De julio de 2009 a junio de 2010, según nuestro conteo, en 80 casos de abusos militares, los cinco tipos más frecuentes fueron: agresión física (que no en todos los casos constituye tortura), detención arbitraria, ataque con arma de fuego, cateo sin orden judicial y homicidio. Es decir, casi todos los abusos no podrían ser vistos por la justicia civil pese a las modificaciones. En otras palabras, se perpetúa la impunidad atendiendo a la máxima de realizar algunas modificaciones para que nada cambie.

2.-  Seguridad

Esta situación, inadmisible, es tolerada por las autoridades gubernamentales que hasta hoy han ejercido el poder con base en acuerdos de facciones que reclaman para sí cuotas de poder. Se promueve  un discurso de derechos humanos que en la práctica es visto como un límite para la aplicación de medidas autoritarias que constituyen la norma en la actuación de numerosas instancias gubernamentales. Tal ha sido la situación en materia de seguridad, vista en función de la estabilidad del Estado (de los grupos de interés que tienen primacía en él) y no en función de las personas. No puede ser más claro al respecto el discurso que clasifica a las víctimas como efectos colaterales, o el anuncio de que habrá que sacrificar a algunas personas para alcanzar la tranquilidad.

Para perpetuar el autoritarismo funciona muy bien la creación de un enemigo. El enemigo en este sexenio ha sido el narcotráfico, pretexto a modo para resignificarlo todo. Los homicidios (no ejecuciones), la privación ilegal de la libertad (no levantones), las extorsiones, los sobornos y numerosos delitos son ahora fácilmente diluidos, sin investigación alguna, al atribuirse de modo automático a los narcotraficantes. Los poderes (constituidos legalmente o fácticos) encuentran en este ambiente una atmósfera en la que se mueven con total impunidad. Sin duda alguna el contexto es ideal para quienes han prosperado pasando por encima de cualquier regulación. Actúan con impunidad los narcotraficantes, las bandas de secuestradores, los grupos dedicados al robo de bienes específicos (ganado, autos, gasolina), asesinos  de mujeres por razón del género, violadores, traficantes de personas, etcétera. Y también aprovechan esta impunidad quienes cometen delitos de cuello blanco, cambian de un puesto a otro en el gobierno sin ser sancionados por aprovechar las relaciones políticas, evaden procesos penales por su posición privilegiada, obtienen concesiones en procesos opacos o sucios...

Una acertada estrategia de seguridad debe partir del reconocimiento de la complejidad del fenómeno de la delincuencia. No delinquen los pobres por ser pobres, ni están más propensos a delinquir; no delinquen los jóvenes por serlo o por habitar en regiones marginadas; tampoco se explica la delincuencia por la existencia de relaciones familiares calificadas arbitrariamente de disfuncionales. Los factores que hacen posible el delito tienen que ver con el conjunto de condiciones sociales, es decir, con la situación económica, con la existencia de opciones, con la disponibilidad de los recursos, con las relaciones construidas. Entre estos factores la impunidad constituye un poderoso aliciente. Y generalmente son favorecidos por la impunidad quienes tienen más recursos a su alcance: dinero, abogados, relaciones políticas, por ejemplo.

La reducción de la política de seguridad al combate a un grupo (con una forma de combate: el ataque armado) y a un tipo específico de delitos muestra lo erróneo del diagnóstico y, por lo tanto, lo erróneo de las medidas adoptadas. No queda sino concluir que se está magnificando a un enemigo y su combate constituye la coartada idónea para invisibilizar muchos otros procesos delictivos y muchas otras formas de violencia.

Es inconcebible la magnitud que ha alcanzado el narcotráfico, por ejemplo, sin el empleo de recursos que favorezcan su actuación. No se trata solamente de las enormes cantidades de dinero, sino de la complicidad (u omisiones) del sistema financiero; no es solamente la debilidad o corrupción de los cuerpos policiales municipales, sino la complicidad de altas instancias gubernamentales y la similaridad en el actuar arbitrario y autoritario. Y lo sucede con delitos que requieren altos grados de organización y enormes recursos.

Abordar en este contexto la seguridad implica tener una mirada amplia y de largo plazo que privilegie los derechos humanos y la democracia. Para ello debe reconocérsele como un derecho de todas las personas en un país plural. Esto supone pautas concretas para las políticas en la materia: el diseño de una política criminal centrada en el uso mínimo, racional y estratégico del derecho penal; la reforma policial; la transparencia y la rendición de cuentas; los controles civiles sobre las autoridades castrenses; la participación ciudadana efectiva; la persecución de los delitos de cuello blanco y de servidores públicos; la no estigmatización de los sectores marginalizados; el respeto irrestricto a los derechos de las víctimas y de los imputados; la tutela del derecho a la intimidad en las estrategias de comunicación social de los órganos que integran los sistemas de justicia y seguridad; la renovación de las políticas de prevención del delito; la regulación apropiada del uso de la fuerza, etc. Sin duda toda una agenda para las organizaciones civiles y para la participación ciudadana.

3.-  Sistema de justicia

Algunos de los anteriores elementos requieren el adecuado funcionamiento del sistema penal dentro de procesos democráticos. Porque las deficiencias actuales de este sistema se originan en su perfecta adecuación y funcionamiento en el contexto de un estado autoritario. Dos periodos de gobierno con otro partido en el ejecutivo federal no han significado el fin del régimen autoritario ni de los privilegios para los grupos encumbrados, solamente han reconfigurado la composición de quienes ocupan posiciones dominantes y se ha incluido a actores que pugnaban por tener un lugar. Los beneficios, las cifras sobre la pobreza o la regresión en la ciudadanización de organismos que deberían estar fuera de la órbita de los partidos políticos y otros grupos, son ejemplo de ello, se han restringido a una minoría que emplea todos los recursos a su alcance para perpetuarse.

El autoritarismo, persistente y alimentado pese a los hechos que lo maquillan, encuentra un espacio idóneo en el sistema de justicia. Éste fue empleado para perseguir, encarcelar, amenazar, hostigar o inhibir a quienes disentían y exigían modificaciones en el diseño estructural de los sistemas político y económico. Todo el aparato de procuración y administración de justicia funcionaba bastante bien para garantizar la estabilidad del Estado. La tortura, detenciones arbitrarias, cateos, ejecuciones extrajudiciales, deficiencias en la integración de averiguaciones previas, falta de pruebas, presentación de testigos falsos y muchas otras irregularidades eran comúnmente avaladas por jueces y magistrados sujetos a las órdenes del Ejecutivo.

Sin duda algunas situaciones se han modificado y parece haber mayor autonomía de los poderes. Las autoridades están sujetas a un mayor escrutinio. Pero el sistema de justicia constituye un bastión que resiste a adaptarse a las exigencias de mayor transparencia y de respeto a los procedimientos establecidos. Casos recientes atraídos por la Suprema Corte, entre ellos los de Alberta Alcántara y Teresa González, han mostrado que persiste la inercia de los jueces ante la actuación irregular de las instancias de procuración de justicia.

Se han hecho intentos para transitar a un sistema de justicia favorable a los derechos humanos (tanto de víctimas como de imputados). Hay modificaciones aprobadas que suponen avances, sobre todo en el tránsito a un sistema acusatorio y oral cuyos rasgos garantizan la presunción de inocencia, uno de los derechos más vulnerados en los procesos penales de los cuales hemos tenido conocimiento. Lamentablemente hay en las reformas de 2008 aspectos regresivos que constituyen un fuerte motivo de preocupación.

Entre estas modificaciones, además de la definición de delincuencia organizada, tan laxa que abre el camino a la criminalización de quienes exigen derechos, protestan o disienten, está el arraigo. No tenemos cifras actualmente, pero casos muy publicitados (como el michoacanazo) y otros casos en los que hemos tenido alguna intervención muestran una tendencia a la alza en el uso de esta práctica, de sí ya violatoria de derechos humanos.

Al no haberse alterado el substrato autoritario, ni las prácticas autoritarias, el sistema penal actual reproduce y agudiza las dinámicas de exclusión y marginación al servicio de los estamentos dominantes. Por ello quienes se oponen al actuar autoritario y quienes tradicionalmente han sido vistos como enemigos del Estado experimentan de manera más grave las violaciones de derechos humanos originadas en estos ámbitos. Defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociales, líderes comunitarios, mujeres, indígenas, jóvenes, son algunos de los más afectados por el sistema de justicia en México. Éste, al parecer ha hecho una opción por ellos: la de apostar por inhibir su acción sujetándolos a procesos irregulares de los que esta ausente, en primer lugar, la presunción de inocencia.

Cualquiera de estos tres ámbitos (militares, seguridad, sistema de justicia) ofrece posibilidades amplias para que desde el gobierno se impulsen cambios orientados a reforzar la vigencia de los derechos humanos. No se ha hecho, al contrario, en ellos se ha aprovechado cualquier pretexto para mantener inalterada la configuración de los grupos que poseen el poder. Los intereses facciosos, la falta de un diseño estructural adecuado y coherente, la reticencia a enfrentar decididamente a todos los grupos cuyos intereses se sobreponen al de las ciudadanas y ciudadanos, constituyen, entre otros, los factores que mantienen inalterada la composición del Estado mexicano y, por lo tanto, nos mantienen en la impunidad, muy lejos de un auténtico sistema democrático y bajo el influjo de la violencia originada en la pugna por el poder.

La misma impunidad constituye hoy un obstáculo para el ejercicio y la exigencia de los derechos humanos. La situación de defensoras y defensores de derechos humanos, así como de activistas sociales y de comunidades que día a día resisten no es fácil. Ha sido señalada la vulnerabilidad en que hoy se encuentran. Sin duda esto desalienta la participación. Pero, con sustento en la trayectoria del Centro Prodh y en la de diversas organizaciones y movimientos, la democracia sólo puede construirse con la participación de todas y todos. Esta participación es también el único camino para poner un alto a la arbitrariedad de todos los grupos de poder, incluido el Estado.

Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/


27/10/2010

Incumple estándares internacionales, iniciativa de Calderón

Deja libre a fuero militar para investigar violaciones a DH

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 27 oct 10 (CIMAC).- La iniciativa enviada por el Ejecutivo para legislar sobre jurisdicción militar en México, no satisface en lo mínimo los estándares internacionales y recomendaciones hechas al Estado mexicano en la materia, advirtieron especialistas reunidos hoy en San Lázaro.

Durante el Foro: Jurisdicción Militar y Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, legisladoras, legisladores y representantes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), analizaron el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, en torno a las sentencias emitidas por organismos jurisdiccionales internacionales.

Admitieron que ningún caso de violación a Derechos Humanos (DH), se ha resuelto en la instancia militar, por lo que las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales, lo que deja claro porqué el fuero militar, no debe investigar las violaciones de DH que comenten sus efectivos contra civiles.

“Este no es un problema exclusivo del Ejecutivo, sino del Estado, por lo que hoy el Congreso tiene una oportunidad muy importante de legislar en la materia, y no dejar pasar la oportunidad de construir instituciones democráticas”, afirmó Guadalupe Barrera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Las y los especialistas, coincidieron en que el Congreso debe modificar a fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, a lo que la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del Partido del Trabajo, respondió que sus colegas comprometidos en la defensa de los DH, harán lo propio, aunque no garantizó que haya un consenso al respecto.

Leopoldo Maldonado, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la propuesta enviada por Felipe Calderón al Senado de la Republica para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no satisface los resolutivos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el caso de Rosendo Radilla, y Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.

“La Corte fue, y ha sido muy clara sobre la aplicabilidad del fuero militar, en casos de la comisión de delitos originados por parte de la milicia”.

En cuanto a que los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, serán competencia del fuero federal, el Ejecutivo establece de manera concreta los delitos ordinarios que conocerá la justicia civil, por lo que se sigue contraviniendo el carácter limitado que debe tener el fuero militar.

De igual manera, Mario Monroy, consultor del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, cuestionó el por qué solo éstos tres delitos, son los que contiene la reforma, cuando justamente el estándar de protección, es que ninguna violación a los DH, tendría que ser conocida por el fuero penal militar, por que se violaría el carácter excepcional y restrictivo.

“Pareciera que seleccionaron estos tres delitos, porque son los tres casos de la Corte: Rosendo Radilla desaparición; Inés y Valentina son tortura y agresión sexual”, enfatizó.

Además de que la iniciativa, aún en estos tres casos, deja el fuero militar como hasta ahora y nos dice que cuando se trate de una desaparición forzada, tortura y agresión sexual, será el propio ministerio público militar, en el supuesto de que determine el delito, desglosará y enviará a las instancias civiles el caso. Es decir la iniciativa del Ejecutivo “no es lo mismo, pero es igual”, lo que implica un riesgo grande.

Diversas OSC han preguntado vía acceso a la información, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como a la Procuraduría Militar, cuántos expedientes de investigación han realizado por desaparición forzada del 2001, al primer trimestre del 2010, y la respuesta es “ningún expediente de desaparición forzada de personas”.

Mario Monroy, agregó que para que se haga una reforma de fondo, ésta tendría que establecer expresamente que el fuero militar, no es competente para conocer ningún caso que implique a un civil

Guadalupe Barrera del CIDE, sostuvo que la violación a los DH de las y los civiles por parte de militares no es un problema de las fuerzas armadas, “es un problema del Estado mexicano”, de cómo percibe su operación y relación con éstas.

En lo que se refiere al combate a la delincuencia en el país, señaló que “no estamos apostando a la justicia penal para combatir el crimen, sino claramente estamos apostando al uso de la fuerza”

De 2006 a la fecha, la fuerzas armadas cuentan unos 15 mil efectivos más, frente a los 25 mil 371 elementos, más que en 2006, de la Secretaria de Seguridad Publica. La Procuraduría General de la República (PGR), sólo ha incorporado a 5 mil 142 personas más en ese mismo lapso, afirmó Guadalupe Barrera.

Por qué no al fuero militar

Por Lucía Lagunes Huerta *

México, DF, 26 oct 10 (CIMAC).- No cabe duda que el Ejecutivo federal ni oye, ni ve, y digo esto porque después de foros e investigaciones nacionales e internacionales, sobre fuero militar y derechos humanos, él envía una propuesta contraria a las recomendaciones hechas.

Durante años, se ha comprobado que las violaciones a los derechos humanos que comenten los militares deben ser juzgadas en vías civiles para detener la impunidad, que no debe mantenerse un estado de excepción para ellos.

Que como ciudadanos, los militares deben ser procesados fuera de la institución que los cobija, y a la cual deben disciplina.

Especialmente, en América Latina con las dictaduras, y en México con la guerra sucia, se ha visto cómo pese a las evidencias de la flagrancia de los militares al momento de violar, torturar, o desaparecer a las personas, ellos quedan impunes porque el aparato mismo los encubre.

Este debate tomó fuerza en México por la militarización calderonista, y el aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de efectivos militares. Los testimonios se suman y las instancias internacionales han recomendado al Estado mexicano desaparecer el fuero militar, hasta por la propia seguridad de los militares.

Recordemos los abusos cometidos dentro de las mismas corporaciones, sus denuncias y la petición del General José Francisco Gallardo para crear una instancia de derechos humanos, misma que le costó ser encarcelado por los propios militares.

¿Por qué no al fuero militar?

Además de lo ya dicho, un ejemplo palpable es el caso de Ana, Beatriz y Celia González, ciudadanas indígenas tzeltales, quienes el 4 de junio de 1994, con el pretexto de investigar sobre las bases zapatistas, fueron secuestradas y torturadas sexualmente por militares en un retén de Altamirano, Chiapas.

A 16 años de la agresión contra las hermanas González, los militares responsables gozan de impunidad, no se sabe siquiera el nombre de sus atacantes, ¿Por qué?... Porque el caso está amparado en el fuero militar y en todos estos años, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Procuraduría Militar, han dado a conocer la lista de los efectivos, que ese 4 de junio de 1994, estaban en el retén militar.

En contraparte, les han exigido pruebas a las mujeres para demostrar que fueron violadas, las han intimidado, y han sido perseguidas por reclamar un derecho: el castigo para sus agresores.

Unas ciudadanas frente a una institución, sería la frase que describe nuevamente el por qué no al fuero militar.

Durante dos sexenios panistas, y medio sexenio priísta, las hermanas González han reclamado justicia, y que el delito cometido contra ellas sea investigado en las instancias civiles.

Ellas denunciaron el delito ante el Ministerio Público Federal de Chiapas, el 30 de junio de 1994, el 3 de septiembre de ese mismo año el MP se deslindó del caso, y lo pasó a la justicia militar.

El 25 de noviembre de 1994, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, se comprometió ante feministas que la institución regresaría el caso a las instancias civiles, si la ley se lo pidiera.

Y no sólo eso, sino que agregó “no quiero que se lleven la impresión de que la junta militar tiene intenciones de proteger un delito, yo no protejo esas cosas; aquí se trata de que haya una satisfacción para las mujeres.”

Pero como no hubo ley nacional que se lo pidiera, y el caso no avanzaba en el fuero militar, se llevó a instancias internacionales en 1996.

El 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras responsabilizar al Estado Mexicano por la violación de derechos humanos contra las hermanas González, solicitó al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva, que determine la responsabilidad penal de los agresores; así como la adecuada reparación del daño para las víctimas, y que dicha investigación se hiciera en las instancias civiles.

Nada cambió, en materia de justicia, y hoy lo más que se tiene es la propuesta de reparación del daño que ofrece el gobernador chiapaneco, Jaime Sabines, con 500 mil pesos para cada una.

Ningún caso de violación a derechos humanos se ha resuelto en la instancia militar, por el contrario todas las víctimas se enfrentan a la cerrazón de una institución que cierra filas ante sus efectivos.

Ana, Beatriz y Celia González, así como Inés, Valentina, Rosendo Radilla y cientos de personas más, son las razones concretas por las que el fuero militar no debe investigar las violaciones de derechos humanos que comenten sus efectivos contra civiles.

Si el Congreso no modifica de fondo la propuesta hecha por el Ejecutivo, para garantizar a las víctimas de la agresión militar la justicia, como el primer paso de la reparación del daño, serán cómplices de perpetuar la impunidad ante los abusos de militares.

* Directora general de CIMAC

Peña Nieto, prototipo del espot y la nota pagada, fustiga Lujambio

Desde Madrid califica al gobernador de político encapsulado para la sonrisa y la foto

Me alarma que se haya convertido en ejemplo de la acción comunicativa unilateral y sólo aparezca en ambientes controlados

Ebrard y Rojas declinan reunirse con el secretario

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 5

Madrid, 26 de octubre. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, acusó al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de convertirse en el prototipo del monólogo del espot y de la noticia pagada, en un político encapsulado para la sonrisa y para la foto. El funcionario panista no ocultó su malestar y enfado por el plantón que le dieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, el mandatario mexiquense y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas.

Según Lujambio, él había sido invitado a participar en el seminario México, entre norte y sur –organizado por la Fundación Botín, del Banco Santander–, para debatir con Ebrard y Peña Nieto sobre el futuro y las perspectivas de nuestro país. En teoría iba a ser la primera ocasión en que los tres precandidatos a la sucesión presidencial coincidieran en el extranjero en un debate público. Pero el mandatario capitalino decidió cancelar su asistencia cuando se enteró de que en el seminario también participaba el ex presidente Carlos Salinas.

No queríamos coincidir con Salinas. Entendimos que era una encerrona, una trampa, explicó Alfonso Brito, vocero del jefe de Gobierno, quien también llamó a la responsabilidad para no generar calumnias ni difamaciones.

Por lo que hace a Peña Nieto, en ningún momento apareció en el programa, estuvo previsto originalmente pero su asistencia se descartó desde hace varias semanas. En representación del PRI estaba programado Francisco Rojas, quien no llegó a la reunión.

El titular de la SEP centró su malestar en el gobernador del estado de México, al señalar: “A mí me alarma que el señor Peña Nieto se haya convertido en ejemplo de la acción comunicativa unilateral. Del monólogo del espot o de la noticia pagada. Me alarma que sólo salga públicamente en ambientes controlados, encapsulado para la sonrisa y para la foto.

Estoy convencido de que México necesita otro tipo de ejercicio de la política democrática. Ayer le habló al Presidente de la necesidad de prestigiar la política. Y yo no veo cómo en México pueda prestigiarse la política si no deliberamos abierta y públicamente quienes ejercemos la acción política. Yo creo que urgen tres cosas en México: deliberación responsable, deliberación responsable y deliberación responsable. Así que me parece lamentable su ausencia.

El funcionario mexicano reconoció que figura en la terna de precandidatos de su partido (Acción Nacional) para suceder a Felipe Calderón; incluso dijo que está a la espera de que los tiempos se determinen para fijar una posición, pues me halaga muchísimo que los miembros de mi partido estén pensando en mí, pero ahora estoy especialmente dedicado a asuntos de la agenda educativa. No soy practicante del deporte nacional del futurismo.

Aunque vaticinó que los comicios de 2012 serán competidos, como todas las elecciones democráticas mexicanas, pero tengo la certeza de que mi partido dará la batalla y volverá a ganar la Presidencia.

Durante su intervención en la mesa Política y democracia, el titular de la SEP defendió la transición democrática como el mayor logro en la historia política del país, en la que señaló al PAN, su partido, como el principal impulsor para alcanzar las cuotas democráticas de hoy.

Mientras el PRI era el partido del régimen, la izquierda creía que la democracia era una cuestión burguesa; el PAN ha sido el partido democrático por excelencia. Sin embargo, Lujambio reconoció la preocupación en el gobierno y en su propia formación por el desprestigio de la política y de las personas que la representan, al mencionar que en las pasadas elecciones de 2009 hubo alrededor de 10.9 por ciento de votos nulos.

Se manifestó un rechazo activo a los partidos políticos, que en alguna forma se han convertido en un oligopolio perezoso, pues no están siendo capaces de captar el liderazgo social.

En este sentido, el funcionario mexicano defendió las reformas políticas que está desarrollando la administración de Felipe Calderón, entre las que citó que los candidatos independientes sólo requieran de uno por ciento de las firmas de los electores para hacer legal su propuesta, y que se reconozca la figura de la iniciativa ciudadana sin la mediación de los partidos para introducir cambios en la legislación a través del Congreso.

Se trata de dar más poder al ciudadano, explicó Lujambio, quien también insistió en la urgencia y necesidad de modificar la ley para reconocer la figura de la relección de presidentes municipales y en el Congreso. Ningún país se puede permitir el derroche de no poder relegir ni evaluar a sus alcaldes o diputados, explicó.

Otro avance para llevar más democracia al ciudadano fue reformar la ley electoral para establecer una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, al insistir en que esto fortalecerá las instituciones. Negó que esta figura fomente el bipartidismo.

Por último, el titular de la SEP defendió la figura de la consulta popular cuando el presidente de la República sufra un sistemático silencio del Congreso ante sus iniciativas, por la falta de coraje de los partidos políticos para tomar decisiones necesarias, pero difíciles y polémicas. En ese caso, y sólo cuando el Congreso reciba las iniciativas y no las rechace, creo que se puede consultar al pueblo para saber su opinión y no paralizar al país.