24/05/2015

Que se aclaren los hechos, pues todo indica que fue un operativo de aniquilamiento


En la versión oficial hay serias contradicciones, afirma Encinas

Andrea Becerril
 Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2015, p. 5

El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, demandó al gobierno federal aclarar de inmediato lo que realmente sucedió la víspera en Tanhuato, Michoacán, ya que podría tratarse de un nuevo caso Tlatlaya, donde los presuntos delincuentes no murieron en un enfrentamiento, sino que en realidad fueron ejecutados por fuerzas federales.

Señaló que en la versión oficial hay serias contradicciones, y los hechos hablan de que “fue un operativo para aniquilar, por lo que no puede descartarse que sea el ajuste de cuentas después del derribo del helicóptero del Ejército y las emboscadas de que han sido objeto elementos militares y de la Policía Federal por el cártel Jalisco Nueva generación”.

Encinas resaltó que de entrada, hay dudas sobre el lugar preciso del rancho en que ocurrió el supuesto enfrentamiento, ya que las autoridades lo ubicaron en el municipio de Tanhuato, pero en realidad está en Ecuandureo.

Explicó que ayer pasó por ese rancho que está ubicado sobre la autopista Guadalajara-Morelia, a pie de carretera, por lo que es falso también que hubiera una persecución en zona rural, según dice la versión de las autoridades.

“Otra información contradictoria, detalló, es que primero se señaló que se trataba de un enfrentamiento derivado de la persecución de una camioneta sospechosa, desde la que le dispararon a elementos de la Policía Federal (PF), pero luego dieron otra versión y dijeron que fue un operativo a partir de una denuncia por un despojo de tierras en ese rancho –que está todo cercado–, en el que participaron 500 elementos de las fuerzas especiales de la PF y la Armada”.

Con esos elementos, dijo, todo indica que fue un operativo de aniquilamiento de ese grupo delictivo, por lo que debe darse la información plena y veraz. De entrada, debe haber un examen pericial externo de los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes, que ya fueron trasladados a Morelia.

Encinas aclaró que no pretende que los integrantes de bandas criminales no sean juzgados o que en una confrontación con fuerzas de seguridad del Estado éstas no respondan. “Lo que nadie puede aceptar es que los ultimen, porque si hoy son delincuentes los ejecutados, mañana puede ser cualquier ciudadano”, concluyó.

Buscan precisar cómo ocurrieron el enfrentamiento y los decesos en Tanhuato


Comisiones de derechos humanos indagan la muerte de 42 sicarios
Agentes federales y militares van tras más presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación
Fuerzas federales resguardan el acceso al rancho del municipio de Tanhuato donde ocurrió el enfrentamiento

Foto
El gobierno federal elaborará dictámenes periciales completos de mecánica de hechos y colaborará con las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, a fin de que se aclare completamente cómo ocurrieron los decesos de 42 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) que el viernes fueron abatidos por elementos de la Policía Federal (PF) en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que personal de Servicios Periciales, con la supervisión de ambas comisiones de derechos humanos, realizó el levantamiento de los cadáveres de los presuntos sicarios hasta que concluyeron las labores de fijación de la escena del crimen.
Posteriormente los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia, donde los peritos continuarán con las labores de investigación.

Instalan cerco
El rancho El Sol, sitio donde ocurrió el enfrentamiento en el que los 42 presuntos delincuentes fueron abatidos, se encuentra cercado por agentes federales e integrantes del Ejército Mexicano, a fin de que nadie ajeno a las investigaciones ingrese y pueda alterar loa estudios criminológicos.
El viernes, de acuerdo con la versión oficial, cerca de la población de Jacalán de Vargas los agentes federales realizaban una investigación en torno a la denuncia presentada por el delito de despojo del rancho El Sol, cuando un grupo de hombres armados abordo de un vehículo disparó contra ellos.
En ese momento se inició una persecución y los presuntos delincuentes trataron de esconderse en la propiedad donde se encontraban sus compañeros.
Los federales solicitaron apoyo y después de unos minutos llegaron refuerzos por tierra y aire, con lo que iniciaron los enfrentamientos que duraron más de tres horas.
De acuerdo con los funcionarios consultados, las autoridades consideran que en la propiedad había más de 60 personas y aún no se han obtenido elementos que indiquen que allí se encontraba Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG.
Luego del enfrentamiento se llevaron a cabo los trabajos periciales para el levantamiento de los cadáveres, y estas tareas se extendieron alrededor de las 10 horas de ayer, cuando los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Morelia para la realización de las necropsias de ley, y allí continuaron las diligencias al filo de las 13:30 horas.
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán señalaron que hasta el cierre de esta edición nadie se había presentado a reclamar o a reconocer los restos de las personas abatidas, por lo que la información de huellas dactilares, fotográfica y genética se almacenará en el registro nacional para su posterior identificación.
Presuntamente las personas fallecidas podrían ser originarias de Jalisco, que se considera la sede del CJNG y de donde presuntamente habrían arribado hace más de una semana, cuando tomaron con violencia el rancho El Sol, el cual tiene una extensión de 142 hectáreas y donde su actividad principal es el cultivo de productos agrícolas.
Al mismo tiempo que se realizan los trabajos periciales, integrantes de la Procuraduría General de la República, la PF y el Ejército patrullan la zona para tratar de ubicar a otros integrantes del citado cártel que hubieran escapado del rancho El Sol.
En tanto, a través de un comunicado de prensa la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)dio a conocer que en la ciudad de México la Policía Federal rindió un homenaje de cuerpo presente al único agente que falleció en el enfrentamiento.
La ceremonia se llevó a cabo en el Monumento al policía federal caído, ubicado en el Centro de Mando de la PF ubicado en Iztapalapa, y participaron más de 200 agentes, familiares y amigos del fallecido.
Durante el acto, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, dijo que “esta dolorosa pérdida nos debe llevar a la reflexión de que hay hombres y mujeres que están entregando su vida y su talento por un México en paz.
Nuestro compañero pierde la vida precisamente ayudando a uno de los agentes heridos y eso lo convierte en un héroe que debemos reconocer. Por eso recibe hoy los máximos honores de nuestra institución, como un héroe mexicano al servicio de la patria, indicó Galindo Ceballos.


Foto Reuters Gustavo Castillo y Ernesto Martínez
Reportero y corresponsal Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2015, p. 5

13/05/2015

Reporte del Centro ProDH


Continúa la afectación irreparable al pueblo yaqui por el Acueducto Independencia

*  A dos años del fallo de la SCJN, la obra sigue extrayendo agua del río Yaqui y la consulta está detenida. 

Manifestación en Hermosillo

Ciudad de México, 13 de mayo de 2015. Al cumplirse dos años del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia en Sonora, en el que se ordenó que se llevara a cabo una consulta a la tribu y que en caso de que se demostrara un daño “irreparable” a este pueblo indígena se suspendiera la obra,  la resolución está incumplida “pues la obra continúa operando de forma irregular y los derechos de los yaquis continúan siendo violados”, denunciaron decenas de organizaciones civiles.

El Acueducto Independencia es una obra promovida desde el año 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de construir una presa ilegal en sus terrenos. La intención, declaró entonces el gobernador, era llevar agua de la presa El Novillo hacia la capital sonorense, Hermosillo, para paliar la falta del líquido para consumo humano. En realidad, han denunciado los yaquis, se destinaría a las industrias establecidas en esa ciudad, como cerveceras y ensambladoras de autos.

La tribu yaqui es titular del 50 por ciento de las aguas y escurrimientos del río Yaqui, que alimenta a la presa El Novillo. A pesar de todas las sentencias judiciales en su contra, ganadas tanto por los indígenas como por los grandes agricultores del Valle del Yaqui, el acueducto está en funcionamiento. El 8 de mayo de 2013, la máxima instancia de justicia confirmó un amparo a favor de la tribu yaqui, con lo que invalidó el MIA del Acueducto y ordenó consultar a las comunidades afectadas.

Las organizaciones explicaron que el proceso de consulta a la tribu sigue suspendido sin que existan las condiciones para que se retome, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha otorgado toda la información solicitada por los yaquis en octubre de 2013; Mario Luna Romero, Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero, se encuentran presos desde septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron, además de que otros integrantes de la tribu siguen siendo hostigados; y el acueducto “sigue operando privando de agua a la tribu yaqui, vital líquido para la salud, la alimentación, la vivienda y la cultura de sus integrantes, causándoles daños graves e irreparables”.

“En los hechos, el Acueducto Independencia está operando en violación del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ocasionando un daño irreparable e irreversible a la Tribu, lo que ya ha sido constatado con el Peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia, elaborado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, indicaron.

Las organizaciones de la sociedad civil que emitieron el comunicado hicieron un llamado urgente a que las autoridades cumplan las disposiciones de la SCJN; a que la Semarnat y las instituciones dependientes de ella suspendan de inmediato la operación del Acueducto Independencia y entreguen la información solicitada para que la tribu cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada; que el gobierno estatal detenga la criminalización de los defensores ambientales de la tribu, y a eliminar los obstáculos para la liberación de los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez, a fin de lograr su libertad.

Para las organizaciones, “la insistencia del Gobierno del Estado Sonora en continuar con la operación irregular del Acueducto Independencia, la decisión de Conagua y de la Semarnat de permitir la ilegal operación del Acueducto, la actuación omisa del Gobierno Federal y del Poder Judicial ha resultado en altos costos políticos, económicos y sociales tanto para la tribu yaqui, como para el estado de Sonora y para el país, toda vez que el caso ha escalado a nivel internacional como referente de criminalización de los defensores ambientales y falta de cumplimiento de la ley en México”, finalizaron.

Un paso adelante para la liberación del periodista Pedro Canché

*  La recomendación de la CNDH, fundamental, dice ARTICLE 19


El periodista maya, en prisión

Ciudad de México, 13 de mayo de 2015.  Con la Recomendación 13/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que confirmó ayer que que las autoridades estatales de Quintana Roo violaron los derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica del periodista maya Pedro Canché, detenido arbitrariamente desde hace más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto con motivo de una acusación sin sustento del gobierno de Roberto Borge, se da un paso fundamental para su liberación, explicó la organización ARTICLE 19.

Pedro Canché está preso desde el 30 de agosto de 2014, después de que retó a un debate al gobernador por la detención de 11 personas durante una protesta contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Carrillo Puerto debido al incremento de tarifas y la instalación de medidores. Las autoridades lo acusaron de sabotaje.

La organización defensora de periodistas destaca que la Recomendación de la CNDH considera las pruebas que obran en el expediente como insuficientes para acreditar el delito de sabotaje que se le imputa a Canché, pues “lo único que corroboran los supuestos testigos – también empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado de Quintana Roo- y el dictamen pericial que pretende demostrar los supuestos hechos delictivos, es que Pedro se encontraba en el lugar de los hechos tomando fotografías con su celular en la mano, lo cual de ninguna manera puede considerarse como la intención de causar un daño a un bien público”. Además, la CNDH enfatizó la desproporcionalidad en la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el uso del delito de sabotaje para inhibir la libertad de expresión.

ARTICLE 19 destacó que la CNDH precisa que la documentación y difusión que llevó a cabo Pedro Canche de lo sucedido durante el bloqueo de la CAPA; su afirmación en el sentido de que su presencia en ese lugar a partir del 16 de agosto fue para documentar tales acontecimientos; el video difundido por el agraviado en el que denunció el desalojo de las personas que participaron en el bloqueo e hizo duras críticas al gobierno de Quintana Roo, sumadas a las inconsistencias en que incurrió la Procuraduría local, le permiten inferir que la actuación de las autoridades locales devino en un medio indirecto para limitar la libertad de expresión de Pedro Canché al imputar desproporcionadamente un tipo penal a las conductas que el periodista estaba realizando estaba realizando. La Comisión, en su informe, recuerda que se genera responsabilidad para el Estado por la utilización de tipos penales ambiguos y vagos –como sabotaje- para sujetar a proceso a personas que han realizado denuncias sobre afectaciones a derechos humanos.

La CNDH señala además que “quedan fuera de duda” las agresiones físicas a las que fue sujeto Pedro Canché los dos primeros días de su reclusión en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, de lo cual es responsable el entonces alcalde del centro de reclusión. ARTICLE 19 informó que persisten las secuelas y dolencias físicas derivadas de la agresión, y que el Sistema de Salud Pública de Quintana Roo ha sido omiso en brindar una atención médica debida.

La Comisión señaló que los señalamientos que realizó Lino Magos Acevedo, titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, llamando a Canché “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”, son incompatibles con su cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos de todas las personas sujetas a un juicio de carácter penal, además de constituir una evidencia más de la afectación indirecta a la libertad de expresión en contra del periodista.

Entre las recomendaciones de la Comisión, se pide que la Procuraduría General de Justicia del estado promueva el sobreseimiento de la causa para que Pedro Canché recupere su libertad de inmediato; que las autoridades realicen actos de reconocimiento de su responsabilidad y ofrezcan una disculpa pública institucional; que se inicien las investigaciones que correspondan por las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los funcionarios de la Procuraduría, Lino Magos en su calidad Director de la Defensoría Pública estatal y el entonces director de la cárcel municipal, y que se indemnice a Pedro Canché por los daños causados. El Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Superior y el Ayuntamiento de Felipe Carillo Puerto deben responder en 15 días hábiles sobre su aceptación o no.

ARTICLE 19 exigió que las autoridades acepten “de manera total y se cumplan de inmediato para que cesen las violaciones contra los derechos humanos de Pedro Canché y se restituido de manera inmediata en su libertad. De la misma manera, consideramos fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos que la CNDH continúe en este camino. Específicamente, en un contexto de violencia contra la prensa, es indispensable que se emitan recomendaciones como un medio para frenar las agresiones contra quienes ejercen este derecho”.

Este 13 de mayo los medios destacan

‘‘Preguntas alarmantes’’ de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México/ La Jornada 
El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive. A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México. El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.

Interroga PGR a viuda de normalista… le pregunta qué sabe de los 43/ Proceso 
Siete meses después de la tortura y homicidio del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, la Procuraduría General de la República (PGR) citó e interrogó a su viuda para preguntarle si sabía algo de los 43 desaparecidos. Así lo denunciaron en un comunicado los abogados del caso y amigos de la familia, quienes señalaron que Marissa Mendoza, la joven viuda del estudiante desollado la noche del 26 de septiembre, recibió un citatorio para que el pasado 11 de abril se presentara en la Unidad Especializada contra el Secuestro adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Pero en vez de informarle de los avances en las investigaciones, el citatorio se usó para interrogarla sobre la desaparición de los 43. La viuda se negó a contestar. La PGR se ha negado a atraer el caso de Mondragón y lo separó de la investigación de lo sucedido en Iguala la noche en la que los estudiantes fueron atacados, heridos y desaparecidos.

Concede el juez Silva García suspensión definitiva en el caso Aristegui-MVS/ Aristegui Noticias 
El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, concedió este martes la suspensión definitiva a favor de Carmen Aristegui en el expediente de amparo 672/2015 que la periodista interpuso en contra de la decisión de MVS Radio de cancelar unilateralmente su contrato respecto de  la Primera Emisión de Noticias MVS. En el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal se difundió, bajo el rubro de “síntesis de los acuertos asociados al asunto”, que “se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa para los efectos precisados en la presente resolución”. Se espera que este miércoles 13 de mayo se den a conocer los mencionados efectos y otros detalles de la resolución.

Rescatan a 57 migrantes secuestrados por grupo criminal en noreste de México/ La Vanguardia 
Policías estatales de Tamaulipas rescataron a 57 migrantes en dos operativos distintos y detuvieron a cuatro miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro y extorsión de personas que buscan ingresar ilegalmente en Estados Unidos, informaron hoy fuentes oficiales. El Grupo de Coordinación Tamaulipas, integrado por fuerzas de seguridad federales y estatales, indicó en un comunicado que de los 57 migrantes rescatados (47 hombres y 10 mujeres), 28 son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los restantes son mexicanos, procedentes de diferentes estados del país.

Fijan fianza por 7 mdp para tres jornaleros de San Quintín/ Excélsior 
Un juzgado de Ensenada fijó una fianza por 7 millones de pesos para tres jornaleros de San Quintín por los disturbios del pasado sábado en la comunidad Triqui donde destruyeron dos patrullas y dos vehículos particulares. Pese a que fueron 17 los detenidos, el juzgado determinó que éstos tres, fueron los mayores responsables de los actos vandálicos en la comunidad. Además, se aplicó una fianza de 500 mil pesos a un cuarto implicado; sin embargo, dichas fianzas podrían ser modificadas durante el proceso judicial.


Masacre de Cadereyta: cuando el dolor es impronunciable/ Periodistas de a Pie 
El 13 de mayo del 2012, 49 cuerpos fueron mutilados en Cadereyta, Nuevo León. Les arrancaron brazos, piernas y cabeza para impedir su identificación. Pronto, autoridades los echaron a la fosa común del olvido. Pero el amor de los familiares y el trabajo de organizaciones civiles logró recuperar el nombre de 8 de ellos, todos migrantes centroamericanos. Fabricio Anabel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejeda Vásquez, Ramón Antonio Torres Castillo, Mauricio Francisco Suazo Mejía, Elmer Saíd Barahona Velásquez, Heber Josué González Betancurth, José Enrique Velásquez Zelaya y Leonel Dagoberto Rivera Cáceres, recuperaron su nombre en las tumbas que los albergaban.

Asesino del periodista “El Gato” Félix sale libre y acude a su ex patrón: Jorge Hank Rhon/ Sin Embargo
Antonio Vera Palestina, quien asesinó al periodista cofundador de ZETA Héctor “El Gato” Félix Miranda, recuperó la libertad tras 25 años en prisión. Al salir del penal de máxima seguridad “El Altiplano” fue recibido por su familia y trasladado a Tijuana en una camioneta. “El delito que cometió fue grave y con todas las agravantes de la ley. La justicia queda muy limitada en estos casos. Ya salió y su perfil es delinquir”, dijo a ZETA un funcionario de la Procuraduría General  de Justicia de Baja California. El pasado viernes 1 de mayo de 2015, Vera Palestina abandonó la prisión de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, conocida como “El Altiplano”. Luego fue trasladado a Tijuana. Después de su liberación, el ex prisionero se reunió públicamente con Hank Rhon. Jorge Hank afirmó que revisaría la ley para considerar si vuelve a contratarlo como su escolta junto con Victoriano Medina, el otro sentenciado por el asesinato del periodista.

Lanza guardia tradicional seri advertencia a mineros/ Expreso
El representante étnico de la tribu Seri ante el Ayuntamiento de Hermosillo, Juan Antonio Robles Barnett, señaló que la guardia tradicional de la etnia tiene instrucciones de no permitir que vuelvan a ingresar a su territorio los mineros, al parecer de origen coreano, que realizaron sin permiso una amplia exploración en busca de oro, cerca de la comunidad de Punta Chueca. Expuso que al parecer dichos mineros ya desistieron de sus intenciones y desde hace algunas semanas se llevaron ya la maquinaria que utilizaron para buscar oro y plata en la sierra conocida como “La Peineta”. Señaló que el sitio en donde se realizaban las exploraciones mineras, está a 5 kilómetros del Canal del Infiernillo, un sitio que es básico para la sobrevivencia de la tribu, en donde realizan sus labores de pesca tradicional los seris.

#Mayorojo sin justicia, persiste proyecto de aeropuerto en Atenco/ Másde131
Este 4 de mayo volvieron a cerrar la carretera Texcoco – Lechería, pero esta vez fue sólo la conmemoración que hizo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) a nueve años de la entrada de la policía al poblado de Atenco. Bajo una lluvia torrencial, el FPDT marchó en la ciudad de México. Después de nueve años continúa la demanda por justicia para las mujeres que sufrieron tortura sexual y para los jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Pero también para frenar el nuevo intento de imponer un mega proyecto urbano que incluye un Aeropuerto en sus tierras: “Ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles”, coreaban en el recorrido.

“Manuel Velasco no hace nada, porque es su paramilitar”, denuncian zapatistas ante agresiones de grupos armados/ Radio Pozol
“Manuel Velasco no hace nada, porque es su paramilitar”, denuncia la Junta de Buen Gobierno Zapatista (JBG), El Camino del Futuro, de La Garrucha en el municipio de Ocosingo, ante agresiones de grupos armados a Bases de Apoyo Zapatistas (BAEZLN) de la comunidad El Rosario, perteneciente al municipio autónomo de San Manuel. La JBG precisa que se trata de “21 personas paramilitares de la misma comunidad El Rosario y 28 paramilitares del barrio Chikinival, perteneciente al ejido Pojkol, municipio de Chilón”. El ataque se da precisamente un día después de que el EZLN, terminara el Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”, llevado a cabo del 3 al 9 de mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde dialogó con diferentes sectores de la sociedad nacional e internacional.

Enrique Guerrero Aviña: estudiante de la UNAM torturado y preso sin prueba alguna/ Johana Sánchez en Contralínea



Solidaridad con el estudiante

Enrique Guerrero Aviña, ajedrecista y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de las 12 personas encarceladas por el plagio de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Oaxaca.

El 17 de mayo de 2013, sujetos vestidos de civil lo persiguieron y le dispararon, y lo subieron a una de las camionetas. Eran policías federales, quienes sin orden de aprehensión, localización o presentación, lo detuvieron y torturaron por casi 30 horas. Con golpes, asfixia, amenazas físicas, sexuales y sicológicas los policías exigían que aceptara su participación en el secuestro: “Me interrogó, me dijo: ‘Dame nombres de gente que ande en la grilla’, insistía, y me preguntó: ‘¿Quiénes se mueven en la Universidad?’; refiriéndose a cuestiones políticas me preguntó: ‘¿Qué cabrones se oponen a las reformas?’”. Aún con ello resistió la tortura para defender la verdad de su inocencia.

A casi 2 años de lo sucedido, Enrique continúa preso en el penal federal de Occidente (Jalisco), pese a que no existen declaraciones o testimonios fehacientes en su contra, no se cuenta con informe policial, o algún medio probatorio, que permita presumir su participación en dicho secuestro o que forme parte de una organización criminal. Por ello, desde prisión, escribe: “De manera franca y humilde pido el apoyo y la solidaridad de quienes creen en la justicia difundiendo mi caso y uniendo esfuerzos, alzando la voz contra la injusticia en cualquier medio, lugar o rincón posible; caminemos juntos hacia un país mejor donde la injusticia, la tortura y la mentira no prevalezcan”. (Contralínea)

Exigen seguridad en Chilapa


Unos 300 vecinos marcharon por las principales calles de Chilapa, Guerrero, para demandar al nuevo encargado de Seguridad Pública, Juan Suástegui Epifanio, que saque a los civiles armados que irrumpieron en la ciudad el sábado, y para exigir la presentación de sus familiares que desaparecieron después de su llegada, de los cuales reportaron que son 16. Por segundo día consecutivo marcharon en esta ciudad , y en esta ocasión se observó a una cantidad mayor de manifestantes. (Información de El Sur/ Foto de Germán Canseco – Proceso)    

Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida en Temacapulín

Caravana Nacional por la Defensa  del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida en Temacapulín
Fecha: 15 de mayo
Habrá conferencia de prensa e intercambio de experiencias en Guadalajara y Temacapulín.
Mayor información aquí

El movimiento en San Quintín no lo van a poder parar con más injusticias


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Agrupaciones sindicales exigen castigo por excesos policiacos

Frente a la sede de la representación del gobierno de Baja California en la ciudad de México integrantes de la Nueva Central de Trabajadores realizaron un mitin para brindar su apoyo a los jornaleros de San Quintín

La única vía de solución del conflicto de los jornaleros del valle de San Quintín es que se atiendan sus demandas de justicia, de un salario justo, mejores condiciones de vida y de libre sindicalización, señalaron representantes de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), que realizaron ayer un mitin de apoyo a los trabajadores agrícolas ante la sede de la representación de Baja California en la ciudad de México.
Con enormes mantas en que se leía Apoyo total a los jornaleros de San Quintín, los integrantes de esta central obrera independiente se apostaron al mediodía frente a la representación del gobierno del estado para manifestar su total repudio a la agresión brutal y desmedida que llevaron a cabo fuerzas estatales contra los trabajadores.
La comitiva, en la que participaron principalmente electricistas en resistencia, indicó que este movimiento no lo van a poder parar con más injusticias, sino sólo resolviendo las demandas de los campesinos.
Los manifestantes demandaron que se deje sindicalizar libremente a los trabajadores agrícolas, porque es un derecho no sólo plasmado en la Constitución del país, sino que está contenido en los principales ordenamientos laborales internacionales.
La NCT, constituida por integrantes de la Alianza de Tranviarios de México, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Consejo Nacional de Trabajadores, entre otras agrupaciones, indicó que van a continuar las acciones de apoyo a los jornaleros, porque uno de los acuerdos que se ha tomado es que no habrá ni una lucha aislada más.
Una comisión fue recibida por funcionarios de la representación estatal, a quienes demandaron que haya una solución negociada con los jornaleros, que cese la represión y se castigue a los culpables de los hechos de violencia en los que fueron agredidos decenas de hombres y mujeres.
En el mitin sostuvieron que van a continuar las movilizaciones y van a acompañar a estos trabajadores en todos los actos de protesta que lleven a cabo, y si determinan realizar marchas en la ciudad de México, para ser escuchados y atendidos. Según señalaron, ya es insostenible que los gobiernos federal y estatales quieran apagar todas las movilizaciones con represión y violencia contra ciudadanos.


Foto Pablo Ramos
Patricia Muñoz Ríos
 Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 7


México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad: Edgardo Buscaglia


La corrupción política, motor de la delincuencia organizada, dice el investigador

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La periodista Carmen Aristegui y el investigador Edgardo Buscaglia participaron en el foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, organizado por la red ALAS

La corrupción política en México es el corazón de la delincuencia organizada, advirtió Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirmó que el país se ha convertido en exportador de inestabilidad, y agregó que el enemigo de la nación está en el gobierno.
Luego de participar en el foro Derechos humanos y antimafia social en Amercia Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), señaló que México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad, e insistió en que el motor de la delincuencia organizada en el país son los políticos.
México tiene una delincuencia de Estado. Si la corrupción política sigue su curso y abre las empresas a estos grupos criminales para que sigan expandiendo sus operaciones y sigan contrabandeando armas desde Asia, Centroamérica y desde Estados Unidos de la manera en que lo hacen, el conflicto armado mexicano va a llegar a proporciones mucho más graves que lo que tiene ahora.
En su intervención, la periodista Carmen Aristegui manifestó que los medios de comunicación deben compartir con la sociedad organizada el compromiso de exhibir la corrupción.
“Los medios de comunicación tenemos trabas, dificultades. Hay fenómenos de autocensura muy arraigados en países como México, y fenómenos de censura también arraigados y presentes en nuestro país. Es algo que no nos sorprende en el resto de la región, y tenemos que plantearnos como un asunto que debe combatirse y denunciarse también.
“La sociedad y las organizaciones deben tener plena conciencia de lo que significa que medios de comunicación no tengan la posibildiad real de exponer, explicar, alentar el debate de contribuir en la discusión pública de los grandes temas de la nación, empezando desde luego por el tema de la corrución.
Si los medios de comunicación se encuentran ahorcados o limitados o francamente impedidos de informar, denunciar y hablar de temas de corupción, hacen evidentemente mucho más difícil la tarea de las organizaciones que están batallando por articular esfuerzos muy específicos para combatir al crimen organizado o para ayudar en las tareas preventivas de control social y, sobre todo, de atención a las víctimas, indicó.
Ante la escalada de violencia en Jalisco en días pasados, Buscaglia aseguró que el problema mexicano no es de armas ni de falta de helicópteros o de personal militar; es de corrupción política y empresarial, que ha permitido la expansión de redes criminales en toda la República y más allá de sus fronteras.
“México todavía no ha tocado fondo; eso es algo que ustedes tienen que entender. El Ejército Mexicano no necesita más armas ni más soldados, ya que tiene los suficientes. El cáncer de México como sociedad y Estado está dentro del mismo Estado. El enemigo está dentro de la misma casa y eso es lo que se tiene que entender.
A mí no me llama la atención el arsenal en las manos de las redes criminales, como la de Jalisco. Hace años que vienen atacando convoyes militares en México; sin embargo, “haber derribado un helicóptero de las fuerzas armadas se transforma en un símbolo de debilidad del Estado y es un shock sicológico para cualquier institución”.
Para Buscaglia otro de los problemas de la creciente violencia en el país se debe a que el gobierno federal no quiere tomar medidas de confiscación patrimonial ni intervenir a las empresas mediante las cuales los grupos criminales usan sus sistemas de transporte y la infraestructura. No quiere atacar esos dos ángulos porque ello significa atacar a sus mismos partidos.
Foto Pablo Ramos
César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 9

Jusidman: El actual gobierno no escucha



César Arellano
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 13
La sociedad civil en México está crecientemente debilitada, ya que al gobierno actual no le interesa una asociación civil libre, que defienda los derechos de la gente. Le interesan, como históricamente le han interesado al partido en el poder, organizaciones que sean subordinadas, clientelares, y si no, las destruye o desaparece, lamentó Clara Jusidman, presidenta honoraria de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social). En el caso de Incide Social, señaló, hacemos investigación para hacer incidencia en política pública; sin embargo, en este momento encontramos que no hay con quién hablar, no hay con quién hacer incidencia en política pública que era parte de la pelea por la democracia. La participación e interlocución con el gobierno están canceladas, no hay interlocución y además carecemos de recursos.

Minimiza la Corte sentencia de la Coridh por el caso de dos indígenas violadas por soldados


Sólo se aplica al Poder Judicial con fines meramente informativos, determina

Cuatro ministros votaron en contra; ‘‘las respuestas a feminicidio o tortura sexual son insuficientes’’

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en votación dividida, que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) que condenó al Estado mexicano por violentar los derechos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por militares en el año 2002, sólo se aplica al Poder Judicial de la Federación con fines meramente informativos y para la elaboración de un recuento de tesis y protocolos para casos de violación, tortura y en los que las víctimas sean mujeres indígenas.
Cuatro de 11 ministros votaron en contra, al considerar que las respuestas del Estado mexicano a los delitos de feminicidio o de violación como ‘‘tortura sexual’’ son insuficientes y que las decisiones de los jueces federales sobre estos temas no han sido confrontadas con los parámetros establecidos por la Coridh.
De éstos, sólo el ministro José Ramón Cossío rechazó el proyecto en lo general, aunque coincidió con Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Arturo Zaldívar en oponerse a lo fijado en el dictamen en el sentido de supeditar el cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Coridh a su conformidad con la Constitución Mexicana y en cuestionar que el pleno se negara a analizar la constitucionalidad del recién reformado artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, el cual estableció que delitos cometidos por militares en agravio de civiles deben ser resueltos por el fuero civil (común o federal).
Cossío criticó que la resolución se limita a dar cuenta de todas las tesis y protocolos de actuación sobre mujeres indígenas y para casos de violación emitidas por la SCJN, ‘‘sin hacer una confronta con la sentencia de la Coridh’’. Además, aseveró, los protocolos de actuación y las tesis de la Corte ‘‘no tienen ningún carácter vinculante para nadie”.Criticó que el pleno no aprobara –como sí lo hizo cuando revisó la sentencia sobre el caso Rosendo Radilla– atraer procesos judiciales en curso, en que militares están acusados de violar derechos de mujeres civiles, ‘‘para saber qué es lo que efectivamente se está haciendo en esta delicada materia’’.
Al término de la sesión, el ministro presidente Luis María Aguilar justificó el sentido de la votación y de manera inusual afirmó: ‘‘Sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad’’.
Insistió en que todos los ministros buscan proteger los derechos humanos, como lo demuestra la resolución adoptada este lunes.
Falta capacitación
La mayoría aprobó que el Poder Judicial Federal, al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se aboque a capacitar y actualizar de modo permanente a sus miembros sobre el sistema en general y de la jurisprudencia de la Coridh, y para que los juicios se lleven a cabo desde una perspectiva de género y etnicidad.
Lo anterior, dijeron, ‘‘con énfasis en casos de violencia sexual contra mujeres, privilegiando el valor preponderante que debe asignarse a la versión de la propia víctima, cuando se articula con otros medios de prueba o haga razón a través del enlace lógico y armonizado de los hechos’’, así como instrumentar programas para la adecuada defensa y asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia sexual, particularmente cuando provengan de grupos vulnerables.


Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 5


Sedena no ha informado sobre mandos castrenses que estuvieron en Iguala


Fueron ‘‘omisos’’ ante la agresión a normalistas: familiares

A más de siete meses y medio de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha informado sobre el destino de los mandos militares que estuvieron en Iguala la noche del 26 de septiembre, quienes son acusados por los padres de las víctimas de haber sido ‘‘omisos’’ y no actuar en defensa de los estudiantes cuando eran agredidos por policías municipales.
El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al rendir su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, señaló que sigue a la espera de entrevistarse directamente con los soldados del 27 batallón de infantería, y que mientras esto no suceda, no puede especular sobre el destino de los normalistas.
Responsable jerárquico
El principal responsable jerárquico de los militares en ese momento, el general Alejandro Saavedra Hernández –quien era comandante de la 35 zona militar, la cual tiene bajo su mando al 27 batallón de infantería con sede en Iguala–, fue ascendido a divisionario en noviembre pasado y días después fue nombrado comandante de la novena región militar con sede en Acapulco.
Sobre el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, la Sedena mantiene en reserva si actuó internamente en contra de ese mando, pese a que el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que al momento de la agresión a los estudiantes el coronel estaba en una fiesta con el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa tampoco cumplió con el compromiso asumido por el gobierno mexicano de permitir a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares –al menos al de Iguala–, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición
En reunión con diputados el 30 de octubre pasado, el general Cienfuegos reveló que si bien el 27 batallón de infantería cuenta con 564 elementos, cinco jefes y 43 oficiales, el día en que desaparecieron los normalistas sólo había 21 elementos operativos, porque era fin de semana y la mayoría estaban francos.
Dijo que no tenía conocimiento de las versiones de los padres y madres sobre que los soldados ‘‘amedrantaron y golpearon’’ a los jóvenes que habían acudido a un hospital privado para llevar a uno de sus compañeros heridos y que pidieron infructuosamente ayuda a los militares.
La dependencia también ha guardado silencio sobre una manta que apareció colgada el 31 de octubre pasado en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (cercana al cuartel de la 35 zona militar en Chilpancingo), dirigida al presidente Enrique Peña Nieto –firmada por el grupo delictivo Guerreros unidos–, donde se acusa al teniente Vicente Barbosa y al capitán Miguel Crespo, ‘‘del 27 batallón de infantería’’, de haber participado en la desaparición de los estudiantes.

Jesús Aranda
 Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 3

Insisten expertos de la CIDH en acceder al 27 batallón de infantería


Consideran que esa diligencia es ‘‘clave’’ para esclarecer el caso Ayotzinapa

Desean entrevistar ‘‘directamente’’ a los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los normalistas

En su tercer reporte advierten sobre tortura denunciada por presuntos responsables

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.
Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.
Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR.
En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron ayer en conferencia de prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento.
Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande (Jalisco).
Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.
Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.
‘‘Nos torturaron’’
Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad. ‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.
Beristain agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.
Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, en más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya ‘‘mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques a los seis autobuses y otros vehículos’’.
Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.
Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados’’.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, los expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó en estado de coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’ médica sobre sus posibilidades de recuperación. Esto último sigue pendiente.
En cuanto a la reactivación de las expediciones de búsqueda, informaron que el pasado 5 de mayo se realizó, por la mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos, en la que se acordó reiniciar esas tareas e incorporar a los padres en ellas.
Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará ‘‘hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos’’.
Unificación del expediente
Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y el estado de Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).
Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior, podría perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el riesgo de ‘‘pérdida de evidencia para los acontecimientos conexos”.
Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi’’.


Blanche Petrich
 Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2015, p. 3


La PGR reservó 12 años datos sobre cada implicado en desaparición de normalistas


Rechazó informar dónde fueron detenidos y cuál es su situación jurídica

La información está inmersa en una averiguación previa y no es posible hacerla pública, señala

A pesar de que mediante comunicados y conferencias de prensa la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado a conocer avances de las investigaciones del llamado caso Iguala, la dependencia reservó por 12 años la información acerca del lugar donde fue detenido cada uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, su situación legal y el reclusorio donde están encarcelados.

En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR se negó a proporcionar el número de personas detenidas relacionadas con los ataques, detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula.

Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo con la PGR, han sido aprehendidas 105 personas, entre ellas más de 60 policías municipales; el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como integrantes del cártel Guerreros Unidos, y que éstos están presos en los penales de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México; en el de Matamoros, Tamaulipas, y en el de Tepic, Nayarit.
Se niega a informar sobre los vínculos entre los aprehendidos

Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la institución ministerial rechazó dar a conocer los vínculos que –de acuerdo con la indagatoria– existen entre cada uno de los detenidos.

En su respuesta, la PGR señaló que la Seido comunicó que los datos solicitados se encuentran inmersos en una averiguación previa y, por tanto, tienen el carácter de reservados, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, motivo por el cual no es posible hacerla del conocimiento (público), ni revelarla a un particular bajo ninguna circunstancia, por lo que la información podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 12 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la citada legislación y el artículo 30 de su reglamento.

Agregó que se considerará reservada aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de la averiguación previa, es decir, en el lapso en que se realizan todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de delito, a efecto de ejercer, o no, la acción penal.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respondió al solicitante de la información, mediante el oficio SJAI/DGAJ/01513/2015, que las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación no tienen la calidad de registros públicos ni pueden ser consi-derados como fuente de acceso al público.

En días recientes fue detenido el ex subdirector operativo de la policía municipal de Iguala Francisco Salgado Valladares, uno de los involucrados en el caso, y la información fue difundida oficialmente mediante comunicados de prensa.


Gustavo Castillo García
 Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 6

Existen flancos débiles en la indagatoria, dicen ONG


Falta profundidad a la investigación sobre móviles de la agresión a los jóvenes
Foto

Madres y otros familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, en uno de los actos realizados en el DF en demanda de justiciaFoto María Luisa Severiano /

El tercer informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa permite concluir que las investigaciones gubernamentales sobre la desaparición de los 43 normalistas tienen flancos y aspectos sumamente débiles, dijo ayer el dirigente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

Señaló que al recomendar al Estado mexicano seguir buscando a los jóvenes, la CIDH está diciendo que no encuentra elementos suficientes para afirmar que el paradero último de los estudiantes fue el basurero de Cocula, como informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras, en el segundo día del foro Derechos humanos y antimafia social en América Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), integrantes de la Coordinadora de Egresados en Defensa de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, advirtieron que Ayotzinapa es la punta del iceberg y lastre de lo que pasa en México en los años recientes.

Ernesto Navarrete y Moisés González afirmaron que el ataque en contra de los 43 estudiantes fue un claro mensaje de las autoridades mexicanas: ‘‘desaparecer las normales del país, en especial la de Ayotzinapa’’, ya que no es la primera vez que los alumnos son reprimidos o asesinados.

Por separado, Mario Patrón destacó que el informe no ve factible que la desaparición de los estudiantes se haya dado en respuesta al presunto boicot que efectuarían al informe de la esposa de Jose Luis Abarca, pues los alumnos de la normal llegaron a Iguala cuando dicho acto ya había terminado.

Esto significa que la investigación sobre la desaparición de los jóvenes aún está en ciernes. Tan es así, que las motivaciones y los móviles que explican los hechos no están indagados ni establecidos, apuntó.

Sobre la demanda reiterada de los expertos de la CIDH para que puedan interrogar a militares de Iguala sobre el caso, dijo que si no se les da aceso, el Estado mexicano estaría enviando un mensaje de ocultamiento de información.

Al referirse a la presunta tortura a detenidos por el caso, el activista comentó que sería ‘‘gravísimo’’ que ello hubiera ocurrido, pues se pondría en entredicho la hipótesis de la PGR, misma que se basa en confesiones autoinculpatorias.

Por lo demás, dijo esperar que los informes de la CIDH aporten elementos que ‘‘nos acerquen a la verdad y la justicia’’.


Archivo
Georgina Saldierna y César Arellano
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 4


"Alarman" al Pentágono los hallazgos de fosas en Guerrero


Preocupa al organismo militar de EU la posible 
‘‘complicidad del gobierno’’

‘‘Preguntas alarmantes’’ 
de Northcom sobre matanzas y desapariciones en México

Menciona los casos Tlatlaya y Ayotzinapa;
 suspendida, la asistencia al Batallón 102 del Ejército

Foto

El Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró que existen ‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel de complicidad gubernamental’’ en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado, según documentos oficiales desclasificados y divulgados hoy por el centro de investigaciones independiente National Security Archive.
A la vez, otros documentos oficiales de Northcom desclasificados hoy confirman que el Departamento de Estado –sin aviso público– suspendió la asistencia estadunidense al Batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya, en el estado de México.
Un ‘‘grupo de trabajo sobre derechos humanos’’ de Northcom circuló un informe entre altos oficiales el 15 de octubre de 2014, señalando que las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, ‘‘provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental’’. Agregó que ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.
El informe revela que los militares estadunidenses estaban preocupados por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, sobre todo por el involucramiento de las autoridades policiacas. El documento resume el curso de las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más.
El grupo de trabajo del Comando Norte –con sede en Colorado y encargado de programas del Departamento de Defensa en México, Canadá y Estados Unidos– también abordó la matanza de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado, por integrantes del Batallón 102 del Ejército.
Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había ‘‘mayor aceptación de que los militares’’ estaban involucrados. Más aún, expresó preocupación de que esto podría obstaculizar el otorgamiento de asistencia militar estadunidense en esa región. ‘‘Si (el comandante de la zona militar) es implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10 mil integrantes serán inelegibles para la asistencia de cooperación en seguridad estadunidense’’, advirtió.
Otro documento de Northcom sobre Tlatlaya, fechado el 14 de enero de 2015, indica que el Batallón 102 ‘‘ahora es inelegible para recibir asistencia de Estados Unidos’’.
El National Security Archive comenta que el nivel sin precedente de cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas en años recientes, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos.
‘‘No hay respuestas fáciles a las interrogantes alarmantes provocadas por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México.
‘‘Lo que parece claro es que una estrategia estadunidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década… ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles’’, concluye el organismo.
Los documentos oficiales recién revelados, junto con muchos otros relacionados a estos casos pero anteriormente divulgados, se pueden consultar.


Imagen de la matanza en el municipio mexiquense de TlatlayaFoto Agencia MVT /Archivo
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 5
Nueva York.