30/04/2014

El nuevo alzamiento indígena




En las entrañas de la Huasteca potosina se reconstituye la nación Xi’iuy, que significa indígena, y son conocidos como pames. Un pueblo originario que se creía en proceso de desaparición se ha encontrado consigo mismo.
  Su bandera simboliza esta recreación de su propio orden, en la que se recupera y reinterpreta su historia. Tiene franjas de tres colores: rojo, negro y amarillo. Rojo, porque cuando los Xi’iuy combatieron desnudos contra la invasión española en la guerra chichimeca, se pintaban el cuerpo de ese color. En el centro hay una palma, abajo de ésta una flecha y arriba un rifle. Junto a ellos hay varios cucuruchos, por los primeros frailes.

Esta reconstitución de la nación Xi’iuy, en la que los maestros bilingües han desempeñado un papel relevante, tiene expresas distintas y complementarias nociones: la defensa del carácter colectivo de sus tierras (se niegan a la parcelación) y territorio, la recuperación de sus sistemas normativos, sus instituciones y su lengua, y, también, la formación de sus guardias comunitarias.

Sebastián de la Cruz es indígena Xi’iuy. Vive y trabaja en la comunidad La Nueva Palma. Desde el pasado 16 de febrero es guardia comunitario. Hace unos meses fue arrestado por policías ministeriales sin orden de aprehensión. Primero lo acusaron de un robo que nunca cometió.

 Luego lo extorsionaron. Finalmente lo encarcelaron cinco días, a pesar de ser inocente.

Cometieron con él un atropello y una humillación (Noticieros Televisa, 9/4/14).

Para evitar ser detenidos, los indígenas de La Palma deben pagar una cuota a la policía, e incluso, necesitan empeñar sus herramientas de trabajo. Los que se niegan son golpeados, amenazados y conducidos a las barandillas. Los atropellos son constantes y la justicia nula. Aunque muchos indígenas no hablan español, no hay traductores en el Ministerio Público.
“La policía de San Luis Potosí está infiltrada –me dijo en entrevista Miguel Ángel Guzmán, el profesor y licenciado que los asesora legalmente–, tanto la estatal como la municipal. Trabajan dos turnos: en uno son los buenos, en el otro los malos. Son asaltantes. ¡Extorsionan hasta las tienditas!”

Por si fuera poco, a los Xi’iuy les llueve sobre mojado. A los atropellos policiales que sufren hay que añadir la acción de delincuencia. La situación es muy grave. Desde 2010 son extorsionados también por criminales. Si rechazan pagar o dejar sus tierras, son asesinados. Los homicidios quedan impunes. Los delincuentes se arreglan con los agentes del Ministerio Público sin grandes problemas.

“Muchas bandas y grupos delictivos comenzaron a crecer a la sombra del crimen organizado –explica Miguel Ángel– y empezaron a tomar control de las comunidades; hasta las puertas de estos lugares tan distantes han llegado las extorsiones y las amenazas.”

Las autoridades gubernamentales locales niegan los hechos. No hay denuncias por abusos o actos de extorsión en contra de elementos ni estatales ni municipales, aseguran el comandante en la región de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y el presidente municipal de Tamasopo, Vicente Segura Ortega.

Martín Hernández Martínez es también guardia comunitario de La Nueva Palma. Harto de estar harto, asegura: Ya estamos cansados de tantos abusos. Por eso, para protegerse a sí mismos de la delincuencia, los abusos policiacos y el despojo de sus tierras, 2 mil cabezas de familia acordaron formar sus guardias comunitarias.

Los nuevos encargados de seguridad son 100 personas, nombradas en asamblea, armadas con varas y machetes. El año pasado eran 30. Algunos van embozados. Se proponen cuidar el orden en sus pueblos. Montan guardias y alertan sobre la presencia de extraños. Se han adiestrado para aprender procedimientos de detención. De las autodefensas a las guardias comunitarias es el nombre de su manual de formación que elaboraron. Allí se asienta: La gente noble tiene derecho a portar armas y defender su comunidad.

Propusieron al Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de proyecto de Ley para la Operación de las Guardias Comunitarias en la entidad, con el objetivo de ser reconocidos legalmente y contar con el aval de las autoridades estatales.

Ven en la experiencia de Cherán un modelo a seguir, tanto en términos de justicia comunitaria, como en que la comunidad se rija a partir de sus usos y costumbres. No van a impedir que la policía entre en sus localidades, pero, con el fin de evitar más abusos, exigirán que antes de que se detenga a un miembro del ejido, debe exponerse a la comunidad.

Justifican la formación de sus servicios de seguridad en el artículo 9 de la Constitución estatal. Las guardias comunitarias, asegura Miguel Ángel Guzmán, han existido desde hace mucho y actualmente en las comunidades indígenas hay una figura donde los jueces auxiliares cuentan con colaboradores que son llamados de diferente forma, pero cumplen con esa función.

A raíz de la formación de las policías comunitarias disminuyeron los índices delictivos. La policía limitó su presencia y el Ejército entró a realizar patrullajes regulares. Aunque van con tanquetas, asumen un perfil bajo. Los oficiales dicen: la bronca no es con nosotros, es con las policías.

El surgimiento de autodefensas y guardias comunitarias en el estado no se limita a los municipios de Tamasopo y Rayón. Han hecho su aparición grupos organizados en Ciudad Valles, Tamazunchale (nahuas), Tampamolón y en Aquismón (nación Tenek), donde el comisario ejidal fue nombrado primer comandante.

En febrero de 2013, Víctor Ramírez, dirigente del Frente Campesino de Ciudad Valles, anunció que el ejido Adolfo López Mateos se organizó para hacerse cargo de su vigilancia. No permiten el acceso a personas extrañas a la comunidad y sus pobladores se van relevando.

Como sucede en la Huasteca potosina, hay hartazgo en muchas comunidades indígenas. En más de dos estados, grupos de ciudadanos han tomado la seguridad en sus manos o se disponen a hacerlo. Silencioso o silenciado, hay en marcha un nuevo levantamiento indígena en el país.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

27/04/2014

Denuncian legisladores que Moreno Valle reprime a opositores a gasoducto


Ya encarceló a tres líderes, señalan Roxana Luna y Manuel Bartlett



Foto
Habitantes de comunidades del estado de Morelos durante la conferencia de prensa en que solicitaron cancelar la construcción del gasoducto, en mayo de 
2012Foto Rubicela Morelos Cruz

Andrea Becerril y Roberto Garduño
 Periódico La Jornada
Domingo 27 de abril de 2014, p. 15

El senador del Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett y la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Roxana Luna denunciaron que se ha iniciado una persecución y encarcelamiento de quienes se oponen a la construcción del Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos.

El coordinador de los senadores del PT afirmó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no conforme con poner en riesgo a los pobladores de la región se ha dedicado a perseguir, presionar y encarcelar a los dirigentes sociales que se han manifestado contra el proyecto conocido como gasoducto Morelos.

Detalló que los pasados días 6 y 8, Moreno Valle encarceló a tres dirigentes sociales y ordenó se girarán seis órdenes más de aprehensión. Una de las detenidas es Enedina Rosas Vélez, de 60 años, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco. Su detención ocurrió el pasado 6 de abril y un día después fueron también aprehendidos Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero, éste por proponer al gobierno de Moreno Valle que abriera el diálogo con los inconformes.

El legislador mencionó que Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, ha sido intimidado, ya que a las puertas de su domicilio lo amenazaron sujetos armados, que le exigieron que deje de apoyar los movimientos contra el gasoducto.

Bartlett recalcó que detrás de la persecución y represión están los intereses económicos de Moreno, ya que no sólo impulsa ese gasoducto, sino la concesión de ocho hidroeléctricas, además de concesiones mineras. Comentó que pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una investigación exhaustiva sobre las violaciones a las garantías fundamentales de los opositores al gasoducto.

Roxana Luna, quien también se refirió a la construcción de la carretera Arco Poniente, denunció que la administración de Moreno Valle recurre a silenciamiento contra dirigentes campesinos que se resisten a permitir el paso avasallador del desarrollo sobre el débil equilibrio ecológico de la región.

El gobierno ha construido viaductos, la rueda de la fortuna, el teleférico, la entrada a Cholula con un distribuidor vial, sin importar los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia; le atraen más las obras de relumbrón, que el bienestar de los pueblos y sus costumbres y tradiciones milenarias.

Los dos proyectos que procura Moreno Valle, abundó, cruzarían por una zona estratégica y acabaría con la producción agrícola de Puebla. En esa región se cultivan las hortalizas y legumbres que consumen los habitantes de la capital.

Tan sólo el gasoducto se extendería por 150 kilómetros afectando 70 comunidades de la zona. Y el Arco Poniente son 42 kilómetros, se asentaría sobre 244 hectáreas agrícolas de riego.

“Se ha generado una resistencia muy fuerte en la zona. El gobierno del estado no ha concretado una propuesta alterna. Por ello Moreno Valle impulsó la ley de expropiación, porque requiere concretar sus dos proyectos. Y además ya vienen las 90 concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, donde ocurrirá un ecocidio. Y si además se suman ocho hidroeléctricas se legalizará el despojo en Puebla.

“Y en el estado, lo más lamentable es que no hay contrapeso al gobernador Moreno Valle, quien busca convertirse en el candidato presidencial del PAN, porque todos los partidos –sin excepción– están entregados al gobernador quien dice que será el candidato presidencial del PAN porque frente a él no hay quien”.


Se pronuncian intelectuales contra represión en Puebla y Morelos


Cerca de 80 organizaciones e intelectuales como Noam Chomsky, 
Eduardo Galeano o Michael Löwy, entre otros

Proceso

Alrededor de 80 organizaciones civiles de distintos países, e intelectuales como Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Javier Sicilia, Michael Löwy y John Holloway, entre otros, se pronunciaron contra “las acciones violentas” de los gobiernos de Puebla y Morelos hacia los pueblos campesinos que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

“L@s abajo firmantes denunciamos y repudiamos enérgicamente las acciones violentas de los gobiernos de Puebla y Morelos al intentar acallar encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que con dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación”, subraya el escrito presentado hoy en esta capital.

De acuerdo con el texto, los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Graco Ramírez Garrido, en Morelos, desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas y aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al PIM y al libramiento Poniente.

“Las detenciones se realizaron haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”, apunta el documento.

La oposición a la construcción del Libramiento Poniente y al Proyecto Integral Morelos –que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto–, señala, se debe a que afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como por el alto riesgo que representa el gasoducto.

En su texto, los firmantes denuncian “el autoritarismo y la imposición, por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte (87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica)”.

Prosigue:

“Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas”.

Y acusan al gobierno de Moreno Valle de actuar como promotor de dichos proyectos y de favorecer los intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, “a las cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y ambientales” que podrían provocar.

“Estamos en un momento de sumo peligro, porque estos hechos no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado”.
También mencionan las amenazas en contra de defensores de derechos humanos e integrantes de las agrupaciones de resistencia.

“Con esta represión, los gobiernos intentan producir a través del terrorismo de Estado una parálisis de la resistencia social”.

Y más:

“Lo que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”.

Los firmantes exigen la liberación de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas; de Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos, y de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.

También piden que cesen las intimidaciones en contra del comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia; el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés; el estudiante de sociología, Alberto Melchor Montero, y el abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.

“Responsabilizamos a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Rafael Moreno Valle, Graco Ramírez y Mariano González de cualquier agresión física y emocional a defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos organizados para defender su territorio y su vida ante la imposición de ‘proyectos de muerte’. Exigimos a dichos gobiernos la cancelación de órdenes de aprehensión existentes contra activistas sociales”, remata el escrito firmado por 90 intelectuales y 80 organizaciones civiles de México, Estados Unidos, Francia, Italia, Uruguay, Argentina, Venezuela, Canadá, Ecuador, Bolivia, España, Guatemala, Austria, Costa Rica, Alemania y Colombia.

Por separado, agrupaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y de movimientos sociales anunciaron este jueves la formación de un frente común para exigir al gobierno de Puebla que cese la represión.

Entre las agrupaciones que se integraron en este frente destacan: Tetela Hacia el Futuro, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Tiyat-Tlali, Consejo Democrático Magisterial Poblano, Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, Asamblea Social del Agua, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, y la coordinación de la Pastoral de Migrantes en la Arquidiócesis de Puebla.


25/04/2014

La tortura y la impunidad en Morelos generalizan la violación a derechos humanos





Cuernavaca, Morelos, 22 de abril de 2014.
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura
Presente.
En Morelos la tortura se ha generalizado por parte de las corporaciones policiacas y el Ejército en la detención de presuntos integrantes de bandas delictivas para obtener información sobre actividades que presuntamente cometieron, y se ha generalizado el uso de la tortura por parte de perpetradores desconocidos que utilizan toda clase de métodos, cual más brutales, para causar severos daños físicos y dolor a personas que posteriormente privan de la vida y arrojan sus cuerpos en lugares públicos o los entierran en fosas clandestinas. No hay informes oficiales sobre investigación de casos de tortura ni sanción a quienes cometen este grave delito, lo que garantiza que quienes los cometen actúen con total impunidad, por lo que no hay medidas que inhiban, investiguen y sancionen la tortura cometida por policías o por particulares, lo que tiende a generalizar las violaciones a los derechos humanos en Morelos.
Algunos de los casos que hemos documentado de tortura en Morelos o que han sido denunciados públicamente son los siguientes:

Hemos recibido una solicitud de intervención ante la detención arbitraria, las vejaciones, malos tratos, detención arbitraria y tortura, así como violaciones al debido proceso de los ciudadanos ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y JUAN CARLOS LUNA RAMIREZ por parte de elementos de la Policía Federal preventiva, de acuerdo a los siguientes testimonios:
“Siendo el día 3 de septiembre de 2012 fui a trabajar como a las 10 de la mañana al taller de herrería del sr. Carlos ubicado en la colonia prohogar en la calle Vicente Guerrero, al llegar a la calle mencionada observe que se encontraba un taxi estacionado en frente del taller había dos personas en el interior de una de ellas leía periódico y el otro se me quedo viendo. Yo fui hacia la puerta principal y toque, luego abrió la puerta el sr. Carlos, lo salude y me saludo, le comente que había un taxi afuera, me dijo pásate. Yo note que el sr. Carlos estaba asustado, ya en el interior me dijo que fuera arreglando la herramienta y la planta de soldar y me dijo que ya había pedido material a perfiaceros que más tarde lo iban a traer, pase al taller y vi que había una persona parada junto al pozo de agua, usaba una playera blanca, pantalón negro con bolsas, botas negras, tenía el pelo corto, yo lo salude pero no me contestó. También observe que en el búngalo había otra persona pero solo vi sus piernas pues estaba sentado vestía pantalón de mezclilla y botas negras. Me puse a arreglar la herramienta y la planta de soldar, siendo como las 12:00 el sr. Carlos le entrego unos platos de comida al sr. que estaba en el pozo esta persona le dijo al sr. Carlos algo que no alcance a escuchar y el sr. Carlos agacho la cabeza. Después me preguntó que si ya había almorzado y le dije que ya que gracias.
Siendo como las 2:00 de la tarde los señores que estaban ahí salieron corriendo subiendo por las escaleras de aluminio hacia la azotea al poco tiempo se escuchó que golpeaban el portón muy fuerte se empezaron a brincar hombres encapuchados y armados yo me asuste y levante las manos, en ese momento me tiraron al piso y me empezaron a golpear y a patear, me preguntaban donde estaban los demás yo les contestaba que quienes y me decían no te hagas pendejo me cubrieron la cabeza con mi playera y me sacaron a la calle me subieron a una camioneta, ahí en la camioneta me empezaron a dar toques en las piernas y en los pies y se subían encima de mi decían que eran de la maña que ya me había cargado la chingada, después escuche que golpeaban al sr. Carlos y lo oí que gritaba, me seguían preguntando donde estaban los demás, yo les decía que no sabía y me volvieron a bajar de la camioneta me llevaron al taller me tiraron al piso y me decían tienes sed ahorita te vamos a dar agua para que hables, me pusieron la camina sobre la cara y entre varios me sostuvieron y me empezaron a echar agua en la nariz y boca y me golpeaban el estómago…”
Los elementos de la Policía Federal Preventiva que detuvieron y torturaron a ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y JUAN CARLOS LUNA RAMIREZ, los condujeron a las instalaciones de la PFP ubicadas en Cuernavaca y posteriormente los remitieron a la SIEDO, acusados de una serie de secuestros, actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social de Guadalajara Occidente Número 2, Puente Grande, Jalisco.
Los familiares de estas personas han presentado sendas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y ante la CNDH, ante quienes han solicitado la aplicación del Protocolo de Estambul para determinar que las confesiones fueron obtenidas mediante la aplicación de torturas por parte de elementos policíacos Todo ello de acuerdo a lo establecido en diferentes instrumentos del derecho humanitario internacional, vigentes en México.
POR TODO LO ANTERIOR:
Solicitamos la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se salvaguarden los derechos de ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y JUAN CARLOS LUNA RAMIREZ a un debido proceso y no se violen sus derechos humanos mediante el uso de la tortura, la detención arbitraria y la fabricación de culpables.
Familiares del joven Miguel Angel Eslava Ortiz, de 24 años de edad, con domicilio en Yautepec, Morelos, solicitaron la intervención de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, por la detención arbitraria y la tortura que sufrió el 26 de junio de 2013 por parte de elementos de la policía Estatal y acreditable del Mando único de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, de acuerdo al siguiente testimonio: “Mi hijo fue detenido en nuestro domicilio –dice su mamá- no en la calle, como dicen las autoridades. Como a las 19:30 horas llegaron 6 patrullas estatales, acreditables y una municipal, con 15 o 20 policías encapuchados y armados, que rodearon la casa y se metieron sin orden legal alguna, hasta la recámara donde estaba descansando, lo encañonaron y a golpes lo subieron a la camioneta. Estábamos viendo la televisión –dice su esposa- cuando los encapuchados entraron a la recámara y le dijeron que se callara y nos aventaron a un lado. Cuando lo sacaron del cuarto no encontraron nada, ni una arma, ni un cartucho, nada de fusiles. El estaba sin nada de lo que dicen que le encontraron. Estaba vestido con una playera, un short azul tipo bermuda y tenis sin calcetines, por lo que no tenía ninguna arma con él ni sacaron de la casa nada, sólo se lo llevaron a él. Salimos corriendo y ya no lo alcanzamos porque las patrullas arrancaron a toda velocidad, cuando ya muchos vecinos estaban mirando en el cruce de la Avenida Solidaridad y Camino Viejo. Ellos se dieron cuenta del abuso policiaco y luego firmaron una carta donde denuncian este atropello que provocó indignación por la prepotencia y arbitrariedad de las corporaciones policiacas. De ahí se lo llevaron sin que supiéramos donde, lo buscamos hasta localizarlo en la SEIDO, luego de que lo tuvieron en la PGR en Cuernavaca. Ahí nos dijo que cuando lo sacaron de la casa le habían pegado en el cuerpo y en los testículos, le arrojaban agua y lo mantuvieron hincado durante horas, lo insultaban para que firmara aceptando que él tenía armas en su poder, pero él se negó a firmar y entonces lo amenazaron con dañar a sus familiares, a su mamá y hasta violar a su esposa, pero él se negó a firmar y entonces se lo llevaron hasta el CFEREPSO de Puente Grande en El Salto, Jalisco. Es falso que él estuviera con un vehículo lleno de armas en Jiutepec. El había estado en el domicilio descansando porque había ido a una fiesta en Tlayacapan un día antes y estaba desvelado. Los vecinos se dieron cuenta de cómo entraron los policías brincándose la barda, forzando los accesos y allanaban el domicilio sin orden legal alguna.”
Se presentó una solicitud de intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con fecha 28 de junio, que se amplió el 8 de julio y se envió a la CNDH donde quedó radicada con el número de folio 71344 en la Segunda Visitaduría de la Dirección Tercera.
Actualmente se encuentra sujeto a proceso en el expediente 203/2013-4 por los delitos de portación de arma de fuego, acopio de arma y posesión de cartuchos.
Por todo lo anterior, y con base en lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y del Protocolo de Estambul, solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
a) Proceda a integrar la queja por las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del C. Miguel Angel Eslava Ortíz.
b) Que en consecuencia del primer punto, solicite el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre el tiempo, lugar y modo de la detención del C. Miguel Angel Eslava Ortíz.
c) En el mismo sentido, solicite el informe justificado de la policía municipal de Yautepec.
d) Que ante el papel de la PGR y la SEIDO, como autoridades federales, se solicite a la CNDH que tome las medidas pertinentes con el fin de que se practiquen las diligencias correspondientes establecidas en el Protocolo de Estambul para determinar lo conducente a la tortura cometida en su contra.
Cuernavaca, Morelos, 9 de julio de 2013
CASOS DOCUMENTADOS DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y NACIONALES
3.- Tortura a manos de policías en Morelos, fue un 'crimen de estado': miembro Frente de Pueblos  http://lajor.mx/19xofID  
El afectado anunció que acudirá ante organismos de derechos humanos para que el gobernador Graco Luis Ramírez, su secretario de gobierno, Jorge Messeguer, y la titular de Seguridad Pública, Alicia Vázquez, sean juzgados por este delito.
  
4.- Indagan tortura contra policías que mataron a escoltas en Morelos
CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) inició una queja por posibles actos de tortura cometidos contra los policías preventivos detenidos y acusados de dar muerte a tres escoltas del titular de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ), Rodrigo Dorantes, el pasado viernes 8 en esta ciudad. Se abrieron dos quejas por los hechos acontecidos la media noche del pasado viernes, cuando elementos estatales persiguieron dos camionetas en una de las cuales viajaba el procurador Rodrigo Dorantes, junto con sus escoltas. La persecución terminó en un enfrentamiento, en el que perdieron la vida tres escoltas del procurador Dorantes.
La queja de tortura, fue presentada por un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien dijo ser compañero de los preventivos detenidos y acusados de los presuntos delitos de homicidio, intento de homicidio, lesiones y abuso de autoridad. En la relatoría, que quedó registrada en la queja 061/2013-1, el policía asegura que sus compañeros fueron sujetos a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. “Los compañeros fueron pasados en fila india entre policías ministeriales. Los patearon y torturaron”, refirió un policía que pidió el anonimato. Al gobernador Graco Ramírez le dieron un término de cinco días naturales para que entregue a la CDHE un informe oficial de las detenciones. Además, ordenó a la PGJE adoptar medidas precautorias para evitar actos de tortura, y salvaguardar la integridad física y psicológica de los detenidos involucrados en los hechos. La otra queja 064/2013-5, corresponde a los familiares de los policías ministeriales muertos.

5.- Encuentran tres cuerpos torturados en Morelos.
Cuernavaca, Mor.- Al menos tres personas perdieron la vida la noche y madrugada este fin de semana, en diferentes puntos de la entidad. Las víctimas estaban atadas de pies y manos, además tenían la cabeza cubierta con cinta metálica y un tiro de gracia en la cabeza. Las primeras dos personas aparecieron ejecutadas en la cajuela de un auto de lujo nuevo, que fue abandonado en el kilómetro cinco de la autopista La Pera-Cuautla. El auto se encontraba a uno 50 metros de la autopista en una vereda que cruza la reserva ecológica. Los occisos fueron identificados como Erasmo Pineda Pineda, de 42 años y Bonifacio Salgado Bermudez de 41, el primero dedicado a la venta autos y originario de Cuernavaca, el segundo campesino y vecino del estado de Guerrero. El último cadáver apareció en el límite del ejido de Yautepec y Cuautla, sobre una terracería, sin que hasta el momento haya sido identificado.
  
6.- Denuncia tortura por el Mando Único, padre del bebé robado en Yautepec
Diego Soto/Quadratín Morelos 06/febrero/2014 15:21 Diego Soto/Quadratín Morelos -A A + YAUTEPEC, Mor., 06 de febrero de 2014.- Tras la declaración que emitió Miguel Angel Galván García, padre del bebé sustraído del motel Los Girasoles, en el municipio de Yautepec, aseguró que presentará una denuncia formal en contra de los elementos de seguridad que lo acusaron junto con su esposa, Yajaira Vera, de tráfico de menores. Además de que confesó haber sido golpeado y torturado por más de 20 minutos por cinco elementos del Mando Único y policía preventiva.
El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia Quadratín en la siguiente dirección: http://morelos.quadratin.com.mx/Denuncia-tortura-por-el-Mando-Unico-padre-del-bebe-robado-en-Yautepec/ Éste contenido se encuentra protegido por la Ley. Si lo cita, por favor diga la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2014.
7.- Fiscal de Morelos niega muerte de reo por policías
Justino Miranda | El Universal
21:05 CUERNAVACA, Mor | Jueves 09 de enero de 2014  
El procurador morelense rechazó que policías ministeriales causaran la muerte del reo recapturaron, tras escaparse el 2 de enero. El fiscal morelense Rodrigo Dorantes Salgado negó que policías ministeriales hayan sido responsables de la tortura y muerte de Hilario Montaño Montes , uno de los cuatro presos evadidos la noche del 2 de enero y recapturado 20 horas después cuando pretendía refugiarse en la casa de un familiar, en el municipio de Jojutla , al sur del estado. Dorantes Salgado apresuró la declaración porque la tarde del martes internos del penal de Atlacholoaya, donde fue reingresado el convicto tras su fuga de ese mismo centro penitenciario, comunicaron a los familiares de Montaño Montes que éste había sido sacado del lugar para llevarlo a un centro de salud, debido a la gravedad que presentaba por los golpes contundentes que habría recibido durante su reaprehensión. El preso fue encontrado sin vida la mañana del miércoles en el baño de su celda, y de acuerdo con el fiscal, el fallecimiento de Montaño Montes fue por "asfixia por estrangulamiento armada" (ahorcamiento), y agregó que los avances de la investigación establecen que el hombre murió dentro de la celda en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos. Durante su reaprehensión, Montes Montaño declaró ante el Ministerio Público que la fuga de los cuatro internos fue planeada desde hace seis meses y para ello se ganaron la "confianza" del custodio del dormitorio número cuatro mediante regalos, dinero y diversos artículos. El custodio, según la versión de las autoridades penitenciarias, fue sometido por los evadidos y así lograron traspasar dos mallas ciclónicas, y con la ayuda de una escalera de siete metros de altura, libraron una barda perimetral y después descendieron al exterior con una cuerda, elaborada con sábanas. La huida se registró a escasos metro y medio de una torre de vigilancia, declaró en su momento el Coordinador de la Unidad de Reinserción Social en Morelos, Jesús Valencia Valencia.

8.- Encuentran restos de un hombre en Morelos
Por (EL UNIVERSAL) 14 DE MARZO DE 2014 09:21 P. M. Las investigaciones preliminares de la Policía Ministerial arrojaron que el tronco del hombre tiene sellos de tortura y sus restos fueron arrojados en el acceso principal de un panteón.
CUERNAVACA.- La Policía Ministerial del estado enfrenta dificultades para identificar a un hombre cuya cabeza le fue cercenada por sus victimarios. Al cuerpo humano, encontrado a la entrada del panteón del poblado de Cocoyoc, municipio de Yautepec, también le faltan los brazos y piernas. Las investigaciones preliminares de la Policía Ministerial arrojaron que el tronco del hombre tiene sellos de tortura y sus restos fueron arrojados en el acceso principal del panteón de la colonia Centro de ese poblado, situado al norte del estado. Bajo esas condiciones, la víctima es considerada por las autoridades como desconocida en el Servicio Médico Forense de la fiscalía estatal. El cuerpo cercenado fue descubierto por habitantes de la calle Sor Juana Inés de la Cruz quienes solicitaron el auxilio de las autoridades, debido a que el cuerpo carecía de la cabeza y estaba envuelto en una camisa color negra. Peritos en criminalística realizaron la búsqueda de los miembros de la víctima pero no encontraron nada.

9.- Son 18 cuerpos (con huellas de tortura) hallados en fosas de Morelos: Procuraduría
REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM. Los 18 cuerpos encontrados son del sexo masculino con edades de los 30 a los 60 años de edad y todos presentan huellas de tortura. "Hasta ahorita son 18, 12 de la investigación que trae la PGR y 6 de nosotros que estamos investigando aquí en el municipio de Amacuzac", explicó el procurador Rodrigo Dorantes Salgado. México.- Fueron hallados 18 cuerpos en dos entierros clandestinos en los municipios de Emiliano Zapata y Amacuzac, Morelos, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. "Hasta ahorita son 18, 12 de la investigación que trae la PGR y 6 de nosotros que estamos investigando aquí en el municipio de Amacuzac", explicó el procurador Rodrigo Dorantes Salgado. Explicó que en el municipio de Emiliano Zapata se encontró un entierro clandestino dentro de una casa de la comunidad de Tezoyuca luego de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR). "En Emiliano Zapata se logró el descubrimiento de osamentas que de acuerdo al cronotanatodiagnóstico nos dicen que estos cuerpos tenían aproximadamente dos años de haber sido sepultados", dijo Alicia Vázquez Luna, Secretaria de Seguridad Pública de Morelos. Agregó que la segunda fosa fue descubierta por campesinos del municipio de Amacuzac. "Son seis cadáveres del sexo masculino que se encontraron allá en el lugar conocido como Ahuacatitla paraje de Huajintlán en el municipio de Amacuzac que colinda con el estado de Guerrero", señaló Dorantes Salgado. Explicó que los 18 cuerpos encontrados son del sexo masculino con edades de los 30 a los 60 años de edad y todos presentan huellas de tortura. Asimismo, indicó que hasta el momento se han identificado los restos de dos personas que eran originarias del municipio de Amacuzac.

10.- Casos de tortura en Morelos 2014.  
27/2/2014 Cuernavaca El cuerpo maniatado de un hombre no identificado fue encontrado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del municipio de Xochitepec, a un costado de la cantina denomindad “Bar Mi Lindo Guerrero”.
27/2/2014 Jojutla El cuerpo de un hombre no identificado fue encontrado en el río Amacuzac, a la altura de la comunidad de Río Seco. Presentaba una herida de arma de fuego.
27/2/2014 Xochitepec El cuerpo maniatado de un hombre no identificado fue encontrado en la colonia Valle Dorado, del poblado de Alpuyeca. Presentaba una lesión ocasionada con un objeto punzocortante.
17-04-2014. Cuernavaca.   Encobijado de blanco, a unos 20 metros de la Secundaria Técnica número 23, privada Salvador Montiel, colonia Antonio Barona, fue hallado por un taxista el cuerpo muerto de un joven hombre desconocido, de unos 17-20 años. La víctima presentaba huellas de tortura, estaba atada de pies y manos, y tenía un listón alrededor del cuello. Era de complexión delgada, tez morena, cabello corto y vestía una chamarra azul y un pantalón de mezclilla azul.  
17-04-2014. Miacatlán. En un terreno baldío fue abandonado el cuerpo de Leonel Ocampo Bustamante, “El Burro”, de 40 años, a orillas de la carretera Alpuyeca-Grutas, a la altura del poblado de Xochicalco. La víctima tenía antecedentes penales por robo de vehículo y abigeato; su cadáver presentaba heridas de arma blanca en cuello y abdomen, así como huellas haber sido asfixiado por estrangulamiento.  
15-04-2014. Amacuzac. Bajo un árbol de guamúchil, en la autopista México-Acapulco, en el kilómetro 15.400 a la altura de Cazahuatlán, fue hallado un cadáver masculino, de unos 40 años. El cuerpo estaba maniatado, con signos de tortura y presentaba tiro de gracia; tenía vendados los ojos con su propia camisa.
16-04-2014. Miacatlán. El cadáver de un hombre desconocido fue encontrado en un camino vecinal entre cultivos de maíz. La víctima presentaba una herida de bala en la cabeza y tenía las manos atadas.
30-03-2014. Cuernavaca.- sujetos desconocidos llevaron a su víctima a E. Zapata para masacrarlo a golpes. Además lo dejaron desnudo y se desangró tras recibir tres heridas por arma blanca en el cuello.
29-03-2014. CUERNAVACA, MORELOS.- Un hombre fue estrangulado con un lazo, así como amarrado de pies y manos, presuntamente durante un robo a su casa ubicada en la colonia Vista Hermosa.
La víctima es Carlos Simón Cortés, de 60 años.
24-03-2014. Este lunes al medio día, lugareños del municipio de Jojutla descubrieron el cadáver de un hombre tirado en la carretera Jojutla-Puente de Ixtla, en la colonia Los Pinos de la comunidad de Chisco, en el municipio de Jojutla, mismo que se dijo, tenía huellas evidentes de tortura.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE CASOS ATENDIDOS:

Antecedentes. Casos paradigmáticos recibidos por la CIDHM en 2009:
  Dos jóvenes de Cuernavaca detenidos arbitrariamente y torturados por el Ejército
La Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos, A.C. recibió la queja presentada por los jóvenes SILVERIO IVAN JAIMES FILIO y JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ, de 22 años y 23 años de edad respectivamente, por la DETENCIÓN ARBITRARIA, CONFINAMIENTO EN INSTALACIONES MILITARES, TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACIÓN SEXUAL, AMENAZAS CONTRA FAMILIARES SI LOS DENUNCIABAN Y ROBO DE SUS PERTENENCIAS, por lo que presentaron formal denuncia ante la procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, turno Sector central-Juicios orales, quedando iniciada la Carpeta de Investigación SC01/6398/2009, de acuerdo a los siguientes testimonios:
“El día de ayer 14 agosto de 2009, siendo aproximadamente las veintidós horas con treinta minutos llegamos junto con mi primo JORGE RAUL JAIMES JIMENEZ al semáforo que se encuentra sobre la avenida Cuahunahuac, a la altura del estacionamiento del centro comercial Chedraui donde nos paramos en el semáforo en nuestro vehículo marca Nissan tipo Tsuru y al ver a unas personas nos insultaron y nos empezamos a palabrear, cuando de repente llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habíamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar, cortando cartucho a sus armas, que nos iban a llevar a Filo de Caballo y que nos iban a dejar colgados boca abajo y que si sabíamos nadar y bucear porque nos iban a aventar al agua, y que si decíamos que pertenecían al Ejército que ya tenían nuestros datos, domicilio de nuestras casas y que iban a tomar represalias contra nuestra familia.
Desde el principio nos empezaron a preguntar y querían a fuerza el nombre de alguien que vendiera droga, que nosotros sabíamos y que les dijéramos, que ellos sabían que nosotros teníamos antecedentes penales de robo de auto y de casa-habitación y que vendíamos drogas. Para ese momento ya nos había separado a mi primo y a mí en distintos lugares y yo escuchaba los quejidos de mi primo, y cuando entraban unos camiones nos decían que guardáramos silencio o nos iba a ir peor. Creo que estábamos en las instalaciones del Campo Militar. Nos golpeaban en todo el cuerpo causándonos lesiones, nos quitaron los zapatos. A mí me quitaron mi playera y con esa misma me taparon la cara y si hacíamos un movimiento nos pegaban. Amenazaban con violarnos diciendo que nos iban a llevar con un negro bien grandote y nos pegaba con la rodilla en la espalda y también con una tabla, cortaban cartucho y nos dijeron que nos iban a aplicar descargas eléctricas en las manos y en las ingles. Y que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares.
Nos quitaron todas nuestras pertenencias: cuatro mil pesos en efectivo, teléfono celular marca motorola, nextel número 2741638, licencia de chofer, CURP, credencial de elector, así como documentos de la UAEM pertenecientes a mi hermano JOSE ANTONIO GUADARRAMA JAIMES. Después de que no lograron que les dijéramos que teníamos culpa alguna y después de amenazarnos, nos subieron al camión y nos fueron a dejar a un paraje de Monte Casino en el bosque rumbo a Huitzilac, diciéndonos que ahí era Filo de Caballos, nos bajaron del camión a punta de golpes y cubiertos de la cara y nos dejaron en nuestro auto con las llaves escondidas en el asiento de atrás. De ahí nos fuimos a presentar la denuncia a la Procuraduría como a la 1:30 de la madrugada”, narró a esta Comisión Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años de edad, casado, empleado y con domicilio en la colonia Flores Magón de Cuernavaca.
Por su parte, Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23 años, casado, empleado y vecino de la colonia Flores Magón, narró lo siguiente:
“Cuando viajábamos con mi primo Silverio Iván a comprar a Chedraui en el auto nos paramos en el semáforo y cuatro personas del sexo masculino vestidos de civiles que cruzaban la calle nos hicieron señas de pararnos totalmente y se nos dejaron ir a golpes y nos tiran al suelo, cuando llegó una camioneta con el logo de la PFP y bajaron cinco personas y nos levantaron y quitaron identificaciones, y como al minuto y medio llegó un camión Dina en el que iban a bordo militares y nos subieron, quitándome mi licencia de conducir y mil doscientos pesos en efectivo.
En el transcurso del camino nos empiezan a golpear, se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en las espaldas de mi primo y en la mía y nos daban de patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que no sabíamos en la que nos habíamos metido, que a los militares no los puede uno voltear a ver, y que eso era el principio y que llegando nos iba a cargar la chingada, y que había unos “negrotes” que nos iban a violar y que un tipo nos iba a dar toques en donde sentíamos más sensibilidad en las uñas y las manos o los pies. Al llegar a la 24a. Zona Militar bajaron a mi primo y lo comenzaron a golpear, nos decían que nos iban a ahogar, preguntando si queríamos aprender a nadar o bucear, que nos iban a tirar en la barranca y que ojalá nos encontraran nuestros familiares antes que los perros. Nos bajaron del camión y nos volvieron a golpear. Nos dejaron sobre la carretera federal con dirección a la Ciudad de México, por Montecasino, y dejaron el vehículo a un lado”.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DETENCIÓN ARBITRARIA.
El ataque a la libertad personal está claramente prohibido por los artículos 14, 5, 17, 20 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9, 11 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 7, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La detención sin orden de aprehensión, como lo establece el artículo 16 de la Constitución, también se tipifica como delito de Detención-Desaparición, considerado como de lesa humanidad, por lo que las referencias de los militares a los métodos de “bucear” recuerda claramente los métodos de la “guerra sucia” de los años 70s cuando fueron desaparecidos cientos de personas sobre todo en el estado de Guerrero.
CONFINAMIENTO DE CIVILES EN INSTALACIONES MILITARES.
Ningún civil puede ser detenido y confinado en instalaciones militares de acuerdo a lo establecido en la Constitución mexicana.  
TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA.
Nadie puede ser sometido a penas ni tratos crueles. inhumanos e infamantes, de acuerdo a la ley para Prevenir y Sancionar la Tortura tanto estatal como federal.
AMENAZAS DE MUERTE Y DE VIOLACIÓN SEXUAL. REPRESALIAS CONTRA FAMILIARES Y ROBO.
Todos estos elementos están claramente tipificados en la Constitución, en los Códigos penales y de procedimientos. Ante esta grave situación que ha sido legalmente denunciada ante la PGJ, demandamos: Primero: Investigación imparcial, profesional, apegada a derecho, inmediata y expedita, por parte de la PGJ del Estado de Morelos. La PGJ de Morelos tiene ante sí la posibilidad de culminar un proceso a través de la integración adecuada de la carpeta de investigación SC01/6398/2009 y llamar a comparecer como presuntos responsables a los elementos militares del camión Dina 1004276.
Segundo: La aplicación de medidas cautelares de protección para garantizar plenamente la integridad personal (artículos 19 y 22 de la Constitución) de Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez y de sus familiares, por parte de la PGJ y de las instancias estatal y federal de defensa de los derechos humanos no jurisdiccionales (Comisión estatal y CNDH).
Tercero: El inmediato retiro del Ejército Federal mexicano a sus cuarteles para respetar lo establecido en el artículo 129 de la Constitución.
SITUACIÓN ACTUAL
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Actualmente se ha creado una Coordinación Estatal de Seguridad Pública que ha establecido operativos de detención de jóvenes que transitan en motocicletas, y se han multiplicado las denuncias por abusos, malos tratos y golpes, torturas y detenciones arbitrarias. Esta lógica de militarización y estado policiaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social. En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos y torturas, cuyas quejas han sido presentadas ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia.
Atentamente.
Juliana G. Quintanilla, José Martínez Cruz,
Marco Aurelio Palma Apodaca, Paloma Estrada Muñoz
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


En total impunidad, operan redes de trata en el centro de Tijuana

LA OTRA RUTA MIGRATORIA


   A “La Coahuila” llegan mujeres traídas del centro y sur del país
Reportaje - 


Imagen retomada del sitio fronterasurdemexico.com
Por: Lizbeth Ortiz Acevedo, enviada

Cimacnoticias | Tijuana.- 



Redes de trata en esta ciudad de Baja California (BC) “enganchan” a mujeres y niñas provenientes de otros estados del país para llevarlas a la zona conocida como “La Coahuila”, donde la explotación sexual prolifera en decenas de burdeles al amparo de las autoridades.
En entrevista con Cimacnoticias, Dolores París Pombo, profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo que estas mujeres y niñas provienen de comunidades del centro y sur del país y no cuentan con apoyo de sus familias, además de que muchas de ellas fueron violentadas sexualmente en el núcleo familiar, por lo que crecen con poca autoestima y se vuelven blanco fácil del “chantaje emocional de sus explotadores”.
Así que son sus mismos familiares quienes las “enganchan” en sus pueblos, las trasladan pagando los sobornos necesarios para llegar hasta Tijuana, y una vez ahí comienza la explotación sexual.
Según el “Reporte final: Investigando el contexto social de la trata sexual y la vulnerabilidad al VIH a lo largo de la frontera México-EU”, coordinado por Shira Goldenberg, de la Universidad de California en San Diego, y publicado por el Colef, el 80 por ciento de las víctimas de trata sexual son mujeres y cada año 100 mil víctimas llegan del sur y centro de México para ser traficadas en la frontera con fines sexuales.
En el mismo documento se detalla que en EU el 41 por ciento de las mujeres víctimas de trata sexual en 2007 eran de origen latinoamericano. Se advierte que Tijuana es considerado un “destino popular para el turismo sexual infantil”.
En un testimonio, una mujer víctima de trata recuerda que fue violentada sexualmente a los 11 años de edad, lo que le provocó un trauma. Luego fue prostituida a los 13 años.
París Pombo señaló que son pocos los casos de trata de personas con fines de explotación sexual que llegan a los juzgados, y que los únicos que llegan ante un juez son los denunciados entre integrantes de una misma familia, es decir cuando se acusa al tío o al primo, pero las grandes organizaciones trasnacionales que trafican con mujeres y niñas permanecen intocables.
La investigadora alertó que según algunos estudios académicos, en los bares de la “zona roja” de Tijuana ya se ofrecen abiertamente niñas y niños con fines de explotación sexual comercial.
“ASÍ HAN MATADO A MUCHAS”
“La Coahuila” es visitada por algunos de los 19 millones de turistas que llegan cada año a Tijuana. Ubicada en pleno centro de la ciudad, consta de no más de 10 cuadras; tiene un callejón principal con escasos 20 metros que separan una acera de otra y está plagado de bares.
En un recorrido se pudo constatar que la zona opera las 24 horas del día y a simple vista hay mujeres jóvenes en las afueras de estos lugares. Sin embargo, al salir del callejón principal se observan mujeres con rasgos indígenas, morenas, de menor estatura y no se ubican frente a ningún bar, sino que están formadas para luego ser prostituidas en los hoteles cercanos.
Por la calle caminan supuestos vendedores ambulantes que ofrecen
droga a los transeúntes. Uno de ellos, que pidió se resguardara su identidad, dijo que los hombres pagan entre 70 y 80 dólares (entre 900 y poco más de mil pesos mexicanos) para tener relaciones sexuales con las jóvenes.
El sujeto contó que hay “clientes” que llegan a pagar a los bares hasta 150 dólares (cerca de 2 mil pesos mexicanos) para sacar a las mujeres o adolescentes del lugar y llevárselas por algunas horas a otro lado. “Así han matado a muchas”, reconoció.
“La Coahuila” es visitada a diario por “muchos” norteamericanos, pero también por hombres de origen asiático y los oriundos de Tijuana, quienes ya conocen el movimiento en la zona, agregó.
Sobre las niñas y adolescentes en condición de explotación sexual,  el supuesto vendedor ambulante detalló que las de 13 o 14 años están “bien escondidas” en los establecimientos, y los “clientes” pagan hasta el doble de la tarifa.
Esta agencia intentó platicar con alguna de ellas, pero ninguna aceptó ante el temor de alguna represalia por parte de sus explotadores.
Al respecto, la profesora Dolores París Pombo señaló que estas mujeres son chantajeadas de diversas formas para obligarlas a permanecer en el comercio sexual. Por ejemplo si tienen hijos, los proxenetas los mantienen como rehenes.

23/04/2014

Gobernador de Guerrero impide labor de reportera Brenda Escobar


NACIONAL
   Sus escoltas la agreden para evitar cuestionamientos

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

La reportera Brenda Escobar, corresponsal en Zihuatanejo, Guerrero, del diario El Sur, denunció que “a golpes y apretones” personal de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero impidió que se acercara a realizar su trabajo y grabar la entrevista colectiva que el mandatario estatal daba a los medios de comunicación.

En una carta publicada en ese diario, Escobar informó que ayer lunes 21 de abril cubría la gira de trabajo del gobernador de Guerrero por el municipio de Petatlán, azotado por el sismo de 7.2 grados Richter ocurrido el pasado viernes.

La reportera advirtió que cuando intentó obtener una declaración de Aguirre Rivero, sin justificación alguna los escoltas le impidieron que se acercara.

Brenda Escobar dijo que le pidió a Armando Añorve, secretario particular del mandatario local, que diera la autorización para que pudiera cruzar el cerco de los guaruras, pero el funcionario le contestó que ya lo estaban entrevistando y luego agregó: “No, tú no”.

La comunicadora apuntó que estuvo insistiendo en que la dejaran cruzar el cerco de seguridad durante el tiempo en que Ángel Aguirre habló con un grupo de mujeres inconformes porque éste no recorrió las casas afectadas por el sismo, y en el momento en que las y los reporteros le hacían preguntas sobre su cumpleaños.

En respuesta, los escoltas la apretujaron “hasta sofocarla” y uno de ellos le dio un golpe con el codo en el estómago, según narró Escobar.

“Sólo quiero dejar constancia señor director (del diario El Sur), que lo único que pretendía era cumplir con mi trabajo, que era conocer la opinión del gobernador sobre temas de interés para los lectores, pero lamentablemente no me fue posible porque sus escoltas me lo impidieron a golpes y apretujones”, explicó.

La reportera envió la misiva a Juan Angulo Osorio, director general del periódico, para manifestar lo sucedido e informar que hoy el gobernador tendría una gira de trabajo en el puerto de Zihuatanejo. “Honestamente tengo temor de que al tratar nuevamente de entrevistarlo, me vaya igual o peor”, alertó.

Por su parte, Angulo Osorio respaldó a la comunicadora y dijo que era justificado el temor de ser nuevamente agredida, ya que el gobernador no fue ajeno a la agresión, pues observó y escuchó los gritos de Brenda Escobar.

El periodista criticó que Aguirre Rivero estuviera ausente durante tres días críticos para miles de guerrerenses de la Costa Grande afectados por el sismo del viernes pasado, y señaló que ahora que reaparecía buscaba impedir que se le hicieran preguntas al respecto, por lo que prefirió que otros colegas le preguntaran sobre su cumpleaños.

“Desde hoy los reporteros de El Sur ya no se acercarán al gobernador, ni le harán preguntas sobre nada, pues primero tenemos que garantizar su seguridad sin la cual, aunque se quiera, no podrán cumplir con su deber de informar de todo a los lectores.
Ofrecemos una disculpa a éstos y esperamos  su comprensión”, explicó.
  

22/04/2014

Tortura, “práctica terriblemente cotidiana en México”, acusan ONG ante relator de la ONU


Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010. Foto: Ricardo Ruíz
Militares después de un enfrentamiento con presuntos sicarios en Ciudad Juárez en febrero de 2010.
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de hasta 500% en casos de tortura, la persistencia del arraigo, la militarización como pilar de la estrategia de seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social, fueron algunos de los temas abordados por organizaciones civiles durante el primer encuentro con Juan Méndez, relator especial de la ONU.
La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y la Democracia dieron cuenta en un comunicado de la reunión con Méndez en esta ciudad en la que expusieron “las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México”.
Las ONG presentaron al experto de la ONU un panorama sobre la situación en México, así como el lastre en materia de derechos humanos dejado por la administración del panista Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el narcotráfico, estrategia que no ha variado gran cosa en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
ategia que no ha variado del todo en el gobierno de Enrique Pea situaci Humanos, todos los derechos para todas y todosña Nieto.
Por ejemplo, dieron cuenta de los 7 mil 253 casos de tortura registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio pasado, así como de las 11 mil personas arraigadas de 2006 a la fecha, de las que sólo 3.2% fueron condenadas.
También resaltaron que, pese a que México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no hay cambios favorables en México.
Además, recordaron que en 1997 México tuvo la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y que en 2012 el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) emitió otro documento recomendatorio.
Luego de resaltar que en 2012 el CAT consignó en su reporte que en materia de tortura subsiste “una realidad que no ha cambiado en México”, las organizaciones civiles puntualizaron que en ese documento los expertos de la ONU señalaron el aumento alarmante de esa práctica “mediante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado”.
En el documento también plasmaron su preocupación de que se elevara a rango constitucional la figura del arraigo, “lo cual ha provocado que se cometan actos de tortura y malos tratos en cuarteles militares”.
Las ONG resaltaron en el comunicado que en la reunión con Méndez alertaron sobre el incremento de 500% en el número de denuncias por tortura durante el sexenio pasado, práctica “relacionada con la estrategia de seguridad implementada” y, peor aún, “la continuidad y persistencia de esta práctica durante el primer año de gobierno de Peña Nieto”.
También expresaron ante el experto de la ONU su preocupación por “el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante las que ocurren actos de tortura”.
Incluso cuestionaron “la militarización como estrategia de seguridad pública”, lo que “ha provocado el aumento de casos de tortura”, al tiempo que la persistencia del fuero militar “no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil”.
Enseguida consideraron alarmante que a partir de la llegada del actual gobierno de Peña Nieto, se ha hecho un “uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones”.
Las organizaciones demandaron al relator especial que en sus recomendaciones finales considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al Código de Justicia Militar “para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un elemento castrense en la valoración de derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense”.
Asimismo abogaron por la puesta en marcha de “protocolos y controles de detención, para que cuando una persona sea aprehendida, se le traslade y presente inmediatamente al Ministerio público”.
Además instaron al relator de ONU a abogar por establecer “protocolos de actuación para que elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.”
En el encuentro, las ONG pidieron a Méndez insistir en las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido con anterioridad del CAT, así como de otros organismos internacionales.
Entre los puntos que pidieron a Méndez puntualice en su informe final destaca la inadmisión de “pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura”, así como la investigación inmediata una vez que esa práctica es denunciada.
Además, que insista en la aplicación del Protocolo de Estambul, “con personal capacitado; por otro lado, debe independizarse la aplicación de peritajes de la PGR, aparte de que las autoridades judiciales y jueces deben reconocer los peritajes independientes con el mismo valor que los oficiales”.
También pidieron insistir en la creación de “mecanismos de control del uso de la fuerza para todas las fuerzas de seguridad pública e implementar un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan lo derechos humanos”, así como llamar la atención por la falta de operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, y se reitere la pertinencia de consolidar un mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los tratados internacionales”.
Los representantes de organizaciones expusieron a Méndez casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en casos de personas en reclusión, donde son comunes “los castigos corporales y encierros prolongados (…) como medidas disciplinarias”.
Asimismo, denunciaron ante el experto de ONU los malos tratos a que son sometidas las mujeres que recurren a servicios de salud pública para la atención de partos; los abusos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, y la ausencia de datos confiables de la situación en que viven niñas y niños en instituciones públicas.
Aparte, fueron abordados los tratos degradantes que se dan a personas en tránsito en las estaciones migratorias, así como “la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas, desatención que también genera un forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas que siguen clamando verdad y justicia”.
Las reuniones de Méndez con miembros de la sociedad civil continuarán en esta capital, Nuevo León, Chiapas y Baja California, donde “examinará las garantías para los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones de su detención, en particular de aquellos que permanecen años en detención, sea en espera de un juicio, en cumplimiento de una larga sentencia, o en el caso de personas detenidas en estaciones migratorias”.
Expondrán a relator casos emblemáticos de tortura y violencia sexual
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expondrá a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas (ONU), dos casos de tortura y violencia sexual como ejemplos de la situación que impera en el país.
Méndez, experto argentino, lleva a cabo desde el lunes 21 una visita de trabajo en México, la cual concluirá el próximo 2 de mayo. Hasta ahora se ha reunido con miembros de la sociedad civil y funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entre otros.
El Centro Prodh, organización que sostendrá encuentros con Méndez, destacó que la tortura –“una práctica terriblemente cotidiana” que es utilizada para la obtención de pruebas “con el fin de condenar a personas, muchas veces inocentes”– es también un delito que alcanza 98% de impunidad.
También resaltó que de 1994 a 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha conseguido dos condenas por tortura, lo que significa “una tasa de impunidad de más de 98% por la falta de adecuada investigación de delitos”.
Los casos que presentará el Centro Prodh al relator especial de ONU son los de Claudia Medina y el de Ángel Amílcar, ambos víctimas de las fuerzas armadas.
Medina Tamariz es una joven que, “además de haber sido incomunicada, fue torturada física y abusada sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz”.
Y Amílcar es un migrante afrocaribeño de Honduras quien fue torturado durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana, Baja California.
El Centro Prodh ha documentado otros casos de tortura institucional: el del indígena mazahua Hugo Sánchez, quien fue ilegalmente acusado de secuestro y posesión de armas, y posteriormente absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el de Israel Arzate, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, también absuelto y que fue acusado de ser uno de los perpetradores de la masacre de 16 jóvenes en Villas de Sálvarcar, en diciembre de 2010.
Ambos casos, apuntó el Centro Pro, evidencian que “por regla general los jueces cuestionan la tortura en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde, trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima de ella”.
La organización ha documentado también los abusos cometidos contra mujeres del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, expediente que está siendo litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un caso de tortura sexual.
En el comunicado, el Centro Pro hizo un llamado a la sociedad mexicana a denunciar abusos, al recordar que “si bien la responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la democracia y la progresividad de los derechos”