30/06/2009



Refugiados políticos mexicanos en Canadá
 
 

La discriminación hacia los homosexuales, además de la violencia y la inseguridad en el país, empujan a muchos a pedir asilo en el extranjero con las consecuencias personales y familiares que ello implica.

Las narcodecapitaciones, la brutalidad policial, la corrupción gubernamental, los linchamientos, las mujeres asesinadas en Juárez, la pobreza extrema, la riqueza obscena, la violencia doméstica, el cinismo glamoroso de nuestros políticos y el analfabetismo de nuestros maestros —entre otros males— son motivos suficientes para dispararnos una taquicardia súbita y obligarnos a revisar la fecha de vencimiento de nuestros pasaportes. Algunos elegimos la negación como un modus vivendi que nos permite mantener una cordura aceptable, otros la apatía; algunos recurren a los estupefacientes o, en su defecto, a la religión. No obstante, también están aquellas personas que se quedaron sin opciones de fuga; gente que experimentó de lleno el roce con el lado menos amable de nuestra sociedad. Canadá se ha convertido en el destino de un nuevo exilio mexicano; he aquí los testimonios de cuatro de estos emigrados.

"México tiene una cultura bastante definida en lo que se refiere a los temas de identidad y género, y a cómo este último tiene que expresarse y los parámetros a seguir para que uno pueda ser aceptado. Mis desencuentros con la sociedad mexicana se dieron desde la infancia. Estuve muchos años en una escuela católica y siempre me pareció un tanto ridícula la cultura machista y la manera en que los mexicanos tenemos de ver las cosas", confiesa Diego Poblete, uno de los miles de refugiados políticos mexicanos que residen en Canadá. "Para cuando estaba en la universidad yo vivía con quien entonces era mi pareja. Nos mudamos a la colonia Santa María la Ribera. Es una colonia muy bonita pero muy ruda, y cuando a alguien no le gusta tu carita, cuidado", asegura. "Mi auto fue robado, mi departamento fue destruido, secuestraron a mi pareja y vaciaron nuestra cuenta de banco. La opción más factible fue buscar otro lugar dónde vivir. En un par de semanas vendimos lo que nos quedaba y nos venimos para acá".

La noche de enero de 2003 Diego y su pareja se presentaron frente al oficial del puesto de control migratorio del aeropuerto de Montreal. "Vengo a pedir protección política", le dije. "Recuerdo que el oficial me preguntó tres veces si estaba seguro de lo que estaba haciendo antes de tomar nuestros pasaportes y conducirnos a una sala de espera donde dos horas más tarde empezamos a llenar formas. Nos separaron para que cada uno contara su historia de manera independiente frente a un agente. Me sorprendió mucho la amabilidad con la que nos trataron; llamaron a un intérprete por teléfono ya que mi novio no hablaba inglés ni francés. Salimos del aeropuerto a las tres de la madrugada, estábamos a 20 grados bajo cero. No te envían a ningún lado, te dan algunas opciones a dónde llegar y nos dijeron en qué días teníamos que presentarnos para los exámenes médicos y cuándo eran nuestras citas de asesoría legal, entre otras cosas. Cuando salimos del aeropuerto fuimos directamente al YMCA (edificio ubicado en el centro de Montreal que funciona como refugio para los inmigrantes). Tuvimos asistencia social durante el proceso legal y recibíamos 570 dólares al mes para los dos y nuestra renta era de 450, así que teníamos que ver cómo arreglárnoslas. No es nada fácil llegar a un país donde a pesar de tus estudios o del currículum que puedas tener en realidad nadie te conoce y tienes que empezar de cero. Tienes que tramitar tu permiso de trabajo y ese proceso tarda alrededor de dos meses y medio. Cuando llegué tuve que aguantar jornadas laborales de catorce horas en las fábricas e imprentas en donde trabajé, con media hora de descanso para comer. Pasé por etapas de mucha depresión; es muy cabrón ver cómo tu vida se derrumba frente a tus ojos sin poder decirle a nadie me voy por esto o por lo otro. Cuando me fui de México nadie me hizo una fiesta de despedida, ni taquiza, ni hubo piñatas de por medio", cuenta Diego y suelta una risa corta; "literalmente tuvimos que agarrar nuestras cosas e irnos".

El local de la Young Men Christian Association en Montreal, donde se recibe a los asilados. Foto: Ari Volovich

Un año después de su entrada a Canadá, Diego y su pareja recibieron el estatus oficial de refugiados políticos. "No puedo volver a México por cuestiones relacionadas con las leyes internacionales. Hay mucha gente que juega con el sistema canadiense. Conozco a muchos latinoamericanos que llegan pidiendo refugio y lo primero que hacen una vez que reciben su carta de residencia permanente es ir a su país de vacaciones. Yo siento que es un abuso y una falta de respeto enorme hacia un país que realmente se preocupa por proteger los derechos humanos. El gobierno de Canadá gasta alrededor de 60 mil dólares para costear los procesos legales y médicos de cada uno de los refugiados. Es impresionante la cantidad de programas que tienen aquí para lograr suavizar la asimilación de los inmigrantes y los refugiados. A diferencia de la sociedad mexicana, que es extremadamente xenofóbica. En mi opinión, los mexicanos deberían de aprender mucho sobre la tolerancia y el respeto. Aquí, en contraste, se goza de una libertad absoluta; esta libertad se da porque la gente está demasiado ocupada haciendo sus propias cosas como para preocuparse por lo que están haciendo los demás", concluye.

"Esto es una mentira. Los homosexuales se ven discriminados, acosados e incluso son víctimas de robos, pero el que sus vidas corran peligro y que su única solución sea dejar el país es una farsa. Quienes verdaderamente necesitan protección en México y América Latina en general, por lo regular no tienen idea de que existe la posibilidad del asilo ni cómo pedirlo, ni mucho menos el dinero para comprar un boleto de avión a Canadá", declaraba en 2006 el periodista y escritor mexicano Benjamín Santamaría Ochoa (también se vio obligado a huir de México
en 2002 y pedir refugio en Canadá después de sufrir amenazas debido a su activismo a favor de la justicia social de los niños callejeros), a propósito de la creciente oleada de solicitudes por parte de mexicanos pidiendo refugio político. Más de tres mil 500 mexicanos pidieron asilo en Canadá durante 2005, convirtiéndose por primera vez en el país con mayor índice de peticiones de asilo político.

"Según lo que he averiguado hablando con otros refugiados, parece ser que las autoridades canadienses son más exigentes con los mexicanos que con el resto de los latinoamericanos", cuenta Alberto Sánchez —seudónimo del entrevistado, quien prefirió permanecer en el anonimato. Las impresiones de Sánchez son acertadas: la tasa de aceptación de colombianos y haitianos es mucho más alta que la de mexicanos. Durante 2008 sólo fueron aprobadas 13 por ciento de las peticiones hechas por parte de los mexicanos mientras 84 por ciento de los solicitantes colombianos recibieron el estatus de refugiados, al igual que 46 por ciento de sus semejantes haitianos. Existen trabas diplomáticas para los refugiados mexicanos potenciales; el hecho de que México sea socio del Tratado de Libre Comercio con Canadá desempeña un papel importante en la severidad con la que los mandatarios de Ottawa juzgan los casos de los mexicanos. El señalar a México como una clara fuente de refugiados políticos representaría una disputa diplomática que podría estropear los negocios entre ambos países. Por una parte, el ministro de Inmigración canadiense, Jason Kenney, dice que el incremento de 30 por ciento en las peticiones de asilo político es "un abuso de la generosidad de Canadá", aun cuando su propia oficina advierte a los ciudadanos canadienses de los riesgos que pueden llegar a correr al viajar a México.

Diego y su pareja recibieron asilo en Canadá. Foto: Ari Volovich

Sánchez experimentó en carne propia los estragos de la ineficiencia del gobierno. "Básicamente lo que me hizo huir de México fue la inseguridad", cuenta el joven mexicano. Alberto salió de Morelia a los 22 años para poner un negocio en Cancún junto con su socio. "Nos fue bastante bien allí con el negocio de las casetas telefónicas, a pesar de que para ese entonces ya había más de 500 en Cancún. Empezamos a expandirnos hacia el norte —Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo— cuando nos enteramos de que en estos lugares no había ningún servicio parecido al que nosotros ofrecíamos. Lo que nunca contemplamos fue lo inseguras que son esas ciudades fronterizas y el control absoluto que tiene allí el crimen organizado. Fue en Reynosa cuando empezaron a llegar algunas personas a pedirme dinero para 'proteger mi negocio'. Las primeras veces que llegaron a visitarme me interrogaban; querían saber qué era lo que estaba haciendo en Reynosa, si estaba lavando dinero, si tenía familiares metidos en el narcotráfico, etcétera, aunque de una manera relativamente tranquila. Ya con el tiempo y después de negarme varias veces a darles dinero, las cosas se pusieron más violentas; llegaban directamente a tirar las cosas, a arrancar los cables de los teléfonos, etcétera. Y así, gradualmente empezaron a llegar con mayor frecuencia a extorsionarme, siempre presentándose como parte de algún cártel fuerte. Me daba mucho coraje tener que estar de lunes a lunes trabajando turnos de 12 horas sólo para llenarles los bolsillos. Sus 'cuotas' variaban entre cinco mil y 10 mil pesos a la semana. Las circunstancias me obligaron a regresar a Cancún sólo para darme cuenta de que se estaban aplicando los mismos métodos de intimidación, y lo que es peor, me enteré de que algunas de las personas que estaban llegando eran las mismas que me habían amenazado meses atrás en Reynosa. Además de mi propia experiencia, empecé a hablar con amigos de distintas partes de la República y me di cuenta de que les estaba sucediendo lo mismo que a mí. Fue entonces cuando entendí que la única opción viable era salir del país. Me enteré de un conocido que había pedido, aunque sin éxito, refugio en Canadá y decidí hablar con él e investigar por mi cuenta cuáles eran los pasos a seguir. Para mí el hecho de tener que quedarme en México representaba una desilusión; el futuro no pintaba nada bien. Me decidí por Canadá porque, según lo que me contaba esta persona, aquí no se resentía tanto el racismo como en España o Estados Unidos. Cuando estaba frente al agente de inmigración le dije que venía con la intención de pedir refugio político. 'Muy bien', me dijo muy tranquilo, me pidió que anotara refugiado político sobre la forma migratoria, tomó mis documentos y me guió hacia una sala de espera donde había cuatro personas sentadas: un joven de Veracruz, una pareja de Colombia y otro de Estados Unidos. Una vez que empezó el trámite tuve que llenar varias formas, me sacaron unas fotos, me tomaron las huellas dactilares y me dijeron que como ese día tenían mucha carga de trabajo tendría que regresar dentro de una semana para la entrevista con un agente migratorio. Antes de salir del aeropuerto me dieron una hoja donde venía una lista de algunos domicilios de refugios donde podría pasar la noche con la opción de extender la estancia hasta un máximo de un mes.

Llegué al YMCA alrededor de la medianoche. Una vez que me registré en la ventanilla, el trabajador social me llevó a una pequeña habitación donde había seis mexicanos más quienes ya llevaban unas semanas en Montreal. Me contaron de sus experiencias y me dieron consejos muy prácticos para poder seguir mi trámite de asilamiento. Al día siguiente fui con una trabajadora social allí mismo que me entregó una lista con todas las entrevistas y citas a las que tenía que presentarme y acto seguido me dio un boleto para el metro. En promedio uno tarda alrededor de una semana en completar los trámites básicos que incluyen asesoría legal y exámenes médicos. Regresé al aeropuerto para llevar a cabo mi entrevista y narrar mi historia. Los problemas causados por el narcotráfico no figuran entre las opciones para poder pedir refugio político, pero sí te pueden recibir si compruebas que tu vida corre riesgo en tu país".

Alberto se refiere al artículo 1.A.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de julio de 1951 por las Naciones Unidas en Ginebra, el cual protege a la persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecía a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

"Mi caso lleva un año en proceso de evaluación", aclara Alberto. "Sé de gente que se ha tardado hasta dos años o más en recibir el estatus de refugiado político, pero durante este periodo de espera te dan un permiso de trabajo, tienes acceso a todos los servicios médicos, puedes entrar en la asistencia social, te ofrecen cursos de francés que son muy buenos y prácticamente gratuitos y, bueno, puedes andar tranquilamente por la calle. La verdad es que me considero muy afortunado porque mi proceso de adaptación ha sido bastante suave y porque la mayoría de la gente aquí me ha tratado muy bien; no te ven con recelo sino que están conscientes de los problemas que hay en México y que los que llegamos aquí lo hacemos simplemente porque buscamos un nivel de vida mejor. Hay muchas cosas que extraño de mi país: mi familia, mis amigos, la comida, etcétera. Me entristece mucho el hecho de que México sea un país mal gobernado porque eso opaca la gran riqueza que tiene. Me encantaría poder vivir allí un día, tranquilamente, sin tener que mirar por encima del hombro a cada rato", añade Sánchez.

La historia de Deborah

Hubo mucha sangre, tanta como los golpes, como los gritos y los cosas rotas en su casa, tanta como el dolor, como la impotencia que sintió hasta que el silicón de los implantes rotos le tapó las venas provocándole una trombosis. El 24 de mayo de 2006 la policía militar de Ciudad Juárez, Chihuahua, conocida como "Milipol", entró en la zona donde viven los transexuales de la ciudad para desalojarlos. Deborah, cuyo nombre de varón fue Sabú, estuvo tres semanas hospitalizada y casi pierde la vida.

Al salir del hospital se convirtió en activista por los derechos de los transgénero y transexuales. La persecución aumentó, la buscaban, la interrogaban. A otros miembros de la comunidad los amenazaban: "Dinos dónde está el puto que los dirige, gritaban, mientras los policías las cacheteaban o las jalaban de los cabellos", narra Deborah. Ninguno dio jamás el paradero de quien ahora aspira a una diputación por el PSD. "Están espantados porque ven que nos estamos organizando", explica la candidata. Incluso el primero de abril pasado fue detenida por dos elementos policíacos por vestir con ropa provocativa… de mujer. Al final salió libre.
(David Santa Cruz)

Foto: Jose Cabezas / AFP

Alondra

Rosa Isela Jiménez Hernández fue abandonada a los dos días de nacida por su madre biológica. Cuando cumplió ocho años, en 2007, fue incomunicada de su madre adoptiva; hoy poco se sabe de su estado, tan sólo que el DIF de Guadalajara se niega a devolverla a pesar de existir una orden en ese sentido del juzgado séptimo de lo familiar. El argumento que esgrime el Consejo Estatal de Familia, dirigido por Claudia Corona Marseille, para romper —de acuerdo con la valoración psicológica— "el vínculo más importante que ha sido generador y proveedor tanto económica, moral y amorosamente" de Rosa Isela, fue que la conducta de su madre adoptiva y su forma de ganarse la vida, "no se ajusta a los parámetros de convivencia social elementales".

La ambigüedad de ese argumento se traduce en que para el citado Consejo, Alberto Ávila Vélez, transexual de nombre Alondra y quien durante años se ganara la vida prostituyéndose, no tiene derecho a cuidar a Rosa Isela a pesar de que la crió desde que fue abandonada y hasta los ocho años de edad, y a pesar también de que la niña "cuenta con un adecuado desarrollo de su personalidad, con valores y normatividad de acuerdo a edad y sexo".

Ante ese razonamiento Alondra buscó un empleo, mismo que obtuvo en la sede estatal del Partido Socialdemócrata en Jalisco, donde labora desde hace siete meses, y a pesar de haber presentado sus recibos de nómina y demostrar que vive de la manera que se lo solicitan, Rosa Isela sigue desaparecida porque el DIF se niega a indicarle a Alondra el paradero de su hija. La institución asegura en un documento: "El Consejo ha sido enterado que usted instauró demanda judicial en su contra por la custodia de dicha infante, lo cual nos coloca ante usted como contrincantes en una litis", con ello el Consejo y la casa Hogar se encontrarían en desacato.

En la actualidad la Procuraduría Social del Estado asesora a Alondra en el juicio penal que ha entablado contra Claudia Corona y los demás integrantes del Consejo Estatal de Familia, así como en contra de los directivos de la Casa Hogar Niñas Desamparadas AC. "Ellos me tienen secuestrada a mi niña", asegura Alondra, quien pide se la devuelvan "porque ella está sufriendo al estar alejada de su madre".
(David Santa Cruz)

Canadá: refugiados e inmigración legal

El ministro de Inmigración de Canadá, Jason Kenney, dijo a CBC-News/ Canadá el 15 de abril pasado que algunos mexicanos están tratando de inmigrar hacia ese país "por la puerta de atrás" al solicitar asilo y saltarse los trámites legales normales. El ministro se refirió al creciente número de mexicanos que aprovechan el "régimen de refugiado" de la ley canadiense para solicitar ese estatus, que al ser otorgado implica permiso inmediato para residir y trabajar, disfrutando además de seguro social y otros apoyos. El número se ha incrementado aún más a partir de la apertura de los vuelos directos de México a Canadá, como los inaugurados a Montreal, Toronto, Edmonton y Calgary en 2008, añadió Kenney, quien recordó que hay cientos de miles de inmigrantes legales que tienen que esperar pacientemente el largo proceso (entre dos y cuatro años) que los llevará a recibir su residencia legal en ese país, además de pagar los abogados correspondientes y recibir el apoyo de alguna empresa canadiense que solicite, requiera y documente su trabajo.

En 2008, de 10 mil solicitantes sólo 339 mexicanos que apelaron al estatus de refugiado en Canadá fueron enviados al Servicio de Inmigración para proceder con los trámites. Muchos de las peticiones rechazadas tienen como motivos la inseguridad y la violencia que se vive en México, pero es un problema difícil que "no está en manos de Canadá resolver". También en los últimos dos años han proliferado en Toronto y Calgary las oficinas de abogados que "arman" el caso de las personas que lo soliciten para lograrles el estatus de refugiados. Sin embargo, Kenney añadió que la política de refugio canadiense se mantendrá y que, por otra parte, el programa de inmigración legal que prevé para este año la aceptación de 250 mil inmigrantes es fundamental para Canadá, un país con un déficit de mano de obra calculado en este año en 600 mil plazas.
(CBC-News/Canadá)



25/06/2009

Atentado contra Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce Rosas.

 Buenas tardes,

Les escribimos desde Tlachinollan para informarles que lamentablemente ayer intentaron asesinar a Margarita Martín de las Nieves y a Santiago Ponce, viuda y hermano de Manuel Ponce Rosas (ejecutado extra-judicialmente en febrero de 2009). Margarita y Santiago son indígenas y miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) y fueron interceptados por un hombre cuando se trasladaban de la Oficina de Tlachinollan en Ayutla hacia la casa de Margarita, después de haber sostenido durante el día, reuniones con el Fondo Para la No Violencia y con funcionarios de las Embajadas de Estados Unidos y Canadá donde testificaron sobre las amenazas que han sufrido y sobre la ejecución extra-judicial de Raúl y Manuel, cuyo caso permanece impune.

Afortunadamente Margarita y Santiago salieron ilesos de este atentado, y están bien físicamente.

 Adjunto encontrarán información sobre los hechos.

 Saludos cordiales,

Tlachinollan

Laura Aragón
Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Coordinadora del área internacional
www.tlachinollan.org

Teléfono/Phone.  +52 (757) 476-1220
Teléfono del área internacional. Ciudad de México. +52 (55) 8421-6636
Skype: laura.aragon



24/06/2009

En SONORA Agreden agentes policiacos a reportero y fotógrafo de El Economista



Agreden agentes policiacos a reportero y fotógrafo de El Economista

 

México, 24 de junio, 2009 (CEPET). Omar Brito Báez y David Rojas, reportero y fotógrafo, respectivamente, del diario El Economista fueron agredidos por policías municipales y estatales mientras recogían información sobre el incendio de la guardería que el 5 de junio pasado cobró la vida de 47 niños en Hermosillo, Sonora, al norte de México.

 

Enviados a la localidad  para dar seguimiento a la tragedia que conmocionó a la opinión pública, el pasado viernes 19 de junio, los periodistas llegaron al lugar donde se encontraba la guardería ABC y solicitaron permiso a los encargados de una llantera que ubicada al lado del inmueble siniestrado, para tomar fotografías desde la azotea de dicho negocio, relató Brito Báez.

 

Alrededor de las 15:30 horas, al percatarse de que Rojas se encontraba en lo alto del inmueble, cuatro policías se lanzaron contra él mientras lo agredían de manera verbal. Finalmente, el comunicador fue sometido por los agentes, quienes intentaron quitarle la memoria de la cámara fotográfica, mientras argumentaban que estaba violando el cerco de seguridad.

 

Como el reportero gráfico se negó a entregar la memoria, los uniformados le aplicaron castigo al brazo para lastimarlo y obligarlo a entregarles su equipo; sin embargo, el fotógrafo resistió y logró entregar la cámara al reportero. Los policías se fueron entonces contra Brito Báez, a quien lastimaron también de la mano para que les entregara el dispositivo. Tras no lograr su objetivo, los uniformados amenazaron a los comunicadores con llevarlos ante el Ministerio Público. "Cuando lleguemos ahí, van a ver", les advirtieron.

Mientras esto sucedía, al lugar llegaban más patrullas con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, que llegaron a sumar 15.

"Nos identificamos como periodistas. Nunca violamos el cerco de seguridad y el edificio en donde mi compañero tomó las fotos era propiedad privada; no había ninguna razón para que nos llevaran. Nos detuvieron como media hora", comentó el reportero.

 

Los periodistas se comunicaron vía telefónica a la Ciudad de México con el editor de la sección política de El Economista, Ricardo Barraza Gómez, quien explicó al jefe de los agentes el trabajo periodístico que estaban realizando en el lugar. Según Brito Báez, los liberaron pero no los dejaron continuar con su labor.

 

Barraza Gómez, comentó que directivos de El Economista se comunicaron con Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Justicia del estado, quien reconoció que él había dado la instrucción a los cuerpos policiacos, por lo que asumía la responsabilidad de los hechos. "Es una arbitrariedad, una forma de inhibir la información", comentó.

 

En respuesta a la agresión policica, los comunicadores interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

 



Radiobembafm/AMARC MX
Tamaulipas 123 cinco de mayo
Hermosillo, Sonora Mex. 83010
(662) 2159015-2159005-2100208
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info@radiobemba.org

21/06/2009

Shock social, técnica de guerra




José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Para Carmen Aristegui Flores: líder de opinión de las
Américas, tu profesionalismo y honestidad han podido
socavar los cimientos del poder corrupto que nos gobierna.

Decía Maquiavelo: si no puedes gobernar a la sociedad, domínala a través del miedo.

La acusación en contra del Ejército como el principal violador de derechos humanos en México, según denunció en abril pasado Human Rigths Watch (HRW) en su informe Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, explica que el gobierno no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, y sostiene que la impunidad es favorecida por la justicia civil y solapada por el sistema de justicia militar que es parcial y dependiente, así como una estructura cerrada y sin transparencia.

HRW recomienda promover reformas a las leyes castrenses para que la autoridad civil pueda juzgar a los militares violadores de derechos humanos, se trata de la abrogación de la jurisdicción militar por ser una justicia de mando que tiene como doctrina: lealtad institucional a cambio de impunidad.

Con desdén a este reclamo, una parte del alto mando del Ejército hace la defensa a ultranza del fuero de guerra y la participación militar en asuntos que constitucionalmente son exclusivos de la autoridad civil: "la ciudadanía, a través de sus gobiernos es la que demanda una participación más activa de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada", pero reconoce que en esas tareas los sutiles hilos del tejido social pueden ser trastocados. Declaración de impunidad, con tufos de cinismo que se escuda en la disciplina militar para violar la Constitución.

Por otra parte, lejos de atender este reclamo, arguyendo asuntos de seguridad nacional, el mando supremo presenta ante el Congreso iniciativas de ley en la materia, que pretenden dar sustento legal a la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y legalizar el Estado de excepción de facto que creó desde el inicio de su gestión por medio de la "guerra" contra las drogas. No se trata de iniciativas para fortalecer la seguridad, sino de leyes de inmunidad para los militares que encaminan al país a un Estado policiaco-militar; el umbral de un golpe de Estado que en las circunstancias del colapso institucional que padece México, con gusto sería apoyado desde el exterior.

La presentación de las iniciativas a las leyes de seguridad, como el caso de las muertas de Juárez, crímenes de lesa humanidad, por lo que se sanciona al gobierno en el orden internacional, así como otros escándalos políticos y de corrupción (Fox y su esposa), se encubren con el anuncio del brote epidémico A/H1N1. ¡Pamplinas! Una política de miedo para provocar un shock social.

En efecto bumerán, esta política se revierte contra el sistema, los escándalos de Ahumada que ponen al descubierto la corrupción de la cúpula del poder y las declaraciones de De la Madrid, dadas a conocer por Carmen Aristegui en mayo pasado, destacan las inercias que impiden en México la transición a la democracia: "la justicia le estorba al poder, la impunidad es condición indispensable para sostener el funcionamiento del sistema político". Lo que nos deja claro que nuestro país padece una endémica impunidad a fortiori legalizada e institucionalizada desde las cloacas del poder.

Estamos ante una política de shock, una situación kafkiana, impuesta por la ultraderecha en conjura contra la Constitución y la democracia, en el quicio de las elecciones federales, para someter a la sociedad y obligarla a que acepte reformas legales represivas, de entrega de soberanía, y cambios que de otra manera no aceptaría como es el colapso económico o el establecimiento de un gobierno de corte militar.

Que no yerre la clase política ni Calderón en su estrategia, el Ejército representa un poder real, un bastión de nacionalismo muy mellado pero con sectores activos, que pese a la represión contra el pueblo, mantiene a través de imponer una doctrina del shock -técnica de la guerra de baja intensidad para someter al pueblo-, una alta credibilidad social.

Si dentro de un sistema de impunidad legalizado e institucionalizado y de una crisis de salud global pharma-provocada, auspiciada por el sistema político y apoyada por el Ejército, Calderón se proclamó "el salvador del mundo", en el contexto de un agravamiento del colapso institucional que vive nuestro país, con una sociedad desgastada, desconfiada e incrédula, el Ejército apoyado en el shock social incitado por las crisis, igual se puede proclamar "el salvador de la patria" a través de un quirúrgico golpe de Estado institucional, incluso con un cierto apoyo social.

El Ejército cubierto en la impunidad legalizada, ya dio un sutil golpe de Estado orquestado desde el sistema en 2006, "ya salvó a la patria" imponiendo a Felipe Calderón en Los Pinos, en este mismo sentido puede actuar para desimponerlo.

Así las cosas, lo que México necesita para romper la impunidad y avanzar en la democracia no es un cambio de gobierno, ni un relevo generacional, sino un cambio de mentalidad social.


19/06/2009

Congreso de EU pide informe sobre respeto a DH en operativos para entregar recursos de IM

Aprueban representantes y senadores de EU los recursos solicitados por Obama en el marco de la Ley de gastos suplementarios para Afganistán e Irak.

Informe patrocinado por ejército de EU cuestiona enfoque de la Iniciativa Mérida.

En el transcurso de esta semana el Congreso de los EU realizó el proceso legislativo tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores para aprobar 420 millones de dólares para la Iniciativa Mérida en el marco de la Ley de gastos suplementarios que incluye principalmente los gastos para las guerras de Afganistán e Irak, así como fondos especiales para la influenza y otros temas. Los recursos aprobados están divididos fundamentalmente en dos grandes partidas. La primera de ellas es para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) y contempla 160 mdd que serán aplicados en temas de control migratorio, seguridad interna en México, equipos para detección de armas y drogas para SSP, PGR y Sedena, programas de prevención, entre otros. La segunda partida es la de Financiamiento a Fuerzas Militares Extranjeras (FMF por sus siglas en inglés) y contempla 260 mdd para adquirir equipo militar para el combate a las drogas como aviones, helicópteros y escáners para Sedena y Semar.

Cabe destacar que dentro del proceso de aprobación de estos fondos, el Congreso condicionó la entrega de los recursos a la entrega antes de 45 días, por parte del Departamento de Estado, de un informe en el que detalle las medidas que se han tomado contra la violación a los DH en operativos por parte de policías o militares, así como sobre los avances del caso Brad Will.

También fue emitido un informe que cuestiona las medidas tomadas por el gobierno de EU en relación al tema de las drogas. Publicado por un centro de estudios estratégicos del ejército de los EU, La narcoinsurgencia mexicana y la política antinarcótica de los EU de Hal Brands de la Universidad de Yale, considera que la Iniciativa Mérida se parece al Plan Colombia, pues ataca fundamentalmente la oferta y no la demanda de drogas. Además reconoce que el ejército mexicano tiene "una historia avergonzosa de violaciones a los derechos humanos, simbolizada por la masacre de Tlatelolco de 1968".

  Lanzan campaña contra armas domésticas

Partiendo del hecho de que al haber armas en el hogar, el riesgo de violencia armada en su propia casa contra mujeres se incrementa 3 veces, se ha lanzado una campaña contra desarmar la violencia doméstica. Clic aquí para más información.






17/06/2009

Mujeres violadas en Atenco buscan condena internacional al Estado Mexicano


La tortura sexual es aceptable para las autoridades mexicanas. Hoy manifestantes ante la FEVIMTRA en la ciudad de México rechazaron el reino de la impunidad en el país.

Carolina S. Romero

La tortura sexual es aceptable para las autoridades mexicanas. Obviamente es una de las medidas que ellas consideran necesarias para amedrentar a la gente y evitar olas de resistencia ante una situación económica y social intolerable. Tres años después de las violaciones denunciadas por veintiseís de las cuarenta y siete mujeres detenidas arbitrariamente en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, ni siquiera uno de los responsables se encuentra en la cárcel.

Hoy manifestantes ante la FEVIMTRA en la ciudad de México rechazaron el reino de la impunidad en el país.

En Febrero de este año, la Suprema Corte de la Nación reconoció la existencia de las graves violaciones de derechos humanos en Atenco, pero se negó a enjuiciar a los altos mandos responsables por los crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunez, Nazario Gutiérrez y Ardelio Vargas.

Se supone que Guadalupe Morfin es defensora de los derechos humanos de las mujeres de México. Ella encabeza una entidad conocida como la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Cometidos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Pero a pesar de que las mujeres violadas en Atenco han presentado sus denuncias debidamente, la FEVIMTRA no ha consignado a un solo policía por estos delitos sexuales violentos. Evidentemente, Guadalupe Morfín y su jefe Eduardo Medina Mora han tomado la decisión de que nadie pagará por estos crímenes.

A nivel estatal, el único policía que había sido sentenciado por las violaciones, Doroteo Blas Marcelo, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En dos otros procesos por delitos no graves como “abuso de autoridad”, las irregularidades continúan.

Ante la falta total de justicia en México, las mujeres llevan su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr una condena internacional al Estado Mexicano. Las protestas en las calles siguen.

Carolina S. Romero en Kaos en la Red

Chis/Méx. Hostigamiento al Frayba


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
16 de junio de 2009.
Boletín de Prensa No. 24


Vigilancia a integrantes del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas.

Este Centro de Derechos Humanos denuncia haber sido objeto de actos hostigamiento por agentes no identificados. Estos nuevos actos violatorios, se enmarcan en el contexto de la recepción del Premio Fray Bartolomé de Las Casas y en los días de sesión ordinaria del Consejo Directivo del Centro.

El domingo 14 de junio, alrededor de las 16.00 hrs. Diego Cadenas Gordillo, Director de este Centro, se percató que a tres cuadras de su domicilio, en San Cristóbal de Las Casas, se encontraba estacionado un vehículo Jeep Wrangler, color negro, sin placas, vidrios polarizados, con una de las portezuelas abiertas y dos hombres dentro, los cuáles le parecieron sospechosos. A las 16.30 hrs. el mismo vehiculo se encontraba más cerca del domicilio y podía observar perfectamente la casa.  Diego Cadenas iba de regreso a su domicilio después de regresar de España donde estuvo la semana anterior para recibir el Premio Fray Bartolomé de Las Casas, otorgado por la Casa America de Madrid.

El lunes 15 de junio, aproximadamente a las 10.00 hrs. cuando Diego Cadena iba a las oficinas de este Centro, se encontró nuevamente con el mismo vehículo, entre las calles Brasil y Canadá en el barrio de Mexicanos. Ese día iniciaba la sesión Ordinaria del Consejo Directivo de este Centro de Derechos Humanos

El mismo día, alrededor de la 10:20 hrs. dos integrantes del Frayba se percataron que en un vehículo Chevy blanco sin placas, estacionado a media cuadra del Frayba, se encontraba un hombre quien video grababa y tomaba fotografías a las instalaciones de este Centro. Al darse cuenta que había sido descubierto, se retiró del lugar.

El martes 16 de junio del 2009, aproximadamente a las 09.30 hrs., Diego Cadenas y Jorge Armando Gómez, integrante de este Centro, se percataron que el Jeep Wrangler negro, se encontraba estacionado en la calle Guadalupe Victoria a la altura del No, 35, en esta ciudad. Ambos salían de una reunión con Mons. Samuel Ruiz García, Presidente de este Centro de Derechos Humanos. Diego y Jorge Armando abordaron a los tripulantes del jeep, quienes eran tres hombres, Diego preguntó: ¿Por qué me estás siguiendo?, el que iba al volante contestó: no te estoy siguiendo, estoy esperando a mi hermana, Diego pregunto: ¿eres del CISEN ?, el hombre se rió y dijo no. Diego y Jorge Armando intentaron tomar fotos con sus celulares a los tres hombres del vehículo, los cuáles se cubrieron los rostros con las gorras, el conductor sacó una cámara y los empezó a fotografiar.
El hostigamiento a través de actos de seguimiento y vigilancia, constituyen una violación al derecho a la integridad y seguridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varios momentos su preocupación ante el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado dirijan sus actividades de inteligencia contra las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes exclusivamente en razón de sus actividades.

El Centro de  Derechos Humanos denuncia estos hechos y hace responsable a los gobiernos estatal y federal por cualquier acto contra la integridad física y psicológica de cualquiera de los integrantes de nuestro equipo, así como de al patrimonio de nuestra institución.

La labor que como Defensores de Derechos Humanos hemos venido realizando desde hace 20 años, sabemos que incómoda a quienes detentan el poder y buscan por todo los medios socavar las acciones por la justicia que realizamos desde y junto con los pueblos y las víctimas de violaciones a derechos humanos.

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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Web:  
www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
Skype: reddh.mex

 

Avanza militarización de vida pública
Sedena ofrece a jóvenes servicio militar exprés si se integran a operativos.
Candidatos del PAN en NL se comprometen a nombrar a militares en SP.

Según reportó hoy el diario La Jornada, instructores del Servicio Militar Nacional habrían ofrecido a los conscriptos de la actual generación (1990, anticipados y remisos) la posibilidad de cubrir su servicio militar en sólo 3 meses si aceptaban integrarse a los operativos contra el narcotráfico en la función de destrucción de plantíos. Según la versión los 2 primeros meses habrían sido para un entrenamiento y durante el último mes realizarían las labores de erradicación de plantíos. Durante dichas actividades serían protegidos por soldados en un perímetro de seguridad, cosa que no ocurre con los cadetes destacados en actividades similares. Adicionalmente se les habría ofrecido un pago único, que al principio era de 21 mil pesos y posteriormente se redujo a la mitad.

El lunes el mismo medio había revelado el envío de 5 mil cadetes para labores similares, con la diferencia de que en ese caso los cadetes no contarían con la mencionada protección perimetral durante las acciones. Según las fuentes consultadas por La Jornada el objetivo de esta decisión es "para que adquieran experiencia en ese tipo de actividades". Ayer mismo fueron trasladados los primeros contingentes al Triángulo de Oro conformada por los Estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango de Estado. Por otra parte los candidatos del PAN en NL asumieron el compromiso de nombrar a militares en activo en las instancias de seguridad pública.


García Luna consolida posiciones en SSP
Proyecto de 12 nuevos reclusorios será adjudicado sin licitación

Mientras Felipe Calderón nombró a Facundo Rosas nuevo jefe de la Policía Federal, Genaro García Luna anunció que la concesión de los 12 penales federales que se planean edificar en la actual administración, será sólo para su construcción, la administración quedará a cargo del gobierno federal. Estos movimientos consolidan la posición de uno de los funcionarios más cuestionados de la administración calderonista ya que Rosas es uno de sus hombres más cercanos. Por otra parte a García Luna se le ha vinculado con los intereses de Carlos Slim.


Atribuyen Secuestro de La Jornada a Ejército
Al cuestionar a Torreblanca sobre recientes abusos pidió escuchar a militares.

Después de que la semana anterior se dieron diversos incidentes que implicaron abusos militares en contra de comunidades de la Montaña de Guerrero. Mismos que sólo cesaron con la llegada de una misión civil de observación y de que antier fuera hurtada una parte sustancial de la edición de La Jornada Guerrero en donde se daba cuenta de estos hechos, ONG atribuyeron el robo al Ejército. La procuraduría local enviará copia de averiguación a PGR para que ésta determine si interviene. Por su parte, y ante reclamos de miembros de su propio partido, el gobernador minimizó los abusos y pidió escuchar al Ejército.

 

Aunque discurso oficial asegura respetarlos
Cifras evidencian atropello a derechos SyR de las mexicanas

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 16 junio 09 (CIMAC).- Sin rumbo ni congruencia, la administración de Felipe Calderón propone en el discurso respetar la libre decisión de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos y dotarlas de los medios para que así sea, pero en la práctica criminaliza a las mujeres que se atreven a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, como interrumpir legalmente un embarazo (ILE) o usar métodos anticonceptivos que eviten la implantación del óvulo, como el dispositivo intrauterino (DIU).

Con las modificaciones legislativas hechas a las constituciones de 13 entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción (sic) impulsadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y avaladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la administración panista se contradice en las metas fijadas en su Programa Nacional de Población (PNP) 2008-2012 y que tienen como fin “salvaguardar” el principio de la libre elección informada en planificación familiar.

De acuerdo con lo establecido en este plan, en cuatro años el Gobierno de Calderón se propone informar, educar y comunicar sobre los derechos sexuales y reproductivos y promover la toma de decisiones libres, responsables e informadas “sobre los asuntos relativos a la sexualidad y la reproducción”.

También se propuso instrumentar medidas que amplíen el acceso de la población a la consejería y a la gama de anticonceptivos reconocidos en la Norma Oficial Mexicana referente a la Planificación Familiar, que el personal de salud esté capacitado en el manejo de esta Norma y que “brinde los servicios de salud con pleno apego a ella”.

Cabe recordar que la meta del PNP del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) era alcanzar el 73.9 por ciento en la prevalencia anticonceptiva total establecida, misma que no se alcanzó ya que a 2006, el número de mujeres usuarias de anticonceptivos fue de 12.8 millones, lo que significó una cobertura de 70.9 por ciento.

ODM EN SALUD REPRODUCTIVA, MUY LEJOS

La Secretaría de Salud (SS) ha informado en los Avances en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que en 2007 se reforzó la difusión y utilización de los servicios de planificación familiar “con base en un enfoque de los derechos reproductivos y el derecho a la libre decisión” y que se amplió la gama de métodos anticonceptivos en las 32 entidades federativas.

No obstante, en 13 de éstas ya se criminaliza el uso del Dispositivo Intrauterino (DIU) y de la Anticoncepción de Emergencia (AE) por considerarlos “métodos abortivos”, contrario a la evidencia científica.

Pese a que organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, han insistido en que a mayor acceso a métodos anticonceptivos menos muerte materna, en México el uso de estos continúa condicionado a la maternidad, estado civil de las mujeres y a su edad.

La propia SS ha reconocido que su política en materia de planificación familiar y de métodos anticonceptivos no ha sido su prioridad, así como el estancamiento en la prevalencia en el uso de estos (Cimacnoticias, 10 julio 08).

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2006, el 70.9 por ciento de las mujeres unidas en edad fértil del país utilizaba algún método anticonceptivo, mientras que la prevalencia anticonceptiva (el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que usan o cuyo compañero usa un método anticonceptivo en un determinado momento en el tiempo) de estos métodos se ubicó en 65.8 por ciento.

DECISIONES DE MUJERES, A MERCED DE MÉDICOS

Pese al objetivo establecido en el PNP de que las instituciones de salud estén capacitadas en la aplicación de la NOM sobre planificación familiar y la apliquen en sentido estricto, la realidad es que el personal de salud antepone sus creencias morales, éticas y religiosas a las decisiones personales de las mujeres.

Así lo señala Carlos Echarri, investigador de El Colegio de México, en su trabajo de investigación titulado Principales problemas, necesidades y obstáculos en la atención a la salud reproductiva.

En él reconoce “que a través de la institucionalización del control de la fecundidad a las instituciones de salud se ha dado una total injerencia para que éstas intervengan en las decisiones de un asunto que es totalmente privado, anteponiendo sus valores, normas y prácticas a un ejercicio tan privado como lo es el tema de la sexualidad”.

Ejemplo de ello son los cerca de 400 amparos a nivel nacional, que los prestadores de salud han interpuesto para no realizar el procedimiento de ILE, aún en los casos permitidos por la legislación y para no ofrecer servicios de AE en los casos de violencia sexual (violación), argumentando la objeción de conciencia y violando así la NOM 046 sobre violencia familiar y sexual, según ha informado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.

Actualmente, de las 13 entidades federativas que han modificado su legislación para penalizar el aborto y el uso del DIU y AE, tres ni siquiera alcanzan el porcentaje en el prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, según el promedio nacional que es de 70.9 por ciento. Se trata de Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí, que se ubican en el 68, 59 y 68.3 por ciento respectivamente.

Mientras que la demanda insatisfecha de estos métodos que se ubica en el 6.9 a nivel nacional, es superada en 8 entidades federativas, siendo la más representativa Puebla, donde la demanda insatisfecha alcanza el 20.2 por ciento.

Defensoras y defensores de DH afectados por violencia estatal

Al realizar acompañamiento a víctimas

Por Nancy Betán Santana

México DF, 16 junio 09 (CIMAC).- La violencia ejercida por el Estado obliga a integrantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos a adoptar el acompañamiento psicosocial hacia sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, como parte de su dinámica cotidiana, señala Clemencia Correa, psicóloga social y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Entre las y los integrantes de las organizaciones y sus acompañados psicosociales se crea un vínculo fuerte, creándose un ciclo complejo, explica, en el cual los defensores de derechos humanos pasan a ser víctimas o sobrevivientes por el simple hecho de prestar ayuda a quienes acuden a ellos.

La violencia, que supone la represión contínua del principal agresor, el Estado, sobre las y los sobrevivientes iniciales, afecta de manera importante a las y los defensores acompañantes, quienes en muchos casos presencian la muerte o reciben la noticia de que su acompañado ha sido asesinado.

En este contexto, la represión política produce cuatro fenómenos principales al interior de las organizaciones: ruptura del tejido social, miedo, culpa, impunidad y duda, sostiene Correa.

La ruptura del tejido social se presenta a través de conflictos internos debido a las diversas posturas ideológicas de las y los integrantes que emergen ante los actos violentos acontecidos (hostigamiento, agresiones físicas o muerte), ya sea en contra de los sobrevivientes o de los acompañantes, subraya.

Posteriormente, dice, llega el miedo, estrechamente unido a la confusión que se crea en torno al hecho violento suscitado, pues no se sabe si las represalias serán más intensas o variadas.

Aunado a esto, apunta, aparece la figura de la familia de la defensora o defensor o acompañante, la cual puede ser el siguiente blanco de los agresores. Es justo ahí cuando la culpa los atormenta y descubren que sus posturas políticas e ideológicas tienen un precio.

La mayoría de los actos violentos ejercidos por el Estado queda impune, continúa la experta, y esto conduce directamente a los defensores o acompañantes a dudar y tomar una decisión definitiva en torno a su labor.

¿Lo que hago en realidad vale la pena? ¿Por un caso de miles que llegue a la Corte, sirve de algo arriesgar mi vida y la de mi familia?, llegan a preguntarse.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, sugiere, el acompañamiento psicosocial debe tomar en cuenta los siguientes objetivos: construir posturas ideológicas y políticas colectivas, conocer las instancias del Estado en las cuales pueden hacerse presentes (pese a las malas experiencias anteriores), y sobre todo, reforzar la razón y misión individual y colectivamente.

En el caso de las muertes de acompañados, se requiere, comenta Correa, la elaboración de duelos donde además de aceptar la ausencia del ser querido, debe entenderse el miedo como un instrumento de presión política y con ese concepto claro, crear mecanismos preventivos y de seguridad en las organizaciones para saber qué hacer en los casos de hostigamiento, por ejemplo.

Por otro lado, las líneas metodológicas establecen la creación de talleres para trabajar en conjunto el manejo de las emociones a través de relatos de las experiencias vividas.

Así, manifiesta, los acompañantes psicosociales organizacionales proveen a las y los integrantes de las organizaciones con herramientas para que su presencia no sea indispensable y no crear una dependencia emocional.

16/06/2009

México: Elementos del Ejército y sicarios toman la comunidad de Las Panancas (Guerrero)


Alrededor de 200 soldados acompañados de sicarios, haciendo disparos hacia el poblado. Dos niños fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos.
Para Kaos en la Red

ELEMENTOS DEL EJERCITO Y SICARIOS TOMAN LA COMUNIDAD DE LAS PALANCAS, EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE PETATLAN.

El día de hoy después de las 6 de la tarde, recibimos una llamada del Sr. Alvaro García Avila, habitante de la comunidad de Las Palancas, ubicada aproximadamente a 50 km. de Vallecitos de Zaragoza, en la parte de la Sierra del Municipio de Petatlán, quien nos informó que el pasado día martes 9 de junio de este año (antier), alrededor de 200 soldados acompañados de civiles, identificados como sicarios de Rogaciano Alba Alvarez, llegaron a esta comunidad a las 11 de la mañana, en vehículos tipo Hummer, haciendo disparos hacia el poblado, de aproximadamente 15 casas, donde habitan 20 familias.

Alvaro García comentó que los pocos varones que se encontraban en la comunidad huyeron al monte, donde se mantienen escondidos, a la intemperie y sin haber probado alimento hasta el momento. Agregó que hasta el día de hoy los han estado rastreando con helicópteros y que incluso ya van tres veces que los balean desde el aire,

A nombre de los 8 campesinos que se encuentran en el monte, Alvaro García manifestó su preocupación por el estado en que se encuentran sus esposas e hijos, pues saben que los militares y los sicarios han destrozado y saqueado viviendas, golpeado a los niños y a las mujeres de quienes tienen temor de que sean agredidas sexualmente.

El niño Omar García de 13 años narró via telefónica también que a el y a otro niño de nombre Cesar los sorprendieron los militares cuando se encontraban haciendo labores en una casa en construcción en la entrada del pueblo, que aterrados por el ruido de las balas, los motores de las hummers y la presencia de los uniformados, fueron sometidos, amarrados, tapados de la cara y heridos con cuchillos. Narró que la cuatrimoto en la que se habían trasladado a realizar sus labores, fue aplastado por una Hummer y vieron como robaban y destruían otras más. Mencionó que entre gritos e insultos, le preguntaban por “Ramiro”, al parecer el dirigente del ERPI. Alvaro García indignado y atemorizado, solicitó a nombre de sus compañeros hacer publica esta denuncia.

Demandamos al Ejército Mexicano la salida inmediata de la comunidad de Las Palancas y garantías para sus habitantes, incluso la reparación de los daños y que sean castigados los posibles excesos y violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el martes pasado. Que rinda un informe de los motivos de esta acción ilegal.

Alertamos a las organizaciones sociales, organismos civiles y a los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos de esta grave agresión a los habitantes de la comunidad de Las Palancas, misma que recientemente sufrieron también los habitantes de Las Joyas y que podría extenderse a otras más, incluyendo La Morena, donde se encuentra Javier Torres Cruz, quien ha venido siendo hostigado desde hace meses junto con su familia por elementos del ejército y sicarios del mismo Rogaciano Alba Alvarez.

Exigimos al Gobierno Estatal y Federal su inmediata intervención para garantizar el Estado de derecho, brindar protección a la ciudadanía y en espacial a los habitantes de estas comunidades de la Sierra y que si existen delitos que perseguir, se apeguen a derecho sin afectar a la población.

Bernardo Solís Radilla.- Unión Campesina Democrática – Costa Grande
Fco, Javier Monroy Hernández.- Taller de Desarrollo Comunitario A. C.
Chilpancingo, Gro. A 11 de junio del 2009

México: Llega al Distrito Federal caravana de familiares de presos políticos Loxichas


Durante todos estos años, los familiares han mantenido varios plantones en la ciudad de Oaxaca y los presos han hecho por lo menos cuatro huelgas de hambre, pero sin respuesta alguna del gobierno
Para Kaos en la Red

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La marcha / caravana que partió de la región Loxicha de la Sierra Sur de Oaxaca el lunes 8 de junio llegó a la Suprema Corte de la Nación en la ciudad de México hoy, 15 de junio para exigir la libertad de los doce presos políticos que han pasado casi trece años en prisión: C. Agustín Luna Valencia, C. Urbano Ruiz Cruz, C. Álvaro Sebastián Ramírez, C. Justino Hernández José, C. Cirilo Ambrosio Antonio, C. Mario Ambrosio Martínez, C. Fortino Enríquez Hernández, C. Ricardo Martínez Enríquez, C. Eleuterio Hernández García, C. Estanislao Martínez Santiago, C. Abraham García Ramírez y C. Zacarías P. García López

Durante todos estos años, los familiares han mantenido varios plantones en la ciudad de Oaxaca y los presos han hecho por lo menos cuatro huelgas de hambre, pero sin respuesta alguna del gobierno. Ahora buscan una revisión federal del caso y / o una ley general de amnistía.

En un acto público asistido por integrantes de MAÍZ, AMAP, CACTUS, MULT, La Otra Campaña, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, entre otros grupos, las esposas, padres, hijas e hijos de los presos hablaron del reino de terror que sacudió sus comunidades zapotecas en septiembre de 1996, bajo el régimen del gobernador Diodoro Carrasco y el presidente Ernesto Zedillo. En la madrugada del 25 de septiembre, un día especialmente cruel, los cuerpos policiales y militares encapuchados entraron en sus casas a tropel bajo el pretexto de buscar guerrilleros del EPR. Destrozaron todo, violaron a las mujeres y se llevaron cientos de indígenas. Un joven recordó que aquel día los soldados obligaron a los niños y niñas a salir del autobús escolar. Después de interrogar e insultarlos, les robaron sus mochilas y unas pertenencias. Algunas personas fueron asesinadas, otras desaparecidas y casi todas torturadas. Más de 200 fueron encarceladas.

“No somos guerrilleros. Somos campesinos”, dijo un ex preso político y padre de uno de los presos políticos actuales. “Nos habíamos organizado para exigir agua potable, educación y luz en las comunidades”.

Otros familiares dijeron que el gobierno ha hecho todo posible para destruir la vida comunitaria. El terror estatal no terminó en 1996, sino continúa hasta la fecha. Hay tres bases de operaciones mixtas en la zona que continuamente detienen e interrogan a los pobladores y les quitan sus machetes que usan para trabajar. Los trabajadores de derechos humanos y otros visitantes también han sido detenidos e interrogados en los retenes.

La hija de un preso político acusó al gobierno de criminalizar a su padre y a los otros compañeros para mantenerlos presos, pero insistió en que no son delincuentes, sino personas que siempre ayudaban a la gente a conseguir centros de salud, educación, electricidad y otras necesidades básicas. Dijo: “¡Que dejen de reprimir a los pueblos indígenas! ¡Somos los dueños de este país”.

15/06/2009

GOBIERNO MEXICANO REPRESOR..

Puerto de Las Ollas, Guerrero a 13 de Junio del 2009

ANTECEDENTES :
Con los antecedentes de la información brindada por habitantes de la comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas(Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero) respecto a una incursión militar en la zona, el día 13 de junio se realizó una Misión de Observación Civil, (MCO) en la que participaron: Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Red Manglar Internacional Sección México RMIM, Frente Cívico de Chilapa, Centro de Derechos Humanos Morelos y Pavón, Centro de Derechos Humanos de La Montaña TLACHINOLLAN, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHUM, y la Unión Campesina Democrática UCD; también se sumaron corresponsales de diferentes medios de comunicación. Quedando la misión integrada por 22 personas La MCO se llevó a cabo a bordo de 5 vehículos , 4 camionetas tipo pick up y una camioneta tipo suburban con el objetivo de constatar la presencia de elementos del ejército Mexicano en las siguientes comunidades: Puerto de las Ollas y las Palancas, así como verificar las condiciones de seguridad y estado de salud de los habitantes.

Aproximadamente a 36 km del tramo Vallecitos-Camalote se encontraron 2 VEHICULOS del ejército, 1 tipo Dodge ram doble rodada y otro Dodge ram charger pick up con 17 elementos (LOS 17 IBAN EN LOS DOS VEHICULOS) cada uno; un militar preguntó cuantos integraban la misión “¿Cuántos son los que van para la sierra?”, respondiendo la MCO que éramos entre 17 y 20 personas.

Minutos más tarde, a casi 1 km de la comunidad Puerto de las Ollas se encontraron 11 vehículos Tipo Humvee del ejército, de los cuales 4 iban con ametralladora montada arriba(de artillería) con los siguientes números: 0840142, 0840146, 0840150, 0840149, 0840144, 0840147, 0840242, 0840243, 0840145, 0840031, 0840148 con aproximadamente 15 soldados en cada vehiculo que llevaban pasamontañas e iban camuflados . En uno de ellos, un militar iba video grabando a los integrantes de la MCO.

Se arribó al Puerto de las Ollas a las 14:40 horas, y agrupándose en torno a los integrantes de la MCO mujeres y menores de edad(en su mayoría niños), que al ver llegar la caravana comenzaron al mismo tiempo a denunciar y relatar los actos vividos desde el pasado martes 9 hasta este día 13 del presente.

Minutos más tarde se llevó a cabo una entrevista colectiva en la cual estuvieron diversos medios de prensa, participando 12 mujeres y 22 menores quienes de manera individual fueron dando la descripción de los hechos a la MCO. No se encontró la presencia de los varones en el Puerto de Las Ollas puesto que huyeron a esconderse por temor a los soldados.

En la supervisión a las viviendas afectadas se hallaron destrozos, como testimoniales de saqueo a varias de estas. La encargada de la tienda CONASUPO, mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relata como fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda , con lujo de violencia, y dejando perdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujandola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda

Una habitante reportó que a su hijo Omar García de 14 años de edad, fue torturado el día Martes 9 en que arriban los soldados dándole toques eléctricos en el cuerpo, vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada, cabe enfatizar el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado.

En la tercera casa relataron que pernoctaron durante los 4 días militares, destrozando y revisando muebles y cajas de ropa y llevándose objetos de uso personal (joyas, cosméticos, etc). Se encontró una cuatrimoto destrozada, la cual fue arrollada con las camionetas doble rodada propiedad del ejército.

Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente.

LAS PALANCAS:

En esta comunidad un hombre de 30 años de edad la cual sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, reporta tortura y golpes (piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones).

Un civil de aproximadamente 50 años, fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma calibre 7.62 mm.

En voz del pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.

Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del ejército.

En base a las observaciones y testimonios de los habitantes de las comunidades La Palanca y Puerto de Ollas, consideramos que el ejército incurrió en actos anticonstitucionales y violó los derechos humanos de los habitantes de dichos lugares.

Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular)

No se respetaron las siguientes Garantías:
Garantía de libertad personal,
Garantía de inviolabilidad del domicilio, propiedad y persona,
Garantía de libre transito.

Se cometieron actos de tortura:
amenazas-. Disparos con armas de fuego de alto poder hacia las comunidades y las personas; amenazas de muerte y torturas amenazas apuntando con arma de fuego y preparando el arma para disparar.
Humillaciones: ofensas y discriminación a las mujeres y menores. Toques eléctricos en el abdomen Impedir tomar alimentos a los habitantes de las comunidades. Impedir que entraran a sus casas a cambiarse. Los soldados robaron alimentos y dinero y pertenencias de uso personal.

Y ante lo anterior descrito :

-Consideramos que es grave la presencia del Ejército en comunidades campesinas de la Sierra de Guerrero, en lugar de ser garante de la seguridad y de los derechos fundamentales de la población, se transforma en un factor armado que atenta contra la vida y la seguridad de la población rural y sobre todo generar terror entre mujeres y niños. Se trata de una estrategia de guerra preventiva donde al Ejército se la ha permitido suspender garantías de facto , destruir el tejido comunitario y desterrar a la población para apropiarse de sus territorios.

-Como organismos civiles de Derechos humanos no podemos permitir que el gobierno mexicano defienda el fuero militar ante la ONU como sucedió en el Examen Periódico Universal realizado en Ginebra y no intervenga en casos graves de violaciones a los derechos humanos para proteger a la población más vulnerable del país como es el caso que nos ocupa.

Ante los hechos exigimos:

-Salida inmediata del Ejército de las comunidades de Las Palancas y Puerto de las Ollas y la zona.

-Que el Ejército se limite a cumplir únicamente con las facultades que tiene plenamente establecidas en la constitución, evitando de esta manera la intervención y los abusos que hasta el momento ha realizado en las comunidades serranas .

-Pleno respeto del mandato constitucional del ejército que define las facultades y responsabilidades del mismo

-Pleno respeto de los Derechos humanos por parte de los integrantes del ejército.

-Que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial de las violaciones cometidas por miembros del ejército y en su caso el castigo de los responsables, incluyendo los mandos militares que dieron las órdenes para dichas acciones.

-Respeto irrestricto a la integridad de las comunidades y sus habitantes de la sierra de Guerrero. Exigimos que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la sierra de Guerrero.

- Se finquen responsabilidades a los culpables de la violación a las garantías constitucionales

-Investigación inmediata contra elementos militares que atentaron directamente contra los derechos fundamentales de los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas)
-Seguimiento por parte de la CODDEHUM de manera oficiosa, a las denuncias de los habitantes de dichas comunidades.

-Reparación, integral, física, moral y económica de los daños generados a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas.

-Respeto al Derecho Internacional Humanitario y protección a la población civil.
-Se otorguen medidas cautelares a las familias que han sido victimas de abusos militares.

MISION CIVIL DE OBSERVACION
13 de Junio de 2009

Taller de Desarrollo Comunitario A.C
Comité Contra la Tortura y la Impunidad
Red Manglar Internacional Sección México
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Unión Campesina Democrática

13/06/2009


Docentes reprimidos en Puebla denunciarán ante la CIDH   

 Por Kara Castillo/corresponsal
 
Quejas también ante la CNDH y la Comisión estatal

 Puebla, Pueb., 12 junio 09 (CIMAC).- Hubo tortura, privación de atención médica e incomunicación a las y los maestros presos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, después de que fueron reprimidos por policías de diversas corporaciones mientras hacían una toma simbólica de instalaciones, acordada previamente con las autoridades, declara Tamara San Miguel, miembro del Nodo de Derechos Humanos, liberada por no ser maestra y quien asegura que denunciarán los hechos en cortes internacionales.

 Mientras tanto, una queja simultánea fue presentada en la Comisión de Derechos Humanos del estado y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. "Si el gobernador Mario Marín quería silenciar a las y los maestros ésta fue su peor decisión, una vez más se evidenció ante la prensa y tribunales internacionales mostrando su gobierno represor", señaló San Miguel.

 Verónica Ramírez fue otra de las personas detenida por ser maestra. Y aunque no es integrante del Consejo Democrático Magisterial Poblano, ni había participado en la jornada de manifestación, fue violentamente subida a un auto, golpeada y despojada de sus pertenencias en el trayecto.

 Ramírez, catedrática de la Universidad Iberoamericana, está detenida en los separos de la Procuraduría General de Justicia y se quejaba de un intenso dolor en cuello y espalda. Hasta las 9 de la noche de ayer no había sido atendida médicamente, aseguró San Miguel cuando fue puesta en libertad.

 Raymundo Reyes Escobar, coordinador de la defensa jurídica de las y los maestros detenidos, denunció que el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General impidió que los abogados de los maestros estuvieran presentes en su declaración ministerial y el acceso mínimo, situación que se remedió cuando llegaron los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

 A las 2 de la tarde, los familiares apostados frente al edificio llevaron a las y los detenidos manzanas, agua y yogurt y aseguraron que el guardia que recibió el paquete reveló que no habían recibido alimento.

 Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos, relató que entre las pruebas presentadas ante organizaciones internaciones francesas, españolas y mexicanas, como la Alianza Mexicana por la Determinación de los Pueblos y la Red Nacional Contra la Represión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentan la fotografía de la detención de un maestro al que suben a un auto aparentemente sin daño y llega a los separos sangrando.

 Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado adujo que están realizando las diligencias necesarias en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, con la finalidad de velar por la seguridad jurídica de las personas que se encuentran detenidas por el desalojo de los miembros del Consejo Democrático Magisterial Poblano de edificios de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que efectuaron elementos de la Policía Metropolitana.

 Cuatro funcionarios de la CDH dieron fe de su estado física y se imprimieron fotografías de las lesiones que algunos presentaron.

 También se entrevistaron con las autoridades ministeriales, y se solicitaron datos de las actuaciones realizadas en la averiguación previa 400/2009/DMS/3er. Se pidieron las medidas correspondientes para que se brindara atención médica a una persona con enfermedad de diabetes, y se respetaran los derechos humanos de todos los detenidos, dijo el organismo en un comunicado.

 Un informe se prepara para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "La legislación internacional exige agotar los medios nacionales excepto cuando sean casos absolutamente graves y que requieran solicitar medidas cautelares, pero en este caso hemos solicitado ya esas medidas a las y los maestros que fueron brutalmente agredidos y que creemos que su vida y su integridad corren peligro", dijo a este medio Volga Lepina del Nodo de Derechos Humanos