23/02/2011

Falta de compromiso del Jefe de Gobierno con los derechos humanos en el caso de la Supervía Poniente


  • Organizaciones civiles denuncian la postura del gobierno del Distrito Federal.
  • La respuesta de Ebrad descalifica institucionalmente a la CDHDF y vulnera el estado democrático y de derecho.

El pasado 11 de febrero el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó la respuesta a la recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno al proyecto de la Supervía Poniente. Una vez conocido su contenido las organizaciones civiles rechazamos enérgicamente la postura del gobierno de la ciudad.

La recomendación acreditó que este megaproyecto genera múltiples violaciones a los derechos humanos de quienes habitamos la Ciudad de México. Esta recomendación deriva del mandato constitucional que faculta a la CDHDF a investigar violaciones a derechos humanos y, en su caso, hacer cualquier recomendación que estime pertinente para lograr una reparación integral de los daños.

En este sentido, el documento de respuesta signado por el jefe de gobierno cuestiona las premisas de investigación y las conclusiones del ombudsman capitalino. Sin estar facultado legalmente para ello, su respuesta pretende argumentar que no hay violaciones a los derechos humanos. Esencialmente se desconoce la labor institucional de la CDHDF, se rechazan las violaciones a los derechos humanos y se pretende formular una “aceptación parcial” que lleva implícito el rechazo al sentido de la recomendación y manifiesta la no aceptación del punto recomendatorio central.

Al respecto queremos señalar que la recomendación emitida por la CDHDF fue realizada en el marco de su competencia y estuvo precedida de una investigación amplia y exhaustiva que le permitió acreditar fehacientemente y de manera incuestionable las violaciones de derechos humanos. El documento de respuesta se caracteriza por expresar una serie de vaguedades e inconsistencias argumentativas y de justificaciones legales que supuestamente demuestran que no hubo violaciones a los derechos humanos.

La contestación del jefe de gobierno representa una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho. El hecho de no reconocer la investigación y pretender aceptar algunos puntos recomendatorios hace patente una actitud del gobierno de la ciudad por la que, desconociendo las violaciones probadas, simularía aceptar las recomendaciones. En suma, pretende hacer pasar como una concesión y como gestos de buena voluntad lo que es una obligación política y legal.

Con lo anterior se pretende confundir a la opinión pública presentando una imagen garante de los derechos humanos y de la democracia en la ciudad cuando lo cierto es que el rechazo a la suspensión de la obra representa una vulneración del derecho a la participación y la consulta pública. En materia de protección ambiental el mecanismo de consulta pública se basa en un esquema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y pretende brindar elementos de valoración a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones. En este sentido, toda consulta debe ser realizada de manera amplia, plural e informada previamente a cualquier autorización e inicio de proyecto.

Realizar la consulta de manera posterior a una autorización y con una obra iniciada deviene ineficaz. En este caso, realizar la consulta sin aceptar la suspensión de la obra representa una simulación y un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida y caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo.

Esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y al mismo tiempo anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de compromisos previamente contraídos con las empresas. El argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz ya que la vulneración no deriva de la recomendación sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables.

La respuesta contradice el discurso democrático del gobierno de la ciudad y los compromisos adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.

Organizaciones y colectivos firmantes

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, Alarbo, Alconsumidor, Alternativas y Capacidades, Bicitekas, CEMDA, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Orientación y Asesoría Pueblos Indígenas, Colectivo Casa Sin Puertas, Congreso Popular, Social y Ciudadano del DF, Congreso Social hacia un nuevo Constituyente-DF., Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, El Poder del Consumidor, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, Greenpeace México, INCIDE Social, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Nodo de Derechos Humanos, Organización Social Patria Nueva, Servicios y Asesoría para la Paz y Union de Colonias Populares.


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Persisten ataques a defensoras y defensores. El Estado mexicano aún no se responsabiliza


  • Nos sumamos y denunciamos como una acción cobarde y vil el incendio de la propiedad de la activista y vocera de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García Andrade.

Saltillo, Coahuila, 18 de febrero del 2011

Organizaciones civiles en Coahuila manifiestan su indignación por los atentados contra defensoras y defensores de derechos humanos que están ocurriendo en los estados del norte del país, sin que ninguna autoridad asuma su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales.
Nos sumamos y denunciamos como una acción cobarde y vil el incendio de la propiedad de la activista y vocera de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa Malú García Andrade por personas desconocidas el pasado 16 de febrero en Ciudad Juárez. Sabemos que no es el único caso en los últimos días, puesto que también personas desconocidas incendiaron el 15 de febrero la propiedad de la señora Sara Salazar Reyes, madre de Josefina y Rubén Reyes, activistas reconocidos en El Valle de Juárez y a quienes asesinaron el año pasado. Recordamos también que después del asesinato de la activista Marisela Escobedo, el pasado 16 de diciembre en la capital de ese estado, fue incendiado el negocio de quien fuera por unos años su pareja.
Denunciamos y exigimos se haga justicia por la ejecución de LEOPOLDO VALENZUELA ESCOBAR, quien por meses anduvo caminando solo al serle arrebatado a su hijo LEONARDO VALENZUELA como a tantas otras familias a quienes les han arrebatado vilmente a sus familiares. A compañeras y compañeros de FUUNDEC les tocó conocer a don Polo en la oscuros caminos de las disque instituciones de la Procuración de Justicia, cuya respuesta que antes y hoy seguimos encontrando es QUE LA JUSTICIA ESTÁ DESAPARECIDA JUNTOS CON NUESTROS SERES QUERIDOS, y que quien los y las quiera seguir buscando su destino es la muerte, como nos lo dicen hoy a través de Don Polo.

A la familias de don Polo en Durango, a las familias de Malú, Sara y Marisela, les decimos que mujeres y hombres dignos en Coahuila estamos caminando junto con ustedes, hasta que la justicia y los Derechos Humanos sean una realidad.


Investigadores de la Universidad de Fordham visitan México para analizar la situación de los megaproyectos

Integrantes del Centro Leitner de Derecho Internacional y Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, en Nueva York, Estados Unidos, visitan México esta semana.

Analizarán los impactos que generan las actividades de extracción y los proyectos para la obtención de energía en las comunidades locales.

La Universidad de Fordham es una antigua universidad jesuita localizada en Nueva York, Estados Unidos y, a través del Centro Leitner de Derecho Internacional y Justicia, promueve la justicia social fomentando el respeto por el derecho internacional.

Los integrantes del Centro Leitner analizarán las dinámicas sociales que se producen en el marco de la implementación de proyectos de extracción mineral y de obtención de energía, en particular las presas, así como las resistencias que éstos pueden generar en determinadas poblaciones debido a las consecuencias negativas en sus comunidades y los impactos al medio ambiente. El Centro Leitner tiene mucho interés en conocer las preocupaciones específicas de las comunidades locales que se oponen a la implementación de los proyectos referidos.

A partir de sus investigaciones preliminares, el Centro Leitner ha identificado las siguientes situaciones como algunas de las que merecen una atención especial:

El caso de los habitantes del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que sufren afectaciones por las actividades mineras en la zona.

El caso de la comunidad de Temacapulín, en Jalisco, y la construcción de la presa El Zapotillo.

El caso de las actividades mineras en San José del Progreso y el proyecto de presa Paso de la Reina, en Oaxaca.

El caso de los vecinos de la colonia La Malinche que se oponen a la construcción de la Supervía Poniente en el Distrito Federal.

Para obtener un panorama amplio e integral de cada una de las situaciones anteriores, integrantes del Centro Leitner han decidido viajar a México por una semana para visitar las comunidades mencionadas con anterioridad, entrevistarse con personas de dichas comunidades, con funcionarios públicos y con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, los investigadores del Centro Leitner redactarán un informe sobre sus hallazgos y lo difundirán en Estados Unidos y México.


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Según testimonios, están coludidos autoridades, policías de los tres niveles de gobierno, Marina y narcos

Secuestraron a más de 11 mil migrantes en abril-septiembre de 2010, señala la CNDH

Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos, entre las víctimas; hasta 10 mil dls. por su rescate

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de febrero de 2011, p. 13

Al presentar el Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México, Febrero de 2011, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, sostuvo que en el periodo abril-septiembre de 2010 se documentaron 214 casos masivos, que representan un total de 11 mil 333 víctimas, cifra que podría ser superior por la cifra negra de los que no se denuncian.

En el documento se detalla que en 8.9 por ciento de los plagios, las víctimas y/o testigos refieren la colusión de alguna autoridad en la comisión del delito, y entre las más frecuentemente denunciadas se encuentran distintas corporaciones policiacas: municipales, estatales y policías federales, así como personal del Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso elementos de la Secretaría de Marina.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Plascencia Villanueva aseveró que los migrantes denunciaron las cantida- des que tuvieron que pagar para ser liberados; señalaron que les cobraron entre mil y 5 mil dólares por su rescate, pero algunos manifestaron haber pagado hasta 10 mil o más. Hay connivencia de secuestradores con servidores públicos de los tres niveles de gobierno; hay tolerancia para este delito e incluso ya hay investigaciones abiertas.

Abundó: “en sus testimonios, los migrantes también refirieron que en sus secuestros observaron que participaron miembros del crimen organizado, pero no proporcionaron datos que puedan identificar de qué cárteles, pero los llevan a casas de seguridad donde los retienen hasta que paguen sus rescates”.

De igual forma, el ombudsman nacional hizo hincapié en que en los testimonios se refiere que algunos de los migrantes que viajan en el grupo son integrantes de bandas del crimen organizado: son quienes los enganchan, los delatan, indican a los secuestradores si tienen familia en Estados Unidos y las cantidades que pueden cobrarles.

En otros relatos –aseguró Plascencia Villanueva– nos refieren que incluso cuando los privan de la libertad los invitan a unirse al crimen organizado.

En la presentación del informe, Plascencia Villanueva estuvo acompañado por el quinto visitador general del organismo nacional de derechos humanos, Fernando Batista Jiménez, quien elaboró el documento. Destacó que la CNDH recabó 178 testimonios relativos a actos de secuestro de migrantes, de los cuales 153 corresponden a declara- ciones ofrecidas por víctimas directas de este delito; 25 son narraciones ofrecidas por personas que atestiguaron los hechos, y 15.7 por ciento de los testimonios corresponde a experiencias narradas por mujeres.

Del total de los casos de plagio documentados, en 44.3 por ciento fueron hondureños; 16.2 salvadoreños; 11.2 guatemaltecos, 10.6 mexicanos, 5 por ciento cubanos; 4.4 nicaragüenses; 1.6 colombianos y 0.5 por ciento ecuatorianos, y en el resto no fue posible determinar la nacionalidad de las víctimas.

Plascencia Villanueva ubicó las regiones donde ocurren los secuestros de migrantes, y de acuerdo con los testimonios de las víctimas y los testigos son Veracruz, en primer lugar, seguido de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

En la presentación del informe, el titular de la CNDH señaló que la población migrante en México vive en una particular situación de vulnerabilidad y es víctima de violaciones a sus derechos esenciales mediante actos como extorsión, discriminación, explotación, abuso físico y violación sexual, trata de personas, tortura y secuestro.

Subrayó que el plagio de indocumentados constituye un delito que atenta directamente contra su dignidad y los derechos humanos que les son inherentes, como el derecho a la libertad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y, en algunos casos, incluso el de la vida.

Sostuvo que de la información recabada durante estas visitas se advirtió que la violencia en perjuicio de este grupo, en especial situación de vulnerabilidad, no presenta una disminución y los grupos que cometen violaciones se han especializado y diversificado.

El ombudsman nacional cuestionó las acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para enfrentar este delito, porque –dijo– “son medidas aisladas que, consecuentemente, tienen un alcance limitado y no producen el suficiente impacto para combatir sus causas estructurales. Aunado a ello –señaló– se observa falta de mecanismos de seguimiento o evaluación de las acciones preventivas, a fin de apreciar su efectividad y pertinencia”.

Llamó la atención sobre la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a escalas federal estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, jurídica y personal, así como a la libertad, legalidad y trato digno.

Emitió 28 propuestas, de las cuales una fue para la Secretaría de Gobernación, siete al INM, seis a la Procuraduría General de la República, seis a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuatro a las secretarías de seguridad pública de las entidades y cuatro a las procuradurías estatales.

En este sexenio, el ombudsman ha enviado al instituto mil 247 quejas

Involucrados, 168 funcionarios en violaciones a derechos, dice el INM
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de febrero de 2011, p. 13

El Instituto Nacional de Migración (INM) aseveró que en lo que va del sexenio ha recibido mil 247 expedientes de queja presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los cuales, en 81 casos se han verificado violaciones a las garantías fundamentales.

Ante el informe especial de la CNDH en relación con los secuestros de indocumentados emitido este martes (afirma que en sólo seis meses documentó 214 delitos masivos que involucraron a más de 11 mil víctimas), el INM aseguró que la transgresión a los derechos humanos representa 6.8 por ciento del total de quejas en que se ha podido comprobar algún abuso de la autoridad migratoria. Por tanto, en 93.2 por ciento de los casos el INM ha actuado en el contexto de la ley y con respeto a los extranjeros.

Precisó que en las 81 conciliaciones y recomendaciones presentadas en ese lapso por la CNDH al INM se involucra a 168 funcionarios, de los cuales 76 ya no laboran en el instituto, ya sea por renuncia o cese.

Ante el informe especial del organismo de densor de los derechos humanos, este diario buscó la respuesta de Cecilia Romero, quien fue titular del INM durante el periodo indagado. Sin embargo, la ex funcionaria se excusó con el argumento de que ahora soy secretaria general del PAN, no obstante que antes de dejar el cargo –para contender por la dirigencia nacional de su partido– ocurrió el secuestro y asesinato colectivo de más de 70 centroamericanos en un rancho de Tamaulipas.

Reportes internos del INM detallan que en 2007 recibió 355 quejas por violación a derechos humanos; el año siguiente, 244; en 2009, 233, y el año pasado, 416, que a diciembre de 2010 hace un totalde mil 247 quejas. Por lo que hace a las recomendaciones de la CNDH, en 2007 recibieron ocho, siete el año siguiente, tres en 2009 y dos en 2010.

Las violaciones más frecuentes se refieren a la repatriación de extranjeros –sin esperar la resolución de solicitud de refugio–, así como trámites y servicios médicos no autorizados.

De igual forma, se han aceptado recomendaciones sobre actos de corrupción de agentes migratorios, y sólo en un caso (en 2009) el INM no aceptó la recomendación por presuntas violaciones al debido proceso.

En todos los casos (de irregularidades de personal migratorio) se ha dado vista al órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública para iniciar los procedimientos de responsabilidades contra funcionarios, señaló el INM.

Agregó que las estaciones migratorias están abiertas todo el año para funcionarios de la CNDH y que se han llevado a cabo acciones para atender las recomendaciones de este organismo.

Hasta anoche no había respuesta oficial de la Secretaría de Gobernación –responsable de la política migratoria– acerca del informe especial de la CNDH.

El PAN no se enteró de reunión entre Calderón y Garza, dice Creel

Senado llama a comparecer a Espinosa por tibieza con EU
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de febrero de 2011, p. 19

El Senado citó a comparecer ante el pleno a la canciller Patricia Espinosa, a fin de que explique la tibieza con la cual se ha actuado frente a Estados Unidos, pese a las declaraciones de corte intervencionista de funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, a los que no se les ha respondido de la misma forma como se ha tratado a Francia por el caso de Florence Cassez.

La legisladora Rosario Green presentó el punto de acuerdo, en el que manifiesta que hay aspectos relevantes en el manejo de política exterior que pese a haberse restañado heridas que se habían abierto en las relaciones con varios países de América Latina, algunas volvieron a abrirse y, a la fecha, permanecen sin viso de encontrar solución.

El senador priísta Fernando Castro Trenti, en entrevista sobre las publicaciones de Wikileaks que revelan los encuentros del presidente electo Felipe Calderón y su equipo de transición con el entonces embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, refirió: Creo que el embajador fue mal asesor, ya que si la intención era que el país tuviera estabilidad, crecimiento y seguridad pública, la asesoría no fue apropiada, nada más hay que ver la realidad actual, con la secuela de muertes y el avance de la violencia provocada por el narcotráfico.

Castro Trenti insistió en que la política exterior no ha sido la mejor. Ha estado plagada de pifias y sin ninguna duda se debe seguramente a ese tipo de compromisos que en el pasado se construyeron, porque no se ha visto una política firme frente a Estados Unidos para exigir que se restrinja la venta de armas que alimenta al crimen organizado.

Abundó el senador que Estados Unidos no ha recibido una real presión de México para que brinde mejor trato a nuestros migrantes. “Hoy vemos –fotografías e imágenes– de cómo se sepultó con honores al agente que fue victimado en San Luis, pero no se hizo nada cuando un oficial de Estados Unidos ingresó a territorio nacional y acribilló a un muchacho. Ahí no hubo respuesta enérgica de la cancillería”.

También, añadió, “no hemos visto, en materia de derechos humanos, una respuesta firme del gobierno federal. Seguramente eso tiene que ver con esas reuniones de las que dan cuenta los cables de Wikileaks”.

A su vez, el panista Santiago Creel aseveró que nunca tuvimos conocimiento en el Partido Acción Nacional de que el equipo de transición haya acudido a reuniones a la embajada de Estados Unidos, nos parece algo que a lo mejor sólo está en la mente del embajador o de quien envió el cable.

Fue interpuesta por las diputadas Leticia Quezada y Teresa Reyes

Queja ante CNDH por agresiones a la familia juarense Reyes Salazar

Denuncian los constantes agravios a activistas en el estado de Chihuahua

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de febrero de 2011, p. 21

Las diputadas Leticia Quezada (PRD) y Teresa Guadalupe Reyes (PT) interpusieron ayer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a las garantías individuales de la familia Reyes Salazar, que el pasado lunes trasladó su plantón de Ciudad Juárez al Distrito Federal.

En la denuncia, las legisladoras advirtieron sobre los constantes agravios a los que se ven sometidos los defensores de derechos humanos en Chihuahua, sin que las autoridades de aquella entidad hagan algo para impedirlo.

Ambas legisladoras lamentaron que a más de un año del asesinato de Josefina Reyes –seguido de la ejecución de su hermano Rubén, el secuestro de Malena y Elías Reyes y su cuñada Luisa Ornelas– no haya ningún avance en las investigaciones.

Quezada anunció que llevarán el tema como primer punto de la agenda política que se discutió ayer en la Cámara de Diputados, y aprovecharían la presencia ahí del gobernador chihuahuense, César Duarte, para exigirle una explicación sobre este asunto y apremiarlo a resolver cuanto antes las agresiones.

Es una lástima y una vergüenza que toda una familia tenga que venir al Distrito Federal porque en Chihuahua no les hacen caso. Ahí hay algo turbio que investigar; este tipo de omisiones no son gratis. Intentan acallar a los defensores de derechos humanos porque el país se está pudriendo en materia de inseguridad, lamentó.

En el mismo sentido, la diputada petista denunció que el programa Todos somos Juárez es una vil mentira que no ha logrado reconstruir el tejido social y en el que se invirtieron de forma inútil más de 3 mil millones de pesos.

Hay un desinterés por la población pobre, los jóvenes, las mujeres. Lo más doloroso es que para algunos funcionarios de este país es más importante resolver el asesinato de extranjeros, señaló.

Por su parte, la madre de Josefina Reyes, Sara Salazar, reiteró que las autoridades de Chihuahua no han querido recibirla para escuchar sus demandas, a pesar del plantón que mantienen desde el 8 de febrero frente a la Procuraduría de Justicia de la entidad.

22/02/2011

Exigen al gobierno revelar qué compromisos asumió con Washington a cambio del apoyo


Legisladores truenan contra la abierta injerencia de EU en favor de Calderón

La ilegitimidad del titular del Ejecutivo ahora se vuelve más nítida, afirma el sol azteca

Enrique Méndez y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 22 de febrero de 2011, p. 16

Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) cuestionaron la abierta injerencia del gobierno de Estados Unidos y del ex embajador Anthony Garza para apuntalar el gobierno de Felipe Calderón, y resaltaron que la administración federal panista debe explicar qué compromisos asumió con Washington a cambio de ese apoyo.

El senador priísta Francisco Labastida Ochoa aseveró: “sin duda que se debe investigar lo afirmado en los cables de Wikileaks con relación a que un oficial del Estado Mayor Presidencial entregó al narcotráfico un expediente médico del presidente Felipe Calderón. Esto lo deben aclarar sin duda”.

Se le preguntó su opinión sobre la orden de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, de realizar un estudio sobre la capacidad de Calderón para gobernar el país. El ex secretario de Gobernación sostuvo: esto habla de las tareas de inteligencia que realiza cualquier embajada, y no es espionaje.

El senador Tomás Torres, del PRD, comentó: “el gobierno y las instituciones correspondientes deben investigar esas conductas desleales de quienes están en el servicio público. Lo que refieren los cables de Wikileaks debe quedar sólo como indicio, no como prueba irrefutable, a pesar de lo evidente que pueda ser, y darle el rango de un indicio, y la autoridad deberá investigar si se concatena con otros datos para tenerlo como información veraz”.

Sobre la petición que hizo Hillary Clinton a la embajada para que se estudiara la personalidad del Presidente, el perredista sostuvo: eso es espionaje, y a nadie debe extrañarle, porque existe. México debe estar preparado para el contraespionaje, pero también para con toda firmeza decir que se gobierna desde dentro.

En la Cámara de Diputados, Mauricio Toledo (PRD) resaltó que la definición sobre la ilegitimidad de Felipe Calderón ahora se vuelve más nítida y explica los más recientes amagos de intervención militar y policiaca ante el gobierno fallido de Calderón.

Luego de que este lunes La Jornada publicó los cables diplomáticos en los que Garza expone su percepción –en septiembre de 2006– sobre la debilidad política de Calderón e informa que la embajada se embarcaría de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo del entonces candidato presidencial panista, Toledo resaltó que al leer esos documentos se fortalece la definición de Andrés Manuel López Obrador sobre el titular de la administración federal.

Reforma petrolera, moneda de cambio

Jorge Rojo García de Alba (PRI) sostuvo que el respaldo de Washington a Calderón no fue gratuito. Queda claro que entre las principales monedas de cambio estaban la reforma petrolera, para permitir la inversión de las trasnacionales en aguas profundas; aplicar las condiciones del plan Mérida, y que el combate al narcotráfico se sujetara a sus condiciones, aseveró.

Consideró necesario, y en esa postura coincidió el coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, que la coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, aclare el sentido de las reuniones que según Garza tuvo con ella y con Juan Camilo Mouriño para asegurar que los intereses estadunidenses quedaran a salvo con el nuevo gobierno.

En la Cámara de Diputados se buscó la postura de Vázquez Mota, pero se indicó que ayer estaba en Harvard, donde dirigió un discurso a 50 estudiantes de la Asociación de Mexicanos en esa universidad, y que este martes estará en Naciones Unidas, por lo que una definición sobre este tema no ocurriría hasta mañana.

Pedro Vázquez resaltó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política debe aclarar con urgencia en qué condiciones se dio el acercamiento de Garza y el apoyo para apuntalar al gobierno espurio de Calderón, y los compromisos que ella asumió, porque si ya tuvo esos arreglos como parte del equipo de transición, no imaginamos qué tipo de arreglos haría si es la candidata presidencial del PAN en 2012.

El legislador petista añadió que el intervencionismo de Garza no tenía como objeto amarrar un triunfo que no ocurrió, sino impedir que se confirmara la victoria de López Obrador, quien no les convenía para sus intereses y, entonces, asumieron una postura de aparente defensa de Calderón, porque él sí les garantizaba sus negocios.

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Aprueban reforma contra acoso sexual

Cumplida, la recomendación sobre eperristas: Gobernación

Ofrece a la comisión de derechos humanos disipar cualquier duda

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Martes 22 de febrero de 2011, p. 20

La Secretaría de Gobernación remitió un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el cual da cuenta del cumplimiento de la recomendación 07/2009, girada al gobierno federal, sobre el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que sus compañeros fueron desaparecidos en Oaxaca y se encontraban en manos de militares y cuerpos policiacos federales.

Sin explicar en qué consistieron las acciones para que el Ejecutivo federal pretenda dar por cumplida la recomendación, la dependencia sólo informó que se llevaron a cabo diversas acciones y gestiones para atender las peticiones, que incluyeron a los tres órdenes de gobierno. En el documento plantea a la CNDH su disposición a esclarecer las dudas que pudiera tener sobre el cumplimiento de la recomendación.

El gobierno federal aprovecha la oportunidad para convocar a la comisión de mediación a intensificar el diálogo y expresa que es el mecanismo democrático para solucionar los problemas.

En 2008, tras la denuncia de la desaparición de los eperristas, se conformó una comisión de mediación, entre el gobierno federal y el EPR, que estaba integrada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García (estos dos últimos ya murieron), la cual fue disuelta en 2009, ante falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta del gobierno federal en la investigación que permita dar con el paradero de los dos desaparecidos.

La recomendación

A principios de 2009 la CNDH emitió la recomendación 7/2009, dirigida a los gobiernos federal, de Oaxaca y municipal de la capital de ese estado. En ella se solicitaba llevar a cabo las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los eperristas desaparecidos, y en el supuesto de que hayan violado la ley ponerlos a disposición de la autoridad competente para que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa.

La CNDH demandó que se asuma la responsabilidad correspondiente y se les repare el daño causado; misma reparación se deberá hacer extensible a los familiares, en caso de que los agraviados ya no se encuentren con vida.

También pidió al gobierno federal que la Procuraduría General de la República, por conducto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, definiera la averiguación previa correspondiente y que evaluara las diligencias realizadas por quienes se han encargado de investigar la desaparición de los eperristas. Ello para confirmar o descartar que se incurra en un ejercicio indebido de procuración de justicia o una irregular integración de la averiguación previa.

La CNDH determinó que, en caso de que se detectaran irregularidades, se adoptaran las acciones pertinentes para iniciar procedimientos internos contra quienes hubieran cometido acciones o incurrido en omisiones en torno al caso.

De ninguna petición da cuenta la dependencia, pero pone énfasis en que con las acciones efectuadas se avanza sustancialmente en el cumplimiento de las solicitudes planteadas por la CNDH y se ratifica el compromiso gubernamental con el respeto a las garantías básicas.

El gobierno de Guerrero también debe liberar a 3 amuzgos, piden

Exigen cesar la persecución de seis comunicadores de Radio Ñomndaa

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Frente a la sede de la representación del estado de Guerrero en el Distrito Federal, miembros de organizaciones no gubernamentales defendieron a los indígenas y pidieron diálogo y justiciaFoto Marco Peláez
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Martes 22 de febrero de 2011, p. 21

Diversas organizaciones sociales, escritores, académicos y actores demandaron al gobierno de Guerrero intervenga para que sean canceladas las órdenes de aprehensión en contra de seis comunicadores de Radio Ñomndaa y liberen a tres amuzgos de Xochistlahuaca detenidos por defender sus tierras.

En un mitin realizado fuera de la representación del gobierno de Guerrero en la ciudad de México, integrantes de 60 agrupaciones sociales demandaron diálogo y justicia. Al entregar un pronunciamiento de solidaridad y apoyo a los detenidos sostuvieron que agotarán todas las instancias legales y pacíficas hasta lograr su objetivo.

Advirtieron que recurrirán a acciones más fuertes en caso de que el gobierno estatal no los escuche, pues estamos dispuestos a defender a nuestros compañeros.

La movilización en la ciudad de México fue paralela a la concentración que realizaron integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Chilpancingo, Guerrero, fuera del Palacio de Justicia de la entidad, donde ayer se llevó a cabo la audiencia para revisar la sentencia emitida en contra de David Valtierra Arango y Silverio Matías Domínguez, de Radio Ñomndaa, y de Genaro Cruz Apóstol, ex comisariado ejidal de Xochistlahuaca.

Los manifestantes pidieron a Alejandro Zúñiga Bernal, coordinador de la representación del gobierno de Guerrero, que el pronunciamiento, en el que manifiestan su inconformidad por la sentencia en contra de Silverio, Genaro y David, sea entregado al gobernador del estado.

La sentencia dictada por Derly Arnaldo Alderete Cruz, juez de primera instancia del ramo penal del distrito judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, muestra la corrupción del sistema de justicia y la fabricación de delitos y órdenes de aprehensión contra líderes de la Radio Ñomndaa, en un contexto de criminalización de los defensores de los derechos humanos y judicialización de los procesos sociales.

20/02/2011

Un lustro de la tragedia en Pasta de Conchos


Deudos de los mineros denuncian abandono de empresa y gobiernos

La firma condiciona entrega de becas, acusan; Moreira nunca nos atendió

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Familiares de los fallecidos protestaron en CoahuilaFoto Lilia Ovalle



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Deudos de los mineros caídos hicieron una pequeña procesiónFoto María Luisa Severiano

Lilia Ovalle
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 2

San Juan de Sabinas, Coah., 19 de febrero. A las 2:10 horas se guarda un minuto de silencio. Luego, en la oscuridad de la madrugada, los familiares de los 65 mineros muertos en la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 hacen sonar el claxon de sus automóviles, para no olvidar el momento exacto que marcó sus vidas.

Se abrazan bajo la mirada de la policía municipal, que vigila la entrada principal de la mina 8, conocida como Pasta de Conchos, donde permanecen los restos de 63 mineros. La orden: que nadie pase sin permiso.

En el campamento instalado en la entrada principal de la veta, viudas, hijos, padres y obreros solidarios provenientes de otros estados piden una vez más la recuperación de los cuerpos, labor que suspendieron el gobierno federal y la compañía Minera México, concesionaria del socavón, días después de la tragedia.

Las viudas denuncian que las becas para sus niños otorgadas por la empresa se mantienen, pero condicionadas.

Elizabeth Castillo indica: “tengo entendido que las becas se otorgaron por orfandad, pero ahora son por calificación.

Del gobierno estatal ya tenemos dos años que no nos entregan las becas o algún otro beneficio (que se comprometieron a dar); cuando fuimos a buscar al gobernador, que era Humberto Moreira, nunca nos atendió.

Castillo señala que los gobiernos federal y estatal son omisos con los deudos, “a pesar de estar comprobado que se cometió un crimen industrial, en tanto que Grupo México permanece en la impunidad.

¿Qué esconden en esta mina tanto (el ex presidente Vicente) Fox, porque nunca vino, como (Felipe) Calderón, que jamás se ha aparecido por acá? La empresa ya ni siquiera nos mira.

En el ir y venir de los adultos se cuentan historias: Ángela Sararí Álvarez Olvera tenía apenas dos años cuando su abuelo, papá Chuy, no volvió a casa. Su padre, Miguel Ángel Álvarez Salazar, recuerda que la niña se perdió en el caos de la búsqueda y fue encontrada aferrada a la reja de la mina, gritando. Fue grabada entonces en un video, hoy testimonial de lo que califican de homicidio industrial.

A las 10:15 por fin los accesos a la mina se abren a una comitiva para preparar la misa.

Un altar improvisado se coloca frente al retablo donde rezaban los mineros antes de entrar a las entrañas de la tierra. Allí penden los recuerdos. Las flores y las fotos marchitas sobreviven al polvo mezclado con hollín del carbón.

Las coronas reiteran el cariño por los mineros. A Julián Martínez su esposa lo recuerda con amor. La familia Cruz Gutiérrez piensa en su patriarca. A Ricardo Hernández lo sigue esperando su familia. Más adentro se lee: Vea, escuche, piense, viva con seguridad.

Los párrocos de Nueva Rosita, Juan Andrés Dávila de León, y de Piedras Negras, Armando Guerrero Espino, justifican las ausencias: El obispo (Alonso Garza Treviño) está con nosotros. Y una mujer pregunta: ¿Dónde?

Guerrero Espino pide a gobierno y empresarios atender las demandas de seguridad laboral para que no continúe la historia de tragedias mineras en Coahuila. Deberían hacerlo, sostiene, porque los trabajadores han contribuido a la riqueza del país y se debe velar por ellos.

Comisiones de obreros procedentes de Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Chiapas y Nuevo León, y de secciones sindicales de Coahuila, expresan su solidaridad a los deudos. La gran familia que constituyó Pasta de Conchos llega en caravanas a San Juan de Sabinas.

En cambio, ni autoridades estatales o federales estuvieron en la ceremonia, y los representantes de Grupo México no hicieron pronunciamiento oficial.

En Saltillo, el secretario de Gobierno de Coahuila, David Aguillón Rosales, apremió a la Federación a hablar con la verdad a los deudos de los mineros muertos, y decirles de una vez por todas si es viable recuperar los restos.

Dijo que mientras Gobernación dialoga con grupos de familiares de los mineros que exigen el rescate de los cadáveres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reitera que es imposible hacerlo.

La STPS señaló este sábado que razones científicas impiden recuperar los restos.

Si en realidad el gobierno federal está resuelto a hacer un esfuerzo para tratar de atender la demanda de rescate que han venido planteando los familiares, pues que de inmediato se pongan en marcha las medidas necesarias para lograrlo, pero de lo contrario que se les diga claramente cuál es la situación, que se les hable con la verdad, insistió el funcionario estatal.

Por separado, el gobernador Jorge Torres López exigió a la STPS incrementar la vigilancia y la supervisión en las minas de carbón de Coahuila, pues cinco años después de la tragedia en Pasta de Conchos siguen ocurriendo desgracias.

Con información de Leopoldo Ramos, corresponsal en Saltillo

El gobierno federal pretende ocultar la negligencia de Grupo México: sindicatos

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 4

Sindicatos y federaciones nacionales e internacionales recordaron a los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos hace un lustro por la negligencia de Grupo México, y reprocharon el argumento esgrimido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de que el rescate de los cuerpos no se realiza porque existen razones científicas que sustentan la imposibilidad de hacerlo.

En un mitin realizado en el Monumento a la Revolución, convocado con motivo de la clausura de la semana de solidaridad que agrupaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá desplegaron en favor de los gremios democráticos de México, sostuvieron que se pretende ocultar las verdaderas causas del siniestro y proteger a dicha empresa.

Participaron en el mitin integrantes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y minero, así como de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente Auténtico del Trabajo y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, además de agrupaciones internacionales como la FITIM, ICEM y AFL-CIO.

Afirmaron que el 19 de febrero de 2006 fue un día trágico y macabro, en el cual la complicidad entre el gobierno federal y Grupo México provocó la muerte de 65 mineros, a los que calificaron de héroes.

Martín Esparza Flores, líder del SME, señaló que la tesis científica de Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS, no es más que falta de voluntad política.

Expuso que en este caso, así como en muchos otros relacionados con los gremios democráticos, hay cerrazón del gobierno federal. Agregó que los decesos de mineros por malas condiciones de trabajo han continuado. Los accidentes mortales son más de 43, apuntó.

Lorraine Clewer, de la AFL-CIO, comentó que a cinco años de la tragedia, aún estamos escuchando su grito (de los mineros), que es justo: el de ir a trabajar sin peligro de morir y para producir un mejor futuro para México.

Jorge Almeida, representante de la FITIM en México, deploró que los cuerpos permanezcan enterrados dentro de la mina, y Fernando Perfecto, secretario general de ASPA y uno de los presidentes colegiados de la UNT, llamó a no olvidar a los 65 héroes.

Isidro Martínez, del sindicato minero, insistió en que si no se recuperan los cuerpos no es por imposibilidad de hacerlo, sino porque se quiere ocultar la verdadera causa del desastre: la negligencia de la empresa.

Martínez calificó a Francisco Javier Salazar Sáenz, quien estaba al frente de la STPS cuando ocurrió el siniestro, de funcionario pernicioso.

¿Cuál razón científica?

Por la tarde, familiares de los mineros fallecidos marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo. Vistiendo playeras rojas y cargando cruces blancas, criticaron la impunidad que impera en el caso.

Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos y de la Pastoral Laboral, deploró la declaración del secretario Javier Lozano Alarcón.

¿Cuál razón científica? Mejor que le eche ciencia a su argumento. Esto muestra, una vez más, su mezquindad con los deudos, asentó.

Los deudos señalaron que regresan a Coahuila agradecidos del apoyo de la gente y con el corazón lleno de esperanza y de ganas para seguir trabajando.


Un lustro de la tragedia en Pasta de Conchos
CNDH insiste en que sean recuperados los restos

De la redacción
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 4

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al gobierno federal a hacer todos los esfuerzos necesarios para rescatar los cuerpos de los trabajadores que fallecieron el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, ya que no hacerlo, advirtió, constituiría una violación a las creencias y a la libertad religiosa de los deudos de los obreros.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva recordó que desde el año en que ocurrió la tragedia documentó que la mina de carbón no cumplía con los requerimientos de seguridad e higiene establecidos en la ley.

Apuntó que es fundamental la vigilancia del acatamiento estricto de las normas de seguridad en todo el país, que los mineros tengan el equipo de protección adecuado y que en las minas haya suficientes equipos de seguridad, limpieza e iluminación.

En respuesta, la Secretaría del Trabajo señaló que el reclamo de recuperar los cuerpos es justo, legítimo e incontrovertible, pero, agregó, las labores de rescate no deben significar el sacrificio de más vidas.

Se evaden responsabilidades; son actos del crimen organizado, aseveran activistas


Debe la PGR indagar los 79 asesinatos del viernes; serían del ámbito federal: ONG

Es necesario adoptar una perspectiva integral de acción desde los derechos humanos

Fernando Camacho, reportero, y Agustín Galo, corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 7

Al deslindarse de investigar los 79 asesinatos ocurridos el viernes pasado en el país, la Procuraduría General de la República (PGR) incurriría en un acto de irresponsabilidad, pues gran parte de los crímenes podrían ser de carácter federal, advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos.

Por separado, funcionarios judiciales de Oaxaca coincidieron en que las acciones del crimen organizado deben ser atendidas y sancionadas por la Federación, y llamaron a combatir a los delincuentes de forma coordinada y sin echarse la bolita.

Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que los índices de violencia en el país dejan claro que el planteamiento de las autoridades para combatir al crimen no ha sido efectivo.

Deslindarse de buenas a primeras, diciendo que los crímenes deben ser resueltos por las procuradurías estatales y sin haber investigado antes, me parece una irresponsabilidad, porque ahí podría haber indicios de delitos del orden federal, aseveró.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que los 79 homicidios –la jornada más violenta en lo que va de este sexenio– comprueban la nula efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno.

La falta de acuerdos sobre qué instancia es la encargada de resolver determinados crímenes es un recurso utilizado para evadir responsabilidades, cuando lo que debería hacerse es adoptar una perspectiva integral de acción desde los derechos humanos.

Manuel de Jesús López López, procurador general de Justicia de Oaxaca, afirmó que como tal, el crimen organizado es un delito federal, y si bien hay casos en que caen en el ámbito local, esos ilícitos son atraídos por la PGR.

El funcionario comentó que habría que separar el ámbito de competencia. Insisto, el crimen organizado está en el ámbito federal. Como en el caso de los migrantes, nosotros lo iniciamos pero lo atrajo la Procuraduría General de la República.

El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dijo: la idea no es que nos lavemos las manos ni echemos la pelotita.

Comentó que los homicidios cometidos por la delincuencia organizada son delitos del fuero común, que dependiendo de las condiciones que presenten son atraídos por la PGR, que tiene la facultad exclusiva de establecer criterios de cuáles atrae y cuáles no. Nosotros no podemos establecerlo.

En 2010 hubo 142 víctimas; la comisión afirma que fueron 111

La cifra de daños colaterales del gobierno, superior a la de la CNDH

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 8

De las 15 mil 273 personas asesinadas en 2010, 142 eran civiles sin ninguna relación con el crimen organizado, según registros del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), organismo que depende de la Procuraduría General de la República.

La cifra supera las estimaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señalan que 111 civiles ajenos al crimen organizado perdieron la vida en operativos policiacos y militares durante 2010.

En respuesta a una solicitud de información sobre el número de civiles considerados daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico, el Cenapi respondió: de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el sentido de que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos; me permito remitirle la única información con la que cuenta este centro, puntualizando que la misma fue procesada especialmente para dar atención al requerimiento que nos ocupa.

Sólo dio a conocer el número de personas afectadas en los enfrentamientos generados entre militares o policías contra integrantes de grupos criminales, o que fueron abatidas en choques entre grupos delincuenciales: la cifra fue 142.

Durante una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, el pasado 27 de enero, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, afirmó que en la inmensa mayoría de los casos no se ha hecho justicia y que hasta ese momento no se ha resuelto que 111 personas nada tenían que ver con la delincuencia hubieran sido privadas de la vida.

Sin embargo, de las 13 mil 174 muertes consideradas ejecuciones presuntamente vinculadas con el crimen organizado, sólo 10.1 por ciento tenía un mensaje supuestamente elaborado por integrantes de organizaciones rivales, de acuerdo con datos del gobierno federal; en tanto el resto, 2 mil 99, cayeron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Exige AMLO fin a hostigamiento contra activistas


Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 11

Andrés Manuel López Obrador expresó preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez, y exigió finalizar el hostigamiento y ataques contra activistas y luchadores sociales de la capital de Chihuahua, particularmente contra la familia Reyes Salazar.

En un pronunciamiento en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió a las autoridades investigar el secuestro de tres de sus integrantes. Desde aquí nos sumamos a su demanda de que aparezcan vivos, sanos y salvos sus familiares Malena, Elías y Luisa, secuestrados por un comando armado el pasado 7 de febrero.

También declaramos “nuestro respaldo a la lucha de esta familia en Juárez, junto con decenas de organismos civiles y sociales de esa localidad, para exigir que las autoridades investiguen este secuestro, devuelvan con vida a sus familiares y castiguen las agresiones que han sufrido todos los activistas.

Es increíble y ofensivo que a pesar de realizar una huelga de hambre desde el 8 de febrero, ni el gobernador ni el procurador, y ni siquiera el subprocurador los hayan querido recibir y escuchar.

López Obrador resaltó que la familia Reyes Salazar está integrada por luchadores sociales reconocidos del Valle de Juárez, “que en el último año han sido atacados despiadadamente.

Hace un año fue asesinada Josefina Reyes, integrante de nuestro movimiento, y en agosto pasado corrió la misma suerte su hermano Rubén. Para ambos exigimos justicia y castigo a los responsables.

Asimismo, demandó la aparición con vida de los tres integrantes de la familia Reyes Salazar secuestrados desde principios de mes, y solicitó castigo a los responsables de la muerte de Josefina y Rubén.

Convocó a todos los ciudadanos e integrantes de Morena a brindar toda la solidaridad posible y el apoyo incondicional a la familia Reyes Salazar y a quienes luchan a diario por los derechos humanos y por la vida en el estado de Chihuahua

El secretariado ejecutivo no obtuvo informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La ASF, sin acceso a datos para analizar incidencia criminológica del país en 2009

Se limitaron esfuerzos del Estado para garantizar integridad de las personas y sus bienes, señala

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 13

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en 2009 el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no pudo ingresar al banco de datos de dicho sistema, lo que impidió al ente fiscalizador de la Cámara de Diputados revisar sus manuales, políticas, criterios y estructuras, lo que significó no tener elementos para analizar la incidencia criminológica en los ámbitos federal y local.

En su informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF recomienda al secretariado ejecutivo promover la realización de convenios y actos jurídicos para que el Centro Nacional de Información logre recopilar los datos que se encuentran en los registros del sistema nacional.

Por tal razón, la ausencia de coordinación en dicho secretariado limita los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las personas, la integridad de sus bienes y el libre ejercicio de sus derechos.

La falta de acceso oportuno a los registros del Centro Nacional de Información limita las funciones del secretariado, que carece de disponibilidad de información contenida en dicho sistema. Además, sería necesario integrar una base de datos que se actualice permanentemente para vigilar y determinar la necesidades de procesarlos.

De tal forma –concluye la ASF–, el secretariado ejecutivo careció de la información cuantitativa sobre los datos totales que debieron contener los registros del personal de seguridad pública; de indiciados, procesados y sentenciados, así como de armamento y equipo, por lo que no fue posible establecer su nivel de actualización.

Determinó que en el ámbito federal, la cobertura del personal de seguridad pública registró un retroceso acumulado de 23.2 por ciento, al pasar de una cobertura de registro de 79.7 por ciento en 2008, a 56.5 en 2009. Y en el ámbito local, la cobertura reportada de 97.9 por ciento no resultó confiable, ya que en 16 entidades federativas el número de elementos registrados fue superior al de los existentes y a los que están en activo y no activos, a pesar de que en el propio reporte se indica que corresponde a elementos activos.

Otra de las carencias del secretariado ejecutivo durante 2009 fue un programa para concluir las metas previstas hacia 2012 para el servicio de atención de llamadas de emergencia (066) y para las de denuncia anónima (089).

Las recomendaciones de desempeño que emite la ASF manifiestan que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública debe promover acciones legales para que el Centro Nacional de Información continúe recopilando datos relativos a la seguridad pública, “con el fin de garantizar su administración y adecuado funcionamiento.

Que el secretariado ejecutivo defina e instrumente un programa de supervisión con objetivos, metas y responsables que le permita verificar de manera periódica el cumplimiento de los convenios en el contexto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal; la correcta y eficiente aplicación de los recursos, e impulsar el desarrollo de los programas, políticas, estrategias, protocolos y acciones del sistema.

Entre el cúmulo de argumentaciones destaca aquella que obligaría al secretariado ejecutivo a informar a las entidades federativas los resultados obtenidos de la verificación de los convenios en el fondo de aportaciones, y de proceder y restituir la ministración de recursos a las entidades federativas que incumplan los términos del convenio suscrito con la Federación.

Espinosa debe explicar "la debacle" en materia diplomática

La fracción priísta en el Senado exige cuentas a titular de la SRE

Ha dejado pasar afirmaciones dolosas de funcionarios de EU: Green

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La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green, cuestionó la labor de la SRE
Foto Francisco Olvera
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 12

El PRI en el Senado propondrá formalmente que se llame a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, ya que es urgente que explique la debacle de México en materia diplomática, la falta de respuesta a las amenazas y presiones de Estados Unidos, así como su intención de intervenir directamente en el combate al crimen organizado, comentó Francisco Arroyo Vieyra.

Informó que la propuesta que en ese sentido formuló la senadora Rosario Green, se formalizará en la sesión del próximo martes, ya que “a los priístas nos preocupa mucho que el país ande a la deriva en lo que se refiere a su relación con el vecino del norte, con Francia y con muchos otros países de América Latina.

Por separado, Rosario Green y María de los Ángeles Moreno resaltaron que el Senado es corresponsable de la política exterior y debe citar a la brevedad a Espinosa, para que responda por qué el gobierno de Calderón ha dejado pasar declaraciones de funcionarios de alto rango, entre ellos Janet Napolitano, que hablan de la intención de que sus militares crucen la frontera y se hagan cargo de frenar la violencia e inseguridad que se vive en México.

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Green deploró que el gobierno de Felipe Calderón no haya dado una respuesta firme a afirmaciones dolosas.

Se refirió a lo expresado por el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, quien durante una conferencia en la Universidad de Utah, el pasado día 7, dijo que en México hay “una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que eventualmente podrían tomar el poder”, y un día después, al retractarse de ello, señaló que no querían llegar a la situación de tener que enviar soldados a territorio mexicano.

La canciller Espinosa se limitó a decir que si el funcionario no conocía el tema, era preferible que se callara.

Green detalló que tres días después, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que es una de las funcionarias más poderosas del gobierno estadunidense aludió al riesgo de una posible alianza entre Los Zetas con el grupo terrorista Al Qaeda. Pese a lo grave de tal aseveración, la SRE no hizo ningún pronunciamiento al respecto y tampoco ha aludido al anuncio que se hizo en Washinghton de que la Oficina Federal de Investigaciones estará a cargo de la pesquisa del asesinato de un agente estadunidense en San Luis Potosí.

En entrevista aparte, la senadora María de los Ángeles Moreno, hizo notar que los cables divulgados por Wikileaks dan cuenta de una actitud cada vez más intervencionista de Estados Unidos. Es claro que están pensando en utilizar el Comando Norte con el pretexto de la violencia e inseguridad que vive México a causa del crimen organizado.

Para el Senado, agregó, es importante que la SRE explique qué están haciendo para defender la soberanía mexicana frente a las amenazas del vecino país. Sobre todo, porque Westphal sostuvo que la situación en la frontera significaba un riesgo para la seguridad interna de Estados Unidos, y ello implica una intención intervencionista.

Arroyo, vicepresidente del Senado, señaló que no sólo hay problemas en la relación con Estados Unidos y Francia, sino con Cuba y otros países de América Latina. En el PRI nos preguntamos dónde está la diplomacia y la política exterior mexicana.

Los priístas esperan contar con el apoyo de PRD, PT y Verde, para lograr que se apruebe el martes la comparecencia de la titular de la SRE.


18/02/2011

Postura unánime de legisladores de todos los partidos representados en el Congreso

Sería gravísimo que personal de EU encabece aquí la indagatoria del ataque a sus agentes

Llaman al presidente Calderón a no flaquear y mucho menos aceptar chantajes de Washington

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Policías federales resguardan el vehículo en que viajaban los dos agentes estadunidensesFoto Ap /Archivo


Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 9

Legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión advirtieron que sería gravísimo que el gobierno federal autorice que sea personal armado de Estados Unidos el que conduzca la investigación sobre el ataque a dos agentes estadunidenses de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), uno de ellos muerto, ocurrido en el estado de San Luis Potosí.

De manera unánime, diputados y senadores señalaron que el gobierno de Felipe Calderón tiene la obligación de investigar a fondo la agresión a los dos agentes estadunidenses, pero sin permitir que los policías de ese país realicen labores de investigación que son exclusivas de las autoridades mexicanas.

En ese contexto, diputados de PRI, PAN, PRD y PT demandaron a la administración calderonista no flaquear ante la presión de Washington y mucho menos permitir chantajes que pongan en entredicho la soberanía nacional.

El priísta Felipe Solís Acero avizoró que cualquier intervención o intromisión de fuerzas policiacas de Estados Unidos en territorio nacional significaría un lamentable error diplomático y gubernamental.

A su vez, José Carlos Ramírez Marín (PRI), presidente de la mesa directiva en San Lázaro, consideró muy delicado el suceso, pero el mismo exige firmeza de parte de las instituciones mexicanas, exige certeza jurídica y un respeto absoluto a la soberanía de México. No es válido permitir que se utilice ese hecho como pretexto para más intromisiones del país vecino.

El coordinador parlamentario del PT, Pedro Vázquez, coincidió con la postura de defender el interés y la soberanía nacionales, lo que no significa, dijo, que impere de nueva cuenta la impunidad en hechos de violencia.

Para el legislador perredista Nazario Norberto Sánchez, la administración federal tiene una tarea que no puede omitir: informar los alcances en materia policiaca y de inteligencia entre Estados Unidos y México.

Expuso que el ataque a los agentes de aduanas de aquel país puede ser usado por Washington para intervenir en asuntos internos de México.

A su vez, José Luis Ovando (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, refirió que el hecho ocurrido en San Luis Potosí no afectará la relación bilateral, porque prevalece el compromiso de combatir a los criminales.

Habrá que esperar la investigación. Yo creo que es un lamentable acontecimiento para ver qué es lo que sigue, pero no creo que venga a vulnerar una buena relación que debemos fortalecer, expresó.

En el Senado, el priísta Francisco Arroyo Vieyra sostuvo: La indagatoria la debe realizar el Ministerio Público Federal, de ninguna manera la puede dirigir la FBI. Si Estados Unidos quiere ayudar aportando elementos técnicos o peritos, adelante, pero en México no pueden andar agentes de ese país armados; no estamos en condiciones, ya no de aprobarlo, ni siquiera de tolerarlo.

Ante el pleno, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó que con el pretexto de delitos cometidos por el crimen organizado, el país puede vivir momentos de injerencia extranjera.

La FBI, aseveró el senador petista, ya tiene el control de la investigación y las autoridades mexicanas sirven como meros auxiliares, lo que contraviene la Constitución y la ley.

Vámonos respetando

Carlos Navarrete Ruiz, coordinador de los senadores del PRD, sostuvo en conferencia de prensa que “sería muy grave que alguna instancia de Estados Unidos tome medidas unilaterales de pretender investigar con sus propios agentes un delito cometido en territorio mexicano.

Hay que decirle a Estados Unidos: vámonos respetando; en México hay leyes, hay instancias judiciales, hay policía investigadora, hay estado de derecho que tenemos que hacer cumplir entre todos nosotros.

La agredida se manifestaba en Ciudad Juárez en apoyo a parientes de desaparecidos

Queman la casa de Malú García, activista solidaria con la familia Reyes Salazar
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Malú García, vocera de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, aseveró que su vivienda fue incendiada porque denunció que en el centro de Ciudad Juárez opera una banda de tratantes de personasFoto Alejandro Bringas
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 14

Ciudad Juárez, Chih., 17 de febrero. Sujetos no identificados rociaron con gasolina la casa de la vocera de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, y la incendiaron mientras la activista acompañaba la noche del miércoles a la familia Reyes Salazar en una huelga de hambre para exigir que los hermanos Malena y Elías Reyes, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas, sean regresados con vida del levantón que sufrieron el pasado 7 de febrero.

Malú García dijo: afortunadamente mis dos hijos no estaban. Vecinos avisaron que gente armada bajó de un vehículo, roció la casa con gasolina y la incendió, por lo que se quemó de manera parcial, sobre todo el techo. La vivienda se encuentra en la calle Tamaulipas 6128, colonia Colinas de Juárez.

Yo estaba en el campamento, y la verdad no me he acercado a la casa por temor, pero vecinos me informaron vía telefónica que fueron dos hombres los que bajaron de un vehículo para incendiar la casa, agregó.

Dijo tener la seguridad de que el incendio se debió a que denunció de manera pública y penal la existencia de una banda en la zona centro de Juárez, que se dedica a secuestrar adolescentes, a las que obligan a prostituirse en otras ciudades.

Añadió: por amenazas que he recibido anteriormente, tengo medidas cautelares, como traer protección policiaca, y cuando he hecho recorridos en la zona centro, gente extraña nos ha seguido.

Lo anterior ocasiona que su trabajo se limite, porque ya no puede salir a la calle: eso me queda claro, y es posible que sea uno de los objetivos de estas bandas.

Apenas el martes fue quemada la casa de Sara Salazar, madre de los activistas Josefina y Rubén Reyes, asesinados el año pasado. También es madre de Malena y Elías Reyes, levantados la semana anterior.

Por lo pronto, Marisela y Claudia Reyes, acompañadas de Julián Contreras, se encuentran en huelga de hambre ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Juárez, para exigir el regreso con vida de sus parientes.

Entregan a hija de Rubí Frayre

Heidi, hija de Rubí Marisol Frayre y nieta de Marisela Escobedo –ambas asesinadas–, fue devuelta a su familia en El Paso, Texas, tras una campaña que emprendieron organizaciones no gubernamentales (ONG) estadunidenses, encabezadas por el grupo Amigos de las Mujeres en Juárez.

Diversas ONG solicitaron mediante cartas a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, la libertad de Juan Manuel Frayre y de Heidi Frayre, de tres años. El primero está en un centro de detención migratoria en Nuevo México, y la segunda se hallaba en Houston, en una casa de asistencia para hijos de indocumentados.

Juan Manuel era hijo de Marisela Escobedo, activista asesinada el 16 de diciembre anterior frente al palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua, y la niña es hija de Rubí Marisol, a quien su marido, Sergio Barraza, asesinó en 2008.

El hijo de Marisela y su sobrina huyeron de Juárez el día del funeral de la activista, luego de que el primero recibió amenazas de muerte. Huyeron a El Paso para solicitar asilo político en Estados Unidos, y Juan Manuel permanece detenido desde el 19 de diciembre en el centro de detención de Otero, en Chaparral, Nuevo México.

Heidi estaba en la Casa Hogar Infantil San Miguel, a cargo de organismos caritativos católicos, en Houston, donde se le atendía a nombre del Departamento de Refugiados y Asentados de Estados Unidos.