26/07/2015

Hay 110 inculpados, pero ninguna condena


Ayotzinapa, a la espera de justicia

La UNAM aclara que no participó en investigación

En 10 meses han encontrado 25 fosas clandestinas en Guerrero

La procuraduría estatal contabiliza mil 428 homicidios dolosos


Foto
Hoy los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y diversas organizaciones 
sociales realizarán una jornada global de protesta

Foto Pablo Ramos
Gustavo Castillo García 
Periódico La Jornada


En 10 meses de investigación del llamado caso Iguala, 110 personas han sido inculpadas de participar en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, pero ninguna ha sido sentenciada, falta por detener a dos de los principales involucrados en lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de ese acontecimiento a la fecha han sido localizadas más de 25 fosas clandestinas en el estado de Guerreo, se han contabilizado mil 428 homicidios dolosos, se han cometido 113 secuestros, y hay más de 30 personas desaparecidas.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de que durante la gestión de Jesús Murillo Karam se informó que el Instituto de Biología de la UNAM participó en la investigaciones, en respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia reveló que no existen documentos que respalden esa afirmación.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, refiere que de septiembre de 2014 a junio de este año se han contabilizado en el estado de Guerrero mil 428 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
Asimismo, el número de secuestros, en el mismo lapso, fue de 113 casos, y la cantidad de extorsiones que se reportaron fue de 140.
Las estadísticas gubernamentales refieren que no han disminuido los índices de criminalidad en esa entidad, por el contrario, se ha ido incrementando el número de homicidios y hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas, principalmente en la zona de Acapulco y también en la zona de La Montaña.
En el caso Iguala, la PGR mantiene abiertas dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dos averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los normalistas.

No hay cargos por desaparición
Por otra parte los familiares de víctimas de desaparición y también de personas que resultaron lesionadas por las agresiones de los policías municipales están recibiendo atención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Colaboradores de la procuradora Arely Gómez González señalaron que de los 110 consignados, la PGR mantiene en su contra las acusaciones de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad agravado (este delito por lo que hace la desaparición de los 43 normalistas, ya que el Ministerio Público continúa con la política de que es mejor que los inculpados sean sentenciados por secuestro, ya que con ello alcanzarían penas de hasta 140 años de prisión, mientras que si los sentenciaran por desaparición forzada se les impondrían penas que van de los 8 a los 40 años de cárcel.
En cuanto a las investigaciones realizadas durante la gestión de Jesús Murillo Karam, el ex procurador afirmó que parte de los peritajes para la búsqueda de los normalistas y respecto de los restos encontrados en el río Cocula, los realizaron integrantes del Instituto de Biología de la UNAM, pero en respuesta a una petición ciudadana, la dependencia señaló que en los archivos y bases de datos no se cuenta con algún documento que registre la realización de estudios entomológicos y biológicos.
La dependencia también da dado cuenta de que en los estudios y peritajes realizados participaron un total de 87 peritos de la PGR, y que de ellos, 30 tenían entre uno y cinco años de antigüedad en la institución; mientras otros 33, entre 11 y 15 años laborando en la PGR.
Los gastos erogados por la institución ministerial como viáticos ascendieron a 345 mil 845 pesos, en los más de dos meses que laboraron en la zona.
Asimismo, la PGR ha señalado que no cuenta con reportes escritos del contacto formal o informal que estableció la institución con la Universidad de Innsbruck, Austria, para la realización de peritajes en fragmentos de huesos que presuntamente corresponderían a los restos de los 43 normalistas.

En el Edomex, activistas esperan algo más que una alerta de género


Un hecho, que se emitirá el martes; deben informar cómo detendrán los feminicidios

Blanca Juárez
 Periódico La Jornada

La declaratoria de alerta de género en 11 municipios del estado de México es inminente. Para las organizaciones que desde el 2010 la han solicitado es un hecho que el próximo martes se emitirá, por lo tanto, lo realmente importante será que nos digan qué harán para detener la grave situación de feminicidios y desapariciones de mujeres.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), consideró que de llevarse a cabo su pronóstico, se trataría de la primera vez que este mecanismo se pone en marcha en el país.
El 28 de julio sesionará el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezado por la Secretaría de Gobernación, el cual tendrá que presentar un informe y esperamos que lo haga público y que venga fuerte, porque la situación es muy grave. La expectativa del observatorio, comentó en entrevista, es que comunique la realidad en aquel estado y diga cuáles son las medidas a tomar.
Resulta fundamental, explicó, la depuración de cuerpos policiacos, pues están implicados en delitos de violencia sexual y desaparición de mujeres; asimismo, que un grupo de peritos, forenses y antropólogos sociales con perspectiva de género investigue los feminicidios y las desapariciones. Las autoridades deben garantizar la seguridad donde ya se sabe que las matan, que se las llevan. El gobierno sabe dónde.
El OCNF documentó 840 asesinatos de mujeres entre 2011 y 2013. La cifra, al día de hoy, aumentó a más de mil, informó Estrada. De esos, tan sólo 145 casos han sido investigados como feminicidios. De 2011 a 2012 desaparecieron mil 258 mujeres de 10 a 17 años, según la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de esa entidad, Gail Aguilar.
El 9 de julio el gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas, solicitó la alerta de género. Sin embargo, el observatorio lo hizo desde 2010, pero el entonces mandatario estatal, Enrique Peña Nieto, se opuso. Luego de una serie de amparos, un fallo judicial ordenó que se iniciara la investigación. Para Ávila Villegas fue mejor reconocer y adelantarse a solicitarla, aunque no tenga facultad para eso, sostuvo la coordinadora del OCNF.
Yuritzi Hernández de la Rosa, de la Alianza por los Derechos de las Mujeres, consideró que la petición del gobernador es insuficiente, pues sólo es para 11 localidades.
Otras 10 entidades han solicitado la alerta. En Guanajuato, Morelos y Baja California el grupo de trabajo para atender esa petición expidió una serie de recomendaciones que los gobiernos debían ejecutar en seis meses. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado la falta de cumplimiento, por lo que insisten en que el gobierno federal emita la alerta.
En Baja California, como en otros lugares del país, la situación para las mujeres es deplorable, sostuvo Meritxell Calderón Vargas, de la Red Iberomericana Pro Derechos Humanos. En aquel estado se ha cometido por lo menos un feminicidio a la semana. Sin embargo, de 2013 a 2014 ni el gobierno ni muchas organizaciones reportaron uno solo, tampoco mujeres desaparecidas, y ésa es una de las mayores violaciones: no conocer la verdad, apuntó. Estrada, Hernández y Calderón coinciden en que la impunidad, la opacidad en el número de feminicidios y la culpabilización de las víctimas son la constante en diversos estados.

Iguala, un parteaguas contra la impunidad: Abel Barrera


Ayotzinapa, a la espera de justicia

Los 43 destaparon la crisis de derechos humanos en México

Imposible para el gobierno revertir esa marca de sangre


Foto Jesús Villaseca
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román
Periódico La Jornada


Trabajo de peritos en el tiradero de Cocula, Guerrero, en noviembre del año pasadoFoto Jesús Villaseca
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Hace 10 meses un hecho cimbró la conciencia social en el país: el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 no será una fecha más en el memorial de las trágicas represiones nacionales. Lo sucedido en Iguala, Guerrero, causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad.


Será imposible para el gobierno de Enrique Peña Nieto revertir esa marca de sangre, ese crimen quedó grabado en la memoria colectiva del país. A 10 meses, el caso de los 43 es ejemplo de impunidad, infamia e injusticia; pero al mismo tiempo es un símbolo para alcanzar un cambio en el país, aseveró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que han acompañado a los familiares de las víctimas en un viacrucis que busca verdad y justicia.

El 26 de septiembre, alumnos de la normal rural de Ayotzinapa se trasladaron desde su escuela, ubicada en el municipio de Tixtla, hasta Iguala para realizar una colecta de recursos con los que financiarían su viaje a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968. No imaginaron sin embargo que correrían con una suerte similar a la de los ejecutados en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Por la noche, fueron emboscados por un comando de la policía municipal. Varios fueron subidos a vehículos oficiales y otros más cayeron heridos o ejecutados. Se repitieron ataques similares a lo largo de la madrugada de 27 de septiembre. Las agresiones alcanzaron incluso al camión en el que viajaban los integrantes del equipo de futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.
Seis personas asesinadas –tres de ellas normalistas, uno, Julio César Mondragón, fue torturado y desollado–, varios heridos y 43 estudiantes de la normal desaparecidos fue el saldo de los ataques. Los policías municipales habrían entregado a los alumnos a integrantes del cártel Guerreros Unidos. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como uno de los principales responsables del crimen, se dio a la fuga al igual que varios de sus colaboradores.

De inmediato hubo reclamos de justicia. El gobierno de Peña Nieto en principio argumentó que se trataba de un caso local. Al paso de los días los reclamos se transformaron en indignación social y el clamor por la presentación con vida de los 43 normalistas se expresó desde las calles, redes sociales, mantas, carteles, conciertos, estadios deportivos, espacios públicos, universidades y algunos más.
Los 43 destaparon una verdad que el gobierno había negado: que en México hay una crisis de derechos humanos. Las autoridades tenían una estrategia para mostrar a México en el plano internacional como un país de vanguardia en garantías fundamentales. El caso Iguala desplomó ese falso escenario y apareció el México real, el de la violencia, la represión, las ejecuciones y las desapariciones forzadas, apuntó el director del Centro Tlachinollan.
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Las multitudinarias movilizaciones sociales tuvieron algunos impactos: la administración federal se vio orillada a dar atención al caso y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pidió licencia a finales de octubre y meses después no tuvo más que renunciar. La ciudadanía resumió su rabia en una frase: Todos somos Ayotzinapa.



Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan


El 29 de octubre de 2014, el mandatario federal recibió en Los Pinos a los padres de los normalistas. Se firmaron 10 compromisos. No todos cumplidos, en palabras de Barrera, particularmente el referente a fortalecer esfuerzos para la localización de los 43 estudiantes desaparecidos. Fueron los padres quienes tuvieron que buscar a sus hijos, lamentó.
A principios de noviembre se logró la detención del alcalde de Iguala y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya habían sido aprehendidos algunos policías municipales y varios presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.
El 7 de ese mes el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia para presentar los avances de las indagatorias. Su principal hipótesis fue que los 43 normalistas desaparecidos habrían sido ejecutados, calcinados en el basurero de Cocula hasta convertir sus cuerpos en cenizas, las cuales se arrojaron a un río.

Ante el cúmulo de preguntas de los reporteros, el procurador expresó: Ya me cansé, frase que fue retomada por la ciudadanía y llegó a convertirse en trending topic en redes sociales para manifestar el hartazgo de la sociedad ante lo que sucede en el país.
La versión no fue aceptada por los deudos, sus abogados y las organizaciones que los han acompañado debido a que carece de elementos científicos. Demandaron que se ampliaran las líneas de investigación, pues consideraban desde semanas atrás que elementos del Ejército pudieron estar implicados en los hechos, también exigieron indagar al ex gobernador Aguirre.
En las calles continuaba la exigencia de justicia y presentación con vida de los desaparecidos y la imagen del Ejército fue severamente cuestionada por la ciudadanía. A las miles de voces que se expresaban en México y el mundo se sumó un nuevo clamor: la exigencia por renuncia de Peña Nieto.
Frente a la presión social, el 27 de noviembre el mandatario federal trató de hacer suya la consigna Todos somos Ayotzinapa. Esto sólo generó más indignación social y los familiares le respondieron: Peña, tú no eres Ayotzinapa.

El 4 de diciembre, durante una gira por Coyuca de Benítez, Guerrero, el titular del Ejecutivo convocó a superar el dolor causado por Ayotzinapa. Después de ello, el tema salió del discurso presidencial.
En una nueva conferencia, el 27 de enero de 2015, el procurador Murillo afirmó que ya se conocía la verdad histórica del caso Iguala, el cual, dijo, debía cerrarse y ratificó que de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Casi un mes después fue removido como procurador y en su lugar fue nombrada Arely Gómez, quien apenas se reunió por primera vez con los padres de los normalistas hace un par de semanas.
“Hay un intento por cerrar el caso, por dejarlo en el olvido. Si bien es cierto que han sido detenidas 110 personas, 10 meses después del crimen no hay avances. No se ha logrado saber quiénes dispararon y por qué, quién lo ordenó. La PGR pretende erigir una ‘verdad histórica’ que carece de elementos científicos, por eso es que se rechaza”, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

A más de 300 días de los hechos, el litigante sostuvo que sólo se cuenta con una investigación deficiente que no ha aportado elementos para conocer la verdad y mucho menos para acceder a la justicia.
Sumado a ello, apenas el jueves pasado, al rendir un informe sobre el caso Ayotzinapa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la indagatoria de la PGR está incompleta y presenta fallas y omisiones. Enfatizó que no es momento de callar ni de olvidar.
A la par, el equipo de forenses argentinos –reconocidos por realizar análisis de restos óseos en varios casos de desaparición en el continente– trabajan en un informe que presentarán en agosto.
Para cerrar, Abel Barrera reconoció que si bien las movilizaciones sociales han decrecido en número, la exigencia de justicia sigue vigente y tiene que ser respondida por las autoridades.

25/07/2015

Descontrol militar


Los de abajo

Gloria Muñoz Ramírez

Cemeí Verdía Zepeda tiene 35 años, pero su apariencia es la de un joven veinteañero. De complexión delgada, moreno y de estatura media baja, vestido casi siempre de mezclilla, camisa a cuadros y su infaltable sombrero, no es fácil imaginarlo al frente de la policía comunitaria de Santa María Ostula y de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, región bajo el fuego de Los caballeros templarios en la costa de Michoacán.

Hace un año y cinco meses, Verdía fue elegido en asamblea comunitaria para encabezar su autodefensa. En este breve periodo estuvo en varias ocasiones al filo de la muerte. Libró tres emboscadas, la más reciente, denunció la comunidad, “planeada por miembros del gobierno estatal, municipal, mineros y lugartenientes de los llamados Caballeros templarios”. El domingo 19 de julio, a las 10 de la mañana, Verdía fue detenido en La Placita por elementos del Ejército. La indignación del poblado nahua los hizo detener a militares y obstaculizar su paso. Luego los uniformados abrieron fuego contra la población, no sólo contra los retenes de la comunidad, y una bala fulminó a un niño de 12 años, mientras otra niña de seis años resultó herida y otros cuatro adultos fueron lesionados.

¿Qué hay en las tierras de Ostula? Transnacionales y gobiernos las quieren para proyectos carreteros, puentes, planes turísticos, minas y demás programas de privatización de tierras. Para el crimen organizado son estratégicas para el tráfico de enervantes. Todos las codician, pero pertenecen a los nahuas. Su defensa les ha costado el asesinato de 32 de sus compañeros, más amenazas, desapariciones y constante hostigamiento. A tal grado llegó la violencia en su contra que muchos tuvieron que salir de sus tierras, entre ellos Verdía. Fue el 8 de febrero de 2014, cuando regresó a la comunidad el primer cuerpo de su guardia comunitaria, integrada sobre todo por los exiliados, la población los recibió con vítores, hicieron asamblea con la participación de mil 200 personas y volvieron a constituirse. Ahí fue elegido Cemeí como comandante.

La tensión en Ostula no es menor. La detención de su dirigente destapó una vez más el descontrol del Ejército Mexicano. Y también la resistencia de un pueblo que se niega a rendirse, pues en junio de 2009 recuperaron las tierras que estuvieron en poder de los invasores de La Placita.

Justicia para el niño Hidilberto Reyes, castigo a los autores materiales e intelectuales de su asesinato, libertad inmediata de Cemeí Verdía, garantías para su guardia comunitaria, y respeto a las tierras de la comunidad son condiciones mínimas para una reconciliación seria.

Exigen liberar a 34 nahuas en Jalisco; les imputan daños, secuestro y despojo



Juan Carlos Flores
Corresponsal
Periódico La JornadaSábado 25 de julio de 2015, p. 25
Colima, Col.

Ejidatarios de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, protestaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJE) para exigir la liberación de 34 indígenas nahuas detenidos el miércoles acusados de despojo, secuestro y daño a propiedad estatal.

La tarde de ese día, autoridades del gobierno colimense detuvieron a los ejidatarios por irrumpir y paralizar labores de la minera Peña Colorada ubicada en el municipio de Minatitilán.

Unas 300 personas se presentaron en las instalaciones de la empresa en reclamo de un pago de regalías por la renta de mil 200 hectáreas del ejido Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Los detenidos fueron acusados de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a propiedad ajena y enfrentan penas hasta de 40 años de prisión.

Los indígenas ingresaron a ver a los detenidos pero no quisieron dar una declaración a los medios, hasta que llegara su abogado, el cual no se presentó.

A su vez, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se levantó una queja de oficio por los hechos ocurridos en Peña Colorada, e iniciarán una investigación para deslindar responsabilidades.

De la Mora destacó que la protesta social es válida, pero se debe ejercer sin afectar a terceros; sin embargo, está no fue una rebelión indígena, hay brotes en todo el país; por ejemplo, en Ostula están queriendo recuperar sus costumbres y sus riquezas naturales y hay que respetar.

Doloroso, que no reconozcan que el Ejército disparó en Ostula


Nosotros no teníamos armas: jefe de la tenencia

Cemeí, freno para explotar minas: dice Vera Ramírez

Arturo Cano
Periódico La Jornada
Sábado 25 de julio de 2015, p. 32

La expedita investigación de la procuraduría de Michoacán ha concluido que los disparos del pasado domingo en el municipio de Aquila no fueron hechos por elementos del Ejército Mexicano, sino por personas desconocidas.

La declaración coincide con las primeras versiones oficiales que hablaron de disparos desde la maleza, que fueron respondidos con tiros al aire.
Jala aire Agustín Vera Ramírez, jefe de la tenencia de Ostula: Podrán decir mil cosas para lavarse las manos. Es el gobierno y tiene todo para decir que tiene la verdad. Es doloroso y a la vez vergonzoso que no puedan reconocer. Nosotros estábamos haciendo una manifestación pacífica, apoyando al compañero Cemeí Verdía (comandante general de la policía comunitaria, detenido momentos antes de la balacera en que resultó muerto el niño Hidilberto Reyes García). El gobierno sabía bien que si detenía a Cemeí la comunidad no se iba a quedar de manos cruzadas. Después de todo lo que hemos pasado, ¿quién se va a quedar así? Por eso llevaron todo ese ejército.

–Del lado de la comunidad hubo palos y piedras. ¿También tiros?

–Definitivamente no. Ya habíamos dado la orden de que ningún armado estuviera cerca de los retenes. De hecho ya había llegado la Fuerza Rural, pero los militares les habían quitado los rifles y las credenciales, los habían desarmado, siendo parte del gobierno. Y les dijeron que jamás volvieran a ponerse la playera.

Todo lo que hemos pasado es una forma de decir que Ostula fue una de las comunidades que sufrió más duramente el terror de Los caballeros templarios. El control de las minas, la explotación de la madera de zangualica y las codiciadas playas le costaron a la comunidad nahua 32 muertos y seis desaparecidos.

Vera Ramírez recuerda la fecha en que emprendieron la batalla por recuperar tierras que les habían sido arrebatadas mediante chicanadas: 29 de junio de 2009. Y la recuerda sobre todo porque, dice, al día siguiente en La Placita –lugar donde fue detenido Verdía– aparecieron amenazantes mantas con los nombres de los líderes de la comunidad: uno a uno mataron a todos los de la lista.

Apenas hace cuatro meses el gobierno de Michoacán firmó con los indígenas de Santa María Ostula un acuerdo mediante el cual se comprometió a capturar a los principales líderes del crimen organizado en la región. A cambio, y una vez concluidas esas detenciones, los comunitarios nahuas se comprometieron a levantar las armas.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los antiguos jefes de plaza de los templarios siguen libres. Y aunque están en la cárcel, desde fines de mayo pasado, el ex presidente municipal Juan Hernández Ramírez y algunos de sus cómplices, confesos, según la procuraduría estatal, de haberse coludido para matar a un líder; también está en prisión el blanco de sus ataques: Cemeí Verdía.

–Las armas que portaba y la camioneta blindada han sido argumentos para sugerir que Cemeí tenía ligas con el crimen, al menos en algunos medios.

–Las armas que él poseía son del mismo gobierno, él ya estaba dato de alta como fuerza rural. La camioneta blindada la solicitó él después del 25 de mayo (cuando sufrió el segundo atentado contra su vida). Esa camioneta es del estado, no es de ningún otro grupo. ¿Esperaban que el compañero anduviera con una resortera cuando ellos (los criminales) sí traen armas exclusivas del Ejército? ¿Y a esos quién los detiene?

–¿Siguen o no los templarios en la costa michoacana?

–Los jefes de plaza puede que no, pero ahí están los que pasan información. La traición puede estar donde sea y se puede pintar de diferentes colores.

Vera reseña la reunión en la que la comunidad de Ostula acordó con el gobierno estatal el reconocimiento de su policía comunitaria, 50 plazas de la fuerza rural para el municipio de Aquila y el restablecimiento del filtro de vigilancia en Xayakalan.

El documento lo firmaron el entonces secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo, y su subsecretario, Adolfo Eloy Peralta, ambos legado del ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

De esa junta, celebrada el 16 de marzo, en Xayakalan, los comuneros salieron creyendo que teníamos el respaldo del gobierno. Nunca se imaginaron que en unos meses “nos iba a dar la vuelta, que nos iba a levantar a Cemeí.

Quedamos en que iban a detener a los verdaderos culpables, a los que dieron muerte a 32 comuneros, pero a esos sí no les ha tocado nada, dice Vera.

Cuando la procuraduría michoacana acusó al presidente municipal de Aquila y sus cómplices de cohecho, homicidio y encubrimiento, divulgó también que el alcalde Hernández Ramírez mantenía contacto con Federico González Medina, El Lico, jefe de plaza de los templarios, y que con él acordó pagar a un grupo de sicarios. En la misma oportunidad dio a conocer una imagen en la que aparece el alcalde con Servando Gómez, La Tuta, en una reunión efectuada en junio de 2013, en la que se trató el reparto de las ganancias de las minas ubicadas en los alrededores de la comunidad indígena de Pómaro.

Cemeí era el obstáculo para que esas minas se empezaran a explotar, dice ahora el jefe de tenencia.

El domingo pasado, cuenta Vera, el ahora preso fue citado por el secretario de Seguridad Pública estatal en la localidad de La Placita, con el fin de realizar pruebas de balística y regularizar su camioneta. Estaba desayunando y hasta invitó un taco a quienes lo detuvieron, miembros de la Fuerza Ciudadana, acompañados de militares. Estaban ahí platicando y nomás, de repente, sintieron las armas y se lo caminaron.

Una de las primeras respuestas de la comunidad de Ostula fue realizar una asamblea para nombrar un nuevo comandante, cargo que recayó en Germán Ramírez.

Remata Vera: Pensaron que matando a los líderes la comunidad se iba a acabar. Pero no nos han derrotado. Es lo mismo ahora con la detención del compañero Cemeí. Nos queda claro que debemos estar más organizados y unidos que nunca. Somos muchos.

La verdad histórica sobre Ayotzinapa está hecha añicos, asegura Tlachinollan


El relato oficial fue construido con retazos y testimonios forzados, sostiene

Es momento para que se atienda el planteamiento de la CIDH de que se investigue al Ejército


Foto Rubicela Morelos
Sergio Ocampo Arista y Rubicela Morelos
Corresponsales
Periódico La Jornada


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En el caso de Ayotzinapa la verdad histórica que presentó el gobierno federal está hecha añicos, aseguró Ábel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien se refirió a las fallas y omisiones en las diligencias ministeriales detectadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sentenció: es de vital importancia que se investigue al Ejército.

Mientras tanto, en Morelos, la comisión de padres de los 43 desaparecidos estuvo acompañada por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Eric Hernández, quien cursa el primer año, acusó al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y al Ejército de haberse llevado a sus 43 compañeros, porque: desde ya hace mucho tiempo quieren cerrar la normal de Ayotzinapa, y ahora con esto intentan sembrar terror en los nuevos aspirantes, ahora sí que quisieron callarnos, pero aparecimos por todos lados, declaró ayer en Amatlán, municipio de Tepoztlán, Morelos. Por la tarde la comisión visitó Amilcingo, municipio de Temoac.

Encuentro de los padres de los estudiantes desaparecidos con habitantes de San Pedro de la Cal, municipio de Tepoztlán

En entrevista telefónica, Barrera Hernández demandó al presidente Enrique Peña Nieto que dé indicaciones a las instancias correspondientes para que se abra una línea de investigación entre crimen organizado y los tres niveles de gobierno, porque estos hechos no son aislados, son la expresión de una descomposición del ejercicio del poder que se ha dado, no sólo en las corporaciones policíacas, sino en los tres niveles de gobierno.

Señaló que la línea que hay entre la delincuencia y las autoridades tiene que indagarse porque las pautas de violencia ejercida por los cuerpos policiacos y el permitir que desaparezcan 43 jóvenes demuestra que hay un ambiente de impunidad y complicidad entre los diferentes órganos de gobierno.

Reiteró: Es momento oportuno para que se atienda el planteamiento que han hecho los padres y madres, así como los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que se investigue al Ejército, es un planteamiento de vital importancia. Se tienen que reformular y replantear estas líneas de investigación, y buscar la verdad, que requiere de pruebas científicas y todo un trabajo profesional en cuanto a la indagatoria. Se deben tomar en cuenta estas líneas que se están planteando, porque hay muchas líneas inconsistentes en el expediente.

Resaltó que Luis Raúl González Pérez, en su calidad de presidente de la CNDH, calificó de incompleta la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR), relacionada con Ayotzinapa.
Sin duda constituye un avance porque tanto los papás como los abogados han estado insistiendo: primero, de que la verdad histórica fue construida a base de retazos y testimonios, que como ya se documentó, varios de los indiciados fueron obligados a confesar datos que el gobierno federal presentó como oficiales.

Se nota, insistió, que en la medida en que se profundiza en el expediente se van detectando las irregularidades, y es evidente que lo hicieron para cuadrar una verdad que complacía al Estado, pero que quedaban sumamente endeble, para los hechos lamentables ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, concluyó.

Hay que revisar la investigación del caso Ayotzinapa, acepta la SG


El objetivo, llegar a la verdad y que los responsables sean castigados: Osorio Chong

Reporte de la CNDH detalla múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales

Rechaza la dependencia que se llame a declarar a nueve militares de la zona de Iguala


Foto Sergio Ocampo
Fabiola Martínez
 Periódico La Jornada

FotoEl titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que el gobierno federal debe revisar a profundidad la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo es llegar a la verdad y que los responsables sean castigados, dijo el funcionario a La Jornada.
–¿Eso significa reconocer errores en la indagatoria que hizo la PGR?, la cual se presentó en su momento como la verdad histórica de los hechos de Iguala, Guerrero.
–Eso significa llegar a la verdad, a partir de ver todas las investigaciones, revisarlas a profundidad con el propósito de satisfacer las recomendaciones que en lo nacional y en lo internacional se nos hagan.
“Más allá de eso –añadió–, lo estamos haciendo por convicción. Queremos la verdad y que los responsables sean castigados.”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves un avance de la investigación de los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuyo saldo es seis muertos, 43 desapariciones forzadas de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y 33 heridos, uno de los cuales permanece desde entonces en estado neurovegetativo.
En el reporte del organismo se detallan múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales del caso, cuya investigación está a cargo de la PGR.

Miguel Ángel Osorio Chong durante una ceremonia donde el Estado ofreció una disculpa pública a los militares con VIH dados de baja del Ejército.Foto Francisco Olvera

El entonces procurador general Jesús Murillo Karam expuso ante la opinión pública una indagatoria y testimonios de presuntos sicarios, para sustentar la versión de que los jóvenes estudiantes fueron asesinados, quemados en el basurero de Cocula y las cenizas esparcidas en un río.

Cada uno de los pasos del trabajo de la procuraduría fue analizado por la CNDH. Hasta el momento, dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez, la investigación oficial está incompleta.
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Otro punto destacado es la sugerencia de la CNDH para que se llame a declarar –o ampliar declaración– a nueve militares de la zona de Iguala. El grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indaga también las características de la investigación del caso Ayotzinapa solicitó al gobierno entrevistar directamente a los elementos castrenses. El secretario de Gobernación dijo que los testimonios ya estaban en el expediente.

Osorio Chong, responsable de la política interna, fue entrevistado en el Museo Memoria y Tolerencia, al término del acto público de reconocimiento de responsabilidad, por los casos de dos militares, quienes fueron despedidos –en hechos ocurridos en 1998 y 2001, respectivamente– por ser portadores de VIH.

Diversas organizaciones sociales han visitado las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa en solidaridad con la lucha de los padres de los 43 desaparecidos

Pobladores de Ostula exigen la libertad de líder de autodefensas


Comuneros reclaman justicia para Hidilberto Reyes García

Firman 12 acuerdos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación

César Arellano García 
Periódico La Jornada

Integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, exigieron que se garantice la integridad de la comunidad y el respeto a su policía comunitaria, así como la inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Coahuayana y Chinicuila.

Demandaron justicia y castigo para los culpables de la muerte del niño Hidilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

Informaron que una comisión de la comunidad visitó el Distrito Federal a fin de contrarrestar la versión que dieron a conocer, casi inmediatamente, las autoridades y fuerzas del orden para justificar su violenta e ilegal agresión del 19 de julio.

Como resultado de dicha visita se realizaron una conferencia de prensa, varias entrevistas y reuniones con la sociedad civil en las que se dio a conocer la verdad de los hechos ocurridos.

Señalaron que ayer viernes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; así como con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, entre otros, con quienes firmaron 12 acuerdos.

En uno de ellos las procuradurías General de la República y la de Michoacán se comprometen a ser cuidadosas y detalladas en las declaraciones públicas sobre los hechos ocurridos hace una semana, además que los funcionarios sostendrán una reunión en la región con representantes y miembros de la comunidad de Santa María Ostula en un plazo no mayor de 15 días.

Otro convenio fue que las autoridades se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad sobre los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en los que murió el niño Hidilberto Reyes García.

También se acordó que no habrá agresiones, hostigamiento o detenciones de las autoridades contra integrantes de las comunidades indígenas de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.

“Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de 32 muertos y seis desaparecidos desde 2009.

Ahora, a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios.

Hicieron un llamado para que la comunidad esté atenta ante la tensa situación que prevalece en la región y para que se respeten los acuerdos firmados.