30/11/2010

Reporte del Centro ProDH

Derechos humanos laborales y los trabajadores de Mexicana de Aviación

Centro de Acción y Reflexión Laboral (CEREAL)

Antecedentes:

La Compañía Mexicana de Aviación (1921; CMA, 113 aviones), pionera de la aviación en México (creó aeropuertos, líneas aéreas e infraestructura básica, etc.), se encuentra desde principios del mes de agosto en un concurso mercantil (especie de quiebra ordenada o bancarrota), avalado por un juez, que le permitió suspender todo tipo de labores y el pago a sus acreedores, pero a la vez, poner a alrededor de diez mil trabajadores/as y sus familias en una situación de indefensión e incertidumbre.

Mexicana de Aviación es la principal aerolínea de la empresa Nuevo Grupo Aeronáutico (antes llamado Grupo Mexicana de Aviación), la cual entre otras empresas controla a las aerolíneas Click y Link. El Nuevo Grupo Aeronáutico es la mayor controladora de líneas aéreas en el país con poco menos de dos quintas partes de la oferta de transportación nacional e internacional. Mexicana de Aviación concentraba el 22.4%, Click el 12.7% y Link el 2.7%.

El plan para reestructurar la empresa y evitar que un juez la declare en quiebra, pasa por las propuestas de diferentes inversionistas, que a la postre, por análisis de los sindicatos implicados (Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA; Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASSA y Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, SNTTTASS; unos 8 mil trabajadores de confianza carecen de organización), han quedado en tres: PC Capital, TG Group y BMC.

Los planteamientos para sacar de la insolvencia a la empresa para que regrese a volar parten de una premisa opuesta a la vigencia y defensa de los derechos humanos laborales, expresadas en los discursos que los medios de comunicación y una variedad de analistas han querido sustentar: “Los contratos colectivos son onerosos”, “el pasivo laboral es el lastre de la aviación”, “los costos laborales están muy por encima del promedio laboral”, etc.

Actualidad:

Tanto la acción unilateral de la compañía, e ilegal en el caso de la suspensión de labores, como el discurso dominante del “costo de los derechos de los trabajadores”, han llevado a posiciones donde estos verían disminuidos derechos conquistados en sus contratos. Por ejemplo, el aceptar un recorte del 80% de la plantilla laboral, pago de la liquidación a plazos y sólo arrancar con nuevos contratos colectivos y sólo 30 aviones.

La modernización de la aviación mexicana ha sido un desastre (en diez años, diez aerolíneas quebradas) y una desobligación del Estado mexicano (que dispuso a discreción de los bienes que generaban como empresas públicas), pues se trata de la seguridad del espacio aéreo nacional y de concesiones aéreas sujetas a vigilancia y observación. Las empresas al privatizarse, fueron vendidas a un precio menor y se desreguló el mercado. En el caso de Mexicana, hubo errores de gestión y la no inversión de lo necesario; decisiones de conducción imputables a la administración y en nada relacionadas con el ámbito sindical (despreocupación ante pasivos de corto y largo plazo sin negociación alguna con los acreedores, desmantelamiento al priorizar las líneas de bajo costo, nuevas rutas y más frecuencias en viajes poco rentables, etc).

El número de pasajeros a nivel nacional e internacional aumentó respecto al año anterior. El costo sindical nada tiene que ver, pues Aeroméxico está en situaciones muy similares y ha sabido mantenerse con el 32% del mercado. Hay que resaltar, que la empresa cuenta con activos tangibles e intangibles valiosos, antes que plantear que el peso caiga sobre los trabajadores; activos que pudieran salvar a la empresa si se les manejara de mejor forma: las rutas que sólo Mexicana de Aviación tenía, el prestigio de la marca, y la flotilla de aviones que cubrían las concesiones en rutas y espacios aéreos (que con la suspensión de operaciones, la competencia no ha podido abarcar, pero sí triplicar la tarifa).

Consideraciones:
Si se termina apuntalando la propuesta de PC Capital, el significado real de la negociación entre otras, será la disminución real de los derechos de los trabajadores vía la extinción de los actuales contratos colectivos. Lo que provocará una situación verdaderamente trágica para los trabajadores de la aviación que terminarán perdiendo derechos históricamente conquistados (pensemos en la arbitrariedad de dejar sin trabajo, por ejemplo, a 500 pilotos con más de 30 años de antigüedad o 50 de edad, o el porcentaje equivalente de trabajadores de tierra). La descomposición que no para de la legislación laboral, promovida por instancias privadas y consentida por las autoridades laborales, se está actualizando ahora en los estos contratos colectivos.

Si éste será el escenario por venir, la cabe gran responsabilidad al gobierno federal por no intervenir eficazmente, pues la concesión es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por no tutelar los derechos de los trabajadores y salvar su fuente laboral, cuya defensa es competencia de la STPS, y con lo que contradice radicalmente su pretensión de crearlos. En lugar de revalorizarse el trabajo especializado de la aviación, quedarán sus derechos como pretenden los inversionistas: pensados y tratados simplemente como un costo de producción y no como una relación social.


Pronunciamiento:
Si son mermados los derechos de los trabajadores de Mexicana, el saldo revelará indirectamente al Estado mexicano como incumplidor de su obligación internacional de hacer respetar el derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras de Mexicana, ya que ?El derecho al trabajo?, amparado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, en vigor desde 1976, y ratificado por México en 1981, ?afirma la obligación de los Estados Partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido y aceptado, en particular el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta? (4) . El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. Dicho Pacto, a través de su art 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento de derechos humanos. El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, tal como reconoce la LA OBSERVACIÓN GENERAL 18 (2005) SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO (ART. 6 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES).
Nos pronunciamos al tenor de que la contratación colectiva es uno de los derechos históricos fundamentales conquistados más importantes, para la clase trabajadora. Estos instrumentos de mejoramiento de la vida de los trabajadores han perdido eficacia y las autoridades del trabajo han dejado de cumplir el papel tutelar que les marca la ley a su favor. La violación de los derechos de los trabajadores se hace sin ningún recato; y ellos al acudir a la autoridad, se dan cuenta que es la propia autoridad, quién también comete violaciones.

Los derechos de los trabajadores son un patrimonio moral de la sociedad que deben ser tutelados y respetados. Por lo tanto, su destino, implica una dimensión ético-moral (no se puede hacer un mal para que resulte un bien), según sea el saldo que resulte de un caso concreto. El caso no está cerrado y aún puede imperar una salida que sea ética y moral.

Contacto:
Centro de Reflexión y Acción Laboral Tel. 01 (55) 52500328/55459925

Esta recopilación también puede ser consultada en: http://www.centroprodh.org.mx/sididh2008/

Felipe Calderón en la Presidencia: fracasos y guerra que no convence

Se le acaba el tiempo y no ha podido aminorar la ola de violencia que azota todo el país

Varios de sus amigos, entre ellos Fernando Gómez Mont y Patricia Flores, ya lo dejaron solo

Estados Unidos pasó de elogiarlo a calificar de insurgencia el problema del narcotráfico



Claudia Herrera Beltrán
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 7

Con gesto de aflicción y juntando las palmas de las manos, el presidente Felipe Calderón expresó el pasado 27 de agosto, en la última sesión de los Diálogos por la seguridad, que le dolían mucho las víctimas, pero tenemos que pagar los costos hoy en esta lucha contra la delincuencia.

En su cuarto año de gobierno, el mandatario sigue convencido de mantener una guerra que la mayoría de los mexicanos considera un fracaso, según diversas encuestas. Más de 300 mil millones de pesos invertidos en policías, militares y equipo, nueve mesas de diálogo sobre seguridad, una docena de líderes de cárteles capturados o asesinados, una reforma judicial en marcha y la violencia no se detiene: 30 mil muertos en los dos tercios del sexenio.

Concluye así el cuarto año, en el que el staff de Los Pinos se dividió. Aquel grupo de amigos que se enorgullecía de haber derrotado en una batalla épica primero a Vicente Fox y después a Andrés Manuel López Obrador se separó por pugnas y cálculos electorales.

Una razón fue la alianza electoral con el PRD, antaño enemigo de Calderón, en una arriesgada jugada que provocó fracturas en el histórico pacto con el PRI. Beatriz Paredes calificó de espurias las coaliciones, y en el Congreso los priístas recordaron al mandatario que un acuerdo entre su partido y el PAN le permitió ocupar la silla presidencial en 2006.

A cambio, los triunfos en Sinaloa, Oaxaca y Puebla dieron respiro al binomio PAN-PRD rumbo a las elecciones del estado de México de 2011, batalla que, paradójicamente, ha puesto del mismo lado a Calderón y a Marcelo Ebrard en busca de descarrilar a Enrique Peña Nieto, el contrincante del PRI más visible para 2012.

Pero, ¿a qué costo?, se preguntan en el PAN, sobre todo por la ausencia del extinto Juan Camilo Mouriño, que ahora marca el hecho de que el blanquiazul no tenga un aspirante presidencial.

Treinta y tres enérgicas condenas

En total, el gobierno federal emitió 33 enérgicas condenas en 2010, el año más violento en lo que va de calderonato.

Boletines y declaraciones sobre asesinatos múltiples, como los de 72 migrantes en Tamaulipas, 17 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o 19 en un centro de rehabilitación para adictos en Chihuahua.

Y de los crímenes de políticos, como el del ex gobernador de Colima Silverio Cavazos; del ex candidato a gobernador Rodolfo Torre, de 11 alcaldes y de diputados y regidores.

Otros han sido alusivos al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN. Transcurridas 24 horas, el Presidente buscó hacer saber, por conducto de los medios de comunicación, que los hijos de su correligionario oraban por él. Después el gobierno hizo oficial su retiro de las investigaciones, porque la familia lo pidió.

Ya sea en reuniones con el Ejecutivo o en las calles, las protestas por los llamados daños colaterales de esta guerra, los crímenes de civiles y las violaciones a los derechos humanos durante acciones militares se incrementaron en la misma medida que los cercos de seguridad del Estado Mayor Presidencial.

Dos mujeres expresaron el agravio ciudadano por la inseguridad y la impunidad por la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC.

En febrero, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, dos de los 17 jóvenes acribillados en una fiesta en Ciudad Juárez, reprochó al Presidente los calificativos de que eran pandilleros. Calderón se disculpó y ante los reclamos por la ausencia de adolescentes propuso: “Hagamos un chat para que platiquemos”.

Patricia Duarte le echó en cara en junio pasado que Juan Molinar y Daniel Karam continuaran en sus cargos. Voté por usted porque pensé que el peligro estaba en otro lugar, y ya ve, expresó la mujer en la visita de Calderón a Sonora 13 meses después de la tragedia.

Para el Ejecutivo los civiles inocentes sorprendidos en situaciones de fuego cruzado eran realmente los menos, pero tras recibir severas críticas por ese señalamiento tuvo que corregir y aclarar que le dolían profundamente esas pérdidas.

Con la promesa de corregir fallas, Calderón organizó nueve mesas sobre seguridad, en las cuales admitió que era muy bueno oír a la sociedad, pero insistió en que los militares iban a continuar en el combate a la delincuencia hasta el último día de su gobierno.

Problema de percepción

Si algo ha preocupado al mandatario es convencer a la opinión pública de que la inseguridad no tiene la magnitud que se dice, que es un problema de percepción.

En su empeño por dejar claro que el gobierno y no los delincuentes van ganando esa guerra, no ha ocultado su molestia por notas periodísticas y las deficiencias de su política de comunicación.

Intentó subsanarlas designando a Alejandro Poiré vocero en temas de seguridad.

El discurso de Estados Unidos ha sido doble. El presidente Barack Obama equiparó al comienzo de su mandato a Calderón con Eliott Ness, y Janet Napolitano ha censurado los altos niveles de violencia. Hillary Clinton dice que la amenaza del narco se está convirtiendo en insurgencia.

Dicho panorama se complica si se considera que Nuevo León, símbolo de la industrialización en el país, ha sido escenario de diversos narcobloqueos.

Los asesinatos de periodistas pueden tener su ejemplo extremo en el Diario de Ciudad Juárez, el cual perdió a dos y tuvo que publicar un editorial pidiendo tregua a la delincuencia.

Otro punto que ha vulnerado la imagen del gobierno federal es el fracaso del michoacanazo, como se conoció al mayor operativo policiaco-militar emprendido por la Procuraduría General de la República, en el cual se arrestó a 35 servidores públicos de esa entidad acusados de tener nexos con el cártel de La Familia. Dieciséis meses después fueron liberados.

Atrás de esas aprehensiones y de las acusaciones contra Julio César Godoy, hermano del actual gobernador, por supuestos vínculos con el narcotráfico, los perredistas aducen que existe interés del Presidente por impulsar a su hermana Luisa María como candidata a gobernadora. La ex senadora había prometido al inicio del sexenio mantenerse alejada de la política.

Los de casa se van

Si algo cuidó Felipe Calderón fue la unidad y lealtad en su grupo de colaboradores, así como mantener resguardadas las diferencias en los muros de Los Pinos.

Pero en su cuarto año de gobierno las pugnas se hicieron visibles. En julio abandonaron el gabinete los de casa, como se hacen llamar los cercanos al Ejecutivo, entre ellos Fernando Gómez Mont, Patricia Flores y Maximiliano Cortázar.

Gómez Mont quedó en una situación incómoda cuando desaprobó las alianzas, en apego al acuerdo con Peña Nieto de que el PAN no se coligaría con el PRD. Desde entonces tuvo diferencias con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; con Cortázar y con César Nava, actual dirigente del blanquiazul.

Otra funcionaria de casa que dejó Los Pinos es Patricia Flores, otrora poderosa jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, a quien se responsabilizó de los elevados gastos en las fiestas por el bicentenario de la Independencia, que ascendieron a 3 mil millones de pesos y no estuvieron a la altura, según críticas de priístas y perredistas.

Acorde con su estilo, el mandatario nombró secretario de Gobernación a su amigo Francisco Blake, de escasa trayectoria en la política nacional. Mientras, Gerardo Ruiz retornó a Los Pinos y Bruno Ferrari, de perfil religioso y trayectoria vinculada con organizaciones conservadoras, llegó a la Secretaría de Economía.

El Presidente también demostró estar dispuesto a remontar la debilidad de su partido e hizo tres anuncios de tinte electoral en la semana previa a los comicios de julio. Se ganó una reprimenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violar la ley en la materia.

No dudó en revivir los contenidos de los espots de 2006 y reiterar que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México.

Fue el año en que Felipe Calderón echó mano de la tecnología para lograr un acercamiento virtual con la ciudadanía y se hizo usuario frecuente de Twiter. Era el 18 de mayo.

Como otras figuras públicas, el Ejecutivo no ha estado exento de pifias. En septiembre anunció que iba a dar un informe abusivo, en vez de alusivo, sobre su cuarto Informe de gobierno. Hace unos días agradeció ha, en lugar de a, todos su atención e interés en sus mensajes.

Así, de promoverse como el presidente del empleo, hace cuatro años, Calderón se convirtió en el Presidente de la guerra anticrimen. Muy lejos de aquel Calderón de agosto de 2006, cuando en el clímax de la protesta encabezada por López Obrador todavía se dio tiempo para bromear frente a un grupo de reporteros: Lo bonito es lo feo que se está poniendo.

La ola de feminicidios está eclipsada por el narco: CNDH

Plascencia Villanueva lamenta los índices de impunidad

Al realizar un balance de su primer año al frente de la comisión, exhorta a la PGR y a la Sedena a incrementar la cooperación

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 12

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, asevera que la impunidad es uno de los principales problemas en materia de garantías básicas. Como ejemplo de ello, precisó, está el caso de los feminicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que continúan de manera tan intensa como al principio, sólo que ahora ante los ojos de la opinión pública se han vuelto invisibles por la inseguridad que priva en esa entidad.

Afirma que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguen negando información a la CNDH, pues no le permiten tener acceso a las averiguaciones previas e incluso obstaculizan su trabajo.

El ombudsman nacional sostuvo en entrevista que en la investigación de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, la PGR no permitió el acceso a la averiguación previa, por lo cual tuvo que solicitar a su homólogo de Ecuador apoyo para obtener las declaraciones que rindió en su país el ecuatoriano repatriado.

Debido al combate al crimen organizado y a la participación de militares en operativos, sostiene que se han incrementado entre 30 y 60 por ciento las quejas por tortura y detenciones arbitrarias. La CNDH, asegura, tiene 40 expedientes abiertos por civiles que han sido asesinados en operativos.

Al cumplir un año al frente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva hace un balance de su gestión.

–¿Qué ha cambiado a un año de su llegada a la CNDH?

–Se ha generado una dinámica muy intensa de tratar de acercar la CNDH a la sociedad. Hemos retomado parte de una agenda de garantías fundamentales que estaba pendiente. También retomamos el vínculo de trabajo con la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y una vinculación con organismos internacional –Human Rights Watch y Amnistía Internacional– entre otras, que se habían mantenido un tanto alejadas.

–¿Ha logrado ese acercamiento con la sociedad como lo propuso hace un año?

–Hemos trabajado intensamente en busca de orientar el desempeño de la institución hacia esa dirección. En los meses recientes visitamos prácticamente toda la República en diferentes actividades, y el próximo año vamos a tener cinco nuevas oficinas regionales para estar más cerca de la sociedad.

–A la CNDH se le cuestiona mucho la transparencia, ¿qué ha hecho para revertir esa situación y ganar credibilidad?

–Se modificó el reglamento de la comisión y se dejó claro que toda la información es pública con las únicas limitaciones derivas de cuestiones de seguridad, de datos personales o confidenciales. En credibilidad las encuestas de opinión nos indican que ha ido creciendo la confianza en nosotros y que hoy somos la institución que se encuentra por encima de todos los organismos civiles en ese rubro.

–¿La relación con la Sedena y la PGR ha cambiado, o sigue tensa y sin colaboración?

–Tengo un diálogo respetuoso totalmente institucional con ambas dependencias, lo que resulta fundamental para que las investigaciones que realizamos puedan llevarse a cabo con el ánimo de determinar si hay violación de derechos humanos. Tenemos un respetado canal institucional con el objetivo de que hagamos del tema de las garantías fundamentales un compromiso común.

–Sin embargo, en sus recomendaciones emitidas dice que la Sedena y la PGR le niegan información y son un obstáculo para las investigaciones.

–Sin duda que hay todavía servidores dentro de toda la administración pública federal que no están muy convencidos o comprometidos con los derechos humanos.

–¿Cómo ve la situación de esas garantías en el combate a la inseguridad?

–Es una situación muy difícil. Hemos vivido en los meses recientes una escalada de violencia por parte de los delincuentes y también una intervención cada vez más intensa por parte de los militares, en operativos que antaño eran propios de las corporaciones policiacas. Esto ha dado lugar a que civiles inocentes pierdan la vida en esas operaciones.

–Hace una semana dijo que son más de 100 los civiles muertos en los operativos.

–Tenemos alrededor de 40 investigaciones en la CNDH. Los restantes casos corresponden a las comisiones estatales, porque estaban implicados funcionarios de los niveles estatales o municipales.

–¿Qué recomienda para que no se afecte a la población?

–Mayor coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales; que se utilice más la inteligencia y menos la fuerza, para que los operativos se realicen deteniendo a los responsables sin poner en riesgo a civiles.

–¿Qué hace la CNDH ante el incremento de las denuncias de desapariciones forzadas que involucran a policías, militares y al crimen organizado?

–Se han incrementado las denuncias, tenemos un sinnúmero de expedientes en los que se atribuyen los casos a miembros del crimen organizado y a autoridades federales, estatales y municipales. Se requiere de controles para que no se caiga en la tentación de actuar al margen de la ley, ni mucho menos aplicar prácticas que corresponden a un pasado oprobioso de este país que todos buscaríamos que no surjan de nueva cuenta.

–¿Por qué no se resuelven los problemas de derechos humanos como feminicidios, desapariciones forzadas y tortura, entre otros?

–Por la impunidad, es uno de los graves problemas en derechos humanos.

-¿Y los feminicidios de Ciudad Juárez?

–Continúan. Estamos preparando el informe 2010 de los feminicidios. Lamentablemente ante los ojos de la opinión pública han ido quedando como invisibles ante la grave situación de impunidad, de inseguridad que afecta a otros temas.

La Suprema Corte comienza a discutir la legalidad de los contratos incentivados

Diputados consideran que esos convenios violan la Constitución


Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este martes la discusión de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en contra de los llamados contratos incentivados, los cuales permiten la participación de la iniciativa privada en ciertas áreas de las exploración y explotación de petróleo. Trascendió que hay ministros que consideran que la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos es irrenunciable y que es inadmisible que Pemex pague a empresas privadas con porcentaje de las ganancias obtenidas con la producción del energético.

El pago que haga la paraestatal debe compensar por los servicios que prestan las empresas, pero sin comprometer la renta petrolera, sostienen.

El pleno revisará la controversia que presentó la Cámara de Diputados en contra del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, emitido por el presidente Felipe Calderón el 3 de septiembre de 2009, específicamente de los artículos 2, fracción I y IX, 14, 26, 27, 33, 40, 41, 62,70, 71 y 72.

El pleno revisará, entre otras cosas, la constitucionalidad de los contratos incentivados, los cuales ya fueron aprobados por el consejo de administración de Pemex con base en la reforma energética que aprobaron panistas y priístas en 2008.

La Jornada publicó el pasado domingo las declaraciones de Rogelio Gasca Neri, el único integrante del consejo de administración de la paraestatal que votó en contra de la puesta en marcha de dichos contratos, quien aseveró que se trata de una nueva forma de contratación de proyectos en áreas estratégicas de Pemex, la cual abre la puerta a que empresas privadas se apropien de la renta petrolera.

Los contratos son ilegales, fueron aprobados con premura y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados, advirtió Gasca Neri. Explicó que dicho instrumento permite a las empresas privadas realizar para Pemex trabajos de exploración y producción de petróleo a cambio de una remuneración en efectivo, con el incentivo de aumentar sus ingresos si logran metas arriba de las pactadas, pese a que dichos trabajos se encuentran reservados al Estado por la Constitución.

Gasca Neri señaló que es preocupante que en este modelo de contrato se incluya el pago de una tarifa por barril extraído por el contratista, porque existe estrecha correlación entre el precio del crudo y la remuneración del contratista, lo que difícilmente se puede disociar del concepto de compartir la renta petrolera, lo cual está prohibido por la Constitución.

Ilegal, dar carpetazo al caso de Digna Ochoa, califica la ANAD

La participación de Rogaciano Alba quedó sin investigar, acusa


Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 16

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) consideró que el reciente carpetazo que dio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido es lamentable e ilegal.

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD y ex coadyuvante de la procuraduría capitalina en esta indagatoria cuestionó la ratificación ministerial respecto de que la abogada se suicidó, pues, dijo, los fiscales llegaron a esa decisión sin haber desahogado la declaración del cacique guerrerense, Rogaciano Alba Álvarez, quien según diversos testigos habría ordenado el homicidio de la defensora de derechos humanos.

En entrevista con La Jornada, el litigante, quien encabeza una de las organizaciones de abogados de corte progresista de mayor prestigio en el país, refirió que los familiares de Digna Ochoa están legitimados para pedir un amparo de la justicia federal, a fin de que un juez ordene a los fiscales que por segunda ocasión se reabran las pesquisas y se pueda tomar la declaración de Alba Álvarez, preso por sus presuntos vínculos con el cártel de La Familia.

A decir de Fuentes Muñiz, la PGJDF no desahogó todas las evidencias que aportaron los familiares de Ochoa y Plácido –con el apoyo de peritos contratados por ellos–, las cuales conducían a indicios sobre el presunto homicidio de la abogada, quien murió en su despacho el 19 de octubre de 2001.

No entendemos por qué la PGJDF se negó a avalar diversos peritajes que aportan evidencia de que el suicidio no era la teoría criminalística más adecuada para llegar a la verdad histórica de los hechos, refirió Fuentes Muñiz.

Añadió que diversos peritajes que se aportaron en su momento demostraron que hubo un desorden atípico en el lugar en que murió Digna; no sabemos, además, porqué no se tomaron en consideración una serie de peritajes químicos de la pistola con que supuestamente se suicidó, y que la mano de la abogada no estaba marcada como si ella hubiera disparado, a pesar de que luego se demostró que esa pistola sí deja rastros de pólvora.

Sobre el tema de Rogaciano Alba, quien al ser detenido por sus presuntos vínculos con narcotraficantes rechazó ante autoridades de la Policía Federal que fuera responsable de la muerte de Digna Ochoa, el presidente de la ANAD sostuvo que la PGJDF está obligada a tomar la declaración ministerial al cacique guerrerense, lo que no ha ocurrido.

Aunque Rogaciano niegue su responsabilidad en la muerte de Digna Ochoa y Plácido, la PGJDF tiene en su poder una serie de declaraciones de testigos que aseguran que el sujeto detenido la mandó asesinar, y eso tiene que ser investigado; para ello se requiere interrogar a este sujeto, indicó Fuentes Muñiz.

Recordó que en diciembre de 2008, Javier Torres, testigo central de la PGJDF, cuya declaración permitió reabrir las pesquisas sobre la muerte de la abogada Ochoa, fue levantado en la región de Petatlán y apareció golpeado varios días después.

Javier declaró que mientras fue secuestrado le robaron la declaración que presentó ante el Ministerio Público capitalino, en la que vinculó a Rogaciano con la muerte de Digna, expuso Fuentes Muñiz.

Hace dos años, los campesinos guerrerenses Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres Rosas acudieron a la procuraduría capitalina para confirmar lo que el 14 de marzo de 2007 Javier dijo a La Jornada Guerrero: “Rogaciano Alba ordenó a sus pistoleros Modesto Acosta; Nicolás Martínez, El Cuarentón, y Daniel Bautista, El Mocho, ejecutar a Digna Ochoa”, y que había sido Nicolás quien disparó a la abogada.

29/11/2010

Tras cuatro años de gobierno, Calderón sigue sin estrategia contra el narco: Badillo

El general retirado critica la actitud sumisa ante la imposición de la Iniciativa Mérida

Advierte que Estados Unidos podría invadir a México con el pretexto de combatir el tráfico de drogas

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Lunes 29 de noviembre de 2010, p. 22

Después de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, seguimos como al principio: no hay estrategia en el combate al tráfico de drogas, sigue todo al aventón, como muchas veces hacen las cosas los gobiernos panistas, sostiene el general de división retirado Roberto Badillo Martínez, quien advierte que, de continuar la actual política anticrimen, corremos el riesgo de que Estados Unidos invada México so pretexto de combatir al narcotráfico.

En entrevista con La Jornada, el divisionario, que recorrió todo el escalafón castrense y tuvo entre sus últimas encomiendas la comandancia de la quinta zona militar con sede en la ciudad de Chihuahua, en 1999, luego de que fue removido el general Juan Morales Fuentes por la desaparición de seis kilogramos de cocaína que habían sido decomisados por los soldados a su cargo, critica la actitud sumisa de México al aceptar la imposición de la Iniciativa Mérida.

Añade que el crecimiento del narcotráfico en el país “tiene su punto básico en la miseria que tenemos, con más de 50 millones de pobres.

¿Cómo un pobre al que le ofrecen un arma y dos o tres mil dólares a la semana no va a hacer lo que le digan? Aquí lo que hay que combatir es la política neoliberal de los 28 años recientes, que nos ha fundido en todos los aspectos y que se mantiene con el actual gobierno, sostiene.

Autor del libro El complejo militar industrial de Estados Unidos: los responsables de la crisis financiera contemporánea y sus orígenes –de reciente publicación–, en el que desmenuza la forma en que los cuatro grandes bancos estadunidenses apoyados en la Reserva Federal estadunidense imponen su política neoliberal a escala global y, en el caso de México, mediante el desmantelamiento de la industria nacional con la entrega de empresas y bancos a corporativos internacionales, el general cuestiona la política sumisa del gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad.

Señaló que la Iniciativa Mérida fue fraguada por la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) antes de que Calderón asumiera el poder, cuando convenció al actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al que fue el primer procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de aplicar toda la fuerza del Estado contra el narcotráfico.

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Los mexicanos que están en el gobierno deben tener el patriotismo para decirle ¡no! a Estados Unidos, señala el general retirado Roberto Badillo, en entrevista con La JornadaFoto Roberto García Ortiz

El resultado fue que Estados Unidos aprovechó la Iniciativa Mérida para penetrar en México. “No es posible que por muy primarios que sean, por muy ignorantes que sean (Ios miembros del gabinete presidencial), permitieran que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, saliera ante los medios en su más reciente visita al país con la secretaria de Relaciones Exteriores (Patricia Espinosa) y dijera: ‘hemos decidido formar una oficina de información’, y la otra señora se quedara callada. Por lo menos hubiera dicho ‘hemos decidido’, pero no, se quedó callada, pues ya lo dijo ella y hay que cumplirlo.

La Iniciativa Mérida es una miseria. No es posible que un país como México, que tiene 70 mil millones de dólares de reservas, permita que por mil 500 millones de dólares en tres años le estén restregando que no cumple con los derechos humanos y otras cosas.

El militar, que fue también diputado federal de la 60 Legislatura, señala que Estados Unidos lleva a cabo una política de desestabilización en México, al permitir el paso indiscriminado de armas ilegales a territorio nacional. Recordó que tan sólo en los cuatro años recientes las fuerzas armadas nacionales han decomisado más de 90 mil armas procedentes del vecino país.

He visto que el Presidente (Felipe Calderón), en los últimos meses, como que en ocasiones dice oraciones fuertes en contra de Estados Unidos, y les dice ¡ustedes son los culpables! Pero ya, que termine con esas frases.

Es necesario que “ahora sus órganos de gobierno –de Calderón– presenten una queja ante organismos internacionales, para obligar a Estados Unidos a controlar sus armas, para detener a las cabezas del narcotráfico. Aquí de vez en cuando detienen a alguna, pero allá, nunca”.

Advierte que con este sistema que ha implementado el gobierno de México contra el narcotráfico no vamos a ningún lado; vamos a terminar con 35 o 40 mil muertos (este año) sin haber resuelto el problema, y debemos exigirle a Estados Unidos ante las instancias internacionales que controle el flujo de sus armas hacia nuestro país. Los mexicanos que están en el gobierno deben tener el patriotismo para decirle ¡no! a Estados Unidos cuando al país no le convengan sus propuestas, concluyó.

Sólo las balas de la guerra empañan el discurso alegre El soundtrack de Calderón suena igualito: un país de ensueño Foto Beneficiarios de programas so

Sólo las balas de la guerra empañan el discurso alegre

Arturo Cano
Periódico La Jornada
Lunes 29 de noviembre de 2010, p. 10

La llegada del PAN al poder ha regalado a México la consolidación de la democracia, la década de la salud, el sexenio de la infraestructura y, por el tono del discurso de Felipe Calderón, está por obsequiarle un tercer mandato presidencial.

Vamos por más, mexicanos. Porque México no merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático que hemos emprendido y mucho menos la tragedia de regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable, afirma el Presidente en un acto realizado en el Auditorio Nacional, convocado por su partido pero presentado como el encuentro ciudadano con motivo de su cuarto año de gobierno.

La hora de los acuerdos, de la convocatoria para realizar las reformas siempre indispensables para el país, ha terminado. Al comenzar el último tercio de su mandato, Calderón Hinojosa dibuja un país de ensueño, apenas empañado por las balas de una guerra que es responsabilidad única y exclusiva de los violentos, de la delincuencia organizada.

En el escenario del Auditorio Nacional, un centenar de beneficiarios de programas sociales del gobierno la hace de escenografía para el Presidente. Los invitados son gobernadores, diputados, funcionarios de todos los rangos y panistas de infantería. Un público a modo que celebra con aplausos y a ratos ovaciona los logros de 10 años de gobiernos humanistas, que palmea por las carreteras y las becas, por las reservas internacionales y las clínicas, pero que sobre todo festeja la bravura de su líder.

¡Duro, duro, duro!, toman prestada los panistas la consigna sindical para alentar la guerra de los 30 mil muertos. Una guerra que para Calderón no es sino herencia: El crimen encontró campo fértil en lo que era el corazón del viejo sistema. En la complicidad, en la impunidad, en la corrupción, en la opacidad.

“¡Falta El Chapo!”

Calderón está en el segmento más aplaudido de su discurso, el noveno de los 10 grandes cambios, de las 10 grandes realidades que presume, como el aporte singular de su partido al país, la lanzadera de su nueva campaña electoral hacia 2012. El tema es, naturalmente, la guerra contra la delincuencia organizada. Si todo el largo discurso, de casi hora y media, recibe cuatro decenas de aplausos, la guerra se lleva más de una decena, incluidas dos ovaciones de pie.

Como en otros discursos presidenciales, los capos son protagonistas de la historia de México, que invoca para probar la eficacia de sus acciones: El Mochomo, Coronel, El Grande, La Barbie, Tony Tormenta. Y el auditorio ruge. ¡Y vamos por más!, gritan por ahí. “¡Falta El Chapo!”, completa un panista mexiquense, más para apoyar a su equipo que para hacer una crítica desde gayola.

Ni siquiera la lista de los padres de la actual democracia mexicana merece similar desbordamiento del público. Porque, poco antes, Calderón habla de las generaciones de mexicanos que en una lucha de décadas lograron que el país arribara a la democracia. Y suelta su lista: Francisco I. Madero, José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Luis Álvarez, Manuel Clouthier y Carlos Castillo Peraza. ¿Y Vicente Fox?, se preguntan en los pasillos del auditorio.

Los brincos de Calderón

Antes de la llegada de Calderón, un par de conductores socarrones animan la reunión. Hacen desfilar por el micrófono a varios de los beneficiarios de diversos programas del gobierno: un joven que gracias a una beca hizo una tesis premiada, una niña que libró el cáncer gracias al Seguro Popular, una señora que venció el alcoholismo y aprendió a leer, una empresaria poblana de “snacks saludables”.

¿Un cambio de terreno en las prioridades del gobierno? ¿En el último trecho Calderón se vuelve Salinas y convierte en bandera principal su política social? Los más puntillosos ven ahí abajo, en el centenar de mexicanos beneficiados, a los representantes de las redes que el PAN ha tejido desde el gobierno federal para la siguiente lid electoral. En las representantes de las 9 mil guarderías creadas por este gobierno a precios de regalo, por ejemplo. O en el subidón de 2.5 a 6.5 millones en las familias beneficiarias de Oportunidades.

Como demora el inicio oficial del acto, los conductores ordenan a los asistentes ponerse de pie y hacer ejercicio, saludar al de al lado, darse abrazos y masajitos, para evitar que alguien esté dormido, dicen, a la hora del discurso.

En las pantallas desfilan los rostros de los gobernadores del PAN, de Ernesto Ruffo a los más recientes. Las caras de Luis Reynoso y Sergio Estrada Cajigal, los dos que han dejado de ser panistas, provocan abucheos.

El desaguisado es rápidamente resuelto con la aparición de un jovencísimo Felipe Calderón en un largo video que se remonta a sus orígenes de dirigente juvenil y se solaza en la campaña por la Presidencia. El público disfruta, sobre todo, las frases elegidas para la ocasión: Con estas manos limpias voy a entrar a la Presidencia de la República; Mientras más altas me pongan las trancas, más alto pego el brinco y me las salto; Soy un todoterreno, soy un 4x4; No te revientes reata, que es el último jalón.

Renovado jefe de campaña de su partido, Felipe Calderón elige también la siguiente frase para celebrar sus cuatro años en el poder: Ya llegamos a echarle a perder su fiestecita a los tabasqueños.

Fox y los grandes árboles

Vicente Fox merece una mención, apenas de pasadita.

Lo importante para Calderón es informar al país que hoy, pese a los malintencionados, todos vivimos mejor.

Las 10 grandes realidades lo dicen todo. Una, la primera que destaca Calderón, es la década de la salud, obsequio panista para 93 millones de mexicanos, aunque nada se diga de la calidad de la atención. La segunda, la cobertura universal en educación básica (que algún despistado creía ya conseguida años atrás), con más becas que nunca. Y no para Calderón, cuelgue y cuelgue estrellitas a su gobierno: menos pobreza, más vivienda popular que nunca y sin corrupción, recuperación del salario y, claro, más carreteras que nunca gracias al sexenio de la infraestructura.

Muchos datos que receta Calderón no resisten ya no se diga la crítica de sus adversarios, sino ni siquiera el cotejo con las cifras que proporcionan las dependencias encabezadas por sus subordinados (se ha reducido la desnutrición infantil, dice, por ejemplo).

La danza de cifras no entusiasma a los 10 mil panistas como la beligerancia del capítulo antinarco. “Los grandes árboles, amigos, no caen de un hachazo.

Árboles viejos, con raíces añosas, bien penetradas, como las de la delincuencia, requieren muchos hachazos. No es la primera vez que el leñador Calderón avisa que él no completará la tarea. Ni tampoco la primera que advierte que quien no esté con su estrategia está en su contra y pide soplones: Mientras más mexicanos estemos de este lado, denunciando, avisándole al Ejército, avisándole a la policía, serán más hachazos.

Hace tiempo que el soundtrack sexenal suena igualito: Dije que costaría dinero, que tomaría tiempo y, por desgracia, como ha ocurrido, vidas humanas, de policías, de soldados y de marinos que todos los días, día y noche, están luchando, verdaderos héroes contemporáneos.

Para las víctimas inocentes no hay ni una línea.

27/11/2010

AU ACCIÓN URGENTE !!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

25 de Noviembre de 2010

AU-07


ACCION URGENTE

  • Amenazas de muerte, hostigamiento a Defensora de Derechos Humanos, a integrantes y director del Frayba

  • Los gobiernos federal y estatal son ineficaces en la aplicación de medidas cautelares ante la CIDH


El día de ayer, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a las 11.45 hrs., Margarita Guadalupe Martínez Martinez (en adelante Margarita), defensora de derechos humanos, después de una entrevista con un funcionario de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se trasladó a un café y media hora después, al salir del lugar, fue amenazada por dos personas no identificadas, las cuales iban en una camioneta Ranger, color blanco, sin placas.


Es importante señalar que debido a las agresiones que han tenido, Margarita y su familia, cuentan con medidas cautelares MC 52/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que tienen custodia policial para resguardar su vida, su integridad y seguridad personal.


Margarita permaneció en el café alrededor de media hora, al salir se percató que el policía, quien era su custodio en ese momento no se encontraba en el lugar. Según su testimonio indica que caminó hacia una farmacia cercana, en el trayecto la interceptaron dos hombres, uno estaba al interior de una camioneta y el otro se le acercó de manera intimidante, le dijo “vas a caminar, porque ya te llevo la chingada y vas escuchar muy bien lo que te voy a decir… te vas todo derecho, llegando a la esquina vas a doblar a la derecha, y te vamos a encontrar allá por la iglesia de San Cristobalito y nada de hacer pendejadas porque te tenemos vigilada, así que mucho cuidadito, muy relajada, muy tranquilita, te vas caminar y allá te encontramos, no vayas hacer ninguna mamada.”


Ella fue al lugar indicado, mientras la camioneta la esperaba en la esquina, en la acera de enfrente era vigilada por el mismo hombre quien la alcanzó y le dijo: “sabes que ahorita te vas agarrar un taxi y te vas ir al panteón y te vas encontrar con tus muertitos y de una vez, porque ya muy pronto vas a estar con ellos”.


El hombre le entregó a Margarita un papel y le dijo: “vas a llevar esto al Frayba y le vas a decir a Diego (Diego Cadenas, Director del Frayba), que sabemos que trabajan con grupos subversivos y que a los del Frayba los tenemos bien identificados y los vamos a acabar uno por uno, porque son unos pinches culeros de mierda, sólo andan desestabilizando al Estado, además justifican sus gastos según a favor de los más necesitados, a favor de la justicia, qué justicia, ni qué la madre justicia, mi verga.


Ya tenemos bien identificado a Diego, le vamos a presentar cargos muy graves, a ver si en la cárcel como buen abogado puede defenderse de todos los cargos que tiene, porque sabemos que andan movilizando a la gente de Mitzitón. Son una bola de estúpidos que no entienden que es el progreso”


Además agregó: “…nosotros somos más listos, no te subimos a la camioneta para que no nos acuses de secuestro, así que camina, no sólo somos nosotros hay más gente que te estamos vigilando, tienes que hacer lo que te decimos o te damos tres plomazos”.


Margarita, indica que por miedo cumplió las indicaciones y que durante el recorrido siempre estuvo vigilada desde la camioneta blanca para que hiciera lo que le habían indicado. Después del recorrió al panteón se dirigió al mercado José Castillo Tielemans. Al llegar al lugar, por el tráfico vehicular logro perder de vista a sus agresores, por lo que aprovechó correr hacia las oficinas de este Centro de Derechos Humanos, llegando a las 13.30 hrs.


Estando en el Frayba, en una situación de estrés, entregó el mensaje hecho de recortes de periódico que contenía lo siguiente: “Diego en tus manos está la vida de esta familia. Enfrentarás cargos. Defensores la verga”.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, es el representante legal de Margarita y su familia, ante las autoridades judiciales y ha denunciado de manera reiterativa las violaciones a los derechos humanos que han sido víctimas y la impunidad en este caso.


Es lamentable que las medidas de protección a la vida, a la integridad física y psicológica se pongan en riesgo por la negligencia ante los hechos descritos con anterioridad, lo cual se evidencia que el Estado mexicano a través del gobierno del estado de Chiapas está incumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.


Ante la gravedad de los hechos, que violentan la integridad física y psicológica de Margarita, su familia e integrantes del este Centro de Derechos Humanos:


Exigimos al Gobierno mexicano:
  • Cesen las amenazas de muerte y el hostigamiento hacia Margarita Guadalupe Martínez Martínez, Adolfo Guzmán Ordaz y sus menores hijos, así como garantizar la vida, Integridad física y psicológica y seguridad personal de las personas mencionadas.

  • Se otorguen medidas necesarias y pertinentes para garantizar la integridad física y psicológica y seguridad personal de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.


*-*

Contexto y antecedentes


En las últimas semanas han ocurrido diversos incidentes de seguridad, en el cual el personal de custodia que está a cargo de la integridad y seguridad personal de Margarita y su familia, no ha cumplido de manera eficaz la implementación de las medidas cautelares. El último incidente ocurrió el día 23 de noviembre 2010 por la noche, cuando de manera extraña hubo un corte a la energía eléctrica en el domicilio de Margarita, por lo que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar.


Es importante hacer mención que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, el pasado 20 de noviembre determinó el ejercicio de acción penal de la indagatoria AP0004/FEPONGDDH-M1/2009, en contra de servidores públicos a quienes se les imputó diversos delitos penales, indagatoria en la cual resultan ser ofendidos los señores Adolfo Guzmán Ordaz y Margarita Guadalupe Martínez Martínez. El 22 de noviembre se consignó ante el Juez del Ramo Penal en turno del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez.


Margarita y su familia fueron víctimas de un allanamiento policial en su domicilio en la ciudad de Comitán de Domínguez el 8 de noviembre de 2009. Después de presentar la denuncia de hechos y acusar a elementos de la policía ministerial, de la policía municipal de Comitán de Domínguez y responsabilizar a José Luis Gómez Santaella, en ese entonces Fiscal del Distrito Fronterizo Sierrra, debido a la situación vulnerable de la familia decidieron trasladarse a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.


El 25 de febrero de 2010, Margarita fue víctima de un secuestro y agresiones físicas en donde la amenazaron de muerte si no retiraba la denuncia ante las autoridades.


Desde el 03 de marzo de 2010, Margarita y su familia les fueron otorgadas medidas cautelares de la CIDH por lo que de manera permanente cuentan con seguridad policial de parte del gobierno del estado de Chiapas.


Pedimos el envío de sus acciones urgentes a:


Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850, México DF

Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55 ) 5277.2376

Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx


Lic. José Francisco Blake Mora

  1. Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez,

Del. Cuauhtémoc,

C.P. 06600 México D.F.

  1. Fax: (52.55) 50933414

Correo: secretario@segob.gob.mx, contacto@segob.gob.mx


Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Dr. Noé Castañón León

Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno, 2o. piso, Colonia Centro, C.P. 29000

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

    1. Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60

Correo:secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx


Lic. Raciel López Salazar

Procuraduría General de Justicia de Chiapas

Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque

C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conmutador: 01 (961) 6-17-23-00. Teléfono: + 52 (961) 61 6-53-74, 61 6-53-76, 61 6-57-24,

61 6-34-50

Correo: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx


Dr. José de Jesús Orozco Henríquez
Unidad de Defensores
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, NW
Washington, D.C. 20006
USA

Fax 1-202-458-3992

cidhdenuncias@oas.org, cidhdefensores@oas.org


Favor de enviar copia a:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548

Correo: accionurgente@frayba.org.mx

Olvidó la SRE asesinato de migrante


Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 27 de noviembre de 2010, p. 15

Familiares del migrante Anastasio Hernández Rojas, asesinado hace seis meses a golpes y descargas eléctricas por agentes de la Patrulla Fronteriza, en California, denunciaron que el gobierno mexicano ha dejado en el abandono el caso.

Acompañada por el abogado Jorge Escudero y el diputado local Felipe Rodríguez Leal, la madre de la víctima, María de la Luz Rojas Olivo, dijo en la sede del PRD que la familia sigue exigiendo justicia, porque el gobierno de Felipe Calderón se olvidó ya del asesinato del migrante y ni siquiera les dan información de cómo van las gestiones ante Estados Unidos.

Escudero resaltó que pese al compromiso público de la canciller Patricia Espinosa y del gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, nada han hecho, a pesar de la indignación que provocó en México y en el extranjero la difusión de un video donde se ve claramente la golpiza y descargas eléctricas que agentes de San Diego propinaron a Anastasio Hernández, hasta provocarle un infarto y la muerte cerebral.

Agregó que la investigación no ha concluido, pero ya hay errores procesales. Lo grave, agregó, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha negado a proporcionar información del proceso a la madre del migrante asesinado, con el argumento de que la única autorizada para recibir esos datos es la viuda de Hernández Rojas, pero tampoco a ella se le ha dicho nada.