31/08/2009

ACCIÓN URGENTE:

TEMOR POR LA VIDA DE SALOMÓN MONARREZ

TEMOR POR LA INTEGRIDAD PERSONAL DE MERCEDES MURILLO Y DEMÁS INTEGRANTES DEL FRENTE CÍVICO SINALOENSE

CONDENA DE LOS ATENTADOS CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376 + 52 (55) 27 89 11 13 E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: secretario@segob.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail: correo@cndh.org.mx / Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx.

Lic. Jesús Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Ave. Insurgentes s/n (Palacio de Gobierno), Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129. Culiacán, Sinaloa.Tel. y fax: +52 6677-58-70-00, Ext. 1000. Correo electrónico: gobernador@sinaloa.gob.mx

Lic. Alfredo Higuera Bernal , Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa. Blvd. E. Sánchez Alonso, núm. 1833, NTE., DES. URB. 3 Ríos, C.P. 80030. Tel. +52 - 667- 7-13-32-00 , +52 -667- 7-13-32-30 Ext. 503 pgjpg@sinaloa.gob.mx

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez emite la presente ACCIÓN URGENTE relativo al atentado contra la vida de Salomón Monárrez Meraz, Secretario del Frente Cívico Sinaloense, en Culiacán, Sinaloa, México, al tenor de lo siguiente:

H E C H O S :

De acuerdo con las informaciones recibidas, el lunes 31 de agosto de 2009 aproximadamente a las 6:30 horas, un grupo de sujetos desconocidos allanó el domicilio del defensor de los derechos humanos Salomón Monárrez Meraz, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, y atentó contra su vida hiriéndolo con armas de fuego, en tres ocasiones. Los atacantes no se apoderaron de ninguna pertenencia por lo que se descarta que se haya tratado de un robo.

Tras el ataque, el defensor de derechos humanos fue trasladado a una clínica privada, donde recibió atención de urgencia. Su estado de salud es delicado.

A N T E C E D E N T E S :

El Frente Cívico Sinaloense es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos con amplipo reconocimiento en la comunidad sinaloense. Desde 1993 defiende la dignidad humana denunciando los abusos y la injusticia en Culiacán y otros puntos del Estado.

Por su comprometido y valiente trabajo, los integrantes del Frente Cívico Sinaloense han sufirdo hostigamientos y agresiones que han llegado, incluso, a la privación arbitraria de la vida. El 5 de septiembre de 2007 fue privado de la libertad en las oficinas del Frente Ricardo Murillo Monge, miembro de la organización y hermano de una de sus dirigentes más visibles Mercedes Murillo Monge. El cuerpo de Ricardo Murillo Monge fue encontrado el día siguiente, en el interior de una camioneta tipo Suburban estacionada en la zona urbana denominada Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, con un disparo en la cabeza. A la fecha, el homicidio no ha sido esclarecido y los responsables gozan de impunidad.

Es importante destacar que tanto el atentado en contra de la vida de Salomón Monárrez como antes el homicidio de Ricardo Murillo Monge, ocurren en un contexto marcado por la incapacidad de las autoridades estatales y federales para garantizar la vida y la integridad de las personas en el Estado de Sinaloa. Por otra parte, debe enfatizarse también que en los últimos años el Frente Cívio Sinaloense se ha caracterizado por denunciar los abusos cometidos en el marco de los “operativos” en contra de la delincuencia organizada. En ese sentido, recientemente el Frente Cíviso Sinaloense, junto con el Centro Prodh y Fundar, representaron a los familiares de las víctimnas de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrense que cuestionaron la extensión del fuero militar, llegando su demanda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En atención a estos antecedentes y elementos contextuales, el Centro Prodh considera fundado su temor por la vida e integridad física de todas y todos los integrantes del Frente Cívico Sinaloense; especialmente, por la vida e integridad de Merceder Murillo Monge, fundadora del Frente y actual Presidenta del mismo.

A C C I Ó N S O L I C I T A D A :

Al emitir la presente ACCIÓN URGENTE, el Centro Prodh convoca a la solidaridad nacional e internacional y les solicita dirigirse a la brevedad a las autoridades mexicanas urigiéndolas a:

a) Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Mercedes Murillo y de todos los demás miembros del Frente Cívico Sinaloense y de todos los miembros de sus respectivas familias;

b) Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al atentado perpetrado contra Salomón Monárrez Meraz, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley;

c) Poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;

d) Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2);

Favor de enviar sus llamamientos a las personas indicadas, gracias !.

Tita Radilla llora por su padre durante la vista contra México en el Tribunal Interamericanao de Derechos Humanos en julio pasado.

Tita Radilla Martínez llora por su padre en la vista internacional contra México.

Dicen en México que “quien tiene un corrido está muerto o lo matan“. Humilde agricultor y cantor popular, Rosendo Radilla era detenido hace 35 años en un control militar porque defendía a los pobres. Rosendo es uno de los 1200 desaparecidos durante la llamada guerra sucia. La reportera mexicana Verónica Basurto, que prepara un reportaje sobre esos años para la televisión, nos cuenta el caso 12.511 por el que México se sienta hoy en el banquillo.

Casi al amanecer, Rosendo Radilla Pacheco decidió salir de su casa en Chilpancingo, Guerrero, para dirigirse al municipio de Atoyac, en donde nacieron y crecieron 12 de sus 13 hijos. Rosendo iba a cuidar la tierra que les daba de comer.

Rosendo Radilla Martínez, hijo del cantador de corridos, recuerda hoy que tenía once años cuando los pararon en un retén militar de Atoyac. Allí un soldado le dijo a su padre que tenía órdenes de detenerlo. Rosendo, el padre, les dijo: “Pero si yo solo me dedico al campo y a cantar”. Y los soldados le respondieron: “Pues sólo por eso ya te chingaste”.

Ese 25 de agosto de 1974, era la última vez que Rosendo hijo veía a su padre. En plena “guerra sucia” del ejército contra la población civil, muchas familias como la de Rosendo buscaron durante meses a los suyos, desaparecidos, entre los cuerpos sin vida que rodaban por los cerros y calles polvorientas de Atoyac de Álvarez, en Guerrero.

rosendoradilla

Rosendo Radilla fue detenido por militares mexicanos hace 35 años, en plena "guerra sucia" del ejército, y nunca se volvió a saber de él. Su caso es uno entre 1200.

“Por incompetencia de las instituciones mexicanas y por el fuero del que gozan los militares, decidimos llevar nuestra denuncia ante un tribunal internacional”, concluye ahora la familia Radilla. Argumentando que el delito de hace 35 años ocurrió en un México diferente al actual, el secretario (ministro) mexicano de Gobernación (Interior) dijo en la primera audiencia del 8 de julio pasado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las denuncias contra la institución militar son injustas.

“No voy a descansar hasta saber dónde está mi papá”, señalaba ese mismo día de julio Tita Radilla Martínez presente en la primera vista del tribunal, en Costa Rica.

El caso Rosendo Radilla Pacheco servirá de precedente para la investigación de 1200 desapariciones durante la guerra sucia de los 70 y los 80. Pero en México sigue habiendo desaparecidos y decenas si no centenares de presos políticos ocultos.

En democracia, la gente tiene derecho a saber.

Aristegui - Ejercito Entreno Y Protegio Paramilitares En Chiapas (Documentos Desclasificados)

25/08/2009

Acteal “construcción de una historia para acallar conciencias”: CIDE

  • “El Estado mexicano debe dar una explicación” sobre paramilitares.

  • Se debe investigar para conocer quién y cómo fabricó las pruebas.

El día de ayer académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ofrecieron una conferencia de prensa para precisar algunos aspectos relacionados con el proceso de defensa que hicieron de los indígenas que habían sido sentenciados como responsables materiales de la masacre de Acteal. Sí bien los representantes del CIDE tuvieron que admitir la participación de paramilitares en los hechos de Acteal, así como la existencia de una reunión anterior a la elección del 2006 en la que participaron Hugo Eric Flores (presunto impulsor del caso ante el CIDE) y Felipe Calderón, concluyeron que la decisión de la SCJN marca y reconoce el alcance del derecho de todas las personas a un debido proceso. Señalaron que tanto las víctimas de aquellos acontecimientos como los injustamente imputados continúan esperando justicia y pidieron una investigación a la PGR para conocer quien inventó pruebas. José Antonio Caballero definió el proceso legal como "la construcción de una historia para acallar conciencias".

Por su parte, Emilio Chuayffet, Secretario de Gobernación durante los hechos del 22 de diciembre de 1997, y quien se viera obligado a renunciar por los hechos viene de regreso a la vida política tras haber sido electo diputado en el pasado proceso electoral. En declaraciones sobre el tema afirmó que “Acteal debe ser materia de una investigación en la que todos, sin excepción, produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos” para llegar a una conclusión que tenga credibilidad. Señaló que por la postura que ha tenido en relación al caso ha sido llamado cínico, lo cual considera “una palabra fuerte e inapropiada”.


Denuncian abusos policiacos en Nuevo Léon y Guanajuato

  • Comandante policiaco involucró a corporación en lío familiar

  • En León denuncian violación sexual por parte de policías.

Juan Ramón Rivera Gallegos denunció ante la CEDH de Nuevo León que el pasado 15 de agosto, cerca de las 23 horas, cuando el comandante Gilberto Barbosa García, así como un policía acompañado por un hermano suyo, sorprendieron a Rivera Gallegos cuando se encontraba en el exterior de su domicilio acompañado por su familia. Los policías llegaron acompañados de algunas mujeres (aparentemente familiares también) quienes inmovilizaron a las familiares que acompañaban a Rivera Gallegos. De inmediati comenzaron una golpiza en contra de él por cerca de 15 minutos tras la cual se retiraron del lugar. Algunos vecinos ayudaron al agredido a trasladarse al hospital metropolitano en donde estuvo internado por cinco días grave, pues tuvo daño pulmonar. Al salir del hospital presentó denuncia ante la CEDH.

Por otra parte el CIN publica hoy una acción urgente de la OMCT por el caso de la Sra. Lucía Flores, quien habría sido violada por elementos policiacos en León, Guanajuato, tras haber sufrido un allanamiento ilegal en su domicilio y una detención arbitraria. Hasta el momento no hay una resolución oficial sobre este caso, pero Guanajuato ha destacado en los últimos años por sus altos niveles de violencia policial.


Hoy presentan para el DF programa de DH

  • Contempla 2mil 412 líneas de acción

  • Primera experiencia similar con un gobierno local.

El día de hoy se presentará públicamente el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, basado en el Diagnóstico de DH del DF publicado el año anterior por un conjunto de organismos públicos, internacionales, civiles y académicos, en un proceso similar al que tuvo el Diagnóstico nacional de la OACNUDH del 2003 . En principio el proceso parece interesante y habría que ver en que medida resulta exitosa esta experiencia para institucionalizar la perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, vale la pena recordar que los derechos humanos pueden ser un tema muy cómodo para los gobiernos a la hora de promoverse, pero a la hora de operar políticas públicas suelen ser otros intereses los que privan. Para ejemplo una nota habla de que se reconocerá en este programa el derecho al agua, lo que contrasta con las recientes declaraciones de Marcelo Ebrard sobre la inminente privatización del agua en la Ciudad de México, como respuesta a la crisis que en ese sentido se vive.


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

Hank y Nava Gomar: la justicia en venta

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 24 de agosto (apro).- La justicia en México es un producto: La venden los que la imparten, la compran sólo los que pueden, y el resto que se pudra en la cárcel o que se trague la impotencia.

Con la justicia electoral, en específico, pasa lo mismo y la razón es simple: Los jueces que la comercializan son, a su vez, propiedad de quienes los nombraron, mercaderes de mayor rango.

Esta arraigada convicción social que muestra la degradación de la política en México pocas veces puede probarse, por lo que resulta de la mayor relevancia cuando se documenta, por ejemplo, la transacción entre un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y un político.

Y este es el caso del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar y Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana, Baja California, y aspirante a gobernador en las elecciones de 2007, protagonistas de un episodio que debería implicar una amplia discusión nacional y la implantación de ejemplares sanciones.

Tal como se detalla en el reportaje que se publica en la más reciente edición del semanario Proceso, resulta que Nava Gomar se reunió, en secreto, con Hank Rhon el 23 de marzo de 2007, justo cuando estaba en curso el proceso electoral para renovar los poderes en Baja California, entre ellos el Ejecutivo, al que aspiraba el magnate de las apuestas, por la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese encuentro se celebró justo a la hora en que se llevaba a cabo la ceremonia conmemorativa del 13 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en Tijuana –y por esa razón no asistió, como solía hacerlo–, y al término del cual tomó un avión para estar presente en la comilona que ofreció su amigo el mundano obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, con motivo de su cumpleaños.

La reunión entre un juez y un justiciable no es de suyo ilegal ni deleznable, porque la ley prevé comparecencias "de oídas", pero no es el caso: Nava Gomar se encontró con Hank Rhon a escondidas, se trasladó hasta las oficinas de éste en el hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana, y tramó con él un plan que, semanas después, se tradujo en la convalidación de la candidatura de éste al gobierno estatal, pese a que la Constitución local la prohibía.

Para encubrir la vergonzante reunión, Nava Gomar --tocayo de apellido de César Nava, presidente del PAN, cuyo partido lo patrocinó para ser magistrado-- se valió de una coartada que presuntamente implica la comisión de al menos el delito de falsificación de documentos.

En efecto, Nava alega que se trasladó a Tijuana supuestamente a impartir una conferencia y un taller a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Baja California, previstas para el viernes 23 y el sábado 24.

Sin embargo, el oficio que exhibe como prueba de que una razón académica lo condujo a Tijuana es falso, como apócrifa es también la firma del supuesto convocante, Ernesto Villanueva, coordinador del área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien asegura que jamás emitió tal invitación, menos aún con su firma.

Eso sí, y consultado por el reportero, confirmó que efectivamente se celebró la reunión secreta entre Nava Gomar y Hank Rhon, y lo sabe en razón de que él asistió a ella, aunque --aclara-- ellos dos se reunieron unos 15 minutos a solas.

Al término de un recorrido por su zoológico particular y darles a probar jamón de tigre, al despedirse, y a petición del propio Nava, el magnate priista le obsequió un perro de raza recién nacido:

"Efectivamente --dijo Villanueva al reportero--, le obsequió un cachorrito de uno de los perros que tiene ahí Jorge Hank, y él no sintió que hubiera alguna actitud incorrecta en recibirlo, sino sólo un gesto de consideración. Prometió entregárselo".

Alguien diría: Cómo puede ser tan estúpido alguien como Salvador Olimpo Nava Gomar de cometer tan elemental error de reunirse en secreto con un político, sobre todo de la calaña de Hank Rhon, que al final fue aplastado con el aparato oficial panista.

La respuesta es simple: Por la impunidad.

Y la codicia: Nava quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y, así como se mercadea la justicia en México, puede serlo.

Por eso no da la cara…

Apuntes

Justamente porque en México se vende y compra la justicia es que Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, quienes delinquieron con el apoyo de los magnates Roberto Hernández y Lorenzo Servitje para ganar las jefaturas delegacionales de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, lograrán la impunidad cuando sus casos lleguen a la Sala Superior del TEPJF, cuya presidenta, María del Carmen Alanís, es íntima amiga de Nava Gomar, a su vez impulsado como magistrado por Germán Martínez, el arrogante presidente del PAN caído en desgracia, y su asesor el diputado Roberto Gil Zuarth, esposo de Carla Astrid Humprey Jordán, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y exasesora de Alonso Lujambio cuando fue imparcial consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), quien se afilió formalmente al PAN apenas en junio, aunque ha sido panista "desde la cuna" y, con ese linaje, se cree llamado a ser presidente de México… Es un ejemplo de la cadenita de favores y complicidades…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

"Extraviadas" 9 mil fichas de policías: SSP

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 24 de agosto (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) dio a conocer que luego de muchos años de no actualizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, unos 9 mil registros de policías se reportan como "extraviados", por lo que no se sabe si los elementos siguen en activo, están desempleados o trabajan ya para el crimen organizado.

El coordinador general de Asuntos Jurídicos de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, informó que se debe contar con el expediente de unos 450 mil policías en todo el país, aunque desafortunadamente durante muchos años se dejó de alimentar esos registros.

Entrevistado en el marco de la tercera Reunión de la Red Nacional Jurídica de Instituciones Policiales, expuso que en estos momentos no se sabe dónde se encuentran esos 9 mil expolicías:

"Eso lo estamos corrigiendo y tratando de ajustar todas las bases de datos, alimentando toda la información, obteniéndola y procesándola para que logremos identificar con toda claridad, incluso con registros de voz y ADN, a todos los policías federales".

López Escamilla explicó que durante muchos años la obligación fue alimentar la base de datos con los registros y la información de policías sancionados, acción que comenzó a llevarse a cabo en 1994, pero no hubo un seguimiento, por lo que "es real y cierto" que algunos de ellos sirvan ya a delincuencia organizada.

"Y eso nos apremia a tener información fidedigna y actuar en consecuencia", reconoció. Puso un ejemplo: unos 300 policías federales no han cumplido los requisitos de permanencia dentro de la corporación.

Señaló que durante mucho tiempo se había olvidado a la policía, no había sido un instrumento de seguridad pública sino de control social:

"Hay que revertir esa tendencia, el policía se debe en primerísimo lugar a la ciudadanía, tiene que proteger y preservar su vida, su integridad y sus derechos, pero con la policía tenemos ahorita, es muy difícil hacerlo porque tiene muchos vicios".

Según el funcionario federal existen muchos atavismos en la estructura, organización, y protocolos de las corporaciones de seguridad, "hay mucha improvisación, además, se actúa con mucha impunidad".

"Tenemos ejemplos de malos policías que no han podido ser despedidos porque no existe la reglamentación jurídica que lo permita y, si existe, en algunos estados de una manera, en otros es diferente y hay entidades donde de plano no existe".

Por ello, aseguró, "la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y el gobierno federal acordaron la creación de una comisión específica para revisar el régimen jurídico y homologarlo en todo el país", concluyó.

23/08/2009

Crecen los ataques contra periodistas

Autor: Jorge Melendez Preciado

23 Agosto 2009

El más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía es sumamente preocupante. En los últimos nueve años han asesinado a 53 compañeros del oficio. De ese total, aparentemente un caso se está aclarando (Eliseo Barrón), sin que hasta la fecha tengamos pormenores del mismo. Los otros, se encuentran archivados para mejor ocasión. Ello porque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y Medios de Comunicación, de la Procuraduría General de la República, donde cobra el señor Alberto Orellana Wiarco, no tiene recursos, personal ni, sobre todo, interés en hacer las averiguaciones de los casos.

Y al encargado de Derechos Humanos de la mencionada Procuraduría, licenciado Juan de Dios Castro, lo mismo le da por regañar a la defensora de radios comunitarias, Aleida Calleja (se han clausurado violentamente, en dos años, 36 emisoras de ese tipo y cuando menos un par de directivos pueden caer en prisión), que advertirle a los disidentes panistas que no le hagan, al decir del abogado, el juego a los periodistas críticos o a los caricaturistas malévolos.

Hace poco ultimaron a Juan Daniel Martínez, en Acapulco, Guerrero, corresponsal de la W Radio, y con él son ya siete homicidios en lo que va del año, sin que las autoridades federales y estatales pongan la menor atención en lo que sucede. La cifra va en aumento constante, pues en 2007 hubo cinco caídos, un año después se elevó a 12 (más del ciento por ciento), y ahora, en seis meses de 2009, ya superamos lo ocurrido hace dos años.

Como es lógico, muchos de los tecleadores que ya no regresaron a sus hogares vivían en entidades donde el narcotráfico es omnipresente. Y es que cuando las publicaciones se atreven a ello, les lanzan sendas granadas para recordarles quién manda en la plaza, como le ocurrió hace tiempo a El Mañana de Nuevo Laredo.

En 2008 hubo, documentadas, 225 agresiones. Por lo tanto, según el vocero de la citada fundación, Omar Raúl Martínez, se convirtió en el lapso más violento en los últimos tres lustros. De esas acciones violentas, el 69 por ciento fueron realizadas por el poder político. Ello muestra que los burócratas continúan siendo quienes más obstruyen el derecho a la información y a la difusión de las ideas.

Confluyen en estos ataques a las principales libertades, entonces, los que violentan el artículo 6 y 7 constitucionales y aquellos que, teniendo las herramientas para castigar a los infractores, se hacen de la vista gorda o simplemente aceptan que todo pase y nada ocurra.

Los estados donde hay mayor número de acometidas son: Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Es cierto que muchos de los delitos en estos lugares no son tan graves como los asesinatos, pero en todos los casos se demanda que se impidan.

Una nueva forma de atacar a los emisarios, la cual documenta muy bien Perla Gómez Gallardo en su libro Libertad de expresión, revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, es la demanda civil a medios y reporteros. Mientras que en 2007 hubo dos juicios, el año pasado fueron 14.

Desde que Marta Sahagún llevó a tribunales a la revista Proceso y a Olga Wornat, el numerito se ha repetido. Así pues, lo mismo hizo Gerardo Sosa (cacique hidalguense) contra Alfredo Rivera y Miguel Ángel Granados Chapa; igual procedieron consorcios gaseros y petroleros contra Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, acción en la que hasta el comentarista resultó involucrado.

Pero además, hoy existe un boicot del gobierno federal en publicidad. En este caso los perjudicados son las publicaciones: Forum, Síntesis, Contralínea, La Tijereta, Fortuna y Proceso. Así pues, un nuevo mecanismo se agrega para evitar que existan investigaciones puntuales de lo que ocurre en el país, comentaristas agudos, caricaturistas irreverentes y fotógrafos valientes.

Recientemente, en el número 1709 del semanario que dirige Rafael Rodríguez Castañeda y que fundó Julio Scherer García, apareció en la portada una imagen donde ante las armas, dinero, celulares y casquillos de algunos integrantes del cártel de La Familia, se exhibían números de Proceso, sobre todo dos en los cuales se mostraba cómo operaban las bandas delincuenciales en el país.

El hecho es un nuevo atentado contra las libertades elementales. Cuestión que llevó a una airada protesta del impreso. Nos solidarizamos con nuestros compañeros. No se puede presentar a un informativo como parte de un grupo criminal. Es necesario sumar nuestra voz contra dicho atentado del que fue objeto una publicación que ha sufrido embates gubernamentales desde siempre y ahora parecen recrudecerse.

Es vital para una república evitar los asesinatos y demás ataques –abiertos o sutiles– contra periodistas y medios de comunicación.

jamelendez44@gmail.com

Abusos militares en la frontera

23 Agosto 2009

Detenciones arbitrarias, incomunicación y tortura son “métodos” que utilizan las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Estas acciones autoritarias abren la puerta a la impunidad de manera sistemática para obtener confesiones deseadas y, a decir de las víctimas, fabricar culpables; también redundan en detenciones carentes de investigación previa y violatorias del debido proceso

Autor: Lorena Rosas

Tijuana, Baja California. Los operativos de militares en esta frontera han disparado los niveles de violaciones a los derechos humanos de civiles y policías por parte del Ejército, casi siempre impunes. Al ser investigadas, las violaciones son conocidas solamente por personal militar, lo que limita el acceso de los afectados a la información de los procesos.

Privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura física y sicológica, abuso de autoridad, amenazas, intimidación, entre otros delitos, resaltan en la denuncia que presentó el agente ministerial Julio César Magdaleno ante la Procuraduría General de la República contra elementos del Ejército Mexicano, agentes de Asuntos Internos de la Procuraduría local, y el procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez.

En lo que va de la administración del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, se han registrado 116 homicidios de agentes de las diversas corporaciones policiacas del estado, entre ellos, 34 en Tijuana, y seis ataques a mujeres policías. El procurador de Justicia prometió crear un grupo especial de investigación que contará con el respaldo de los tres órdenes de gobierno, sin éxito hasta el momento.

En una carta enviada a Contralínea, Julio César relata: “Fui trasladado a Tijuana en un vehículo del Ejército, con ocho soldados abordo, hasta el Cuartel Morelos de la II Región Militar, a cargo del general Enrique Jorge Alonso Garrido, donde fui acusado de ser gente de los Arellano Félix; ahí nos taparon los ojos con cinta adhesiva y algodones en las fosas nasales.

“Me amarraron con cinta adhesiva las piernas y me colocaron una cobija del tórax a los pies; me colocaron una bolsa en la cara, asfixiándome por varios segundos, y cuando me quitaron la bolsa me dijeron: ‘A ver, hijo de tu puta madre, ¿para qué cártel trabajas?’ Respondí que para ninguno, y me volvieron a poner la bolsa en la cara, mientras que otro me golpeaba intensamente en el estómago con el fin de que declarara sobre una supuesta participación con el cártel de los Arellano. Perdí el conocimiento en varias ocasiones durante las cinco horas en que me estuvieron torturando.

“Me obligaron a decir nombres que ellos tenían y a señalar agentes de la policía ministerial que no conozco. Tenían fotos de compañeros de trabajo por los que me preguntaban e inducían a asentir cosas falsas para que ya no me siguieran torturando. Nos sacaron a mí y a mis compañeros Jorge Lomelí y Denis Alonso Acuña del cuartel vendados y tapados de caras y manos para entregarnos a los agentes de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por órdenes del procurador Rommel Moreno. Ya en Mexicali, debido a que no se encontraron pruebas en mi contra, me dejaron salir.

“Por todo lo que viví, tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi esposa y mis hijos, y culpo al procurador Rommel Moreno, al subcomandante Juan Antonio Rocha Salazar, al general Enrique Jorge Alonso Garrido y al Ejército Mexicano”, advierte Magdaleno.

Lavado de manos

Jennifer Andrade y Linda Rubí Domínguez, esposas de los agentes ministeriales detenidos, aseguran que el presunto levantón del que se inculpó a Denis Alonso, nunca existió, todo fue de oídas, y que sus esposos, bajo tortura, fueron obligados a declarar que pertenecían al cártel de los Arellano Félix.

“El procurador se lavó las manos al delegar una investigación en el sistema de justicia militar, que es donde menos se investiga y se pone en entredicho los resultados que ofrecen”, señalan.

Jennifer Andrade narró que su esposo Denis Alfonso Acuña, al momento de que intentaron detenerlo de manera ilegal, se resistió, ya que no había orden de aprehensión que avalara su detención. “Fue cuando lo golpeó el comandante Juan Antonio Rocha Salazar para asegurarlo y llevárselo a Tijuana”. Parte de la golpiza se puede ver Aquí

Jorge Israel Lomelí Guillén, agente ministerial asignado a San Felipe, fue citado con engaños a la oficina de Asuntos Internos de la PGJE, donde sin orden de aprehensión trataron de arrestarlo. En su desesperación por evitarlo, cayó al piso, le colocaron una esposa en un brazo, y fue trasladado a Tijuana donde fue golpeado y torturado en el Cuartel Morelos de la II Zona Militar; al retirarle la cinta adhesiva le arrancaron las pestañas y cejas y lesionaron sus ojos.

Los agentes Fernando Iván Peralta Anaya, José Torres Sánchez, Jesús Raúl Ochoa Zazueta y Alejandro Topetes Camacho declararon que están siendo objeto de maniobras ilegales y de privación de la libertad por parte de la PGJE y de la Policía Ministerial del Estado a la que sirvieron. También fueron llevados en forma ilegal al cuartel militar y torturados por soldados, mediante golpes no visibles, sofocamiento con bolsas de plástico y golpes que les provocaron fracturas y lesiones.

Más abusos de militares

Alberto Gómez García fue torturado en las instalaciones militares de Mexicali, bajo el supuesto de formar parte de una investigación acerca de presuntos hechos delictivos: le taparon los ojos, lo desnudaron y le dieron descargas eléctricas. Alternaban las descargas con la asfixia, al tiempo que lo interrogaban sobre un robo de droga. Le advertían que en caso de no encontrarla, tendría que confesarse culpable o matarían a su familia.

Posteriormente fue llevado a la Comandancia de Policía, donde no le permitieron hablar por teléfono ni tener un abogado. Fue obligado a declarar en su contra bajo amenaza de “desaparecerlo”. El 3 de junio de 2008 fue trasladado a la ciudad de México donde lo arraigaron y, por primera vez, le permitieron hablar con sus familiares.

Otras 16 personas fueron objeto de detención arbitraria y tortura en las instalaciones del 23 Regimiento de Caballería Motorizada en Mexicali en relación con el robo de droga en San Luis Río Colorado, entre ellos, agentes del grupo de inteligencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, y policías judiciales.

Los militares responsables de los sucesos no han sido investigados por las autoridades civiles, y de las investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar no se han fincado responsabilidades.

La organización Human Rights Watch evidenció al gobierno mexicano por no investigar de manera exhaustiva las acusaciones sobre abusos militares, incluidos asesinatos, violaciones y torturas, presuntamente cometidos durante el combate al narcotráfico.

Una declaración entregada por esta organización al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señala que la decisión del presidente Felipe Calderón de utilizar soldados para combatir el tráfico de drogas ha llevado a un aumento drástico en las quejas de abusos militares. La declaración señala que el delegar al sistema de justicia castrense la investigación de los presuntos abusos contribuye a un clima de impunidad.

El Protocolo de Estambul

A pesar de la Ley Federal para Prevenir la Tortura, y la aplicación del Protocolo de Estambul, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ambos ratificados por México, ésta sigue siendo una práctica extendida en el país, señala el Comité contra la Tortura.

El primero de agosto de 2008, el periódico oficial del estado de Baja California publicó un acuerdo que establece las directrices institucionales que deben seguir los agentes del Ministerio Público, funcionarios y personal de la procuraduría de Justicia del estado para aplicar el Protocolo de Estambul, un manual internacional para que médicos y peritos determinen y realicen diagnósticos profundos y serios para detectar si una persona fue sometida, o no, a cualquier tipo de tortura.

La reforma al Código Penal de Baja California, en su artículo 19, asegura que al servidor público que conozca de un hecho de tortura y no lo denuncie inmediatamente, se le iniciará averiguación previa en términos de lo dispuesto por el artículo 307 bis, para proteger la integridad sicofísica de las personas, en consonancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República.

En Tijuana, 406 agentes despedidos

La postura del alcalde Jorge Ramos es contundente: “El agente municipal que sea sujeto de una investigación, independientemente de la suerte que corra en el proceso penal, aunque se demuestre su inocencia, ya no regresa a la corporación. Hemos visto reinstalar policías cesados y pagarles salarios caídos luego de perder procesos jurídicos, pero en la actual administración ni uno de los 406 agentes que han salido han vuelto a la corporación, debido a las reformas constitucionales”.

El proceso de depuración ha tenido diversas aristas y en muchos casos fueron los propios agentes los que renunciaron a la corporación al ver que ya no habría tolerancia hacia vicios y malas prácticas. De acuerdo con los datos de Oficialía Mayor del ayuntamiento de Tijuana, hay 96 agentes cuya baja está en proceso. Además, 49 policías están suspendidos, aunque sólo en tres casos se habla de complicidades con la delincuencia organizada.

El arraigo

Tras reconocer que las corporaciones policiacas están infiltradas por los criminales, el gobernador Osuna Millán anunció medidas para combatir ese fenómeno y terminar con la impunidad. Asegura que en Baja California se implantará, a través de una “reingeniería del sistema penal”, la figura del arraigo a los presuntos responsables.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR puso a disposición del juzgado segundo de distrito en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a 19 policías municipales y dos ministeriales de Tijuana, dentro de la causa penal 11/2009, por considerarlos probables responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en su modalidad de fomento.

Para que los agentes se declararan culpables de proteger a los hermanos Arellano Félix, fueron “arraigados y torturados” durante 40 días por elementos del 28 Batallón Militar, Aguaje de la Tuna, de la segunda Región Militar de Baja California. Después, fueron trasladados al Cereso de Tepic y consignados ante un juez federal. Familiares de los expolicías denunciaron las secuelas físicas y emocionales producto de la tortura.

Por ello, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una declaratoria de medidas cautelares a favor de los detenidos y sus familiares, a fin de proteger su integridad física y garantizar sus derechos.

El presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, afirma que los policías detenidos plantearon la existencia de un “resucitador” que les aplicaba los primeros auxilios con el fin de continuar torturándolos.

“Nosotros no intervenimos en el litigio o motivo de las detenciones, sino en el abuso constante y medieval que le aplican a los detenidos y la serie de violaciones sistemáticas por parte de militares y la PGR, justificados por la actual lucha contra el narco. Nuestra intervención no pretende que los acusados sean puestos en libertad antes que los jueces federales determinen su situación jurídica, sino que se les brinden todas las garantías que el orden jurídico mexicano establece”, señala.

Los agentes fueron entregados al Ejército por Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, lo cual se considera como irregular, pues la autoridad responsable es la PGR. No hubo órdenes de arresto. El director de Policía y Tránsito municipal, Gustavo Huerta Martínez, y el teniente Leyzaola, los trasladaron al cuartel militar Aguaje de la Tuna, sin existir orden de detención.

Señalan cómo fueron conducidos a un cuarto en la II Zona militar, donde fueron torturados, vendados y amarrados de pies y manos durante días y noches enteras, con fuertes golpes en oídos y partes blandas del cuerpo; choques eléctricos en genitales, ahogamiento con bolsa de plástico y privados de alimentos y agua por tres días; amenazados de muerte, incomunicados y vendados con cinta adhesiva.

Se trata de los policías ministeriales Felipe Sánchez Amézquita y Jorque Quintero Colmenero; el subdirector operativo de la policía municipal de Tijuana, Juan Manuel Nieves Reta, y el comandante operativo Rigoberto Rodríguez Rodríguez. También la jefa de grupo de fuerzas especiales de la misma corporación, Rosalba González Molina, y el director de enlace, Javier Enrique Cárdenas Salgado.

En la misma situación están el subcomandante Javier Márquez León y Jesús Jacobo Aguirre, encargado del stand de tiro de la Academia de Policía de Tijuana. Dentro de la misma causa penal quedaron implicados los policías municipales Juan Arturo Domínguez Salmerón y Pedro Arce Gracia.

En su testimonio, los agentes aseguran que la intención de los militares era hacerlos firmar declaraciones que no les dejaron leer, los obligaron a firmar hojas en blanco bajo amenaza, para inculparlos de delitos que aseguran no haber cometido. Se les impidió contar con defensa jurídica, fueron llevados a otra entidad, incomunicados y se les negó su aseo personal.

Aunque les fue concedido un amparo en contra del traslado posterior a otro penal fuera de Nayarit, sus familiares tardaron varias semanas en saber su paradero. Fueron trasladados bajo arraigo, con lo que se agrava su situación de vulnerabilidad, ante el temor a que continúen los actos de tortura y se socaven sus garantías fundamentales.

La fiesta del Kaibil

Dos empleados del salón Mezanine de Tijuana fueron detenidos mientras trabajaban en la fiesta de 15 años de la sobrina Ángel Jácome Gamboa, el Kaibil, relacionado con un cártel de narcotraficantes que opera en esta zona fronteriza. Fueron arraigados 80 días en la ciudad de México. Ricardo Cruz y René Montijo denuncian que los militares los torturaron para declararse culpables de tener relación con el crimen organizado.

Ricardo Cruz, de 33 años, quien se desempeñaba como ingeniero de sonido de la empresa New Age Show, contratada por el salón Mezzanine, asegura que los civiles detenidos por los militares fueron torturados. Narró el momento de su detención, su traslado al cuartel militar, su encierro de 80 días en el centro de arraigo de la SIEDO y su liberación.

Fue una pesadilla lo que vivió al llegar al cuartel, junto con otros 31detenidos en la fiesta. “Que empiezan los golpes, patadas en el estómago y en la cabeza, a puño cerrado y a culatazos. A otros los llevaban al ‘cuartito’ donde no supe lo que pasaba; pero, a pesar del sonido para amortiguar los gritos, claramente se escuchaban las quejas del Kaibil, a quien escuché llorar mientras era torturado.

“Los militares golpean, torturan y cuando uno declara ante el Ministerio Público, siempre está junto a nosotros un soldado para intimidar”, refiere Ricardo Cruz. Señala que desde un principio dudaron los soldados de que varios de los detenidos fueran culpables, aún así, los presentaron ante los medios de difusión como personas relacionadas con el Kaibil y montaron un escenario con un arsenal.

Recuerda que el 14 de marzo se disponía a cobrar y retirarse, cuando empleados e invitados se vieron sorprendidos por la irrupción de un fuerte grupo de militares, que en segundos rodearon el lugar y a punta de bayoneta se llevaron a la gente al centro de la pista. Una vez ahí, tirados en el piso, los interrogaron.

Posteriormente, los militares con lista y papel en mano revisaban fotos y las comparaban con nosotros; comenzaron a identificar y separar a la gente. Finalmente los obligaron a subirse al camión militar y los sentaron en el piso, uno tras otro, y con la mirada hacia el suelo y las manos en la nuca.

Durante su traslado, Cruz logró dar aviso a su esposa que lo llevaban al cuartel militar Morelos. Una vez en ese sitio, comenzaron los interrogatorios para que se declarara culpable. Al filo de las cuatro de la madrugada, elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva sacaron al Kaibil y 62 coacusados y los trasladaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, situada en el Centro Urbano 70-76, en la delegación Mesa de Otay, para llevarlos a la capital del país. Se abrió entonces la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/632/09.

“Sufrí tortura sicológica; me decían: ‘Vamos a matar a tus padres, a tus hijos, sabemos dónde están, vamos a desaparecer a tu familia’. Pensaba en mi esposa con mi bebé en brazos. Te afecta saber que te esperan los golpes; allá en el cuartel general, cuando queríamos ir al baño, la tarifa era de un putazo en la cara, así decían los soldados con pasamontañas en su rostro”.

Tras varios días de encierro, fueron trasladados a la ciudad de México, donde los condujeron como reos peligrosos. Ricardo Cruz acepta que, aún como acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada, en el Centro Nacional de Arraigo de la PGR en la ciudad de México, las cosas cambiaron y ya no fue el mismo trato con lenguaje soez y a punta de golpes. Las personas que los vigilaban estaban siempre uniformadas, con insignias de la Agencia Federal de Investigaciones.

Así transcurrieron 80 días. Durante ese tiempo vistió una camiseta amarilla que lo identificaba como acusado de delitos de “delincuencia organizada”. El color rojo era para los secuestradores y el morado, para extorsionadores cibernéticos. “Una persona de camiseta roja me decía que con el amarillo era más fácil negociar, porque a los de rojo les esperaban 40 años de prisión, en tanto que a nosotros nos podían encontrar inocentes”.


Arraigo anticonstitucional

“El arraigo es una medida cautelar que se aplica sólo para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales, que sólo podrá ser dictada por un juez cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia”, asegura el maestro Arnoldo Castilla, especialista en Derecho Penal.

Enfatiza que “el arraigo es anticonstitucional porque hace añicos el principio universal de presunción de inocencia, aun tratándose de delitos del fuero federal, como la delincuencia organizada. Esto ha dado lugar al allanamiento ilegal de domicilio, detenciones arbitrarias, incomunicación y tortura de los arraigados. Los delitos deben resolverse mediante investigación y no con confesiones que legalmente no son válidas, porque sabemos que mayormente se obtienen mediante la tortura”, asienta.

El jurista y exmagistrado considera el arraigo como una forma de privar de la libertad aludiendo las garantías fundamentales. Es el símbolo de un Estado autoritario ante la incapacidad para detener al crimen organizado. No hay justificación para el arraigo, es la ruptura de los principios fundamentales de una persona: cuando se estableció el arraigo dijeron los diputados que era para que la persona se defendiera mejor, eso es absolutamente falso. Cómo se va a defender mejor alguien privado de su libertad, no es necesario acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad porque se detiene para investigar, no se investiga para detener.

“El arraigo corre el peligro de convertirse en una herramienta facciosa, ya que no se toma como una medida precautoria para asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa; ahora es utilizado como medida restrictiva de la libertad antes de ser acusado”.

Fue diseñado como recurso extraordinario, de última instancia, para proveer al juzgador del tiempo suficiente para concluir una investigación sólida, ahora ha devenido en un recurso ordinario, de primera mano, para iniciar una investigación.

“La figura del arraigo fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace dos años, pero la autoridad federal ha decidido mantenerla a toda costa, sólo se requiere que acuse las personas, culpables o inocentes, para cometer una aberración jurídica, sin importar que su aplicación signifique un grave atentado contra los derechos humanos de quienes reciben esa pena”, dice el especialista en derecho constitucional, Arnoldo Castilla. (LR)

La visión de un general

“El crimen y la delincuencia organizada ya están debilitados, aunque esto no ha acabado, pero el Ejército Mexicano no abandonará las calles hasta que las corporaciones policiacas civiles estén preparadas para prevenir y combatir los efectos de los cárteles. No nos interesa militarizar el país y participar en actividades políticas, sino luchar contra el delito, para que a corto, mediano o largo plazo, las policías de los tres niveles de gobierno vuelvan a garantizar la seguridad a la ciudadanía. Nos iremos de la entidad cuando ya no exista la amenaza del crimen y la delincuencia organizada”, advierte el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California.

Comenta que las manifestaciones del crimen fueron creciendo por la corrupción y la impunidad infiltrada en los diversos sectores y niveles del país, provocando que, del año pasado a la fecha, muchos empresarios hayan salido de México y en especial de Baja California, generándose además pérdidas de negocios y de empleos.

“Por eso, el Ejército Mexicano está coadyuvando con las instituciones policiacas federal, estatal y municipal, para combatir y frenar a la delincuencia organizada, aunque esto ha provocado que en promedio un 4 o 5 por ciento de las muertes a causa del delito sean personas inocentes: una estadística aceptable, si se toma en cuenta que en Irak las bajas son del 6 por ciento de inocentes”.

En presencia de altos mandos del Ejército Mexicano, como Bernardo Reyes, comandante del 28 Batallón de Infantería, y Miguel Ángel López Martínez, jefe del Estado Mayor de Fuerzas Especiales, de visita en Baja California, el general Duarte Mújica explica que la Ley de Seguridad Nacional integra sabotaje, terrorismo, rebelión, actuación contra delincuencia organizada y todo acto que afecte la seguridad interna de los estados y el país.

“La jurisdicción militar sobre conductas que pudieran ser cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de sus funciones se encuentra prevista por la Constitución y tiene por objeto preservar la disciplina militar”, aclara el comandante de la Segunda Zona Militar en Baja California. (LR)

La Corte pretende limpiar la cara al gobierno de entonces, dice el obispo

Informes de EU confirman impunidad ante estrategia contrainsurgente: Vera

Urge llevar ante la justicia a culpables de crímenes como los de Acteal, señala


Los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo apoyaron la creación y entrenamiento de grupos paramilitares en Chiapas prueba lo que todos dijimos en su momento: que la estrategia contrainsurgente fue ordenada desde las altas esferas del poder, aseguró el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López.

El prelado subrayó que esas revelaciones muestran que a raíz del surgimiento del EZLN, el gobierno federal emprendió una guerra contra los indígenas en Chiapas, mientras mantenía un doble discurso de un aparente diálogo por la paz.

Exigió que con base en esa y otras informaciones se lleve a la justicia a aquellos que desde los puestos preeminentes del gobierno implementaron crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Vera López, quien en esa época se desempeñaba como obispo adjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al lado del obispo Samuel Ruiz, recordó que existe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acusación formal contra el Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad cometidos en Acteal, donde 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por paramilitares hace casi 12 años.

Sostuvo que los informes del Pentágono prueban y exhiben la impunidad que existe en México frente a la estrategia contrainsurgente, acompañada de grupos paramilitares, emprendida desde las alturas del gobierno y el Ejército. Agregó que tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó libres a 20 paramilitares que habían sido sentenciados por la masacre, sus ministros ahora son cómplices de esos crímenes.

En aquella época el gobierno incurrió en crímenes de lesa humanidad, a partir de estrategias criminales contra la población que sólo pedía justicia, que estaban dialogando de buena fe; por eso el crimen es aún mayor, porque los indígenas estaban en diálogo; los que hacían una guerra era el Ejército mexicano, con sus paramilitares, y detrás de éste el jefe supremo de las fuerzas armadas, otros ex funcionarios federales y estatales y, en su momento, el señor Salinas, quienes permitieron este tipo de abusos contra población civil indefensa, sostuvo Vera.

El obispo refirió que con los informes de Estados Unidos –dados a conocer hace unos días– se echan abajo las versiones oficiales de que los hechos de Acteal se presentaron por conflictos entre comunidades. Al contrario –dijo–, delatan que fueron producto de la estrategia contrainsurgente de delincuencia organizada apoyada por el gobierno.

Todo eso se sabe, por eso estamos tan indignados al ver que la Corte intenta limpiar el expediente y quitar responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad a los presidentes, funcionarios y mandos militares de esa época. Quieren limpiar la cara al régimen que gobernaba entonces, que es el mismo que está regresando; ahora tendremos un Congreso federal con mayoría del partido político del que proceden todos los que actuaron con estrategias criminales, asesinando indígenas, en lugar de buscar la paz mediante el diálogo.

Por separado, la red de organizaciones cristianas que se agrupan en el Observatorio Eclesiástico (OE) consideraron que la información desclasificada del gobierno estadunidense confirma que la matanza de Acteal no fue un hecho aislado sino algo orquestado por los gobiernos de Salinas y Zedillo.

José Guadalupe Sánchez Suárez, secretario ejecutivo del OE, se pronunció por la reapertura de las investigaciones del caso, donde la PGR –que tras el fallo de la SCJN aceptó revisar el proceso y también líneas de investigación que quedaron pendientes– finque responsabilidades y llame a cuentas a los autores intelectuales y materiales de la masacre.

En sus investigaciones, la PGR debe llamar a investigación a todas las autoridades que en ese momento estuvieron involucradas, como fue el propio presidente de la República.


21/08/2009

REPRESIÓN TERRORISMO DEL GOBIERNO MEXICANO....


MÉXICO-DDHH

Un grupo de unos veinte uniformados de la Policía Federal Preventiva de México irrumpió sin orden en el domicilio del delegado especial del Sindicato Nacional Minero, Mario García Ortiz.

Audios disponibles:

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ENTREVISTA CON: DR. MAURICIO FARAH GEBARA.

CARGO: QUINTO VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DERECHOS HUMANOS.

TEMA: LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EMITIÓ UNA RECOMENDACIÓN POR LAS

AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


20/08/2009

Aristegui - ACTEAL, Revisando Irregularidades





Autoridades de Morelos se niegan levantar denuncia de 2 jóvenes por abuso militar

  • Fueron torturados en instalaciones militares y amenazados si denunciaban porque "a ellos no les harían nada porque son militares"

Dos jóvenes denunciaron detención arbitraria, confinamiento en instalaciones militares, tortura física y psicológica, amenazas de muerte y de violación sexual, amenazas contra familiares si los denunciaban y robo de sus pertenencias en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Según la denuncia difundida por la Comisión Independiente de DH de Morelos, todo inició cuando Silverio Iván y Jorge Raúl Jaimes conducían un vehículo Tsuru por la avenida Cuahunahuac, cuando se hicieron de palabras con otras personas. La Jornada precisa que se trataba de cuatro militares vestidos de civil, quienes les marcaron el alto para interrogarlos. Cómo los jóvenes se negaron a responder, dicen en su testimonio, "llegó un camión militar marca Dina con número 1004276 y elementos de una patrulla de la Policía Federal Preventiva, quienes cortando cartucho nos obligaron a bajarnos del auto y nos dijeron que no sabíamos con quien nos habíamos metido que eran el Ejército federal militar y sin decirnos más nos subieron al camión, nos aventaron boca abajo y nos llevaron por rumbos desconocidos, nos voltearon y nos dijeron que nos iban a matar".

Posteriormente los trasladaron a un lugar desconocido, pero que ellos creen que es un campo militar, donde con golpes y malos tratos pretendieron obligarlos a darles datos de vendedores de droga. Más tarde los separaron, poniéndolos en cuartos contiguos para que escucharán los quejidos y lamentos producto de la tortura a la que fueron sometidos. Cosntantemente les repetían "que si los denunciábamos nos iba a ir peor, que a ellos no les harían nada porque son militares".

Al no conseguir de ellos información incriminatoria los trasladaron a un paraje en donde los dejaron en su vehículo. La nota de La Jornada señala que ambos trataron de presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Morelos, pero que los funcionarios responsables se negaron a levantarla, porque quienes los habían golpeado y retenido ilegalmente eran militares.


Liberados por Acteal anuncian movilizaciones y condicionan reubicación

  • Documentos desclasificados de EU confirman relación de Sedena con paramilitares

  • Serapaz y Centro Prodh exigen reabrir investigaciones

En conferencia de prensa en un hotel de Berriozabal, Chiapas, lugar en donde están ubicados de manera temporal, los liberados por el caso Acteal ofrecieron una conferencia de prensa en la que condicionaron su reubicación a la liberación de los 58 presos que quedan aún en el penal El Amate. "No podemos aceptar las tierras de cultivo ni las viviendas hasta que no se consiga la liberación de los otros 58 presos, no aceptaremos esos apoyos si no se cumple lo que pedimos". Sin embargo dijeron que por el momento no retornarán tampoco a Chenalhó en virtud del acuerdo que firmaron con el gobierno estatal y para evitar enfrentamientos en la zona, pero propusieron una mesa de negociación para regresar "en uno, dos años o los que sean necesarios" . Anunciaron que realizarán movilizaciones en la SCJN con la intención de presionar a los ministrois para que liberen a sus compañeros.

Por otra parte se dio a conocer información desclasificada del Departamento de Defensa de los EU en donde confirma que el Ejército mexicano proporcionó entrenamiento y protección a los paramilitares como parte del Plan de Campaña 94, elaborado por la Sedena para combatir al EZLN. Mientras tanto el gobierno de Chiapas creo una fiscalía especial sobre el caso Acteal. Finalmente tanto Serapaz, como el Centro Prodh pidieron que se reabra el caso para obtener nuevos elementos jurídicos que impidan que la masacre quede impune. 


Delegada de la PGR en Qro. insiste en incriminar a Jacinta

  • Fue presentada como prisionera de conciencia en Querétaro.

  • La postura de la Delegada de la PGR contradice la posición oficial ofrecida a El País.

El día de ayer Jacinta Francisco Marcial fue presentada en la Ciudad de Querétaro como prisionera de conciencia de Amnistía Internacional contando con la importante presencia de numerosos reporteros de la fuente local. En la conferencia de Prensa, Don Guillermo, esposo de Jacinta, dijo que su familia vive "la más cruel de las injusticias que se pueden vivir". Previamente uno de los hijos de Jacinta leyó una carta que ella escribió para la ocasión.

Ayer mismo la Delegada de la PGR en Querétaro Norma Patricia Valdez afirmó tener "una declaración de testigos, el reconocimiento de las personas" y el reconocimiento de que "pidieron el dinero y lo aceptaron". Dichas acusaciones manipulan las actuaciones judiciales y pretenden sostener la incriminación a Jacinta, quien no tuvo participación alguna en la movilización que se dio tras la acción irregular del grupo de seis AFIs que llevó a la confrontación con la población. Adicionalmente las declaraciones de Valdez se contradicen con la postura oficial de la PGR ofrecida al diario español "El País" donde dijeron que "necesitan dos días más para elaborar una respuesta"


Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/