21/04/2015

La masacre en Apatzingán apunta a un crimen de lesa humanidad: Laura Castellanos en CNN

CNN

El Estado ha buscado criminalizar a las víctimas, pero lo importante es cómo actúan agentes del Estado contra civiles y eso se tiene que investigar, estamos hablando de Tlatlaya, Ayotzinapa y este caso, en el que han actuado fuerzas federales, dijo la periodista.

(Foto: Karina Maciel)

En Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero lo que sucedió fueron dos masacres cometidas por Policías Federales, una a las dos y media de la mañana y una a las 7:45 de la mañana. La versión oficial fue que hubo un desalojo y un supuesto fuego amigo entre un grupo determinado; la versión de las víctimas es que hubo ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, explicó la periodista Laura Castellanos, autora del reportaje “Fueron los Federales.
En entrevista para Aristegui CNN, explicó que  “en el Palacio Municipal de Apatzingán, había un plantón por un grupo de fuerzas rurales, es decir, autodefensas legalizadas que habían sido registradas, que trabajaban para el gobierno y que la mayoría formaban parte de un grupo que se llamó G250”.
“Lo que hicieron fue buscar a ‘LaTuta’ en la sierra durante ocho meses. Este grupo fue creado por el ex comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y fue disuelto por el mismo Castillo el 15 de diciembre, entonces ellos pusieron ese plantón, para exigir que se desarticulara el cártel y que se detuviera la oleada de incursiones de los ‘templarios’”, precisó.
Recordó que “ellos tenían tomado el Palacio, no pedían que  se les reintegrara, pedían que se frenara el espiral de incursiones por parte de los ‘templarios’, (pues) argumentaban que ahora la gente iba estar totalmente vulnerable”.
“Y decían que durante el trabajo que estuvieron haciendo en la Sierra, las fuerzas militares estuvieron impidiendo su avance en las comunidades que se decía que se movía ‘La Tuta’”, añadió.
Distintos testimonios se preguntaban: “¿cómo era posible que el mismo gobierno estaba impidiendo la búsqueda y captura de ‘La Tuta’?”
Para realizar su investigación, “realicé alrededor de 44 entrevistas y estas se hicieron con una diversidades de actores, en distintos lugares, momentos, con gente que no se conocía entre sí”, dijo Laura.
“Entrevisté a familiares, a testigos circunstanciales, entrevisté a personal del hospital y del Servicio Médico Forense (Semefo), y todas estas entrevistas a lo que apuntan, es efectivamente a que Policías Federales cometieron ejecuciones extrajudiciales contra civiles desarmados, también tuve documentos que prueban”.
Y hay “seis actas de defunción, pero tres prueban que los cadáveres de tres personas fueron llevados a tres lugares distintos, tres ciudades distintas de Apatzingán, no hubo ningún cadáver ese día en le Semefo local. Se los llevaron a lugares de dos a tres horas de distancia”.
Detalló que “un acta prueba que uno se llevó a Zamora, otro a Lázaro Cárdenas y otro a Morelia, como si de esta manera se evitara que en un sólo lugar se concentrara todo el número de cadáveres para que no se supiera el saldo real y el daño que provocaron descargas con balas expansivas, detonadas a cortas distancias, según lo observó personal del Hospital Ponce” .
Respecto a los muertos, señaló que tenían “boquetes muy grandes y algo importante es que los médicos, enfermeras, personas del hospital que realizan distintas funciones, lo que observaron es que las heridas presentaban lo que llamas tatuaje, es decir, una quemadura en la piel, y eso sólo sucede cuando el disparo se hace una distancia entre 10 y 20 centímetros”.
“Pienso que en este caso, estas dos masacres en Apatzingán, a diferencia de otros actos de represión por parte del Estado, cuenta con un número excepcional de video y de gráficas de cómo procedieron los Policías Federales, y da mayor respaldo al testimonio de los entrevistados”, abundó.
“Las entrevistas se realizaron con 13 de los 44 liberados, en condiciones muy difíciles porque prácticamente la gente está a salto de mata, aunque el juez los exoneró de los delitos, ya han recibido amenazas y hostigamiento, y aseguran que son perseguidos. Las entrevistas que se hicieron a pie de carretera se tenían que detener, porque les avisaban con radio que iba un convoy de Federales, y se tenían que esconder”, reveló.
Además, “civiles que no tenían nada que ver, también fueron detenidos”, y “mujeres y niños fueron heridos”.
Incluso, “un grupo de mujeres llegaron a preguntar al hospital por niñas heridas que se habían llevado los Federales y que no sabían dónde estaban”.
Después de esta investigación, la periodista espera que “se investigue” porque “todo esto apunta a un crimen de lesa humanidad y ahí el Congreso estatal tiene obligación de investigar los hechos y que la cadena de responsabilidades sea bien investigada y que se detenga a los responsables”.
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05/04/2015

La tortura sí es generalizada en México, ratifican especialistas


Validan informe de Juan Méndez, relator de Naciones Unidas contra este delito

No son los casos denunciados, sino el patrón de detenciones, violencia e impunidad, sostienen

El gobierno mexicano sólo responde con posturas autoritarias y de rechazo a la crítica: activistas

Fernando Camacho Servín 
Periódico La Jornada
Domingo 5 de abril de 2015, p. 5

La tortura en México es una práctica generalizada, como afirmó Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra ese delito, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.
Así lo indicaron activistas especializados en el tema, quienes lamentaron que ante el debate generado por el informe del relator, el gobierno mexicano sólo responda con posturas autoritarias de rechazo a la crítica, y pase por alto que la tortura no sólo se ejerce con golpes, sino con palabras, actitudes y amenazas que muchas veces no son identificadas como maltrato serio.
Raymundo Díaz, coordinador en el estado de Guerrero del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, manifestó su acuerdo con el informe de Juan Méndez, y señaló que el carácter generalizado de este crimen queda comprobado con el hecho de que todas las fuerzas de seguridad del Estado lo practican, incluidos el Ejército y la Marina.
De igual forma, en prácticamente todos los casos se registran pautas comunes de violencia desde los primeros momentos de la detención del acusado y hasta ponerlo a disposición de un juez, muchas veces con la finalidad de obtener declaraciones autoinculpatorias que son utilizadas para procesarlos judicialmente sin ninguna otra prueba.
Además de los golpes y las agresiones físicas directas, como electrocuciones y asfixia, hay toda una serie de acciones que pueden considerarse formas de tortura sicológica, pero no son reconocidas como tales por las autoridades ni por las propias víctimas, entre ellas los insultos, el apuntar con armas aun sin dispararlas, o la sola proximidad de helicópteros, camiones o tropas en actitud amenazante.
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Cuando se dice que la tortura es 'generalizada', quizá los diputados o el Presidente piensen que hay que ver a miles de personas sangrando, con el ojo reventado, con marcas de toletes o de cables eléctricos, pero la identificación de pautas repetitivas es suficiente para comprobar dicho carácter, insistió.
El relator de la ONU sobre tortura y tratos crueles, Juan Méndez, manifestó que en México recibió presiones para minimizar su informe sobre torturaFoto Notimex

Al ser puesto en evidencia, el gobierno mexicano ha preferido desacreditar al relator de Naciones Unidas y minimizar el problema, para seguir con su juego de imagen internacional, sin importar que casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa dejen clara la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, señaló.
Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que la tortura sí es de carácter generalizado en el país, ya que la ejecutan cuerpos policiacos y militares de todos los niveles, y casi siempre de la misma manera.
La información indica que aunque el relator hizo un muestreo de algunos casos, son señales de que es una práctica en todos los niveles. Además, es una realidad que conocen los defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ya saben la forma de tortura tanto física como sicológica de las policías y los militares, manifestó.
Un ejemplo de cómo se ejerce esta última forma de maltrato es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues la falta de acción de las autoridades los ha mantenido en un estado de angustia y terror que es ya una tortura sicológica, a veces más impactante que la física.
Ante los informes críticos de organizaciones internacionales, el gobierno mexicano ha reaccionado de manera lógica, porque no puede aceptar que así funciona el sistema de justicia en nuestro país, pero se me hace muy torpe ir contra el relator y minimizar hechos que son ampliamente conocidos. Están dando patadas de ahogado y no pueden esconder la realidad.
Lamentó que el Estado mexicano actúe con prepotencia y con la intención de enfrentar todo aquello que desnuda su actuación en cuanto a prácticas negativas contra los ciudadanos. Forma parte de la estrategia de mantener la impunidad y decir que el gobierno es la víctima de la delincuencia, agregó.