31/12/2009

Artesanos acusan al edil de enviar porros para sacarlos de plaza

Protestan por la política antindígena
del ayuntamiento panista de Campeche

Lorenzo Chim
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 20

Campeche, Camp., 30 de diciembre. En protesta por la política antindígena del ayuntamiento panista de Campeche, que les niega permisos para vender sus productos y les corta la energía eléctrica en la Plaza de la República, artesanos indígenas lanzaron huevos y jitomates al busto del extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo.

Posteriormente, los alrededor de 50 manifestantes, encabezados por dirigentes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez), bloquearon una hora los accesos al palacio municipal para solicitar audiencia con el presidente municipal Carlos Rosado Ruelas, quien una vez más se negó a atenderlos.

Los artesanos recordaron que el sábado pasado un grupo de porros contratados por al alcalde panista destruyó sus toldos y les robó algunos productos que vendían en la Expoferia artesanal para obligarlos a que se marcharan de la Plaza de la República.

En los días siguientes les cortaron el servicio de energía eléctrica y grupos anónimos colocaron al menos dos mantas en las que exigen que los artesanos regresen a sus comunidades.

En entrevista, Rosado Ruelas acusó a los artesanos de violar la ley y afirmó que colocar toldos y lonas en la plaza, a unos metros de las centenarias murallas, pone en peligro la declaratoria de Campeche como patrimonio cultural de la humanidad.

Los artesanos recordaron que realizan la Expoferia desde hace más de 10 años.

Luego de bloquear una hora la alcaldía, los quejosos fueron recibidos por el director de atención ciudadana, Manuel Angulo Solís, con quien acordaron dialogar.

Piden replantear políticas para combatir el analfabetismo

Niñas y niños jornaleros de 6 a 14 años no acceden a la educación

Por Narce Santibáñez Alejandre

éxico DF, 30 dic 09 (CIMAC).- La jornada laboral comienza cuado se inicia el alba y termina cuando se pone el sol; es la infancia interrumpida de las niñas y los niños jornaleros, rostros morenos, rostros que al rayo del sol podemos ver tanto en el sur como en el centro del país.

Un ejemplo de ello, es Silvia Salgado, hermana del fallecido David Salgado, el cual fue atropellado por un tractor en enero de 2007. Silvia fue jornalera agrícola desde los siete años, a la vez cuidaba de sus hermanos y ayudaba a su mamá en las labores domésticas.

Silvia, es indígena de la comunidad de Ayotzinapa en Guerrero, actualmente tiene 15 años, tenía 13 años cuando su hermano David fue arrollado en Culiacán, Sinaloa. Ella, durante seis años trabajó cortando verduras, su jornada laboral empezaba a las seis de la mañana y terminaba las cuatro de la tarde, para seguir los quehaceres de casa, recuerda la joven.

Silvia relata a Cimacnoticias: “Mis papás decían que me fuera a la guardería, pero no quise, siempre trabajaba para ayudarlos, pero ya no me puedo ir pa Culiacán”, no responde porqué, ni desde cuándo ya no trabaja como jornalera agrícola, sin embargo, desde el accidente de David ya no ha vuelto a la pizca.

La adolescente nunca ha asistido a la escuela, sin embargo, le gustaría estudiar y aprender a leer, “mis papás si saben leer, pero nunca me han enseñado, nunca les he dicho que quiero aprender”, comentó Silvia.

Actualmente, Silvia colabora con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en los comedores de los jornaleros agrícolas. El proyecto provee de alimentos a los jornaleros que emigran a Culiacán.

De acuerdo con el informe anual del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales del Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, la temporada de migración se da entre septiembre y diciembre.

Al respecto, Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, señaló que es común que niñas y niños sean contratados en las hortalizas porque “tienen las manos más pequeñas, y por tal, funcionan mejor para la recolección más delicada, como fresas, tomates, jitomates.”

NIÑAS, DOBLE Y TRIPLE JORNADA

De acuerdo con las cifras oficiales, en México hay más varones jornaleros, aunque las niñas realizan labores domésticas en su hogar, además del trabajo en el campo, y se encargan del cuidado de sus hermanas y hermanos pequeños.

Sobre el número de niñas y niños que se encuentran en esta situación no hay datos precisos, pero de acuerdo con los cálculos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 80 por ciento son adolescentes hombres, y el 20 por ciento son adolescentes mujeres. Este patrón se ha mantenido prácticamente sin cambio entre 1998 y 2004.

De acuerdo con Margarita Nemesio, integrante de Tlachinollan, “Es evidente la doble y triple jornada que cumplirán las niñas el resto de su vida, pues más de la mitad, además de estar ocupadas, realizan quehaceres domésticos y estudian; la situación de las niñas trabajadoras es condenable y representa un daño irreversible”.

REZAGO EDUCATIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que menos del 10 por ciento de estas niñas y niños asiste a la escuela, pues generalmente suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas por cambiar de lugar de residencia.

El “Programa Nacional de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM) a cargo de la SEP, solo cubre al 4.1 por ciento de la niñez jornalera. Además del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), institución gubernamental para las escuelas multi-grado en las comunidades más pequeñas, cubren un 3.9 por ciento adicional. Esto significa que el 92 por ciento de las y los menores de 6 a 14 años de edad que trabajan en el campo no tienen acceso a la educación.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social implementó el Proyecto Monarca, el cual busca contribuir a la inclusión y cumplimiento de los derechos a la educación, salud y alimentación de las niñas y los niños, de 6 a 14 años, hijos de

jornaleros agrícolas, mediante apoyos que coadyuven al desarrollo de sus capacidades.

El proyecto busca inducir que los padres jornaleros envíen a las niñas y los niños a la escuela. Se les entrega un estímulo económico de 300 pesos mensuales y útiles escolares, uniformes y despensas.

Nashieli Ramírez, especialista en derechos de la infancia, señaló que la estrategia del gobierno federal para combatir los problemas de educación y analfabetismo entre las hijas y los hijos de migrantes, no funciona, a pesar de que se flexibilizó el horario escolar, así que se deben replantear las políticas de gobierno.

CONSECUENCIAS

El trabajo rudo en la pizca y el contacto con los pesticidas, hace que las niñas y niños padezcan dermatitis, intoxicaciones, mutilaciones, quemaduras, anemias, insolaciones y deshidratación y además, pueden fallecer por accidentes de trabajo.

De acuerdo con el informe Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la población más afectada al dejar sus comunidades es la materno – infantil y los principales problemas de salud que presenta la niñez son afectaciones en las vías respiratorias y desnutrición.

En el caso de las mujeres embarazadas el riesgo de muerte se eleva, toda vez que emigran sin recibir un diagnóstico de control prenatal.

Las consecuencias a largo plazo en el caso de las niñas, es que si llegan a ser madres, el producto podría nacer con algún tipo de malformación genética debido al contacto con los venenos de los plaguicidas, y en el caso de los niños, pueden sufrir trastornos reproductivos, como esterilidad.

LEGISLACIÓN

La Ley Federal del Trabajo establece que para emplear adolescentes de 14 a 17 años de edad, se requiere del consentimiento por escrito de los padres o tutores, y acreditar con un certificado médico que es apto; lo cual generalmente no se cumple.

También, la Ley fija sanciones económicas que van de tres a 155 veces el salario mínimo, sin importar el número de niñas que tengan empleadas en los campos, por lo que a los propietarios no les inquieta cubrir la multa que puede llegar a 7 mil 400 pesos.

El Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), precisa que la edad mínima para trabajar recomendada es de 14 años en los países en desarrollo y de 15 años para países industrializados.

Por otro lado, México cumplió nueve años de haber adoptado el Convenio 182 de la OIT, que responde a la necesidad de erradicar las peores formas de trabajo infantil, sin que se haya adoptado, como se comprometió, un Plan Nacional de Acción y la determinación de los trabajos peligrosos para la infancia y su identificación geográfica

Los estados con mayores índices de expulsión de niñas y niños jornaleros son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz e Hidalgo. Del total de niñas y niños que trabajan como jornaleros, 50 por ciento son indígenas, 45 por ciento registra algún grado de desnutrición y el 90 por ciento no asiste a la escuela, de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

A niñas y niños mexicanos, se les puede ver laborando en los campos de Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora y, principalmente en Sinaloa.

Sólo este año asesinaron a cinco que luchaban contra la devastación de bosques

Muerte y persecución enfrentan
activistas ambientales en el país

Concentrada en el cambio climático, la política ecológica nacional soslaya esta problemática


Defensores del ambiente que participan activamente para impedir la deforestación de bosques sufren persecución e incluso la muerte. La imagen, en un poblado del estado de MéxicoFoto Marco Peláez
Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 25

Defensores del medio ambiente y de sus comunidades que participan activamente para impedir la devastación de bosques o se manifiestan contra proyectos que dañan su hábitat, en algunos casos han encontrado la muerte. Sólo en este año asesinaron a cinco activistas y algunos otros fueron heridos en atentados.

Mientras esto ocurre, la política ecológica del país está concentrada en el cambio climático, como queda de manifiesto en los mensajes del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada. En agosto, el funcionario reconoció que ha sido objeto de presiones de legisladores, inversionistas, gobernadores y alcaldes para la autorización de proyectos.

Incluso, Raziel Villegas, director de Impacto Ambiental y Zona Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recibió en su teléfono una amenaza de muerte mientras participaba en operativos de clausura de hoteles en Cancún. Esto revela que la defensa de los recursos naturales se ha convertido en una actividad de riesgo.

La víctima más reciente es Mariano Abarca, ambientalista y activista por los derechos humanos, quien el pasado 27 de noviembre fue asesinado por dos individuos afuera de su domicilio; recibió tres impactos de bala en el cuello y en el pecho. Abarca fue integrante de la organización Dos Valles Valientes, opositora a la minera canadiense Blackfire Exploration, que explota el mineral barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, e integraba la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que a pesar de las amenazas de muerte que funcionarios de la empresa habrían hecho a Abarca, las cuales fueron denunciadas públicamente por el luchador social, las autoridades de procuración de justicia no le brindaron la seguridad necesaria. Asimismo, demandó garantizar la integridad de los familiares del activista y de los miembros de la asociación civil a la que pertenecía.

En tanto, Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán que pertenecía al Consejo de Pueblos de Morelos –trabajaba en defensa del agua y la tierra–, fue ultimado el 31 de octubre. Ese día fue citado –se desconoce por quién– a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec, para realizar un presupuesto de herrería, misma que trabajaba en su domicilio ubicado en la colonia Tetecolala, colindante con Civac, en los límites entre los municipios de Jiutepec y Tepoztlán.

De acuerdo con el consejo, esto ocurrió antes del Encuentro Indígena realizado en la comunidad de Coajomulco, donde a partir de las 16 horas recibirían a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco; Miguel Ángel ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el sábado; tuvieron noticias de él hasta el día siguiente, cuando personal de la Funeraria Morelos fue a su domicilio y pidió a la esposa del activista que se trasladara al Semefo de Cuernavaca para identificar el cuerpo.

El 16 de septiembre, el campesino Felipe Arreaga, ecologista y defensor de los bosques en la sierra de Petatlán, Guerrero, murió al ser embestido por una unidad del servicio público de esa localidad. El campesino había ido a cargar gasolina a su cuatrimoto y viajaba al Zapotillal para plantar árboles frutales. Circulaba sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Defensores de derechos humanos exigieron que se investiguen las circunstancias de su muerte.

En 2004 Arreaga fue encarcelado por el presunto homicidio de Abel Bautista, pero fue liberado 10 meses después, porque no se le probó nada. Mientras estuvo en prisión recibió el premio Chico Méndez, otorgado por la organización estadunidense Sierra Club, en reconocimiento a su defensa de los bosques. Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

También, en Ajuchiotán del Progreso, Guerrero, el pasado 26 de junio fueron asesinados Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

El 29 de septiembre, Jesús Sánchez de la Barquera, activista del municipio de Jilotzingo, estado de México, fue víctima de un atentado con arma de fuego afuera de su domicilio, ubicado en el mismo municipio, el cual forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de México, la cual es considerada de interés para diversos proyectos inmobiliarios e industriales por su cercanía con regiones como Interlomas o la Zona Esmeralda, según información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

La ONG explica que Sánchez encabeza acciones en defensa de áreas protegidas y para evitar la explotación de los bosques y la urbanización de la zona ejidal. Varias veces ha denunciado violaciones al derecho de consulta de información, así como un limitado acceso a la justicia y violaciones al debido proceso en diversas demandas presentadas ante autoridades de todos los niveles. Tanto él como su familia han recibido amenazas a fin de que cesen sus actividades.

También en Jilotzingo, en marzo de 2008, el abogado Fernando Mayén Sánchez, quien representaba a 90 ejidatarios en contra de la instalación de un relleno sanitario, fue asesinado después de recibir amenazas para que cesara su intervención en litigios de tierras y de oposición a otros proyectos. Su muerte aún no se ha esclarecido.

En 2006, la empresa Confinam solicitó autorización para instalar en Jilotzingo un relleno sanitario de residuos, para lo cual no se consultó a las comunidades aledañas. A pesar de la inconformidad de los habitantes de dicho poblado, las autoridades concedieron el permiso. Entre las irregularidades denunciadas están que el sitio se encuentra en la poligonal del acuífero Pachuca-Cuautitlán y a metros de uno de los afluentes de la presa Madín, que surte de agua a Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla.



29/12/2009

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ENTREVISTA CON: JULIO CÉSAR MARQUEZ
CARGO: PAPÁ DE UNO DE LOS 48 NIÑOS QUE MURIERON EN LA GUARDERÍA ABC Y VOCERO DEL MOVIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA.
TEMA: ESTE FIN DE SEMANA, FUERON LIBERADOS DOS EX FUNCIONARIOS QUE ERAN INVESTIGADOS POR SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL INCENDIO DE LA GUARDERÍA ABC.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.

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ENTREVISTA CON: LUIS ARRIAGA VALENZUELA.
CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO-JUÁREZ.
TEMA: BALANCE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO EN ESTE AÑO 2009 QUE CONCLUYE.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.

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ENTREVISTA CON: SENADOR JAVIER CASTELLON
CARGO: INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA (PRD)
TEMA: OPINIÓN SOBRE CÓMO VA A PEGAR EN EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS EL ALZA DE LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE Y EN EL CASO DEL DF SE SUMA AL ALZA DEL SERVICIO DE AGUA Y DE TRÁMITES VEHICULARES.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.


28/12/2009

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ENTREVISTA CON: SRA. PATRICIA DUARTE.
CARGO: MAMÁ DE ANDRÉS ALONSO GARCÍA DUARTE DE 3 AÑOS DE EDAD. UNO DE LOS 48 NIÑOS QUE FALLECIERON EN LA GUARDERÍA ABC DE HERMOSILLO, SONORA
TEMA: ESTE FIN DE SEMANA, FUERON LIBERADOS DOS EX FUNCIONARIOS QUE ERAN INVESTIGADOS POR SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL INCENDIO DE LA GUARDERÍA ABC.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.

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ENTREVISTA CON: FERNANDO AMEZCUA
CARGO: VOCERO DEL SME.
TEMA: EN SU PLAN DE MOVILIZACIONES DE CORTO PLAZO, DESDE ESTE LUNES Y DURANTE TODO ENERO, INTEGRANTES DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) VISITARÁN “LAS CASAS DE ALGUNOS FUNCIONARIOS” LOS QUE FIRMARON EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LUZ Y FUERZA, ENTRE ELLOS, LA DEL SECRETARIO DEL TRABAJO, JAVIER LOZANO.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.

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ENTREVISTA CON: JOSÉ BARBA.
CARGO: CATEDRÁTICO DEL ITAM DESDE HACE 20 AÑOS EN EL ÁREA DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES, Y EX LEGIONARIO DE CRISTO.
TEMA 1: LAS DECLARACIONES DEL CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA, ESTE FIN DE SEMANA, EN EL SENTIDO DE QUE SE OPONE AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.
TEMA 2: LA RENUNCIA DE SACERDOTES VINCULADOS A DELITOS DE PEDERASTIA, EN IRLANDA, OCURRIDOS LA SEMANA PASADA.

Entrevista con Omar Sánchez de Tagle.


Acusan a soldados de matar a niña de un año durante ataque a civiles

Julia A. Le Duc, corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 28 de diciembre de 2009, p. 8

Reynosa, Tamps., 27 de diciembre. Durante una persecución contra presuntos criminales en la periferia de esta ciudad fronteriza, elementos del Ejército Mexicano dispararon sus armas y una de las balas mató a una niña de un año y cinco meses de edad, que trasladaban sus padres, quienes resultaron heridos, en una unidad de transporte urbano.

Elizabeth Martínez Medrano falleció frente a sus padres, Eduardo Martínez y Marlene Medrano, quienes atestiguaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado haber visto a soldados disparando contra el microbús de la ruta 9-643 en el que viajaban, a la altura de la colonia La Escondida.

En el Hospital Civil de Reynosa, adonde fueron trasladados, los padres de la pequeña aseguraron que el convoy de militares perseguía a una camioneta con placas de Texas, Estados Unidos, cuando de repente tirotearon la unidad de transporte colectivo, con 30 pasajeros a bordo.

Aunque al momento de escuchar las primeras detonaciones los pasajeros se tiraron al piso, una ráfaga de metralleta alcanzó a la familia Martínez Medrano.

Eduardo Martínez recibió un tiro en la pierna derecha; su esposa Marlene resultó con lesiones en un brazo a causa de las esquirlas, y la pequeña Elizabeth fue alcanzada por un proyectil que se alojó en su estómago y segó su vida.

Tras el hecho, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional subieron al transporte de pasajeros para identificar a los heridos. La camioneta que perseguían los militares fue abandonada dos cuadras más adelante y no se reportaron detenidos.


CNDH emitió 76 recomendaciones

Durante el año, el órgano atendió a 45 mil personas, entre las secretarías y organismos que recibieron recomendación destacan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el IMSS


Alberto Morales
El Universal
Lunes 28 de diciembre de 2009
alberto.morales@eluniversal.com.mx

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 76 recomendaciones, luego de haber acreditado violación a los derechos fundamentales y tras agotar los procedimientos para que la autoridad reclamada resarciera a los quejosos.

La CNDH atendió a más de 45 mil personas que acudieron a sus instalaciones en el Distrito Federal y en sus 10 oficinas foráneas.

Entre las secretarías y organismos que recibieron una recomendación —por la violación de derechos humanos comprobada— destacan: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que se le dirigieron 29; la Procuraduría General de la República (PGR), con siete; y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con cinco.

En un comunicado, el organismo encargado de la protección de los derechos humanos informó que recibió 5 mil 648 expedientes de queja, de los cuales concluyó 5 mil 623; pero sólo en mil 156 logró documentar la violación a derechos humanos y en los otros 4 mil 467 no encontró vulneración alguna.

Seguimiento de las quejas

De los expedientes de queja resueltos en 2 mil 982 se proporcionó orientación al quejoso; en mil 152 se resolvieron por procedimiento, en 764 por no existir materia, en 237 por amigable composición; 203, por falta de interés procesal del quejoso, en 188 por desistimiento del agraviado, 67 por acumulación; en 44 casos por no tener competencia; quedaron pendientes mil 780 casos que la CNDH aún investiga.

En cuanto a las quejas recibidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó los siguientes hechos violatorios: 656 casos por prestar indebidamente el servicio público; 513 por detención arbitraria; 479 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.

También registró 387 quejas por trato cruel, inhumano o degradante, y 299 por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias.

En todas las quejas en que se determinó “no violación a derechos humanos” se proporcionó orientación jurídica al quejoso ante las autoridades competentes para atender su caso y/o se remitió la queja a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos por razones de competencia, informó el organismo.

Los servicios personales que concedió la CNDH fueron la recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, asesoría jurídica, información sobre el organismo, remisión a otras autoridades, trámites de expedientes y asistencia en presentación de escritos.

27/12/2009

Pagan paisanos en su regreso cerca de mil millones de pesos

Un estudio de la Cámara de Diputados señala que del dinero que ingresan los connacionales a México, utilizan entre 2 y 3 por ciento para pagar extorsiones a policías y agentes aduanales

Ciudad de México.- Un análisis de la Cámara de Diputados reveló que en lo que va de la temporada navideña, alrededor de un millón de paisanos retornaron a México procedentes de Estados Unidos y pagaron en "extorsiones" cerca de mil millones de pesos.

"Los mexicanos que regresaron a pasar la Navidad, el fin de año y otras festividades en sus pueblos, ingresaron al país alrededor de 3 mil millones de dólares en efectivo y regalos.

"De los cuales entre el 2 y 3 por ciento serán entregados en aguinaldo-extorsión a policías y funcionarios aduanales", se señala en el estudio.

De acuerdo con el informe, la extorsión a paisanos en temporada navideña suma en conjunto casi mil millones de pesos, que se reparte entre agentes aduanales de la Secretaría de Hacienda, policías federales de caminos, elementos estatales y municipales.

Se añade que pese a los esfuerzos por erradicar la corrupción en el programa "Diputada Amiga, Diputado Amigo", los mexicanos que retornan se enfrentan a decenas de retenes y corporaciones policíacas que los despojan de su dinero.

Al respecto, el diputado del PRD, José Torres Robledo expuso que de acuerdo con testimonios de paisanos que visitan cada año a sus familias, el monto promedio de extorsión que tienen que pagar en cada detención es de entre 50 y 100 dólares.

"Ello varía si los paisanos viajan por tierra o en avión, si van a estados del norte, del centro o sur de México, pero son constantemente detenidos por policías federales, estatales y municipales, ello al margen de los retenes aduanales", explicó en entrevista.

Torres Robledo comentó que "un paisano que regresa en su camioneta, cargado de regalos para su familia, es detenido en promedio siete ocasiones desde que cruza la frontera, algunas de las cuales puede librar la extorsión, pero casi siempre tiene que dejar alguna remuneración".

Indicó que el citado programa "Diputada Amiga, Diputado Amigo", busca darle un estricto seguimiento a las acciones que emprende el Ejecutivo federal en el programa Paisano para apoyar a la comunidad migrante.

Además de frenar extorsiones y vigilar el comportamiento de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El legislador federal por Michoacán, abundó que dicha campaña inició el 12 de diciembre y terminará el 10 de enero de 2010 y contará con la participación de los legisladores.

"Quienes supervisarán el trato que se les da a los connacionales, además de contribuir en la atención y canalización de quejas", explicó.

Notimex

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Es México principal productor de pornografía infantil en el mundo: Gerardo Sauri con Jorge Armando Rocha

Archivo
Gerardo Sauri, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que México, junto con España y Argentina son los principales productores de pornografía infantil; en nuestro país, debido a que no se ha logrado que los derechos de la infancia sean considerados competencia de la federación, lo que provoca pocos esfuerzos en la coordinación e investigación policiaca para desmantelar las bandas de trata de niños.

De acuerdo con una investigación de la Fundación Aliados, en México se ubicaron más de 2 mil archivos susceptibles de ser pornografía infantil, dijo Gerardo Sauri, en entrevista telefónica con Jorge Armando Rocha en “Expediente Fórmula”; agregó que de acuerdo con el último reporte de la Policía Cibernética, hasta julio de 2009, se ha logrado desmantelar 40 sitios de pornografía infantil.

“Todo esfuerzo que se haga desde cualquier autoridad debe de ser reconocido, sin embargo esta cifra de los 2 mil 213 archivos que se ubicaron desde esta fundación, pareciera mostrarnos que estamos bastante lejos de poder reducir la producción de pornografía infantil”, dijo.

Sauri lamentó que no aún se ha logrado que los derechos de la infancia sean considerados como competencia de la federación, sino que sólo sean vinculados a los marcos penales locales, lo que provoca que haya pocos esfuerzos que se coordinen en investigación policiaca.

“Es importante la policía cibernética, pero que pudiera coordinarse con otras para investigar lo sitios de almacenamiento, distribución, en municipios, principales mercados, desmantelar, no sólo algunas bandas, a partir de una estrategia nacional”.
Destacó que cuando alguien sube un archivo, ya sea de foto o video, significa que un niño o un grupo de menores fueron filmados “en situaciones que nos podemos imaginar terribles para su dignidad”.

“Que podrían estar secuestrados en una guardería, en un albergue tipo Casitas del Sur, y que lo que no existe en México, son mapas sobre delincuencia organizada dedicada a trata de explotación de niños y niñas”, por ello lamentó que no se haya avanzado en erradicar estos delitos como se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico.

“Cuando vemos 2 mil 213 archivos que la fundación ubico a través de este software, vemos que en México la impunidad sigue siendo terrible y nuestro país cuenta con todos los recursos tecnológicos para favorecer que estos tipos delitos se sigan cometiendo”, apuntó.

Viola amparo concedido a la agrupación Pro San Luis Ecológico

MSX reanuda explosiones en el Cerro de San Pedro

Sin importarle el fallo judicial, y pese a la presencia de turistas, ayer efectuó 6 detonaciones en busca de oro y plata, acusan ambientalistas

Edith Argüelles
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 27 de diciembre de 2009, p. 21

San Luis Potosí, SLP, 26 de diciembre. Minera San Xavier (MSX) reanudó las detonaciones en la cabecera municipal del Cerro de San Pedro, con lo que violó el amparo concedido a la agrupación Pro San Luis Ecológico el pasado 18 de diciembre, que impide a la firma canadiense utilizar explosivos pese a la suspensión definitiva que obtuvo contra la clausura parcial impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el 18 de noviembre.

Vecinos del Cerro de San Pedro confirmaron que este sábado a las 12:15 horas la minera efectuó seis detonaciones en la busca de oro y plata, que representan un exceso frente a las dos diarias que hubo hasta el 13 de noviembre, cuando una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emplazó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a retirarle el permiso de impacto ambiental.

Con el retiro del permiso vino la clausura parcial y las detonaciones quedaron suspendidas, aunque la Profepa permitió a la empresa mantener los procesos de lixiviación en sus reservas de oro y plata. El 14 de diciembre New Gold Incorporated, matriz de MSX con sede en Vancouver, Canadá, dio a conocer que obtuvo un amparo contra la interrupción de operaciones, por lo que reanudaría sus procesos a la vez que apelaría de la sentencia del TFJFA.

Pro San Luis Ecológico dio inicio a la secuela de actos jurídicos, al demostrar ante el TFJFA las anomalías y riesgos de la explotación minera en Cerro de San Pedro, pero la MSX obtuvo en el juzgado primero de distrito el amparo en que se basó para eludir la restricción; en respuesta la organización tramitó y obtuvo otro amparo en el juzgado cuarto contra actos del gobierno estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional que permitieran a la empresa reanudar las detonaciones.

Hay un desacato abierto a la resolución judicial pues la compañía retomó el uso de explosivos con más fuerza que nunca, sin considerar la presencia de turistas en el municipio y sin respetar las festividades navideñas. Parece que quisieran tumbar el pueblo en abierto desafío a toda institucionalidad, y con el Ejército implicándose en la aventura ilegal, advirtió el presidente de Pro San Luis Ecológico, Sergio Serrano Soriano.

A su vez Carlos Covarrubias Rendón, ex regidor perredista del municipio de San Luis Potosí, dio a conocer que los inconformes promovieron un incidente de violación contra la empresa; y la activista Ana María Alvarado recordó que si bien MSX se amparó contra la clausura parcial, el recurso logrado por los ambientalistas y moradores de Cerro de San Pedro prohíbe el uso de explosivos, pero las autoridades que permitieron su reanudación se comportan como si el fallo no existiera.

MSX llegó al Cerro de San Pedro en 1995 y hasta 2006 inició la extracción de oro y plata a cielo abierto, pero la lucha legal principió hace más de 10 años en el afán de impedir el uso de explosivos y altas cantidades de cianuro para salvaguardar el medio ambiente de Cerro de San Pedro, municipio conurbado a San Luis Potosí.


25/12/2009

Aumentó "vertiginosamente" la violencia
en México durante 2009: AI
La redacción

MÉXICO D.F., 24 de diciembre (apro).- Amnistía Internacional aseguró hoy que en el año que está por terminar la violencia delictiva aumentó en México de manera “vertiginosa” y añadió que la participación del Ejército mexicano en labores de seguridad generó abusos contra la población civil.

En su balance anual sobre la preservación de los derechos humanos en América Latina, el organismo destaca, asimismo, el fracaso en la depuración y saneamiento de las corporaciones policiacas. “Las medidas adoptadas para expulsar a los agentes responsables de abusos contra derechos humanos no estaban a la altura de la magnitud del problema", dijo.

Inclusive, el informe detalla que en esos casos la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades se ha visto mermada por obstáculos administrativos y de procedimiento.

En relación con los derechos humanos de la población indígena, el documento apunta que existe un "ciclo persistente e inveterado de penuria y exclusión social, que agrava el peligro para algunos miembros de las comunidades indígenas, en especial mujeres, para ser víctimas de agresiones".

No obstante, reconoce que en México se han dado avances para grupos indígenas en coordinación con defensores de derechos humanos.

Igualmente califica como avance el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal.

En el resto de latinoamérica, Amnistía Internacional sostiene que aún persisten graves deficiencias en materia de derechos humanos, sobre todo contra grupos vulnerables como indígenas y mujeres, así como "constantes esfuerzos" por silenciar a quienes defienden las garantías individuales.

De acuerdo con el organismo, los defensores de las garantías individuales en la región desafían "poderosas elites sociales y económicas".

Además, dichas elites cuentan con "la complicidad de gobiernos que no cumplen con su obligación de promover y defender los derechos humanos", como se demuestra en algunos casos graves.

Ello se debe, señala Amnistía Internacional (AI), a que "algunos gobiernos utilizaron en forma indebida el sistema de justicia penal para obstaculizar el trabajo de quienes defendían los derechos humanos".
Indígenas exigen a las autoridades
frenar el saqueo de recursos minerales en Chiapas

Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 24 de diciembre (apro).- Feligreses católicos de la Sierra Madre de Chiapas pidieron a los gobiernos estatal y federal intervenir para frenar el saqueo de recursos minerales que realizan empresas extranjeras, y esclarecer el homicidio del líder del movimiento antiminero, Mariano Abarca Roblero.

Asimismo, demandaron la salida del Ejército Mexicano de la zona porque “atropellan” los derechos humanos.

El pasado martes 22, habitantes de comunidades y rancherías de los municipios de Chicomuselo, Comalapa y Motozintla realizaron una peregrinación y una misa, donde hicieron los mismos reclamos de este día.

Sin embargo, hoy enviaron una carta en la que señalaron que “la iglesia de Cristo no puede quedar callada ante tanta injusticia”, y la agregaron que “la actitud de Jesús” los anima a no desentenderse de los problemas que viven en la región, especialmente los pobres.

“Somos hombres y mujeres de la comunidad católica en este municipio y parroquias vecinas que hoy se solidarizan para expresar nuestro sentir de lo que acontece actualmente. Como bien sabemos, la Iglesia Universal no puede ni debe quedarse callada ante tanta injusticia social”, señalaron.

En su carta explicaron que salieron a las calles para ejercer su derecho a la libertad de expresión ante el coraje que les provocó el asesinato de Mariano Abarca Roblero, “el pasado viernes 27 de noviembre a manos de trabajadores de la minera Blackfire Exploration”.

Abarca Roblero era un activista social en defensa de la vida, del medio ambiente y de la “madre tierra”.

“Nos solidarizamos con la familia Abarca Montejo en su dolor por la pérdida de este ser querido y nos unimos a la exigencia de justicia para los responsables materiales e intelectuales de este hecho”, agregaron.

También reiteraron que desde que se autorizó la operación de las empresas mineras extranjeras en la región, se han registrado muchos problemas y conflictos internos en las comunidades. “Además de que han proliferado el alcoholismo, divisiones, confrontaciones, amenazas, compra de conciencias, falsificación de documentos y formas, violación a derechos humanos, entre otros.

“De igual forma denunciamos las actividades que el Ejército Mexicano viene realizando en diversos puntos, con operativos sorpresas y cateos con violencia.”

Responsabilizaron a los diferentes niveles de gobierno por los hechos mencionados y solicitaron a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos estar atentos y demandar al gobierno federal respeto, justicia, paz y libertad.

Asimismo, exigieron que la clausura de actividades que decretó la Secretaría del Medio Ambiente “sea definitiva y no sólo temporal”.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, maestros, estudiantes, organizaciones sociales, a sumar esfuerzos en la lucha pacífica para la defensa de nuestra madre tierra y sus recursos naturales, en la búsqueda de una vida digna para todos y todas, pues somos hermanos y debemos estar unidos en la justicia, el amor y la paz”, concluyeron los inconformes.

Suman 12 periodistas asesinados en 2009: CNDH
Datos del organismo reportan que desde el año 2000 a la fecha un total de 57 comunicadores han perdido la vida debido a su profesión

Redacción
El Universal
Ciudad de México Viernes 25 de diciembre de 2009
10:40

Con el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, el pasado martes 22 de diciembre, se eleva a 12 el número de periodistas asesinados en 2009, y a 57 los que han perdido la vida del año 2000 a la fecha.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja relacionado con este caso de Quinta Roo; demanda a las autoridades el esclarecimiento del mismo y que se haga justicia.

Al asesinato de Alberto Velásquez deben añadirse 8 desapariciones de comunicadores y 7 atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación en nuestro país.

"México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico", asegura la CNDH en un boletín.

En el 2000 se radicaron 13 expedientes; en el 2001, 21; en el 2002, 43; en el 2003, 29; en el 2004, 43; en el 2005, 72; en el 2006, 74; en el 2007, 84; en el 2008, 80; y al mes de noviembre de 2009 la cifra es de 78.

Sin embargo, la cifra puede ser mayor, considerando aquellos casos que tienen registrados los organismos públicos estatales de derechos humanos, más los que no se denuncian.

cg/vsg

Defensores de derechos humanos en México son acosados por el crimen organizado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que dichos activistas han tenido que dejar de lado la defensa de algunas causas, para centrarse en los problemas de violencia e inseguridad que vive México.

Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México señaló que el crimen organizado amenaza cada día más a los defensores de las garantías individuales, en tanto las autoridades locales son omisas en defender a esas personas.

En su "Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México", indicó que dichos activistas han tenido que dejar de lado la defensa de algunas causas, para centrarse en los problemas de violencia e inseguridad que vive México.

Pero también se han convertido en blanco de amenazas o agresiones del crimen organizado, cuando con su labor "obstaculizan" las actividades de la delincuencia.

En ese sentido, el informe alertó que, sobre todo a niveles locales como policías municipales, los agentes suelen ser omisos en cuidar la integridad física de los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, es más preocupante que algunas organizaciones no gubernamentales "denuncian que dichas autoridades habrían solicitado al crimen organizado realizar el trabajo sucio para tratar de eludir cualquier responsabilidad".

El informe de la OACNUDH indica además que la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha implicado nuevos desafíos para los defensores de derechos humanos en México.

De hecho, se señala que quienes defienden a presuntas víctimas de abusos de militares "han enfrentado obstáculos adicionales para desarrollar su labor".

"El tema de la jurisdicción militar y, en concreto, la práctica de que sean las autoridades de procuración y administración de justicia militares las que juzguen a presuntos responsables, tampoco ha favorecido el trabajo de los defensores", expuso.

Sin embargo, el Alto Comisionado reconoce también la iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la comunicación con la sociedad y con las organizaciones de derechos humanos a través de campañas de información y enlaces directos.

Narco amenaza a activistas de derechos humanos

Advierte la ONU que los defensores de las garantías individuales se han convertido en blanco de amenazas o agresiones del crimen organizado, cuando con su labor obstaculizan las actividades de la delincuencia

Notimex
El Universal
Ciudad de México Viernes 25 de diciembre de 2009
12:30
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México señaló que el crimen organizado amenaza cada día más a los defensores de las garantías individuales, en tanto las autoridades locales son omisas en defender a esas personas.

En su "Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México", indicó que dichos activistas han tenido que dejar de lado la defensa de algunas causas, para centrarse en los problemas de violencia e inseguridad que vive México.

Pero también se han convertido en blanco de amenazas o agresiones del crimen organizado, cuando con su labor "obstaculizan" las actividades de la delincuencia.

En ese sentido, el informe alertó que, sobre todo a niveles locales como policías municipales, los agentes suelen ser omisos en cuidar la integridad física de los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, es más preocupante que algunas organizaciones no gubernamentales "denuncian que dichas autoridades habrían solicitado al crimen organizado realizar el trabajo sucio para tratar de eludir cualquier responsabilidad".

El informe de la OACNUDH indica además que la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha implicado nuevos desafíos para los defensores de derechos humanos en México.

De hecho, se señala que quienes defienden a presuntas víctimas de abusos de militares "han enfrentado obstáculos adicionales para desarrollar su labor".

"El tema de la jurisdicción militar y, en concreto, la práctica de que sean las autoridades de procuración y administración de justicia militares las que juzguen a presuntos responsables, tampoco ha favorecido el trabajo de los defensores", expuso.

Sin embargo, el Alto Comisionado reconoce también la iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la comunicación con la sociedad y con las organizaciones de derechos
humanos a través de campañas de información y enlaces directos.
vsg


24/12/2009

ABUSOS EN MÉXICO, EN NOMBRE DE SEGURIDAD: AMNISTÍA INTERNACIONAL

De acuerdo con EL UNIVERSAL, comenta que en América Latina persisten graves deficiencias en materia de derechos humanos, sobre todo contra grupos vulnerables como indígenas y mujeres, así como ‘constantes esfuerzos’ por silenciar a quienes defienden las garantías individuales. Respecto de los abusos cometidos en nombre de la seguridad, detalla que en México, ‘donde la violencia delictiva aumentó de forma vertiginosa’, se desplegó al Ejército para ayudar en la tarea, si bien esto ha traído a su vez también abusos. Aunque en algunos casos se admitieron deficiencias notables en la policía, ‘las medidas adoptadas para expulsar a los agentes responsables de abusos contra derechos humanos no estaban a la altura de la magnitud del problema’, refiere EL UNIVERSAL.

Inclusive, el informe detalla que en esos casos la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades se ha visto mermada por obstáculos administrativos y de procedimiento. De acuerdo con el ‘Informe 2009 de Amnistía Internacional, el estado de los derechos humanos en el mundo’, los defensores de las garantías individuales en la región desafían ‘poderosas élites sociales y económicas’.


Miembros del Semefo morelense niegan haber fotografiado el cuerpo

Peritos dicen que recibieron órdenes de manipular el cadáver de El Barbas

Rubicela Morelos Cruz

Periódico La Jornada
Jueves 24 de diciembre de 2009, p. 3

Cuernavaca, Mor., 23 de diciembre. Los seis peritos que participaron en el levantamiento del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva aseguraron que sólo cumplieron órdenes dadas por agentes federales para alterar la escena del crimen, pero negaron haber tomado las fotos donde se exhibe a El jefe de jefes o El Barbas semidesnudo y cubierto con billetes ensangrentados.

En entrevista, algunos peritos, quienes pidieron el anonimato, se mostraron sorprendidos ante la urgencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos de anunciar el martes en la noche su separación al cargo, pese a que no han concluido las pesquisas. No obstante, este miércoles acudieron a laborar.

Narraron que autoridades estatales los responsabilizaron del hecho, cuando en su declaración negaron que hubieran modificado la escena del crimen y expresaron que personas ajenas a la PGJE tomaron las fotos, pero se negaron a abundar en el tema, pues, aseguraron, es una situación que pone en riesgo su vida.

En esas imágenes, añadieron, aparecen tres de los seis integrantes del Servicio Médico Forense que participaron en el levantamiento del cadáver, por lo que, insistieron, ellos no las captaron.

A su vez, el visitador general de la PGJE, Erwin de las Casas Flores, reconoció que aún no terminan la investigación, y añadió que se envió material fotográfico a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se verifique que los peritos locales no tomaron esas imágenes.

No están cesados ni se les ha dado de baja aún; están trabajando de manera normal. Se les puede suspender para que sigan las investigaciones. Probablemente se les suspenda en unos días, dijo.

Tres peritos ya fueron descartados, insistió, y sólo se indaga a los otros tres, que aparecen en una de las fotos. Serán castigados por abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, anunció.

Estamos solicitando a la PGR que abra una investigación interna o penal a personal federal.


23/12/2009


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CARGO: ABOGADO DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO Y UNO DE LOS RESPONSABLES DE LA ASESORÍA LEGAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS OTOMÍES QUE SON ACUSADAS DEL SECUESTRO DE 6 AGENTES DE LA AFI EN MARZO DE 2006, POR EL QUE SE ENCUENTRAN EN LA CÁRCEL TERESA Y ALBERTA.
TEMA: LLEVAN 3 AÑOS EN LA CÁRCEL ACUSADAS DEL DELITO DE SECUESTRO.

23 Dic10:33 am Entrevistas ¡Comenta!

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CARGO: COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ANÀLISIS SOBRE VIOLENCIA SOCIAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA UNAM. INVESTIGADOR SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SOCIAL, ENTRE ELLOS NARCOTRAFICO
TEMA: OPINIÒN SOBRE LAS DETENCIONES Y EJECUCIONES DERIVADAS DE LA PERSECUSIÓN AL CÁRTEL DE ARTURO BELTRÁN LEYVA

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CARGO: ACADÉMICA E INVESTIGADORA DEL COLEGIO DE SAN LUIS E INTEGRANTE DE “KOLECTIVO AZUL” QUE PERTENECE AL FRENTE AMPLIO OPOSITOR A MINERA SAN XAVIER.
TEMA: MINERA SAN XAVIER CONTINÚA OPERANDO EN EL CERRO DE SAN PEDRO A PESAR DE QUE LA PROFEPA LES CLUSURÓ, ADEMÁS, LOS VECINOS OBTUVIERON UN AMPARO PARA QUE DEJEN DE UTILIZAR EXPLOSIVOS.


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CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO-JUÁREZ.
TEMA: LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESPONSABILIZA AL GOBERNADOR ULISES RUÍZ DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL CONFLICTO DEL AÑO 2006, PERO ESTA RESOLUCIÓN NO TIENE VINCULACIÓN LEGAL NI POLÍTICA ALGUNA.


A 12 años de la masacre de indígenas Tzotziles

Acteal: ni justicia ni reparación del daño de parte del Estado mexicano

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 21 dic 09 (CIMAC).- A doce años del asesinato de 33 mujeres, 14 niñas, 4 niños y 12 hombres tzotziles, cometido por un grupo paramilitar, en Acteal, Chiapas, la desesperanza, el miedo y la indignación prevalecen entre las y los sobrevivientes de la masacre, quienes lejos de conocer justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano, en agosto pasado atestiguaron la liberación de 20 de los homicidas de sus familiares.

Así lo afirmó en entrevista la abogada feminista Martha Figueroa Mier, presidenta de la agrupación Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), en Chiapas, quien denunció que en los últimos dos meses, el gobierno estatal suspendió el apoyo económico que recibían tres de las 78 personas heridas en ocasión del crimen, efectuado por 40 paramilitares, el 22 de diciembre de 1997.

Con ello, el gobierno local, encabezado por el político de formación priista, Juan Sabines Guerrero, quien llegó a la gobernatura del estado representando a la Coalición por el bien de todos, en 2006, incumple la Recomendación 01/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmada meses después de la masacre, por el entonces gobernador de Chiapas, el priista Roberto Albores, mediante el cual se comprometieron a reparar el daño a la comunidad.

Como parte de dicho resarcimiento, se cuenta que las autoridades del estado costearían los gastos médicos y rehabilitación de las y los sobrevivientes, entre ellos: Catarina y Zenaida.

Catarina recibió un tiro en la cadera. Ella tenía 20 años, se hacía cargo de sus hermanos, pizcaba café, bordaba y manejaba el telar de cintura. Después de tres cirugías no pudo volver a trabajar y todavía requiere de atención médica, de la cual la privó el gobierno de Chiapas de manera paulatina “primero dejó de pagar los viáticos, el hospedaje, ya sólo cubría el transporte a la Ciudad de México, y ahora ni eso”, señaló la abogada.

Zenaida tenía 4 años de edad cuando decenas de paramilitares entraron a Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, con la finalidad de “terminar con las bases zapatistas”, como denunciaron en su momento distintas organizaciones civiles. Además de presenciar la muerte violenta de su madre, recibió un disparo en la cabeza, del cual sobrevivió “de milagro”, relata Martha Figueroa.

La ahora adolescente logró recuperarse, aunque perdió entre 40 y 60 por ciento de su capacidad visual. Zenaida requiere de educación especial y de revisión neurológica permanente, mismas que dejó de recibir las últimas ocho semanas, por falta de apoyo del gobierno de Chiapas.

A doce años de la masacre, a la falta de atención médica se suma el descuido a la salud mental de la comunidad, también prevista en la Recomendación 01/98, de la Comisión.

“Sólo una vez llegó un psiquiatra, que se negó a trabajar en Acteal, porque quería que la gente se trasladara a Tuxtla, la capital del estado, para atenderlos en su consultorio”, mencionó la abogada feminista.

Las y los tzotziles de Acteal suman a la desesperanza y la frustración que prevalece en la comunidad desde hace más de una década, el miedo y la indignación a causa del amparo que pone en libertad a 20 de los 40 paramilitares, concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 12 de agosto, señaló la presidenta del Colem.

A decir de Martha Figueroa, la Corte jugó un papel “vergonzoso” al exculpar a 20 homicidas “por errores en el proceso y no porque fueran inocentes”. Con ello, afirmó, el caso, como muchos otros en el país queda en la impunidad.

De acuerdo con información difundida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los atacantes fueron reconocidos como miembros del grupo paramilitar priista Máscara Roja, estaban armados con fusiles AK-47 y M-16 y utilizaron balas expansivas contra las y los indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una iglesia de Acteal.

Luego de que asesinaron a las y los 45 indígenas del sur del país, los paramilitares fueron por machetes y por más de sus compañeros.

“Hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, `hay que acabar con la semilla´, decían. Desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron y sacaron a sus hijitos y jugueteaban con ellos, los aventaban de machete en machete. Después se fueron”, relata Micaela, quien tenía 11 años cuando sucedió la masacre, en el libro la Otra Palabra mujeres y violencia en Chiapas: antes y después de Acteal.

Un día después, las y los niños huérfanos quedaron bajo el cuidado de la comunidad, incluso muchas de las mujeres que ya tenían cinco o siete hijos tenían a su cargo hasta ocho niñas y niños, refiere la publicación coordinada por Rosalía Aída Hernández Castillo y editada por Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en 1998.

Frente a la negación de justicia en el país, organismos de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas han acudido a instancias internacionales.

En febrero de 2005 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano, pero el proceso es largo y aún esperan que la CIDH se pronuncie sobre la admisión del caso.

Una burla, el desenlace jurídico del caso Acteal: Arizmendi
Elio Henríquez, corresponsa
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de diciembre de 2009, p. 26

Acteal, Chis., 22 de diciembre. Durante la homilía con que se recordó a los 45 indígenas asesinados hace 12 años por un grupo de paramilitares en esta localidad, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, expresó: “Es una burla y una vergüenza que por minucias legales se haya exonerado a (29) responsables de un crimen tan horrendo.

Nos sigue doliendo lo que pasó el 22 de diciembre de 1997 y nos indigna que, a pesar de su culpabilidad, algunos hayan sido liberados amparándose en deficiencias del procedimiento penal. Reiteró que sin justicia no puede haber paz estable y duradera y se pierde la confianza en las instituciones.

Mientras, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, reiteró su llamado al Estado mexicano a poner fin a la impunidad en el caso Acteal y a garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación. El olvido y la impunidad no son la respuesta que se espera de un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos, sostuvo ante cientos de personas.

Agregó que para su oficina el caso no está cerrado y que si se cometieron errores y omisiones en las investigaciones se debe castigar a los responsables. Pero después de tantos años todavía no he visto a ningún responsable, aseveró, luego de definir la masacre de Acteal como el hecho más cruento de la historia reciente de México.

Las actividades para recordar a las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados el 22 de diciembre de 1997 comenzaron con una peregrinación que decenas de católicos realizaron desde el crucero de la comunidad de Majomut a Acteal, a unos cuatro kilómetros.

A la entrada de esta localidad la organización de la sociedad civil Las Abejas colocó una manta en la que señala: “A partir de hoy Acteal ha sido designada ‘Sitio de Conciencia de la Humanidad’, para inspiración de todos los que luchan por la paz y la memoria imborrable para las generaciones futuras.”

En una ceremonia posterior se hizo la declaratoria oficial de Acteal como Sitio de Conciencia, por lo que ya forma parte de la Red Latinoamericana, que agrupa 21 miembros.

Al finalizar la peregrinación, con ritos tradicionales, cánticos y acompañados por varios sacerdotes y por los obispos Arizmendi Esquivel y su auxiliar, Enrique Díaz Díaz, los más de 500 asistentes, entre ellos representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, además de muchos visitanes extranjeros, se dispusieron a recordar a las víctimas con una misa traducida al tzotzil.

Las Abejas afirmó que los paramilitares creían que iban a acabar con nuestra semilla, y no sólo no desaparecimos, sino que nuestro Dios padre-madre nos ha dado alas para volar a muchas partes de México y de otros países para denunciar la injusticia y las mentiras de los gobiernos y la paz que quieren los pueblos.

Aseguró que crece nuestro coraje porque al dolor de la muerte, a la rabia de la impunidad, se ha añadido la burla de unos jueces que se dicen supremos representantes de la justicia y dejan libres a unos asesinos como si fueran inocentes. Se refería a los 29 indígenas sentenciados por la matanza que en agosto y noviembre pasado fueron liberados gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la nación que alegó fallas en el proceso.

No queremos una guerra que vuelva a costar la sangre de millones de hermanos. Queremos una nueva revolución, pero no violenta, para que tengamos libertad, justicia y paz y para recuperar la tierra de las manos de los que la están destruyendo y saqueando, agregó.