29/09/2009

Hoy se publica la convocatoria para la inscripción de aspirantes

Arranca oficialmente la carrera por la presidencia de la CNDH
V. Ballinas y A. Méndez

Este lunes se publicará la convocatoria para elegir al ombudsman nacional para el periodo que va del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014, y a partir de este día y hasta el 9 de octubre las ONG podrán inscribir a sus candidatos en la oficialía de partes del Senado.

Una vez que se cierre el plazo para la inscripción, las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y de Estudios Legislativos del Senado sostendrán una reunión de trabajo para analizar las candidaturas que cumplen con el requisito de elegibilidad indicado en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y con las condiciones publicadas en la convocatoria.

En ese contexto, el quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, presentó ayer su renuncia al cargo, ya que participará como candidato para ser titular de ese organismo nacional.

Farah Gebara entregó su renuncia al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández. Explicó que decidió participar como candidato y quiero deslindar mi candidatura de mi actuación como quinto visitador general. Ni la ley ni la convocatoria emitida por el Senado indican que debo hacerlo, pero desde mi punto de vista es mejor no formar parte de la estructura interna de la CNDH en tanto se desarrolla el proceso de elección. Mi decisión tiene el propósito de cuidar la institución a la que he servido a lo largo de casi 10 años.

Otros dos funcionarios de la CNDH que también aspiran a suceder a Soberanes son el primer visitador, Raúl Plascencia, y el secretario ejecutivo, Javier Moctezuma. En la opinión pública se ha mencionado a más de 50 aspirantes.

El ex general José Francisco Gallardo, quien fue apresado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se sumará esta semana a la lista de aspirantes.

He decidido presentar mi candidatura ante el Senado para presidir la CNDH, y cuento con el apoyo de la senadora del Partido del Trabajo Rosario Ibarra, quien preside la Comisión de los Derechos Humanos; también me respaldan la Unión de Juristas de México, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y varios integrantes del Frente Sindical Mexicano, sostuvo ayer el ex militar en entrevista con La Jornada.

28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Privando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo

Reformas contra el aborto contravienen la Carta Magna

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF. 28 sep. 09(CIMAC).- Con la mitad del territorio nacional en contra del aborto, ignorando el artículo 4 de la Constitución, el país regresa a la época de la colonia, cuando las mujeres no tenían más remedio que “aceptar las y los hijos que llegaran”.

En México 6 de cada 10 embarazos no son deseados o planeados, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003 (ENSAR 2003). Se calcula que cada año unas 120 mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por abortos mal practicados.

Sin embargo y a pesar de que la Constitución establece en su Artículo 4, escrito en los años 70, que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”, desde octubre de 2008 en los congresos locales de 15 estados se han venido realizado reformas constitucionales para criminalizar el aborto y el uso de métodos anticonceptivos como la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y el dispositivo intrauterino (DIU).

Los grandes actores en este retroceso han sido el PAN y el PRI, en alianza coyuntural apoyada por integrantes de otros partidos, como el Verde Ecologista de México, realizando modificaciones que criminalizan el aborto y pasan por encima de los derechos y decisiones de las mexicanas; a estos 15 estados se suma Chihuahua, que aprobó la reforma en 1994.

La enmienda más reciente fue aprobada en el congreso oaxaqueño, hace apenas dos semanas; a pesar de que esta entidad es una de las que tiene mayor miseria del país, se convirtió en el estado número 16 en penalizar el derecho de las mujeres a elegir libre y voluntariamente su maternidad.

Al respecto, la Coalición por la Salud de las Mujeres (CSM), en donde convergen 12 organizaciones, señaló en reiteradas ocasiones que las reformas realizadas en la mitad del territorio impactarán las políticas públicas en temas como acceso real en los servicios públicos al aborto previstos en las causales existentes.

También en restricciones en políticas de planificación familiar, incluyendo la PAE, el DIU, el abasto de métodos anticonceptivos en los servicios públicos y en la investigación en células madres y reproducción asistida.

MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA

Diversas investigaciones sostienen que en la sociedad mexicana la maternidad es un acto que enaltece, no obstante, a las mujeres se les atribuye como una obligación, sin que puedan hacer valer su derecho ciudadano a una maternidad libre y voluntaria.

En 1936, la doctora Ofelia Domínguez Navarro ya trabajaba en una iniciativa semejante a la que desde 1979 defiende el grupo feminista encabezado por la maestra Marcela Lagarde y de los Ríos sobre la Ley de Maternidad Voluntaria en la que se advierte que mientras la maternidad sea compulsiva u obligatoria y no un acto de voluntad, las mujeres no serán libres de controlar su propia fecundidad y sexualidad.

Al respecto, en entrevista con Cimacnoticias el abogado Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis Fundar, señaló que las reformas aprobadas en la mitad de nuestro territorio violentan la Constitución Política de México, en específico el artículo 4, así como la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana (NOM-005) de los servicios de planificación familiar y la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), en materia de violencia familiar y sexual contra las mujeres.

Las y los legisladores que modificaron las legislaciones locales están dejando de lado la Constitución Federal, que indica en el artículo cuarto que sólo las mujeres son las que pueden decidir cuántas hijas e hijos desean tener.

Esto aplica a todas las mexicanas, lo que indica que las modificaciones realizadas en los 16 estados parten del desconocimiento y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mexicanas”, subrayó.

Están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, contraviniendo la Constitución y los tratados internacionales, enfatizó el abogado, agregando que con estas reformas la única salida jurídica que se les deja a las mexicanas es el recurso del amparo y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que desde el punto de vista de las reformas el DIU es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse pues, en esta lógica, las mujeres que lo utilicen serían delincuentes.

Cabe destacar que algunas de las constituciones modificadas, como la de Colima, Guanajuato y Sonora, se contraponen a lo estipulado en programas de salud como el de prevención de embarazos, toda vez que para algunos médicos la concepción se produce hasta 12 horas después del acto sexual, mientras que la PAE se puede ingerir hasta 72 horas después de éste.

En tanto que en Jalisco y Guanajuato el aborto se prohíbe incluso en casos de violación; en Guanajuato, Puebla y Querétaro se ha procesado y encarcelado a mujeres por haber abortado, y en un acto de “congruencia” con este tipo de políticas, en Jalisco el gobernador panista Emilio González Márquez pretende anular la NOM -046, que permite a las niñas y mujeres abusadas acceder, en las instituciones de salud, a la interrupción legal del embarazo y a la PAE.

Estudios nacionales e internacionales reportan que la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias; impedir el acceso a éste no resuelve el problema sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Por ello y con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, diversas redes de mujeres y sindicatos convocaron a la ciudadanía a participar este lunes, a las 16:00 horas, en la marcha que partirá del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, en el DF, a fin de repudiar las reformas constitucionales aprobadas en 16 estados del país que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte.

Según datos de la Secretaría de Salud, tan sólo en 2006, 149 mil 700 mujeres recibieron tratamiento en hospitales públicos por complicaciones tras haberse practicado un aborto clandestino y por tanto inseguro.

Marchan cerca de mil mujeres por la restitución de sus derechos

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF. 28 sep. 09(CIMAC).- Las reformas realizadas en 15 estados de la República que criminalizan el aborto, sacaron este día a las calles a cerca de mil mujeres que marcharon vestidas de morado y blanco, bajo la consigna “no somos maquinitas de reproducción somos mujeres con derecho y decisión”, advirtiendo al Gobierno Federal estar “en pie de lucha” para defender sus derechos y dar marcha atrás a la intentona de decidir sobre sus cuerpos.

En el marco del 28 de Septiembre Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, mexicanas de todas las edades salieron este día a las calles en punto de la 4:30 de la tarde.

Partieron del Monumento a la Madre con dirección al Hemiciclo a Juárez, con la exigencia de legalizar el aborto en todo el país y dar marcha atrás a las reformas realizadas en 15 estados de la República.

Desde octubre de 2008 el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza coyuntural --apoyada por integrantes de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM)-- han realizado reformas constitucionales en 15 estados, pasando por encima de los derechos sexuales y reproductivos e incluso decisiones de las mujeres.

Aunque en realidad son 16 entidades que protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación, cabe precisar que Chihuahua aprobó esta medida en 1994 por lo que no se contabiliza en las entidades federativas que modificaron sus constituciones en el periodo 2008-2009.

Encabezadas por las feministas Denisse Dresser, Marta Lamas, Mariana Winocour, Gloria Careaga, Teresita de Barbieri, Malú Micher, las ex legisladoras Elsa Conde, Marina Arvizu, Martha Tagle, Rosario Ortiz, las diputadas Teresa Incháustegui, Patria Jiménez y la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, las mujeres repetían otra vez: “ Gobierno, escucha, la mujer está en la Lucha”.

Durante el recorrido que duró aproximadamente una hora, las manifestantes que cargaban pancartas caricaturizando a Felipe Calderón, Norberto Rivera, Elba Esther Gordillo y el líder priísta Manlio Fabio Beltrones, exigieron modificar las leyes para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tal y como ocurre en el Distrito Federal.

Tomaron reforma y dejaron escuchar sus voces de reclamo al PAN y al PRI por criminalizar a las mujeres que deciden acceder a un aborto, afirmando “estamos aquí para protestar porque el gobierno nos quiere encarcelar”.

Con coronas mortuorias y grandes cruces de flores blancas, las integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, hicieron acto de presencia. Ahí estaban las Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Consorcio para el Diálogo Parlamentario, por mencionar algunas.

De igual manera, las manifestantes gritaban: “El PRI y el PAN van de la mano con pensamiento enano” y “fuera legionarios de nuestros ovarios”. Entre ellas se encontraban las integrantes del Sindicato de Telefonistas y las de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como integrantes del Organismo de Mujeres del PRI (OMPRI).

También llegaron hasta reforma mujeres procedentes de Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Tlaxcala, que en cada paso consignaban: “vamos a cerrar la Conferencia Episcopal por machista”, “no queremos más muertas por abortos clandestinos” y “mujer escucha decidir es tu lucha”.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, las mujeres se manifestaron en voz de la periodista y politóloga Denisse Dresser, quien afirmó “estamos aquí porque entendemos que la interrupción del embarazo es la decisión correcta en ciertas ocasiones, en ciertos lugares, para ciertas mujeres. Mujeres que han sido violadas o coercionadas o presionadas.

Mujeres cuyo feto padece un problema congénito o cuya supervivencia misma está en juego y sí, mujeres que no pueden o no quieren ser madres por circunstancias económicas o sociales o personales. Todas las mujeres que forman parte de las estadísticas desconsoladoras de la Secretaria de Salud”.

Agregó que en nuestro país entre el 2002 y el 2006, el 80 por ciento de las mujeres embarazadas no quería estarlo y que el 36.2 por ciento de los embarazos no deseados se presentan en menores de 20 años mientras que las complicaciones por el aborto significan la quinta causa de muerte materna.

Por ello, subrayó la feminista, manifestamos nuestro rechazo a las reformas legales que se han aprobado en 15 estados del país, que condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. “Estas reformas restringen nuestro derecho a decidir y suponen un tutelaje, intolerable sobre nuestra maternidad, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas”.

De igual manera, dijo, repudiamos la injerencia de la Jerarquía Católica en las políticas públicas y en la legislación y exigimos al Secretario de Gobernación Federal, Fernando Gómez Mont promueva sanciones de acuerdo a la ley y en apego al Estado Laico y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelva las acciones y controversias sobre este tema, en estricto apego a la Constitución General de México, para que “de una vez por todas se reconozca nuestro derecho a decidir”.

Sólo así podremos poner fina un debate donde la religión intenta imponerse sobre la democracia y las obligaciones morales son usadas para posponer las garantías liberales, donde la oposición al derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo, oculta la oposición al derecho de una mujer a decidir sobre su propia vida, subrayó Denisse Dresser.

“Por que los opositores a la despenalización del aborto tienen una agenda oculta, son personas que con sus palabras y acciones demuestran lo molestos que están con las mujeres “pensantes, demandantes, consientes. Con las mujeres que dicen no”, puntualizó.


28/09/2009

Aristegui - Caso Alfonso Martin Del Campo Dodd




Ejército forzó confesiones y torturó a 8 en funeral: CNDH

LA REDACCIóN

México, D.F., 28 de septiembre (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que el Ejército mexicano cometió tortura, amenazas y obligó a declararse culpables a ocho personas durante un funeral en Villa Ahumada, Ciudad Juárez.

Las víctimas sufrieron toques de electricidad, intentos de asfixia y golpizas por parte de elementos del Ejército, denunció la CNDH en una recomendación.

Los agredidos se quejaron ante la CNDH de que fueron despojados de sus pertenencias e identificaciones y mantenidos en el suelo durante dos horas.

El año pasado, el Ejército capturó a ocho personas en un panteón durante un sepelio. Fueron presentados como narcotraficantes y acusados de delitos contra la salud.

Según se consigna en la queja número CNDH/2/ 2008/1742/Q fueron detenidos y torturados: Héctor Adrián Barrón Barrón, Lorenzo Gallegos Rodelo, Lorenzo Gallegos Valdez, Salvador Mendoza Rodríguez, Jorge Adrián Ortega Gallegos, Manuel RojasRodríguez, Omar Trevizo Andazola y Jesús Manuel Valdez Marcial.

Los militares, cita la recomendación, impidieron la salida de las personas que se encontraban en el funeral, detuvieron y golpearon a ocho personas y posteriormente las retuvieron en el campo militar 5-C.

26/09/2009

BOLETIN DE PRENSA

A dos años de la detención desaparición del defensor de derechos humanos

José Francisco Paredes Ruiz

  • Queda demostrado, una vez más, que en México no existen instrumentos jurídicos ni voluntad política para lograr la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.


Este 26 de septiembre de 2009 se cumplen dos años de la detención desaparición de José Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos miembro cofundador de la Fundación Diego Lucero A.C., organización que trabaja en defensa de los derechos humanos en México especialmente para el esclarecimiento de los 1.300 casos de desaparición forzada de personas de la llamada Guerra Sucia, la recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y en propuestas de modificaciones legales en materia de derechos humanos.

Como ha sido denunciado por sus hijas, compañeros y organizaciones de derechos humanos, el 23 de septiembre de 2007, Francisco Paredes Ruiz participó en los actos conmemorativos de esa fecha en Madera, Chihuahua, y el día 25 ya estaba de regreso en Morelia.

El día 26 la última noticia que se tiene de él es una llamada, a través de celular, realizada a una de sus hijas aproximadamente a las 6 y media de la tarde para avisarle que ya iba hacía su casa. Pero no llegó y el día 28 cerca de su domicilio fue localizada su camioneta abierta.

A dos años de su desaparición, se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tenga respuesta satisfactoria. Es lamentable que a pesar de que el gobierno mexicano es firmante de los instrumentos internacionales que ponen fin a la práctica de la desaparición forzada considerada crimen de lesa humanidad y crimen de Estado, los encargados de impartir justicia en contra de este delito no tengan sensibilidad ante un caso tan grave como el descrito, destacando la negligencia de las autoridades en las horas más valiosas para actuar en defensa de la víctima.

Cabe señalar que desde los primeros días de su desaparición, las hijas de Francisco, Cristina y Janahuy Paredes Lachino, intentaron infructuosamente levantar denuncia, por la desaparición forzada de Francisco, ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM).

Finalmente, el 1 de octubre de 2007 se levantó la denuncia en la PGJM así como en la delegación Michoacán de la PGR ante el Licenciado Noé Priego Ponce de León, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera. La averiguación previa quedó asentada bajo el No. PGR/MICH/M-3/659/07.

El 2 de octubre de 2007 se abrió el caso de Francisco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes iniciaron indagaciones bajo el expediente CNDH/1/2008/2837/Q. La Comisión recientemente informó a los familiares que no existe ningún indicio de que alguna autoridad esté involucrada en el caso, por lo cual declaran que no se trata de una detención desaparición y cierran el expediente dando por terminada la investigación.

Cabe destacar que en el oficio en el cual la CNDH enlista las autoridades a las cuales pidió información no menciona a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), por lo que exigimos que reabra sus indagaciones y cumpla con su obligación en defensa de los derechos humanos.

En síntesis, a dos años de la desaparición de José Francisco Paredes Ruiz a pesar de múltiples acciones llevadas a cabo por las hijas de la víctima y organizaciones de derechos humanos, no hay avances en las averiguaciones previas de las autoridades judiciales de la Federación y del estado de Michoacán.

Ante esto se lleva una campaña -a la que hasta el momento se han sumado más de treinta organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y políticas así como centenares de personas solidarias- exigiendo al gobierno mexicano tomar todas las medidas necesarias para la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, garantizando su integridad física y psicológica así como las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica.

También se demanda, en aras de evitar que se repitan casos como el de Francisco, que el Congreso de la Unión retome y apruebe el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, al tiempo que el Senado elimine las dos restricciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que eluden el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad y garantizan impunidad a los elementos del Ejército involucrados en esos crímenes, al no permitir que sean juzgados por tribunales civiles al acogerse al inconstitucional fuero militar.


¡Presentación inmediata con vida de Francisco Paredes Ruiz!

¡Garantía a su integridad física y psicológica!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!

¡Verdad y Justicia! ¡No a la impunidad!


Fundación Diego Lucero A.C.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México AFADEM FEDEFAM

Comité 68 Pro Libertades Democráticas, A.C.

Red de Alerta Temprana

Janahuy y Cristina Paredes Lachino, hijas de Francisco Paredes Ruiz


Cuidad de México a 26 de septiembre de 2009





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Área de Enlace y Comunicación
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.


Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y esta asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.
Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

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25/09/2009

El perredista Pablo Gómez reclama que el partido tricolor quisiera lavarse las manos

Ratifican PRI, Verde y PAN a Chávez Chávez en la PGR

Los votos priístas, definitivos

Lamenta Monreal que no se hubiera escuchado a familiares de mujeres asesinadas en Juárez

Foto
Luego de ser ratificado, el nuevo procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, rindió la protesta de ley en el recinto de XicoténcatlFoto Marco Peláez
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Senado de la República ratificó ayer a Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, con los votos emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), luego de un debate en que el perredista Pablo Gómez fijó la postura de su bancada en contra y reclamó a los priístas que trataran de lavarse las manos.

El PRI, cuyos votos fueron decisivos para lograr que el controvertido nombramiento se aprobara, pretendía solamente fijar postura, sin entrar a debatir. El senador Jesús Murillo Karam expuso que dejan la responsabilidad del desempeño de Chávez Chávez en manos de Felipe Calderón, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) está sujeta al Ejecutivo, desde el nombramiento del titular, hasta la forma en que puede ser removido.

Gómez Álvarez –que antes había expresado que Chávez Chávez no es el idóneo para el cargo, ya que llega para avanzar en la instauración de un Estado policiaco– refutó de inmediato a Murillo Karam: Yo no estoy de acuerdo en que la responsabilidad es de Calderón, haga o deshaga el nuevo procurador. También es de ustedes.

Le preguntó luego al también secretario general priísta para qué se estableció entonces la modificación legal que permite al Senado ratificar al titular de la Procuraduría General de la República. La discusión entre ambos se prolongó en medio de ironías y pullas. Sí le respondo, siempre que no sean 50 preguntas, le dijo Murillo Karam, en referencia a las 41 interrogantes que Gómez Álvarez hizo a Chávez Chávez durante su reciente comparecencia.

El perredista no se quedó atrás: Yo sí puedo contestarle 45 preguntas o más. Su candidato no pudo, se lo recuerdo, soltó Gómez, y deploró que las ratificaciones se conviertan en una moneda de cambio.

En ese sentido, el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, criticó que las comisiones dictaminadoras no hubieran escuchado a los familiares de las víctimas de los feminicidios en Ciudad Juárez, y que alguna fuerza política hubiera justificado su voto a favor con el argumento que Calderón podría enviar otro peor.

A favor de la ratificación de Chávez Chávez sólo argumentaron el senador del Verde Arturo Escobar y el panista Alejandro Zapata Perogordo, quien sostuvo que a pesar del examen al que se le sometió, Chávez Chávez demostró experiencia, conocimiento y capacidad, y uno de los requisitos fundamentales que pide la Constitución, buena reputación, pues en la comparecencia no se cuestionó para nada su honorabilidad. El senador Pablo Gómez echó abajo tales aseveraciones y sostuvo que el ahora titular de la PGR no es un hombre de gran prestigio, como lo demuestran las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos de un grupo de expertos de la ONU, quienes llegaron a la conclusión de que se le debieron fincar responsabilidades administrativas e incluso penales por su desempeño como procurador de Chihuahua.

Gómez Álvarez pidió a los legisladores leer ese documento de los expertos de la ONU, que apareció ayer en Palestrita, el órgano de difusión del PRD, ya que es verdaderamente terrible el informe de personas imparciales de Naciones Unidas sobre el desempeño de Chávez Chávez en las investigaciones de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez.

Otros dos perredistas se manifestaron también en tribuna en contra de la ratificación; uno de ellos, José Luis García Zalvidea, mostró un cartel con un moño negro y la inscripción A las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. In memoriam. Ni una muerta más.

Pero ya todo estaba decidido. Hubo dos votaciones: la primera, para aprobar el dictamen en que se define que Chávez Chávez reúne los requisitos para ser procurador, y la segunda para ratificarlo. En la primera se registraron 78 votos a favor y 27 en contra, y en la segunda 75 contra 27 y una abstención, la del perredista Tomás Torres, que fue la excepción, ya que todo el PRD sufragó en contra, al igual que PT y Convergencia.

Fila panista para abrazarlo

Chávez Chávez, quien estaba en un salón contiguo, rindió la protesta de ley ante el pleno senatorial y luego de las felicitaciones de la mayoría de los 48 panistas presentes –que hicieron fila para abrazarlo– subió por el pasillo para ir hasta el escaño del coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y saludarlo. Luego se dirigió al lugar del perredista Carlos Navarrete, a quien estrechó la mano y ofreció que trabajarán juntos. Sólo que en ese pasillo lo ignoraron los demás senadores del Partido de la Revolución Democrática.

24/09/2009



La Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH) y
la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh)


les invita al

Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos

que se llevará a cabo en la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
cada sábado de 10:00 a 15:00 horas en el salón 106.

a partir del SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 2009.

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Teléfono: 5610-8790 (de 09:00 a 20:00 horas)
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se entrega reconocimiento con 80 por ciento de los créditos.

Costo: 200 pesos, 100 pesos para estudiantes con posibilidad de beca.


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Militares asesinan un campesino y dejan herido otro en Morelos

Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos, Palacio de Gobierno, Cuernavaca, Morelos.

Lic. Pedro Luis Benitez Velez, Procurador General de Justicia del Estado de Morelos.

Amnistia Internacional.

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH en México

Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Frente Nacional contra la Represión

Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Militares asesinan a un campesino y dejan herido a otro en Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación y documentos emitidos por las autoridades del estado de Morelos, que elementos de la 24ª. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano están denunciados penalmente por el campesino Cristian Sánchez de haberles disparado con arma de fuego a él y a su primo Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército, por lo que presentó denuncia y el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación SC01/7513/09. Estos hechos ocurrieron el domingo 20 de septiembre de 2009 poco antes de las 22:00 horas, en un reten instalado en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos.

De acuerdo al testimonio rendido ante el MP del campesino Cristian Sánchez Cristian, este narró a las autoridades de la PGJ que él y el ahora occiso, su primo Oswaldo Sánchez Cabrera, fueron agredidos por elementos militares.

Explicó a los agentes ministeriales que él y el finado viajaban en una camioneta de Tilzapotla a la colonia Satélite, en Cuernavaca; y a la altura de Alpuyeca, donde había un retén, elementos militares les marcaron el alto para someterlos a una revisión.

Agregó que durante la inspección discutieron con los militares, y éstos los despojaron de sus pertenencias y de la camioneta en la que viajaban.

Cristian añadió que posteriormente, los soldados los trasladaron al primer retorno de la autopista, donde les ordenaron que se acostaran; ambos obedecieron, pero él, para escapar, rodó; de pronto, escuchó una detonación.

La PGJ refirió que Cristian se comunicó con un familiar para contarle lo ocurrido y que éste, a su vez, solicitara la presencia de la Policía Ministerial para regresar al retorno de la autopista y buscar a Oswaldo. Alrededor de las 22:00 horas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recibió un reporte que informaba acerca del homicidio de un hombre en la carretera mencionada, por lo que personal del Servicio Médico Forense y agentes ministeriales acudieron al llamado.

La PGJ informó que agentes de la dependencia encontraron en la autopista a un joven identificado como Cristian Sánchez, quien los acompañó al retorno, donde estaba el hombre ejecutado.

Elementos del Ejército Mexicano presuntamente asesinaron a un hombre luego de detenerlo en un retén instalado en el poblado de Alpuyeca, en Xochitepec; el cuerpo fue encontrado en la Autopista del Sol, a la altura del primer retorno, la noche del domingo.

Tras el hallazgo, los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual presentó traumatismo craneoencefálico y ausencia total de los huesos de la bóveda craneana y encéfalo; además, encontraron un casquillo percutido calibre 7.62 RP.

Se precisó que Oswaldo tenía 35 años, se dedicaba a la agricultura y tuvo su domicilio en la calle Begonia, colonia Satélite, en Cuernavaca.

El agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación SC01/7513/09 por el delito de homicidio; sin embargo, las autoridades de la PGJ informaron que dicha indagatoria será remitida a la Procuraduría General de la República para que el Ministerio Público federal esclarezca los hechos.

Posteriormente a la presentación de la denuncia, personal del Ejército Mexicano resguardó las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), luego de que elementos fueran acusados de asesinar a un hombre la noche del domingo.

Una decena de militares llegó desde temprana hora a las instalaciones de la PGJ y ahí permanecieron sin que se informara el motivo de su presencia, sin embargo, se presume que ésta obedecía a las investigaciones que se siguen en torno al homicidio de Oswaldo Sánchez Cabrera, informó el periódico local Diario de Morelos, donde se abundó lo siguiente:

Sobre este caso, autoridades de la PGJ señalaron que dentro de los peritajes se establece la presunción de la participación de militares en el crimen ocurrido en la Autopista del Sol, a la altura del municipio de Xochitepec.

Los peritajes arrojaron que el cartucho encontrado en la escena del crimen corresponde a un fusil calibre 7.62, de uso exclusivo para personal del Ejército Mexicano.

“Debido a que agentes ministeriales y peritos fueron los primeros en llegar al sitio, y realizaron el levantamiento del cuerpo, deberá ser la Procuraduría de Justicia quien haga los peritajes para entregar todo completo al Ministerio Público federal para que se continúe indagando por los hechos”, expresaron.

El domingo, la PGJ tuvo conocimiento de que dos hombres habían sido detenidos en un retén militar.

De acuerdo con el testigo, Cristian Sánchez, los militares les ordenaron que se recostaran sobre el piso, él aprovechó ese momento para rodar y huir. Momentos después escuchó un balazo y pidió a un familiar que pidiera auxilio. Posteriormente, se encontró el cuerpo de su acompañante, identificado como Oswaldo Sánchez.

Al respecto el titular de la 24ª Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, indicó que él no es la autoridad competente para tratar el tema.

“Le voy a pedir se ponga en contacto con Comunicación de la Sedena (…) Yo no sé los temas, no tenemos autorización para dar temas”.

En torno a este homicidio, la CDHEM aseguró que enviaría el caso a su homóloga nacional, de acuerdo a lo publicado en el mismo diario: “Ya se dieron órdenes al visitador para que establezca contacto con la familia, se ofrezca asesoría e inicien la queja y con ello se investigue el homicidio. Por la naturaleza del caso se enviará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, añadió.

Aseguró que con el informe que se solicite al Ejército se buscará al comandante de destacamento militar que estuvo al mando del retén para ubicar y asegurar al soldado que presuntamente disparó contra Oswaldo Sánchez.

Ante esta grave situación, nuestro organismo demanda al gobierno del estado de Morelos y al gobierno federal una investigación inmediata, imparcial y verídica, para que se haga justicia y sean sancionados quienes cometieron este homicidio.

Hemos documentado con anterioridad diversos casos de detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas de civiles por militares en el estado de Morelos y hasta la fecha estos han quedado en la impunidad, por lo que nos parece sumamente grave que en este caso se haya privado de la vida a Oswaldo Sánchez y herido a Cristian Sánchez, lo que demuestra el alto riesgo para los ciudadanos de Morelos la existencia de estos retenes anticonstitucionales.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

El corredor de la inseguridad

La decisión colombiana de facilitar siete nuevas bases militares en su territorio a Estados Unidos, con el argumento de la lucha contra el narcotrá- fico y la insurgencia, agita las aguas políticas en América Latina. Los gobiernos progresistas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) manifiestan su preocupación y reaccionan. Pues esta nueva arquitectura de seguridad, complementada en el norte del continente latinoamericano por la Iniciativa Mérida, aparece como el brazo armado de un diseño hegemónico en pos de mercados, territorios y recursos.

Adriana Rossi*

La V Cumbre de Líderes de América del Norte (9 y 10 de agosto pasado, en Guadalajara, México), en la que participaron el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Felipe Calderón, de México, fue en cierto modo decepcionante. El golpe de Estado en Honduras mereció una mención sin gestos significativos, y temas espinosos y de gran interés para los mexicanos, como la migración, quedaron para el futuro (1). A pesar de ello, el presidente Calderón se mostró satisfecho por el fuerte espaldarazo recibido de Obama, en lo referente a una problemática que lo tiene jaqueado y que pone a México en riesgo de terminar siendo considerado un Estado “fallido” (2): el combate al narcotráfico (Boyer, p. 3).

Calderón, quien mantiene con las fuerzas armadas de su país un trato de especial favoritismo, movilizó desde un comienzo a los efectivos militares y creó en 2007 una fuerza especial del ejército bajo su supervisión (3). También pensó, o fue ayudado a pensar, en un instrumento de mayor alcance para frenar y terminar con la ola de violencia: el Plan México.

Rebautizado Iniciativa Mérida para evitar cualquier suspicacia y los posibles y poco agradables paralelismos con el Plan Colombia, la iniciativa fue aprobada por el Congreso estadunidense y firmada por el presidente George W. Bush, el 30 de junio de 2008.

*Doctora en Filosofía, investigadora
asociada al Programa Drogas y Democracia
del Transnational Institute (TNI,
Amsterdam) y profesora de la maestría en
Uso Indebido de Drogas de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires. Ex secretaria ejecutiva de la Red
Latinoamericana de Reducción de Daños
(RELARD). Especialista en la temática
política y social del narcotráfico y en
doctrinas militares.
© Le Monde diplomatique, edición
cono sur

¿Una guerra perdida?

No pasa un día en México sin que la delincuencia organizada manifieste “que le perdió el miedo” a la autoridad pública. Pese a la masiva operación represiva lanzada por el presidente Calderón desde su llegada al poder, las mafias siguen asesinando a oficiales del ejército, a políticos conocidos, a comandantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública. La guerra entre -y contra- las organizaciones delictivas ha costado más de 11 mil muertos al país desde el año 2000. México esta en vía de tener una paramilitarización acelerada. La corrupción, antaño concentrada en los más altos niveles del gobierno federal, se generaliza en la mayoría de los estados y municipios del país. Por primera vez todos los grandes partidos políticos tienen que reconocer que han sido penetrados, en mayor o menor medida, por el crimen organizado. Y Estados Unidos manifiesta cada día más que quiere monitorear y controlar la lucha contra este flagelo.

Jean Francois Boyer*

Hace tiempo que en México el narcotráfico dejó de ser una historia de ladrones y policías. Desde que, a mediados de los años 80 del siglo pasado los “clanes” colombianos de Cali y Medellín negociaron con las mafias mexicanas de Colima y Sinaloa para utilizar su territorio como trampolín hacia Estados Unidos, el narcotráfico se ha vuelto el principal problema político del país.

El narcotráfico tiene aquí una dimensión política por dos razones. La primera, porque paulatinamente, y con diferentes modalidades, las mafias se han enquistado en el tejido institucional, político y social, masificando la corrupción en todos los estratos de la sociedad. La segunda, porque la lucha contra “el narco” se ha convertido en el principal objeto de discordia del país con su vecino del norte y principal socio económico, Estados Unidos.

Centenares de expedientes judiciales mexicanos, estadunidenses y de otros países, así como numerosos libros (1), han establecido las complicidades de las que se beneficiaron las mafias mexicanas en los tres sexenios sucesivos de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. De 1984 a 2000, generales-jefes de regiones militares; directores de la seguridad federal y luego de la policía federal; zares antidroga; secretarios (ministros); secretarios particulares de presidentes de la República; gobernadores de estados federados como Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Sonora y Chihuahua, han sido cómplicesen la transformación del México neoliberal en el primer narco -Estado del planeta, “honor” que comparte con Afganistán.

* Director de Le Monde diplomatique México,
Centroamérica, Estados Unidos.

Chávez arriba a Senado para ratificación en la PGR
A las afueras del recinto se congrega una manifestación de organizaciones civiles para rechazar la llegada de esta persona a la dependencia


Ricardo Gómez y Jorge Ramos

El Universal
Ciudad de México Jueves 24 de septiembre de 2009

10:59
Arturo Chávez Chávez, designado por el presidente Felipe Calderón como titular de la PGR, ya arribó esta mañana al Senado de la República, donde se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo su ratificación para dicho puesto.

A las afueras del Senado se congregó al mismo tiempo una manifestación de organizaciones civiles para rechazar la llegada de esta persona a la dependencia.

Los manifestantes colocaron cruces con flores, como las que se usan en los velorios, en alusión a las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las mujeres colocaron pancartas para exigir a los Senadores no otorgar su voto para la ratificación del ex procurador de Chihuahua.

"¿A dónde va la sangre de las mujeres asesinadas, la de las humilladas, apaleadas e ignoradas? Se las lleva el Senado ratificando a Arturo Chávez Chávez", dice una de las pancartas.

Una de las manifestantes grita en micrófono con el fin de hacerse escuchar mientras van arribando algunos senadores para la decisión de este jueves a las 12:00 horas.

El dictamen para ratificar a Chávez Chávez está agendado en el orden del día del Senado, para la sesión de este jueves.


23/09/2009

Carta abierta sobre la decisión del gobierno Canadiense
de solicitar visas a ciudadanos Mexicanos y Checos

Honorable Jason Kenney
Ministro de Ciudadanía e Inmigración
Ottawa, Ontario
K1A 1L1

24 de agosto de 2009
Estimado Ministro Kenney,

Le escribimos a nombre de los miles de miembros de Amnistía Internacional en Canadá, República Checa y México para expresar nuestra preocupación sobre su
decisión del mes pasado de imponer un requisito de visa a los nacionales de la República Checa y México que desean viajar a Canadá. Al anunciar este cambio de
política, Usted dejó en claro que la base de su decisión era reducir el flujo de solicitantes de asilo en Canadá provenientes de estos dos países. Amnistía Internacional le insta a revertir la decisión y eliminar el requisito de visa o establecer medidas que garantizarán que no será un obstáculo para quienes soliciten asilo.

Amnistía Internacional reconoce que los estados tienen el derecho a controlar la entrada de extranjeros a sus territorios. Sabemos que las visas son una herramienta
que los gobiernos pueden utilizar legítimamente para tal fin. Sin embargo, los requisitos de visa suelen estar vinculados directamente a los flujos de refugiados, como es el caso de Canadá. Existe una larga historia de visas impuestas a ciertos países una vez que se ha recibido un gran número de solicitudes de asilo de esos países en Canadá, sin tomar cuenta la tasa de aceptación de las solicitudes. Con la decisión de agregar a la República Checa y a México a la lista de países cuyos ciudadanos requieren visas para viajar a Canadá, ya no hay ningún país que sea una fuente importante de solicitudes de asilo en Canadá que no requiera visa.

Al anunciar estos requisitos de visa, Usted indicó que el gobierno canadiense considera que los solicitantes de asilo de estos dos países no son “refugiados genuinos” y sugirió que más bien buscan “saltarse la fila de inmigración” y que no son personas que huyen de una “persecución real”. En el caso de las solicitudes mexicanas, Usted se refirió a una tasa de aceptación del 11% como prueba de que las solicitudes no tienen mérito, al tiempo que desechaba una “tasa de aceptación relativamente mayor” para las solicitudes provenientes de la República Checa por estar terciada por una alta tasa de retiro y abandono.

Ministro, es justamente el trabajo del Panel de Inmigración y Refugio determinar si las solicitudes de los ciudadanos checos y mexicanos, o de cualquier otro país, están fundamentadas. No es responsabilidad, ni papel, del Ministro de Inmigración. Sus comentarios recientes, junto con la decisión sobre las visas, implican una interferencia con la independencia del Panel y un desprecio a la experiencia y autoridad de sus miembros.

Usted y otros miembros del gobierno han indicado en repetidas ocasiones que pretenden que el requisito de visa sea una medida de corto plazo. Ha declarado que
planea aprobar reformas a la Ley de Inmigración y Protección a Refugiados que establecerían un nuevo procedimiento más rápido para las solicitudes de países tales como la República Checa y México, que el gobierno canadiense considera “seguros”.
Amnistía Internacional ha monitoreado de cerca el uso de estos procedimientos en otros países, tales como el Reino Unido, y hemos documentado las maneras en que son injustos y los refugiados genuinos corren el riesgo de que sus solicitudes sean rechazadas sumaria e injustamente. Le instamos a no adoptar estas medidas y a garantizar que el Panel de Inmigración y Refugio cuente con los recursos necesarios, incluyendo un número adecuado de integrantes, nombrados por su mérito, para evaluar las solicitudes de manera justa y expedita.

Nos preocupa en particular su decisión de imponer requisitos de visa a los ciudadanos de la República Checa y de México porque Amnistía Internacional ha documentado y reportado varias preocupaciones en materia de derechos humanos en ambos países. Así, consideramos que es de especial importancia que el sistema de determinación de refugio en Canadá siga siendo accesible a los ciudadanos checos y mexicanos.

En México, 6,000 personas fueron muertas en incidentes violentos relacionados con el crimen organizado en 2008. A pesar del despliegue de miles de efectivos policiales y militares, los niveles de violencia atribuidos a las redes delictivas han aumentado. Miembros del ejército y la policía cometen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, tortura, detención arbitraria y violencia sexual. La impunidad para las violaciones de derechos humanos pasadas y recientes continua, en parte debido a la falta de instituciones efectivas que investiguen y procesen las violaciones de derechos humanos a nivel estatal y federal.

En 2008, se presentaron 1, 230 quejas de abusos de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura, presuntamente cometidas por el ejército mexicano, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto representa un aumento de más del 600% desde 2006. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, solo 65 efectivos militares han sido sujetos de investigaciones disciplinarias o penales en las cortes militares en los últimos tres años. En cuanto a la violencia contra las mujeres, sigue habiendo una falta deplorable de compromiso estatal para implementar la Ley General de Acceso de
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007.

Amnistía Internacional ha notado un aumento en el extremismo contra la población romaní en la República Checa, incluyendo desalojos forzados, segregación en la educación y violencia racial. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial notó, en 2006, que las mujeres romaníes han sufrido procesos de esterilización sin su consentimiento informado, una violación que el gobierno checo no impidió. Además, la comunidad Roma no ha recibido justicia cuando busca reparación por los abusos en su contra.

La información documentada por organizaciones de derechos humanos y Comités de Naciones Unidas dejan en claro que la población romaní en la República Checa sigue sufriendo discriminación tanto por parte de los servidores públicos como de los individuos privados y que existen personas que requieren protección.

Además, Amnistía Internacional ha señalado que en la República Checa la imposición de la visa ha expuesto a la comunidad romaní a una mayor estigmatización y hostilidad. Otros ciudadanos checos, molestos por la necesidad de obtener visa para viajar o porque perciben esta decisión como una afrenta a su país, desdeñan más a los romaníes checos.

Ministro Kenney, Amnistía Internacional comprende y comparte su preocupación de que el sistema canadiense de determinación de refugiados opere de manera rápida y
eficiente. Al mismo tiempo, debe garantizar que todos los solicitantes reciban un trato justo e igual.

Amnistía Internacional le exhorta a levantar inmediatamente el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos y checos o a imponer medidas que garanticen que el sistema canadiense de determinación de refugio les siga siendo accesible.

Atentamente,
Alex Neve
Secretario General
Amnistía Internacional Canadá
(English branch)

Béatrice Vaugrante
Directora General
Amnistía Internacional Canadá francófona

Alberto Herrera Aragón
Director Ejecutivo
Amnistía Internacional México

Dáša van der Horst
Director
Amnestía Internacional República Checa

Contra lo dicho por Felipe Calderón

El paquete económico 2010 incrementará la pobreza en el país

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 22 sep.09 (CIMAC).- Ante el inicio de la discusión del paquete económico 2010, que se realizará esta semana en San Lázaro, el Centro de Análisis e Investigación Fundar advirtió que las soluciones propuestas en el paquete, entregado por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre, no resuelven los problemas de fondo, pues sólo agudizarán las desigualdades e incrementarán los niveles de pobreza en el país.

En un posicionamiento difundido por Fundar, el organismo afirma que la gestión del gobierno federal continúa enfrentando problemas integrales que por no haber sido atendidos de manera oportuna ayudaron a prolongar los efectos de la crisis, por lo que “los subejercicios crónicos, la mala planeación del gasto y su falta de priorización hacen al gobierno co-responsable de la situación que hoy vive México”.

La organización especializada en la materia señaló que la propuesta de establecer una “contribución” para la superación de la pobreza tiene un efecto regresivo en la población más vulnerable, ya que el impuesto del 2 por ciento tendrá un mayor impacto en este sector de la población, pues este aumento es más significativo cuando se tienen menos ingresos.

“En un momento de crisis profunda, aumentar los impuestos desalentaría el consumo y la inversión, en lugar de reactivar la economía. Antes de pensar en estos aumentos, el gobierno debería generar mecanismos para incrementar y hacer más eficiente su capacidad recaudatoria”.

Destaca el organismo que el paquete económico asigna como mecanismo de redistribución del impuesto del 2 por ciento al Programa Oportunidades y al Programa de Apoyo Alimentario, y los define como un eje rector en el combate a la pobreza; sin embargo, según los investigadores de Fundar, existen varias fallas en el mecanismo.

En primer lugar, “no cubren a todos los pobres, 16 millones de mexicanas y mexicanos no formarán parte del mecanismo de redistribución propuesto por el Ejecutivo y, en segundo, en los últimos años el incremento en el gasto en estos programas no ha resultado en una disminución de la pobreza. Finalmente, estos programas tienen un efecto de dependencia que generan en los beneficiarios”.

Mientras que en la Cámara de Diputados el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Rojas Gutiérrez, propuso la creación de una comisión legislativa que se dedique a revisar la estructura y composición del presupuesto de gastos fiscales, misma que fue aprobada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El diputado Pedro Vázquez González, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), explicó que la comisión especial para analizar el presupuesto de gastos fiscales “no sólo sería para este presupuesto sino para los próximos tres años”.

De igual manera, la Jucopo aprobó la creación de las comisiones especiales de investigación del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y la del Sur-Sureste. Quedó pendiente la planteada por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del (PRI), para la niñez, adolescentes y familias.

El fin de esta Comisión Especial, señaló la legisladora, es tutelar y salvaguardar los derechos de 39 millones de menores de 18 años, es decir, garantizar la transversalidad de la legislación federal, en función del reconocimiento de los derechos humanos de este sector de la población, al lograr su protección, prevención, promoción y participación.

En el abuso sexual contra 26 mujeres del Estado de México

Acusan a Fevimtra de perpetuar la impunidad

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 22 sep. 09 (CIMAC).- Luego de tres años de tener “congelada” la investigación por tortura sexual (violación) contra 11 mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) cerró el caso y declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

Así lo dieron a conocer hoy en conferencia de prensa la abogada y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) Jaqueline Sáenz y Luis Arriaga Valenzuela, coadyuvantes del caso desde 2006, quienes acusaron a la Fevimtra de perpetuar la impunidad, ya que con esta acción se da un grave retroceso en el acceso a la justicia.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la violación y abuso sexual contra 26 mujeres durante su detención, traslado y arribo a la cárcel, pero de éstas únicamente 13 decidieron denunciar ante la Fevimtra, y luego dos desistieron, para quedar sólo 11 mujeres denunciantes.

EL REGALO DE MORFÍN

Antes de su salida de la Fevimtra --instancia creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres--, Guadalupe Morfín Otero, quien asumió el cargo en enero de 2008, tras la renuncia de Alicia Elena Pérez Duarte, “dejó preparado” el acuerdo donde declina la competencia “por encontrarse apegado a derecho” a favor de la PGJEM, para que sea ésta la que continúe las investigaciones.

La ex titular, que dejó su encargo para buscar ahora la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pretende defender y promover los derechos de los más de cien millones de habitantes del país, argumentó su decisión “en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir, cometidos en el Estado de México y por agentes estatales, “por lo que no surte la competencia en razón del territorio ni en razón del fuero”, informó el Prodh.

Pese a que esta decisión está firmada por la Fiscal desde el 13 de julio de 2009, no fue sino hace un par de días que se notificó a los abogados coadyuvantes, cuando éstos acudieron, como lo hacen cada mes, para conocer el estado de la investigación.

El Prodh lamentó las declaraciones de Morfín Otero a principios de este mes donde señala que “estaba prácticamente concluida” la investigación en torno a las violaciones de que fueron víctimas las mujeres detenidas, donde se constató la existencia de tortura sexual y violaciones graves a los derechos humanos.

Declaraciones que hizo aunque sabía que ya había declinado la competencia a favor de la Procuraduría mexiquense, instancia carente de independencia e imparcialidad.

Cabe recordar que fue en esta instancia donde se le “siguió” el proceso al policía estatal Doroteo Blas Marcelo, identificado plenamente por una de sus víctimas de los operativos a quien obligó a realizarle sexo oral y quien fue sentenciado sólo por “actos libidinosos” a tres años dos meses y siete días de prisión y al pago de una multa por mil 877 pesos.

Pena que no compurgó al pagar una caución de 6 mil 549.40 pesos (adicional a los mil 877 de la primera sentencia), con lo que el acusado nunca pisó la cárcel.

MORFÍN EXONERA A POLICÍAS FEDERALES

En sus argumentos, la Fiscal consideró que las violaciones a derechos humanos fueron cometidas “únicamente por corporaciones policiales” del Estado de México, señalando a 34 elementos como responsables.

Concluyó también que “de los informes o constancias que obran en actuaciones no se evidencia la participación en los actos de tortura que sufrieron las víctimas y que son los hechos que esta Fiscalía investigó”.

Si la Fiscal contaba con estos elementos, denunció el Prodh, debió haber consignado ante un juez competente para que procediera a librar las órdenes de aprehensión y permitir a las mujeres denunciantes el acceso a la justicia ante los tribunales.

Las mujeres denunciantes de Atenco y el Prodh lamentaron que la investigación realizada por la Fevimtra --que siempre fue “infructuosa”-- continúe perpetuando la impunidad y se haya vuelto un recurso inefectivo para las denunciantes.

Bárbara Italia, Edith Rosales y Claudia Hernández expresaron su “frustración” por esta noticia, aunque reconocieron que sabían que esto podía pasar, ya que la Fiscal nunca se comprometió con el caso; “es más, ni siquiera lo conocía a fondo” y es por eso que en abril de 2008 acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle la admisión de su caso, y esperan pronto ser notificadas de su aceptación

No obstante la solicitud de AI

En el caso de Jacinta, no procede la reparación del daño: PGR

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 22 sep. 09 (CIMAC).- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí acusada con otras dos mujeres del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación en 2006 --lo que le valió tres años de cárcel--, obtuvo su liberación no porque se haya acreditado su inocencia sino “porque, a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados” con otros medios que pudieran probarlo, por lo que no procede la reparación del daño.

En un oficio girado a la Cámara de diputados firmado por Jorge Alberto Lara Rivera, director General de Normatividad de la PGR, leído hoy durante la sesión ordinaria, precisa que “al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, lo procedente es presentar conclusiones no acusatorias después de que la autoridad judicial cierre la instrucción”.

Ello traerá como consecuencia, dice, “que se decrete el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria pero, de ninguna manera, por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia a su favor, sino porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra no fueron corroborados con otros medios de convicción que hicieran prueba plena al entrelazarlo”.

“Por ello, definitivamente no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses, por ser notoriamente improcedentes”.

El documento menciona que en relación con los casos de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, coacusadas en este caso, “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”, por lo que en ningún caso procede la reparación del daño.

Cabe recordar que Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pidieron a las autoridades mexicanas la reparación del daño para Jacinta y la libertad inmediata para Teresa González y Alberta Alcántara.

La PGR informó a los diputados que la Fiscalía de la federación, “después de hacer un estudio minucioso de las constancias”, concluyó presentar conclusiones acusatorias en contra de estas dos mujeres y que será el juzgado de Distrito el que a través de una sentencia resuelva si mantiene la sentencia emitida anteriormente en contra de estas dos mujeres indígenas.

Negó que competa a la PGR decretar el cierre de instrucción en la presente causa, toda vez que es una facultad exclusiva del juez.

Informó también que la PGR notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el rechazo a su recomendación 47/2009 emitida el pasado19 de julio, ya que “ésta carece de competencia en casos que se ventilan en órganos jurisdiccionales”; sin embargo, dijo, “aceptó” presentar conclusiones no acusatorias.

INOCENCIA PLENA

Si bien, dice el oficio, se ubicó a Jacinta en “circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en la comisión de los ilícitos, no detallan su forma de participación, lo que trae como consecuencia el hecho de que dichos deposados no hagan prueba plena, sino que conduzcan a la duda razonable inherente a la responsabilidad penal, no así a su inocencia”.

Detalla que en el caso de Jacinta no se demostró plenamente su inocencia, “sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos por los que se sigue el proceso en su contra”.

Así las cosas, prosigue el oficio de la PGR, “se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una "duda razonable", respecto a su plena responsabilidad, no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos”.

El documento enviado a la Cámara de diputados se dio en respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0040, mediante el cual se informó a la PGR del punto de acuerdo aprobado por el congreso de la unión donde le solicitó “que a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia” presentara las conclusiones no acusatorias contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González.

El ese oficio los diputados también pidieron la reparación del daño para las mujeres indígenas.

El pasado 18 de agosto Amnistía Internacional declaró a Jacinta Francisco “prisionera de conciencia” y el 3 de septiembre la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra.

Por sus omisiones y negligencias en el feminicidio en Juárez

Insisten organizaciones civiles en

no ratificar a Chávez Chávez

Por Lourdes Godínez Leal

México, 22 sep. 09 (CIMAC).- La Comisión de Justicia del senado de la República determinó ayer que Arturo Chávez Chávez “cumple con los requisitos” para ser Procurador General de la República, pese a los señalamientos nacionales e internacionales documentados en su contra que lo señalan como un funcionario “omiso y negligente” en la impartición de justicia en el tema del feminicidio, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones durante su mandato como Procurador de Justicia de Chihuahua.

Durante la comparecencia ante dicha comisión, presidida por el senador Alejandro González Alcocer, que tuvo lugar la tarde-noche de ayer, se acordó que se emitirá el dictamen correspondiente en el que se considera que Chávez cumple con los requisitos que lo hacen elegible al cargo de Procurador General de la República.

El dictamen tendrá que presentarse al pleno del senado, que definirá la ratificación o no de Chávez Chávez como procurador general de justicia durante la próxima sesión ordinaria.

Durante su exposición ante los senadores, el candidato de Felipe Calderón, Arturo Chávez, no pudo evitar el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que, reconoció, “hubo errores, omisiones y negligencias”, pero del cual no se responsabilizó.

PENDIENTES, LOS FEMINICIDIOS DE JUÁREZ

El exprocurador evadió contestar si el feminicidio debe ser tipificado como delito e insistió en presentar “resultados” de “algunos casos resueltos” durante su gestión al frente de la Procuraduría estatal.

Arturo Chávez se refirió así a los “resultados obtenidos” durante su gestión como procurador en Chihuahua en el tema del feminicidio, problema que dijo, “encaró con los instrumentos jurídicos e institucionales que en ese momento tenía la Procuraduría estatal”.

“Se realizaron las acciones necesarias y conducentes conforme a la ley para atender todos y cada uno de los casos”, sostuvo.

Según él, de los 93 casos atendidos, en 65 “se cumplió con la obligación”. De éstos, precisó, se detuvieron a los presuntos responsables de 54 homicidios, de los cuales 32 ya fueron sentenciados y la resolución está firme.

12 más están en espera de que se les dicte sentencia, seis se turnaron a tribunales de menores, cuatro están etapa probatoria ante el órgano jurisdiccional y en 11 casos se liberaron órdenes de aprehensión o pendientes de aportar nuevos elementos de prueba.

El funcionario, quien durante su mandato responsabilizó a las mujeres de sus asesinatos o de la violencia hacia ellas al descalificarlas por su vestimenta, o cuestionar su comportamiento diciendo “las buenas están en casa” o al decir que para enfrentar la violencia ordenaría impartir clases de karate para que se defendieran o las dotaría de silbatos para que los hicieran sonar en caso de estar en peligro, fue cuestionado por el senador Pablo Gómez al respecto.

El perredista le preguntó qué recomendaría a las mujeres de Ciudad Juárez para evitar actos violentos en su contra, a lo que ahora Chávez respondió: “el evitar actos violentos no es responsabilidad de la mujer, es responsabilidad del Estado”.

Le cuestionó también sobre si era partidario de que en los Códigos penales exista el delito de feminicidio, a lo que el aspirante a la PGR se limitó a contestar: “yo creo que la autoridad debe de proteger la dignidad de la persona humana”.

El senador Pablo Gómez le insistió sobre la propuesta que hay para la tipificación y si él simpatiza con ella, pero Chávez evadió contestarla al señalar que “el Estado está obligado a proteger la integridad de las personas, independientemente de su edad, condición social y de su género”.

También fue interrogado sobre su postura en la Interrupción Legal del Embarazo y si él recurriría a recursos para impugnar normas que de este tipo como lo hiciera su antecesor, Eduardo Medina Mora, quien en 2008 impugnó, junto con José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las reformas que despenalizan el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.

Chávez Chávez dio rodeos, pero finalmente, ante la insistencia de Pablo Gómez respondió que “él está a favor de la vida”.

En su oportunidad, el senador priista Cleominio Zoreda Novelo, le recordó que desde su nombramiento ha habido un reclamo social que manifiesta estar en contra de su nombramiento como Procurador, y le preguntó qué respondería a ello, así como a las acusaciones de organismos internacionales y cómo enfrentaría éstas.

Chávez Chávez precisó que una de sus primeras acciones sería “invitar a las organizaciones a platicar con un ánimo constructivo, hablar con las autoridades estatales para ofrecer la coadyuvancia y el apoyo de la PGR en el esclarecimiento de los casos que están pendientes”.

Renuente a pronunciar la palabra feminicidio, Chávez Chávez señaló que “si hay asuntos pendientes de resolverse” la institución (PGR) tiene que apoyar no sólo a Chihuahua sino a cualquier parte para solucionar “un homicidio” en contra de las mujeres.

Asimismo, dijo “desconocer” las imputaciones a su persona; “sé de la existencia de la recomendación que se aceptó parcialmente, nada más” e insistió que las emitidas por organismos internacionales fueron por hechos que ocurrieron en 2001, tres años después de que él dejó el cargo.

El senador perredista Silvano Aureoles le reprochó “sus respuestas evasivas” y que no quisiera comprometerse en temas importantes. Al igual que sus antecesores, le recordó la “cantidad” de denuncias en su contra tanto nacionales e internacionales que subrayan las omisiones y negligencias durante su encargo como procurador “y seguramente otras”, dijo el senador, que se acumularon en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

De ser ratificado en el cargo, Arturo Chávez aseguró que “redoblará los esfuerzos” realizados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con la Violencia contra las Mujeres y Trata de personas, “a fin de esclarecer los crímenes que están aún pendientes por resolver” y que trabajará para que no sigan ocurriendo “este tipo de crímenes”.

Afirmó que su gestión tendrá tres ejes de acción fundamentales, que consisten en el rediseño de la PGR para buscar la profesionalización del personal a través de certificaciones y controles de confianza, y propuso crear el Instituto Nacional de Servicios Periciales.

Asimismo, el fortalecer la colaboración de la Procuraduría con otras instancias y consolidar la reforma constitucional de junio de 2008 en materia de seguridad.

Hoy, a las 11:30 horas, organizaciones civiles de Ciudad Juárez y Chihuahua sostendrán una reunión con la senadora panista Beatriz Zavala Peniche, a quien insistirán en no ratificar a Chávez Chávez.