Juicio político a Felipe Calderón
Colectivo La Digna Voz
Ante la iniciativa que
tutela Felipe Calderón para vetar la Ley General de Víctimas
–desatendiendo arbitrariamente la aprobación unánime de dicha Ley en las
cámaras alta y baja–, el fundador del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, responde: “Calderón insiste
en la negación de las consecuencias de su guerra; el presidente se opone
a buscar un camino para la paz y justicia para México”. Más tarde, en
una carta abierta dirigida al hombre que alcanzó la presidencia en 2006
por capricho de los magistrados del TEPJF, el poeta escribe: “Por
desgracia, Sr. Presidente [sic], la forma en que el Ejecutivo ha asumido
esos compromisos lo único que ha hecho es ofendernos y reiterarnos el
desprecio que usted tiene por las víctimas y la patria” (Proceso).
Lo que para todo México constituía inequívocamente una treta para ganar
tiempo, para Javier Sicilia parecía tratarse de una demanda ciudadana
en proceso de efectuarse formalmente. El hombre del escapulario, cuya
ingenuidad no pocas veces desconcierta, imaginó que el gobierno de
Calderón publicaría en tiempo y forma la referida Ley.
Si bien sus cálculos fracasaron aparatosamente, cabe reconocer que las declaraciones sucesivas del dirigente del MPJD gozaron de cierto pulso. En efecto, Calderón se negará hasta la tumba a reconocer las consecuencias de su guerra. Se trata de la bandera-divisa de su sexenio; sin la reivindicación de esta política, su paso por la presidencia se vería como un lienzo en blanco. Calderón prefiere los trazos en rojo de una guerra inicua, al blanco inmaculado de la nada. Es inútil recordarle su “desprecio por la patria”. Su condición de traidor data desde el día que usurpó el poder e inauguró un 11 de diciembre de 2006, tras un llamado de auxilio a Estados Unidos, la “guerra contra el narcotráfico”, figura desestabilizadora altamente mortífera que exporta Washington a los países cuyos gobiernos solicitan su “desinteresada” ayuda.
Otra vez yerra Javier Sicilia cuando señala: “…Calderón aceptó sacrificar este país para proteger a los 23 millones de adictos que siguen consumiendo drogas en Estados Unidos”. Corrección: en México, la guerra se instrumentó con el objeto de cancelar el cambio político por la vía de los canales institucionales. Fue el recurso a la mano para dotar de factibilidad a un régimen desprovisto de legitimidad e incluso de legalidad, salvo la coactiva que cultiva el Estado cada seis años para afianzar el omnímodo poder de la clase gobernante –que no dirigente–. La militarización de México es un signo del carácter golpista del calderonato. La instauración de un entorno de impunidad (en México 98.76% de los delitos quedan impunes) es otro aspecto sintomático de la calidad delictiva de la saliente administración.
Ante el formidable volumen de pruebas que existe para alentar una demanda que afinque responsabilidades penales al presidente, cabe exhortar a Javier Sicilia a que rectifique su estrategia, y se sume resueltamente a la iniciativa ciudadana que acude a la Corte Penal Internacional para solicitar un juicio penal en contra de Felipe Calderón. La demanda ya se encuentra en la etapa de procesamiento. Pero sólo con una presión mediática significativa se conseguirá que se atienda el caso. No se negocia con una persona acusada por el delito de traición a la patria: se le persigue con todos los recursos que provee la inteligencia y la ley, aunque esta última fuere sesgada e ineficaz.
El artículo 123 del Código Penal Federal establece:
Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2012/07/juicio-politico-felipe-calderon-demanda.html
Si bien sus cálculos fracasaron aparatosamente, cabe reconocer que las declaraciones sucesivas del dirigente del MPJD gozaron de cierto pulso. En efecto, Calderón se negará hasta la tumba a reconocer las consecuencias de su guerra. Se trata de la bandera-divisa de su sexenio; sin la reivindicación de esta política, su paso por la presidencia se vería como un lienzo en blanco. Calderón prefiere los trazos en rojo de una guerra inicua, al blanco inmaculado de la nada. Es inútil recordarle su “desprecio por la patria”. Su condición de traidor data desde el día que usurpó el poder e inauguró un 11 de diciembre de 2006, tras un llamado de auxilio a Estados Unidos, la “guerra contra el narcotráfico”, figura desestabilizadora altamente mortífera que exporta Washington a los países cuyos gobiernos solicitan su “desinteresada” ayuda.
Otra vez yerra Javier Sicilia cuando señala: “…Calderón aceptó sacrificar este país para proteger a los 23 millones de adictos que siguen consumiendo drogas en Estados Unidos”. Corrección: en México, la guerra se instrumentó con el objeto de cancelar el cambio político por la vía de los canales institucionales. Fue el recurso a la mano para dotar de factibilidad a un régimen desprovisto de legitimidad e incluso de legalidad, salvo la coactiva que cultiva el Estado cada seis años para afianzar el omnímodo poder de la clase gobernante –que no dirigente–. La militarización de México es un signo del carácter golpista del calderonato. La instauración de un entorno de impunidad (en México 98.76% de los delitos quedan impunes) es otro aspecto sintomático de la calidad delictiva de la saliente administración.
Ante el formidable volumen de pruebas que existe para alentar una demanda que afinque responsabilidades penales al presidente, cabe exhortar a Javier Sicilia a que rectifique su estrategia, y se sume resueltamente a la iniciativa ciudadana que acude a la Corte Penal Internacional para solicitar un juicio penal en contra de Felipe Calderón. La demanda ya se encuentra en la etapa de procesamiento. Pero sólo con una presión mediática significativa se conseguirá que se atienda el caso. No se negocia con una persona acusada por el delito de traición a la patria: se le persigue con todos los recursos que provee la inteligencia y la ley, aunque esta última fuere sesgada e ineficaz.
El artículo 123 del Código Penal Federal establece:
Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
- Realice actos
contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana
con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
- Tome
parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante
acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con
este en alguna forma que pueda perjudicar a México.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2012/07/juicio-politico-felipe-calderon-demanda.html
