México: Promotores de justicia para Atenco visitan a presos en Molino de Flores
Integrantes del comité llamaron a realizar acciones civiles y pacíficas en demanda de un proceso legal y la libertad de los presos, en una 2º etapa de la campaña Libertad y Justicia por Atenco.

Javier Salinas Cesáreo La Jornada

-->Ana Francis Mor, Rubén Albarrán (atrás), Adolfo Gilly y Daniel Giménez Cacho, entre otros, afuera del penal de Molino de Flores, en Texcoco

Texcoco, Méx., 29 de mayo. Cuatro integrantes del Comité Libertad y Justicia para Atenco visitaron a los nueve simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) recluidos en el penal Molino de Flores, para constatar su estado físico y exigir su libertad, “porque son presos políticos del Estado mexicano” y se encuentran confinados “por razones estrictamente políticas”.

El académico e historiador Adolfo Gilly, el vocalista de Café Tacuba Rubén Albarrán, el actor Daniel Giménez Cacho y la actriz Ana Francis Mor se entrevistaron y convivieron por más de dos horas con los nueve internos, sentenciados por secuestro equiparado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

De su voz escucharon la historia de su detención, cómo viven su condición actual y algunas anécdotas.

“Lo que más nos ha interesado es su situación en la cárcel y hablaron con libertad con nosotros; no están en situación particularmente dura. Las autoridades, lo que nos dijeron los presos, no se muestran particularmente duras con ellos; están juntos, están en situación bastante incómoda, pero dentro de lo que cabe los malos tratos aquí no han seguido.

“Debo decir que los vimos optimistas; cada tanto les viene, como a todos los presos, un golpe de tristeza, pero no fue el día de hoy. Nos contaron sus oficios, acá algunos pueden seguir trabajando, los que son artesanos, algunos de ellos escriben, otros tocan música; así se han organizado para vivir estos días de injusta y bastante dura prisión”, narró Gilly después de charlar con los simpatizantes del FPDT.

Los cuatro integrantes del comité llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a realizar acciones civiles y pacíficas en demanda de un proceso legal y la libertad de los presos, como parte de la segunda etapa de la campaña Libertad y Justicia por Atenco.
No son delincuentes

“No se puede concebir cómo los han acusado de un delito cometido un día después de su arresto, por mencionar algunas de las incongruencias que están ahí y que son tan evidentes.

“Sí, son tan evidentes e incongruentes que el hecho de que estén presos nos está diciendo que hay otros intereses y que hay un afán de manipular la justicia en favor de la autoridad, del Poder Ejecutivo del estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto.
“Ellos no son delincuentes, no cometieron delito alguno; tampoco son presos comunes, son presos políticos del Estado mexicano”, señaló Giménez Cacho.

A su vez, Rubén Albarrán expresó: “Vamos a lograr que esta situación que estamos viviendo se esfume, se deshaga, que no siga sucediendo en nuestras mentes. Frente a este momento van a salir, la palabra crea y ellos son libres, no tienen por qué estar allá adentro. Es totalmente injusto para ellos, incomprensible. Vamos a lograr que sean liberados, que la verdad salga a luz, que esté en boca de todos y que se diga: no es cierto que son culpables”.

Los cuatro dieron a conocer una declaración del Comité Libertad y Justicia para Atenco en la que denuncian que el gobierno mexiquense restringió y limitó el acceso al penal a la totalidad de quienes lo solicitaron.

Asimismo, reiteraron su llamado a los gobiernos federal y estatal a trasladar lo más pronto posible al penal Molino de Flores a Ignacio del Valle y a Felipe Álvarez, y al Reclusorio Sur, a Héctor Galindo; los tres actualmente recluidos en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.

También este viernes los abogados defensores de los presos del penal Molino de Flores promovieron un amparo directo en contra de la ratificación de la sentencia condenatoria de 31 años, 10 meses y 15 días para los simpatizantes del FPDT que hizo la segunda sala colegiada del penal de Texcoco.

Espinosa y Medina Mora deben comparecer por caso Sucumbíos

Extradición de sociólogo, ¿preámbulo para Morett?

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 26 mayo 09 (CIMAC).- Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, deben comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar sus omisiones en el caso de Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, asesinados durante un ataque del Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado en Ecuador, donde se encontraban de visita de estudios junto con Lucía Morett, la única sobreviviente.

Afirmó lo anterior Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limddh), durante el Foro: “Extradición: El caso de la estudiante Lucía Morett”, realizado hoy en San Lázaro, quien agregó que la ilegal detención en el Instituto Mexicano de Migración (INM) y posterior expulsión del país del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien se acusa de tener “fuertes” vínculos con las FARC, es “preámbulo de lo que puede suceder en el caso de Lucía”.

Morett, ahora candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), fue testiga y víctima de la masacre perpetrada por el gobierno de Colombia el 1 de marzo de 2008, a partir de lo cual se siente perseguida, declaró: “hay una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Ramírez agregó que el 3 de noviembre del año pasado se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra Álvaro Uribe, presidente de Colombia y en contra también de quien ejecutó el operativo donde murieron tres mexicanos y sobrevivió Lucía Morett, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna protección.

EJECUTORES DE MASACRE DEBEN SER DETENIDOS

Solicitó Ramírez, “en apego del Artículo 4 del Código Federal Penal”, que la PGR vigile la aplicación de dicha norma y que en el momento de que alguno de los ejecutores de la masacre en el Ecuador pise territorio mexicano dé inició la orden de detención inmediata, por delitos cometidos contra mexicanos en el exterior.

“La sociedad civil deberá estar atenta para cuando esto suceda y exigir que esta acción se realice”, dijo. “Estamos viviendo en México un clima de represión política, en contra de la movilización social. El hecho de estar en un lugar, no te hace responsable de los hechos y de los delitos”.

Y explicó que con las acciones de Uribe, como la extradición del estudiante colombiano, lo que se busca por todos los medios posibles es la legitimación de su estancia en el poder, sin que le importe el costo, mucho menos las consecuencias, apoyado por el Gobierno mexicano y el de los Estados Unidos.

“Uribe se quiere reelegir por tercera vez, contraviniendo su propia constitución y lo que necesita son cartas para que “muestre” que su gobierno está funcionando, a pesar de que 25 legisladores de su congreso son investigados por temas referentes al narco y guerrilla, subrayó Adrián Ramírez.

EXTRADICIÓN IMPROCEDENTE

En el foro estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Padres y familiares de las Víctimas de Sucumbíos; Jorge Morett, padre de Lucía; integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos; el Catedrático y candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado Juventino Castro y Castro, así como legisladores de éste instituto político.

Todas y todos coincidieron en señalar que la extradición contra Morett es improcedente, ya que en el expediente no existe ninguna prueba que acredite algún delito de los que se le acusa a la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Son “pruebas ineptas“, en un documento de mil 500 hojas no existe ni siquiera indicio para responsabilizarla.

“Es improcedente por la debilidad misma de la acusación, se le esta acusando de un delito político—mismo que no existe—y las extradiciones que se piden por estos tipos de delitos proscriben, por lo que la SRE, esta obligada a negar la extradición, señalaron.

Los especialistas subrayaron que se está tratando a la mexicana como delincuente, cuando ella es víctima, condenándola a vivir en un estado de incertidumbre. Y se le ha acusado de terrorista, sin que hasta el momento se le haya citado a declarar, negándole la oportunidad de defenderse.

DEBEMOS IMPEDIR LA EXTRADICIÓN

“Ante un gobierno que no respeta los derechos humanos, afirmó Enrique González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, tenemos que impedir que el Estado entregue a Lucía, situación que se tronará difícil, ya que la decisión de que sea extraditada o no está en manos del Ejecutivo”.

Es realmente preocupante que la extradición quede en manos de Felipe Calderón, quien ha extraditado “fast track”, sin que se compruebe la culpabilidad, incluso sin que los gobiernos se lo pidan. “El entreguismo que ha mostrado nos da señales de alerta, tenemos serios motivos para estar preocupados”, dijo el académico.

La expulsión de Beltrán Villegas del territorio mexicano y su envió a las manos de un violador de los derechos humanos llamado Älvaro Uribe nos muestra claramente el panorama de colaboración que existe entre dos regimenes que sólo buscan legitimar su permanencia en el poder al costo que sea necesario, coincidieron los participantes del Foro.

LUCIA, SOBREVIVIENTE Y PERSEGUIDA

Desde sus primeras declaraciones, Morett ha señalado que ella fue testiga y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno de Colombia. “Hay, dijo el 3 de marzo del año pasado, una campaña mediática en mi contra señalándome como si fuera una criminal, soy una estudiante, soy testiga y víctima del ataque ocurrido en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008, no soy terrorista, ni tampoco mis cuatro compañeros asesinados en el ataque”.

Las y los asistentes al foro agregaron que es urgente detener la criminalización de la única sobreviviente mexicana de la masacre.

Pretenden extraditar a Lucía, explicaron las y los asistentes al foro, porque ella es víctima de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano y este acto violó la soberanía de Ecuador, propició el rompimiento de relaciones diplomáticas y dejó impunes a los perpetradores.

"No corras... pon las manos en la cabeza"

MARCELA TURATI
A la una de la mañana del 5 de abril pasado, en Torreón, Coahuila, dos médicos veterinarios salieron al Oxxo de la colonia a comprar agua y no volvieron a ser vistos. A medio camino, entre la casa y la tienda, fue encontrada la camioneta donde viajaban: estaba abierta, baleada, con los asientos manchados de sangre y 40 casquillos percutidos en los alrededores.De los tripulantes -Juan Pablo Alvarado Oliveros e Isaías Uribe Hernández- nada se sabe hasta ahora."Hallan tras intenso tiroteo camioneta baleada y con rastros sanguinolentos"; "Rafaguean una vivienda y vehículos en Cd. Nazas"; "Denuncian la desaparición de médicos veterinarios", y "Buscan a heridos de balacera tras ser detenidos por soldados", fueron los encabezados de los periódicos locales que difundieron la información.

Los vecinos de la calle Sierra España, colonia Ciudad Nazas, en Torreón, no aportaron mayores datos a la prensa. "No nos asomamos, duramos mucho tiempo debajo de la cama, después nos dormimos", dijo una mujer al diario Express.Sin embargo, las indagaciones que dice haber hecho la familia Alvarado Oliveros apuntan a que Juan Pablo fue "levantado" y "desaparecido" por miembros del Ejército. Vecinos del lugar les comentaron que los protagonistas de la balacera iban a bordo de camionetas militares y que una de ellas tenía "una metralleta en la batea". "¡No corras, cabrón, pon las manos en la cabeza!", fue el grito que alcanzó a escuchar esa noche uno de los vecinos -quien no quiso acudir a declarar-, según se lee en la denuncia que la familia levantó en la delegación de la Procuraduría General de la República en Coahuila.

La familia, originaria de Tuxtepec, Oaxaca, tiene su propia explicación de lo sucedido:"Al parecer mi hermano se percata de que estaban levantando gente en la calle, y creo que se le hizo fácil arrancarse porque estaba a cuatro cuadras de la casa, para tratar de refugiarse, pero empiezan a abrir fuego y los impactan de frente. Creemos que al amigo que iba de copiloto le dieron en la cabeza porque ahí quedó la sangre salpicada en el asiento", dijo Gaspar Alvarado, hermano del veterinario.El joven, que vive en Xalapa, llegó a las instalaciones de Proceso para denunciar lo sucedido y mostrar copias de las denuncias presentadas (en las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, en la delegación estatal de la PGR, ante el juez primero de Distrito en La Laguna, en la Presidencia de la República, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en la Secretaría de la Defensa Nacional).

También aportó copias de los diarios donde se dio cuenta del "levantón" o "detención" de su hermano."Desde el 5 de abril no sabemos nada de él. Hemos ido cuatro veces al XXIII Batallón de Coahuila a pedir información y los soldados dicen que no tienen gente, pero los vecinos aseguran que vieron en la balacera muchos camiones militares. Nosotros queremos ver dónde lo tienen, en qué condiciones", dijo en entrevista."Hubo una ocasión en que nos atendió en el XI Batallón uno que se presentó como 'capitán David', pero en su camisa tenía las letras 'JRodríguezR'.

Nos dijo que no levantaron gente, que no tenían a nadie, pero agregó una frase que nos inquietó: 'Tengan paciencia'. Sacamos la conclusión de que quizá lo piensan liberar. Lo más seguro es que lo tengan golpeado, herido, y si el otro muchacho se les murió, lo más seguro es que a mi hermano no lo quieren dejar libre para que no hable."En la CNDH prometieron a Gaspar que un visitador viajaría a La Laguna para investigar lo ocurrido porque de esa región "tienen varias denuncias". Una nota publicada el 13 de mayo en El Siglo de Torreón afirma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya investiga las dos desapariciones, y que la esposa de Isaías Uribe -el veterinario que viajaba en el asiento del copiloto- tuvo un parto prematuro y perdió al bebé por la situación angustiosa que vive.Ambas familias se quejan de que, en un principio, la PGR no quiso aceptar sus quejas.

El argumento: que eran de competencia del estado de Coahuila. Las autoridades locales también las rechazaron por considerarlas de competencia federal."Fuimos a la Sedena a solicitar una audiencia, y me dijeron que en un plazo de 30 a 60 días me contestan", señaló Gaspar a la reportera después de haber recorrido varias oficinas de gobierno en busca de su pariente.En el paquete que entregó a este semanario se halla uno de los carteles que la familia ha pegado en las calles de Torreón, donde se ve la foto de su hermano, vestido con camisa blanca, y los siguientes datos: estatura aproximada: 1.66 mts.; complexión: delgada; color de ojos: café obscuro; edad: 30 años; señas particulares: cicatriz en brazo izquierdo a la altura del codo de aproximadamente 5 cms., y lunar negro y grande en la espalda a la altura de la columna vertebral.

"Esta es su foto. Él y su amigo trabajaban en el laboratorio de investigación animal Romarse, después de haber estudiado la carrera juntos hace unos ocho años", explicó al mostrarla.El paquete contiene así mismo copias de recortes de periódicos locales donde se denuncian abusos de militares, en cuyos encabezados se lee: "Militares agreden a 50 tablazos a albañiles"; "Militares agreden a civiles con golpiza"; "Ciudadano acusa a militares de 'levantarlo' y torturarlo: también fue violado con un objeto de plástico", y "Militares 'abusan' de él". Siete semanas después de la desaparición de Juan Pablo, Gaspar puntualiza: "Lo único que pedimos es que nos devuelvan a mi hermano, si está vivo; o si se les pasó la mano, que nos digan dónde lo podemos encontrar para darle cristiana sepultura". -¿Tu hermano tenía nexos con narcos? -Nada, nada.

Él es una persona honrada, honesta. Se rumora que lo confundieron con un narcomenudista que tenía una camioneta de la misma marca y color que la que él usaba de la empresa, y que vivía en esa colonia. Lo que se me hace más raro es por qué el Ejército les abrió fuego si no traían armas...

MEDIOS PERIODISTA DESAPARECE EN VERACRUZ CONDENA ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EL ASESINATO DE ELISEO BARRÓN

27/05/2009 a las 1:46 pm

NOTA ANTERIOR, UNAFUENTE EN TIEMPO REAL: SIP CONDENA ASESINATO EN DURANGO CNDH ABRE EXPEDIENTE POR PERIODISTA ASESINADO GOBERNADOR DE DURANGO LAMENTA ASESINATO DE REPORTERO DEL 2008 A LA FECHA HAN SIDO ASESINADOS 14 PERIODISTAS

EL UNIVERSAL informa que el periodista y columnista veracruzano Fidel Pérez Sánchez fue reportado como desaparecido desde ayer, por lo que sus familiares presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia. El presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de Periodistas, Gerardo Perdomo Cueto confirmó la desaparición del columnista del periódico Notiver, uno de mayor circulación del puerto de Veracruz. "Estamos todos pendientes es algo muy grave, pero esperamos que pronto pueda ser localizado", expresó.

La esposa del periodista, Clara Ondina Morales denunció su desaparición luego que no acudió a recoger a sus hijos a la escuela como normalmente lo hacía. Sus teléfonos celulares están apagados. Hasta ahora tampoco ha sido localizada su camioneta Voyager 1996 americana legalizada en color negro con marcas de la Pantera Rosa y con placas de circulación YDP7056. De acuerdo con las primeras investigaciones, la última vez que se le vio fue en una conferencia de prensa que ofreció la Secretaría de Desarrollo Social como a las 10:30 horas de ayer, confirma EL UNIVERSAL.

CONDENA ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EL ASESINATO DE ELISEO BARRÓN

Según refiere MILENIO, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el asesinato del periodista Eliseo Barrón y exhortó a las autoridades competentes para que esclarezcan los hechos de manera rápida, diligente y eficaz con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas. Porque sólo mediante un efectivo combate a la impunidad se evitará la repetición de ataques en contra de periodistas, incompatibles con una sociedad garante de los derechos a la libertad de expresión y prensa, expuso la representación de esa oficina.

También informó que continúa recibiendo información de ataques que atentan contra el libre ejercicio de la profesión periodística. Tan sólo en el mes de mayo tuvo conocimiento de dos nuevos asesinatos. El pasado 3 de mayo, Carlos Ortega, del periódico El tiempo de Durango, fue ejecutado en el municipio de Santa María del Oro, Durango. Y el de Eliseo Barrón, del periódico La Opinión Milenio, refiere MILENIO.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el periodismo en México se ha convertido en una profesión de "alto" y "extremo" riesgo, respectivamente.

Juzgarán al Estado mexicano por caso Inés, violada por militares

No respondió a recomendaciones de la COIDH

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- El Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés, indígena tlapaneca (me´phaa), violada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero, población ubicada en la zona de La Montaña, en el sur del país.

Ante la imposibilidad de encontrar justicia, agotados todos los recursos judiciales en el país, Inés tuvo que recurrir a instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora a la Corte, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El caso de Inés fue remitido por la CIDH a la Corte el pasado 7 de mayo, informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, representante legal de la víctima, debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la mujer.

Dichas recomendaciones se dieron a conocer en el Informe de Fondo emitido por la CIDH por el caso de violación y tortura a Inés (…) por elementos castrenses, emitido el 7 de noviembre del 2008, donde se planteaba la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.

La CIDH, luego de las recomendaciones, estaba en espera de que el Estado Mexicano tuviera una respuesta de aceptación y ejecución, en cuyo caso el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte.

En diciembre pasado, Tlachinollan envió el informe 43.3 a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la Corte, para que Inés pudiera acceder a una justicia real, fijándose en el escrito su posición como víctima.

De esta forma, siete años después del ataque de los militares, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.
EL CASO

El caso de Inés fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla de los Libres, quien se declaró incompetente, por lo cual la denuncia fue transferida al Ministerio Público Militar. Se buscaron amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados agresores, pero no procedieron y pronto la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no estaba interesada en el caso al no responder a sus citatorios.

Sin embargo, explicó Tlachinollan, Inés no acudió a dichas audiencias porque era infundada la competencia militar en el caso, además de que cualquier investigación sería parcial.

Ante el estado de impunidad y acceso a la justicia nacional, los representantes de la víctima recurrieron en junio de 2004 a instancias internacionales y presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación y tortura de Inés.

El 12 de octubre del 2007, este organismo internacional realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena me`phaa violada por militares en 2002 y quien también presentó su caso.

Después de esta audiencia de la CIDH, se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, señala Tlachinollan.

Un año más tarde el 9 de febrero de 2008, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado y un día después fue hallado muerto con evidentes señales de tortura.

Pide CIDH a México proteger a líder sindical e integrante de la APPO en Oaxaca

12/05/2009 a las 9:40 pm

LA JORNADA afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy martes al gobierno de México adoptar medidas para proteger la integridad de Marcelino Coache Verano, miembro del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Coache Verano, también concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ha sido víctima de hostigamiento y amenazas. La solicitud está contenida en el recurso de Medidas Cautelares que la CIDH otorgó a favor de Coache y su familia el pasado viernes, pero que fueron hechas públicas este martes. En la solicitud de medidas cautelares presentada ante la CIDH se alega que Coache Verano y miembros de su familia habrían sido objeto de amenazas y de actos de hostigamiento desde 2007.

Apenas en marzo pasado Coache fue torturado por extraños en un lugar desconocido, refiere LA JORNADA.

Espionaje contra la paz

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz) y robó y destruyo información en curso y depositada en los archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica el apoderamiento ilegal de datos privados sino que constituye una amenaza, hace recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por lo tanto puede inferirle mayor daño aun.

El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en que "informa y denuncia ante la opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional."El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al agresor".

La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque. Serapaz es una organización civil "sin fines de lucro que trabaja para la paz y la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva de conflictos". Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente buscan el imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en situaciones críticas.

No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al Estado mexicano.

Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la necesidad de institucionalizar la mediación y aunque se mantuvo en el centro de esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran, con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupara de la logística sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara organizó Serapaz, presidido por el propio don Samuel.

Allí su talento y dedicación ha contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas.Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes como la Escuela de Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México y promueve "la transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles". Organiza "procesos que contribuyan a la construcción de la paz" y se ocupa de tareas de investigación y producción editorial en el mismo sentido.

Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las personas.Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en que actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese terreno.

Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus prácticas causan a la sociedad.

Así mismo, en este momento Serapaz es el motor de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que además de haber sido vejados y golpeados en mayo de 2006 están pagando con cárcel no sus propias culpas sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales ha sido sometido a proceso.Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada un año atrás, a fines de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto hará dos años.

Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución.

A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla, frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la curiosidad malsana que sus actividades suscita en los órganos de seguridad nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión.

Una precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.

MEXICAN HUMAN RIGHTS

May 6, 2009

To: The Honorable Congress of the United States of America

Hon. Patrick Leahy, 

Chairman, Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs

Committee on Appropriations

United States Senate

Hon. Nita M. Lowey, Chair,

 Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs

Committee on Appropriations

United States House of Representatives

Hon. Judd Greg,

 Ranking Member, Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs

Committee on Appropriations

United States Senate

Hon. Kay Granger, Ranking Member,

 Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs

Committee on Appropriations

United States House of Representatives

Honorable Members of Congress:

The signatory organizations listed below address you, honorable representatives of the Congress of the United States of America, following President Barack Obama’s visit to Mexico on April 16 and 17, as well as the visits by high level public officials from the Obama administration in previous weeks; all of which represent a significant step forward in relations between our countries. In particular, in this letter we outline our concrete concerns regarding military assistance from the United States to Mexico.

We have closely monitored the impact of public security policies implemented by the current presidential administrations in both Mexico and the United States as well as bilateral assistance in this area. In this respect we make special mention of recent statements, such as those made by Secretary of State Hillary Clinton, in which high level officials of the President Obama administration have recognized the United States’ responsibility in the problem of drug trafficking- related violence in Mexico owing to factors such as the high demand for drugs in the United States.

Furthermore, we welcome recent comments by the Secretary for Homeland Security, Janet Napolitano, which affirm that strengthening civil institutions, not increasing militarization, is the answer to combating high levels of violence along the United States-Mexico border. We hope that this perspective is shared by the U.S. Congress when determining how to allocate funds for public security and to support Mexico. 

We wish to emphasize the current reality in Mexico where President Felipe Calderón has introduced a package of proposed legislative reforms to our Congress which contemplate declaring states of emergency that would justify the takeover and control of the Mexican Army over civilian institutions when these are considered inadequate or inefficient and when such a measure is considered strategic for national security. These proposed reforms are concerning because of the abuses that can arise from the militarization of public security.

Taking this into account, we express our serious concerns and reservations regarding the military aid provided by the United States to Mexico. Instead, we urge for an approach that is more comprehensive and respectful of the human and civil rights of the Mexican population.

We take this opportunity to highlight the following points:

• Through the Merida Initiative, the U.S. Congress has approved the expenditure of 700 million dollars

directed to Mexico during its first two years. The package includes a significant portion of foreign military financing; especially in the first year of funding.

• In 2008, the United States Department of Defense stated that it had designated almost 13 million dollars in assistance to Mexico under Section 1206 to strengthen the capacity of Mexican armed forces to carry out anti-terrorist operations.

• Recent statements by the Obama Administration and congressional leaders indicate that Congress will soon be contemplating sizeable increases in funding for “the war against drugs” in Mexico as part of the FY09 Appropriations Supplemental Request, including $350 million dollars for the Department of Defense for antidrug operations and other security-related activities on the United States-Mexico border and over $400 million dollars in assistance for counternarcotics efforts in Mexico that will be channeled through the Department of State. We are concerned about the lack of clear information on the specific designation of these funds and the possibility that they will be utilized to support further military assistance inside Mexico or militarization of the border region.

• Funding for the Merida Initiative in the 2010 budget will soon be under discussion.

In light of the previous points, it is critical to contextualize the problems implicit in foreign military funding in the current circumstances in Mexico:

• The deployment of the Mexican Army to carry out public security tasks that legally correspond to the civilian police has brought with it a significant increase in human rights violations in the last two years, including extrajudicial executions, torture, arbitrary detentions and rape. In fact, the number of complaints for human rights violations committed by members of the armed forces registered by the National Human Rights Commission has increased six-fold during the last two years, reaching 1,230 in 20081.

• This situation owes itself in large part to considerations such as:

◦ The Army is not trained to carry out tasks that legally correspond to civilian institutions. On the

contrary, the mentality of the armed forces is to confront an enemy force and not to protect the rights of the civilian population in the context of normal policing tasks. 

◦There is an almost complete absence of transparency in cases of human rights violations committed by

soldiers, due to the use of military jurisdiction to investigate and prosecute members of the armed

forces responsible for such actions. According to information obtained through freedom of information

mechanisms, in the first two years of the presidential term of Felipe Calderón, military authorities

opened 170 investigations under military jurisdiction in which the victims were civilians; in this same

period only 10 of these investigations resulted in indictments. To date we have no knowledge of any

conviction or sentence in a case of human rights violations committed by the armed forces during the

current presidential administration.

The involvement of the armed forces in policing tasks is not an effective response to combat drug trafficking and violence associated with organized crime. Military presence can at times result in an increase in the number of arrests; however, as an overall strategy it has not proven to be effective as it fails to address the factors that cause and perpetuate violence. An approach that takes the social factors that contribute to crime into account is urgently needed; instead of attacking crime with short-term approaches that respond only to situational contingencies.

We respectfully request that the U.S. Congress and Department of State, in both the Merida Initiative as in other programs to support public security in Mexico, does not allocate funds or direct programs to the armed forces. We believe that a change of paradigm is needed in order to combat the factors that cause drug trafficking and violence; instead of only combating their symptoms.

1 See the annual report of the National Human Rights Commission, available at: www.cndh.org.mx.

Any response to violence caused by drug trafficking must include measures to:

• Improve the access to drug treatment in the United States and implement other measures to reduce the demand for drugs in both countries.

• Reduce the flow of arms from the United States to Mexico.

• In terms of the possibility of providing funds to Mexico to improve the public security situation, any funding considered should take into account:

◦Programs that address the root causes of insecurity such as poverty, inequality and the lack of access

to educational and employment opportunities that allow the population to live a life of dignity.

◦The strengthening of civil institutions, with civil and not military control; including the positive aspects of the judicial reform in Mexico such as the implementation of oral trials and an adversarial justice system.

Given the current considerations for the Merida Initiative 2010 budget and the possibility of more military financing to Mexico being channeled through the Department of Defense, we hope that the U.S. government takes into account the concerns and suggestions outlined in this letter in order to re-design assistance programs to Mexico. In particular, we urge the United States to consider ways to support a holistic response to security problems; based on tackling the root causes of violence and ensuring the full respect of human rights; not on the logic of combat.

Signatory organizations (all Mexican non-governmental human rights organizations):

The National Network of Human Rights Civil Organizations “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Agenda LGBT

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal)

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jalisco)

Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hidalgo)

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal)

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlaxcala)

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Puebla)

Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Morelos)

Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chiapas)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Guerrero)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (Chihuahua)

Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coahuila)

Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oaxaca)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez)

Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, Nuevo Leon)

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oaxaca)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Guanajuato)

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oaxaca)

Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chiapas)

Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamaulipas)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jalisco)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jalisco)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coahuila)

Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Guanajuato)

Centro Mujeres (La Paz, Baja California)

Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Guerrero)

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oaxaca)

Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yucatan)

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coahuila)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, Nuevo Leon)

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)

Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal)

Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Guerrero)

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Puebla.)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chihuahua)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Morelos)

Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal)

Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Puebla)

Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oaxaca)

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chiapas)

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal)

Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chiapas)

Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Guerrero)

Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Verarcruz)

Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Colima)

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tabasco)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tabasco)

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Guanajuato)

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hidalgo)

Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sinaloa)

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida,Yucatan)

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Guerrero)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jalisco)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz.

(Guadalajara, Jalisco)

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Puebla)

Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Guanajuato)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal)

Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tabasco)

Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tabasco)

Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos: Network of Civil human Rights organizations of Guerrero

Other signatory organizations:

Otros Mundos, AC/Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA)

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Mujeres por México en Chihuahua, A. C

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (The Mexican Institute for Human Rights and Democracy)

La Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio (RMALC)

Individuals:

José Francisco Gallardo Rodríguez, General Brigadier del Ejercito mexicano y Doctor en Administración Pública

Enfermera, Lourdes Toussaint

Arquitecto, Félix Durán

Lydia Cacho Ribeiro; Journalist and Human Rights Defender

Cc:United States Congress

Hon. Daniel K. Inouye

Chairman, Committee on Appropriations

United States Senate

Hon. Thad Cochran

Vice Chairman, Committee on Appropriations

United States Senate

Hon. David R. Obey

Chairman, Committee on Appropriations

United States House of Representatives

Hon. Jerry Lewis

Ranking Member, Committee on Appropriations

United States House of Representatives

United States Department of State

Honorable Secretary Hillary Clinton, United States Department of State

Ms. Leslie A. Bassett, Interim Ambassador, United States Embassy in Mexico

Irrelevantes, las reformas sobre derechos humanos

Adrián Ramírez, califica de inapropiada la presencia de militares en las calles.

Entrevista

Aunque fue muy aplaudida por los diputados, los cambios carecen de mecanismos para hacer que se respeten las garantías individuales, dice ONG
GUADALAJARA, JALISCO.- Las reformas a la Constitución que obligan a las autoridades a respetar las garantías individuales “son poco relevantes”, afirma Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), organismo creado hace 24 años.

En entrevista vía telefónica con EL INFORMADOR, dice que si bien dichas modificaciones parecen representar un avance, sirven poco si no hay mecanismos de protección efectiva.El pasado 23 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime diversas reformas que amplían los derechos humanos en la Carta Magna y obligan a las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Entre otras cosas, las reformas permitirán que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su consejo consultivo sean elegidos a través de un procedimiento de consulta pública y participación social.

Sin embargo, Ramírez López no echa las campanas al vuelo, ya que a su parecer faltan mecanismos como una ley general de derechos humanos y la conformación de un consejo nacional de la materia, como los que existen en salud y seguridad.Afirma que los elementos declarativos en la Constitución le parecen importantes, pero no logran rescatar lo más importante de lo que son derechos humanos.Dice que en la Constitución hay una gran cantidad de “leyes antídoto” contra los derechos humanos.

“Existen reformas penales, en materia económica y en materia electoral, pero no en derechos humanos”. Afirma que por el contrario, se ha criminalizando la protesta social y se han otorgado más facultades al Ejército y a la Policía flexibilizando leyes de excepción.Ramírez López se refiere a la reforma penal aprobada el año pasado, que permite, entre otras cosas, realizar cateos en domicilios sin tener una orden judicial.Incluso va más allá y dice que no cree que se haya un paso adelante.“Sinceramente no creo que sea un buen paso, lamentablemente la cantidad de instrumentos jurídicos que se han modificado en la Constitución no permiten ninguna garantía de protección los derechos humanos”.

Asegura que falta respetar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad, ya que “son los que más se vulneran en nuestro país”.Dice que el derecho al trabajo, a un salario digno, al pleno empleo, a un ingreso adecuado y a una actividad lícita para poderse desarrollar, son fundamentales para que tengamos las condiciones indispensables para vivir de manera digna. “De esta manera las personas no saldrían a manifestarse porque el Estado estaría garantizando sus garantías individuales”. “Los derechos humanos son mucho más que el no torturar; son ordenamientos de carácter integral para preservar la vida y el desarrollo de las personas”. Resume que conforme se aprenda a reconocer y exigir sus derechos humanos, tendremos mejores gobiernos que se esforzarán por garantizarlos.(Sergio Cázares)

El presidente de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, califica de inapropiada la presencia de militares en las calles.FRASES“Los elementos declarativos en la Constitución nos parecen importantes, pero no logran rescatar lo más importante de lo que son derechos humanos”“Las reformas pudieran representar un avance, pero se ven muy limitadas porque no dan mecanismos efectivos para la protección de las garantías individuales” Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh.

FICHA TÉCNICA

Puntos clave de los cambios a los artículos

Establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.Prevé que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas, deberán publicar las razones de su negativa.

El Congreso de la Unión y las legislaturas locales establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano en esa materia.

Obliga a las legislaturas locales a garantizar que los organismos para la protección de los derechos humanos cuenten con autonomía de gestión, presupuestaria, de personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Presidente deberá tomar en cuenta el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Los organismos públicos para la protección de los derechos humanos, contarán con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

FUENTE:

Gaceta Parlamentaria número 2743-XIV.CLAVES

1 En una reunión celebrada el pasado 28 de abril con el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, y con el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presumió las reformas aprobadas al decir que la Constitución protege la diversidad, las garantías individuales y los derechos humanos de todos los mexicanos.

2 También les dijo que el Programa Nacional de Derechos Humanos establece una serie de medidas de observancia general para las autoridades federales en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

3 Lo que Gómez Mont no les dijo, es que en la administración de Felipe Calderón, más que en ninguna otra, han aumentado las violaciones a los derechos humanos de parte del Ejército. Prueba de ello es que 23 de las 52 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Sedena en los últimos 20 años han ocurrido en la actual administración.