No respondió a recomendaciones de la COIDH
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- El Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés, indígena tlapaneca (me´phaa), violada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero, población ubicada en la zona de La Montaña, en el sur del país.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia, agotados todos los recursos judiciales en el país, Inés tuvo que recurrir a instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora a la Corte, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso de Inés fue remitido por la CIDH a la Corte el pasado 7 de mayo, informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, representante legal de la víctima, debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la mujer.
Dichas recomendaciones se dieron a conocer en el Informe de Fondo emitido por la CIDH por el caso de violación y tortura a Inés (…) por elementos castrenses, emitido el 7 de noviembre del 2008, donde se planteaba la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.
La CIDH, luego de las recomendaciones, estaba en espera de que el Estado Mexicano tuviera una respuesta de aceptación y ejecución, en cuyo caso el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte.
En diciembre pasado, Tlachinollan envió el informe 43.3 a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la Corte, para que Inés pudiera acceder a una justicia real, fijándose en el escrito su posición como víctima.
De esta forma, siete años después del ataque de los militares, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.
EL CASO
El caso de Inés fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla de los Libres, quien se declaró incompetente, por lo cual la denuncia fue transferida al Ministerio Público Militar. Se buscaron amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados agresores, pero no procedieron y pronto la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no estaba interesada en el caso al no responder a sus citatorios.
Sin embargo, explicó Tlachinollan, Inés no acudió a dichas audiencias porque era infundada la competencia militar en el caso, además de que cualquier investigación sería parcial.
Ante el estado de impunidad y acceso a la justicia nacional, los representantes de la víctima recurrieron en junio de 2004 a instancias internacionales y presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación y tortura de Inés.
El 12 de octubre del 2007, este organismo internacional realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena me`phaa violada por militares en 2002 y quien también presentó su caso.
Después de esta audiencia de la CIDH, se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, señala Tlachinollan.
Un año más tarde el 9 de febrero de 2008, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado y un día después fue hallado muerto con evidentes señales de tortura.
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 21 mayo 09 (CIMAC).- El Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés, indígena tlapaneca (me´phaa), violada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero, población ubicada en la zona de La Montaña, en el sur del país.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia, agotados todos los recursos judiciales en el país, Inés tuvo que recurrir a instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora a la Corte, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso de Inés fue remitido por la CIDH a la Corte el pasado 7 de mayo, informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, representante legal de la víctima, debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la mujer.
Dichas recomendaciones se dieron a conocer en el Informe de Fondo emitido por la CIDH por el caso de violación y tortura a Inés (…) por elementos castrenses, emitido el 7 de noviembre del 2008, donde se planteaba la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.
La CIDH, luego de las recomendaciones, estaba en espera de que el Estado Mexicano tuviera una respuesta de aceptación y ejecución, en cuyo caso el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte.
En diciembre pasado, Tlachinollan envió el informe 43.3 a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la Corte, para que Inés pudiera acceder a una justicia real, fijándose en el escrito su posición como víctima.
De esta forma, siete años después del ataque de los militares, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.
EL CASO
El caso de Inés fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla de los Libres, quien se declaró incompetente, por lo cual la denuncia fue transferida al Ministerio Público Militar. Se buscaron amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados agresores, pero no procedieron y pronto la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no estaba interesada en el caso al no responder a sus citatorios.
Sin embargo, explicó Tlachinollan, Inés no acudió a dichas audiencias porque era infundada la competencia militar en el caso, además de que cualquier investigación sería parcial.
Ante el estado de impunidad y acceso a la justicia nacional, los representantes de la víctima recurrieron en junio de 2004 a instancias internacionales y presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación y tortura de Inés.
El 12 de octubre del 2007, este organismo internacional realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena me`phaa violada por militares en 2002 y quien también presentó su caso.
Después de esta audiencia de la CIDH, se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, señala Tlachinollan.
Un año más tarde el 9 de febrero de 2008, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado y un día después fue hallado muerto con evidentes señales de tortura.
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