Opacidad y parcialidad en sistema de justicia militar

No hay obstáculo legal para que tribunales civiles juzguen a militares

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 29 abril 09 (CIMAC).- En México en los últimos años, los militares, han cometido graves violaciones a los derechos humanos de la población, como en el caso de la violencia sexual contra mujeres; sin embargo estos delitos quedan impunes por el deficiente sistema de justicia militar, a pesar de que “la Constitución Política de México no exige que sean los mismos militares quienes juzguen estos casos, que deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles”, aseguró el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth.

Esta mañana durante la presentación del informe: “Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, el director de la organización con sede en Washington afirmó que “México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares”.

Subrayó que esto es producto de una falta de voluntad política por parte de las autoridades federales para castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tales como asesinatos, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias, sin que hasta la fecha ningún soldado haya sido sujeto a un proceso penal, a pesar de que “no hay ningún obstáculo legal para que los tribunales civiles lleven casos de militares”.

Kenneth Roth precisó que los militares que cometen violaciones graves a los derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, tal es el caso de las violaciones sexuales contra mujeres.

“Si un militar se da cuenta de que si abusa sexualmente de una mujer va hacer castigado severamente y su delito no quedara impune, dejara de hacerlo”, afirmó.

El informe, de 85 páginas, documenta 17 casos de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por militares en contra de 70 civiles, entre el 2007 y el 2008. Afirma que la impunidad es favorecida por el sistema de justicia militar mexicana, que carece de “independencia e imparcialidad” y es una estructura cerrada y sin transparencia.

DOBLE PODER MILITAR

El director ejecutivo de HRW detalló que entre las deficiencias más serias del sistema de justicia militar se encuentra que el “Secretario de Defensa ejerce a la vez dos poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanecer en el cargo, por lo que podrían temer se les separe del mismo si emiten decisiones que el Secretario no comparte y que no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo que el director de HRW, lanzó un llamado a Felipe Calderón para que garantice que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil, se juzguen e investiguen por las autoridades civiles ante el sistema de justicia penal.

Por su parte José Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), subrayó que la necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente, pero para ser efectiva cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos.

MILITARES DEBEN SER JUZGADOS POR JUSTICIA CIVIL

HRW señala en su informe que de los 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios de 2007 y 2008, ninguna investigación militar sobre esto ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un solo soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles, el “Caso Castaños”, ocurrido en .

La organización afirma que las autoridades militares, para justificar su decisión de investigar violaciones graves a los derechos humanos, se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar --fuero de guerra-- cuando militares que se encuentran “en servicio”, cometen delito federales o del fuero común, así como una interpretación forzada de la Constitución Política.

Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar “exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar”, dice el informe. Este resultado es además contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que definió “servicio militar como la realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”.

Si bien la SCJN no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser juzgados e investigados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y tortura claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas, subraya HRW.

De igual manera, sentencia que la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.

Al respecto, durante la conferencia, José Vivanco señaló que en este tema las y los legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores, si bien no han hecho nada, tienen una gran oportunidad de avanzar en esta materia, ya que el Ejecutivo, recientemente les envió una serie de iniciativas de reformas en materia militar, sin embargo ninguna de ellas hablaba del “fuero militar”.

Por lo que esta es una excelente oportunidad para que el Congreso intervenga y actué en esta materia, que todas las y los políticos de todos los partidos intervengan para eliminar la impunidad en esta materia. “tendrán oportunidad de discutir el régimen jurídico que regula las actitudes militares contra civiles, tendrán la oportunidad de hacer valer sus puntos de vista”.

CASO CASTAÑOS

La madrugada del 11 de julio de 2006, un grupo aproximado de 20 soldados violaron a dos trabajadoras sexuales de Las Playas y a 11 más del salón Pérsico, los dos centros nocturnos que se ubican en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, en venganza por la agresión que habría sufrido, minutos antes, el soldado José Joaquín Álvarez Flores, a quien sacaron de Las Playas por provocar disturbios, lugar donde se encontraba junto con otros integrantes del Ejército mexicano.

Los militares agresores que pertenecientes a la Sexta Zona Militar, ubicada en Múzquiz que abarca un cuartel, se encontraban asignados para resguardar la paquetería del proceso electoral en el Instituto Federal Electoral, que se localiza en la colonia Del Paso, en Monclova y habrían dejado su puesto para acudir a la zona de tolerancia de Castaños, ubicada a 14 kilómetros de Monclova.

Sólo cuatro de los ocho elementos del Ejército mexicano detenidos fueron condenados esta tarde por el fuero común, uno de ellos salió mediante el pago de una multa, por el delito de violación agravada cometido contra 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.

Con este hecho por primera vez en la historia reciente de México, cuatro elementos del Ejército mexicano fueron condenados por el fuero común, con penas que van desde los tres años nueve meses hasta 41 años cuatro meses, luego de que resultaron culpables del delito de violación agravada en contra de nueve de 14 mujeres violadas.

Al respecto, en su informe, HRW señala que “si bien el Caso Castaños dista mucho de ser perfecto, se destaca como un ejemplo de cómo deben conducirse las investigaciones de abusos militares contra la población civil en México. Las autoridades locales investigaron los delito perpetrados por los soldados, e impusieron condenas penales a tres militares que actualmente se encuentran en una prisión estatal, el cuarto obtuvo su libertad bajo fianza.

Si bien en este caso la justificación de la jurisdicción civil fue “inusualmente clara”, esta misma postura debería permanecer siempre que el personal militar participe presuntamente en graves violaciones a los derechos humanos.

Los hechos de tortura, violación sexual y uso injustificado de la fuerza letal contra civiles distan mucho de ser parte del cumplimiento de los deberes de los militares, como una conducta delictiva y brutal en un club nocturno.

HRW afirma que los delitos aberrantes cometidos por los soldados en Castaños permiten extraer varias enseñanzas importantes sobre el uso de la jurisdicción militar para investigar y juzgar los abusos militares contra civiles en el país, entre ellas la de que la Constitución Política de México “no exige que los militares juzguen este tipo de delitos cometidos por soldados contra civiles”.