A la matanza de 72 migrantes, ocurrida en agosto de 2010 en Tamaulipas, le siguió el descubrimiento de fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas... Al horror tras el horror, le siguió la búsqueda de la verdad y la justicia.
Foto: AP y Periodistas de a Pie
Por Marcela Turati*
A seis años de
la masacre de los 72 migrantes en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas, las autoridades aún nos deben muchas explicaciones, una
investigación contundente y la reparación a las víctimas.
El equipo de investigación del sitio electrónico “Másde72”, convocado
por la Red Periodistas de a Pie (másde72.periodistasdeapie.org.mx),
dedicado a dar seguimiento a esta masacre, halló inconsistencias en las
versiones oficiales de los hechos, falta de castigo a funcionarios
involucrados, vacíos judiciales, malos procedimientos forenses y
violaciones de los derechos de las víctimas.
Estas son las últimas noticias que se tienen sobre este caso,
derivados de la investigación periodística y actualizado con información
de los abogados de las víctimas:
1- Contrario a lo que se informó, las víctimas no sólo eran centroamericanas.
En el grupo, además de migrantes hondureños, salvadoreños y
guatemaltecos, también viajaban ciudadanos brasileños, ecuatorianos y
uno de la India.
De los 72 cadáveres hallados por la Secretaría de Marina en la bodega
abandonada del municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde se cometió
la masacre, 11 aún no han sido identificados.
La joven hondureña Eva Nohemí Hernández Cerrato, quien estudiaba para
maestra, fue la última a quien se le devolvió su identidad gracias a la
presión que hicieron las familias centroamericanas organizadas en
comités para que el gobierno mexicano firmara un convenio con el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) y diversas organizaciones que
representan a las víctimas para crear una “Comisión Forense” que haga
estudios forenses a los cuerpos no identificados y enviados a la fosa
común en las masacres de San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta, Nuevo
León (2012).
2- El sufrimiento para las familias de los 72 migrantes no terminó en San Fernando.
La justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación del daño les
han sido negados. El gobierno mexicano no ha investigado ni reconocido
su responsabilidad en la matanza a pesar de que San Fernando era una
zona conocida de desaparición de migrantes. Tampoco por haber entregado
cadáveres erróneos a varias familias, mandar a fosa común a personas que
eran identificables, demorar tiempos inexplicables para las
repatriaciones de los cuerpos identificados.
Por ejemplo, la familia del hondureño Wilmer Antonio Núñez Posada
sigue esperando el cuerpo de su hijo: aunque la madre recibió una
llamada del gobierno de México donde le anunciaban que su hijo era uno
de los masacrados, su ataúd nunca llegó. No sabe si lo confundieron con
otro cuerpo y está enterrado en otro país. En seis años nadie se lo ha
informado.
La brasileña Gloria Aires, tía del joven Juliard Aires Fernándes,
asegura que en vez de los restos de su sobrino el gobierno mexicano les
mandó un ataúd lleno de arcilla, no traía una cadáver. No supo donde
enterraron a su familiar.
La salvadoreña Mirna del Carmen Solórzano cree que en 2010 enterró el
cuerpo de un varón y no el de su hija Glenda Yaneira, y aún espera que
la “Comisión Forense” tome muestras del cadáver al que dio sepultura
para que le confirme la información.
3- Posiblemente nunca se sabrá si fueron 13 o 14 las mujeres
asesinadas en la masacre de agosto de 2010 debido a que en expedientes
ministeriales de la procuraduría tamaulipeca se señala que había 13
mujeres en la escena del crimen, pero en la descripción de los cuerpos
se señalaron 14 y, aún cuando hacían falta estudios científicos, los
primeros cadáveres fueron repatriados en ataúdes sellados para que no
fueran abiertos y sin que las familias tuvieran la documentación que
acreditaba una identificación científica.
4-Un año después de la masacre de los 72 migrantes las
pertenencias y ropas que llevaban continuaban tiradas entre la maleza
que creció en la bodega donde fueron asesinados.
Fueron
descubiertas gracias a que la Caravana de Madres Migrantes decidió
visitar el sitio para hacer una oración. El hallazgo causó dolor y
conmoción entre las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en
México. Al final de la visita entregaron la ropa a un funcionario del
gobierno de Tamaulipas, pero ésta nunca fue integrada al expediente del
caso.Más de tres años de haberse cometido la matanza, hasta la última
semana de 2013, y sin publicidad alguna, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2013 por el caso, la
cual no dejó satisfechas a las víctimas.
5- La comisión se enfocó en estudiar errores cometidos en la escena
del crimen, el levantamiento de los cadáveres y los estudios forenses
realizados, adjudicados únicamente a personal de la PGR y a la
procuraduría tamaulipeca, pero no mencionó la entrega de cuerpos
incorrectos y el viacrucis que vivieron las familias que siguen sin
recibir una reparación. No investigó tampoco la responsabilidad del
Estado por la muerte y lesiones de las víctimas.
Las familias, representadas por la Fundación para la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho, interpusieron un amparo contra la
recomendación por considerarla violatoria de sus derechos. Pero–según
esta Fundación—la CNDH litiga contra las víctimas, interpone quejas y
revisiones ante cada acto que logra avanzar en los juzgados, dilata y
entorpece el proceso, y no ha cumplido acuerdos que hizo con las
familias.
6- La mayoría de los funcionarios coludidos con Los Zetas, grupo al
que el gobierno señaló como autor de la matanza, no están en la cárcel.
Sólo permanecen siete de los 17 policías municipales que fueron
señalados como copartícipes y protectores del grupo criminal de las
siguientes masacres cometidas en ese mismo municipio donde en abril de
2011 fueron descubiertos al menso 196 cadáveres, muchos ellos de
migrantes. Su participación no ha sido aclarado en el caso de los 72.
7- A pesar de que la masacre de los 72 migrantes es considerado un
caso de graves violaciones a los derechos humanos el expediente judicial
aún se encuentra bajo reserva por parte de la PGR, por lo que no puede
ser consultado. Ni la Suprema Corte de Justicia ni la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, han clasificado las masacres como graves
violaciones. Ni siquiera las familias de las víctimas han podido tener
copia de las investigaciones. Las familias no pueden acudir a México a
consultar los expedientes y se ha endurecido la legislación para que
puedan obtener una visa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto un amparo
interpuesto por la Fundación para la Justicia y Artículo 19 que
permitiría hacer pública la información de las masacres de San Fernando
(2010 y 2011) y la de Cadereyta (2012). El expediente ha sido turnado al
pleno, pero permanece sin movimiento.
8- La misma Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR
que cometió severos errores en la identificación de los cadáveres de la
masacre de los 72 migrantes y de las siguientes masacres, ocurridas
también en el municipio de San Fernando, donde en abril de 2011 fueron
descubiertos más de 196 cadáveres (la autoridad no ha revelado el número
real) se encargó de levantar los restos encontrados en el Río San Juan,
durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y
de practicar los estudios periciales.
La titular de la unidad, la química Sara Mónica Medina Alegría, fue
“jubilada” cuando al interior de la PGR se inició una investigación
sobre la posible siembra de restos en el Río San Juan con la que se
fabricó la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.
9- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido con la reparación y la atención a todos los familiares
de las víctimas que lo han solicitado y tampoco con acuerdos. Según la
Fundación para la Justicia que las representa, las familias están
enfermas, con afectaciones físicas y psicológicas, especialmente
aquellas que enfrentaron un largo tiempo de espera para las
repatriaciones y quienes aún tienen duda de si enterraron a sus
familiares.
10- El gobierno mexicano sigue sin políticas de prevención. No emite
alertas preventivas para no viajar por carreteras peligrosas, como en su
momento lo fue la que cruza San Fernando, que es vía rápida para
alcanzar las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, no alerta sobre
dónde están actuando con total impunidad los principales grupos del
crimen organizado, no investiga y manda un mensaje de que se puede matar
migrantes sin recibir castigo.
*Periodista y coordinadora del proyecto de investigación de masacres
de migrantes “Masde72”. Co-fundadora de Periodistas de a Pie.
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